Pero el gran reclamo del informe es una reforma impositiva para antes de fin de año. El eje de ella es la extensión del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios. El régimen de la “cuarta categoría”, que hoy grava al 1% de los asalariados, debería volver a los términos anteriores a 2019, e involucrar al 20% de los trabajadores. Teniendo en cuenta la pirámide de ingresos, aquellos que superen la canasta familiar -unos dos millones y medio de pesos- entrarían en el impuesto. El planteo es una invitación a la rebelión popular y a la huelga general.
Pero también exige equiparar las alícuotas del monotributo con las contribuciones de los “autónomos –“régimen general”-, que son más elevadas. La norma implica, en los hechos, la desaparición del monotributo como régimen simplificado, dedicado a trabajos con ingresos menores y relacionados al trabajo propio. Todos ellos deberán pagar una contribución superior, equivalente a la que abonan actividades independientes de mayor facturación. La ‘reforma impositiva’ no exime a ningún trabajador de un ataque profundo y generalizado. Políticamente, el gobierno ha decidido poner la cabeza en juego.
Este impuestazo es inseparable de la contrarreforma laboral, que reformula la relación laboral como una “facturación de servicios del trabajo”. El trabajo con factura, sostiene la contrarreforma, “no presupone relación de dependencia”. De este modo, convierte a la “prestación de servicios” con un mismo empleador en una práctica vitalicia. En lugar del impuesto a la cuarta categoría en su totalidad, una parte del impuestazo revierte sobre el ‘facturero’; Ahora, ese mismo trabajador precarizado soportará un doble atropello: el de carecer de derechos laborales y el de pagar una cuenta abultada por su previsión social y por impuestos. La unificación con el “régimen general” abre la puerta para otras exacciones: por caso, el (ex) monotributista será obligado a inscribirse, por cuerda separada, en el pago de ingresos brutos correspondiente a su provincia.
La reforma fondomonetarista lleva hasta el final la mistificación que convierte al trabajador en “capital humano”: una parte importante de la clase obrera es convertida en “emprendedora”; sin derechos, pero con las mismas obligaciones impositivas de un pequeño empresario o profesional independiente. La magnitud de la confiscación, sobre ingresos deprimidos y una inflación creciente de precios es monstruosa. El ‘maldito estado’ es usado por los ‘libertarios’ que lo execran en un super verdugo. Estamos ante el mayor asalto a los trabajadores de distintas categorías perpetrado en el trienio de Milei.
Las ‘recomendaciones’ fondomonetaristas, finalmente, vuelven sobre la exigencia de la reforma previsional: aumento de la edad jubilatoria, eliminación de los “regímenes especiales” -docentes universitarios y nacionales-, unificación (hacia abajo) de las cajas provinciales con las prestaciones del ANSES.
Pero el propósito del FMI no es aumentar la recaudación, porque apunta a “aliviar la carga impositiva al comercio y la industria”, es decir, promover nuevas reducciones de impuestos al capital. Al mismo tiempo, el FMI ha informado públicamente que la inversión extranjera en Argentina, en 2025, ha sido la más baja de América del Sur, unos 4 mil millones de dólares, frente a 57 mil millones en Brasil, 40 mil millones en Colombia y 31 mil millones en Chile. El capital advierte que el ‘ajuste’ liberticida se pisa la cola a sí mismo, porque con la caída del consumo masivo, debido a menores ingresos personales, golpea la recaudación impositiva y las cuentas del Tesoro. Lo que se llama un “tormento de Sisifo”, donde la roca que llevaba a la cima de la montaña volvía a caer, repitiendo el ejercicio hasta el infinito.
La extensión del impuesto a las ganancias (salarios) ha sido, en el pasado reciente, un detonante político excluyente de la reacción popular.
Marcelo Ramal
28/05/2026
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