Por una investigación independiente del Estado.
El escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sigue destapando los chanchullos de los funcionarios “libertarios”, ahora con la divulgación de un informe que da cuenta de la existencia de sobreprecios, licitaciones amañadas y desvío de fondos para los empresarios amigos del poder, con sobrefacturaciones que llegan hasta un 4.239% por arriba de los precios de mercado. Un gobierno que le niega los tratamientos a las personas con discapacidad, por un lado, y les roba los recursos, por el otro.
La misma agencia que puso en el foco de las acusaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por las coimas del 3% para el enriquecimiento de la camarilla gobernante, es investigada también por desfalcos a los recursos para discapacidad por medio de sobreprecios y licitaciones arregladas con un puñado de “empresarios amigos”, en un sector donde el gobierno impulsa un ajuste en las prestaciones y tratamientos, afectando a la salud y condiciones de vida de miles de personas.
Los últimos datos que salieron a la luz provienen de fuentes oficiales, de un informe producido recientemente por el Ministerio de Salud que alude a las compras irregulares realizadas por la Andis durante el 2025, bajo el gobierno de Javier Milei.
De este informe se desprende la compra irregular de sillas de ruedas, andadores y prótesis con diferencias manifiestas entre los precios reales de mercado y lo facturado por la agencia gubernamental, con sobre precios que oscilan entre el 300% y el 2.000% en promedio y que incluso llegan a superar el 4.000% en casos específicos.
Entre los ejemplos más resonantes se encuentra la venta de un andador con un sobreprecio del 4.239%, siendo el punto más alto; sillas de ruedas por $19.000.000, con un precio de referencia nacional de $1.279.999; y el pago de $425.000.000 por un sistema de “válvulas bicaval transcatéter” que el Pami había pagado por $124.200.000, por lo que estamos ante un 242% de sobreprecio.
El informe fue incorporado a la causa que investiga el fraude millonario contra la Andis, con Diego Spagnuolo como uno de los principales procesados y revela un sistema orquestado para enriquecer a un puñado de amigos capitalistas de la casta gobernante.
Las contrataciones ahora denunciadas se hicieron por medio del Sistema integrado de información y administración de prestaciones (Siipfis), donde se efectuaban “licitaciones controladas” a las cuales accedía un pequeño grupo de empresarios seleccionados discrecionalmente por los funcionarios “libertarios”. En una licitación podían participar todas empresas de una misma familia, o empresas “títeres” que no efectuaban oferta alguna para que exista un solo adjudicatario.
Del documento oficial, que tiene el límite de tratarse de una selección interna elaborada por el mismo gobierno que puse en pie este esquema defraudador, se identifica a seis proveedores del Estado que participaron de este desfalco (Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat) por un total de $18.100 millones.
Cabe destacar que estamos ante una porción de lo realmente sucedido con la Andis, ofrecida por un gobierno que echa lastre para evitar crisis mayores, en una causa donde es investigada la hermana del presidente de la Nación por presunta coimas, con el favor de la Justicia adicta al poder.
Nada podemos esperar de una investigación en manos de quienes defraudaron he hicieron y hacen negocios con el Estado, al mismo tiempo que recortan los tratamientos e insumos para las personas con discapacidad. Se trata de la misma gente que dice haber terminado con los sobreprecios en la obra pública –liquidando la inversión estatal de paso- y que aparece implicada en toda clase de negocios turbios, desde el narcotráfico, hasta las criptomonedas, pasando por el enriquecimiento ilícito de los principales funcionarios de gobierno –como Manuel Adorni-, las coimas de Karina y los sobreprecios en Discapacidad.
A fines del pasado mes de abril el colectivo de Discapacidad se movilizó al Ministerio de Salud para exigir la implementación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad y para rechazar las modificaciones que el gobierno pretende imponer sobre el sistema, replicándose la movilización en varias partes del país, con una destacada intervención de Tribuna Disca en la ciudad de Salta y Misiones (Posadas), denunciando las auditorías truchas del gobierno, que buscan encubrir el desfalco y los robos "libertarios".
Necesitamos una investigación independiente del Estado, con participación de los trabajadores y de la comunidad de Discapacidad para llegar al fondo de esta situación y condenar a todos los responsables, de la mano del restablecimiento de todos los tratamientos, el pago de las prestaciones y una verdadera garantía al acceso para todas las personas con discapacidad.
Marcelo Mache
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