Por bombas o por hambre, Israel y Estados Unidos avanzan con el genocidio palestino

El gobierno de Israel celebró las vísperas de Navidad con el asesinato de más de dos centenares de civiles en Gaza y Netanyahu dijo que estaban “intensificando” su campaña. Según el ejército sionista, unos 200 objetivos fueron alcanzados en un período de 24 horas. 

 Los ataques aéreos y bombardeos de artillería en algunos casos exterminaron cuatro generaciones de una misma familia. Se concentraron en barrios residenciales como Bureij y Deir el-Balah, y los campos de refugiados Nuseirat y Jabalia. 

 El ataque aéreo dirigido a una casa en el campo de refugiados de Jabalia provocó el asesinato de decenas de civiles y heridas a muchos otros. 

 En los barrios de Sheikh Radwan y Shejaiya, los ataques tuvieron como objetivo viviendas residenciales. Un día antes, un ataque aéreo israelí mató a 76 miembros de una familia extendida, dijeron funcionarios de rescate.

 Los bombardeos y los disparos ininterrumpidos dificultaron la llegada de los equipos médicos. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa. Los heridos -la mayoría mujeres y niños- yacen en el suelo y son operados sin anestesia ni analgésicos. 

 Israel aseguró el viernes que controla casi totalmente el norte de la Franja, pues sus tropas se encuentran en "las etapas finales del control operativo", según el criminal de guerra y portavoz militar Daniel Hagari. Además mantienen la ofensiva en el sur de la Franja, en ciudades como Jan Yunisy. Muchos asesinatos tienen carácter selectivo: desde octubre han eliminado más de 300 miembros del personal médico, 32 oficiales de protección civil y 96 periodistas. En tanto, 42 trabajadores de la salud -incluidos directores de hospitales- y ocho periodistas fueron detenidos por las fuerzas israelíes.

 Alrededor de 1,9 millones de habitantes de Gaza, aproximadamente el 82% de la población, están desplazados. Más de 20.000 palestinos han sido asesinados desde octubre y por lo menos otras siete mil personas están bajo los escombros. De los 53.000 heridos, 5.000 morirán en los próximos días por falta de atención médica adecuada, afirma el Ministerio de salud gazatí. 

 No hay hospitales operativos en el norte de Gaza, y sólo nueve centros sanitarios de todo el país funcionan parcialmente.

 Entre 20.000 y 25.000 muertos en una población de poco más de 2 millones significa que más de uno de cada cien gazatíes fue asesinado en los últimos dos meses y medio. Esto equivale a 3,3 millones de personas en Estados Unidos (WSWS 24/12). La campaña sionista en Gaza, dicen los expertos, es la más mortífera y destructiva de la historia reciente y supera el bombardeo aliado en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. 

 El genocidio cuenta con la intensa colaboración militar y política de Estados Unidos y la Unión Europea, y la complicidad de los países árabes y el “concierto de las naciones”, para usar una expresión cara a la ONU. Con la honrosa excepción de Yemen.

 Estados Unidos remite 4 millones de dólares anuales en ayuda militar a Israel. Desde octubre, aumentó de semana en semana sus envíos de armas. Le ha suministrado más de 5.000 municiones MK-84, un tipo de bomba que el Ejército sionista utiliza contra la población civil, según un análisis de evidencia visual que publicó The New York Times el viernes. 

 Hasta el momento Israel ha lanzado 53.000 toneladas de bombas sobre la minúscula y superpoblada Franja de Gaza. Las bombas de una tonelada arrasaron toda la Franja, incluyendo la zona del sur, a la que Israel había ordenado que se desplazaran los civiles con el pretexto de darles seguridad. 

 El periódico informó que escaneó imágenes de satélite del sur de Gaza en busca de cráteres resultantes de este tipo de bomba, de 13 metros de diámetro o más. La investigación identificó 208 cráteres de más de 13 metros “aunque es probable que muchos casos no hayan sido capturados”. 

 Las Naciones Unidas han tolerado solo en las últimas tres décadas el asesinato de miles de palestinos, el bombardeo en distintas oportunidades de la población civil, la implantación de un sistema de apartheid, la construcción de un muro de más de 700 kilómetros y la extensión de la ocupación ilegal de territorio palestino, con demolición de viviendas, anexión de tierras y construcción de asentamientos. En 1993 había 247.000 colonos israelíes; en la actualidad son 700.000.

 El viernes, la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, demorada largamente por Estados Unidos, retiró la frase “cese del fuego” y se limita a solicitar “medidas urgentes para permitir inmediatamente el acceso humanitario seguro y sin obstáculos, y también para crear las condiciones para un cese sostenible de las hostilidades”. Una licencia para avanzar en el exterminio.

 Netanhayu admitió ayer que por lo menos 156 soldados israelíes -15 la última semana- han muerto en territorio gazatí, una información que coincide con las cifras informadas por las milicias palestinas, fuertes en el combate callejero. 

 A pesar del masivo apoyo de los habitantes de Israel a la política de limpieza étnica, el creciente número de bajas y la ratificación de la muerte de más rehenes movilizó a varios miles de personas que pidieron el sábado a la noche la destitución del primer ministro, en Tel Aviv (LN; 25/12). 

 Por las bombas o por el hambre 

Israel utiliza otra arma de guerra tan mortífera con los bombardeos, que es la hambruna y el bloqueo. Las condiciones en las que sobreviven las embarazadas y las que recién parieron son dantescas. La Nochebuena, una joven con su hija de una semana en brazos, explicó a Telesur que ni ella ni la bebé habían podido bañarse después del parto, que los olores son insoportables. La muchacha dijo que estaba hambrienta pero que lo que necesitaba era agua para ella y su hija. 

 Esta situación está generalizada. Un informe de Naciones Unidas afirma que en Gaza “hay una ducha por cada 4.500 personas y un inodoro por cada 220”. Estas condiciones promueven la propagación de enfermedades infecciosas. El documento menciona más de 100.000 casos de diarrea, 50.000 en niños menores de cinco años, una tasa 25 veces superior a la que existía antes del ataque de Israel. El Ministerio de Sanidad palestino dijo que 50.000 mujeres embarazadas y unos 900.000 niños están gravemente desnutridos. “El hambre está asolando Gaza, y se espera que aumente la enfermedad en toda la Franja, más agudamente entre los niños, las mujeres embarazadas y lactantes, y las personas mayores”, escribió la ONU en un informe. 

 La ONU informó que el 93% de la población se enfrenta a 'niveles de crisis de hambre', mientras que uno de cada cuatro hogares se encuentra en 'condiciones catastróficas' de inanición. El viernes, el secretario general Antonio Guterres reconoció que “cuatro de cada cinco de las personas más hambrientas de cualquier parte del mundo están en Gaza”. 

 Arif Husain, director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, dijo que la hambruna masiva en Gaza es la peor que ha visto en su vida. “No hay nada peor. Nunca he visto algo a la escala de lo que está ocurriendo en Gaza. Y a esta velocidad.” 

 Esta semana, parte del gabinete israelí pidió explícitamente el vaciamiento de la Franja para instalar allí nuevas colonias judías. El ex primer ministro Olmert, en cambio, dijo que destruir a Hamas es inviable y pidió la imposición de una fuerza multinacional. Netanhayu huye hacia adelante. 

 La Nochebuena, cientos de miles de personas se movilizaron en todo el mundo en solidaridad con Palestina, incluido Berlín, Irlanda, Escocia, Japón, Sudáfrica, Bangladesh y numerosas ciudades norteamericanas. En Holanda, 8000 pares de zapatitos fueron colocados en memoria de los niños asesinados. En la India, la policía reprimió una marcha de mujeres que denunciaba el genocidio. En Marruecos, varios cientos de miles marcharon exigiendo la ruptura de relaciones con Israel. En Finlandia, los manifestantes bloquearon barcos que llevaban armas a Israel mientras miles desfilaban en las congeladas calles de Helsinski. 

 Olga Cristóbal 

 26/12/2023

Lucha de clases, con todas las letras

Entre otros de sus cientos de objetivos a favor del capital, el DNU de Milei apunta a eliminar el precio único de los libros mediante el artículo 60 (incluido en el título 3 de Reorganización Económica, capítulo 1 de Desregulación económica) que promueve la eliminación de la Ley 25.542, de precio uniforme de venta al público de libros, también conocida como “Ley de Defensa de la Actividad Librera”. 

 Esta ley establece que los editores, importadores o representantes de libros fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe. Por lo tanto, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Del mismo modo acontece con las ediciones digitales. 

 De darse, la eliminación de la ley implicaría enormes ganancias y ventajas para los supermercados y grandes cadenas que se impondrían mediante best sellers y distintas rebajas discrecionales, perjudicando especialmente a pequeñas librerías y editoriales independientes. Si el supermercado toma un libro que se vende muchísimo o dos y los pone muy baratos, porque maneja grandes volúmenes o porque eso le sirve como oferta, entonces las librerías venderán mucho menos. 

 Según lo que sostienen desde la Feria De Editores (FED), en un principio se podrían dar ofertas de los grandes jugadores que pueden acceder a comprar mayor cantidad de unidades, por ende con mayores descuentos, y trasladan ese descuento al público. Ganan cuota de mercado, reducen drásticamente a los pequeños jugadores hasta hacerlos desaparecer y luego vuelven a subir los precios.

 Esto sucede con Amazon a nivel mundial, empresa que en un primer momento compró libros en cantidad y bajó los precios de venta, para luego de tener monopolizada la cuota de mercado mayoritaria, retirar los descuentos y fijar nuevos precios, ciclo que se observó en varios países. 

 Lo que propone la derogación de esta ley es, en consecuencia, que cualquier librería, cadena de librerías o incluso grandes supermercados puedan poner el precio que consideran al libro, más allá de lo que sugiere el editor.

 Como consecuencia, significaría un golpe durísimo contra el acceso a la diversidad de títulos, o libros que no tienen tantos lectores y que pueden pasar años en los estantes, de difícil acceso para las mayorías. 

 Argentina, España y México, entre los países de habla hispana, junto a Alemania, Corea del Sur, Italia, Japón y Noruega son algunos de los países que promueven al libro como bien cultural fundamental, bajo un consenso en común, que es la protección de pequeñas y medianas librerías. 

 Para enfrentar el golpe de estado económico que implica esta avanzada anti obrera de Milei, que cuenta con la complicidad de la burocracia sindical, nuestros derechos únicamente los podemos conquistar y defender autoconvocándonos y organizándonos desde ahora, en forma independiente del Estado y de las grandes "industrias de la cultura".

 El norte actualmente marca luchar por un salario acorde a la canasta familiar, en la perspectiva de la huelga general, arrancándole al Estado el capital simbólico que forma parte de la riqueza social que es producida por los mismos trabajadores. 

 Sergio Escalas 

 29/12/2023

Ley Ómnibus: desde los 9 años no será necesario ir a la escuela

La llamada "Ley Ómnibus" que Milei mandó al Congreso, plantea en uno de sus artículos que los niños desde los 9 años puedan llevar adelante la escolaridad de manera virtual, quitando así la obligatoriedad de la presencialidad tal como lo establece la Ley de Educación. 

 Es el artículo 550 del nefasto proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. El mismo busca dejar sin efecto el artículo 109 de la ley de Educación Nacional 26.206 que menciona que los estudios a distancia están permitidos recién desde los 18 años en adelante (salvo en el caso de la modalidad rural). 

 El artículo, que busca dejar por fuera toda posibilidad de socialización y fortalecimiento de vínculos entre pares, estudiantes y docentes, familia y escuela, dispone: “Los estudios a distancia híbridos como alternativa a la educación presencial a partir del segundo ciclo del nivel primario para menores de edad, jóvenes y adultos, podrán impartirse en las distintas modalidades educativas”. Es decir, se quita la obligatoriedad de asistir de manera presencial a la escuela a partir de los 8, 9 años. 

El presidente y todo el arco político, no ignoran que la escuela no sólo enseña contenidos sino que además es fundamental en la construcción de vínculos y subjetividades y muchas veces es quien media en situaciones de extrema vulnerabilidad dentro de los hogares de cada niño o niña. Por el contrario, lo saben y apuntan a borrar de la vida escolar todo aquello que impacte de manera positiva en la formación integral de los sujetos y de la sociedad en general.  No olvidemos que la misma casta que gobierna hoy, en épocas de pandemia, es la que arrojó a alumnos, alumnas, docentes y auxiliares adentro de las escuelas a costa de la vida de las familias trabajadoras.

 Los docentes no nos cansamos de denunciar, llevando adelante un plan de lucha que ponga a salvo la salud y la vida y de poner a disposición de las familias todos nuestros recursos para que cada niño y niña pueda sostener en su casa las clases virtuales y el vínculo con la escuela. Y somos también los que hoy le ponemos el pecho a las consecuencias de un sistema educativo y un sistema de salud totalmente desfinanciados y en colapso que poco pudieron contener en aquel momento.

 Esta misma derecha que gobernó y gobierna, que promovía la presencialidad criminal, es la que hoy, seguramente por negocios millonarios con distintas plataformas virtuales, quiere las escuelas vacías. Estas medidas no sorprenden siendo que Milei en campaña anunció el sistema de vouchers para la educación, medida que claramente es rechazada por la comunidad educativa, pero que pretende pasar de manera progresiva como toda reforma educativa regresiva que se ha dado en CABA y que buscó reventar el estatuto docente. 

 Desde Tendencia Docente Clasista, repudiamos fuertemente el DNU y la "Ley Ómnibus" que arrasan con los derechos adquiridos a través de la lucha y entendemos que la única forma de dar de baja este plan criminal es autoconvocandonos en asambleas y en las calles por la huelga general. 

 ¡Abajo en DNU y la Ley Ómnibus! ¡Arriba los trabajadores! 

 Andrea Pepin 

 30/12/2023

"Rechazamos la Ley Ómnibus que es un ataque a las libertades democráticas" // Romina Del Plá

El DNU de Milei, la libertad de los esclavos - La Sartelli por el Mango

Javier, el Restaurador - Un mundo en crisis, columna de Fabián Harari

Milei, un chantajista en medio de una crisis explosiva

Un periodista de La Nación describe implacablemente cual es la situación política que se ha creado a partir de la presentación de la ley ómnibus en el Congreso nacional. El columnista se interroga sobre la conducta que tendrá la oposición en relación al megaproyecto de ley. Y no duda en señalar que, a esa “oposición balcanizada”, el gobierno le ha ofrecido “una llave para cerrar desde adentro las puertas del Congreso”. ¡Cerrar el Congreso desde adentro! En efecto: a nadie escapa que la aprobación de la ley ómnibus comportaría una sesión extraordinaria de poderes en favor del Ejecutivo, en principio, por dos años. Para el período posterior, la propia Ley ómnibus prevé una reforma electoral que podría llevar -por el régimen de votación uninominal- a una mayoría absoluta en favor del oficialismo, en un escenario político-electoral caracterizado por un unicato represivo. 

 La aprobación de la ley, además, deja en manos de la camarilla de Milei-Caputo el manejo completo de las operaciones de deuda, desde la reestructuración de la actual hasta la adopción de nuevos préstamos. En el plano político, la ley ómnibus cancela las garantías constitucionales de expresión y reunión, y habilita al presidente a autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio -es la integración de facto de Argentina al campo político de la OTAN, en el marco de una guerra internacional en ascenso.

 La votación de la ley ómnibus, en definitiva, implicaría la autoanulación del Congreso por un plazo indefinido. Para la circunstancia de un rechazo, Milei ha amenazado a la oposición con un plebiscito, cuyo resultado, sin embargo, no tiene de ningún modo asegurado. Una reciente encuesta de opinión en la emblemática Matanza registra un grado de aprobación de sólo el 30% para el nuevo gobierno, demasiado bajo para solamente veinte días de gestión. En el horizonte cercano, esa misma población deberá afrontar tarifazos en el transporte y en los servicios públicos de entre el 300 y 400%. Como ya ocurriera con el DNU, la publicación de la ley ómnibus ha dado lugar a un desfile de censuras y preocupaciones por parte de constitucionalistas y otros expertos. Detrás de la bulla, sin embargo, los aparatos políticos y sindicales que fueron desafiados por Milei han sido extremadamente contemplativos. El macrismo, del propio Macri a Santilli, pasando por Vidal, ha cerrado filas en el apoyo al DNU y a la ley ómnibus. En el radicalismo, Rodrigo Loredo, un peso pesado de su bloque de diputados, ha “protestado”, no contra los superpoderes por dos años, sino por la pretensión de extenderlos por otro bienio más. Entre los gobernadores, el catamarqueño Raúl Jalil, de Unión por la Patria, anticipó su ´disposición al diálogo´, a caballo de las expectativas en las inversiones mineras. 

 Se ha creado, así, una situación política excepcional. Milei se las ha arreglado para arrinconar a la oposición patronal–“o el Congreso se autocancela, o lo cierro yo”. Pero el chantajista carece de gobernadores e intendentes, y cuenta con una bancada minoritaria, además del retroceso en la consideración popular. La base de su extorsión es el carácter catastrófico de la crisis, que encierra la amenaza de un colapso económico y, principalmente, de una rebelión popular. Parado sobre la cornisa, Milei se presenta ante el conjunto de los aparatos e intereses capitalistas como la última carta frente al abismo social y político. A nadie escapa, sin embargo, que ese abismo puede tener como partero al propio Milei, a la luz del actual derrotero de hiperinflación, aumento del endeudamiento, por un lado, y de la crisis social, por el otro. 

 CGT 

En el escenario de los aparatos bajo libertad vigilada, ocupa un lugar central la CGT, que viene de protagonizar un revés manifiesto —la marcha y la judicialización del DNU han concluido en un fiasco. Ahora, ha concebido un paro nacional a un mes vista, con el propósito de influir a otro de los poderes del Estado —el parlamento. En el “mientras tanto”, un sindicato estratégico, el de los empleados de comercio, ya abrazó la liquidación de las indemnizaciones por despido, dando por vigente al DNU que comenzará a regir en pocas horas. La extorsión de Milei sólo podrá ser quebrada por la fuerza elemental de la clase obrera, que debe ser convocada a la deliberación y a la autoconvocatoria. El próximo episodio de la confiscación —los megatarifazos— volverán a sacudir la estantería por abajo. El reclamo del 100% de aumento de salarios, la anulación de los decretazos y leyes antiobreras; la vigencia incondicional del derecho de huelga, movilización y expresión son las reivindicaciones cruciales en la preparación del único recurso que puede terminar con esta tentativa antiobrera: la huelga general.

 Marcelo Ramal

 28/12/2023

Cómo abordamos esta crisis de poder excepcional

El Congreso y la burocracia de la CGT capitulan ante las provocaciones de Milei 

 La entrada en vigencia del DNU 70/23 el día de mañana y el envío a extraordinarias del proyecto de ley Ómnbus ponen en jaque a todo el régimen político. 

 La vigencia del DNU ocurrirá como consecuencia de la flagrante omisión del Congreso que ni siquiera ha intentado constituir la Bicameral que trata de esos decretos, a pesar de la representación ínfima del gobierno ‘libertario’ en el parlamento. La aprobación tácita de los DNU fue establecida por el gobierno de Néstor Kirchner y la mayoría parlamentaria constituida por el Frente para la Victoria y la UCR. La extensión de los proyectos de ley del DNU 70 – compuesto de 364 artículos – convierten al sistema político en un régimen de poder personal. 

 El proyecto de ley ómnibus refuerza este carácter de poder personal, porque solicita al Congreso la transferencia de los poderes legislativos al Ejecutivo por dos años, con la posibilidad de extenderlo a cuatro años, o sea a la totalidad del mandato presidencial. Este proyecto, que debe tratarse en un mes aborda toda la legislación relevante de Argentina, incluídos los Códigos Civil y Penal. En su lista de privatizaciones de empresas públicas incluye al Banco Nación, a YPF y a Arsat. Con el banco Provincia, el Nación es el más relevante para la financiación de la burguesía local tomada en su conjunto. YPF es la compañía con mayor potencial de capitalización del país; Arsat es la proveedora de satélites – el mayor logro tecnológico nacional. El proyecto ómnibus – más de 660 artículos – altera la organización económica de Argentina. 

 Entre sus normas figura el pasaje del Fondo de Sustentabilidad de Anses al Tesoro, lo cual significa, de un lado, la venta del patrimonio de acciones en empresas privadas del Fondo – en especial en Techint – y la confisación de su elevada tenencia de deuda pública; su efecto inmediato es elevar la cotización de los títulos de deuda pública en circulación. Se trata de un ataque frontal al sistema previsional, que sufre al mismo tiempo la suspensión del ajuste de las prestaciones jubilatorias en un escenario hiperinflacionario. El mamotreto enviado a Diputados altera la ley de administración financiera, que impone, en su versión actual, la obligación de obtener una ventaja para el Tesoro nacional en los casos de reestucturaciones de deuda, como precisamente intentará hacer Milei. Es una delicia para los acreedores nacionales e internacionales. 

 En función de este cambio en la administración financiera, el gobierno anunció la emisión de un bono de “deuda perpetua”, con el propósito de pagar en forma integral la indemnización reclamada por un fondo buitre, en la jus ticia de Nueva York, por la estatización parcial de YPF en 2015. La factura es de 16 mil millones de dólares y el resarcimiento tiene lugar cuando ese fondo había anunciado la disposición a reducir esa deuda en un 80% debido a la evidencia de que Argentina no tenía condiciones para pagarla con un saldo negativo de reservas internacionales. El aval del Congreso a semejante operación podría reservar a quienes estén dispuestos a votarlo.o un largo período de cárcel en el futuro por estafa al Estado. Este escenario político-financiero demuestra que Argentina ha pasado a ser gobernada por lobbys capitalistas, nacionales e internacionales, que han instalado a sus funcionarios en las reparticiones estatales. Esto vale desde BlackRock, la Corporación América o Techint, hasta lo massistas Vila-Manzano y la familia Caputo, que han transferido su apoyo del viejo al nuevo gobierno.

 Un aspecto aparentemente menor del proyecto “Bases para la recuperación de la libertad en Argentina”, descripto en su introducción, es que, a diferencia de la Constitución Nacional, reserva la libertad para los habitantes del país, y no “para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Es un proyecto de discriminación social contra la inmigración, esto en un país despoblado. A diferencia de Alberdi, para quien “gobernar es poblar”, para Milei es lo contrario. Alberdi, por cierto, llegó tarde, poque para ese entonces la tierra en Argentina estaba, a diferencia de Estados Unidos, repartida entre grandes latifundistas. El mismo propósito tiene Milei, cuyo propósito es licitar la Patagonia, el norte argentino, la cordillera y los humedales. 

 El objetivo explícito del proyecto enviado al Congreso es instaurar un estado policial, con la prohibición de manifestación, anulación del derecho de huelga en la totalidad de servicios e industria y el derecho al gatillo fácil ejemplificado en el caso Chocobar. A Milei-Bullrich se le habían adelantado el gobernador de Salta y el ex gobernador de Jujuy. En la cabeza de los autores, al menos, el escenario de Argentina sería de guerra civil – efectiva o potencial. Los acompañantes de Milei, Bullrich, Sturzeneger y otros, ya han sido derrocados en dos oportunidades, bajo De la Rua y bajo Macri; la tercera es la vencida. 

 La reacción a este golpe de estado de parte de los bloques opositores del Congreso en condiciones de ratificar el DNU 70 y aprobar el engendro ómnibus, ha sido de connivencia. Han salido en fila india a pontificar acerca de los “aspectos positivos o novedosos” de esos mamotretos, lo mismo que los progrmas de La Nación + y TN. Rodrigo de Loredo, el jefe de la bancada de la UCR, admitió incluso que la cesión de facultades legislativas al Ejecutivo podría extenderse a 2027. Como escribió ácidamente un columnista destacado de La Nación, “Milei ofrece a la oposición una llave para cerrar desde adentro las puertas del Congreso”. En efecto, Milei ha diseñado un conflicto de poderes para el caso de que no se ratifique el DNU y no se apruebe el 90% del proyecto ómnibus. Se trata de una extorsión política, que apunta a poner al Parlamento del lado de ‘la subversión’. Con una inflación que, a partir de enero, se convertirá en 1.5/2.0% diaria, el rechazo al planteo totalizante y totalitario del Ejecutivo podría reproducir un diciembre de 2001, pero con participación fundamental de la clase obrera. La polarización definida en estos términos ha llevado a Miguel Picheto, ex kirchnerista y ex macrista, a romper con Juntos por el Cambio, para no avalar el cambio de régimen político que pretende Milei. Es el sector de la burguesía que advierte contra el aventurerismo de los libertarios, capaz de poner al régimen político en un callejón sin salida. El progresismo criollo se ha dividido también en los mismos términos, a partir de quienes entienden que hay que reivindicar las ‘cosas positivas’ del proyecto libertario para evitar un confrontación social y política en las calles y lugares de trabajo. Un protagonista oculto en estos eventos es la embajada norteamericana, el sionismo y el FMI, que buscarán a toda costa una fórmula

de arreglo para salvar al gobierno de Milei.

 La respuesta de la burocracia de los sindicatos es un espejo del de la burguesía parlamentaria. Connivencia. Eso fue el paseo de los Tribunales y el acatamiento a la normativa represiva de Bullrich. Ahora, el Comité Central Confederal de la CGT se ha comprometido a un paro nacional para el 24 de enero – un largo mes por delante, en vacaciones (cuando las patronales pueden vaciar las fábricas), pero por sobre todo cuando debe finalizar el período de sesiones extraordinarias del Congreso. O sea, con la expectativa de tener un panorama político resuelto. Claro que, en el medio, lo que ocurra en el Congreso y en las góndolas de los supermercados puede sacudir toda la estantería social y política. La línea seguidista del FITU hacia la burocracia cegetista, plasmada en que diseñe y dirija un plan de lucha y un paro, ha quedado en el pantano 

 La posición de la directiva cegetista no fue desafiada o cuestionada en el Confederal, en contradicción con las resoluciones previas de algunos sindicatos de que irían a una huelga general contra la anulación del derecho de huelga. En enero se reunirán también algunas paritarias, en las que se deberá dirimir el golpe de la hiperinflación en los salarios y en los ajustes periódicos de los salarios. 

 Con esta caracterización de conjunto de una enorme crisis de poder, la tarea de los luchadores será la de dar forma organizada y política a la manifestación de descontento popular hasta convertirla en “trend topic” entre los trabajadores. La crisis en desarrollo abarcará un período político. Por eso es necesaria una intensa preparación política, incluídos los métodos de lucha contra la represión y el estado policial. 

 Jorge Altamira

 28/12/2023

Diana Mondino es una banquera que se va beneficiar personalmente con el megadecreto

Es accionista mayoritaria del banco Roela y estuvo involucrada en el "fraude bancario más grande de la historia argentina". 

 Una investigación realizada por Ámbito dio a conocer que la actual Canciller, Diana Mondino, continúa siendo una de las dueñas del banco de origen cordobés, Roela, y, por lo tanto, se ve directamente beneficiada por las normas que desregulan el sistema financiero, comprendidas en el megadecreto que ella misma firmó en calidad de ministra. 

 Recordemos que el DNU favorece a las entidades financieras privadas porque elimina el techo al interés punitorio por demoras en el pago de tarjetas de crédito y el tope de tasa que pagan los comercios. A su vez, permite que los bancos comiencen a cobrar por la apertura de cuentas sueldos y las extracciones de dinero por parte de los empleados, y, además, habilita la privatización del Banco Nación. 

 Estas medidas benefician a Diana Mondino personalmente, dado que posee el 49,61% de las acciones del banco Roela, mientras que su hermano, Guillermo Mondino, detenta igual porcentaje del paquete accionario. El banco está ligado al negocio inmobiliario de la provincia de Córdoba, liderado por la constructora Edisur. A lo anterior hay que sumarle cuánto se enriquecieron a partir de sus posiciones en Leliqs y bonos del Tesoro.

 Como vemos, los “paladines de la transparencia” que supuestamente venían a combatir los privilegios de la casta, reproducen las mismas prácticas de corrupción que sus antecesores, designando funcionarios que aprovechan su cargo público para hacer negocios, en perjuicio de las mayorías.

 En este caso, ganan los banqueros como Mondino porque podrán acrecentar la usura sobre los trabajadores que utilizan tarjeta de crédito e incautar una parte de su sueldo una vez depositado en la caja de ahorro. 

 Mondino es una representante directa de los intereses de la banca al interior del gabinete, como lo fue en los ‘90 su marido, Eugenio Pendás, cómplice del denominado “fraude bancario más grande de la historia argentina” cuando se desempeñaba como Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. 

 En semana santa de 1995, el Banco Integrado Departamental (BID) declaró la quiebra, confiscando depósitos por 381 millones de dólares. A comienzos de ese año, a pesar de su insolvencia, los funcionarios del Banco Central -entre los que se hallaba Pendás- autorizaron que el BID absorbiera a los bancos Ribera y Aciso, multiplicando la cantidad de ahorristas que serían estafados meses después. Cabe destacar que la fusión fue posible debido a que la calificadora de riesgo local Risk Analysis, perteneciente a Diana Mondino, le había atribuido al BID una buena calidad crediticia. 

 Así las cosas, la actual ministra de Relaciones Exteriores junto con su marido estuvieron involucrados en el robo perpetrado contra 21 mil ahorristas bajo el gobierno de Carlos Menem. Sucede que el cierre del BID fue fruto de años de vaciamiento en complicidad con las autoridades del BCRA: las investigaciones sobre el caso detectaron que el banco otorgaba préstamos irregulares a empresas vinculadas a la entidad financiera. 

 “Además, se documentaron otras prácticas ilícitas, como maniobras para evitar previsionar, operaciones destinadas a crear activos falsos, obtención de fondos del Banco Central mediante información fraudulenta” (El Cohete a la Luna, 17/12). A su turno, en 1997, la presidenta de la Comisión Nacional de Ahorristas Damnificados, Matilde Sermoneta, denunció que parte de los fondos que no pudieron retirar cuando quebró el BID “estaba en una isla del Caribe” (En Orsai, 26/12).

 En definitiva, quienes fueron protagonistas de graves estafas contra el pueblo, en lugar de haber sido juzgados, hoy están al frente del gobierno tomando medidas que profundizan la crisis social, a la vez que engrosan los bolsillos de un puñado de capitalistas entre los cuales se incluyen. Es el caso del mismo Luis Caputo, ministro de Economía, que como funcionario de Macri garantizaba la fuga de dólares de los grandes fondos de inversión y de él mismo, teniendo en cuenta que figuraba dentro de los Panamá Papers por poseer cuentas ilegítimas en el exterior. 

 Los trabajadores estamos cansados de tantos agravios. Debemos volcarnos a la lucha para que de una vez por todas dejen de lucrar con nuestro padecimiento.

 Sofía Hart

Las empresas yanquis se relamen con el DNU de Milei

Festejan el colonialismo en su “patio delantero”. 

 La AmCham, la cámara que agrupa a las empresas de EE.UU. en nuestro país, acaba de emitir un comunicado de férreo apoyo al DNU del gobierno nacional, que pone énfasis en saludar el retroceso laboral que implica. 

 En un párrafo del mismo dicen que “comparten circunscribir las relaciones empresariales y de los ciudadanos bajo la premisa de que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido”, es decir, van por un retroceso a las relaciones laborales individuales que primaban cuando el capitalismo nacía. La “libertad” que defiende AmCham anula la asociación obrera, o sea, el sindicato como instrumento de lucha y organización de la clase obrera. Es una relación completamente desigual. 

 Empresas como Exxon, Chevron, Livent, JP Morgan, Duke, ponderan la “libertad de mercado” que persigue el DNU. Es un fenomenal acto de hipocresía, de parte de empresas que en su país gozan de todo tipo de protecciones aduaneras, subsidios y hasta salvatajes estatales. Los aranceles a las importaciones, las sanciones a competidores extranjeros, la “ayuda” financiera en la pandemia, los rescates; revelan que no se someten a las leyes del “libre mercado”. 

 El colonialismo al palo 

Lo de AmCham no es un rayo en cielo sereno. Está alineado con las declaraciones que dio la jefa del Comando Sur de EE.UU., generala Laura Richardson, cuando estuvo en Argentina y se reunió con la exvicepresidenta, Cristina Fernández, y definió al petróleo, el litio, el agua y los bosques de nuestro país como estratégicos para los intereses de EE.UU. Esto, inscrito en la guerra comercial que desarrolla contra China. 

 También lo dejó en claro el presidente norteamericano Joe Biden, cuando en un acto de sincericidio afirmó que América Latina no era el “patio trasero” sino el “patio delantero”. Atrás o adelante, pero el lugar donde recoger las flores para el interior de la casa, cosechar para su consumo, o simplemente para divertirse. 

 La política de profundizar las relaciones carnales con EE.UU. conduce inexorablemente al colonialismo y a un retroceso para las masas empobrecidas de Argentina y de toda América Latina. 

 Al igual que Milei, en la misma lista se anotan los gobernadores para rematar las riquezas de sus provincias a las multinacionales. En el caso de Neuquén, Rolando Figueroa fue a Houston y a Washington a asegurar la continuidad de la entrega de Vaca Muerta y a endeudarse con el BID. 

 La defensa de los intereses nacionales no puede desligarse de la defensa de los trabajadores contra la ofensiva capitalista del DNU, empezando por su reforma laboral. Derrotémoslo en las calles.

 Norberto E. Calducci

Milei inventa una “doble imposición” fiscal para eximir a las multinacionales como Techint y Toyota

Quieren desgravar a los capitalistas y gravar a los trabajadores con Ganancias. 

 Dentro del paquete de leyes que Javier Milei envió al Congreso de la Nación se encuentra una serie de convenios bilaterales para la eliminación de la doble imposición fiscal a grandes empresas radicadas en otros países, lo que implica una concesión del gobierno en favor de las multinacionales. Entre las grandes beneficiarias se encuentran la japonesa Toyota y el holding Techint. 

 Se trata de convenios bilaterales con Japón, China, Turquía y Luxemburgo que evitan la doble grabación sobre impuestos como Ganancias y Bienes Personales, entre otros, y que abren la puerta a la aplicación de la cláusula de “nación más favorecida”, lo que amenaza a extenderse a convenios con otros países y a una caída mayor de la recaudación fiscal.

 Lo que se proyecta no es solo una reducción fiscal para las patronales locales sino beneficios sin precedentes para las grandes multinacionales, cuyas obligaciones fiscales serían reducidas sensiblemente. 

 El convenio con Japón excluye el pago de regalías en concepto de “asistencia técnica”, lo que beneficia directamente a la automotriz Toyota. Se estima que el costo fiscal es aún mayor que la sola eximición de un ítem fiscal, ya que se habilita la deducción como gasto en la declaración impositiva, disminuyendo la base imponible que impacta en otros impuestos, como Ganancia. 

 Para el caso del convenio con Luxemburgo –un cuasi paraíso fiscal- se exceptúa el pago de ganancias de capital por venta de activos y recaudación de Ganancias por marcas y patentes, y se limita el pago de regalías entre el 3 y 10%. Mientras que para el caso de las regalías por contratos de transferencia de tecnología se establece un tope del 15%, contra el 31,5% actual. 

 En Luxemburgo tienen asiento fiscal muchas multinacionales debido a los “beneficioso” de los términos, entre ellas la “nacional” Techint. El convenio es una promoción directa de la evasión fiscal, que formaliza un régimen de excepción para las patronales de mayores recursos.

 Dentro del paquete también se encuentra un proyecto que refrenda un acuerdo firmado con China en 2018 –el mismo régimen que Javier Milei tanto defenestra- que habilita que las empresas chinas que paguen impuestos en su país no sean afectadas por tributos locales. Esto alcanza a impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. 

 Con la excusa de favorecer inversiones y ofrecer seguridad jurídica, el gobierno de Javier Milei garantiza condiciones fiscales privilegiadas para los capitalistas y las multinacionales que operan desde paraísos fiscales y otros países. 

 Al tiempo que avanza en la desregulación y desgravación de los capitalistas se propone gravar a los trabajadores nuevamente con el pago de Ganancias, y cercenar derechos laborales y conquistas por medio de la aplicación el reciente DNU antiobrero. 

 El peso del sostén económico del Estado de los capitalistas es volcado sobre las espaldas de los trabajadores. Derrotemos esta ofensiva antiobrera que busca cristalizar un régimen de mayores privilegios y beneficios a las patronales sobre los trabajadores. 

 Marcelo Mache

Solano: “con la ley ómnibus, Milei quiere gobernar en estado de excepción permanente”

La única forma de frenarlo es con un paro general que tiene que convocar la CGT. “Alcanza con una lectura rápida de la Ley Ómnibus enviada por Milei al Congreso para darse cuenta que representa un peligro inmenso para las libertades públicas de Argentina y que de aprobarse entraríamos en una especie de estado de excepción permanente. Entonces nuestro país estaría regido por un estado de sitio que se prolongaría eternamente en el tiempo. La única manera de enfrentarlo es con un gran paro nacional que tiene que ser convocado por las centrales obreras con urgencia y sin más dilaciones como el comienzo de un gran plan de lucha. 

 “Se establece en el texto enviado al parlamento que para una reunión de tres o más personas en la vía pública debe haber autorización de autoridad competente. Y encima esta autoridad incluso se arroga el derecho de no dar ese permiso invocando cuestiones de seguridad pública. Ya se negaba el derecho a huelga en el decretazo pero acá se avanza aún más. Se modifica y se endurece el código penal del artículo 194 que fue introducido por la dictadura de Onganía. Ahora acá se ponen penas más fuertes para la protesta social. Por otro lado se destruye el sistema electoral argentino y se elimina todo tipo de representación proporcional; vamos a tener por lo tanto una especie de partido único. Esto es completamente antidemocrático. 

 “En materia social se avanza nuevamente contra los jubilados eliminando la movilidad previsional y estableciendo un régimen por decreto que para un gobierno de la motosierra es evidente que va a ser para recortar las jubilaciones y no para aumentarlas. 

 “Tenemos que rechazar fuertemente esta Ley Ómnibus. Forma parte de un paquetazo reaccionario integrado por el Rodrigazo que se hizo para destruir salarios y jubilaciones, el decretazo que prohíbe el derecho a huelga y también el protocolo represivo de Bullrich. Esto es fundamental que lo tomen en sus manos los sindicatos y esperemos que el Confederal de mañana convoque de inmediato un paro activo nacional y un plan de lucha para derrotar esta política represiva.” 

Prensa Obrera 

27-12-23

El sindicalismo combativo y el movimiento piquetero, ante la convocatoria de la CGT

20 de diciembre: crónica subjetiva

"Marchamos con una columna independiente pedimos un paro y plan de lucha" // Belliboni en Crónica TV

Milei impulsa la derogación del derecho de huelga en toda la industria de exportación

Aceiteros, portuarios, petroleros, mineros, industria automotriz. 

 En una declaración de estos días, el Sindicato de Aceiteros del Departamento de San Lorenzo y la Federación de Aceiteros denuncian en forma minuciosa que la “reforma laboral” inserta en el mega DNU 70 del gobierno de Milei destruye, en el conjunto y en el detalle, el Derecho Laboral vigente en Argentina, con independencia de todas sus limitaciones. 

 El texto advierte que el decreto “amplía la calificación de servicios esenciales, incorporando supuestas 'actividades trascendentales', entre las que podría encontrarse la aceitera y la desmotadora de algodón, como modo de impedir o dificultar el ejercicio del derecho de huelga”. El DNU en cuestión, efectivamente, limita al extremo el derecho de huelga en la Salud, la Educación, el Transporte, las actividades estatales. En esas ramas, los sindicatos que declaren una huelga deberán asegurar el funcionamiento del servicio en un 70 a un 90 % de la actividad. 

 Ocurre, sin embargo, que el mismo Milei ha anunciado que en los próximos DNU tiene la intención de establecer “la prohibición a la prohibición de las exportaciones”, lo que no se refiere solamente a la aplicación de normas que aseguren el abastecimiento del mercado interno, como ha ocurrido tradicionalmente con el trigo o el maíz, en forma errática con la carne y en algunas ocasiones con el petróleo –en este caso mediante el “barril criollo”, que diferenciaba el precio interno del correspondiente a exportación-. El propósito de los ‘libertarios’ es establecer una economía dolarizada con salarios y jubilaciones pesificados. En este caso, Milei ya adelantó que derogaría la indexación por inflación de unos y otras. 

 La “prohibición de prohibir” apunta a algo diferente: la anulación del derecho de huelga en la industria de exportación. El caso típico es la soja y sus derivados –harina y aceite de soja-, los minerales, el petróleo, el litio y hasta los vinos y limones o el azúcar. Los sindicatos afectados serían, en primer lugar, los portuarios; le siguen los camioneros, recibidores de granos, petroleros y mineros, la industria automotriz o incluso la industria del pescado. Con la inclusión de estos rubros en la “esencialidad”, Argentina acompañaría a China y a Rusia en la represión generalizada del ejercicio de la huelga. 

 La implicancia de esta derogación del derecho de huelga es decisiva en el desarrollo de la crisis que ha desatado el DNU. La burocracia de la CGT ha convocado a una manifestación de aparato para el miércoles próximo, con el propósito de frenar el DNU en los Tribunales y ejercer una presión para que el decreto sea vetado por la comisión bilateral en el Congreso. Lo que tiene a maltraer a la burocracia cegetista es el golpe que recibe por la libertad que el decreto otorga para abandonar las Obras Sociales y el traslado a la medicina privada. Es su punto de negociación. Con esta política no parará el DNU, que entra en vigencia el jueves que viene por transcurso de tiempo. Las prepagas han enviado en la Nochebuena las nuevas tarifas a sus afiliados –con un 40 % de aumento– sin esperar la entrada en vigencia del decreto. Una huelga hasta la derogación del DNU hubiera sido un golpe definitivo al DNU, no el paseo de verano al mediodía a Plaza Lavalle. 

 Los sindicatos de la industria de exportación –estratégicos si los hay– deberían asumir su propia responsabilidad. Esto significa establecer un frente común, declararse en estado de asamblea permanente y declarar una huelga contra este DNU y los que se vienen. En distritos como el Noroeste debería establecerse un Comité Intersindical de Huelga de Mineros, Petroleros, Cítricos y Azucareros; en Córdoba, un comité de los sindicatos y obreros de las terminales y autopartistas; en Neuquén y la Patagonia, de petroleros y mineros; en el conurbano de Rosario, de aceiteros, recibidores de granos y portuarios. Además de la derogación del DNU, hay un reclamo insoslayable: el aumento del ciento por ciento de salarios y jubilaciones. 

 A la objeción de que todos los mencionados son sindicatos de la CGT, señalamos lo siguiente: una cosa son los “planes de lucha” mentirosos de la CGT –fundamentalmente de aparato– con sus “paros” aislados, otra cosa es el desarrollo de Intersindicales por regiones, más proclives a que las masas las vean como instrumento de acción. Más allá de esto, es imperativo el desarrollo de Coordinadoras Interfabriles, más cercanas a los trabajadores, para organizar también a los obreros no sindicalizados, no registrados y a los monotributistas y trabajadores de clase media. La lucha que enfrenta la clase obrera de Argentina no es la “Cuesta del Portezuelo: un pasito aquí, otro más allá/ y un camino largo que baja y se pierde”. Son necesarios pasos decisivos y de conjunto de organización y huelga.

 El gobierno de Milei es una tropa de asalto contra la clase obrera y sus instituciones. Es esencialmente débil para semejante empresa, lo que busca compensar mediante la complicidad de los partidos tradicionales y el Congreso, las mediaciones de la embajada norteamericana y la burocracia sindical. Esta burocracia no solamente avaló todos los desmanes del gobierno peronista K contra el mundo del trabajo, sino que abordó la crisis final de este gobierno –desde la derrota electoral de 2021– mediante una absoluta pasividad. Es, históricamente, la CGT de todas las derrotas. La nueva etapa debe ser encarada por medio de una revolución de los métodos y direcciones políticas. 

 Jorge Altamira 

 25/12/2023

Milei impulsa la derogación del derecho de huelga en toda la industria de exportación

Aceiteros, portuarios, petroleros, mineros, industria automotriz. 

 En una declaración de estos días, el Sindicato de Aceiteros del Departamento de San Lorenzo y la Federación de Aceiteros denuncian en forma minuciosa que la “reforma laboral” inserta en el mega DNU 70 del gobierno de Milei destruye, en el conjunto y en el detalle, el Derecho Laboral vigente en Argentina, con independencia de todas sus limitaciones. 

 El texto advierte que el decreto “amplía la calificación de servicios esenciales, incorporando supuestas 'actividades trascendentales', entre las que podría encontrarse la aceitera y la desmotadora de algodón, como modo de impedir o dificultar el ejercicio del derecho de huelga”. El DNU en cuestión, efectivamente, limita al extremo el derecho de huelga en la Salud, la Educación, el Transporte, las actividades estatales. En esas ramas, los sindicatos que declaren una huelga deberán asegurar el funcionamiento del servicio en un 70 a un 90 % de la actividad. 

 Ocurre, sin embargo, que el mismo Milei ha anunciado que en los próximos DNU tiene la intención de establecer “la prohibición a la prohibición de las exportaciones”, lo que no se refiere solamente a la aplicación de normas que aseguren el abastecimiento del mercado interno, como ha ocurrido tradicionalmente con el trigo o el maíz, en forma errática con la carne y en algunas ocasiones con el petróleo –en este caso mediante el “barril criollo”, que diferenciaba el precio interno del correspondiente a exportación-. El propósito de los ‘libertarios’ es establecer una economía dolarizada con salarios y jubilaciones pesificados. En este caso, Milei ya adelantó que derogaría la indexación por inflación de unos y otras. 

 La “prohibición de prohibir” apunta a algo diferente: la anulación del derecho de huelga en la industria de exportación. El caso típico es la soja y sus derivados –harina y aceite de soja-, los minerales, el petróleo, el litio y hasta los vinos y limones o el azúcar. Los sindicatos afectados serían, en primer lugar, los portuarios; le siguen los camioneros, recibidores de granos, petroleros y mineros, la industria automotriz o incluso la industria del pescado. Con la inclusión de estos rubros en la “esencialidad”, Argentina acompañaría a China y a Rusia en la represión generalizada del ejercicio de la huelga. 

 La implicancia de esta derogación del derecho de huelga es decisiva en el desarrollo de la crisis que ha desatado el DNU. La burocracia de la CGT ha convocado a una manifestación de aparato para el miércoles próximo, con el propósito de frenar el DNU en los Tribunales y ejercer una presión para que el decreto sea vetado por la comisión bilateral en el Congreso. Lo que tiene a maltraer a la burocracia cegetista es el golpe que recibe por la libertad que el decreto otorga para abandonar las Obras Sociales y el traslado a la medicina privada. Es su punto de negociación. Con esta política no parará el DNU, que entra en vigencia el jueves que viene por transcurso de tiempo. Las prepagas han enviado en la Nochebuena las nuevas tarifas a sus afiliados –con un 40 % de aumento– sin esperar la entrada en vigencia del decreto. Una huelga hasta la derogación del DNU hubiera sido un golpe definitivo al DNU, no el paseo de verano al mediodía a Plaza Lavalle. 

 Los sindicatos de la industria de exportación –estratégicos si los hay– deberían asumir su propia responsabilidad. Esto significa establecer un frente común, declararse en estado de asamblea permanente y declarar una huelga contra este DNU y los que se vienen. En distritos como el Noroeste debería establecerse un Comité Intersindical de Huelga de Mineros, Petroleros, Cítricos y Azucareros; en Córdoba, un comité de los sindicatos y obreros de las terminales y autopartistas; en Neuquén y la Patagonia, de petroleros y mineros; en el conurbano de Rosario, de aceiteros, recibidores de granos y portuarios. Además de la derogación del DNU, hay un reclamo insoslayable: el aumento del ciento por ciento de salarios y jubilaciones. 

 A la objeción de que todos los mencionados son sindicatos de la CGT, señalamos lo siguiente: una cosa son los “planes de lucha” mentirosos de la CGT –fundamentalmente de aparato– con sus “paros” aislados, otra cosa es el desarrollo de Intersindicales por regiones, más proclives a que las masas las vean como instrumento de acción. Más allá de esto, es imperativo el desarrollo de Coordinadoras Interfabriles, más cercanas a los trabajadores, para organizar también a los obreros no sindicalizados, no registrados y a los monotributistas y trabajadores de clase media. La lucha que enfrenta la clase obrera de Argentina no es la “Cuesta del Portezuelo: un pasito aquí, otro más allá/ y un camino largo que baja y se pierde”. Son necesarios pasos decisivos y de conjunto de organización y huelga.

 El gobierno de Milei es una tropa de asalto contra la clase obrera y sus instituciones. Es esencialmente débil para semejante empresa, lo que busca compensar mediante la complicidad de los partidos tradicionales y el Congreso, las mediaciones de la embajada norteamericana y la burocracia sindical. Esta burocracia no solamente avaló todos los desmanes del gobierno peronista K contra el mundo del trabajo, sino que abordó la crisis final de este gobierno –desde la derrota electoral de 2021– mediante una absoluta pasividad. Es, históricamente, la CGT de todas las derrotas. La nueva etapa debe ser encarada por medio de una revolución de los métodos y direcciones políticas. 

 Jorge Altamira 

 25/12/2023

Una semana tormentosa: piquetes y cacerolas para el DNU de Milei y el protocolo de Bullrich

El sábado y domingo pasados un temporal azotó a CABA y a la provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca lo sufrió en particular con 13 personas muertas. Milei despues de votar por Macri en Boca viajó al sur. En la puesta en escena -con vestimenta militar de combate incluida- el liberfacho se ocupó de no precisar ninguna ayuda para las víctimas y los daños dejados por un fenómeno que es resultado entre otras cosas del calentamiento global que él niega y de la precariedad de las infraestructuras que requieren de obra pública que él decidió suspender. 

 Pero el temporal siguió toda la semana -la segunda de Milei como presidente- a pesar de que los vientos se calmaron. 

 Primero fue la inusitada campaña, encabezada por Patricia Bullrich, para impedir una movilización el 20 de diciembre que había sido convocado por el plenario piquetero de Parque Lezama dos semanas antes. Al protocolo ilegal con el que se pretendía impedir la movilización se sumó una serie de medidas propias de un Estado de sitio, que no estaba declarado. Al brutal despliegue policial se sumaron requisas en trenes y colectivos para hacer bajar a quienes iban a la movilización, una campaña de mentiras contra el movimiento piquetero y el Polo Obrero en particular, entre otras. 

 Pero el operativo monitoreado por el propio Milei desde el Departamento Central de la Policía Federal fracasó. Los manifestantes llegaron a Plaza de Mayo, hicieron su masivo acto, leyeron un documento llamando a enfrentar la política antiobrera de Milei y el reclamo de un paro activo nacional. En la plaza había columnas piqueteras, del sindicalismo combativo, de derechos humanos, de la juventud y muchos que vinieron por la propia. 

 Mientras Bullrich y Milei se ensañaban con que la movilización no llegara a Plaza de Mayo, en el resto del país las marchas eran masivas: Rosario, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut, el NOA, Misiones, Catamarca y resto de las provincias fueron testigos del carácter nacional de la jornada.

 Cacerolazos

 Mientras Bullrich pretendía disimular que su protocolo había fracasado, la realidad le dio un sacudón.

 Milei había decidido postergar el anuncio de su DNU de las 13 a las 21 hs, cosa de no calentar más el ambiente y apostando al triunfo que Bullrich le había prometido. Pero nada fue como lo habían planificado. Después que Milei rodeado del gabinete nacional y con invitados como Sturzenegger anunciara las principales medidas de su decretazo de 85 páginas las calles de CABA y de algunos municipios del Amba empezaron a ser ocupadas por miles de caceroleros. Congreso fue el epicentro masivo. El fracaso en impedir el acto de Plaza de Mayo abrió un camino a las manifestaciones y cortes de calle que Bullrich quería prohibir. 

 El 20 entonces terminó con piquetes y con cacerolas, nada menor a 22 años del Argentinazo. Nuestro compañero Néstor Pitrola en el editorial del jueves 21 saca las conclusiones de esta jornada sobre todo cuando está planteada la lucha contra el decretazo. Gabriel Solano en un twitch de Prensa Obrera del viernes arrima más consideraciones. 

 Pero los cacerolazos siguieron el jueves y el viernes, y se nacionalizaron. En Rosario el jueves se juntaron 20.000 personas, en Córdoba una gran concentración fue reprimida por el gobierno de Llaryora. 

 Pero la protesta contra el DNU no se limitó a los cacerolazos. Los trabajadores del Banco Nación se movilizaron al otra día, los estatales lo hicieron el viernes 22, sectores estudiantiles -a pesar del receso- también empezaron a organizarse, las organizaciones piqueteras fueron con sus ollas vacías a reclamarle a la ministra Pettovello que las reciba. 

 El decretazo 

La magnitud de los ataques que fueron anunciados por Milei el miércoles por la noche explica la reacción que ya comenzó y augura tiempos convulsivos. El decreto es inconstitucional e ilegal, pero lo más grave es que vulnera derechos, conquistas de los trabajadores a una escala que lleva las relaciones laborales al nivel de un siglo atrás. Es la aplicación por decreto de una reforma laboral que ya los trabajadores habían rechazado con masivas movilizaciones en diciembre de 2017 cuando el Congreso se disponía a aprobar el acuerdo alcanzado entre Macri, el PJ y la burocracia sindical. Hay un abaratamiento de las indemnizaciones facilitando los despidos, hay una violación al derecho de huelga que afecta en particular a la docencia y los trabajadores del transporte; plantea modificaciones al teletrabajo con un aumento la superexplotación.

 El DNU, cuyo análisis hemos desarrollado en varias notas de Prensa Obrera, afecta infinidad de aspectos de la vida cotidiana referidas a la salud, la desregulación y apertura de la economía, los puestos de trabajo, que habilita la entrega de la tierra, privatizaciones, etc. 

 Paro general 

Es evidente que Milei pretende poner en pie un gobierno de excepción, y gobernar sobre la base decretos y represión, en favor de los grupos capitalistas que ya han salido a festejar. La magnitud de su ataque provoca una reacción y requiere una intervención de los trabajadores. La CGT por ahora ha llamado a marchar este 27 a Tribunales, una medida que no se condice con la gravedad de lo que está en juego: no va a ser la Corte del 2×1 la que nos salve de Milei. El 27 estaremos en la marcha para exigir la urgente convocatoria a un paro nacional activo y un plan de lucha que empiece con una gran deliberación en todos lados. 

 La “religiosidad” de Milei no le impidió regalarnos una navidad más empobrecida, con amenazas de nuevas medidas contra el pueblo. 

 Aprovechemos estos días para juntar fuerzas y derrotarlos. 

 Buen 24 y 25.

 Eduardo Salas

Vamos a la marcha de la CGT a reclamar paro activo y plan de lucha

La dilación judicial es una vía de derrota para el movimiento obrero. 

 La CGT convocó a una movilización en los Tribunales el próximo miércoles a las 12 horas, para reclamar a la Justicia una declaración de inconstitucionalidad del decretazo de Milei. La magnitud del ataque que impulsa el gobierno puso en crisis la política de la burocracia, que originalmente pretendía no hacer nada “por lo menos durante unos meses”. Bajo el peso de los vertiginosos acontecimientos de esas “semanas que parecen décadas”, quedó claramente hundida la falacia de que “hay que dejar actuar a un gobierno recién electo”. 

 Con un DNU que plantea retrocesos de un siglo y medio en conquistas obreras, una devaluación que pulverizó el salario -todavía no llegó lo peor- y hasta la inminente reversión de la eliminación de ganancias, la cúpula cegetista se vio forzada a salir de la hibernación. Sin embargo, la orientación que se imprime con esta acción frente al Palacio de Justicia es negativa respecto de la lucha que se abrió para derrotar el DNU y, en general, la feroz motosierra de Milei contra las masas populares. Busca depositar expectativas en la Corte del 2×1 a los genocidas, máximo exponente de la casta por excelencia. Se trata de una justicia que acaba de absolver sin vueltas a la mafia de Lago Escondido, donde conspiraban los máximos festejantes del decretazo (la AEA). Además, las eventuales objeciones judiciales, que sin duda vendrán, darán paso a una negociación “institucional”, para aprobar en forma “duradera” y “legal” el corazón de los ataques. Por eso, el movimiento obrero debe desarrollar una lucha para derrotar no sólo las formas (decretazo) sino especialmente el contenido. A la vez, la marcha será en un escenario limitado para una expresión masiva -los Tribunales-, con plena conciencia de que una irrupción popular podría desbordar el control por parte de la cúpula. 

 La convocatoria a un Confederal al día siguiente de la movilización no resuelve el problema del desvío que están imponiendo a las energías obreras para derrotar este ajuste. Al contrario, lo confirma: ya no habrá paro en 2023. Un eventual paro en enero sería con muchísimas fábricas en vacaciones, paradas técnicas y hasta suspensiones dada la recesión en curso. No necesitamos una medida descompresiva, sin continuidad, que es perfectamente compatible con los objetivos del gobierno (“protesten un día y luego la vida sigue con las nuevas normas”). Además, este confederal carece de todo mandato, porque el precioso tiempo que dejó pasar la CGT antes de convocar algo no fue utilizado para realizar asambleas, plenarios de delegados o cualquier forma de deliberación por abajo. Si eso ocurriera, es evidente que se impondría el “paro, paro, paro, paro general” que fue “vox populi” en los cacerolazos de todo el país. 

 La marcha del 20 de diciembre abrió un cambio de clima político, derrotando la pretensión totalitaria de Bullrich de impedir la protesta social. Se comprobó que hay condiciones para salir a las calles a enfrentar esta ofensiva bestial, y así se evidenció en los cacerolazos posteriores.

 Por todo esto, impulsamos la participación en la marcha de la CGT para reclamar un paro activo inmediato que sea el comienzo de un plan de lucha progresivo hasta voltear el conjunto del paquetazo antiobrero de Milei. Uniendo piquetes, cacerolas y al conjunto del movimiento obrero. 

 Alejandro Lipcovich

El triunvirato vaticano no saca los pies del plato

A partir de la movilización del 20 de diciembre y los cacerolazos que continuaron en todo el país, en diferentes medios de comunicación surgió la pregunta: ¿Por qué no marchan los piqueteros que fueron parte del último gobierno? 

 Es que el Movimiento Evita de Pérsico y Menéndez, la CCC de Alderete, la UTEP de Juan Grabois, decidieron no movilizar durante estas semanas. No solo no marcharon el 20, tampoco ninguna de estas organizaciones realizó actos propios en conmemoración del 19 y 20 de diciembre del 2001. Estos mismos movimientos sociales, que fueron parte del gobierno de Alberto Fernández, se mantuvieron firmes en sus cargos durante todo el cambio de mando en el Ejecutivo del día 10 de diciembre y después.

 En un sincericidio para el portal Infobae uno de los piqueteros y exfuncionario se explayó: “hace más de cuatro años que no hacemos un piquete ¿por qué lo vamos a hacer hoy?”. Para corregirse sumó “rechazamos el protocolo antipiquetes de Bullrich. El derecho a la protesta tiene rango constitucional”. La realidad es que los contactos e intercambios con los funcionarios del Ministerio de Capital Humano y los piqueteros K son diarios. En particular con la Secretaria de Niñez y Familia a cargo de Pablo de la Torre un antiabortista cercano a la Iglesia. 

 Desde el triunviro piquetero respaldaron la decisión de no marchar como una postura orgánica, “actuamos, en general de manera orgánica y nuestra idea es esperar a que Milei envíe el paquete de reformas o leyes al Congreso y después decidir”. La mega devaluación del peso y la inflación del 1 % diario no los conmueve. Para las bases volcaron la versión de que aguardan la postura que tenga la CGT al respecto de la bola de decretos firmados por el presidente Javier Milei. 

 Regimentación y protocolo 

Estas mismas organizaciones durante toda la semana estuvieron atentas a aclarar que no eran parte de la partida ni de actos ni de concentraciones callejeras de ningún tipo. Pero que si había represión iban a prestar un asesoramiento legal a los reprimidos y detenidos, Juan Grabois conformó una ‘comisión veedora de derechos humanos’ para este fin. “Como personas comprometidas con el respeto irrestricto a los valores democráticos, sosteniendo una guardia de derechos e información”, en contraste sus bases pasaron los días en los barrios en el marco del trabajo bajo la economía popular. 

 Bajo la excusa de “no caer en las provocaciones de Bullrich”, la decisión colocada es la de articular en la transición. Para algunos periodistas lo sugestivo de la situación es que ningún régimen de cooperativas ni de fondos hacia las mismas de parte del Ministerio es tocado en los 366 artículos del mega DNU firmado por Milei. Posterior al cacerolazo nacional, esta postura ante el protocolo fue ratificada por la CCC, CTA y organizaciones menores de la UTEP que se movilizaron por la vereda el día viernes; manteniéndose en lo pautado con la ministra de seguridad. La caminata por la vereda rodeó el ministerio ubicado en la esquina de Moreno y Avenida 9 de Julio. 

 “La CCC expresa su enérgico repudio al decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente Javier Milei”, sostuvo Alderete. En la misma acción Alejandro Gramajo, nuevo secretario general de la UTEP, comentó que si bien había conmoción en la población aún seguían apostando a un dialogo con los funcionarios de Milei. 

 Más allá de las cajas paralelas del ex Ministerio de Desarrollo Social, lo cierto es que en estos días de navidad y fin de año los almacenes de las organizaciones están vacíos. “Es una calamidad, por primera vez en 20 años no tenemos nada en esta fecha”, nos sinceró una de las referentes del Movimiento Evita en la Ciudad. A esto hay que sumarle que para los comedores, el circuito está cortado desde nación y las entregas se reanudarían en febrero-marzo y la poca asistencia que llega es desde municipios y gobernaciones. Los mismo pasa en el Polo (oficial) que llevó ollas vacías a la puerta del ministerio pidiendo una reunión con Sandra Pettovello. La presión a dar una respuesta es en momentos donde la canasta básica de alimentos se acerca a los $ 200 000 por familia, con alimentos que pasaron a tener una dinámica hiperinflacionaria como las carnes. 

 En el ínterin la Policía de la Ciudad comienza su adaptación al protocolo antipiquetes mismo, conformando equipos especiales para la tarea y desde el gobierno de Milei anuncian que la factura por el costo del operativo del 20 de diciembre asciende a 60 millones de pesos y será pagada por las 14 organizaciones presentes. 

 Estos costos se dispararían ya que tanto Nación como CABA monitorearán con cámaras de seguridad las 24 horas estaciones y esquinas claves. Entienden que las organizaciones dejarán de publicar sus citas con antelación, cuestión que obligará a que cuando se observen movimientos actúen con equipos preparados para desalojar los cortes. Es el “Comando Conjunto” que se hizo famoso por la presencia de Javier Milei durante la jornada del 20. 

 Leonardo Perna 

 23/12/2023

La CGT ‘se moviliza’

El desgaste de las maniobras parlamentarias y tribunalicias. 

 Cuando aún no habían pasado unas decenas de horas del arribo a la presidencia de la Nación, el gobierno de Milei anunció una devaluación del 60% del peso, la decisión de desindexar jubilaciones, en primer lugar, y también los salarios. Para el propio ‘libertario’, las nuevas medidas, combinadas con una tendencia hipreinflacionaria precedente, habían llevado el aumento de los precios al 1 % diario. Ante este monumental zarpazo contra las condiciones de vida de las masas, la burocracia de la CGT se mostró impávida. Las direcciones sindicales lo mismo –se atuvieron a la dinámica de las negociaciones paritarias pautadas bajo el gobierno anterior-. Ninguna reclamó lo elemental, o sea un aumento del ciento por ciento de salarios y jubilaciones. Produjeron, a sabiendas, un enorme vacío de dirección en el movimiento obrero; la Asociación Bancaria anunció la obtención de un aumento del 40%, aunque a cuenta del convenio que debe discutirse en un par de semanas. 

 La misma devaluación que desató la inflación del 1% diario para los trabajadores, fue un maná “del cielo” para el capital, que vio elevada la deuda del Tesoro con los bonistas en un 120 por ciento; sea porque está en dólares o porque se ajusta al dólar. Las acciones de las compañías radicadas en Argentina ‘vuelan’ en la Bolsa. Dos pesos, dos medidas –unas para el capital, otras para la fuerza de trabajo-. La necesidad del ‘ajuste fiscal’ que el gobierno ‘libertario’ ha anunciado como su meta histórica creció relativamente en la misma proporción, al elevar en forma drástica los intereses que forman parte del gasto fiscal. Además, con la transferencia de la deuda del Banco Central con los bancos a deuda del Tesoro con esos mismos bancos, el déficit fiscal potencial ha alcanzado el 15% del PBI, aproximadamente 70 mil millones de dólares. Este déficit no lo pagarán las prepagas, ni la Corporación América, Techint o Farmacity, sino los trabajadores. 

 La CGT y la burocracia sindical “ni mu”. 

El anuncio del megadecreto de necesidad y urgencia tuvo sobre la burocracia un efecto contradictorio. Por una parte, la despabiló, por la otra, le sirvió para deshacerse de la agenda del aumento de salarios y jubilaciones del ciento por ciento, como marca la inflación oficial. Los observadores políticos y sindicales, ¡y no sólo ellos¡, han descuidado esta perversidad. El DNU ‘libertario’ se parece como dos gotas de agua a la política impuesta por la dictadura de Pinochet en Chile. Es pinochetismo al palo. Hace cincuenta años, los ‘libertarios’ de todo el mundo fogonearon el golpe de Pinochet y formaron parte de su gobierno. El DNU aniquila el derecho laboral, y por lo tanto los convenios colectivos de trabajo; anula el derecho de huelga; toma por asalto las Obras Sociales. Por medio de “un protocolo” anula el derecho de manifestación y establece un estado policial. Da piedra libre al aumento de tarifas de salud y de los alquileres. Cualquier imbécil se da cuenta que estas medidas, en plena disolución del valor de la moneda, no es más que una confiscación ‘a cielo abierto’.

 La CGT ha reaccionado a este paquete criminal, en especial porque incluye el arrebato del monopolio de la burocracia sindical de las Obras Sociales –una de sus ‘cajas’-. La ‘reacción’ consiste en una concentración frente a Tribunales, para apelar la constitucionalidad del DNU. Tendrá lugar en horas de trabajo, sin la declaración de una huelga parcial. Es una movilización del personal del aparato sindical. El objetivo es frenar el DNU, para que los proyectos de leyes y de derogación de leyes de este paquete se traten en un trámite legislativo corriente. La misma propuesta, pero efectuada por el bloque de la UCR y otros, deja ver otra hilacha, pues según los diarios, esa ‘oposición’ podría dar el visto bueno a los DNU, si el gobierno se compromete a que enseguida sean tratados como proyectos por separado. En simples palabras, la oposición de la UCR y centristas está buscando un pretexto, incluso inviable como procedimiento, para que la bicameral que trata los DNU los apruebe. En este esquema, esa comisión, cuyos miembros aún no han sido aun elegidos, se repartirían entre una mayoría dispuesta a dar aprobación al paquete pinochetista. 

 La burocracia de la CGT ha hecho de los Tribunales y del Legislativo el campo de su acción; el lanzamiento de un paro –por supuesto que aislado– podría poner fin a las negociaciones en torno a la bicameral. Pero incluso si esta aprobara los DNU, el kirchnerismo y la burocracia cegetista insistirán en atacar las disposiciones del paquete de Milei en sede legislativa. Tienen la mirada puesta en las elecciones de 2025, para dar vuelta la derrota electoral reciente. La UCR y los bloques de centro, por su lado, no hacen más que repetir que apoyan el “contenido” del DNU, pero no su sanción por decreto. En última instancia, sacrificarían el ‘procedimiento’ para hacer valer la sustancia. 

 La política de la CGT lleva al movimiento obrero, con toda conciencia, a una vía muerta. Incluso un paro aislado en las vacaciones podría pasar sin mayores consecuencias y servir para colgar botines hasta el otoño. El apoyo político a la movilización tribunalesca de la burocracia comprometería a quienes lo patrocinen. 

 El desarrollo del pinochetismo en un cuadro democrático constituye una fuerte contradicción política. Es lo que advierte una mayoría abrumadora de constitucionalistas – sería cruzar el río hacia un cambio de régimen y la destrucción de los amortiguadores de la lucha de clases. Incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha advertido al gobierno contra esta posibilidad. La embajada de Estados Unidos se encuentra operando activamente para que el gobierno no sea desautorizado por el Congreso, ni que el Congreso precipite una crisis de fondo del gobierno. 

 Es indudable que Argentina atraviesa una situación excepcional que la clase obrera o incluso sus elementos más avanzados no alcanzan a discernir. Existe una tendencia a caracterizar el momento político con una mirada puesta en el retrovisor. En esta situación excepcional es necesario desarrollar las fuerzas elementales de la clase ante el crecimiento de la miseria social, y dejar de lado a los aparatos como pretendidos factores de movilización. 

 Nuestro planteo es impulsar, por medio de la agitación y la organización, un conjunto de reivindicaciones transicionales. Aumento del 100 % de salarios y jubilaciones; ajuste quincenal; asambleas generales en los lugares de trabajo; defensa del derecho de huelga y manifestación y organización de piquetes contra la represión; desarrollo de Coordinadoras Obreras en la perspectiva de una huelga general; Abajo el gobierno pinochetista, por un gobierno de trabajadores. 

 Jorge Altamira 

 23/12/2023

Editorial de Jorge Altamira sobre los DNU: Pinochetismo "democrático"

"El gobierno transfiere los recursos de los trabajadores a sectores empresariales" // Solano

"Necesitamos un paro activo nacional urgente" // Alejandro Crespo

Pinochetismo ‘democrático’

Abajo los paquetes de Milei-Caputo y de Milei-Sturzenegger. 

 Un artículo de la edición digital de Clarín del viernes 22, advierte que el DNU de Milei “establece condiciones laborales que quedan fuera de la ley de contrato de trabajo”. 

 La opacidad del título del artículo no debe llamar a engaño: se trata, ni más ni menos, que de la sanción del contrato individual entre la patronal y el trabajador. La ley de contrato de trabajo es reemplazada por el Código Civil y Comercial. El asalariado, sin perder la condición de fuerza de trabajo para el capital, se convierte en un emisor de factura por contratos de obra o servicio. Es la figura del facturero, que ha venido creciendo en Argentina como parte de una precarización de facto del trabajo, bajo la mirada complaciente de “la famosa CGT”. En estos contratos individuales, la patronal queda eximida de los aportes a la salud y a la Seguridad Social. Significa otro golpe mortal al sistema previsional. El autor del artículo describe bien de qué se trata: “Por ejemplo, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia para un único empleador donde se obliga a los empleados a facturar mensualmente para no emitir recibo de haberes y de este modo eludir el pago de aportes y contribuciones de la empresa a la seguridad social”. Hay algo más profundo todavía, como es la destrucción del colectivo obrero y de la negociación colectiva. Para imponer esto, en Chile fue necesario una dictadura como la de Pinochet, que en Argentina debería entrar en vigencia por medio de un paquete a todo nada, envuelto en un Decreto de Necesidad y Urgencia.

 La atomización de la clase obrera es el corazón del proyecto enviado por el gobierno libertario. Por eso mismo, elimina la llamada “ultraactividad”, que es el convenio vigente que sirve de base para una nueva negociación paritaria. La burocracia sindical mira pasar estos proyectos sin otra reacción que un recurso de queja, el miércoles 27, ante los Tribunales. Con toda la importancia gigantesca de la entrega de humedales, la extranjerización de las tierras, la privatización del sistema salud y la liberación del precio de las prestaciones, la privatización masiva de empresas; el núcleo de la ofensiva capitalista es la atomización de la clase obrera, para quebrar a la única fuerza que puede derrotar este golpe de estado económico y poner fin a la explotación y superexplotación capitalista. 

 Por importantes que sean los pronunciamientos legislativos contra un DNU que es, por otra parte, manifiestamente inconstitucional, incluso en el marco de una Constitución que habilita este atropello a la democracia; la tendencia política del momento es que sea sancionado, con modificaciones absolutamente menores. Para la camarilla pinochetista, una derrota en el Congreso podría implicar el fin del gobierno. Esta extorsión con la ‘gobernabilidad’ es suficiente para que el esperpento libertario siga adelante, sin que importen las intervenciones de legisladores o judiciales. Es por todo esto que la burocracia sindical se ha dado la línea de dar ‘la pelea’ en el Congreso y los Tribunales. 

 La consolidación de un gobierno de DNUs significaría un cambio de régimen político. Habilitar este paso hunde en la angustia y el bochorno a los republicanos ‘que supimos conseguir’; significaría la ruptura de lazos con los trabajadores organizados. Los “planes de lucha” mentirosos darían paso en no mucho tiempo a las huelgas y piquetes de fábrica. La burguesía liberal (peronista y anti-peronista) advierte el peligro que enfrenta el conjunto del régimen político.

 El paquetazo de NyU se encuentra acosado por desafíos más inmediatos – una inflación mensual del 30% y una tendencia a la hiperinflación. Esta sólo puede ser sosegada con un mayor endeudamiento de carácter forzoso, por la incapacidad de financiar el déficit fiscal que ha trepado, bajo Milei, del 5 al 15 por ciento. Esto ocurre por la transformación de las Leliq en deuda del Tesoro y el pago de intereses que demanda. La deuda pública se ha duplicado como consecuencia de la devaluación, ya que está indexada al dólar. Milei, al cabo de algunas semanas, se verá obligado a reestructurar esta deuda y a entrar en un choque final con los bancos. 

 Nuestra posición es que debemos impulsar una campaña de pronunciamientos por un aumento del ciento por ciento de salarios, jubilaciones y otros ingresos, y por el desconocimiento del DNU por todos los medios de acción directa. Sobre esta plataforma, impulsamos la formación de Coordinadoras Obreras, cuando es más claro que nunca que el activismo combativo e independiente debe proclamar abiertamente que es necesario construir una dirección de la clase obrera. Las crisis parlamentarias o en el ámbito judicial; las represiones y los repudios que genera; en suma, toda acción o evento que despierte la indignación de las masas, debe servir para impulsar acciones de lucha. 

 La iniciativa histórica no se encuentra en manos del gobierno pinochetista ‘democrático’, ni de la burguesía en su conjunto, sino de las masas. Enfrentamos una crisis de política y dirección en la clase obrera. 

 Jorge Altamira 

 22/12/2023

Salud: la ley Belocopitt

Dentro del decretazo, Milei anunció medidas en relación al sistema de salud que implican un brutal ataque al acceso de la salud por parte de la clase obrera, como a eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga, la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales y la implementación de precios diferenciales para los planes prestacionales según franjas etarias. 

 Según estas medidas, por un lado, cada afiliado/a podrá decidir a qué empresa destinar la totalidad de sus aportes, sin pasar por una obra social. Hasta el momento, los usuarios y usuarias de las prepagas derivaban sus aportes a una obra social sindical, que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga. De acuerdo al decreto, esa intermediación no existirá más. Esto coloca en un pie de igualdad a las empresas de medicina privada con las obras sociales. Actualmente, muchos trabajadores y trabajadoras derivan sus aportes a una obra social que tiene convenio con una prepaga, pagando, si así lo requiere, la diferencia entre el costo del plan y el aporte que se descuenta del salario. Lo que queda por verse es si las prepagas otorgarán la cobertura al trabajador y su grupo familiar con el aporte obligatorio o cobrarán algún adicional para alcanzar el costo del plan médico, o fijarán planes diferenciados, cubriendo como mínimo el Plan Médico Obligatorio. Todo indicaría que se impondrá el pago de un extra, además de los aportes derivados y el recorte de los planes para quienes no puedan pagar demás. 

 A su vez, el DNU deroga el decreto 743/22 que había fijado por 18 meses un tope máximo el 90% del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para el aumento de la cuota mensual de los afiliados que ganan hasta seis salarios mínimos (Clarín, 20/12), es decir libera el aumento de las cuotas de las prepagas. En relación a esto, Claudio Belocopitt, en entrevistas radiales, confirmó que los aumentos serian entre 40% y 50 %. Además, adelantó que se reuniría con los referentes de la Unión Argentina de Salud (UAS) para “definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante de manera ordenada” (Página/12, 21/12). Afiliados y afiliadas a prepagas ya están recibiendo los mails que anuncian los aumentos. 

 Las medidas anunciadas apuntan al arancelamiento de la salud y a su privatización. Puede ser que la medida impacte en una nueva reconfiguración del sistema de salud, por el cual afiliados de prepagas vuelvan a las obras sociales sindicales (que atraviesan un vaciamiento) o que se mantengan en planes más bajos. En ambos casos, para poder acceder a prestaciones que no cubran los planes, deberán abonar los copagos, algo que ya está instalado. La crisis de la salud se va a agravar a medida que avance la crisis sobre el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras porque los aportes van a ser cada vez menores. La recesión y el desempleo van dejando a trabajadores y trabajadoras fuera de cobertura.

 En este contexto el sistema de salud salud público, ya sobrecargado, deberá atender a más usuarios y usuarias que vayan quedando fuera del régimen de obras sociales y prepagas. 

 Se impone en la agenda la necesidad de impartirle una derrota al decretazo anti obrero de Milei, derrota que no vendrá de la burocracia sindical, responsable del vaciamiento de las obras sociales y que busca analizar el DNU y darle tiempo al gobierno, si no de las autoconvocatorias, como las que se vienen realizando desde el 20 de diciembre.

 Daniela Magoc 

 22/12/2023

Desregulación farmacéutica: una receta menemista

Dentro del extenso DNU anunciado por Milei el 20 de diciembre, el TITULO XI está dedicado al sector Salud. Además de derogar el decreto 743/22 que establecía un tope máximo en el esquema de aumentos de la medicina prepaga, y de derogar la ley 27113 que declaraba de interés nacional a los laboratorios públicos dedicados a la investigación y producción de medicamentos, vacunas e insumos médicos, también incluye una serie de derogaciones y modificaciones que afectan el ejercicio de la profesión farmacéutica.

 Algunos de esos cambios priorizan las ganancias comerciales de determinados grupos económicos en detrimento de la salud de los pacientes. Mercantilizan la salud, desvalorizando el rol del farmacéutico. El artículo 313 del DNU lo deja bien en claro. los medicamentos de venta libre, que luego de una gran lucha se había logrado que se quitaran de las “góndolas autoservicio” para pasar ser entregados con asesoramiento profesional en mano en mostrador, pasan a venderse por fuera del canal farmacéutico. Supermercados, kioscos, vendedores ambulantes, Mercado Libre, por ejemplo: podrá comercializarlos cualquiera sin formación, en forma legal, sin control sobre las condiciones de almacenamiento adecuadas (luz, temperatura, humedad) que pueden afectar la calidad del producto; lugares donde se fraccionan los blisters por unidad, perdiéndose la trazabilidad del lote y su fecha de vencimiento. Ahora esa exposición al riesgo de la salud pasa a ser legalizada por el propio Estado, sólo quedando bajo dispensa exclusivamente en farmacias los medicamentos que requieren receta médica, a pesar que un medicamento de venta libre incorrectamente utilizado puede ser letal o generar efectos adversos graves. 

 La clínica del Dr Cureta 

El decreto también habilita que las farmacias puedan constituirse ahora mediante cualquier figura jurídica permitida por la legislación vigente. Además, ya no prohíbe la instalación de otros rubros junto con las farmacias, como las ópticas, y hasta permitiría tener dentro de la farmacia o anexados a la misma, nada más y nada menos que consultorios médicos u odontológicos. La ley 17.565 (ley que regula el ejercicio de la profesión farmacéutica) buscaba proteger la salud de los pacientes de actos antiéticos, para que la persona reciba el tratamiento más conveniente a su caso, y no el más rentable. Pero no solo se habilitó el combo “consultorio-farmacia”, contratando o asociándose a otros profesionales, sino que se liberaron los títulos. Cuando un profesional tenía más de un título, y era además de farmacéutico, médico, odontólogo o bioquímico, no podía ejercer en simultáneo ambas profesiones por cuestiones éticas. Ahora, puede ejercer al mismo tiempo en todas ellas. El mismo profesional que te receta el medicamento, luego te lo vende. 

 Poliempleo a la carta para las grandes cadenas 

Hasta ahora, los farmacéuticos directores técnicos, debían bloquear el título en una sola farmacia. Es decir, solo podían ser directores técnicos en un único establecimiento y por eso se les paga un plus, el ítem “bloqueo de título” . El artículo 320 del decreto permite ahora ser director técnico en varias farmacias al mismo tiempo y no pone ningún tope máximo de direcciones técnicas ni de carga horaria total por persona. En esos casos, el empleador se ahorraría de pagar el bloqueo del título, que es un porcentaje importante del sueldo. Si no hay un tope máximo de direcciones técnicas para un mismo profesional, es muy probable que tengamos farmacéuticos “fantasmas” que figuran nombrados en los papeles (requisito indispensable para habilitar una farmacia) pero que no están presencialmente en su lugar de trabajo. Incluso derogaron el artículo que obligaba a nombrar un DT interino si el DT oficial se ausentaba por más de 24 horas, por ejemplo, por enfermedad (artículo 27, ley 17565). Y agregaron la posibilidad de que, en ausencia del director técnico y del farmacéutico auxiliar, ahora los asistentes de ventas puedan también dispensar medicamentos de venta bajo receta si el DT los autoriza, cuando antes -en ausencia de los farmacéuticos- solo podían dispensar medicamentos de venta libre, accesorios y suplementos dietarios. La no presencialidad del profesional por figurar en varios establecimientos en simultáneo, reemplazando la atención en mostrador por asistentes sin posibilidad de consultar con el profesional, pone en riesgo la salud de la población por ahorrarle dinero a las patronales. Un farmacéutico sin bloqueo de título es más barato que uno con bloqueo. Y un asistente de ventas obviamente cobra mucho menos por no tener título universitario habilitante. Pero, sobre todo, está pensado por otro motivo: la lucha de las grandes cadenas que desean aterrizar en la codiciada provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, las sociedades anónimas tienen vedado su acceso a provincia. Pero si se les permitiera acceder, la demanda de boticarios superaría con creces la oferta de profesionales: por lo tanto, la habilitación a ser director técnico en más de una farmacia serviría para tapar ese déficit y permitir una invasión de sucursales, ya que sigue siendo requisito contratar un director técnico para habilitar una farmacia. Estos cambios son importantes para los grandes pulpos capitalistas que quieren instalarse en provincia, como Farmacity, una empresa casualmente afin al macrismo, el sector de ´la casta´ más beneficiado por los libertarios. 

 Este DNU pone en riesgo la salud de la población. Facilita la incorporación de medicamentos truchos o adulterados cuando se sale por fuera del canal farmacéutico. La venta de medicamentos en kioskos, estaciones de servicio, etc, no es una novedad: en la década ´neoliberal´ de los 90, Domingo Cavallo hizo lo mismo mediante un decreto. Ya lo vivimos – y ya sabemos que el resultado fue tan malo que hubo que dar marcha atrás. Solo beneficiaba a los fabricantes de los medicamentos pero no disminuía los costos para el público. Al quitar ahora el financiamiento a la producción pública de fármacos, tampoco se va a lograr el acceso a medicamentos más económicos. La producción pública de fármacos también es importante para producir medicamentos menos rentables que los privados deciden dejar de fabricar pero que son necesarios para ciertos pacientes. 

 Salvo la prescripción de las recetas por nombre genérico, que ya existía de antes, solo que ahora ya no se acompaña de marca sugerida optativamente, y la modernización mediante sistemas de recetas digitales y electrónicas, desde un punto de vista general representa un gran retroceso en cuestiones sanitarias. Este DNU atenta contra la salud de la población, contra la profesión farmacéutica y contra un modelo de farmacia profesional transformándola en farmacias shopping. 

 Claudia Jati 

 22/12/2023