La bosta de Espert y la violación de derechos de Arroyo Salgado

La bosta de Espert y la violación de derechos de Arroyo Salgado 

 “Cárcel o bala” es la insignia que identifica al matón José Luis Espert. En este caso, se aplicó “cárcel”: siete personas se encuentran detenidas por un fallido escrache en su domicilio, ubicado en San Isidro, ocurrido el pasado 17 de junio. Entre los detenidos se encuentran Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, y Eva Mieri, concejal de Quilmes por el kirchnerismo. La jueza Sandra Arroyo Salgado dictó contra todos ellos la prisión preventiva, por considerar que existe peligro de fuga u obstrucción de la causa. En el caso de Abaigar, fue trasladada al penal de mujeres de Ezeiza. Por otra parte, Arroyo Salgado también dictó el secreto de sumario. Los acusados presuntamente arrojaron bolsas con bosta y colgaron un pasacalle frente a la vivienda de Espert. Este “delito”, que apenas podría ser caracterizado como una contravención, ha sido encuadrado por la jueza como amenazas y perturbación del orden público. Sin temor al ridículo, los funcionarios hablan de “premeditación”, con la intención de caratular a una célula terrorista.

 En una conferencia de prensa que brindaron el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, los familiares de los detenidos denunciaron el show montado por la policía y el juzgado durante las detenciones. Se los hacía salir y volver a ingresar de sus viviendas para las cámaras, como si se tratara de un desfile o la exhibición de un trofeo. La pesquisa incluyó violentos allanamientos en las viviendas de los familiares. La inefable Patricia Bullrich celebró en las redes difundiendo imágenes de los presuntos ´agresores´, con el lema “el que las hace las paga”.

 La judicialización de un acto de protesta y el dictado de prisión preventiva por parte de la jueza constituyen una clara violación del llamado estado de derecho y un intento de convertir al poder judicial en un instrumento punitivo del gobierno. Constituye una declaración de estado de sitio sin aval del Congreso. Estamos ante una réplica de la ofensiva contra los derechos ciudadanos que ha emprendido Trump en EEUU. El fascismo enano de Milei, más disperso que hojas de otoño, es una subvariante de la dictadura civil que promueve el imperialismo. 

 Jacyn

 04/07/2025

Ellos pactan, nosotros luchamos

"El Garrahan necesita contar con la presencia de todos en la marcha del 17"// Lipcovich en ElDestape

YPF | Marcelo Ramal en Línea Sur: "En el fallo está el diseño de una reprivatización integral"

El Mercosur y la guerra arancelaria

Los presidentes del Mercosur se han reunido en Buenos Aires para proceder al traspaso de la presidencia pro tempore del bloque a Brasil. De paso, volvió a manifestar una crisis sin salida, pero con una yapa: qué hacer frente a la guerra “arancelaria recíproca” desatada por Donald Trump. Bajo esa fórmula, ha desatado una suba de aranceles a tasas enormes a las importaciones de Estados Unidos, cuya vigencia está condicionada a concesiones estratégicas de parte de los estados rivales. Esas concesiones abarcan un número elevado y hasta infinito de exigencias, que van desde una reducción de aranceles a la exportación estadounidense; la modificación del régimen impositivo que afecta a las empresas norteamericanas; el manejo del tipo de cambio; restricciones a la venta de títulos de la deuda pública por parte de acreedores internacionales; la venta de tierras raras por parte de China, y otra caterva de disposiciones de mayor o menor alcance. El propósito de los “aranceles recíprocos” es modificar las cadenas de producción dominadas por los rivales económicos, proteger industrias locales y hasta recaudar fondos para aminorar el gigantesco déficit fiscal de Estados Unidos. Es una guerra por la hegemonía económica mundial. Una ‘tregua’ dispuesta el 2 de abril pasado, debido al impacto que el anuncio de aumentos arancelarios provocó en el mercado de deuda norteamericano, vence el 9 de julio próximo. En este interregno, Trump no ha logrado imponer las ‘reciprocidades’ que exige a sus rivales, aunque ha habido avances para un acuerdo con el Reino Unido y, en el caso de China, un canje entre una apertura parcial de las ventas de tierras raras, por parte de China, y el levantamiento parcial la prohibición de exportar semiconductores a China, por parte de Estados Unidos. 

 La guerra de “aranceles recíprocos” ha ocupado extensivamente a la prensa y a la información internacional, pero no en cuanto al Mercosur. Con un arancel externo común de los países que lo integran, el Mercosur es una víctima objetiva de esta guerra. Trump ha aumentado en un 10 % los gravámenes a la exportación de acero y de aluminio a Argentina, Brasil y México, y en estos días ha prohibido el ingreso de tubos sin costura que produce Tenaris. Esto explica que los países del Mercosur hayan elevado a 150 los productos a los que no se aplicaría el arancel externo común, con el propósito de que cada país por su cuenta pueda negociar una reducción de ellos a cambio de la supresión o reducción de los aranceles impuestos por Trump. 

 Frente a la ofensiva comercial trumpista, Javier Milei optaría, dice la información, por la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos; Lula, por una intensificación del comercio con Asia, desde China, India y el Asia Central; el agronegocio brasileño y también la industria, compiten con EEUU en el mercado mundial. Un TLC con EEUU sería inviable, porque Argentina no puede perder el mercado chino y porque Trump no está interesado en abrir el mercado norteamericano (de acero, bíocombustibles o aluminio) a Argentina. Estados Unidos ha bloqueado incluso la importación de litio desde aquellos países que no integran, a partir de ese mineral, una cadena de producción con dominio norteamericano con destino a Estados Unidos. El gobierno de Trump está dispuesto a extender los aranceles al acero y al aluminio a los productos industriales derivados de esas materias primas (desde cuchillos a automóviles). Por otro lado, el cierre relativo del mercado norteamericano a China, Japón y la Unión Europea, obliga a esos países o bloques a derivar sus exportaciones a otros mercados, como los “emergentes”. Cuando más necesaria resultaría fortalecer la capacidad para negociar como bloque, el Mercosur aborda la guerra económica con tropas dispersas. 

 A fuerza de discutir hasta el aburrimiento acerca de la acumulación de reservas del Banco Central, la cuestión más decisiva, la comercial, ha quedado fuera del radar público. Pero ella jugará un papel más disolvente en la economía que la política monetaria de Caputo. Argentina depende financieramente de la deuda pública, principalmente en manos norteamericanas, pero mucho más del comercio mundial, que gira en torno a los rivales de Estados Unidos. 

 En definitiva, las contradicciones objetivas llevan a un choque entre Trump y Milei, a una capitulación de Milei y a un probable golpe de mano de la burguesía local.

Política Obrera

Escandalosa absolución al cura abusador Raúl Sidders, a una semana del inicio del juicio

Basado en el vergonzoso fallo Ilarraz de la Corte Suprema, fue sobreseído por prescripción el abusador del colegio San Vicente de Paul.

 A una semana del inicio del juicio al cura Raúl Antatolly Sidders por los abusos perpetrados a Daniela Silva cuando era capellán del colegio San Vicente de Paul de La Plata, Tribunal Oral Criminal Nº 5 de La Plata resolvió sobreseerlo declarando la prescripción de los crímenes y ordenó su liberación. Un escándalo, que absuelve a quien abusó de Daniela entre sus 10 y sus 15 años, por los que ocasionó tales daños a su salud mental y física que falleció en septiembre pasado con solo 32 años de edad.

 El abusador cumplía arresto domiciliario a la espera del juicio que iba a comenzar el jueves 10 de julio, y se valió del fallo vergonzoso de la Corte Suprema que sobreseyó a Justo José Ilarraz -condenado a 25 años de prisión por múltiples abusos. Estamos ante una política de Estado para garantizar la impunidad de los abusos eclesiásticos.

 Estos crímenes cometidos contra niños y adolescentes no deben prescribir, debido al largo y doloroso proceso que es necesario atravesar para lograr identificar el abuso, vencer el miedo y la vergüenza, y ni hablar cuando se trata de ministros de una Iglesia Católica con poder y una larga historia de impunidad. Muchos tardan décadas en denunciar que sufrieron abusos, a menudo aún con fuertes consecuencias familiares y sociales. Por el daño que ello genera en la salud mental y física, y por el alto índice de suicidios, se considera sobrevivientes a las víctimas de abuso. 

 La denuncia penal contra Sidders fue radicada en 2020, en el marco de una ola de testimonios en redes sociales y medios de comunicación de exalumnos del San Vicente acerca de las vejaciones que perpetraba el cura, la intromisión en la intimidad, el trato denigratorio hacia las mujeres y violencia laboral. Aún así, entonces fue protegido por el Arzobispado de La Plata -que para intimidar hizo público el nombre de Daniela y envió una carta documento a Prensa Obrera-, y por el Obispado de Iguazú, ciudad donde había sido recientemente trasladado a oficiar de capellán del XIII escuadrón de Gendarmería. 

 Es un nuevo capítulo de infame impunidad que se suma a la protección que recibieron los abusadores Rubén Marchioni, Héctor Jimenez y Eduardo Lorenzo, en la misma ciudad de La Plata. Además del encubrimiento eclesiástico, los hechos que iba a ser juzgados ponían sobre la mesa también la responsabilidad de la Dirección General de Cultura y Educación y del gobierno bonaerense, que deja que las escuelas confesionales a las que asisten cientos de miles de niños y adolescentes sean un coto cerrado de la Iglesia sin control alguno. 

 Al momento, las organizaciones y referentes de sobrevivientes de abusos eclesiásticos y del movimiento de mujeres que convocaban a concentrarse el jueves 10 de julio en los Tribunales de 8 56 y 57 para el inicio del juicio, mantienen la cita para denunciar esta aberrante absolución, y debatirán nuevas acciones para exigir el fin de la prescripción de los abusos sexuales en la infancia. 

 Iván Hirsch

Los jerarcas del Opus Dei denunciados por trata de mujeres para servidumbre

43 víctimas denunciaron a la organización del ala más oscurantista de la Iglesia Católica. 

 La Fiscalía argentina imputó al sacerdote Mariano Fazio, segundo al mando del Opus Dei, por reducción a la servidumbre y trata de personas en una causa que involucra a otros jerarcas. Otra muestra del carácter barbárico de esta institución, que posee vínculos importantes con el mundo político y empresarial en Argentina y otros países. 

 La investigación judicial de los hechos, ocurridos en el Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (Icied), comenzó en 2022 tras las denuncias de 43 víctimas durante el año anterior; la acusación se formalizó en 2024. La causa está a cargo de la Procuraduría contra la Trata de Personas y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3. 

 Inicialmente, los acusados fueron jerarcas que dirigieron la delegación argentina del Opus entre 1991 y 2022. Fazio es el principal colaborador de Fernando Ocáriz, prelado (máxima autoridad) de la institución, y el primero en la línea sucesoria. El infierno del Icied, que funcionó entre 1973 y 2017 -fue cerrado por el Ministerio de Educación bonaerense-, ha sido relatado por Claudia, una de las víctimas, en un documento. 

 Las 43 mujeres, pertenecientes a familias trabajadoras-rurales pobres y católicas, fueron reclutadas por el Opus Dei cuando eran menores de edad con la promesa de tener un hogar, ir a la escuela y acceder a un trabajo. Finalmente, trabajaron gratis durante décadas como empleadas domésticas para satisfacer las demandas de los miembros varones del Opus.

 Claudia contabilizó veintidós años y seis meses de servidumbre en el Icied. Secó miles de vasos, limpió pisos de rodillas, planchó y fregó sotanas innumerables veces, y cocinó para hombres de la élite vinculados al Opus (empresarios, políticos, jueces, académicos, terratenientes). En los casi diez mil días que trabajó, “rezó, se flageló y besó el piso al sonar el despertador, cada mañana a las 6, diciendo: te serviré” (ElDiarioAr, 29/6). 

 Las mismas penurias sufrieron otras 42 mujeres. Trabajaban desde las 6 am hasta altas horas de la noche bajo un régimen opresivo. El adoctrinamiento y la manipulación ideológica eran la norma. Bajo amenaza de castigo, debían aceptar la obligación de castidad, la ruptura de lazos familiares y sociales, y revisiones periódicas de salud que incluían medicación psiquiátrica (El País, 3/7).

 Además, no tenían acceso a medios de comunicación. Las autoridades del Icied controlaban las cartas que recibían: si anunciaban la muerte de un familiar, las ocultaban durante meses para evitar visitas; otras simplemente se descartaban. Una de las víctimas declaró en abril que sirvió directamente a Fazio. 

 El Opus Dei ha negado los cargos y pidió que se permita dar “su versión de los hechos” a los implicados. Mientras tanto, como era de esperarse -por su historial en la vulneración de derechos y la defensa de curas abusadores-, el Vaticano ignora las denuncias.

 La sotana, la política y el dinero 

El Opus Dei es una facción derechista de rasgos sectarios que pertenece a la Iglesia Católica. Fue fundada en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, canonizado en 2002 por Juan Pablo II -Francisco beatificó a Álvaro del Portillo, su sucesor. Opera como una logia; en su seno hay jerarquías e impera el secretismo, y muchos de sus miembros pertenecen a la élite capitalista. Solo se sabe si alguien es del Opus cuando trasciende, pues no hay actas públicas. 

 Durante la Guerra Civil española, el Opus apoyó al bando fascista de Franco. Balaguer creía que los republicanos estaban controlados “por una camarilla de judíos, masones y comunistas empeñados en socavar a los nacionalistas y a la Iglesia” (Perfil, 15/12/2014). Algunos miembros del régimen franquista pertenecían al Opus. 

 Aprovechando sus vínculos con el franquismo, Balaguer logró expandir la organización usando los mismos métodos que Fazio y su séquito: reclutamiento de jóvenes engañados para ingresarlos a la organización, a la que entregaban sus salarios y herencias. Actualmente, los miembros célibes ejercen profesiones bien remuneradas y están obligados a ceder todo su dinero a la organización. 

 El Opus considera que el rol de la mujer debe reducirse al de ama de casa, prohíbe los anticonceptivos a los matrimonios, predica entre la juventud que el sexo prematrimonial es pecado y obliga al celibato a los solteros. A algunos miembros les colocaban un anillo de púas apretado en las piernas para “reprimir el deseo”. 

 “Las prácticas de autolesión, las técnicas agresivas de reclutamiento, la segregación de sexos en sus centros residenciales y de estudios, además de los informes de exmiembros a quienes se prohibía el contacto con sus familias, contribuyeron a la percepción de que el Opus era más una secta que una institución, pese a contar con la bendición del Papado”, señala Perfil (ídem). Los miembros de élite del Opus viven en comunidades cerradas y segregadas, actuando como células clandestinas en ciudades de todo el mundo. Su objetivo es extender su influencia entre ricos y poderosos, según el periodista Gareth Gore, autor de un libro que trata sobre los chanchullos empresariales del Opus. 

 Y así lo demostró la realidad. El presidente del Banco Popular español fue Luis Valls Taberner, miembro del Opus. La organización tuvo entre sus filas a otros banqueros españoles y a un presidente de las cajas de ahorro. Desde su posición, facilitó que un comerciante de vino se convirtiera en dueño de un holding multinacional, en una movida en la que se vieron involucradas empresas fantasma. Una versión a mayor escala del kirchnerista Lázaro Báez. El Opus, claro, se benefició de esto. 

 “El propósito de la Sindicatura era presuntamente emplear su dinero para crear redes de reclutamiento y explotación de niñas en países como Nigeria, Filipinas, Australia, Bélgica, Francia y Argentina, entre otros. Hasta cien millones de euros anuales se desviaban del banco a través de esa red”, señala Gore. El Banco Popular fue llevado a la bancarrota.

 Sus negocios se extendieron a Europa (Reino Unido, Suiza, etcétera) y América Latina (Argentina, Chile, etcétera). En Argentina, el Opus Dei es dueño de la Universidad y el Hospital Austral. Además, tuvo lazos con Gregorio Pérez Companc, que giró grandes sumas a la organización, y con Jorge Neuss, cuya familia está vinculada a Santiago y Francisco Caputo. En pleno 2000 de crisis, Neuss donó al Opus un predio de casi 5.000 hectáreas en Miramar y le construyó una mansión. 

 “Ninguna institución del Opus Dei tiene nombre religioso: Los Molinos, Universidad Austral, Universidad de los Andes (Chile), Universidad de Montevideo (Uruguay) o la Universidad de Navarra (España)”, señaló la periodista Paula Bistagnino. El Opus también tuvo vínculos con la dictadura de Videla. El Icied funcionó cerca de Campo de Mayo, el mayor centro de tortura, y obtuvo fondos gracias al militar Osvaldo Cacciatore, que estaba a cargo de la intendencia de Buenos Aires. 

 Gustavo Béliz, exfuncionario de Menem, Néstor Kirchner y Alberto Fernández, cultivó relaciones con el Opus. Jorge O’Reilly, miembro de la organización, egresado de la misma escuela que Mauricio Macri y desarrollador inmobiliario en Tigre, se alió con Sergio Massa durante su intendencia y fue su nexo con la embajada estadounidense (Revista En Defensa del Marxismo, 2023). Manzur, que obligó a una niña de 11 años a parir tras haber sido abusada y solicitar el derecho a la interrupción legal del embarazo y uno de los dirigentes favoritos de Cristina Kirchner -fue su ministro de Salud-, es un agente del Opus. También son conocidos los lazos del macrismo con la organización. Milei intentó colocar como miembro de la Corte Suprema a Manuel García-Mansilla, hombre del Opus Dei. Y la lista continúa. Ningún partido capitalista ha roto con esta lacra. 

 Nazareno Suozzi

A Milei hay que sacarle “tarjeta roja” ya

A fondo con las luchas y un agrupamiento combativo. 

 Las manifestaciones de un parate en la economía aparecen por todos lados La subida del dólar oficial de estos días tira por tierra la pretensión de Milei de llevarlo a $1.000, antes de las elecciones, y sobre esa base recomponer las reservas, y puso la mira en la precariedad del plan de Milei-Caputo. Esta crisis prevista por todos los analistas económicos –incluidos los del campo del oficialismo- se aceleró por la decisión del JP Morgan de recomendar a sus clientes “tomarse un respiro” y no invertir en títulos argentinos, cuando en abril llamó a sumarse a la bicicleta financiera –carry trade- armada por Caputo para asegurar una especulación en pesos con altos márgenes de ganancia –la tasa más alta a nivel mundial- y garantía de un dólar estable. Ahora el JP Morgan llama de hecho a salir del carry trade. Previamente la firma –Morgan Stanley- que califica a los países según su capacidad financiera -el riesgo de invertir y especular en ellos- dejó a Argentina en el escalón más bajo de confiabilidad junto a países en guerra –Ucrania, Palestina- o muy atrasados. En concreto en el sistema financiero internacional amigo a Milei le sacaron “tarjeta amarilla”. 

 Como si esto fuera poco, una jueza de Nueva York intimó a la Argentina a depositar el 51% de las acciones de YPF a cuenta del pago a un fondo buitre que compró por 17 millones de dólares un reclamo del grupo Eskenazi contra la estatización de una parte de YPF en 2012. El problema no es menor porque YPF y la explotación de Vaca Muerta aparecen como una de las pocas fuentes de ingresos de dólares del país. La pelea entre Milei y Kicillof en torno al tema no puede esconder que la decisión de la jueza neoyorquina es un episodio más que completa una historia de saqueo de la petrolera argentina y de los recursos hidrocarburíferos del país que hicieron todos los gobiernos. No olvidemos la responsabilidad del gobierno de Néstor Kirchner en el negociado con los Eskenazi que hoy litigan asociados a los buitres de Burford Capital, aunque Kicillof lo omita.

 Los límites del ajuste fiscal 

El ajuste descomunal de los gastos del Estado que el gobierno ha concentrado en los servicios esenciales que este debe brindar a la población y en el despido de empleados estatales, en la miseria de las jubilaciones, en el cierre de organismos, en el ataque brutal a la salud, a la educación pública, a las obras públicas, al aporte a las provincias, no alcanza como garantía ni base para resolver las contradicciones de la política económica que se basa fundamentalmente en sostener un dólar barato a costa de un endeudamiento sin precedentes.

 Lo del JP Morgan, la Morgan Stanley y la jueza Preska actúa acelerando el desenlace de todas las contradicciones de la política de Milei-Caputo, que venían manifestándose antes del acuerdo con el FMI y que este frenó tirándole una soga con el acuerdo firmado. Un dato que se conoció estos días puso en claro la gravedad de la situación, el conocimiento de que el déficit de cuenta corriente –diferencia entre los dólares que salen y los que entran- alcanzó en el primer trimestre del año los 5.500 millones de dólares que proyectado a los 4 trimestres del año darían la friolera de 22.000 millones, ¿cómo cubrir semejante desbalance para más de una salida de divisas que no corresponde a un plan de relanzamiento de la actividad productiva generadora de capital? Muy lejos de esto el déficit –además del turismo al exterior- es consecuencia de las divisas destinadas a la importación de bienes de consumo terminados –es decir, que suplantan producción local. 

 Las manifestaciones de un parate en la economía aparecen por todos lados: caída del consumo, aumento de la morosidad frenando el uso del crédito, aumento de los cheques rebotados por falta de fondos y por supuesto en la caída del empleo como desocupación por freno de la economía -cierres-, por la búsqueda de trabajo por cada vez más sectores ante el derrumbe de los salarios, y por la precariedad de las condiciones laborales. Es una de las consecuencias del derrumbe del salario, al cual el gobierno le puso un cepo con el aval de la burocracia. 

 Con “octubre” no alcanza

 En los sectores capitalistas que operan el país la alarma está encendida. Y empiezan las manifestaciones de descontento y reclamos en un marco de apoyo a la esencia del gobierno que es atacar a los trabajadores y sectores populares. Un frente abierto es con el capital agrario que reclama la eliminación de las retenciones que el gobierno había bajado por 6 meses. Los gobernadores tomaron fuertemente este reclamo y otros que afectan a los grupos capitalistas que operan en sus provincias, y están en la base de la “sublevación” de estos días que tiene como telón de fondo la caída de la recaudación, el desequilibrio fiscal, la paralización de obra pública, que amenazan con provocar un salto en las crisis provinciales y el peligro de rebeliones populares. 

 En una reciente reunión en la Sociedad Rural –que no fue pública-, contada por el periodista de La Nación José del Río, participaron las cabezas de Adeba, de Camarco, de la Cedu, de la UIA, de la Cámara Argentina de Comercio, al decir del periodista “los sectores más representativos del país”. El resumen de la reunión sería que “ya no hay tiempo para lo políticamente correcto. Las cosas se dicen tal cual son o no se dicen”, y el reclamo de que es decisivo avanzar en las reformas de fondo –laboral, previsional, tributaria-, para mejorar la "competitividad" que no alcanzaría con apelar a devaluación. ¿Tiene Milei las condiciones para ello? Alguno alertó que los inversores han extendido las pruebas de gobernabilidad al 2027 (“Por supuesto que el gobierno gane bien en octubre va a reforzar el camino pero las inversiones de fondo llegarán si en el 2027 hay una revalidación”).

 La prevención de los “inversores” tiene fundamento. Si el gobierno gana las elecciones de octubre –lo cual de todas maneras no sería lineal, teniendo en cuenta que son elecciones distritales- será con la abstención como principal dato. Las recientes elecciones en Santa Fe mostraron un índice de participación muy bajo, literalmente votó menos de la mitad de los empadronados en una elección de carácter obligatorio, aumentando la ya alta abstención de hace tres meses. Las elecciones adelantadas de este año han tenido como dato relevante la abstención que afectó a todas las fuerzas políticas. El usufructo que hizo Milei del derrumbe de los partidos tradicionales, del rechazo que estos suscitan, parece haber encontrado un límite en el marco de una política económica que cruje, y que provoca una crisis en los agrupamientos con los cuales Milei ha ido sorteando su debilidad institucional. Las elecciones de octubre no parecen ofrecer una salida a esto y es una de las quejas que se filtró de la reunión de la Rural. 

 Fuera Milei

 Los resultados electorales, las encuestas que reflejan una avance en el rechazo al gobierno, el crecimiento de los reclamos capitalistas Milei los enfrenta yendo más a fondo en sus ataques a la población y a los trabajadores en particular. La respuesta frente a la lucha de los trabajadores del Garrahan y de los residentes es un claro ejemplo: va más a fondo en el ataque en la búsqueda de quebrar el conflicto. Así como han recrudecido las ataques a la prensa, o la persecución judicial contra opositores como en el caso del escrache a Espert. Sabe que la suerte de su gobierno no depende solo de sostener un plan económico inviable a como venga sino fundamentalmente de su capacidad de imponer una derrota a los trabajadores para viabilizar la descarga de la crisis sobre sus espaldas. Allí se juega la “gobernabilidad” y el futuro del liberfacho: en la lucha de clases. El peronismo, la burocracia sindical y CFK son tan conscientes de ello que ni siquiera coquetean con una movilización popular y una intervención –incluso controlada- de los trabajadores, a menos que sean desbordados. El “volveremos” de CFK es un compromiso con la clase capitalista de que el peronismo no va a obstaculizar a Milei en su trabajo de destrucción de los derechos, conquistas y participación de los trabajadores en la renta nacional. 

 Por eso es clave para quebrar esta política criminal sostener, impulsar y organizar las luchas que los trabajadores salen a dar. Hay un “clima” de lucha en el país sostenido con mucho esfuerzo, incluso contra el boicot, el ninguneo o la oposición de las direcciones burocráticas. En los últimos meses vivimos las luchas de los metalúrgicos de Tierra del Fuego, los choferes de UTA, docentes de Catamarca y Buenos Aires, de la Universidad, los trabajadores del Garrahan, Morvillo, Georgalos, Secco, del neumático, piqueteros, residentes, del Inti-Inta, jubilados, y muchas más que no alcanzan el conocimiento público, entre tantas otras. Hay que dar una especial atención a la lucha de la salud que se está extendiendo por todo el país, que enfrenta al gobierno nacional y a los provinciales, que como el de Kicillof aplican la motosierra, sin distinción de “ideologías”. 

 Los capitalistas le han sacado “tarjeta amarilla” a Milei para que avance en resolver el mandato que le han dado y por el cual lo sostienen. Para los trabajadores la única salida es sacarle “tarjeta roja” a Milei, no hay convivencia posible. Solo una acción de la clase obrera y el movimiento popular puede imponerle una derrota: la tarea es organizar la huelga general. Para ello, por un lado, es muy importante esforzarnos para que los conflictos en curso y los que surgen triunfen. Estas luchas cuestionan y enfrentan a la patronal, a la burocracia sindical y al Estado; por eso es necesario un reagrupamiento de lucha y de independencia de clase, que tenga como objetivo superar la política cómplice de la burocracia peleando por un plan de lucha progresivo con paros, movilizaciones y ocupaciones hasta la huelga general. 

 Por eso apoyamos un paso muy importante como es la decisión de los sindicatos combativos, las comisiones internas de lucha y organizaciones de desocupados y jubilados de organizar un encuentro de trabajadores –ocupados, desocupados, jubilados- para las próximas semanas. Un reagrupamiento de quienes luchan por una nueva dirección del movimiento obrero, cuando la CGT se sienta discutir la reforma laboral, cuando vemos a la burocracia dar la espalda abiertamente a luchas como las del Garrahan o el Inti, entre tantas otras. 

 El desafío es que la clase obrera irrumpa en la situación política con sus reclamos, con su política y con su programa para terminar con este régimen. 

 Eduardo Salas

Christian Castillo: "El fallo de la jueza Preska es un acto de injerencia colonial inadmisible"

Las negociaciones entre Milei y los gobernadores: una pelea entre ajustadores

Los ministros de Economía de los gobernadores se reunieron este martes con funcionarios de Nación. Los trabajadores debemos salir a pelear contra el Milei y los gobernadores.

 Los ministros de Economía de los gobernadores se reunieron este martes en el Consejo Federal de Inversiones con funcionarios del Ejecutivo nacional para reclamar fondos para las provincias, golpeadas por la caída de la recaudación fiscal y por el ajuste libertario. El encuentro devino en crisis: no hubo arreglo. Los mandatarios provinciales enviarán un proyecto de ley al Congreso para limitar las facultades discrecionales de Nación en el giro de fondos.

 Carlos Guberman, secretario de Hacienda, fue el enviado del gobierno para negociar con los funcionarios provinciales de 17 jurisdicciones. La propuesta del oficialismo fue coparticipar los fondos viales del impuesto a los combustibles líquidos. Según trascendió, eso equivaldría a unos 300 millones de pesos. En cuanto a los Aportes del Tesoro Nacional, desde Nación dijeron estar dispuestos a discutir un monto máximo a distribuir según los coeficientes de coparticipación. 

 En cambio, los gobernadores propusieron eliminar todos los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles, para que esos recursos puedan ser utilizados de manera autónoma tanto por Nación como por las provincias. Se trata del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (del cual perciben un 4,31%) y del Fondo de Infraestructura del Transporte (del que cobran un 25,58%). Los mandatarios sostienen que su propuesta, de aplicarse, no supondría costo fiscal alguno para el gobierno. Los libertarios, por su parte, dicen lo contrario. 

 Esto último demuestra que los gobernadores apoyan, en general, el ajuste fiscal que el gobierno impulsa y que tiene a los trabajadores como principales víctimas. Milei recauda fondos liquidando salarios y jubilaciones, y dándole hachazos a los presupuestos de educación y salud. Asimismo, los mandatarios encendieron la motosierra y atacan a sus pueblos, como lo evidencian los conflictos por salarios y distintas reivindicaciones de los docentes y residentes de Buenos Aires, los estatales de Catamarca, y los judiciales, docentes y científicos de Córdoba. 

 Su colaboración con Nación también se refleja en el apoyo a las leyes del gobierno (como la Ley Bases) y a los vetos contra jubilados y universidades. En otra muestra de complicidad, los gobernadores se reunieron con Nación en el Consejo de Mayo para promover la reforma laboral antiobrera. El peronismo y el resto de la oposición patronal avalan el plan libertario de ataque contra las masas, ya que es lo que reclama la clase capitalista para recomponer su tasa de beneficio. 

 En el marco de la caída del consumo, la baja de la actividad económica y el ajuste del gobierno, la recaudación fiscal de las provincias se ha desplomado. El sistema tributario es regresivo: se sostiene principalmente con la expropiación de los ingresos de los trabajadores (grava el consumo, por ejemplo), por lo que las provincias pierden por la baja del IVA y de Ingresos Brutos. 

 A esto se suma el recorte de Milei en las transferencias provinciales. Según un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, en los primeros cinco meses del año Santiago del Estero perdió un 55%, Corrientes un 26%, Misiones y Jujuy un 13% y Buenos Aires un 6%. En 2024, las transferencias discrecionales de Nación a las provincias cayeron un 75%, ubicándose en 1,4 billones de pesos. Milei reparte a los gobernadores un 35% menos que Macri y un 50% menos que Alberto Fernández, dos gestiones que impulsaron sus propios planes de ajuste.

 Las disputas entre Nación y las provincias evidencian que el ajuste contra la clase trabajadora no tiene fin, y, asimismo, el cáracter inviable de la política de utilizar el grueso de los fondos del Estado para pagar la deuda externa. Los trabajadores debemos salir a pelear contra el Milei y los gobernadores. Que la crisis la paguen los capitalistas.

 Nazareno Suozzi

El fallo buitre por YPF, una radiografía del saqueo de Argentina

La trama de una estafa al país por el capital imperialista, en la que tienen sus huellas dactilares los capitalistas locales y todos sus gobiernos. 

 Solo una movilización antiimperialista de los trabajadores puede terminar esta rapiña.

 El fallo del tribunal de Nueva York que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a un buffet de abogados buitre es la coronación de uno de los capítulos más infames del saqueo de la Argentina por el imperialismo, los capitalistas criollos y sus gobiernos. Milei le echa la culpa al "inútil soviético" de Kicillof para presentarlo como el resultado de un estatismo negligente, cuando por el contrario es una muestra del carácter buitre del capitalismo argentino.

 Toda la trama que termina en este juicio es una estafa monumental, en la que dejaron sus huellas digitales los gobiernos capitalistas de todos los colores que se alternaron en las últimas décadas . 

 La demanda alega que cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol, en 2012, se incumplió un estatuto que ordenaba compensar por igual al resto de los accionistas. Esa norma, alevosamente inconstitucional, pretendía bloquear toda posibilidad de intervención estatal en la petrolera que rige la industria energética en el país. De respetarse se hubiera duplicado la usura que pactó el gobierno de Cristina Kirchner con Repsol en 2014, con Axel Kicillof como ministro emisario, fijando una indemnización de 8.900 millones de dólares (si contamos los intereses de los bonos con que se pagó) a pesar del vaciamiento perpetrado por el pulpo español y los pasivos ambientales con que dejó a YPF. 

 El "damnificado" sería el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que en aquel momento controlaba el 25% de las acciones de la compañía, adquiridas por medio de un fraude concertado para terminar de vaciar la petrolera. Fijémonos.

 Los Eskenazi son un exponente del empresariado que hizo buenos negocios con el remate de las empresas públicas en los '90, cuando entre otras se quedaron con el Banco de Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner, quien por entonces desde la provincia petrolera apoyaba también la privatización menemista de YPF. Años después, el mismo Kirchner impulsaba desde la presidencia la “argentinización de YPF”... para que los Eskenazi se hicieran con el 25% de la compañía sin poner un solo peso. 

 Para eso, los Eskenazi crearon en España las firmas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos empresas fantasma sin activos ni actividad. Compraron las acciones de YPF gracias a un préstamo de un consorcio bancario y de la misma Repsol, que ni siquiera le pidieron garantías porque acordaron que se repagaba con el giro de utilidades de la propia empresa. Una maniobra fraudulenta por la cual entre 2008 y 2011 se repartieron entre ambos grupos empresarios dividendos por casi 6.000 millones de dólares, a pesar de que las ganancias fueron de unos 4.000 millones. 

 Sin reinversión alguna, YPF fue sobreendeudada (su pasivo saltó de 3.000 a 9.000 millones de dólares) mientras la producción de petróleo cayó 21% y la de gas un 10%, las reservas netas se desplomaron un 24% y la exploración tocó el punto más bajo de su historia. El país, mientras tanto, caía en un descomunal déficit en su balanza energética debido a la necesidad de importar combustibles. 

 En aquellos años, Enrique, Sebastián y Matías Eskenazi eran vicepresidente, CEO y director de la petrolera respectivamente, y cobraban millonarias bonificaciones extrasalariales que no eran aprobadas por la asamblea de accionistas. Luego de la expropiación a Repsol la administración prohibió el giro de dividendos y el Grupo Petersen se declaró en quiebra por no poder afrontar las deudas con los bancos extranjeros. En 2015 vendió el derecho a litigar a un estudio de abogados inglés, Burford Capital, por 15 millones de dólares (menos del 0,1% del monto fijado ahora por el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska). 

 Burford es un fondo de cobertura (hedge fund), lo que significa que es un buffet de abogados caranchos que hacen negocios con la compra de derechos de litigio de empresas quebradas para después cobrar los juicios. De hecho, vendiendo parte de esos derechos ya multiplicó por 20 su "inversión" inicial en este caso. Es análogo a lo que hacen fondos buitre que compran títulos de deuda defaulteada que valen centavos para exigir después el pago total. Los argentinos ya conocemos esta carroña.

 Es un secreto a voces que entre los que se asociaron a Burford en este megaestafa hay varios empresarios argentinos. Una prueba es que parte de la sentencia sería cobrada por el fondo buitre Eton Park Managment, socia de Pampa Energía en el negocio con las privatizadas energéticas, incluidos enjuagues como la compra fantasma de la empresa Iecsa al entonces presidente Macri y su primo Ángelo Calcaterra. Usó para eso la plata que cobró del fallo de Thomas Griesa (precursor de Preska), que obligó a pagarle casi 10.000 millones de dólares a un puñado de fondos buitre que no ingresaron a los canjes de deuda de los Kirchner. 

 Burford supo aprovechar los tiempos políticos. Inició sus acciones legales cuando Cristina y Kicillof ya ensayaban su política de “vuelta los mercados”, que incluía el pago de todas las sentencias contra Argentina en los tribunales internacionales del Ciadi -que insumieron 1.000 millones de dólares durante los últimos años del mandato de CFK. Como todavía hoy tenemos a un gobierno cuya estrategia se reduce a lograr acceder al mercado de crédito internacional, podemos descontar que la apelación de Milei a este fallo solo busca ganar tiempo y finalmente negociar el pago multimillonario mediante una nueva megaemisión de bonos de deuda.

 Lo dicho permite ver que la política de intentar complacer al capital financiero internacional es como un barril sin fondo, y que el saqueo del país por estos buitres es lo verdaderamente inviable. No el "sovietismo", sino el estatismo capitalista. Por eso en solo una semana el "market friendly" Milei vio cómo el JP Morgan le bajó el pulgar a la bicicleta financiera con bonos de deuda y el Morgan Stanley mantuvo la peor calificación para la inversión en acciones argentinas. Ahora, con el fallo buitre, se recrudecen las dudas sobre la capacidad de pago de los vencimientos de deuda, y además se complican operaciones de endeudamiento corporativo como la que iba a financiar el oleoducto Vaca Muerta Sur para exportar crudo. 

 Esta estafa es el corolario lógico de la "renacionalización" trucha de YPF por el kirchnerismo, que mantuvo a la compañía como sociedad anónima que cotiza en Wall Street y se asoció a la yanqui Chevron para impulsar el negocio de Vaca Muerta. Hoy los habitantes del país pagamos el triple por calefaccionarnos y la nafta a precio internacional, mientras un puñado de pulpos hizo grandes negocios exportando petróleo. Por esa orientación social, y cuando su estrategia es que el gran capital los vaya a buscar cuando fracase el experimento Milei, el peronismo ni insinúa la necesidad de una movilización popular contra esta intromisión buitre de un juzgado de Nueva York que ni siquiera tiene competencia en el asunto. 

 Solo la clase obrera tiene un interés en combatir este saqueo, y puede impulsar una movilización antiimperialista del pueblo argentino para impedir que se consume esta nueva estafa, reclamar la nacionalización integral de la industria energética en función de las necesidades del país, y en definitiva pelear por la ruptura con el capital financiero internacional que hunde a la Argentina en un espiral descendente de devaluaciones, defaults, tarifazos y empobrecimiento.

 Iván Hirsch

"La trama de la criptoestafa: funcionarios, sobornos y un wallet con más de 100 millones de dólares"

YPF, deuda y soberanía: Castillo cuestionó el fallo judicial y la herencia privatizadora

Editorial de Gabriel Solano: Cruje la economía de Milei

Un fallo que mete a YPF en la crisis de deuda y en la guerra internacional

De los nacionales y populares a los libertarios, un régimen de entreguistas. 

 A través de dos fallos sucesivos, la jueza neoyorquina Loretta Preska se ha abalanzado sobre el 51% de las acciones de YPF que pertenecen al Estado argentino. Uno de los fallos se relaciona con la semi-estatización de la petrolera, en 2012; su beneficiario es el fondo buitre Burford, que le había comprado al grupo local Petersen -ex accionista de la petrolera- sus derechos a litigar como consecuencia de la expropiación de sus acciones. El otro fallo beneficia al fondo buitre Bainbridge, acreedor de la deuda pública en defolt. Aunque no tiene nada que ver con YPF; la jueza decidió resarcir a este fondo con las acciones de la petrolera. La prepotencia de este fallo de la justicia norteamericana, que dispone resarcimientos y transferencias patrimoniales en otra jurisdicción nacional, sólo se supera por el cipayismo de todos los gobiernos de las últimas décadas, que han promovido la jurisdicción extranjera para los litigios de deuda y otras operaciones económicas. El resarcimiento reclamado, de 16.000 millones de dólares, supera en un 30% al actual valor bursátil de la petrolera. 

 Entrega a dos bandas 

El fallo Preska es un episodio en la larga historia de vaciamiento de la petrolera “de bandera”, que involucra a todos los gobiernos de al menos las últimas tres décadas. Bajo Carlos Menem, el mentor de Javier Milei, se consumó la venta completa de YPF al grupo Repsol. La política de este pulpo fue servirse de los dividendos de YPF para cubrir sus deudas y pérdidas a escala global, a costa del vaciamiento de las reservas y la desinversión en la petrolera argentina. El binomio Néstor-Cristina no sólo toleró ese desquicio, sino que lo agravó: a fines de 2007, promovió el ingreso a YPF del grupo empresario Ezquenazi (Petersen), también controlante del privatizado Banco de Santa Cruz. Por el 25% de las acciones, Ezquenazi no puso un peso, pues las compró con un préstamo a pagar con las futuras utilidades de la compañía. Fue el pretexto para promover un vaciamiento consentido, pues ni un peso de los dividendos de Ezquenazi-Petersen quedaban en la petrolera. Repsol avaló gustoso ese desfalco, porque lo habilitaba a hacer lo mismo con sus propios dividendos. Al cabo de cinco años, el gobierno kirchnerista se enfrentó con las consecuencias del vaciamiento que había promovido: YPF se encontraba agotada de reservas y recursos. Repsol y Ezquenazi no estaban dispuestos a activar los recientes descubrimientos de Vaca Muerta. En ese cuadro, y en medio de una crisis de abastecimiento de petróleo y gas, Kicillof-Cristina improvisaron, no una nacionalización, sino la reprivatización de YPF. Al tiempo que se desprendía de Repsol, Kicillof-Cristina ponían en marcha un acuerdo secreto con Chevron para explotar Vaca Muerta. El hilo suelto de esta operación, el empresario kirchnerista Ezquenazi, terminó litigando por la expropiación de sus acciones, pero le terminó vendiendo los derechos de ese juicio al fondo buitre Burford. Algunas versiones señalan que Burford solo sería un testaferro o socio de los Ezquenazi, que, en la trastienda, seguirían litigando contra el país. Después del primer fallo contrario a la Argentina, en 2023, Milei-Caputo literalmente lo ignoraron, dejando que progrese la causa y la acumulación de intereses.

 Lo que viene

 Los fallos de Preska han sido presentados como “inauditos” o “inviables”, tanto desde el lado kirchnerista como de los gobernantes liberticidas, que prometieron apelarlo. Los que piensan de ese modo no quieren leer el mensaje de la jueza: por un lado, Preska modificó su resolución anterior, que embargaba al Tesoro argentino para resarcir a Burford -ahora, va por YPF y sus acciones. En segundo lugar, la jueza también le carga a YPF las consecuencias de un litigio vinculado con la deuda pública defolteada. No se puede separar esa resolución del cuadro de conjunto de la deuda argentina, que ya bordea al 120% del Producto bruto y que enfrenta vencimientos abultados en los próximos cinco años y sin financiamiento a la vista. La segunda cuestión que entra en juego es la de los yacimientos de Vaca Muerta, cuyas inversiones y suministros están inmersos en una sorda lucha entre petroleras yanquis, el grupo Techint y, ahora, Petrochina, que acaba de anunciar su ingreso al mercado local. Las reservas de petróleo y gas argentina no están afuera de la guerra internacional en desarrollo.

 Los especialistas en el juicio de Preska afirman que una negociación sobre el monto a resarcir a Burford lo reduciría “sustancialmente”. En la memoria de YPF, las previsiones del caso ascienden a 5200 millones de dólares. A la actual cotización de la compañía, podría representar la sesión de la mayoría accionaria estatal. ¿Es la garantía a negociar en caso de una reestructuración de deuda con los fondos internacionales? La cuestión de YPF, y de su nacionalización integral, es inseparable del desconocimiento de la deuda pública usuraria, que ahora busca ser respaldada con los activos petroleros cuya privatización iniciaron Kicillof-Cristina a manos de Chevron, y que Milei -Caputo quieren continuar ahora a cuenta de los fondos internacionales acreedores de Argentina. 

 Marcelo Ramal 

 01/07/2025

Milei veta la ley de asistencia por las inundaciones en Bahía Blanca

Mientras la gendarmería nacional reprime a vecinos autoconvocados. 

 El presidente Javier Milei vetó la ley sancionada por el Congreso Nacional el pasado 4 de junio que declaraba la “emergencia y catástrofe” para Bahía Blanca y Coronel Rosales, luego de la devastadora inundación del 7 de marzo. Fue motorizado por diputados de UxP, UCR y del FITU. Con ello se creaba un fondo especial de $200.000 millones y planteaba otorgar exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación. Con ello, los diputados dijeron que buscaban “atender obras de infraestructura y apoyar el restablecimiento del circuito económico y productivo”. 

 En el Congreso Nacional y otras legislaturas, las “declaraciones de emergencia” son frecuentes y la mayoría de las veces caen en saco roto, porque dependen de que sean arbitrados los fondos de parte del ejecutivo. En este caso, Milei directamente vetó la ley anunciando que ya destinó $200.000 millones del presupuesto nacional con el otorgamiento de un subsidio directo a personas que debieron inscribirse en una página web, para recibir entre 2 o 3 millones, según la zona en donde residen. Según el gobierno, ya se abonó el subsidio a 32.076 personas, sobre un total de 37.546 inscriptos mientras que 3.962 casos siguen en análisis, mientras que el 4 % fue rechazado. La inscripción supuso enormes dificultades, especialmente a familias que viven en barrios poco urbanizados porque no reunían los requisitos exigidos o carecen de medios digitales para hacer los trámites. Absurdamente, un subsidio para recomponer la vivienda es rechazado por disponer de esa misma condición. A su vez, el gobierno provincial había dispuesto de otro subsidio, de $800.000 y también con numerosos requisitos de cumplimiento para recibirlo, especialmente por el tope máximo de ingresos que, si estaba cercano a $1.000.000, ya dejaba de otorgarse.

 En cualquier caso, el monto otorgado es absolutamente insuficiente para reconstruir hogares arrasados por el agua, pérdida de bienes personales, incluyendo vehículos. A poco de la inundación, el intendente afirmaba que para reconstruir la ciudad eran necesarios al menos $400.000 millones de dólares, para luego afirmar que se había quedado corto. 

 La ausencia de una ayuda estatal viene siendo especialmente denunciado por vecinos de Ingeniero White autoconvocados, que han hecho piquetes en los accesos al puerto exigiendo que no han recibido ninguna ayuda a la fecha y que no se ha hecho ninguna obra de infraestructura para evitar nuevas inundaciones. También reclamaron ser recibidos por el intendente. La gendarmería de Patricia Bullrich respondió amenazando a los vecinos con reprimir y abrir causas penales. 

 Milei también afirmó que vetaba la ley porque la ley no establecía una partida presupuestaria específica e incumplía las leyes de administración financiera, algo que por supuesto no vale para cuando paga con fondos del Tesoro Nacional los intereses de la deuda pública que engrosaron los capitalistas, a los cuales también subsidia con exenciones y blanqueos impositivos. A lo largo de toda la devastación originada por la inundación, ninguna de las grandes empresas del Puerto y el Polo Petroquímico de Bahía Blanca fueron afectadas con mayores cargas tributarias al servicio de reconstruir una ciudad y su fuerza de trabajo de la cual se han beneficiado amasando enormes ganancias. 

 Ante el veto del presidente Milei, el intendente Susbielles que viene de presidir el Consorcio de Gestión del Puerto –y alineado con el cristinismo en la interna peronista- no ha emitido declaraciones porque, según diversos medios, Milei habría comprometido la entrega de otros fondos para la ciudad pero que aún no fueron recibidos. Al mismo tiempo, un sector de los “libertarios” de la ciudad ha comulgado políticamente con el oficialismo en el Concejo Deliberante, en una alianza que buscaría restarle base electoral al PRO. El estruendoso silencio refleja que el Intendente ya estaba anticipado a que esta ley de emergencia iba a naufragar. 

 Los piquetes de los vecinos de White marcan el camino para arrancar todos los subsidios necesarios para la reconstrucción de viviendas, reposición de bienes e infraestructura urbana, 100 % a cargo del Estado. 

 Emiliano Fabris 

 27/06/2025

El Banco Morgan “se toma un respiro” frente a un gobierno en “carpa de oxígeno”

La campaña electoral engancha con una crisis financiera. 

 En los aprestos de la campaña electoral que el gobierno juzga “decisiva”, el capital financiero puso en capilla al dúo Milei y Caputo. Un informe del banco J.P.Morgan llama a los que invierten en Argentina a “tomarse un respiro” y salir de las operaciones especulativas que les permitieron ganar un 10% en dólares en solamente tres meses. Pero los dólares se están yendo por el pago de intereses de deuda pública y privada y el atesoramiento de dólares. La posibilidad de acceder al financiamiento internacional, que es la gran tarea que tiene asignada Milei, no aparece por ningún lado. “Vamos a volver”, dice el J,P.Morgan, sin advertir que lo hará después del estallido de una crisis. El golpe político-electoral para el gobierno no puede ser ignorado. El ‘regreso’ está condicionado a una devaluación. 

 El consultor Catterberg le puso al gobierno libertario dos cuestiones cruciales para asegurar su supervivencia: avanzar hasta la línea superior de la flotación del dólar -1400 pesos; la otra, dejar de lado el gobierno unipersonal y avanzar a una coalición política. La devaluación desataría el cepo que contiene artificialmente a los precios y afectaría a las posibilidades electorales como las ve el gobierno; hay cerca de tres mil millones de dólares invertidos en pesos, por inversores extranjeros, que sufrirían una desvalorización que no perdonarían. Ayer salieron de apuro 1500 millones de dólares. Los que entienden que estas contradicciones serían superadas por un resultado electoral favorable para el gobierno -como finge el propio J.P.Morgan- están poniendo demasiadas fichas en los comicios.

 Cristinismo

 Cristina Kirchner no quiso estar ausente de esta ola de estos malos augurios. En el centro de sus disputas con el gobierno advierte que el “modelo que no se sostiene” (el de ella con Alberto tampoco). Recoge las múltiples críticas “constructivas” de Cavallo a Redrado, y de casi todos los economistas del régimen. Ese desbarranque económico podrá tener lugar más temprano que tarde. Pero la capacidad del kirchnerismo para poder capitalizarlo está más en juicio que el estallido inminente. La pretensión de articular la campaña electoral del peronismo con la consigna “Cristina Libre” demuestra que no confía en sus propios pronósticos, pues debería decir Abajo Milei-Caputo. La consigna ha desatado una rebelión en una parte importante de los intendentes del conurbano, que no quieren recibir un certificado de defunción política dos años antes de renovar su mandato. 

La pretensión de las listas comunes en la provincia de Buenos Aires, con la presencia de Máximo Kirchner, podría desatar una deserción abierta o encubierta por parte de las listas municipales que responden a Kicillof -o presentando “lista corta” (solo para concejales), o boicoteando la campaña provincial. Las encuestas no le auguran al peronismo una buena elección, incluso en la estratégica tercera sección electoral. En sus municipios, de La Matanza al Sur, se palpita una crisis social extraordinaria, con una desocupación del 10%, barrios castigados por inundaciones, hacinamiento habitacional y desastres ambientales. El ausentismo electoral, un denominador común de todos los comicios hasta ahora, es la manifestación concluyente del fracaso de los que gobiernan y han gobernado contra los intereses de la mayoría trabajadora. Esta es la razón de fondo del derrumbe del peronismo.

 Formemos listas de trabajadores

 Este escenario político plantea el gran desafío de llevar adelante una campaña electoral obrera y socialista. Para después de las elecciones, el gobierno liberticida le promete a los capitalistas una contrarrevolución laboral y previsional. El peronismo no obstaculizará la realización de este “trabajo sucio”, como viene ocurriendo en el Congreso. Convocamos a una movilización política de los trabajadores y luchadores, para poner en pie listas y una campaña. A los partidos y gobiernos fracasados, personeros del capital, opongámosle un programa de reivindicaciones obreras y la lucha por una fuerza política de los trabajadores. En función de esta perspectiva, los convocamos a sumarse a la puesta en pie de listas de trabajadores en todos los distritos. 

 Marcelo Ramal

 01/07/2025

La sentencia por el crimen de Rafael Nahuel

El pasado12 de junio la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dictó sentencia definitiva en la causa seguida contra cinco prefectos del grupo Albatros por la represión llevada a cabo el 25 de noviembre de 2017 en Lago Mascardi, cerca de Bariloche, ordenada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y que terminó con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel Salvo, de 22 años de edad. 

La sentencia solo se conoció dos semanas más tarde. La sentencia confirma lo dictado por el Tribunal Oral Federal de General Roca, es decir que los cinco prefectos condenados cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa. Además, le ordena al Tribunal Federal que gradúe las penas que en su momento fueron prácticamente una absolución. 

 Recordemos que a Guillermo Cavia, autor del crimen, se lo condena por el delito de homicidio en exceso de legítima defensa a 5 años de prisión. Los prefectos Carlos Sosa, Francisco Pintos, Juan Obregón y Sergio García fueron sentenciados a 4 años y medio de prisión por el mismo delito, pero en carácter de partícipes necesarios. Los condenados no fueron a prisión. Ahora la condena queda firme, con la orden de graduar las penas. Los defensores insistieron en su absolución. Los abogados de la familia de Rafael Nahuel, por su parte, reclamaron prisión perpetua. Quedó demostrado que los prefectos protagonizaron una impresionante balacera contra los tres mapuches que huían. Dispararon más de ciento cincuenta balas. Los peritajes comprobaron que Rafael había sido fusilado por la espalda. Gonzalo Coña y Johana Colhuan fueron gravemente heridos, pero sobrevivieron. 

 La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirma el homicidio en exceso de legítima defensa cuando en realidad se trató de un homicidio agravado por haber sido cometido por integrantes de Fuerzas de Seguridad. La diferencia entre las penas aplicables a ambas figuras es enorme. En el primer caso es de entre uno y seis años de prisión. En el segundo es prisión perpetua. Entonces, por un lado, la sentencia confirma la culpabilidad de los prefectos y desmiente a la ministra de Seguridad de ese momento y la actual, Patricia Bullrich, enemiga acérrima de los pueblos originarios y calumniadora serial. Por otro lado, sostiene el exceso de legítima defensa, aún cuando quedó probado el asesinato por la espalda del joven mapuche. 

 La APDH advierte que “la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y por tanto responsables últimos de aquella acción criminal. Tal el caso de la por entonces y también hoy ministra de Seguridad, quien desde su cargo sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena.” 

 Repudiamos la complicidad de la Justicia con este régimen represivo cada vez más acentuado, al servicio de los intereses capitalistas.

 Elena Florín 

 28/06/2025

La historia de Madygraf : ¿Cómo es trabajar sin jefes?

Aurora Cividino // "La lucha contra la persecusión y criminalización de la protesta"