miércoles, 30 de abril de 2025

A 40 años del inicio del proceso contra los jerarcas de la dictadura


Iris Avellaneda: "Sentí orgullo al haber participado del Juicio a las Juntas"

 Fue secuestrada el 15 de abril de 1976 junto a su hijo de quince años, Floreal "Negrito" Avellaneda. Fue liberada recién en 1978. A los tres días se enteró de que el chico había aparecido muerto en las costas de Uruguay. "Fue un exterminio, y seguiré peleando", dice en diálogo con Página/12. 

 El testimonio de Iris Pereyra de Avellaneda duró cerca de media hora, pero fue uno de los más desgarradores que se escucharon en las audiencias del Juicio a las Juntas. La mujer, que se reivindicó como militante comunista, contó cómo el 15 de abril de 1976 una patota llegó a su casa buscando a su marido. Al no encontrarlo, los secuestraron a ella y a su hijo de quince años, Floreal “Negrito” Avellaneda. Lo último que escuchó de su hijo fueron los gritos en la tortura antes de ser llevada desde la comisaría de Villa Martelli a Campo de Mayo. Desde la cárcel de Olmos, Iris escribió más de 60 cartas preguntando por el paradero de su hijo e impulsó hábeas corpus. Cuando la liberaron, salió dispuesta a meterse en Campo de Mayo para encontrar al “Negrito”. Pero, a los tres días alguien se animó y le dijo: “No lo busques más, al ‘Negrito’ ya lo mataron”. Su cuerpo había aparecido en las costas del Uruguay, con signos de haber sido brutalmente atormentado. La presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) recordó aquellos días en diálogo con Página/12. 
 –¿Cómo llegó a declarar en el Juicio a las Juntas? 
 – Empecé a declarar en 1979, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Después con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Cuando fue el Juicio a las Juntas, los compañeros me llamaron. No me negué. Al contrario, yo quería ser testigo. Quería enjuiciar a la Junta Militar.
 –¿Tenía, además, una causa abierta en la justicia de San Martín por lo que pasó con el “Negrito”? –Claro. Nuestro secuestro fue el 15 de abril de 1976. Salgo en 1978, en plena dictadura. No se podía hacer ni mover nada. Cuando yo salgo en libertad, recién al tercer día, me entero por mi cuñada de lo que había pasado con el Negrito en las costas del Uruguay. Había aparecido ahí por los vuelos de la muerte. Para mí fue un golpe tremendo. Recién en 1983, cuando vino la democracia, pudimos empezar hacer algo. El doctor Julio Viaggio, un abogado de la LADH, llevó la causa. Nos reuníamos cada semana para apuntar datos, saber qué había pasado y tener una buena estrategia. 
 –¿Y la relación con Uruguay? 
 –Allá aparecen los cuerpos. El del “Negrito” pudo ser reconocido por el tatuaje que tenía con las iniciales FA. Cuando presentamos la querella en Uruguay, los jueces se declararon incompetentes. Lo pudimos identificar por las fotos que sacó un fotógrafo conocido de Carlitos Zamorano, nuestro querido abogado de la Liga. La única prueba que tuvimos para el juicio de 2009 fueron esas fotos. (N de R: Nunca se recuperó el cuerpo del "Negrito"). 
 –¿Qué recuerda del día que declaró en el Juicio a las Juntas? 
 –Llegué al tribunal y el que me recibió de entrada fue Pablito Llonto, que era periodista de Clarín entonces. Estuvimos charlando. Yo estaba muy nerviosa. Tenía 46 años cuando fue el juicio. Era mi primera vez como testigo. Se me hacía un nudo en la garganta. El juez que me tomó la declaración me decía: “Tranquila, señora, tome un poquito de agua”. Declaré y me retiré. No me quise quedar. 
 –¿Con la fiscalía había tenido contacto antes? 
 –No, no. Pero me llegaron mucho las palabras de Julio Strassera (en el alegato) cuando dijo “Nunca Más”. Porque, era cierto, el juicio era un Nunca Más a un golpe de esta índole.
 –¿Y cómo tomó la sentencia?
 –La escuchamos por la tele. Fue un aliciente porque se condenaba a la Junta. Para mí fue importante este juicio. No se había hecho algo así en el exterior. El primer juicio fue así acá, en la Argentina, y eso te toca. Te da orgullo haber sido parte.
 –¿Cómo sintió que fue el trato a los sobrevivientes?
 –Yo nunca negué que militaba en el Partido Comunista, y menos a los jueces. A ellos les interesaba saber cómo me había enterado de que el “Negrito” había aparecido por los vuelos de la muerte.
 –¿Percibió diferencias entre el Juicio a las Juntas y el que se hizo en 2009? 
 –Fue distinto el juicio. Fue duro porque en un momento Santiago Omar Riveros se paró y dijo que quería pedirnos disculpas. ¿Disculpas de qué? ¿Después de que mató al “Negrito”? No me cabe ningún respeto hacia esa persona. Se quería lavar las manos. Después vino la película Argentina, 1985, que aparece mi testimonio. Fue importante. Soy una de las pocas personas que aparece testificando, no personificada por actores. Me hubiese gustado que me contactaran antes para poderles explicar más sobre el “Negrito”.
 –¿Cuándo empezó a militar su hijo?
 –A los doce años, le dice entusiasmado al padre que se había afiliado a la “Fede” (la Federación Juvenil Comunista). Siempre iba al local de Boulogne, a veces con el padre. Él no hacía militancia en la calle. Nosotros teníamos un mimeógrafo en casa. Como militábamos, necesitábamos volantes, y él los hacía. Era un crack en eso. Desgraciadamente pagó con la vida por esta gente tan inescrupulosa de la Junta Militar. Esto fue un exterminio, y yo seguiré peleando. 

 Luciana Bertoia 
20 de abril de 2025 - 00:01

El mayor atentado contra la Iglesia Católica durante el terrorismo de Estado


Guillermo Rivarola ya fue citado por Daniel Rafecas por no investigar una matanza de presos en el penal de Villa Devoto, ocurrida en 1978. Ahora reclaman que brinde explicaciones por el asesinato de cinco religiosos

 El exjuez Guillermo Rivarola debe presentarse el próximo 20 de mayo para explicar por qué no investigó la masacre del Pabellón Séptimo de la cárcel de Villa Devoto, ocurrida en marzo de 1978. Pero los problemas podrían multiplicarse para el exmagistrado, ya que los querellantes pidieron que también se lo indague por no haber investigado la matanza de San Patricio, cuando la dictadura asesinó a tres curas y dos seminaristas palotinos. 
 Rivarola juró como juez federal en mayo de 1976 por obra y gracia del dictador Jorge Rafael Videla. Dos meses después de su jura, tuvo en sus manos un caso muy sensible: el asesinato a sangre fría de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau y de los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio Barletti.
 La masacre de San Patricio se perpetró en la madrugada del 4 de julio de 1976. Durante muchos años se pensó que detrás del hecho había estado el grupo de tareas que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), pero hace dos años el juez federal Daniel Rafecas aceptó investigar el caso como una posible represalia ante la bomba que Montoneros colocó el 2 de julio de 1976 en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde funcionaba el área de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. 
 Los abogados Pablo Llonto, Adrián Krmpotic y Ariel Noli se presentaron ante Rafecas, en representación de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. para pedirle que indague a Rivarola también por su rol en la no investigación de los asesinatos de los religiosos. Para ellos, Rivarola incurrió en varios delitos: incumplimiento del deber de persecución y represión de delincuentes, encubrimiento, prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. 
 La investigación acerca de lo que había pasado en la casa pastoral de la calle Estomba se inició en la mañana del 4 de julio de 1976, cuando en la Comisaría 37 recibieron una llamada alertando de que había sucedido un “hecho de sangre”. 
 Durante tres días nadie relacionó –al menos en los papeles– la matanza de los palotinos con otro hecho que había ocurrido en la madrugada del 4 de julio de 1976. Ese día, un muchacho de 18 años estaba volviendo a su casa y vio dos autos sospechosos estacionados frente a la parroquia. Decidió ir a dar aviso a la comisaría. Allí, explicó que había visto un Peugeot rojo y otro clarito con dos ocupantes masculinos en cada uno. La comisaría mandó un patrullero para hacer el control y aparentemente se quedó un buen rato. 
 Rivarola se enteró de esta “casualidad” el 7 de julio de 1976, cuando fue a la iglesia de San Patricio y habló con vecinos del barrio. Recién allí tomó declaración al oficial de la 37 que había hecho el control. El policía confirmó que había dos Peugeot estacionados donde los había visto el muchacho, pero dijo que únicamente encontró un coche con un único ocupante: un hombre que le dijo que estaba esperando a una señorita. Casualmente no recordaba su nombre ni la patente del auto. 
 Para los abogados querellantes, Rivarola debió advertir lo evidente: que en la comisaría 37 estaban ocultando el episodio de los dos Peugeot estacionados frente a la parroquia. Para ellos, el magistrado avaló el ocultamiento que habían hecho los policías, que recién el 7 de julio de 1976 registraron el episodio en el sumario policial. Tampoco tomó medidas para identificar a quienes estaban en los vehículos, como la realización de identikits o la exhibición de álbumes de fotografías. 
 La querella también resaltó que Rivarola “no se preocupó” por relacionar las notorias evidencias de que en esos días aparecían decenas de cadáveres como mensajes públicos en la calle y “muestra notoria del raid homicida de la Policía Federal”. Según el informe Nunca Más, entre el 3 y el 7 de julio de 1976 –es decir, inmediatamente después de la bomba en la SSF o Coordinación Federal– ingresaron 46 cadáveres en la morgue. Todos presentaban heridas de bala, ya sea en el cráneo, tórax, abdomen o pelvis y la causa de muerte tenía que ver con una hemorragia interna. 
 Según la presentación, Rivarola tampoco se preocupó por preservar los proyectiles y las cápsulas que se encontraron en la casa parroquial. Estuvieron cerca de cuatro meses en la comisaría 37. El peritaje lo hizo Prefectura y dijo que las muertes habrían sido ocasionadas por cinco tiradores que dispararon usando una Browning 9 milímetros, explicación que para la querella es inverosímil. 
 “El encubrimiento tuvo como finalidad garantizar la impunidad de los crímenes cometidos y negar el derecho de los familiares a saber la verdad. No solo encubrió los homicidios, encubrió el accionar de los partícipes que permitieron la ‘zona liberada’”, escribieron. 
 Rafecas deberá resolver si también indaga a Rivarola por la masacre de San Patricio –caso emblemático de su accionar en dictadura, ya que demandó al periodista Eduardo Kimel por criticar su actuación en el expediente. La justicia argentina condenó a Kimel y lo obligó a pagar 20 mil dólares. En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sancionó al Estado argentino por la persecución a Kimel. Al año siguiente, se eliminaron los delitos de injurias y calumnias para asuntos de interés público. 
 Mientras todos los ojos están posados en el Vaticano, donde deberá definirse quién sucederá al Papa Francisco, la masacre de San Patricio se sigue con mucho interés en el mundo religioso, ya que constituyó el mayor ataque a la Iglesia católica durante la última dictadura. 
 Fue el propio Jorge Bergoglio quien abrió el proceso de canonización de los palotinos cuando era arzobispo de Buenos Aires. Conocía bien el caso porque había sido confesor del Padre "Alfie" Kelly.
 El 4 de julio pasado, cuando se cumplieron 48 años de la masacre, el arzobispo Jorge García Cuerva presidió una misa en la que mostró su apoyo a la causa canónica.

 Luciana Bertoia 
30 de abril de 2025 - 00:01

martes, 29 de abril de 2025

"La vigencia del socialismo viene de la crisis del capitalismo" / Gabriel Solano

Playa Girón, Estados Unidos autor confeso

Socialismo o Barbarie Ep 14: 1ero de Mayo Dia Internacional de los Trabajadores

Los corredores bioceánicos son otro objetivo de la guerra imperialista


El presidente norteamericano Donald Trump está focalizado en lograr el control de su zona de influencia próxima, el continente americano y en especial los pasos marítimos. En Panamá, desembarcó tropas del ejército y está logrando la expulsión de los capitales chinos con el propósito de retomar el control del canal que Estados Unidos ocupó durante casi todo el siglo XX. La disputa por el control de los pasos era algo que se preveía desde antes de que asumiera, debido al enfrentamiento comercial con China y, asimismo, por la saturación del Canal. Para contrapesar este control, muchos países latinoamericanos están emprendiendo corredores bioceánicos como pasos alternativos, impulsados claramente por China.

 México 

Desde el gobierno de López Obrador, México se puso el objetivo de construir y mejorar un paso interoceánico. El Tren Interoceánico -que conecta los océanos Pacífico y Atlántico en la parte más angosta de México-, a pesar de que está construido sobre líneas ya existentes, tiene un impacto ambiental que, según denuncian las comunidades aborígenes, no fue estudiado ni tenido en cuenta. El tren está conectado además con otras dos vías férreas que atraviesan al Istmo en forma transversal.
 Esto ha representado para los defensores indígenas del territorio una amenaza diaria, debido a las detenciones y acusaciones penales por oponerse a este proyecto. La obra ha sido criticada por deforestación excesiva, contaminación del agua, falta de información sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el bloqueo de la participación activa de las comunidades. (Mongabay, 3/02). Además, se pretende que el tren recorra más de 300 km en 3 horas y media, lo cual implica imposibilidad de paso para animales y personas con su correspondiente vallado. 
 En enero fue asesinado Arnoldo Nicolás Romero, un comisario ejidal -autoridad encargada de la administración de tierras comunitarias- en San Juan Gichicovi, Oaxaca, uno de los estados que atraviesa el tren. Romero era uno de los líderes contra el corredor. Otros 23 defensores, muchas mujeres aborígenes, enfrentan un proceso penal desde 2023 por acciones pacíficas de resistencia contra el tren cuando, ni siquiera, hubo bloqueos.
 Según el monitoreo “Alas y raíces”, realizado por diferentes organizaciones civiles de México, Oaxaca es el estado más peligroso para la defensa de los derechos humanos. De 225 personas defensoras asesinadas en el país entre 2018 y 2024 –sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)– 58 eran de este distrito, eso equivale a casi el 26 %. Además, del total de asesinatos cometidos en ese sexenio, un 41 % correspondía a personas defensoras del territorio y del medio ambiente. (Ídem) 
 Mientras se hacían las obras, los asesinatos por arma de fuego crecieron en la región, irrumpió el crimen organizado y se descubrió una fosa clandestina en San Juan Guichicovi, en 2021. Y es que no solo se trata de las vías férreas y de las 13 contratistas a cargo del negocio –de las cuales 3 son españolas, a pesar de la promesa de AMLO de que solo habría contratación nacional–. Hay varios emprendimientos industriales y extractivistas vinculados al corredor, ya que toda la zona alrededor de las vías fue declarada zona franca. Sobre esto, hay numerosas denuncias por contaminación del agua, peces muertos y deforestación excesiva. 
 Las 10.000 personas que durante el gobierno de AMLO siguieron desapareciendo por año, dan cuenta de que los gobiernos nacionales y populares no afectaron en nada al crimen organizado, mucho menos cuando ataca a las organizaciones populares. Sin embargo, en materia de “logros” se puede anotar un poroto. Esta semana, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec logró concretar su primer traslado en solo una semana -600 automóviles Hyundai- los cuales fueron movilizados desde el puerto de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. La misma operación, hecha por el canal, hubiera demorado mínimo 12 días. 

 Brasil 

El Corredor Ferroviario Bioceánico Central busca conectar Brasil, Bolivia y Perú a través de una red ferroviaria. Esta línea uniría el océano Atlántico, desde el puerto de Santos (Brasil), con el océano Pacífico, mediante el puerto de Chancay (Perú), con una inversión de China estimada en 3.500 millones de dólares. 
 En 2023 se había firmado un acuerdo entre los dos países del BRICS, pero recién esta semana funcionarios chinos viajaron a diferentes estados de Brasil para visitar las zonas comprometidas en el proyecto. El impacto ambiental y la afectación de las comunidades aborígenes que viven en la Amazonia es algo que tampoco se está revisando. 
 Al mismo tiempo, Lula retoma junto con Boric el Corredor Bioceánico que implica una red de rutas para unir, a través de 2.400 kilómetros, el sur de Brasil, el Chaco paraguayo y las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos chilenos de Antofagasta, Mejillones e Iquique, para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. 
 En la ya mencionada visita, los funcionarios chinos también se interesaron por el proyecto. En otro encuentro que Boric tuvo con Lula estos días, el presidente chileno asintió callado todas las palabras de acercamiento que el brasileño tuvo con China, cuando también lo invitó a vincularse a los BRICS.
 Sin embargo, casi al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile cuestionó la legalidad del convenio firmado entre la Universidad Católica del Norte (UCN) y el Observatorio Nacional Astronómico de China para realizar un proyecto astronómico en Antofagasta, Chile, y así confirmó su suspensión. Este límite a China se produce luego de una apretada del gobierno de Trump a Boric alarmado por el uso que de los telescopios se podía dar en defensa. Es una disputa por la influencia minuto a minuto. 
 En cualquier caso, la reorientación del comercio hacia el Pacifico no cambia la matriz productiva de América latina. Es otra forma de consolidarla. China se asegura la provisión de materias primas y alimentos, y la colocación de manufacturas de todo tipo.

 Ártico

 La obsesión de Trump por Groenlandia y Canadá responde a un interés concreto que es el control del océano Ártico. El recalentamiento global, que en esa zona es cuatro veces mayor que en el resto del mundo, está provocando el descongelamiento que permite la navegación, antes casi imposible. 
 China incursiona desde hace años en lograr esta vía navegable debido a que le acorta considerablemente los tiempos de llegada a Europa. 
 Parte del interés de Trump de acercarse a Rusia tiene que ver con lograr dominar esta vía que por un lado le resulta una alternativa al canal de Panamá, y por otro es la ruta más próxima a parte de Europa y la misma Rusia. 
 Los pasos son claves para el comercio y son estratégicos para la guerra, pero en esta disputa no entran en juego los intereses de los trabajadores. La soberanía que se encuentra comprometida -como la del canal de Panamá- o el cuidado ambiental, sólo pueden ser defendidos con una lucha consecuente contra el imperialismo y todas las formas de explotación humana. 

 Aldana González
 25/04/2025

lunes, 28 de abril de 2025

“Operativo Roca”: el gobierno autoriza a los militares a detener civiles


Las “reglas de empeñamiento” son órdenes que reciben las tropas militares cuando son movilizadas. Según información difundida en las últimas horas, las “reglas de empeñamiento” que recibieron los soldados enviados a la frontera norte del país para participar del “Operativo Roca”, de carácter “reservado”, incluyen la autorización a detener civiles en caso de flagrancia. Según el ministro de Defensa, Luis Petri, “de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación, la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la Policía, por cualquier otra autoridad o incluso por una persona común. El aprehendido debe ser conducido a la brevedad posible ante autoridad competente para que se inicie la investigación”. Con esta falacia, Petri pretende cubrirse por enviar militares a realizar tareas policiales a la frontera norte del páis. Antes de que alguien lo cuestionara, Petri salió a atajarse con un posteo en X: “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", postuló desafiante. Como fuente de autoridad, citó nada menos que la militarización de la frontera con México dispuesta por Trump: “Estados Unidos lo acaba de anunciar en enero, por que (sic) acá algunos se escandalizan?", se pregunta Petri. Cabe agregar, Trump también proclamó pretensiones anexionistas, lanzó un programa arancelario equivalente a una declaración de guerra contra el mundo y encabeza ofensiva belicista – si algo ha hecho el convicto magnate estadounidense es ´escandalizar´ a la humanidad.
 Con la excusa de “combatir al narcotráfico” y el contrabando, el gobierno dispuso una movilización extraordinaria de personal militar a las zonas de Jujuy y Salta. Aspira a a haber alcanzado el paso de 10 mil efectivos hasta fin de año. La militarización de la frontera norte tiene un inegable propósito represivo. Es una de las regiones más empobrecidas del país, pero que alojan, entre otros, algunas de las amyores reservas de litio del continente. La presencia militar, hasta ahora, no ha mostrado ninguna eficacia en la lucha contra la penetración de la droga; los narcos, en cambio, sí han demostrado una gran capacidad de penetración en el aparato represivo. La Gendarmería -la fuerza militarizada creada, precisamente, con el objetivo de patrullar las fronteras- y las policías provinciales han sido puestos sistemáticamente en la picota por su complicidad y participación en el tráfico de estupefacientes. Los especialistas en la materia, por otro lado, insisten en que el ingreso de la droga al país se realiza a través de avionetas o embarcaciones, su principal vía de salida son los puertos del río Paraná -en manos de concesionarios privados- y los beneficios son lavados a través del negocio inmobilario y el juego y acaban en el sistema bancario. En el norte de Salta, los operativos militares ´contra el narcotráfico´ detonaron una rebelión de bagayeros y la represión se cobró un muerto. 
 Las objeciones de la oposición y pseudo oposición patronal no denuncia el andamiaje represivo sino la falta de garantías a los militares. Se cita abusivamente la Ley de Defensa de la Democracia -que deja un amplio margen para el despliegue de fuerzas armadas- para invocar la necesidad de su reforma, con el propósito, justamente, de habilitar la injerencia militar en materia de seguridad interior. “Una resolución ministerial, como en este caso, no es suficiente para modificar el texto de una ley, si ella determina algunas prescripciones, por más que las intenciones sean buenas y que la ley esté obsoleta”, señaló Horacio Jaunarena, exministro de Defensa del gobierno de Alfonsín, y agregó: “Creo que uno de los puntos de modificación legal del plexo normativo, debe ser terminar con la concepción de dividir las funciones de las FF.AA y de Seguridad” (Clarín, 28/4). Ricardo López Murphy, quien ocupó el cargo en el gobierno de la Alianza, los militares “no tienen protección jurídica suficiente” para realizar tareas policíacas (ídem). Del otro lado de la ´grieta´, el exministro K, Agustín Rossi, Petri empuja “al personal miliatr a actuar fuera de la ley”. Durante su gestión, se puso en marcha el operativo “Escudo Norte”, como se llamó este mismo despligue -aunque con menor cantidad de efectivos- por los gobiernos kirchneristas, luego continuado por el gobierno de Macri. Los medios militares, por su parte, coinciden en atacar a la supuesta ´desprotección jurídica´ a la que se verían expuestos y agregan quejas por la razones estratégicas (“¿Qué hipótesis de conflicto enfrenta la Argentina?”) y hasta salariales (Zona Militar, 28/4)
 Si en algo coinciden los representantes de los partidos patronales es en el anhelo de ´recuperar´ a las fuerzas armadas para la vida política del país y garantizarse su respaldo como reaseguro frente a la crisis y levantamientos populares. 

 Jacyn
 28/04/2025

Tuberculosis, una enfermedad en aumento


Hace unos días se difundió la noticia de que una persona en situación de calle falleció a causa de un cuadro de Tuberculosis en la zona de Costanera Sur (Capital Federal). A su vez, uno de los Centros de Inclusión Social que depende del Gobierno de la Ciudad, el parador Costanera, tuvo que cerrar preventivamente unos días a raíz de la detección de un caso de dicha enfermedad. Estos hechos son el reflejo de una enfermedad que se encuentra en aumento y que tiene una estrecha vinculación con las condiciones de vida de la población. 

 En Argentina 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, prevenible y curable, causada por una microbacteria conocida como Bacilo de Koch. Su contagio se produce por la inhalación del bacilo que una persona enferma transmite a través del aire cuando habla, escupe, tose o estornuda. Para que se produzca el contagio el contacto entre personas debe ser frecuente. 
 En los primeros tres meses de este año se confirmaron 3488 casos. La tendencia al aumento de la enfermedad se mantiene constante desde la pandemia de Covid, cuando el promedio era de 2530. A su vez, el Ministerio de Salud de la Nación( https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2024/04/boletin_n_8_tuberculosis_y_lepra_en_la_argentina.pdf ), dio a conocer 16.647 casos de tuberculosis (más del 90% nuevos diagnósticos o recaídas) en 2024. En el Gran Buenos Aires, nueve municipios concentran el 30,6% de los casos. Junto con Jujuy, Salta, Formosa y Chaco, fueron las jurisdicciones que más casos notificaron al tener en cuenta la cantidad de población (por encima del promedio nacional de 33 casos por cada 100.000 habitantes). Es decir que estamos ante una situación alarmante. “A pesar de la importancia de la evaluación del tratamiento, en la Argentina, uno de cada cuatro pacientes no cuenta con información sobre su resultado terapéutico. En la provincia de Buenos Aires, esta proporción aumenta a uno de cada tres y en la región sanitaria [de nueve municipios del conurbano], uno de cada dos pacientes no tenía registrado su resultado final del tratamiento”, concluye el boletín difundido el mes pasado por el Ministerio de salud de la Nación a propósito del Día Mundial de la Tuberculosis. Pero lejos de reforzar el sistema de salud para hacerle frente a esta situación, el Ministro de Salud Mario “prepagas” Lugones, impulsa un feroz ajuste a través del cual se desmantelaron áreas estratégicas claves como la dirección de Vacunas y la de ITS, VIH, HEPATITIS Y TUBERCULOSIS, entre otras. 

 Una tendencia mundial 

La Organización Mundial de la salud (WHO por sus siglas en inglés, 14/03/2025), por su parte, alertó que la tuberculosis probablemente ha vuelto a ser la principal causa de muertes por patógenos infecciosos a nivel global, superando incluso a la Covid-19 en los últimos años. Este organismo relevó que, en 2023, 1,25 millones de personas murieron de tuberculosis en todo el mundo, incluidas 161.000 personas infectadas por el VIH. Es decir, estamos ante una tendencia a nivel mundial. 

 Las condiciones de vida, un agravante 

Profesionales refieren que las personas con VIH tienen 16 veces más probabilidades de contraer tuberculosis e identifican que el mayor riesgo hoy se encuentra en las personas institucionalizadas, que viven en barrios con hacinamiento, que trabajan en talleres clandestinos y, también, la desnutrición. La constancia en el tratamiento es muy importante, ya que se necesita la constancia de seis meses de tratamiento (La Nacion, 16/04/2025). Un problema creciente asociado a la discontinuidad del tratamiento es la resistencia a una o más de las drogas utilizadas, lo que empeora los cuadros. Pero ocurre que pese a que la tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable, en un país donde la pobreza oscila por encima del 38% (datos oficiales del INDEC), la mayor parte de la población asalariada no llega a cubrir la canasta familiar (valorizada por encima de 1.500.000) y se ve un aumento de personas viviendo en la calle producto de los precios exorbitantes de los alquileres, habitaciones de hoteles y pensiones, resulta casi imposible sostener una vida saludable y mantener constancia en la realización de controles y tratamiento, aumentándose las barreras de accesibilidad. A esto hay que sumar el desguace que atraviesa el sistema de salud pública (Nota Asiner). 

 Opongamos una salida 

 Como venimos desarrollando en estas páginas, la destrucción del derecho a la salud, parte estratégica del ‘ajuste’ del capital para hacer frente a la crisis potencial más grande de la historia, es el principal responsable del aumento y la propagación de enfermedades; del ‘estado de bienestar’, la humanidad ha pasado al estado de la miseria social. En este sentido, la nacionalización del sistema de salud (atención médica y monopolios farmacéuticos), en el marco de una planificación de conjunto por parte de un gobierno de trabajadores, debe ir acompañada por un aumento sustancial de salarios y jubilaciones, y de una modificación radical de los sistemas de trabajo, y una reducción de la jornada laboral, acompañada de una política de vivienda e infraestructura urbana, en beneficio del conjunto de la población trbajadora. 

 Daniela Magoc 
 28/04/2025

Los primeros 100 días del pantano de Trump


Desde su asunción, Trump ha intentado establecer un régimen dictatorial unipersonal, para el cual se viene preparando durante años. Desde la asunción del cargo, el presidente estadounidense ha desplegado -a través de decretazos ilegales, o abiertamente inconstitucionales- todo un programa de gobierno arrollador. A diferencia de los DNU, en Argentina, sin embargo, las Órdenes Ejecutivas no necesitan revalidación parlamentaria. Aplicado a través de maniobras y trampas legales, esta conducta guarda la apariencia de una infinita “improvisación”. Trump ejecuta, sin embargo, un programa expuesto en el ‘Project 2025’ de la Fundación Heritage, un think tank de ultraderecha. Trump, además, aunque cuenta con la complicidad de la Corte Suprema, ha desacatado fallos judiciales y ha justificado estos desacatos con una interpretación ‘sui géneris’ de la Constitución. El magnate tiene toda la intención de provocar una crisis constitucional y, eventualmente, enmendar las cláusulas vigentes

 El choque con la Corte 

Aunque el trumpismo cuenta con una mayoría clara (de 2/3) en la Corte Suprema, ha venido sufriendo algunos traspiés. La Corte le dio la autorización, por un lado, para continuar con las deportaciones, pero por una mayoría mínima. Aplicó un tecnicismo que reserva para la Justicia estadual la jurisdicción acerca de las expulsiones de inmigrantes y su confinamiento en las megacárceles extranjeras o extraterritoriales, por ejemplo, de El Salvador o Guantánamo. 
 El caso del ciudadano salvadoreño Kilmar Armando Abrego García, quien fue expulsado e internado en la megacárcel del fascista Bukele por un “error administrativo”, ha desatado una crisis internacional. No se trata del único caso de “errores” admitidos, pero es paradigmático en tanto Abrego García ha caído en un laberinto jurídico y diplomático que Kafka no hubiera imaginado. La Corte Suprema ha ordenado el retorno de Abrego desde El Salvador, a lo cual el gobierno responde que no tiene cómo hacerlo. En una reunión de Trump con Bukele, en la Casa Blanca, el dictador salvadoreño declaró que no pensaba devolver a Abrego García, a quien calificó caprichosamente de “terrorista”. Abrego había sido procesado en 2019, y un juez había ordenado su deportación (pero prohibiendo que fuera expulsado a El Salvador), en base a una evidencia policial un informante confidencial que lo señaló como miembro activo de la (pandilla) MS-13, sin brindar una prueba material. Abrego, por otra parte, se encuentra casado con una ciudadana estadounidense con la cual tienen hijos en común. El senador demócrata Chris Van Hollen de Maryland (donde residía Abrego García) viajó a El Salvador a reunirse con el prisionero y realizar gestiones para su retorno, y denunció al gobierno por “desafiar rotundamente” las órdenes judiciales de retornar al deportado. 
 La voluntad de Trump de desacatar las órdenes judiciales ha quedado aún más clara tras el diálogo sostenido con Bukele (que fue grabado y reproducido por la prensa) en el cual el presidente le plantea al salvadoreño que van a seguir las deportaciones hacia la megaprisión… incluso de ciudadanos de EE.UU., algo que es todavía más inconstitucional. 
 El 19 de abril, la Corte Suprema emitió un fallo por mayoría de 7 a 2 para prohibir en forma temporal el reinicio de los vuelos de deportación de inmigrantes a la prisión de Nayib Bukele. Trump reaccionó con furia: “Estoy haciendo lo que me eligieron para hacer: expulsar a los criminales de nuestro país, pero los tribunales parecen no querer que lo haga” (X, 21/4). En relación al debido proceso, señaló: “No podemos juzgar a todos, porque hacerlo tomaría, sin exagerar, 200 años. Algo así es imposible. ¡En qué situación tan ridícula nos encontramos!”. 
 Stephen Miller, subjefe del gabinete de la Casa Blanca, reclamó, sin atenuantes, la instalación de un estado de excepción: “O nos unimos y apoyamos al presidente Trump para expulsar a estos terroristas de nuestras comunidades, o dejamos que un sistema judicial de izquierda radical y rebelde paralice la maquinaria de nuestro aparato de seguridad nacional. El presidente Trump hará de esta nación un lugar más seguro que nunca, y lo hará a pesar de la lucha y la oposición de los jueces comunistas de izquierda” (Fox News, 23/4). 
 Trump intenta agitar a su base en un tema en que se siente fuerte, y en el cual la “oposición” demócrata ha mantenido una complicidad escandalosa (muchos de sus legisladores han votado las leyes migratorias trumpistas en ambas Cámaras). La cuestión migratoria es de las pocas cuestiones en las cuales las encuestas parecen darle un buen puntaje al gobierno, aunque en el caso de Abrego García el 50 % de los estadounidenses reclama su regreso. El trumpismo, sin embargo, no ha convocado a la calle a los partidarios de las deportaciones sin juicio; por el contrario, las calles tienden a ser ocupadas por las protestas de los trabajadores y los jóvenes, tanto contra las deportaciones como contra la masacre sionista en Palestina, como por los despidos masivos de empleados estatales. 

 La guerra comercial, en pausa

 La opinión pública es claramente contraria a la guerra arancelaria desatada por Trump. Las grandes corporaciones y los tenedores de bonos estadounidenses, por su lado, han respondido a la guerra comercial con una fuga del mercado de deuda pública. El presidente dejó en suspenso por 90 días los aumentos de los aranceles, con excepción de los aplicados a China (que subieron hasta el 245 %), para atenuarlos luego en algunos casos. Aunque afirma que varios países le están “besando el trasero” (sic), Trump acusó recibo de la prohibición de China a la exportación de “minerales raros” ya refinados, donde tiene un monopolio sin rivales.
 La ola de corridas financieras, sin embargo, se reanudó, cuando Trump anunció su interés en echar al presidente de la Reserva Federal, Jared Powell, por la reluctancia de éste a reducir la tasa de intereses general. “Jerome Powell debería haber bajado los tipos de interés, como el Banco Central Europeo (BCE), hace tiempo, pero sin duda debería bajarlos ahora. ¡El despido de Powell no puede esperar!”, declaró Trump en su red social. “No tengo intención de despedirlo”, se desdijo después. La Reserva Federal es una federación de bancos estaduales y se encuentra bajo la supervisión del Congreso. 

 ¿Divorcio por conveniencia?

 Otra expresión de crisis se manifiesta en la muy probable salida de Elon Musk de su rol de director de la llamada “Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Musk había volcado a los oligarcas de las grandes empresas tecnológicas hacia la candidatura de Trump. Musk se ha vuelto crecientemente impopular por su política de despidos y cierres de departamentos oficiales creados por el Congreso, convirtiendo en un activo tóxico para el gobierno. Musk se encuentra en una posición contradictoria con Trump con respecto a China, que es su principal mercado. 
 Los ataques a Musk pronto se trasladaron a un boicot a sus empresas, con concentraciones frente a las concesionarias de Tesla en todo el país -e incluso en el exterior- en el movimiento denominado “Tesla Takedown” (o “Derribemos a Tesla”)-. Paralelamente, se comenzaron a producir actos vandálicos contra vehículos de esa marca, al punto que el propio Trump salió a amenazar a quienes los realicen no ya con ser perseguidos judicialmente sino directamente con ser tratados como terroristas y deportados a la megacárcel salvadoreña.
 Musk generó indignación internacionalmente con el saludo nazi en la asunción de Trump, y al apoyar públicamente a diversos partidos y candidatos fascistas en Europa. En el mercado europeo las ventas de autos autónomos de Tesla automotriz han caído incluso más que en EE.UU.: un 44 % en apenas dos meses, mientras que las ventas de autos eléctricos subían, y en particular las marcas chinas subieron un 82 %. Tras el apoyo los neonazis de AfD, las ventas en el mercado alemán (el mayor de Europa) cayeron un 75 % en apenas un mes.
 El empresario sufrió un revés político en las elecciones de un juez de la Corte de Wisconsin, donde se jugó a fondo por su campaña, quien fue derrotado en un Estado que había votado mayoritariamente a Trump unos meses atrás. 
 La afectación al valor de las acciones de Tesla por el rol político, llevó a los accionistas a pedirle que o bien renuncie al gobierno o bien deje de presidir la empresa. 
 Los choques con el asesor presidencial Peter Navarro -el ideólogo de la guerra arancelaria- tienen el carácter de una crisis de características políticas. Navarro había afirmado que Tesla “no es un fabricante de coches, sino un ensamblador de coches” (cuyas partes son fabricadas en el exterior, en especial en China). El CEO de Tesla ha evitado criticar públicamente la política trumpista, aunque en una reunión con analistas de Wall Street hizo una afirmación significativa: “seguiría argumentando que la administración Trump debería reducir los aranceles impuestos…” (NTY, 23/4). Los ataques a Navarro son disparos por elevación contra el propio presidente. Es cierto que la empresa del magnate “estaba menos expuesta a los aranceles que otros fabricantes de automóviles estadounidenses como GM, Ford y Stellantis” según el analista de la industria tecnológica, Dan Ives (BBC, 8/4), pero no menos real es que “Los aranceles en su forma actual afectarán a Tesla, a toda su cadena de suministro y a su presencia global, que ha sido una clara ventaja a lo largo de los años frente a competidores en ascenso como BYD” (ídem). 
 La duración del contrato de Musk como líder de DOGE estuvo en discusión desde el principio. El megamillonario ha tenido choques con varios integrantes del gabinete, como el Secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro Scott Bessent, en su condición de “asesor’ no funcionario. También ha generado resistencias entre los congresistas republicanos, que enfrentan una creciente bronca de sus bases electorales a consecuencia de los despidos y recortes sociales. Trump ha filtrado a su “círculo íntimo” y a los miembros del gabinete que Elon Musk dejaría su cargo en las semanas siguientes. La primicia fue furiosamente desmentida por la vocera Karoline Leavitt, “Elon Musk y el presidente Trump han declarado públicamente que Elon dejará el servicio público como empleado especial del gobierno cuando complete su increíble trabajo en DOGE.” Musk anunció que reducirá el tiempo que dedica a DOGE a “uno o dos días a la semana, mientras el presidente lo necesite”. 

 Continúan las protestas

 Tras las enormes manifestaciones del sábado 5, se ha producido una segunda ola de protestas contra el gobierno apenas dos semanas después. El sábado 19 se realizaron marchas y concentraciones en al menos 700 ciudades, menos masivas que la anterior movilización. La nueva demostración nacional adquirió un carácter más combativo y crítico de la “oposición” demócrata. Las denuncias a la política del trumpismo adquiere un carácter cada vez más destacado. “La democracia corre un gran peligro”, declaró a AFP Kathy Valyi, de 73 años, quien participaba de la protesta en Nueva York. Hija de supervivientes del Holocausto, advierte que lo que le contaron sus padres sobre la llegada de Adolf Hitler al poder en la década de 1930 en Alemania “está ocurriendo aquí ahora”. 
 Existe una creciente conciencia de la necesidad de echarse a las calles. Otro manifestante declaró: “Hay que ponerle freno” a Trump, “El mecanismo que tenemos para hacerlo ahora mismo es salir a la calle y hacer oír nuestras voces”, aseguró a la AFP “mientras sostenía una pancarta con la foto del adolescente venezolano Merwil Gutiérrez, otro detenido por agentes migratorios y deportado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, pese a que no era un objetivo” (DW, 20/4). En la ciudad costera de Galveston, Texas, también se produjo una concentración: “Generalmente, esperaría con los brazos cruzados a las próximas elecciones”, dijo la escritora Patsy Oliver, de 63 años. “No podemos hacer eso ahora. Ya hemos perdido demasiado”, agregó (ídem). 
 En las marchas se pedía por el retorno y la liberación del salvadoreño Ábrego García, por la liberación del estudiante palestino Mahmoud Khalil de la Universidad de Columbia -detenido para su deportación pese a tener residencia legal- y contra los ataques contra la enseñanza y la salud. La apariencia de omnipotencia del gobierno es cosa del pasado. 

 Rafael Fernández 
 26/04/2025

La TV Pública convertida en agencia de la timba financiera de Milei


Desesperado por “captar” dólares, promueven hacer carry trade con los escasos ahorros de las familias laburantes. 

El gobierno nacional no deja de sorprender con su descaro y alevosía, al punto que ahora promueve públicamente que la población trabajadora ingrese sus escasos recursos en la timba financiera y el carry trade armado por el ministro Luis “Toto” Caputo. La economía nacional se encuentra montada sobre una bicicleta financiera a mediano plazo y un mayor endeudamiento con el FMI que agravará todas las condiciones de vida de los trabajadores.
 No se trata de una orientación impulsada a hurtadillas sino que el gobierno se valió de la TV Pública para realizar una programa donde en la columna de “educación financiera” el exjefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, le explica al conjunto de los televidentes cómo “hacer plata” con el carry trade del cual se benefician los grandes capitalistas y, particularmente, el capital financiero especulativo. 
 El presentador, a su vez, alienta a quienes tienen 1.000, 10.000 o 100.000 dólares a invertir en el carry trade, como si se tratara de los programa de venta por telemercadeo que se transmiten en horas de la madrugada en los canales de televisión.
 Esta situación fue denunciada por los propios trabajadores de la TV Pública, quienes manifiestan que el gobierno que paga salarios de hambre y ajusta a los trabajadores te enseña, al mismo tiempo, como meter los ahorros en la bicicleta financiera. Situación que también denuncian desde el gremio de prensa Sipreba, exponiendo el congelamiento salarial en la TV Pública. 
 El gobierno impulsa una orientación exclusivamente atada a la timba financiera, contraria a cualquier pretensión de reactivación económica y generación de empleo. Misma política que hace estragos en los bolsillos de los trabajadores. 
 Este carry trade, que es presentado como una posibilidad de inversión, opera gracias a la suba de las tasas de intereses que a su vez encarecen en acceso al crédito, profundizando la recesión económica y agravando el financiamiento de millones de trabajadores para sus consumos inmediatos, en el cuadro de un ajuste brutal contra la población. 
 Milei no solo fundamenta su plan económico sobre la base de la bicicleta financiera que favorece al capital especulativo, sino que además quiere que le agradezcamos esta “oportunidad” y que de paso alimentemos de dólares al Estado, cuando los exportadores del campo se niegan a liquidar la cosecha a la espera de una devaluación. 
 El gobierno que suele acusar a diversos sectores opositores, entre ellos la izquierda, como adoctrinadores, utiliza la TV Pública para publicitar la especulación y las bicicletas financieras y convencer a los ahorristas para que se desprendan de sus recursos. 
 Es el mismo gobierno que publicita abiertamente las criptoestafas, como la de $Libra, las estafas piramidales y vende la ilusión de progreso acelerado sin trabajo, el cual solo es asegurado a los grandes especuladores financieros, la banca y los amigos de la camarilla gobernante. 
 El plan económico de Milei es puro humo y solo subsiste en el tiempo por los dólares frescos del FMI y las maniobras como la actual bicicleta financiera a término que le garantizan un respaldo circunstancial al gobierno. Pero tan pronto el panorama se complique, con la profundización de la retirada de los capitales a sus países, en los marcos de la crisis mundial y las tendencias que se vienen imponiendo, Milei dejará a más de un ahorrista e inversor pagando –como ya ha ocurrido-, al borde de una crisis económica y política sin retorno. 

Marcelo Mache

domingo, 27 de abril de 2025

Adorni maneja una caja de $30.000 millones para ñoquis y su campaña electoral


Mientras el gobierno lleva adelante el "ajuste más grande de la historia" contra la población trabajadora, los jubilados, los que menos tienen y esferas como salud y educación, Adorni amplió en un 25% los empleados de la Secretaría de Comunicación entre noviembre y marzo. El vocero presidencial, que usa su cargo para hacer campaña a legislador de CABA, maneja un presupuesto de casi 30.000 millones de pesos, que gasta contratando a sus familiares y otros ñoquis libertarios. 
 Así lo afirmó Guillermo Francos la semana pasada en su último informe en la Cámara de Diputados, en el mismo que desconoció los despidos, el vaciamiento educativo, y el desfinanciamiento de la ciencia y las universidades, a la vez que ratificó todo el rumbo del ajuste y recesión. El mismo incluye un anexo con el listado de los empleados contratados por Adorni, entre los que figuran personajes como Juan Doe, el líder de los trolls de Milei. 
 El presupuesto destinado a la Secretaría de Adorni equivale al 40% de lo que se gastó en Salud y en Políticas Alimentarias a nivel nacional durante todo el primer trimestre ($70.000 millones respectivamente), y más de la mitad del presupuesto destinado a Universidades Nacionales ($58.000 millones) en el mismo período, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
 El gobierno nacional le otorga a la Secretaría de Adorni un presupuesto millonario, como también a operaciones de la Side o a ensobrar periodistas que le hacen entrevistas pactadas. Todo para sostener el relato oficial de un gobierno que ajusta al pueblo laburante para pagar la deuda, lo cual va a agravarse tras el acuerdo con el Fondo. 
 Es fundamental enarbolar una alternativa política de los trabajadores para echar a este gobierno hambreador y poner los recursos nacionales a disposición de las necesidades populares. Esa es la bandera que levantará el Partido Obrero en el acto de este 1 de mayo.

 Camila García

Milei sigue licuando la jubilación mínima: el bono ya perdió un 37%


Es lo que se desvalorizó en un año congelado en $70.000, mientras recortan el Pami y reprimen jubilados todos los miércoles. 
 El bono a los jubilados que perciben el haber mínimo, que Milei mantiene congelado desde marzo de 2024, registró una caída del 37% en comparación con su poder adquisitivo de un año atrás. En mayo, el haber mínimo alcanzará, con ese plus, los $366.000, un monto que está muy por debajo de la canasta básica del adulto mayor estimada por la Defensoría de la Tercera Edad en más de $1.200.000. El superávit fiscal alcanzado por el gobierno, como es de público conocimiento, se basó fundamentalmente en una expropiación brutal de los ingresos jubilatorios.
 Los datos surgen de un informe realizado por la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (Asap). Entre enero y marzo de este año, el gobierno gastó $748.951 en el bono. Durante el mismo periodo, los intereses de deuda pública, de cuyo pago se benefician capitalistas de todo tipo, sumaron un gasto de $3 billones. Por otro lado, en comparación con marzo de 2023, el bono tuvo una caída real de casi el 22% (Ámbito, 25/4).
 El gobierno, asimismo, mantiene el haber mínimo en niveles de indigencia, lejos de la canasta básica del jubilado, que supera los $1.200.523 y en marzo tuvo un aumento interanual del 75,2%. La medición, realizada por la Defensoría de la Tercera Edad, contempla, entre otras cosas, gastos que han aumentado sustancialmente, como los de vivienda y medicamentos. En este contexto, Milei recortó la canasta de medicamentos cubiertos por el Pami y limitó su acceso gratuito, pese a que estos acumularon un aumento del 158%. Todo marcha bien para los laboratorios.
 Según la consultora Macro View, entre diciembre de 2023 y febrero de 2025, la jubilación mínima tuvo un aumento del 176% y la jubilación promedio uno del 238%, mientras que las tarifas de gas y electricidad subieron un 467%, los alquileres un 360%, los combustibles un 265% y la telefonía un 257%. Las ganancias de los capitalistas involucrados en estos sectores, entretanto, se dispararon. Después de 500 días de gobierno libertario, la jubilación mínima, que en diciembre de 2023 cubría 1,24 canastas básicas, ahora alcanza para 0,98.
 Milei comenzó su mandato atacando fuertemente a los jubilados al devaluar el peso más de un 50%, y decretó en marzo una fórmula de movilidad ajustada por inflación, en un contexto en el que esta ya comenzaba a bajar. Así, estableció la imposibilidad de que los haberes recuperen su poder adquisitivo. El gobierno libertario ni siquiera aplica su fórmula para el propio bono; de hacerse, este alcanzaría los $148.815 (Página 12, 6/4). Por supuesto, en esto Milei tampoco es original: repite los robos de Macri en diciembre de 2017 y de Alberto Fernández y CFK en diciembre de 2020, que consumaron una enorme confiscación a los jubilados. 
 Asimismo, Milei y Caputo vienen utilizando dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para intervenir en el mercado de cambios y rescatar empresas en crisis. El valor del FGS cayó en febrero, tanto en pesos como en su conversión a dólares, como consecuencia de la desvalorización de los títulos públicos y las acciones que tiene en su poder. 
 Es evidente, entonces, que Milei miente cuando afirma que la situación de los jubilados y los trabajadores en general mejoró bajo su gobierno. Ha ocurrido lo contrario, y, si la clase trabajadora no lo detiene mediante una lucha denodada, el panorama se agravará. Es que Milei se prepara para implementar la reforma previsional reclamada por el FMI como garantía de pago de la deuda externa, que implica elevar la edad de retiro, eliminar los regímenes especiales (como el de los docentes, por ejemplo) y liquidar la moratoria. 
 El gobierno suspendió esta última, condenando a los jubilados a percibir la Puam, que representa el 80% del haber mínimo. En los hechos, esto significó un aumento de la edad de retiro, ya que para acceder a ella las mujeres deben esperar hasta los 65 años, mientras que para recibir la jubilación con moratoria bastaba con tener 60. La clase capitalista, a la cual Milei responde, apunta a convertir las jubilaciones en una mera pensión a la vejez.
 El FMI exige la reforma previsional y llama a votar a Milei porque el capital financiero internacional se relame ante la posibilidad de volver a un sistema privado de jubilaciones tipo AFJP. Contra este plan de guerra al servicio de una minoría de ricos y patrones, los jubilados luchan valerosamente, movilizándose hacia el Congreso todos los miércoles. Es una pelea que gana cada vez más apoyo popular y que debemos convertir en una causa nacional en la que confluyan todos los reclamos de la clase obrera para profundizar la lucha contra el gobierno hasta derribarlo. Patricia Bullrich ordena la represión de las marchas de jubilados para imponer el ajuste criminal y evitar que la lucha se generalice, contando con la complicidad de la burocracia peronista de la CGT, que se niega a convocar un plan de acción para ir por las reivindicaciones de los jubilados y los trabajadores. 
 Vamos por haberes equivalentes a la Canasta de la Tercera Edad, por el 82% móvil, por la restitución de los aportes patronales, por una recomposición y aumento de los salarios, y por el blanqueo de todos los trabajadores. Solo la clase obrera puede conquistar estas reivindicaciones, con los métodos de la lucha de clases. Fuera Milei y el FMI. 

 Nazareno Suozzi

Feria del Libro: el abucheo a Cifelli y al gobierno liberticida


La inauguración de la Feria del Libro es, desde hace mucho tiempo ya, una arena política, una combinación volátil de escritores y funcionarios con repercusión mediática asegurada. Los discursos que se pronuncian se suelen tomar como medida de la proximidad o distanciamiento de los intelectuales respecto del gobierno de turno. La mayor atención suele concentrarse, con razón, en el discurso inaugural que brinda el autor invitado por la Fundación El Libro, responsable de la organización de la feria. Este año, fue el turno de Juan Sasturain. A diferencia de los feroces discursos que pronunciaron Guillermo Saccomano y Liliana Heker, por ejemplo, en las dos ediciones anteriores, Sasturain estructuró un discurso ingenioso, pero elíptico en su crítica al gobierno en comparación a aquellos precedentes –Saccomano es un escritor de reconocida filiación kirchnerista, mientras que Heker brindó un alegato contra la pobreza y miseria social crecientes-. 
 El hecho más destacado y expresivo de la inauguración de esta edición, en cambio, fueron los abucheos y el escrache contra el Secretario de Cultura del gobierno liberticida, Leonardo Cifelli. A pesar de la buena predisposición, digamos, de las nuevas autoridades de la Fundación El Libro, encabezadas por Christian Rainone, a habilitar un ´diálogo´ con el gobierno -el anterior presidente directamente había sugerido a Cifelli el año pasado que ni siquiera apareciera por La Rural- y de la disposición de invitados/aplaudidores distribuidos por el salón, un nutrido grupo de escritores, entre los que se encontraban Claudia Piñeiro y el mencionado Saccomano, lo increparon ante cada mención de los ´logros´ de su gobierno. Cifelli tuvo que interrumpir su discurso en varias ocasiones. Los escritores exhibieron pancartas con la imagen de Osvaldo Bayer, a modo de protesta por la destrucción a manos de Vialidad Nacional de la escultura que lo homenajeaba en el acceso a la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz.
 El discurso de Cifelli, por su parte, fue ‘consistente’ con aquel atentado a la memoria y la trayectoria del autor de “La Patagonia Rebelde”. Comenzó pidiendo dejar atrás "el tono politizado y confrontativo" de la inauguración de la Feria y felicitó a sus organizadores “por haber impulsado desde un primer momento un clima de diálogo respetuoso, constructivo y comprensivo con la realidad que atraviesa nuestro país". Así se presentó el vocero de un gobierno que se caracteriza por el recurso al insulto y la amenaza contra cualquier expresión opositora o incluso crítica –el lenguaje soez está inscripto en la genética del fascismo-. Cifelli dijo abogar por "una cultura libre y sin una orientación ideológica", e incluso remarcó que "la política partidaria no debe intervenir en la cultura y mucho menos debe ser el motivo de gastos innecesarios" (¿?). A continuación, sin embargo, se jactó de los recortes de presupuesto en el área a su cargo, agradeció a Karina Milei por “su respaldo constante” y celebró, entre otras mentiras oficiales, la salida del cepo y la baja de la inflación, mientras retumbaban las protestas. Según Clarín (24/4), sin embargo, Jorge Macri no recibió el mismo tratamiento, a pesar de que sus diferencias con el gobierno nacional son apenas de grado y de que integra una fuerza política que pugna por llegar a un acuerdo con el mileísmo e incluso por ingresar a su gabinete.
 La cultura no puede ser ´desideologizada´, pues por definición es el terreno de la lucha de ideas que refractan, de múltiples modos, la lucha de clases que se desenvuelve en el seno de la sociedad. La ´cultura desideologizada´ que promueve el funcionario Cifelli se traduce en la persecución a la libertad de cátedra y en el reforzamiento del monopolio de la producción cultural en manos de los empresarios del espectáculo, que es el medio de donde él mismo proviene. Un gobierno cuyo ´dominio de la calle´ se asienta en un protocolo que persigue el derecho a la protesta y en la aplicación recurrente de palos y gas pimienta contra los jubilados, puntualmente, todos los días miércoles en los alrededores del Congreso, no tiene otra ´plataforma cultural´ que sofocar la libertad de expresión, incluido el derecho a huelga. La ´cultura desideologizada´ es el planteo de un gobierno que apoya las guerras de la OTAN y el genocidio del pueblo palestino.
 Luego del mal trago que pasó en La Rural, Cifelli fue a refugiarse al ultraoficialista canal LN+. Allí, en ejercicio del monopolio de la palabra, se dedicó a criticar a los escritores que lo abuchearon, cuando ninguno de ellos fue invitado a brindar su propia versión. “Son autoritarios y de intelectuales no tienen nada, no aceptan que pueda haber intelectuales de derecha”, dijo en su editorial el conductor Esteban Trebucq. Denunciar los crímenes sociales de Milei es un gran deber de todo intelectual. 
 Todos los gobiernos acarician, a su turno, la pretensión de instaurar una ´cultura oficial´ que celebre sus actos y ´refute´ a los críticos –unos “desideologizada”, otros “ideologizada”, el látigo de batalla del kirchnerismo, combinando la cooptación y el ´escrache´-. Sin embargo, la crítica social impregna toda creación artística que se precie de tal. La ´cultura desideologizada´, en cambio, es el sello de los liberticidas, de los enemigos de la libertad. Combatir la cultura ´oficial´ es sembrar el pasto de la revolución social. 

 Jacyn 
 26/04/2025

La Universidad, a un año de la Marcha Educativa


El 23 de abril se cumplió un año de la primera marcha que logró reunir en todo el país a un millón de personas en las calles en repudio a las políticas de ajuste educativo por parte de Javier Milei. 
 En ese marco la CONADU Histórica impulsó un paro de 48 hs (martes 22 y miércoles 23), mientras que la otra CONADU se limitó a un paro de 24 hs (miércoles 23). 
 La adhesión a los paros de ambas CONADUs fue parcial, algunas clases públicas y prácticamente ninguna movilización numéricamente importante, solo el acompañamiento parcial a la movilización de jubilados. Las conducciones de ambas CONADUs convocaron a parar, pero no organizaron ninguna acción dirigida a asegurar el paro masivo.
 La excepción fue en la UNT (Tucumán) donde el paro fue masivo superando a otras jornadas y el 23 se concretó una concentración coordinada con dos agrupamientos de jubilados en la plaza Independencia donde se realizó un acto unitario. 
 En otras universidades, como fue el caso de la UBA, el paro fue importante en el sector preuniversitario, fue menor en las facultades, pero en algunas de ellas se convocó a clases públicas.
 En Misiones, en la universidad de ese distrito, el paro fue importante donde tiene peso la oposición a la burocracia.
 En Catamarca un sector de docentes autoconvocados impulsaron clases públicas en la puerta de la UNCA en torno al día de la tierra (22 de abril) que logró reunir a un sector vinculado al activismo ambiental antiminero. 
 En Rosario una votación que impulsó COAD (sindicato de docentes vinculado a la CONADU que impulsaba un solo día de paro), el 80 % de la docencia voto parar 48hs. También hicieron clases públicas.
 El resto de las federaciones (FEDUN, CTERA, FATUN) incluida la FUA, todas ellas integrantes del Frente Sindical Universitario brillaron por su ausencia. Solo sacaron un flyer con los reclamos universitarios que ni se difundió masivamente.
 FATUN (Federación que agrupa a los trabajadores no docentes), incluso, en las vísperas del paro docente, firmó un acuerdo con el gobierno de garantía salarial para las categorías más baja del escalafón no docente. 
 El Frente Sindical ha demostrado, una vez más, que es un freno de mano para la lucha universitaria que las conducciones con supuesta vocación combativa tienen puesto para evitar tener que ir a una lucha en serio. El Frente Sindical actúa a control remoto de los rectores, que siguen esperando que el gobierno los convoque a “diálogo verdadero” mientras ellos imponen el ajuste al interior de sus casas de estudio. 
 El CIN que se transformó en aquella oportunidad como la entidad convocante de la marcha federal educativa, esta vez solo se limitó a sacar un comunicado manifestando su preocupación y solicitando un plan de recomposición salarial. Activaron, mientras tanto, un nuevo proyecto legislativo para obtener el financiamiento universitario…2026.
 El gobierno aprovechó tamaña falta de perspectiva para imponer por decreto, una actualización salarial de solo el 1,3 % para marzo y 1,3 % para abril, en la línea de lo firmado por la burocracia de UPCN, (horas antes de que el INDEC anunciará el 3,7 % de inflación). Gana tiempo y mantiene cerrada la paritaria. 
 Este año la situación en las universidades es más crítica de lo que fue el 2024. 
 Asistimos a una desvalorización salarial récord. Desde que asumió Milei la inflación acumulada es del 197 % mientras que los incrementos salariales oscilan alrededor del 86 % (según el cargo). En una entrevista en Infobae Oscar Alpa (presidente del CIN) señaló “el 75 % de la docencia tiene dedicación simple”, por lo que los salarios varían entre un auxiliar docente $181.024; un jefe de trabajos prácticos $216.688; un adjunto $252.313; un asociado $287.813 y un titular $323.443. Es decir que para cobrar lo que equivale la canasta familiar un docente tiene que tener una dedicación exclusiva (full time) y una categoría de asociado o titular, que actualmente solo accede un 10 % de la docencia.
 En la misma nota, frente al presupuesto universitario, Alpa señaló “Históricamente, Argentina destinó alrededor del 0,8 % del PBI a su sistema universitario. España, por ejemplo, con una población similar –pero con la mitad de estudiantes de grado– y con universidades aranceladas, también invierte cerca del 0,8 %. Alemania llega al 1 %. Nosotros hemos bajado al 0,6 %, es decir, perdimos un tercio del esfuerzo que hacíamos como país.” 
 Las 61 universidades públicas del país, reúnen 2.500.000 millones de estudiantes, que también están sufriendo las políticas de ajuste. Algunas becas desaparecieron, otras como el Progresar, por falta de actualización quedó reducida a la mitad, hoy apenas llega a $50.000 que no cubren ni los apuntes para poder estudiar. La deserción comenzó a crecer en el último año. 
 Todo este escenario calamitoso va a empeorar con el reciente acuerdo con el FMI, que entre otras cosas han acordado que el gobierno va a vetar cualquier medida que afecte el equilibrio fiscal, con lo cual los nuevos proyectos parlamentarios de financiamiento universitario ya tienen el mismo destino que la ley de financiamiento que tuvo aprobación parlamentaria en 2024, y a pesar que solo representaba un aumento del 0,14 del presupuesto fue vetada por el gobierno. 
 Con este escenario, las reivindicaciones no pueden quedar en manos de las autoridades universitarias y de las burocracias sindicales y estudiantiles. Es necesario abrir paso por medio de autoconvocatorias y coordinaciones una lucha independiente.

Anahí Rodríguez y Diego Toscano
 26/04/2025

INTA: desguace y lucha de facciones libertarias


Caputo y Sturzenegger se disputan el botín.

 El gobierno libertario logró asestar otro golpe al INTA, en su plan de desguace del Instituto. El Consejo Directivo del INTA, que tiene como presidente a Nicolás Bronzovich y como vicepresidente a Beatriz Giraudo, miembros de APRESID, hizo pasar una modificación de la estructura interna, añadiendo una Secretaría de Coordinación de Gestión que sustituye las facultades del Director Nacional. La Secretaría en cuestión, que aún no está conformada, actuaría como una intervención de hecho y, de este modo, será una herramienta para que los funcionarios libertarios tengan vía libre para llevar adelante las reformas planteadas por el Ejecutivo. Además de los funcionarios nacionales, el Consejo está conformado por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, CREA y Federación Agrarias (FAA). Todas las entidades, excepto FAA, votaron afirmativamente la reestructuración. Juan Pazo, secretario de Planeamiento y Producción y lugarteniente del ministro de Economía Luis Caputo, es un engranaje fundamental en este proceso. En la última Expoagro, Pazo exhortó a las entidades de las patronales agrarias a avalar los planes de la pandilla libertaria. 
 Como señala el portal especializado Bichos de Campo, “la línea política prevaleció sobre la científica, y con una votación (en el Consejo Directivo) que solo tuvo dos votos en contra y una ausencia, el resto votó a favor del desmantelamiento del organismo.” (Bichos de Campo 15/04/2025) La reestructuración aprobada profundiza la motosierra que se viene aplicando en el ente: concretamente tiene como objetivo despedir a 1.500 trabajadores, un 30 % de la planta, y poner a la venta tierras (unas 70.000 hectáreas) y edificios del INTA, que los interventores libertarios consideren “improductivas”. Uno de los puntos que figura en el ajuste libertario es el de llevar las investigaciones “hacia un esquema con participación activa de los productores agropecuarios, y ya no en territorio INTA” (Bichos de Campo, 24/04). 
 Técnicos, empleados y directivos regionales coinciden en que la medida tomada por el Directorio “comience un período en el que se prioricen los negocios privados, y el extensionismo se transforme en un modelo similar al que estableció Aapresid en su sistema de chacras.” (Ídem) En síntesis estamos ante el comienzo de la privatización en regla del INTA y, por ende, asistimos al fin de la autarquía y descentralización del Instituto. 

 Lucha de facciones 

A los intereses de Caputo sobre el INTA, se suman los del ministro de Desregulación, el inefable Sturzennegger, quien tiene en carpeta un decreto para fusionar al INTA con el INTI y la CONAE, la comisión de actividades espaciales, lo que podría dejar trunco el plan de reestructuración recientemente votado por el Consejo Directivo, pero no instrumentado por el momento. Según trascendió “el nuevo organismo podría pasar a llamarse Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE).” (Bichos de Campo 24/04/2025) La Integración Institucional, como la denomina el equipo de Sturzzenegger, tendría tres gerencias, de Agroindustria, Tecnología Industrial, Espacio y Datos y se conformaría un Consejo a tres bandas integrado por los representantes de los entes en cuestión. El plan de Sturzzenegger se plantea cinco objetivos a ser llevados adelante en un plazo de diez años. Entre los objetivos a llevar adelante se encuentran la "vinculación público - privada” y en lo que respecta a el área de recursos humanos tienen como norte "establecer programas conjuntos de posgrado con universidades y becas cofinanciadas para retener talentos en áreas estratégicas.” (Ídem) La facción que ocupa el ministerio de Desregulación también tiene previsto la venta de inmuebles y tierras que sirvan para financiar laboratorios de última generación.
 El fuego cruzado entre las facciones libertarias es la manifestación de una lucha de fondo por una de las ultimas joyas de la abuela y que tiene como estación final poner al INTA al servicio de los agronegocios y las patronales agrarias; para esto, los interventores del ente se juegan a fondo en el ajuste y el desguace del Instituto. La política patronal debe ser respondida con autoconvocatorias en todas las estaciones y dependencias del INTA, que elaboren un plan de lucha para poner fin al ajuste liberticida. 

 Lucas Giannetti 
 25/04/2025

Bernie Sanders defiende al “Estado de Israel”


“¡Free Palestine!”

 En un reciente acto del senador Bernie Sanders en Idaho se produjo un hecho muy significativo. Sanders, junto a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, de los “Socialistas Democráticos” que integran el ala izquierda del Partido Demócrata, impulsan una campaña nacional realizando actos “contra la oligarquía”. La asistencia de miles de personas a cada una de estas acciones en distintos puntos del país, muestran la voluntad de lucha de sectores del movimiento obrero y la juventud contra el régimen bonapartista de Trump. La complicidad demócrata con el régimen trumpista genera bronca creciente a nivel popular. El PD ha votado el presupuesto de la motosierra de Trump y Musk, y varios senadores y representantes votaron también leyes migratorias reaccionarias, dando aval así a la persecución fascista de los inmigrantes. 
 El eje de los actos de Sanders y Ocasio-Cortez, la denuncia de la minoría de mil millonarios que ha tomado control del gobierno, apunta a fortalecer este ala izquierda dentro del PD y al PD como un todo. Para Sanders no sería una novedad el crecimiento, el peso y el poder de la oligarquía bajo gobiernos de uno y otro partido imperialista, es decir, no es una novedad introducida por Donald Trump. “El Partido Demócrata está fuertemente dominado por la clase multimillonaria”, afirmó el Senador por el estado de Vermont. Esto no ha impedido que Bernie Sanders y los “socialistas democráticos” hayan dado su apoyo una y otra vez a Obama, Hillary Clinton, Joe Biden y Kamala Harris, es decir, a los representantes de esos oligarcas. Sanders rechazó la posibilidad de presentarse como candidato independiente -tanto contra Trump como contra Clinton- en las elecciones de 2016, en un contexto en que algunas encuestas mostraban que tenía posibilidades de vencer en un escenario de tres candidatos. Ahora aparecen algunas pancartas impulsando a Ocasio-Cortez para sustituir en el senado al Demócrata Chuck Shumer e incluso para competir por la presidencia. De antemano está planteado, según el discurso de Sanders, la defensa de la unidad del PD, que incluye la defensa del Estado sionista y de la guerra en Ucrania. 
 En el acto en Nampa (Idaho) el 14 de abril, en el que participaron más de 12.000 personas, la cuestión del genocidio en Palestina se convirtió en un eje de diferenciación con el propio Sanders. Mientras Sanders declaraba que “Israel tiene derecho a defenderse”, el despliegue de una bandera palestina detrás del estrado propició una reacción inmediata de los participantes del acto, aplaudiendo y gritando a favor del pueblo masacrado por Netanyahu y Trump. La policía fue de inmediato, por orden de los organizadores, a retirar la bandera palestina. Ante la protesta del público, Sanders intentó acallar los gritos. La respuesta de “su base” fue exactamente la contraria, ya que el grito de “¡Free Palestine!” (Palestina libre) se extendió masivamente. El hecho puede visualizarse en las redes sociales, donde el acto está publicado en su totalidad, así como este momento clave.
 El creciente apoyo a la resistencia palestina, en especial entre buena parte de los jóvenes de ascendencia judía, se ha puesto de manifiesto una y otra vez durante el genocidio que se desarrolla en Gaza, confrontando contra el gobierno de Biden primero y ahora contra el de Trump. En todo este proceso, los “Socialistas Democráticos” al estilo de Sanders y Ocasio-Cortez han defendido una y otra vez al Estado de Israel, defendiendo su derecho a “exterminar al terrorismo” pero reclamando que lo hagan sin bombardear indiscriminadamente a los civiles. Las escenas registradas en Idaho muestran lo desarrollada que está esta diferenciación política entre los sectores de base de la izquierda con sus supuestos “representantes” de la izquierda del Partido Demócrata. Las movilizaciones masivas del 5 y del 19 de abril muestran, por otra parte, que un sector cada vez más militante de los explotados intenta superar a estas direcciones para luchar ahora contra el trumpismo, sin esperar a las próximas elecciones. 

 Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay) 
 26/04/2025

viernes, 25 de abril de 2025

Consejo del salario mínimo: que nadie cobre por debajo de $1.800.000


Es lo que se necesita para vivir, luchemos por eso.
 El próximo 29 de abril se reunirá el Consejo del Salario. 

El gobierno de Javier Milei convocó a las centrales sindicales a participar de una reunión el próximo martes 29 de abril para discutir la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el cual actualmente es deunos miserables $296.832 mensuales. 
 Este monto equivale a la quinta parte de una Canasta Básica, la cual se ubica en los $1.768.976 para el mes de marzo del corriente año, según la Junta Interna de ATE Indec. Este valor se compone de $613.191, necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $1.155.785 para acceder a otros bienes y servicios básicos, lo que significa que nadie debería cobrar menos de eso para poder vivir. Sin embargo, el salario promedio de un trabajador formal fue de $1.310.357,80 a febrero 2025, según el Ripte. 
 Esto es consecuencia de la licuación salarial sistemática aplicada por las patronales y el gobierno, en complicidad con la burocracia sindical, mediante los incrementos paritarios a la baja, una herramienta de la que el oficialismo se valió para mantener anclada la inflación y que pulverizó los ingresos de la población. 
 Es en este cuadro caótico que la burocracia de UPCN firmó con el gobierno nacional una paritaria mensual del 1,3% y un bono ridículo de $45.000. Como antecedente cercano tuvo el cierre de la dirección de Camioneros, que se ajustó a un promedio de aumento mensual del 1%, como lo hicieron otras direcciones burocráticas antes. Luego de entregar a los trabajadores frente a una realidad económica insoportable, el descontento de las bases es lo que obligó a las centrales sindicales a tener que convocar un paro general. 
 Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró una supuesta recuperación del salario privado formal, pero en realidad los trabajadores no ganan mejor, sino que trabajan más horas. Los salarios negociados en paritarias aumentaron 1% entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 (el periodo de menor inflación del gobierno) y volvieron a caer en marzo, con el IPC de 3,7%. Pero los salarios efectivamente cobrados treparon 9%, indicó el el Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo. En ese mismo período no creció el empleo, sino las horas trabajadas por cada trabajador, que aumentaron en un 5%. 
 Esto significa que, producto de la licuación salarial, los trabajadores tienen que trabajar cada vez más para sostener el mismo poder adquisitivo. Con los anuncios económicos del gobierno hacia un nuevo endeudamiento con el FMI, las presiones devaluatorias y la inflación en alza, un nuevo golpe al bolsillo popular está a la vuelta de la esquina. 
 A este cuadro se suma la dramática situación de millones de jubilados, condenados a una jubilación mínima de extrema indigencia que se actualiza por IPC, con un atraso de dos meses, y que también es ajustada todos los meses con el congelamiento del bono miserable de $70.000. 
 Es fundamental luchar por un salario mínimo de $1.800.000 que iguale la canasta básica, por la reapertura generalizada de las paritarias y una recomposición general de los salarios, que debe partir por superar dicho monto y garantizar las condiciones de vida de los trabajadores. Para lograrlo es menester superar el bloqueo de la burocracia sindical y organizarse en cada lugar de trabajo contra el plan de hambre y miseria oficial. Este es otro de los reclamos que va a plantear la Coordinadora Sindical Clasista en la columna independiente de la movilización del 30.

 Camila García

¿Salmoneras inglesas en las Malvinas? Saqueo y destrucción ambiental


La explotación imperialista del territorio argentino. 

 El gobierno ocupante inglés de las Islas Malvinas busca impulsar la producción de salmón en el Atlántico Sur, de la mano de una empresa británico-danesa llamada Unity Marine. La industria salmonera es repudiada en varios lugares del mundo por las consecuencias gravosas que su actividad tiene para el medio ambiente. En Argentina, una lucha popular impuso la prohibición de las salmoneras en Tierra del Fuego, y en Chile se han abierto paso importantes peleas. De concretarse la movida, ingresaríamos en un nuevo capítulo de la expoliación imperialista del territorio argentino. 
 La empresa, una alianza entre la pesquera local Fortuna y la consultora danesa F-Land ApS, presentó un proyecto para avanzar en la producción de hasta 50.000 toneladas de salmón cultivado. Se pretende construir ocho centros de producción en la isla principal del archipiélago, con infraestructuras similares a las que se utilizan en países como Noruega y Escocia. Solo resta que el elenco pirata dé luz verde a la iniciativa. 
 Las salmoneras son repudiadas por pueblos, comunidades originarias y organizaciones ambientales debido a sus graves impactos ecológicos, sociales y sanitarios. La industria introduce en el fondo del mar grandes cantidades de heces de peces, alimentos no consumidos, antibióticos y pesticidas, desquiciando el ecosistema. Así, por ejemplo, genera condiciones para el desarrollo de marea roja. El salmón es una especie exótica y agresiva que amenaza la existencia de otros peces, y transmite patógenos como el virus ISA o el piojo de mar, que afectan a poblaciones silvestres. 
 El Mar Patagónico en Chile es contaminado por las empresas salmoneras –más de la mitad son extranjeras, mayormente noruegas–, que liberan antibióticos y salmones que depredan especies locales, afectando el equilibrio marino, y llenan la región de basura. Los capitalistas operan violando la ley bajo la mirada cómplice del gobierno de Gabriel Boric. En este contexto, la industria sigue expandiéndose, cada vez más hacia el sur. Además, está afectando la vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales al perjudicar la actividad pesquera. 
 La industria recibió denuncias en Chile por someter a sus trabajadores al pago de salarios bajos, a ritmos extenuantes y a la precarización laboral –el 40% de los trabajadores, según el diario chileno Interferencia, labora a través de subcontratistas–, y por exponerlos a químicos tóxicos. Los buzos suelen sufrir el mal de presión, provocado por descensos y ascensos sin la descompresión necesaria. Entre 2013 y los primeros meses de 2024 se registraron 80 muertes de trabajadores.
 Argentina también ha sido testigo de un importante repudio a los capitalistas salmoneros y a sus defensores en el poder político. En Tierra del Fuego, una enorme lucha popular de la que participaron organizaciones ambientales, comunidades locales, ONGs y otros sectores terminó por imponer la suspensión absoluta de la instalación de salmoneras promovida por los partidos capitalistas, fundamentalmente por el PJ. 
 La zona del Mar Argentino, en la que están ubicadas las Islas Malvinas, está disputada por distintas potencias capitalistas, entre ellas Estados Unidos, China y el propio Reino Unido. Además de la pesca, la explotación de hidrocarburos es otro negocio muy codiciado. La empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration lideran el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, que alcanzará un pico de producción de 150.000 barriles diarios. 
 La instalación de las salmoneras en las Malvinas implicaría un reforzamiento de la explotación imperialista del territorio argentino. El gobierno de Javier Milei es cómplice del saqueo y de la usurpación británica de las Islas, como dejó bien claro en el acto que encabezó el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra.
Abajo las salmoneras. Fuera los británicos de Malvinas.

 Nazareno Suozzi

Milei, 500 días de robarle a los trabajadores para engordar a los capitalistas


Los ingresos populares caen mientras las principales empresas mejoraron su rentabilidad.
 Un gobierno patronal y antiobrero. 

A contramano del relato oficial, las estadísticas revelan que los ingresos populares cayeron en lo que va del gobierno libertario. En contraste, las principales empresas mejoraron su rentabilidad, mostrando una enorme vocación por parte de Milei en transferir recursos desde el bolsillo de los trabajadores hacia el de los capitalistas. 
 Algunos datos publicados por la Celag ilustran la pérdida de poder adquisitivo de salarios durante los primeros 500 días de gobierno de Milei. Por ejemplo, al inicio de su mandato, el consumo de leche per cápita equivalía a 192,8 litros anuales, y, en la actualidad, se redujo a 171 litros. Asimismo, el consumo de carne bovina descendió de 53,3 kg anuales por habitante a 44,8 kg. Por otro lado, en diciembre 2023, el salario mínimo alcanzaba para costear 2.757 boletos de colectivos del Amba, ahora apenas cubre 696. A su vez, el pago de tarifas pasó de representar el 5,9% del salario promedio registrado al 10,3%. 
 En ese sentido, según un informe de la consultora Macro View, entre diciembre 2023 y febrero 2025 (no incluye la disparada inflacionaria de marzo), se produjeron aumentos del 467% en las tarifas de gas y electricidad, del 360% en el alquiler, del 358% en el transporte público, del 265% en combustibles y del 257% en telefonía. En el mismo período, los ingresos populares evolucionaron por detrás de esos aumentos: 168% el salario formal, 176% la jubilación mínima con bono y 238% la jubilación promedio. 
 Por otra parte, los cálculos de Cifra arrojan que, entre noviembre 2023 y enero 2025, el salario del sector privado registrado y el del sector público perdieron 3 puntos y 19,5 puntos, respectivamente, en comparación al índice de inflación reponderado, es decir, aquel que utiliza la canasta de consumos más representativa en la actualidad, donde los servicios tienen un peso mayor. 
 Finalmente, la devaluación primordial de la gestión libertaria y los tarifazos subsiguientes, combinados con los techos salariales a la baja -promovidos por el gobierno y acatados por las burocracias sindicales-, erosionaron los ingresos de la población trabajadora. A su turno, el cambio de fórmula de cálculo para la movilidad previsional, que impide recuperar lo perdido, provocó un derrumbe en las jubilaciones. 
 La caída salarial, junto con la pérdida de puestos de trabajo -hay 100 mil trabajadores asalariados registrados menos que cuando asumió Milei, según la Celag-, dio lugar a que la participación de los asalariados en el PBI cayera 1,5 puntos en los primeros tres trimestres del 2024, en comparación interanual. Como contrapartida, la utilidad neta sobre las ventas de las principales 12 empresas que cotizan en la Bolsa mejoró 19,4% el año pasado, según los datos de Cifra.
 Estas patronales se beneficiaron de la desvalorización del salario y el aumento de los ritmos de trabajo y contrataciones precarias que siguieron a los despidos. También amasaron fortunas con los tarifazos y naftazos que habilitó el gobierno, como es el caso de Pampa Energía (cuya rentabilidad aumentó 34,4%), Transportadora de Gas del Sur (+30,5%), Telecom (+25%) y Tecpetrol (+23,9%). Incluso, los pulpos alimenticios compensaron la caída del consumo con rendimientos extraordinarios en la bicicleta financiera montada por Caputo; por eso crecieron un 21,0% las utilidades de Arcor y 4% las de Mastellone. 
 La pauta salarial del 1% cuando la inflación se recalienta; los nuevos tarifazos y ataques a las jubilaciones inmanentes al plan fondomonetarista; y el horizonte de despidos fruto del agravamiento de la recesión industrial (por el atraso cambiario y la apertura importadora) prefiguran un sendero de más penurias para las mayorías. Por lo tanto, la lucha por paritarias libres y aumento de emergencia de salarios y jubilaciones está a la orden del día. 
 No obstante, la CGT y las CTA ahogan la iniciativa de los trabajadores en medidas aisladas y sin continuidad como parte de su pacto colaboracionista con el gobierno. Corresponde, entonces, construir desde las bases el camino hacia la huelga general para derrotar la ofensiva antiobrera de Milei y los capitalistas. Es la perspectiva que va a plantear el sindicalismo combativo en la movilización del 30 de abril, en una columna independiente de la burocracia sindical. Luego, colmar la Plaza de Mayo en el Día Internacional de los Trabajadores nos refuerza como clase para llevar adelante esas tareas. Fuera Milei y el FMI. 

 Sofía Hart