Milei autoriza a Estados Unidos a poner una base militar en Buenos Aires

A pedido del trumpismo, el gobierno argentino autoriza una "base logística" de Estados Unidos para "combatir el terrorismo". Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, anunció por su cuenta de X que el gobierno liberticida dará permiso a Washington para abrir una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Buenos Aires. Esta base, dependiente del Departamento de Estado y que estará formalmente encargada de cuestiones ligadas al narcotráfico y el crimen organizado, dará vía libre para que el imperialismo tome Buenos Aires como centro de operaciones con un alcance regional. De acuerdo a lo trascendido, desde Estados Unidos destinarán U$D 7.500.000 para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad. La iniciativa se complementa con una cooperación bilateral amplia que incluye capacitaciones e intercambio de información. 

 La base norteamericana se presenta como un nuevo peldaño del alineamiento estratégico que viene desarrollando el gobierno liberticida en relación a la gestión trumpista, que avanza sobre América Latina con la Doctrina Donroe en la mano con el fin último de establecer un régimen de excepción en el hemisferio.

 La iniciativa se encuentra atada a la alianza militar "Escudo de las Américas" con la que el trumpismo busca vehiculizar el intervencionismo a escala continental. Este Plan Cóndor del siglo XXI, bajo la pantalla de la "lucha contra el narcoterrorismo" intervino militarmente a comienzos de año en Venezuela y ha sido blandido recientemente en Bolivia para revocarle la visa a 21 funcionarios por representar una "amenaza para la seguridad del Estado de derecho de las Américas". 

 Hasta el momento no hay certeza sobre el lugar en el que funcionará la base, ni con cuánto personal contará la unidad, y si los mismos serán militares norteamericanos. En principio, la instalación de la base logística tendría que pasar por el Congreso, pero Milei ha obviado este paso cuando rubricó la entrada al "Escudo de las Américas" o cuando permitió la llegada de marines norteamericanos por decreto. Si algo caracteriza las "relaciones carnales" entre ambas gestiones es la opacidad.

 Por DNU 697/2025 Milei autorizó el ingreso de integrantes de las fuerzas especiales navales norteamericanas para llevar adelante el ejercicio militar "Tridente", desarrollado en el Atlántico Sur.

Por medio de otro decreto, en abril pasado, se calcula que arribó al país un contingente de más de 50 militares para el ejercicio "Daga Atlántica", en el que EE. UU. desplegó el portaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley en la Zona Económica Exclusiva argentina. Hace menos de un mes, ocho infantes de marina estadounidenses entrenaron, en Tierra del Fuego, junto al Batallón de Infantería de Marina N.º 4 (BIM 4) de la Armada Argentina. Sobre este último entrenamiento, desde la Armada salieron a afirmar que se trató de "intercambio de expertos en clima frío", con prácticas de baja montaña, uso de crampones y raquetas, esquí y supervivencia. Pero desde el mismo Comando Sur desmintieron a la Armada, cuando dieron a conocer imágenes de simulacro de "contacto con el enemigo", desplazamientos tácticos y un desembarco anfibio en un bote de asalto (El Ágora, 6/10). El año pasado el gobierno de Milei creó por decreto el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), que se encuentra bajo la égida de la SIDE, la cual está totalmente colonizada por la CIA y el Mossad. En la misma línea de acción, pocos días después de la conformación del CNA, el Ministerio de Seguridad, la SIDE y el FBI arribaron a un acuerdo sobre intercambio de información, asistencia técnica y cooperación operativa. Otro convenio incorporó asistencia estadounidense para el nuevo Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal, el FBI criollo. 

 A todos estos movimientos se suma la habilitación por parte de Milei para que la armada estadounidense patrulle el Mar Argentino Sur por los próximos 5 años, un acuerdo que también se conoció por un anuncio del Comando Sur, que calificó la zona como un "bien común global". También la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, que tiene como fin último poner bajo el control del imperialismo el Estrecho de Magallanes y el Atlántico Sur, clave en la guerra internacional y en las disputas comerciales con China. 

 La base logística contra el narcotráfico no solo viene a reforzar la alianza estratégica con el trumpismo, sino que se suma a la construcción de un Estado policíaco que ha encontrado en el discurso de "lucha contra el narcoterrorismo" una instancia para restringir libertades democráticas por medio de la coacción y la represión, cuando en el Congreso se está tratando la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía las facultades de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia utilizando la causa de las Islas Malvinas como excusa. 

 Lucas Giannetti 

 10/10/2026

Afganistán: lo que no se puede olvidar

El siete de octubre se cumplieron 25 años de la invasión de Estados Unidos y la OTAN contra la República de Afganistán

 

Este siete de octubre de 2026, cuando se cumplieron 25 años de la invasión de Estados Unidos y la OTAN contra la República de Afganistán, la fecha y el hecho no aparecieron mediáticamente destacadas en el calendario de horrores, terrorismo, agresión y muerte, característica principal de las administraciones estadounidenses.

 La noticia «pasó por debajo de la mesa», se podría afirmar, recurriendo a un dicho popular. 

 Digamos que, una vez más, aquella acción contra uno de los países más pobres del planeta, no contó con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y, por añadidura, recibió un amplio rechazo de la comunidad internacional.

 Pero el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, impuso el lenguaje de la guerra por encima de los reclamos de paz a través de negociaciones. 

 El 30 de agosto de 2021, Estados Unidos tuvo que aceptar su derrota militar y política en el país asiático, y regresar a casa a los miles de militares que quedaban operando y masacrando en esa nación. 

 Como es conocido, el pretexto de la invasión fue que el gobierno talibán ofrecía albergue a Osama Bin Laden y a miembros de la organización Al Qaeda, a quienes la administración estadounidense responsabilizó por los ataques del 11 de septiembre de 2001. 

 Con el nombre de «Operación Libertad duradera», típico de las aberraciones semánticas que emplean los mandatarios estadounidenses en cada una de sus guerras de agresión y masacre humana, el Pentágono, en su primera incursión militar contra Afganistán, empleó más de 50 misiles de crucero Tomahawk y bombas guiadas de alta precisión lanzadas desde 15 bombarderos B-1, B-2 y B-52 y 25 cazabombarderos. 

 De la gran masacre contra la población afgana se encargaron un total de 128 961 soldados. 

 Un recuento inconcluso, por la falta de información fiable en cuanto a su dimensión, entre 106 000 y 170 000 civiles murieron. 

 Las bajas de la coalición encabezada por EE. UU. ascendían a 3 556 fallecidos, de ellos 2 411 estadounidenses y 455 británicos. 

 Entre los muertos había unos 1 500 contratistas (mercenarios), mayormente de Estados Unidos. 

 Otro de los resultados de la guerra contra Afganistán, es que entre los años 2025 y 2026, el país registra una grave inseguridad alimentaria persistente, considerada una de las peores, ya que más de 22,9 millones de afganos, (más de la mitad de la población) requieren asistencia alimentaria y 3,5 millones de niños padecen desnutrición. 

 Además de los miles de muertos y heridos, Afganistán sufre sanciones económicas occidentales, una de ellas, la congelación de unos 3 500 millones de dólares por parte de Estados Unidos. 

 De acuerdo con datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, casi tres millones de afganos fueron desplazados de su país o del lugar donde vivían. 

 Se calcula que la guerra de Estados Unidos contra ese país, tuvo un costo superior a un billón 70 000 millones de dólares. 

 La multimillonaria inversión en armas, no contempló ni un solo centavo en dinero para saciar el hambre y curar enfermedades. 

 Elson Concepción Pérez | internet@granma.cu 

 11 de octubre de 2026 17:10:27

Del acuerdo a la guerra del diésel

El acuerdo sorpresivo con Vladimir Putin anunciado por Trump el viernes 9, acerca de la provisión de diésel al mercado mundial de parte de Rusia, no ha atenuado la guerra que se libra en los territorios ruso y ucraniano, sino exactamente lo contrario. Volodomir Zelensky aseguró que reforzaría los ataques contra las refinerías de Rusia, haciendo caso omiso a la preocupación norteamericana por la escasez del combustible. Trump respondió al desaire con el reclamo de la destitución inmediata de Zelensky, acosado por su parte por numerosos hechos de corrupción. Abrir todavía más una crisis política en un estado que se encuentra en guerra con el apoyo de la Unión Europea es simplemente extraordinario. El presidente de Ucrania recibió sin demora el apoyo de los ministros de Defensa del Reino Unido y de Alemania. La confrontación entre el imperialismo norteamericano, de un lado, y los europeos, del otro, quedó expuesta en forma abierta, como ha venido ocurriendo desde la disolución de la ex Unión Soviética. La operación de Trump ha sido saludada, sin embargo, por la ascendente AfD, el neo nazismo alemán, su correlato en Austria y la ultraderecha de Italia, aunque no aún por el Reagrupamiento Nacional de Francia. La ultraderecha sostiene que la guerra piloteada por Ucrania carece de todo futuro frente a Rusia, y que lo que importa es ofrecer concesiones a Rusia para imponerle un acuerdo de cogobieno con el imperialismo. El mosaico imperialista de Europa enfrenta una perspectiva disolvente.

 Trump ha emprendido una operación atrevida y por sobre todo riesgosa. El Tesoro de Estados Unidos ha suspendido las restricciones y sanciones al comercio de combustible de Rusia, que sigue con activos secuestrados por un cuarto de billón de dólares, y los intereses correspondientes financian la maquinaria de guerra en su contra. Putin se ha comprometido a entregar de inmediato 300 mil toneladas de diésel, 500 mil enseguida después, hasta un millón. Debe servir a la reducción de un tercio en el costo de la materia prima del trabajo de cosecha y transporte del agro norteamericano. Mientras tanto, el cereal ucraniano, y en parte el ruso, se pudre en los almacenes como consecuencia del bloqueo al Mar Negro y al puerto de Odessa. El propósito más amplio es estabilizar los mercados financieros afectados por una inflación monetaria creciente. La decisión de Japón de aumentar los gastos de inversión y rearme ha provocado una liquidación de tenencias de los títulos del Tesoro de larga duración en el mercado de deuda de Estados Unidos. Pero el faltante de diésel no se encuentra vinculado tanto al suministro de parte de las refinerías de Rusia como a los bloqueos de los puertos del Golfo Pérsico y la entrada al Mar Rojo, algo que Trump se niega a admitir, porque no se resolvería procediendo al “aniquilamiento” de Irán. Esta guerra de agresión no provocada condiciona cualquier acuerdo de corto plazo con China, una arteria vital. Como quiera que la flota rusa sufre sanciones de parte de diversos estados, el compromiso de Putin con Trump acerca del diésel enfrenta obstáculos de diverso orden. Se han agravado tanto las condiciones de la guerra como las del comercio de materias primas. Trump se desquita ahora contra Zelensky, cuando hace pocas semanas se comprometió a fabricar los interceptores Patriot en suelo ucraniano. El acuerdo con Putin ha suscitado la oposición de los republicanos estadounidenses, que hace apenas unas semanas habían votado la ley Lindsay Graham, un ultraderechista que acaba de fallecer, que estipula una provisión masiva de armamento para el régimen de Zelensky. La ficción del interregno causado por el faltante de diésel queda de manifiesto cuando se tiene presente que hasta hace horas apenas la ‘conversación’ del momento era la ‘guerra híbrida’ de Rusia contra la OTAN y los preparativos en Alemania para enfrentar una guerra atómica, a más tardar en 2030. 

 El diésel, después de todo, debería servir para levantar una cosecha que debe ser exportada a China a un precio razonable. Algunos observadores han interpretado la suspensión de sanciones a Rusia como un medio para que pueda solventar su presupuesto y sus reservas de divisas, con independencia relativa de la asistencia de China. Rusia podría ser presionada, en esta hipótesis, para abandonar la importación de bienes ‘duales’ (de uso civil y militar) de China, y ser ‘inducida’ a un “acuerdo de Paz”. Con independencia de su propósito anexionista de Ucrania, Rusia es un estado dependiente en la cadena financiera mundial, que el imperialismo querría convertir en semi-colonia. China carece de los recursos y del interés para rescatarla de esta condición, que se está decidiendo por medio de una guerra imperialista. En definitiva, la guerra imperialista se extiende a escala planetaria y desafía a los trabajadores y masas de todos los países a emprender una acción histórica independiente. 

 Jorge Altamira 

 11/10/2026

La burguesía le marca a Pedro Sánchez la puerta de salida

El voto en contra de Junts per Cataluya al paquete de emergencia de la vivienda de Pedro Sánchez puso fin al gobierno de coalición del PSOE-Sumar con el apoyo de los nacionalismos autonómicos. Junts es el partido de la gran burguesía industrial catalana, que en ningún caso apoyaría acotamientos de emergencia al derecho de propiedad. La cuestión de la vivienda es insoluble para la izquierda gestora política del capitalismo y para el capitalismo mismo. Esto no se manifiesta solamente en Madrid o Barcelona, sino en Berlín, donde La Izquierda (Die Linke) no puede dar cuenta de los tres monopolios capitalistas de la vivienda de alquiler de la ciudad. Lo mismo ocurre con Zohran Mamdani, que aún no ha dado respuestas al sector de viviendas que goza de una atención especial del mismo estado. Con la ampliación del turismo, que en España ha sido notable, la disputa por el suelo urbano entre comercializadoras y propietarias ha llevado el precio por el uso habitacional temporario por las nubes. La coalición PSOE-Sumar no ha hecho nada al respecto en ocho años de gobierno, ni es suficiente una medida de emergencia para devolver el gobierno a esta izquierda en las elecciones apuradas que tendrán lugar en noviembre. 

 El golpe parlamentario que ha derribado a la gestión de Sánchez tampoco tiene que ver estrictamente con el tema habitacional; tiene que ver con la crisis mundial, la guerra internacional y la tendencia a la derechización de los aparatos estatales. En España, los sucesos en los enclaves españoles en Ceuta y Melilla han desatado una movilización típicamente franquista de la derecha, acompañada por una reafirmación de derecho colonial por parte del gobierno de Sánchez. Antes de que la Puerta del Sol fuera poblada por un acampe de oposición a los desalojos, había sido el centro de agrupamiento del fascismo contra la posibilidad de que una inmigración de marroquíes pudiera tener acceso al espacio comunitario de Europa. Por esos azares de la historia, la protesta contra los desalojos ha servido como sustituto de la movilización contra el fascismo. Al fin de cuentas, incluso un fascista puede ser desahuciado por un monopolio inmobiliario igualmente fascista. La coalición de la derecha y la ultraderecha españolista espera retomar el gobierno en noviembre sin entrar en consideraciones por el suelo urbano. El activismo que lucha contra los desalojos debería poner al frente de su movilización la consigna “no pasarán”. Es lo contrario de lo que hará Pedro Sánchez, que ya ha hecho conocer que su programa versará sobre una suspensión de desalojos. 

 Frente a encuestas que lo dan como perdedor indiscutible y sin margen para remontar, el Gobierno recurrió a una última maniobra: volver a aprobar los decretos en el Consejo de Ministros para llevarlos a la Diputación Permanente, el órgano legislativo de contingencia que opera mientras las Cortes están disueltas por el llamado a elecciones. Pero los acampantes ya han hecho saber al gobierno que no le aceptan el atajo de la emergencia y que reclaman lo que serían ‘soluciones de fondo”. Pero la nacionalización del suelo urbano y la planificación territorial de la vivienda, el transporte y la industria está fuera del radar de la pequeña burguesía acomodada. La cuestión del suelo es independiente de la estructura diversa que tiene la propiedad urbana, en unos casos concentrada en monopolios, en otro en propiedades individuales, pues se trata de planificar el desarrollo territorial sobre la base de un Estado de trabajadores.

 La burocracia de UGT y Comisiones Obreras se mantuvo ajena a la lucha contra los desalojos y ha decidido un paro aislado para mediados de noviembre. La huelga general que el sindicato de inquilinos ha reclamado a la burocracia carece de destino. 

 Pedro Sánchez ha sido calificado por la prensa internacional como la némesis de Trump en Europa. Washington exige elevar el gasto militar de España al 5% del PBI, para aumentar la demanda de armas a Estados Unidos, pero que el Ejecutivo español mantiene en el 2,5%. Madrid se ha negado a ceder bases y espacio aéreo para las operaciones militares de EE.UU. en Oriente Medio. Un gobierno de derecha cambiaría esta ecuación. Fuera del oficialismo, la izquierda española apoya la guerra de la OTAN contra Rusia. La palabra de orden es poner fin a la guerra imperialista mediante la unidad internacional de los trabajadores. 

 Política Obrera

 08/10/2026

Milei-Caputo, en tiempo de descuento

Las “propuestas” explosivas de los economistas del régimen al gobierno desquiciado. 

 Finalmente, se han conocido los detalles de la exposición que el economista Alberto Ades, un exoperador de Goldman Sachs, realizó ante el gabinete nacional el lunes pasado. La presencia de Ades, como se recordará, desató el faltazo sin aviso de Luis Caputo, en señal de desacuerdo con las “tesis” del invitado. Lo que Ades le propuso al gabinete, en definitiva, fue una devaluación de la moneda, en consonancia con lo que otros economistas ligados al gran capital agrario o industrial están predicando desde hace meses. Según Clarín, Ades le agregó a esa propuesta dos condiciones: primero, que la devaluación venga acompañada con otra vuelta de tuerca en materia de ajuste fiscal para que los dólares de las mayores exportaciones se compren con pesos del Tesoro y no de la emisión monetaria. Luego, aludió a “mejoras de productividad”, el lenguaje con el cual estos “expertos” llaman a la sobreexplotación laboral, aclarando enseguida que ello requiere “tiempo y capital político” (Clarín, 8/10). 

 La “propuesta” de Ades y la ausencia de Caputo han sido apenas un anticipo de la crisis política y de gabinete que está en incubación, como resultado del completo impasse del régimen económico montado por Milei y Caputo hace tres años, angustiosamente rescatado en sucesivas oportunidades por el FMI y el Tesoro norteamericano. Ahora, el “estado de asamblea” instalado en el gabinete por el propio Milei obedece a que el financiamiento de los vencimientos de deuda para 2027 ha ingresado en un túnel oscuro. La economista Marina Dal Poggeto estima que las cuentas que presentó Caputo para responder a esos vencimientos tienen un “faltante” de 23.000 millones de dólares. En un reportaje posterior a su presentación en el gabinete, Ades señaló que, con el actual riesgo país, “ni locos conseguimos” ese financiamiento externo. La fórmula de Ades -devaluación más ajuste- apunta a abatir ese riesgo. Pero el “capital político” que el consultor de Wall Street le exige a Milei-Caputo para hacer explotar semejante bomba se encuentra tan flojo de papeles como los 75.000 millones de dólares con que dice contar Milei para afrontar las corridas que se vienen.

 Deuda interna

 Caputo, en oposición a un camino devaluatorio, sigue apostando a aplastar el dólar a fuerza de colocar bonos de deuda y absorber pesos pagando por ellos tasas exorbitantes. Pero el resultado de su política -la “estabilidad del dólar”- ha llevado al endeudamiento interno a la peor de las trampas: como consecuencia de la espiral de renovación de deuda a elevadas tasas, por un lado, y del dólar planchado, por el otro, se viene registrando un crecimiento exponencial de esa deuda en pesos cuando se la contabiliza en moneda dura. En los últimos nueve meses, esa deuda pasó de representar de 70 a 100.000 millones de dólares. La gran mayoría de estos títulos se han renovado con cláusulas de indexación que neutralizan cualquier licuación de su monto en el caso de una devaluación. De este modo, la deuda en pesos ya está muy cerca del valor en dólares que había alcanzado al final de Massa, cuando llegó a los 110.000 millones de dólares. La “absorción” con deuda de los pesos utilizados para la compra de los dólares del comercio exterior convierten en una ficción al superávit de balanza comercial, pues, por cada dólar que ingresa, aumenta en la misma magnitud la deuda indexada o dolarizada del Estado. Como la acumulación de reservas tiene por propósito el pago de vencimientos de deuda, cada uno de esos pagos tiene como contrapartida una hipoteca equivalente contra el Estado. La desconfianza generada por esta bola de nieve obliga al gobierno a cambiar el perfil de vencimientos que está ofreciendo en las sucesivas renovaciones; ahora, solo alcanzan hasta finales del año 2027. En lo que refiere a la emisión de deuda en dólares, Caputo debió cerrar el grifo, por las tasas prohibitivas que hubiera debido pagar. 

 En definitiva, las innumerables bicicletas ensayadas por Caputo en estos años muestran síntomas inocultables de agotamiento. El campeonato de “propuestas alternativas” de los economistas del régimen es una confesión de ello. En las últimas horas, se ha sumado al tropel un mileísta de la primera hora, Cristiano Ratazzi, quien desempolvó la alternativa de la dolarización pero sin decir que debería ser precedida por la devaluación que reclaman Ades, Melconian y otros. Los devaluacionistas enfrentan al deflacionario y ajustador Caputo con un rodrigazo antiobrero, sin hacerse cargo de la rebelión popular que conllevaría esa “salida”. 

 El debate de los “de arriba” sobre una cesación de pagos -de eso se trata- tiene lugar mientras el derrumbe comercial e industrial se acentúa. Los pronósticos de crecimiento económico, que habían bajado del 3,5 % al 2 % hace un mes atrás, ahora se ubican en el 1,5 % - es decir, en la regresión del producto bruto por cabeza- El “efecto samba”, como llamaron los diarios financieros a la suba de los títulos y acciones argentinas que siguieron a la victoria de Bolsonaro, apenas duró 24 horas. Ahora, comienza a sobrevolar otro “efecto” internacional: el de las rebeliones juveniles y populares que sacuden a Francia, Bélgica, España y, más cercanamente, a Chile y las principales ciudades de Brasil. El “capital político” que reclamó Ades para su experimento antiobrero se está agotando, y también para Caputo-Milei. Este es el escenario que precede a las movilizaciones previstas para el 15 de octubre en todo el país. 

 Marcelo Ramal 

 09/10/2026

La Corte Suprema le otorga un “alargue” al régimen liberticida

Los “guardianes” de la Constitución rescatan al régimen extraconstitucional de Milei y los “opositores”. 

 Al otorgarle una “medida cautelar provisoria” a una organización ambientalista que pidió suspender la derogación de la ley de Tierras, la Corte Suprema improvisó un recule respecto de lo que había resuelto hace sólo una semana atrás. El carácter urgente de la vuelta atrás se aprecia en que los jueces decidieron reunirse de urgencia, además, en un viernes previo al fin de semana largo. El carácter precario de lo resuelto se manifiesta en que la propia Corte lo juzga como “provisorio”, devolviendo la presentación judicial de los ambientalistas a su juzgado de origen, en Bariloche. 

 Con este parche, los jueces supremos buscaron sortear una eventual crisis política, como consecuencia de la sesión extraordinaria convocada por la oposición para el próximo jueves 15. La sesión había colocado en el temario al mega DNU 70, donde está incluida la derogación de la Ley de Tierras. Pero una derogación del decretazo tendría otros alcances, como la reimplantación de la vieja ley de alquileres y diferentes regulaciones sobre el sistema financiero y las tarifas. A la luz de ese alcance, los propios impulsores de la sesión extraordinaria no estaban logrando reunir el quórum necesario. 

 El fallo de la Corte, en este sentido, es una contribución para alejar cualquier peligro respecto de la vigencia del DNU 70 y, por lo tanto, una operación de rescate del gobierno. Pero los cortesanos han ido más allá: rescataron también a la oposición “dialoguista”, que ahora podrá ausentarse del recinto con el argumento de que “la soberanía” ya no se encuentra en peligro -esto, como si los insondables porcentuales de la ley de tierras ejercieran alguna influencia real contra el copamiento del suelo y del subsuelo. Pero será un argumento suficientemente fuerte para bajar de la sesión incluso a varios de los que firmaron su convocatoria. La Corte, por lo tanto, ha salido a salvar, no sólo a un gobierno, sino a un régimen político en su conjunto. Se trata del régimen de decretazos y medidas excepcionales que, sin embargo, se han sustentado sobre un consenso político y parlamentario. Entre el DNU 70, la ley Bases, los superpresupuestos a la SIDE y la contrarreforma laboral, rige en la Argentina un régimen infraconstitucional, el cual se asienta en el compromiso férreo de los partidos de la llamada “oposición” Con su medida “ultraprovisoria”, los supuestos salvaguardas de la Constitución han puesto a este régimen de excepción a salvo de las incidencias del próximo 15 de octubre, jornada que incluye también una movilización popular por el financiamiento universitario.

 Pero el fallo de la Corte tiene otra implicancia. Los jueces han dejado en claro la determinación de imponer su capacidad de arbitraje, en una situación política donde sobrevuela la cesación de pagos del Estado, por un lado, y una situación social intolerable, por el otro.

 Por referencia a esa crisis de conjunto, el rescate de la Corte es tan “provisorio” como su medida cautelar: en el país de los campeonatos de futbol inventados -torneos cortos, largos, sumatorias anuales- la Corte le ha improvisado a los liberticidas “un alargue”, para que puedan pilotear un salvataje financiero y un acuerdo político con los gobernadores que todavía no llega. Veinte mandatarios han resuelto convocar a sus comicios de distrito por separado de los nacionales. Han dejado cualquier acuerdo con el gobierno nacional supeditado, no “al año que viene”, como dicen los diarios, sino a que Milei, improbablemente, remonte la crisis financiera y la debacle industrial.

 Pero al arbitrar frente a una organización social y a una reivindicación popular, la Corte también ha tomado nota de un escenario social explosivo, y no solo en Argentina. Mientras los gobiernos capitalistas y sus socios discuten la crisis del régimen que han prohijado, los trabajadores y jóvenes de Argentina se miran en el espejo de lo que ocurre en numerosas rebeliones del mundo. Llegado el punto, los cortesanos tendrán que salir a socorrer a la contrarrevolución social que han bendecido con sus fallos, pero contra el embate de la rebelión popular.

 Marcelo Ramal

 09/10/2026

Presti le compra armas a Netanyahu

Las Fuerzas Armadas presentaron el primer lote de 250 fusiles livianos ARAD-5 y ARAD-7 de origen israelí, producidos por la empresa Israel Weapon Industries (IWI) y adquiridos al Ministerio de Defensa de Israel bajo la modalidad de contrato entre Estados. Estos fusiles desplazarán paulatinamente al Fusil de Asalto Automático (FAL), que ha sido utilizado por las Fuerzas Armadas argentinas desde 1958. Los primeros ejemplares fueron fabricados en Bélgica, pero dos años después, comenzaron a producirse en Fabricaciones Militares. Se fabricaron entre 120.000 y 200.000 ejemplares. También se darán de baja los fusiles M-16, de origen norteamericano, incorporados durante la década de 1990 a las tres fuerzas. El mismo día que llegaron los nuevos fusiles israelíes, arribó al país la segunda tanda de aviones caza F-16 norteamericanos comprados a Dinamarca. 

 Las compras de armamento a Estados Unidos e Israel para el ´reequipamiento´ de las Fuerzas Armadas, en medio de un recorte catastrófico del gasto social, se inscribe en el estratégico alineamiento internacional de Milei detrás de los gobiernos de Trump y de Netanyahu y de la incorporación al "Escudo de las Américas". Argentina se inserta en la guerra internacional como subsidiaria del imperialismo norteamericano y la financia por medio del pago de la deuda y la compra de armamento. 

 En el acto montado en la Plaza de Armas del Regimiento de Infantería 1 Patricios para dar muestra de la compra, el ministro de Defensa, Carlos Presti, posó apuntando con uno de los fusiles israelíes. Ponderó su eficacia como "un salto cualitativo en nuestro armamento individual". Presti continúa revistiendo el grado de teniente general del Ejército. 

 El jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Delle Nogare, informó que "se está evaluando la factibilidad de implementar en nuestro país una línea de ensamblaje o fabricación" (Zona Militar 29/9), que se complementaría con la formación de instructores y técnicos para garantizar el sostenimiento de los sistemas durante su ciclo de vida. La adquisición de armas sujeta al comprador de estas al suministro de repuestos, actualizaciones y licencias del proveedor. En síntesis, el equipamiento militar quedará subordinado durante las próximas décadas a Israel, cuando es conocido el interés del gobierno liberticida de privatizar Fabricaciones Militares. Según el sitio especializado Zona Militar, hasta "el momento no se precisaron plazos ni interlocutores industriales". 

 El rearme argentino incluye la compra de aviones caza F-16, vehículos blindados -los P-3 Orion que la Armada incorporará próximamente- y helicópteros Black Hawk, cuyo personal comenzó su preparación el 1 de octubre. 

 El desembolso total por los fusiles, según consta en documentación presupuestaria, es de $4.752.665.040. La compra se realizó en el marco del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), creado por DNU 314/2026. Los fondos que financian el ARMA provienen de la ejecución o privatización de bienes del Estado, lo que hace que no dependa de partidas presupuestarias preestablecidas. De esta manera Milei y Presti poseen un caudal de capital casi constante destinado a la compra de armamento. En el DNU en cuestión se puede leer que el 10 % del dinero recaudado por la venta, alquiler o privatización de activos del Estado (no militares) se destina de manera automática al Ministerio de Defensa. En lo que respecta a los bienes de las FF. AA. que fueron (o sean) vendidos, hasta el 70 % son destinados al sistema de defensa. Dentro de las fuerzas, en cambio, hay inquietud por las bajas remuneraciones y el quebranto de IOSFA, la obra social. 

 El largo brazo del complejo armamentístico sionista

 Según estadísticas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), la industria armamentística sionista se ha posicionado en el último lustro como la octava potencia mundial en cuanto a la exportación de arsenal militar, acelerada por la guerra internacional, a pesar de las amenazas y sanciones internacionales por el genocidio en Gaza. Los países europeos, que oficialmente han criticado el "belicismo" de Israel en la Franja de Gaza y El Líbano, siguen siendo los primeros clientes en la compra de armamento israelí, con el 36 %, seguidos por la India, que durante los dos últimos años absorbió el 34 % de las exportaciones. El segundo destino de las armas israelíes es Estados Unidos con un 13 %, seguido por Filipinas con un 8 %.

 Por otro lado, Israel ha avanzado en la venta de armas a los países árabes, en especial Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Marruecos, países que han suscripto los llamados Acuerdos de Abraham, para cerrar contratos de compra de armamento, alcanzando el 15 % del total de la cifra astronómica de venta de armamento.

 El complejo militar israelí ofrece a sus compradores un amplio catálogo bélico, pero se especializa en la construcción y venta de cohetes, misiles, drones, sistemas de defensa aérea y de ciberinteligencia. Israel ofrece, además, la experiencia del uso de ese armamento en escenarios reales, como la Franja de Gaza, Líbano e Irán. Organismos internacionales y reportes periodísticos han dado cuenta de que el régimen sionista ha tomado el genocidio perpetrado sobre el pueblo gazatí como un "laboratorio", donde realizó "pruebas de ensayo" de armas y de tecnología IA de vigilancia. Por caso, los drones israelíes fueron probados por vez primera sobre la población de Gaza. Sus ´productos´ luego son volcadas al mercado armamentístico, habiendo utilizado al pueblo palestino como "conejillos de indias". Por su parte, el grupo israelí NSO vendió a numerosos gobiernos su conocido software Pegasus, utilizado para espionaje de celulares, que permite acceder a todo el contenido, incluidas conversaciones, mensajes de texto, correos electrónicos y fotos. La tecnología de vigilancia israelí es utilizada por los EE. UU. y la Unión Europea, entre otras cosas, para perseguir a los migrantes. En Ruanda y Myanmar, las armas israelíes fueron utilizadas en los genocidios llevados a cabo en 1994 y 2017, respectivamente. Su rol de proveedor de armas en todo tipo de escenarios y masacres le ha permitido a Israel perfeccionar su armamento y su desarrollo tecnológico. 

 El acuerdo por la compra de fusiles al que arribaron los Ministerios de Defensa de la Argentina e Israel no sólo supone un reforzamiento del alineamiento político con Tel Aviv. Es también la antesala de la colonización armamentística por parte del sionismo, que se complementa con el sometimiento en el que se encuentra el servicio de inteligencia en relación con el Mossad.

 Lucas Giannetti 

 07/10/2026

La Corte Suprema recula: vayamos a fondo con la movilización del 15

Repuso las restricciones a la compra de tierra a extranjeros.

 La decisión de la Corte Suprema de este viernes por la mañana de reponer las restricciones a los extranjeros para acceder a la compra de tierras es un evidente recule. Restituyó la vigencia de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata del 2024 que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023 (el que deroga la ley de tierras que estaba vigente antes de asumir Milei), que la semana pasada había rechazado; ahora lo hizo –en un cuadro de crisis interna- a través de una “medida cautelar interina” que revierte su fallo anterior. 

 Evidentemente la Corte tomó nota de la profunda agitación popular creada en torno al tema, que ya se había expresado en una masiva movilización el pasado 6 de agosto, obligando al gobierno a eliminar la pretensión de habilitar sin restricciones la compra de tierras a extranjeros del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Ahora esa agitación se iba a hacer presente el próximo jueves 15 frente al Congreso, empalmando con la marcha federal en defensa del presupuesto universitario. La Corte sintió el temor a la movilización popular que preocupa al gobierno y sus cómplices y decidió recular. En ese sentido, es un logro anticipado de la movilización del 15. 

 No se nos escapa también que la Corte, con su “inoportuno” fallo de la semana pasada, puso en el centro el DNU 70/23, que es la piedra angular del feroz ataque a los trabajadores con que Milei inauguró su gobierno. Es claro que el DNU 70/23 es un patrimonio que la clase capitalista defiende; por eso en la Cámara de Diputados –incluso cuando el mileísmo tenía unos escasos 37 diputados- nunca se lo rechazó. Como el Senado sí lo había hecho, bastaba una sesión para liquidar ese decreto que, entre otras “virtudes”, liberó las tasas de interés –que los bancos, fintech, etc. usan para tener endeudado a medio país-, las prepagas, la educación privada, los alquileres e introdujo reformas en el régimen de trabajo, entre otras. La “medida cautelar interina” que la Corte resolvió este viernes alivió sobre todo a la oposición patronal –y fundamentalmente- al peronismo, que tenía que salir a defenderlo, ya sea abiertamente o no dando quórum para la sesión especial convocada para el jueves 15. 

 La decisión de la Corte suspende por ahora la resolución sobre la constitucionalidad del DNU 70/23 –el problema de fondo-, mientras el gobierno por decreto habilita a extranjeros a comprar la ciudadanía argentina por U$S 350.000 como única condición. Como reza el dicho: “hecha la ley, hecha la trampa”.

 El temor a la movilización que obligó a la Corte a recular desmiente a la burocracia sindical y a todos los que argumentan que el pueblo argentino está “muy quieto” y no quiere luchar, para cubrir que defienden el rumbo estratégico del gobierno, que es el mandato de la clase capitalista. 

 A redoblar la movilización. Vamos con todo el 15 para que el “recule” sea completo, en todos los aspectos. Vamos por la huelga general para derrotar a Milei y sus cómplices. 

 Eduardo Salas

La agitación política en la segunda vuelta en Brasil

“Miles de personas marchan en Brasil contra un posible regreso de los Bolsonaro al poder”, titula Infobae su edición del jueves 8. La manifestación tuvo lugar en Río de Janeiro, la metrópoli operativa de las milicias parapoliciales del bolsonarismo. La demostración no es la única expresión de que la segunda vuelta electoral se pelea, hasta cierto punto, relativamente independiente de la primera. En los números, Flavio Bolsonaro tiene asegurado el balotaje, porque ha reunido junto a otros candidatos de derecha y centro derecha un 55% de los votos. La victoria de un golpista envuelto en varios escándalos de corrupción representa una imagen invertida del fracaso del gobierno de coalición de Lula, en cuanto a una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Lula ha dado una pelea ‘geopolítica’ contra Trump en el plano de la disputa internacional, a espaldas de las propias masas. Un comentario frecuente, aunque no sustanciado, en las últimas horas, sostiene que parte de la abstención del primer turno corresponde al electorado petista en el nordeste brasileño. Bajo la inspiración de las luchas en Francia, Bélgica y España, podría comenzar una escalada de movilizaciones. Lula, sin embargo, está resueltamente opuesto a cualquier ‘radicalización’ de la situación presente y ha decidido poner en el primer plano al vicepresidente Gerardo Alckmin, para recuperar al electorado ‘moderado’.

 Pero el segundo turno electoral tiene su propia pelea política. Flavio Bolsonaro pretende, por lo pronto, rodear un indulto a su padre, condenado a 27 años de cárcel, por golpismo fragante y agresión al “estado democrático de derecho”, con una amnistía generalizada a centenares de condenados por vandalizar el Planalto de Brasilia el 8 de enero de 2023, luego de un sostenido acampe ante los cuarteles del ejército para incitar a un golpe militar. Entre los condenados hay cinco jefes militares de alta patente. Es un tema que afecta las relaciones futuras entre un gobierno bolsonarista y las fuerzas armadas. No existen sondeos que hayan evaluado el interés por este asunto en el electorado. Bolsonaro ha anunciado también la intención de introducir enmiendas constitucionales en el Congreso, en especial en cuanto al Poder Judicial. El Superior Tribunal de Justicia ha protagonizado una serie de actos que lo han envuelto en una crisis mayúscula, incluso en ataques por parte de Donald Trump. La sospecha de que podría iniciar una serie de juicios políticos a los cortesanos ha desatado preocupación en el Congreso. Poner un énfasis en estos asuntos en una segunda vuelta ganada, en principio, de antemano, rodea al balotaje de incógnitas políticas. Lo que es claro, en todo caso, es la intención de alterar la Constitución votada en 1988, falsamente ponderada como democrática. Lula, en aquella ocasión, se abstuvo. La agenda de Bolsonaro promueve un cambio de régimen político, por medio de Propuestas de Enmiendas Constitucionales o PEC, sin el recurso a una Asamblea Constituyente. La derecha tiene una amplia mayoría en el Congreso. El programa de Bolsonaro es de una guerra de clases, especialmente en el campo, en la educación y en las grandes concentraciones obreras.

 Otro tema en desarrollo es el proyecto de acortamiento de la semana laboral, de 6x1 a 5x2, respetando el asueto dominical. Cuenta ya con la media sanción de Diputados; el bolsonarismo, que reivindica el 6x1, quiere que el Senado lo trate después del balotaje del 25 de octubre. En cualquier caso, no será aprobado antes de esa fecha porque requiere hasta cinco sesiones para su votación final. Presentado como una conquista, el proyecto lulista es tramposo, porque admite convenios individuales o por empresa, y la prevalencia de los acuerdos entre privados sobre la ley. La polémica en torno a una cuestión laboral esencial seguramente afectará el voto, con independencia de que pueda alterar el resultado en su conjunto. Es claro, sin embargo, que una y otra coalición tienen decidida una política de ajuste, para mitigar el 8% de déficit fiscal sobre el PBI, y un cronograma de vencimientos de la deuda pública muy apretado y exigente. Brasil paga por ella la tasa de interés más alta del mercado internacional.

 En la cuestión del endeudamiento de la población, Bolsonaro ha declarado que apoya el planteo de Lula –“Desenrola”. El punto es que absorbe las deudas largamente irrecuperables por un tope de 10.000 reales, o 2.000 dólares, o 2 millones y medio de pesos. Pero la carga relevante, para millones de familias, es del orden de los 200.000 millones de reales. El crédito al consumo ha sido un filón enorme de los beneficios de los bancos.

 Más allá de la incidencia de esta crisis en el resultado del balotaje, es claro que marca una agenda de grandes contradicciones y conflictos en el mandato próximo. La incorporación de Brasil al Escudo de las Américas abre las fronteras del país al militarismo norteamericano. Convertiría a Brasil en un cómplice del intento de hacer de Cuba un protectorado del imperialismo norteamericano. No se puede cerrar esta reseña sin señalar la complicidad de la izquierda oficial de Brasil con el actual estado de situación. Juega a un parlamentarismo ficticio y a una critica retórica a Lula, sin la menor intención de preparar al inmenso proletariado de Brasil para una acción histórica independiente. 

 Jorge Altamira 

 08/10/2026

Elecciones en Brasil, DNU 70, Trump en Bolivia y la religión según Marx

Audiencia Pública | En defensa de la Justicia Nacional de Menores y de sus trabajadores

"Corredor Andes-Atlántico": Milei ofrece Vaca Muerta y el litio como botín al imperialismo

Una misión del gobierno Trump llegó hoy a la Argentina para evaluar la puesta en marcha del llamado "Corredor Andes-Atlántico". El plan busca unir el noroeste minero y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. El Exim Bank -la agencia oficial de crédito a la exportación del gobierno de Estados Unidos- firmó un marco para movilizar hasta USD 7000 millones destinados a financiar proyectos con contratos de abastecimiento de largo plazo con empresas estadounidenses. Excluye los controlados por entidades chinas. El acceso al capital queda ligado también al destino de la producción. Comprende minerales críticos, energía, modernización de redes, conectividad y tecnologías avanzadas.

 Milei fue a la 81° asamblea de la ONU a lanzar diatribas a cuenta del trumpismo y a congraciarse como proveedor de materias primas y garante logístico de la cadena de suministros del imperialismo (imprescindibles en el marco de la expansión de la guerra imperialista mundial) y, además, de gendarme del imperialismo norteamericano en el Atlántico Sur. 

 El canciller Pablo Quirno fue el encargado de anunciar la línea de créditos que serían destinados al sector energético y al desarrollo de la Base Naval Integral (BNI) en Ushuaia, presentado por el Gobierno como un ´reforzamiento de la soberanía nacional´.

 En relación con la cuestión energética, Quirno junto a Christopher Landau, subsecretario de Estado, anunciaron el lanzamiento de este "Corredor Andes-Atlántico", que tiene como finalidad conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos con salida al Atlántico por medio de inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura, que aseguren el suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas. El día anterior a la firma del acuerdo, Donald Trump presidió una sesión del Escudo de las Américas en la que realizó un llamado a los países latinoamericanos a "asegurar la vasta riqueza natural" y a no dejar que "potencias externas hostiles" se apoderen de ellas. 

 "La era de los corredores"

 Desde la pandemia, el comercio internacional ingresó en una fase de reorganización estructural. Lo que está emergiendo es un sistema de corredores económicos múltiples y superpuestos, donde la logística deja de ser únicamente una cuestión de eficiencia para convertirse en un instrumento geopolítico, de seguridad energética y de competencia tecnológica. 

 Se trata de un diseño estratégico, que precede a la gestión Trump, testimonio del largo periodo de preparación de las guerras actuales. 

 El proyecto del "Corredor Andes-Atlántico" se integra a otros proyectos de la misma índole en los cuales Estados Unidos y capitales europeos están interviniendo, como el Puerto de Lobito, ubicado en Angola, que proyecta conectar a las ricas regiones en minerales, sobre todo en cobalto y cobre, de la República Democrática del Congo (RDC) y Zambia con el Atlántico. En este caso, fue una iniciativa de la gestión Biden, que desembolsó USD 600 millones para consolidar el control sobre los minerales críticos en la región, en la que China tiene una gran influencia, especialmente en el "Cinturón del Cobre en África Central". El gobierno de Biden, junto a la Comisión Europea, lanzaron en 2022 la Alianza para la Seguridad de los Minerales y en 2023 la Alianza para la Infraestructura y la Inversión Global (PGII), dependiente del Grupo de los 7 (G7), que asumió la responsabilidad de la construcción del corredor. 

 El otro corredor en construcción es el de la isla de Luzón, ubicada en Filipinas. El proyecto de origen contemplaba una alianza trilateral entre EE. UU., Japón y Filipinas y con el correr de los años se sumaron a la iniciativa España, Reino Unido, Francia, Italia, Australia, Canadá y Corea del Sur. El Corredor de Luzón se encuentra bajo el paraguas de la Pax Silica, por la que EE. UU. busca controlar las cadenas de suministros de minerales críticos y reducir la dependencia manufacturera de Pekín. El Corredor de Luzón apunta a convertir a Filipinas en un desarrollador de chips y semiconductores mediante "zonas de seguridad económica" avanzadas y centros tecnológicos de almacenamiento.

 Mientras EE. UU. busca reforzar sus posiciones comerciales que aseguren la cadena logística, China y las Economías de Oriente Medio y el Norte de África (MENA) encabezan la clasificación de los principales corredores comerciales del mundo, según las estimaciones de la Autoridad Monetaria de Singapur. 

 El entramado político-financiero del "Corredor Andes-Atlántico" 

La misión encabezada por Katrien Hinderdael, directora y coordinadora interina de la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global del Departamento de Estado, recorrerá Buenos Aires, Jujuy y Salta para identificar proyectos y avanzar en posibles operaciones. 

 Desde el Departamento de Estado afirman que el "Corredor Andes-Atlántico" redundará "en la conexión de la matriz productiva argentina con los mercados occidentales". El Exim Bank presentó Argentina LNG, proyecto de GNL liderado por YPF, una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta USD 7.000 millones, que contiene una cláusula sobre que la compra de bienes y servicios deben ser de origen norteamericano. En una muestra de vasallaje que haría palidecer al excanciller del menemismo, Guido Di Tella, Pablo Quirno manifestó que "invertir en Argentina es fortalecer la seguridad económica (sic) de Estados Unidos". 

 El compromiso por USD 7.000 millones no equivale a un único préstamo. EXIM y la Argentina firmaron un marco de cooperación denominado U.S.-Argentina Build the Future Framework para proveer financiamiento a proyectos que impulsen el corredor hasta 2027. Por su parte, la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) también podría intervenir junto con inversores privados. 

El documento no identifica aún los proyectos que recibirían el resto de los fondos ni fija un calendario de desembolsos. Según ha trascendido, el proyecto del corredor incluye la concesión por USD 8.000 millones de la línea de alta tensión AMBA I, las líneas ferroviarias del Belgrano, San Martín y Urquiza y conexiones de carga que van desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca. También se realizarían obras en los puertos de la recientemente concesionada Hidrovía. En lo que concierne a infraestructura digital, se deja planteada la concesión para ampliar y modernizar la red de fibra óptica de Arsat, por medio de un préstamo de USD 49 millones que sería otorgado por el BID. El proyecto también prevé la adquisición de seis millones de usuarios de telecomunicaciones en la Argentina por parte de la empresa estadounidense Metrotel -condición última para autorizar la absorción de Telefónica por Telecom- y enumera posibles inversiones en cables submarinos, centros de datos y conectividad satelital. El documento también destacó la adjudicación a un consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos de un contrato superior a USD 1.000 millones para el sistema de ductos de exportación, sujeto a la decisión final de inversión del proyecto.

 El "Corredor Andes-Atlántico" se integra con otros proyectos del imperialismo en el hemisferio, que tienen como finalidad última la de asegurar las cadenas de suministros de minerales críticos y energía. Es el caso de la Pax Silica, a la que el gobierno de Milei suscribió, y la declaración que refrendaron en agosto pasado Argentina, Chile, Bolivia y Perú con el propósito de reforzar la "cooperación regional, atraer inversiones y fortalecer cadenas de suministro de cobre, litio y otros recursos considerados críticos para la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de inteligencia artificial" (Escenario Mundial, 29/8). 

 Las cadenas internacionales de producción y de valor son instrumentos para superar las barreras nacionales al desarrollo de las fuerzas productivas bajo una forma imperialista. Lejos de superar aquella contradicción, la agudiza bajo la forma de una guerra mundial de una letalidad sin precedentes. 

 Lucas Giannetti 

 05/10/2026

El gobierno transita por la cornisa de una cesación de pago

El gobierno liberticida tiene por delante una agenda de crisis. Desde que, hace dos semanas, los fondos internacionales rechazaron por inviable el plan financiero de Argentina para hacer frente a los vencimientos de deuda pública hasta finales de 2027, primero en Nueva York y luego en París, el ministro Caputo se ha quedado sin brújula. La honra de la deuda es, sin embargo, lo que mantiene al gobierno en pie. El desaire financiero ha llevado el llamado riesgo-país de 400 a 660 puntos básicos, el más alto de América Latina. Calculado sobre la tasa de interés de los títulos del Tesoro de Estados Unidos a diez años, que ha trepado a un 5,5%, el más alto en dos décadas, la tasa de endeudamiento de Argentina se ha instalado por arriba del 12% anual. La financiación del pago de los vencimientos de los próximos 15 meses simplemente se ha secado. Caputo ha anulado la emisión de un titulo local, por 5.000 millones de dólares, para evitar el pago de una tasa sideral o el fracaso de la licitación misma.

 Después que esta carencia de recursos fuera expuesta en el exterior, las consultoras económicas locales han comenzado a hacer fila para dar a conocer el dibujo financiero del oficialismo. Es oportuno recordar aquí que el estallido de la enorme crisis financiera de Grecia, en 2010, que comprometió el futuro del euro, fue precedida por una estafa contable similar dibujada por el banco de inversión de Estados Unidos, Goldman Sachs. El ‘creativo’ Milei ha computado a los swaps entre el Tesoro norteamericano y el del Banco Central de China, de 20 mil millones de dólares cada uno, como fuentes de pago de vencimientos, cuando sólo se activan para cubrir faltantes transitorios del comercio exterior y, eventualmente, corridas cambiarias. Otra ocurrencia del pseudo economista de la Rosada ha sido meter en el plan financiero las operaciones en los mercados de futuros de divisas, con el extraño argumento de que secando la plaza de pesos no habría fuga de divisas que ingresan por el saldo del comercio exterior. El límite para esas operaciones, el equivalente a 9.000 millones de dólares, es una gota de agua en el océano de esas fugas. La precariedad extrema de la situación financiera se manifiesta en el hecho de que el seguro contra un default, a un año, salta a los 1.900 pb, muy lejos del riesgo país. 

 Caputo no ha dado a conocer el diseño de una alternativa al impasse; ha dejado trascender la expectativa de un nuevo rescate de Bessent, como el de octubre de 2005. Pero frenar una corrida mediante la compra de pesoso por 2.000 millones de dólares, no tiene nada que ver con vencimientos de capital e intereses por alrededor de 50.000 millones. Bessent, por otro lado, se encuentra atareado en detener un remate de títulos del Tesoro de 30 años, en especial por parte de tenedores de Japón, que tienen un arsenal de inversiones en Estados Unidos por tres billones de dólares. El “factor externo”, o sea la crisis financiera internacional, acentúa el impasse del plan de pagos de los liberticidas. No sorprende, entonces, que suba al primer ítem de la agenda nacional el reseteo del gobierno y de la situación política en su conjunto. 

 Es que el desaire internacional ha venido acompañado por un desplome de la actividad económica que viene acompañada por un recesión bancaria; la “intermediación financiera” ha tenido un registro negativo. En Nueva York y en París, los banqueros le dijeron a Milei que el superávit fiscal es una mentira: por un lado se ‘pisan’ los pagos de facturas cuando no queda efectivo en caja; segundo, una parte de la deuda pública local absorbe el deficit financiero y el déficit primario. La política deflacionaria -dólar barato y ajuste de gasto corriente y obra pública- ha hundido el proceso productivo, sin servir para amortizar deuda ni recrear el crédito internacional. La destrucción creativa que alientan los liberticidas no es más que un arma de destrucción masiva. 

 Para salir por arriba del laberinto de la crisis financiera terminal, el gobierno insiste en suspender las PASO, pero ya no para fraccionar a la peudo oposición sino para evitar que se anticipe la derrota electoral y deba ser sustituido por un gobierno provisorio de transición. Si encuentra los términos que permitan una ‘réentre’ de Cristina Kirchner, podría contar con los votos del peronismo para ir directamente a la primera vuelta electoral. Lo que va a romper este impasse estratégico es la trasformación de las luchas parciales en una lucha de conjunto y en una huelga general indefinida. 

 Jorge Altamira 

 06/10/2026

Carlos Alonso: la denuncia hecha arte

A los 97 años, falleció el dibujante, pintor y grabador, que puso en papel y lienzo las atrocidades del terrorismo de Estado. 

 El lunes 11 de septiembre, a los 97 años, falleció el dibujante, pintor y grabador, que puso en papel y lienzo las atrocidades del terrorismo de Estado, como así también la pobreza, las desigualdades sociales y las luchas sociales y populares. 

 Nacido el 4 de febrero de 1929, en Tunuyán, Mendoza. A los quince años dio sus primeros pasos artísticos, en la Academia de Bellas Artes de la Universidad de Cuyo, compartiendo experiencias y aulas con Sergio Sergí, Lorenzo Domínguez y Francisco Bernareggi. En 1950 se incorpora al grupo de Spilimbergo. 

 Fiel exponente del expresionismo en nuestro país. Nutriéndose de la experiencia europea, de inicios del siglo XX. Una representación muy subjetiva, con una gran carga emotiva, de la realidad social. 

 Fundamentalista de la línea, como medio para poder desarrollar su bello arte. Tomando el concepto de Wassily Kandinsky, y su teoría del punto y la línea. Donde el primero es el elemento mínimo de la comunicación visual. Y la segunda, el resultante de la sumatoria y sucesión de puntos. Su interacción, produce y genera imágenes. 

 Para los movilizados fines de la década de los sesenta, presenta una obra que se transformó en emblemática, La Lección de Anatomía (1969). Tomando como base a la creación del neerlandés del siglo XVII, Harmenszoon Van Rijn Rembrandt. Primera obra de Alonso con fuerte carga política. Jugando con la Lección del Doctor Nicolás Tulp (1632) desarrolla la imagen del muestrario del cuerpo sin vida de Ernesto “Che” Guevara, sobre una mesada, en una precaria casilla de la Higuera, Bolivia (9/10/1967). 

 Gran parte de su carrera la vivió sufriendo la censura. Pero no solo del Estado. Muchos de los grandes museos nacionales e internacionales, dirigidos por importantes familias adineradas integrantes de la patronal local, lo rechazaron en varias ocasiones. 

 El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 significó, por tres motivos, un hecho altamente doloroso, pero transformado en una de las expresiones pictóricas más fuertes, en la lucha por los derechos humanos. 

 A muy pocos días de cumplirse el primer mes del proceso, presenta la exposición El Ganado y Lo Perdido. Entre reses bovinas, entremezcladas con figuras humanas de alto porte, denuncia el hambre en el país, como así también la mercantilización de todo, hasta de las vidas humanas. Y comienza a denunciar la represión. Inclusive antes del 76. No es casual que este conjunto de realizaciones sea iniciado en 1972, y se desarrollen en plena Triple A, de Perón y López Rega. 

 En 1977 su hija de 21 años, Paloma Alonso Fauvety, fue secuestrada en su hogar de San Telmo. A casi cincuenta años, continúa desaparecida. A este duro suceso se le suma la prohibición por parte de la censura del Estado. Y se le agrega la persecución, integrando listas negras, que lo obliga, a él y su familia, a exiliarse en Europa. Primero viaja a Italia y luego se instala en España. 

 Desde el viejo continente centró su obra en denunciar los atropellos a los derechos básicos, la represión y la muerte. Bajo la serie Manos Anónimas, desarrolla treinta y un dibujos y pinturas, con una altísima carga de crudeza y dureza. Herramienta para descargar dolor y grito. 

 “Esta exposición es inédita porque es un material que hice en silencio durante treinta años. Varios de esos años estuve sin trabajar, recuperándome de las pérdidas, la de mi hija Paloma, la del país, de la de mis afectos, y todo lo que tiene que ver con el exilio. Estoy muy contento que se haya podido recuperar la instalación y que sea parte de la colección del Bellas Artes. No lo creía posible”. 

 En los últimos años, desde su atelier, entrevistado por varios medios de periodísticos, haciendo memoria de su extensa obra, expresa “Mis imágenes vienen de la pintura y de la poesía. La poesía me marcó y se quedó conmigo para siempre, es mi horizonte. La obra de Pasolini me impactó mucho. Encontré un sentido del arte en su poesía y en su combate contra el fascismo y las mafias”.

 Alonso brindó su arte a la lucha contra un régimen político, económico y cultural, que mediante el abuso (en todos los sentidos de la palabra), la represión y muerte, desarrolla sus planes de ajuste y miseria. 

 En un contexto nacional e internacional, de gobiernos facho libertarios y negacionistas, recuperar sus realizaciones, debe ser todas como herramientas de visualización, concientización y movilización del pueblo trabajador. Tanto para viejas generaciones, como nuevas. Para no olvidar, no perdonar y no reconciliar, con las manos asesinas, ni sus cómplices. Y así mantener vigente la lucha por memoria, verdad y justicia. 

 Maxi Robes

Milei pone en venta la ciudadanía argentina para habilitar la extranjerización de tierras

Capitalistas foráneos reciben trato privilegiado frente a migrantes pobres perseguidos y expulsados.

 El gobierno de Javier Milei habilitó una vía para obtener la ciudadanía argentina mediante un aporte de 350.000 dólares, sin exigir los dos años de residencia previstos para la naturalización ordinaria. La medida, presentada por Luis Caputo en París como una herramienta para atraer inversiones, establece en los hechos una ciudadanía garantizada a quien pueda desembolsar cientos de miles de dólares, posibilidad vedada para miles de migrantes que llegan al país en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Se trata de otro mecanismo para habilitar en los hechos la extranjerización de tierras, cuando la situación aún permanece abierta, con la movilización convocada para el 15 de octubre ante el Congreso.

 El Programa de Ciudadanía por Inversión comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. El mecanismo contempla un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o la suscripción de un título público de 800.000 dólares. También habilita aportes de 100.000 dólares para cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años y de 25.000 para menores. 

 El Decreto 366/2025 ya había alterado la Ley de Ciudadanía para permitir que un extranjero solicite la naturalización, cualquiera sea el tiempo de residencia, si acredita una “inversión relevante” en el país, dejando al Ministerio de Economía la determinación de qué inversiones califican como tales, lo que ahora fue detallado por Caputo en medio de toda la polémica por la habilitación de la Corte para la venta indiscriminada de tierras a los capitalistas extranjeros. 

 Ciudadanía para ricos, expulsiones para pobres

 Mientras el gobierno construye mecanismos especiales para facilitar el ingreso y la permanencia de los capitalistas, durante 2026 ampliaron las causales de prohibición de ingreso y expulsión de extranjeros, ufanándose de expulsar y prohibir el acceso a decenas de miles de migrantes. 

 Esta orientación contra los migrantes pobres es exhibida como una política de Estado, con megaoperativos de saturación policial y represión en las villas y barrios populares -como la operación Tormenta Negra y operativos similares en CABA-,retenes y deportaciones, cuando los verdaderos delincuentes se encuentran impunes y amparados por el gobierno nacional.

 El gobierno ha utilizado incluso la categoría de “terroristas” para justificar su política antimigratoria, mientras establece una vía privilegiada para que los “grande inversores” –sin necesidad de justificar inversión alguna- puedan convertirse en ciudadanos argentinos, lo que los dejaría habilitados para actuar como tales, pudiendo acceder a la compra de tierras estratégicas sin limitación alguna. 

 La ciudadanía como llave para los negocios 

Si bien el reciente fallo de la Corte Suprema habilita la compra ilimitada de tierras locales por parte de extranjeros, se trata de un capítulo que aún no fue cerrado, con una movilización en crecimiento y la convocatoria en Diputados para el próximo 15 de octubre. Milei, por ésta vía, quiere sellar la posibilidad de que los capitales extranjeros puedan acceder a la tierra argentina, a cambio de algunas chirolas. El gobierno está desarmando las restricciones al capital extranjero para realizar negocios en el país, en una política de apertura que alcanza tierras, recursos y activos nacionales. 

 La medida en cuestión no exige residencia previa, permite una contribución directa al Tesoro y establece montos inaccesibles para la inmensa mayoría de los trabajadores y migrantes. La Argentina solo está “abierta” para los capitalistas. 

 La ciudadanía pasa a incorporar una vía de acceso express directamente asociada a la capacidad económica. Así, es más sencillo que un narco, un estafador o un “tecnocapitalista”acceda a la ciudadanía, que un laburante que viene a probar mejor suerte ofreciendo su trabajo y habitando realmente el país. 

 Marcelo Mache

"Todo tipo de trabajador y trabajadora es un enemigo para Jorge Macri".

La ‘reducción’ del padrón de jubilados plantea una lucha decisiva

Para el Presupuesto 2027, el gobierno proyecta una reducción en el padrón de jubilados: el ‘stock’ de jubilados en ANSES en el proyecto de Ley de Presupuesto pasa de 5.590.521 a 5.485.761. Son 104.760 menos en el total entre las altas y bajas planificadas, tras la derogación de las moratorias previsionales.

 La caída del número de jubilados revela el hecho cada vez más excepcional de que un trabajador reúna los 30 años de aportes y logre acceder a una jubilación en tiempo y forma. Esto es la consecuencia directa del crecimiento exponencial de la precarización laboral y el trabajo en negro, que se desarrolló a lo largo de los últimos gobiernos y fue la base de la recomposición de la tasa de ganancia capitalista desde la crisis de 2001. 

 El gobierno aumentará, en cambio, la cantidad de adultos mayores que cobran la PUAM (pensión universal para los adultos mayores), que pasarán de 220.308 a 253.032 en 2027, una diferencia de 32.724 beneficiarios, aproximadamente un tercio de la caída de las jubilaciones. La PUAM representa el 80% de la mínima jubilatoria, unos $342.908 a los que se suman $70.000 del bono. El vencimiento de la moratoria de marzo de 2025 lleva a que las personas que alcanzan la edad jubilatoria sin los años de servicios requeridos encuentren en la PUAM la única alternativa de cobertura previsional. Se calcula que la cantidad de pensionados pasará del 3% del total de titulares en 2026, a 3,5% en 2027, llegando al 9% en el 2030 y al 25% en el 2034. Se va cumpliendo, de facto, el propósito de desvincular la jubilación del salario y convertirla en un subsidio a la vejez. Es el planteo que llevó Patricia Bullrich al coloquio patronal de IDEA, donde fue ovacionado por los empresarios. La PUAM no es compatible con la pensión a la viudez y no es "universal" pues está reservada a los mayores en situación de "vulnerabilidad". Bajo este esquema, los trabajadores tendremos que trabajar hasta el último día de nuestra vida por pura necesidad. Esta política se viene imponiendo de facto. La ´reforma estructural´ del sistema previsional tiene el doble propósito de acelerarla e imponerla ´jurídicamente segura´.

 En CABA, según cálculos del instituto oficial porteño, la canasta para una pareja de jubilados se ubica entre los 1,7 y 3 millones de pesos. Como su evolución le gana a los aumentos pautados en los haberes, la brecha entre los que ganan los jubilados y la cobertura de sus necesidades básicas no hará más que ensancharse. La pérdida frente a la inflación se produce mes a mes debido a que ANSES toma la variación del IPC (índice de precios al consumidor) con dos meses de rezago, lo que genera un desfasaje respecto a los ajustes que tienen pensiones y jubilaciones, las cuales tuvieron incrementos anuales por el 33%, dando un 5% a 3% de pérdida de poder adquisitivo para la masa de jubilados y pensionados en solo un año. Anualizado, el reajuste fue de sólo el 27,5%, marcado por el congelamiento del bono que, desde marzo de 2024, se mantiene en $70.000. La caída es de hasta 10 puntos porcentuales. El único factor que modera esta pauperización son los llamados "ingresos laterales" (ayudas de hijos y parientes y esquemas de informalidad laboral para los adultos). 

 Considerando que a nivel nacional son casi 3 millones los que perciben el haber mínimo más el bono, son la mitad de todos los que cobran hoy en día a través del sistema contributivo.

 A medida que el régimen económico de Milei-Caputo se derrumba, el gobierno agudizará los ataques contra los trabajadores, comenzando por los jubilados, que han sido particularmente castigados por la motosierra libertaria pero también por los gobiernos precedentes del peronismo y del macrismo. Debemos frenar esta masacre social con la lucha y un programa - jubilación a los 60 y 65 años con el 82 % móvil del salario, no al aumento de la edad jubilatoria, financiamiento del sistema previsional exclusivamente a cargo de las patronales, jubilación mínima equivalente al costo de la canasta familiar.

 Leonardo Perna 

 03/10/2026

La ultraderecha golpista se prepara para ganar el balotaje en Brasil

Una avalancha a lo largo y ancho del país. 

 “Acabamos de recibir una lección sobre la democracia de Brasil con el voto del pueblo brasileño”, capituló Lula da Silvia al conocer los resultados de la primera vuelta disputada el domingo reciente. Para The Wall Street Journal, por el contrario, “La campaña electoral ha sido una de las más viciosas de la historia democrática de Brasil”. No solamente estuvo marcada por una ola de denuncias de corrupción que involucraron, por sobre todo, al candidato de la ultraderecha, sino que quebraron políticamente al Superior Tribunal de Justicia, envuelto en la mega estafa que llevó a la disolución del bancos Master y al arresto de su dueño, Daniel Vorcaro. Donald Trump sometió a Brasil a sanciones tarifarias por motivaciones de todo orden, desde el reclamo de la supresión del sistema público de pago inmediato, conocido como Pix, a la exigencia de que fuera liberado el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo. La reivindicación electoral del elenco golpista de enero de 2023 es una manifestación de la quiebra de la democracia política. 

 Los dos puntos de diferencia que ha conseguido Flavio Bolsonaro contra Lula en el primer turno, es una expresión infiel del derrumbe sufrido por el gobierno del Frente Brasil Popular. Sumado a los otros tres candidatos con relevancia electoral, la ultraderecha reúne, con matices, al 56% del electorado. Pero cuando se la coteja con las elecciones a las gobernaciones estatales y al Congreso, el panorama es aplastante. Desde Minas Gerais y Pernambuco hacia el sudeste, los ocho estados que concentran el PBI de Brasil, la derecha gana en el primer turno; en el caso del Estado de São Paulo, el derechista Tarciso de Freitas se impone con más del 60% de los sufragios a Fernando Haddad, el ministro de Economía de Lula. El partido Liberal de Bolsonaro duplica su representación parlamentaria; el PT crece el 12%. El PT consagra solamente dos gobernadores, en Bahía y en Fortaleza; el resto del nordeste se reparte entre la derecha oficial y la coaligada al Frente Brasil Popular. Están reunidas las condiciones para que la derecha ocupe las vacantes que dejarán los jueces de los tribunales superiores. La derechización del aparato estatal no podría ser más completa. Si Lula revirtiera en el balotaje el resultado del primer turno, su cuarto mandato lo tendría como rehén político, sujeto a cualquier iniciativa de juicio político.

 A la vista de los resultados, las medidas adoptadas por Lula en la última semana de la campaña no le han aportado ninguna ganancia. La supresión del juego en línea, al que se adjudica el endeudamiento incontrolado de la llamada población vulnerable, es probable que haya suscitado una contraofensiva de los negocios de apuestas y de los clubes de fútbol, que recogen parte de esos recursos. En cuanto a la compra de la cartera insolvente de los bancos por el 10% de su anotación contable, seguramente sufrirá cambios mayores, si no es que se abandona para favorecer las llamadas negociaciones privadas. 

 El endeudamiento personal en Brasil es simplemente descomunal, que funciona como palanca del consumo frente a los bajos ingresos personales. Tampoco el aumento de la Bolsa Familia y el salario, escasamente por encima de la inflación, han apuntalado al gobierno presente. Brasil enfrenta una tormenta financiera perfecta, pues tiene una deuda pública de dos billones de dólares, un 90% del PBI, concentrada en el corto plazo, más otra deuda internacional privada enorme, aplicada al mercado accionario y a obligaciones privadas. Para contener una fuga de capitales y corridas cambiarias, tiene uno de los mayores "carry trades" del mundo, con una tasa de interés anual (Selic) del 15%, que ya ha tenido picos prolongados por encima del 25 %. Una carga explosiva para la economía y la población. Las consecuencias son visibles para el Tesoro: el déficit primario de menos del 1%, como consecuencia de una política de ajuste ‘ortodoxa’, se ha convertido en un déficit fiscal del 8%, luego del pago de los intereses. La ultraderecha, de ratificar los resultados en las próximas semanas, gobernará sentada en un volcán. 

 El resultado del primer turno ha vuelto a ser descripto como “un voto castigo” al gobierno, que, bien mirado, es una frase de circunstancias que no explica nada. La coalición gubernamental presidida por Lula ha gobernado en función de los intereses de clase que representa, como no podía ser de otro modo. Esos intereses de clase son, sin embargo, contradictorios, no homogéneos, competitivos con una realidad capitalista mundial sumida en la anarquía. El giro político del aparato de Estado hacia la derecha sin resistencia, que arranca con el golpe de Estado contra la expresidenta Dilma Roussef, es la expresión de la ausencia del proletariado en este escenario, en calidad de fuerza histórica independiente. La pequeña burguesía petista ha sido políticamente instrumental a favor de este desarrollo. Es precisamente la razón por la que tiende a desaparecer del escenario político brasileño y dejar un legado nefasto. En condiciones desfavorables de atomización política, una parte de las masas, en especial la pequeña burguesía, desarrolla una tendencia reaccionaria y busca la protección represiva del Estado para defender sus ‘derechos adquiridos’.

 Una consagración de Flavio Bolsonaro llevaría a Brasil a integrar el Escudo de las Américas, el instrumento político-militar de Donald Trump. Esto abriría, probablemente, un estado de deliberación en las fuerzas armadas de Brasil, tironeadas entre la dependencia del Pentágono y una insistencia retórica en su autonomía. Sumiría a Brasil en una cuasi guerra civil, dada la penetración social de las grandes organizaciones del narcotráfico – el Comando Uno de la Capital y el Comando Vermelho. Brasil no tendrá de aquí en más ni Orden ni Progresso, las dos consignas instaladas por la Vieja República. 

 Los BRICS, China y Rusia han sufrido una derrota. Una presidencia Bolsonaro no desalojaría a China de la condición de primera inversora extranjera, dados los lazos que guarda con el agronegocio y la asociación con el capital internacional para producir Vehículos Eléctricos. En cuanto a la disputa con Donald Trump por el control de la cadena de producción para explotar los minerales raros, el pronóstico es reservado. China habría ofrecido instalar en Brasil la refinación de la materia prima, que es la cuestión central de la cadena; Silicon Valley, el conglomerado de firmas de semiconductores e Inteligencia Artificial, quiere ese monopolio para sí. Pero incluso un gobierno brasileño trumpista podría resistir esa pretensión. Es un conflicto que se dirimirá en el escenario internacional. 

 Lula dará la pelea por el balotaje con todos los recursos de una presidencia en funciones. Buscará achicar la masa de abstenciones (20%) y pelear un punto de los votos del médico Cury, el menos derechista de los tres candidatos excluidos. Podría poner en práctica, como está previsto, la compra de carteras de los bancos para reducir en forma drástica las deudas insolventes. Intentará ganar la participación de algunos gobernadores de posición intermedia y derrotar a Bolsonaro, por supuesto, en el debate entre candidatos a la presidencia. 

 Las circunstancias políticas inmediatas son, sin embargo, secundarias. Bolsonaro es la incorporación de Brasil a la guerra imperialista – gastos para el rearme, serrucho social. En una situación de default potencial, enfrenta una crisis financiera internacional que aumenta el costo de la refinanciación, aunque no lo refleje aún el llamado riesgo-país (pero puede ser contagiado por la endémica Argentina). Circunstancias análogas han sacado a la juventud estudiantil de Francia a la calle y a una masa policlasista en España contra los monopolios inmobiliarios; podría declararse un paro general de las centrales sindicales. A través de estas experiencias históricas se irá desarrollando una consciencia de clase proletaria, luego de las derrotas propiciadas por la socialdemocracia y el stalinismo, que llevaron a la disolución de la URSS y a la conversión de China en una enorme plataforma de acumulación internacional de capitales. 

 Jorge Altamira

 05/10/2026

Visita del Papa León XIV a la Argentina: entre salvavidas y corderos

Con pogroms y bulldozers avanza la limpieza étnica en Cisjordania

Los ‘acuerdos de Oslo’ y la Autoridad Palestina, en completa demolición. 

 La hojarasca del repudio al genocida Netanyahu en la asamblea de la ONU no puede esconder que la limpieza étnica de Palestina avanza raudamente. La complicidad no es sólo de los yanquis, sino de todo el imperialismo mundial y también de los ´nacionales y populares´ urbi et orbi - Kicillof a la vanguardia. Sí, en cambio, avanza una vasta ola de repudio popular.

 Según la organizaciones de derechos humanos Peace Now y Kerem Navot, desde 2023 no queda ya nada de los acuerdos de Oslo: “el gobierno israelí ha acelerado la anexión de facto de Cisjordania mediante ´una transformación sistemática del régimen de control´, que incluye la expansión de los asentamientos, el desplazamiento de comunidades palestinas, la legalización retroactiva de puestos de avanzada y un mayor control sobre zonas que anteriormente estaban bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina” (Haaretz, 28/9). “Los cambios en Cisjordania durante el mandato del actual gobierno son ´sin precedentes´. Entre 2023 y 2025, se establecieron 185 nuevos puestos avanzados en Cisjordania, la mayoría asentamientos agrícolas y los llamados puestos avanzados juveniles en las cimas de las colinas. En conjunto, controlan alrededor del 18 % de la superficie total de Cisjordania (…), 118 comunidades y asentamientos de pastores -áreas residenciales, algunas de las cuales forman parte de esas mismas comunidades- fueron sistemáticamente desplazados. Los residentes abandonaron sus hogares debido a la violencia de los colonos, las restricciones al acceso al agua y la falta de protección por parte de las autoridades” (ídem).

 Según aquellos acuerdos la división artificial de Cisjordania en las Áreas A, B y C debería haber expirado en 1999. “Para entonces, la mayor parte del territorio, a excepción de los asentamientos y las bases militares entonces existentes, debía haber sido transferida a la plena autoridad civil palestina” (ídem). Ha ocurrido lo contrario: esos asentamientos y bases se duplicaron con creces y la Autoridad Palestina ha perdido casi total control sobre las áreas asignadas inicialmente (ni hablar de las que supuestamente sumaría). 

 Israel ha avanzado sistemáticamente sobre la propiedad palestina. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las demoliciones realizadas por Israel en la Zona C (bajo control de la AP) en construcciones no permitidas por Israel aumentaron en aproximadamente un 80 por ciento entre los periodos 2010-2022 y 2023-2025. En este mismo período los sionistas han abierto en Cisjordania 223 kilómetros de nuevos caminos de tierra sin autorización oficial. Alrededor de la mitad de estos caminos atraviesan terrenos de propiedad privada palestina. 

 Ahora los colonos, amparados en el ejército y la policía de fronteras del fascista Ben Gvir -partidario desembozado de una nueva Nakva- van por la fractura geográfica de la región de Ramallah -una de las más pobladas de Cisjordania y sede de la administración de la AP- apropiándose de una ruta construida por los propios palestinos: “la carretera en cuestión tiene una longitud aproximada de 10 kilómetros, desde la ciudad de El Bireh y el campamento de refugiados de Jalazone, al este, hasta la aldea de Ein Qiniya, al oeste. Forma parte de una red vial planificada y pavimentada por el municipio de Ramallah y conocida como la ´Carretera China´, en referencia a China, país que financió el proyecto. Esta red vial alivia la congestión del tráfico en los centros de Ramallah y El Bireh”. El uso compartido de la ruta prepara la militarización total de la zona y su división (ídem). La Autoridad Palestina ejerce en forma cada vez más retaceada una autoridad delegada por los sionistas. Lo hace sobre un conjunto de bantustanes, donde Abbas y Al Fatah actúan en carácter de virtuales judenrats -colaboracionistas judíos en los guetos nazis. Haaretz señala: “los colonos israelíes pretenden dividir la metrópolis de Ramallah (…) las Fuerzas de Defensa de Israel siguen su ejemplo”. 

 A su vez, los dos millones de palestino-israelíes apenas la pasan ´mejor´: sin ellos no habría servicios de salud, ni construcción ni funcionarían otras áreas vitales del Estado sionista. ´Compensan´ así el enrolamiento permanente de la población judeo-israelí que guerrea contra palestinos, el Líbano, Irán, etc. El deterioro de las condiciones de vida en las comunas árabes de Israel es pavoroso. 

 A la inversa, los presupuestos de guerra y para el subsidio de la colonización ilegal en Cisjordania, para rutas VIP de uso exclusivo de los colonos, etc. se han multiplicado. En los últimos años Israel destinó “2.300 millones de dólares a carreteras que dan servicio sólo a los asentamientos… a 300.000 habitantes, quienes se benefician del 30% del presupuesto asignado para el desarrollo de carreteras interurbanas” (ídem), mientras 3,5 millones de palestinos transitan rutas en pésimo estado, bloqueadas cada tantos kilómetros por checkpoints del ejército sionista. 

 Esta semana, en lo que parecía una excepción, un tribunal israelí terció a favor de una familia palestina expulsada por colonos dos meses atrás. Una patrulla de 12 soldados ´acompañó´ a la familia en su retorno, pero unos “150 colonos se amotinaron e impidieron el regreso” (ídem). Al parecer, de cara a los próximos comicios israelíes, el movimiento de los colonos está cebado: hay en marcha una campaña para recolonizar la Franja de Gaza, de donde los sionistas salieron en 2005. El último fin de semana cerca de la frontera con Gaza un festival reunió a más de 1.500 familias que se registraron a ese fin. “La idea de reasentar Gaza -informa Haaretz- ha cobrado nueva fuerza durante la guerra” (ídem).

 Los asentamientos sionistas en Cisjordania explotan mano de obra palestina y son ya un componente significativo de la economía israelí. “Ahora sabemos que uno de cada seis productos agrícolas exportados desde Israel a Europa proviene de asentamientos”. Emily Schaeffer Omer-Man, abogada de derechos humanos, denuncia que “se manipulan los productos de los asentamientos para hacerlos pasar por productos israelíes, mediante etiquetado falso" (Haaretz, 24/9). Se pone, así, de relieve lo inocuo de los llamados boicots a las mercancías de los asentamientos que sostienen ciertos países. La propia ONU acaba de publicar “una nueva lista de empresas de todo el mundo que hacen negocios con los asentamientos israelíes”. La nueva lista añadió 61 empresas a una base de datos de negocios de 11 países, elevando el total a 241 (The New York Times, 25/9). 

 Norberto Malaj 

 01/10/2026