sábado, 31 de julio de 2021
Ganancias récord para las farmacéuticas, sufrimiento para las masas
Cables informativos de los últimos días señalan que la farmacéutica norteamericana Pfizer, asociada a la alemana BioNTech en la fabricación de una vacuna contra el Covid-19, actualizó al alza sus proyecciones de ingresos y ganancias para el 2021. Estima una facturación de 33.500 millones de dólares para fin de año y solo en el segundo trimestre obtuvo ganancias por 5.600 millones de dólares, un 59% más que en el mismo período del año precedente (La Nación, 29/7). Estos números podrían ser aún mayores, dado que después de este balance la firma realizó un nuevo acuerdo con Estados Unidos por otras 200 millones de dosis (Estrategias de Inversión, 30/7).
En el resto de las compañías, también celebran. La británica-sueca AstraZeneca reportó ganancias por 1.169 millones de dólares en el primer semestre y “un incremento neto de sus beneficios de un 42% con respecto al año pasado” (AM 750, 29/7). El puñado de empresas que comercializan los inmunizantes “podrían ganar hasta 115.000 millones de dólares en ventas este año si alcanzan las metas de producción”, de acuerdo a una consultora británica (La Nación, 27/5).
Según una investigación del Imperial College de Londres, empresas como Pfizer y Moderna tienen un costo de producción que oscila entre los 60 centavos y los 2 euros por unidad (RFI, 29/7), pero venden sus vacunas a los Estados por entre 18 y 37 dólares (BBC, 15/12/20). El mecanismo Covax, creado para el abastecimiento de las naciones menos desarrolladas, paga un sobrecosto de cinco veces respecto a los costos de producción, según la denuncia de la ONG Oxfam (RFI, ídem).
Estos sobreprecios y márgenes de ganancias por parte de los monopolios farmacéuticos, en medio una catástrofe social que ha causado 4 millones de muertes y 200 millones de infectados, además de todo tipo de padecimientos sanitarios y económicos para las masas, se vuelven aún más inauditos si se considera que el grueso de las investigaciones para acceder a la vacuna se hicieron con fondos públicos. Según el artículo ya citado de la BBC, los gobiernos aportaron 8.600 millones de dólares, las ONG casi 1.900 millones, y las empresas apenas 3.400 millones. En el caso de las de Johnson & Johnson y Moderna, se hicieron casi íntegramente con financiamiento público. Y en el de Pfizer y AstraZeneca, el aporte público es mayoritario.
Como las investigaciones son costosas, los resultados inciertos y muchos países no cuentan con fondos para comprar las vacunas, los laboratorios tienden a escapar de este tipo de inversiones y a concentrarse en la venta de medicamentos, sobre todo aquellos que deben ser administrados diariamente, que crean una suerte de demanda cautiva e inelástica. Pero una vez que el Estado pone los fondos, las empresas aparecen en las últimas fases del proceso para cosechar los réditos.
A los fabulosos negociados de los laboratorios, hay que añadir el acaparamiento de las vacunas por parte de las principales potencias. Mientras que Estados Unidos y Alemania ya tienen inmunizada con dos dosis a la mitad o más de su población, Túnez -el país más adelantado de Africa en la materia- solo ha vacunado al 8%. Angola, al 2%; Senegal, al 1.6%; Afganistán, al 0.6% (Our World in Data). Estas disparidades prolongan la enfermedad en el tiempo y permiten que el virus siga mutando. Una pandemia, por definición, exige una solución de características globales, por lo que no sirve que cada país se encierre sobre sí mismo.
Finalmente, están las cláusulas de indemnidad con la que los laboratorios se protegen, como las que ha aceptado el gobierno argentino, quien confeccionó un DNU a la medida de Pfizer (empresa que encontró en Juntos por el Cambio a un gran lobbista). Y las demoras en las entregas, que en nuestro país envuelven tanto a AstraZeneca como a la Sputnik V.
Con su lógica, que antepone la rentabilidad a la salud de las masas, el capitalismo es incapaz de enfrentar eficazmente el Covid-19. Es necesaria la abolición de patentes y la estatización de la industria farmacéutica bajo control de sus trabajadores, como parte de un paquete de medidas que incluya también la centralización del sistema de salud, el aumento de su presupuesto, la adopción de los protocolos y medidas de restricción social que resulten necesarios, la formación de comisiones de seguridad e higiene en barrios y lugares de trabajo para garantizarlo, y la prohibición de despidos mientras dure la pandemia, más un seguro al desempleado e informales para que puedan sobrellevar el aislamiento.
Gustavo Montenegro
Roberto Arlt: el escritor de los márgenes
Remo Erdosain (protagonista de Los siete locos y El lanzallamas) no soporta ser un mero engranaje más de la sociedad industrial. No soporta ser otro número de un ejército de hombres anónimos. Es consciente de este profundo malestar que lo atraviesa y la salida que encuentra es maximalista. Junto a otros confabuladores, dan forma a una organización que se plantea cambiar de tajo la estructura social. Ni más, ni menos.
Que quede claro: Erdosain es un miserable que ya ni siquiera puede desear. Es el empleado enojado pero cobarde, el mal esposo y peor amante. El que sabe el lugar intrascendente que ocupa en el mundo. Sin embargo, aun un sujeto como este tiene posibilidades de provocar el cambio social.
Es un protagonista posiblemente delirante. Sin embargo, podemos rastrear un profundo significado de época (fines de los años ’20 y principios de los ’30). Erdorsain está desbordado emocionalmente, pero su conducta responde a ciertos cambios en las formas pensar y entender el mundo. Estamos en un tiempo en el que, desde hace rato, ni Dios, ni los libros sagrados rigen la vida de los hombres.
Fruto de la modernidad, son los hombres los que desplazan a la religión y se colocan en el centro de la escena. Ya no necesitamos de explicaciones divinas. Amparados en la ciencia, los hombres mismos develan el mundo que tienen ante sus ojos. Se pueden anticipar fenómenos climáticos, se puede salvar o extender la vida como también se puede aniquilar a toda forma de vida.
Sin embargo, la ciencia no puede (y la religión sí) responder algunas preguntas básicas relativas a la muerte y, por lo tanto, al significado de la vida. Esto nos coloca en una paradójica situación, donde los increíbles avances tecnológicos se corresponden con un importante vació espiritual. Remo Erdosaín atraviesa esta curva.
Con la prepotencia de poder cambiar el mundo de la noche a la mañana, con la angustia de saberse sólo y desprotegido, Erdosain es una metáfora exacta de ese hombre moderno que es capaz de tener un celular con mil aplicaciones, un trabajo que detesta y un insoportable insomnio por las noches.
Hace unos años, en 2014, vimos en La TV Pública cómo la obra de Roberto Arlt era adaptada al formato televisivo y en numerosas salas de teatro se reprodujeron interpretaciones sobre sus textos. Fue el reconocimiento masivo y merecido para un autor duramente cuestionado por los circuitos de la alta literatura de su época que tuvo la habilidad y el talento de ver a los miserables en toda su gloria.
Santiago Lecuna – @santirayado
Notas - Periodismo Popular
viernes, 30 de julio de 2021
Sobre el negacionismo y antisemitismo de la candidata y funcionaria Sabrina Ajmechet
La viralización de los tuits negacionistas, antisemitas y despectivos de Sabrina Ajmechet, quién será candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Juntos por el Cambio y actualmente es secretaria de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Unicaba, generó una fuerte polémica y despertó amplio repudio en las redes sociales.
En los mismos Ajmechet toma una posición proimperialista contra la soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas. Publicó en 2012 que “Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers», «la creencia en que Las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso”. Eso generó una crisis que golpeó a la interna de Juntos por el Cambio, y tuvo que salir a pedir disculpas públicas a los excombatientes de Malvinas.
No se retractó, sin embargo, de sus declaraciones negacionistas al decir que con el recuerdo de La Noche de Los Lápices se intentó mostrar a los estudiantes detenidos y desaparecidos el 16 de septiembre del ’76 en La Plata como «perejiles», cuando lo que hicieron los militares fue «un operativo contra un grupo montonero». Una justificación del terrorismo de Estado y la represión al movimiento estudiantil, mientras este se manifestaba en defensa de su derecho a estudiar. En la misma tónica, de discriminación y desprecio antisemita: «haga patria, mate un judío».
Es una funcionaria educativa enemiga de los y las estudiantes, al punto de tuitear también: «desperdicié la oportunidad de atropellar a un grupito de estudiantes del Pellegrini». Precisamente por eso Sabrina Ajmechet fue designada a dedo por Larreta entre las autoridades de la Unicaba, creada con el fin de avanzar en un progresivo desgranamiento en la matrícula y destrucción de los 29 profesorados de formación docente. Llamamos a todo el movimiento estudiantil a exigir la renuncia inmediata de Ajmechet y a seguir la lucha junto a la docencia por la derogación de la privatista Unicaba.
De todas maneras, el ajuste y la privatización de la educación, la represión a la juventud, y la entrega de la soberanía nacional es hoy una política de Estado, que comparten con Larreta el presidente Alberto Fernández y su ministro Nicolás Trotta, Kicillof y el represor Sergio Berni, y todo el elenco de quienes se sucedieron en el poder en estas últimas décadas. Lo que los une es la profundización del hambre y la miseria de la población para ajustar el gasto en función de pagarle la deuda al FMI. Las listas del Frente de Izquierda Unidad, por el contrario, están integradas por luchadoras y luchadores estudiantiles y docentes que defendemos día a día la educación pública, contra todos los gobiernos.
Tatiana Fernández Martí
Presidenta del CENBA/ candidata del FIT-U en CABA
La bajante del río Paraná
La histórica bajante que registra el río Paraná ya es definida por la asociación de abogados ambientalistas como un holocausto ambiental. Esta situación desesperante en la que se encuentra el río coloca en la agenda política un problema que lejos de circunscribirse a una cuestión menor, netamente ambiental o de simples pérdidas económicas y de infraestructura, pone en tela de juicio los modos de producción capitalista en los Estados que tienen primarizadas sus economías y en su relación con el mercado mundial.
La deforestación indiscriminada de sectores como el sojero y ganadero; la proliferación en las últimas décadas de la minería a cielo abierto tienen una relación directa con este presente catastrófico, en el que la tendencia marcada es a la sabanización de los ecosistemas. En esto no existe grieta alguna entre los gobiernos de diferente pelaje en la región.
Sin grieta
En el año 2019 se arrasó con millones de hectáreas del Amazonas mediante incendios promocionados por el propio Bolsonaro, para expandir la “frontera agrícola” a costa de la selva-pulmón del planeta. Estos incendios aumentaron al año siguiente y por estos días comenzarán a verse nuevamente.
De estos bosques amazónicos que se queman dependen nuestros ríos. Para quien no lo sepa, es en el Amazonas donde se generan los llamados ríos voladores que producen las lluvias de invierno en el cono sur; el río Paraná se hace más intenso con las precipitaciones causadas por los ríos voladores. Hasta el río de la Plata tendría cierta estacionalidad si estos ríos voladores desaparecieran. Hoy esas lluvias son más escasas, esos ríos voladores están desapareciendo con el bosque nativo y se está poniendo en jaque no sólo la biodiversidad y el agua dulce, también la energía eléctrica que se genera en represas como Yacyretá. Pero incluso en la Patagonia se ha declarado una cínica ´emergencia hídrica´ como resultado de esta calamidad. Son siete las provincias afectadas por la bajante del Paraná.
Es de vital importancia aclarar, por si hay distraídos, que la política de quemar bosque nativo para recaudar dólares no es sólo una pasión bolsonarista: en el mismo momento que se quemaba el Amazonas también ardía la chiquitania en la Bolivia aún gobernada por Evo Morales y un año más tarde (2020) ardían bosques de provincias argentinas, como Santa Fe, Córdoba y Chubut, entre otras. Como se puede ver, se trata de una cuestión estructural en las economías de la región y en el lugar que ocupan en la economía mundial.
Chanchos y salmones
Desde el año pasado, frente a la necesidad de juntar dólares para cumplir con los vencimientos de deuda externa, el gobierno de Fernández viene insistiendo con una mayor primarización de la economía. Las granjas porcinas chinas y la industria del salmón picaron en punta para este cometido. Sin embargo las granjas son resistidas por los sectores ambientalistas y la segunda tendrá que esperar su arribo al país tras la prohibición de la cría de salmón por parte de la legislatura de Tierra del Fuego. De instalarse el capital chino con sus granjas porcinas en el país nos convertiremos en potenciales exportadores de futuras pandemias.
Fin de un mundo enfermo
Es en este cuadro que el gobierno nacional declara la emergencia hídrica, Una emergencia en forma de subsidios al capital que no resuelve ningún problema "hídrico" y mucho menos ambiental. Vale aquí citar los lineamientos para la campaña electoral presentados por el compañero Jorge Altamira:
"La potenciación social de la humanidad en las condiciones capitalistas se desarrolla a la par de la destrucción de su medio natural de sustentación. A medida que se acentúan las dificultades de la reproducción capitalista, las tendencias depredadoras se intensifican. El mundo asiste a una fenomenal degradación del suelo y la destrucción de la biodiversidad"
Un régimen social agotado es incapaz de preservar sus recursos naturales, está agotado porque sus bases, sus relaciones sociales de producción están agotadas y no tienen más que ofrecer a los explotados sólo destrucción, hambre y muerte. Sólo la clase obrera en el poder puede torcer el rumbo de la historia y ofrecer a la humanidad sustentabilidad ambiental a la hora de producir.
Ezequiel Saulo
30/07/2021
Chano Charpentier y un régimen social insalubre
El domingo, Santiago “Chano” Charpentier, cantante de Tan Biónica, fue baleado por un policía en su casa de Exaltación de la Cruz. Chano se encontraba acompañado de su madre y tuvo un arranque violento producto del consumo de drogas, un drama que arrastra desde hace años. La mujer había pedido auxilio médico, pero desde la seguridad privada del barrio le dieron aviso a ´la Bonaerense´.
Según la versión policial, el cantante sufría "un brote psicótico como consecuencia del consumo de estupefacientes" y se les abalanzó con un cuchillo. La madre luego desmintió las versiones de la policía y declaró que su hijo no había puesto en riesgo la vida de nadie. El policía finalmente se encuentra imputado.
Chano fue trasladado de urgencia al Otamendi donde lo operaron y le extirparon un riñón, el bazo y parte del páncreas.
Punitivismo y narcotráfico
El caso de Chano permite trazar una radiografía de la descomposición social actual y lo que significa el desastre que provocan las drogas, no sólo en los “caídos de los márgenes” para los que la burguesía exige “mano dura” sino también a los “famosos” que cuentan con cierto grado de tolerancia social.. Las adicciones son una forma extrema de alienación.
El estado burgués -su aparato represivo, su justicia y su poder político- están completamente entrelazados con el gran negocio capitalista del narcotráfico, el lavado de dinero y la privatización de la salud, en particular, de la salud mental – la ´desmanicomialización´ ha dado lugar a un vasto negocio con la salud mental de la población, a través de la tercerización de las ´casas de medio camino´ y de los tratamientos de ´rehabilitación´. Los voceros de la derfecha encubren la complicidad estatal con la industria del delito mediante vocinglería punitivista y clasista, que hace recaer las tintas sobre el individuo y los problemas derivados del consumo.
Por supuesto, un joven de la burguesía tiene la posibilidad del acceso a tratamientos que son sumamente onerosos en clínicas privadas, mientras los jóvenes de la clase obrera transitan su derrotero sin otra respuesta estatal que la policía. En el caso de Chano, la policía, que no es una institución sanitaria y que por lo tanto no está preparada para el abordaje de una cuestión de salud pública, actuó ´metiendo bala´, como ocurre cotidianamente en villas y barrios obreros. Desde un punto de vista general, las personas adictas son el desecho de la industria del consumo.
Por caso, Berni y Bullrich, desde ambas orillas de ´la grieta´, se metieron en “el debate” promoviendo el uso de las picanas Taser, coincidiendo en que “el uso de armas no letales hubiera resuelto la situación de otra manera”. Más allá de la cuestionable “no letalidad” de las Taser, la realidad es que desde hace más de 15 años el uso de esta tecnología represiva está contraindicado en personas con algún trastorno mental, o bajo influencia de drogas. Esta recomendación fue incorporada por el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016, cuando dispuso la compra de este armamento. En vísperas de una convulsión social a gran escala por el ajuste en puertas, este lobby represivo no es casual.
Vaciamiento
La madre de Chano salió a exigir que se modifique la Ley de Salud Mental para facilitar la internación de su propio hijo. La ley apunta a la “desmanicomialización”, pero la promoción de tratamientos ambulatorios -que debería haber llevado aparejado un aumento de presupuesto para levantar residencias protegidas, centros de día y casas de noche y otros dispositivos alternativos- resultó en una tercerización masiva de su atención y una transferencia millonaria a “efectores” privados, cierre de servicios públicos para el abordaje de cuestiones mentales o de consumo, el recorte en las contrataciones de personal especializado y la casi inexistencia de programas estatales para el tratamiento de adicciones. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la “desmanicomialización” estuvo asociada, a su vez, con una tentativa de negocio inmobiliario a expensas de los terrenos del hospital Borda.
Por otra parte, el Sedronar es una cueva de corrupción. Sus últimos directores -macristas y kirchneristas- terminaron envueltos en causas de corrupción.
No hay una salida legislativa o represiva a este cuadro de degradación social. Se trata de la incompatibilidad del capitalismo con la vida misma y de poner fin a un sistema que, de la mano de todo el arco político patronal, hace primar los intereses de los grandes capitalistas del Big Pharma y del FMI, impidiendo cualquier posibilidad de terminar con el narcotráfico, que se ha adosado al sistema industrial y bancario como una sanguijuela.
Se impone luchar por un sistema de salud único bajo gestión pública, de los trabajadores y usuarios y, en última instancia, por un gobierno de trabajadores.
Ana Belinco
30/07/2021
Castillo asume la Presidencia
Cristina felicitó a Castillo pero no dijo nada sobre los condicionamientos que le imponen de entrada. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, le advirtió acerca de Venezuela, Cuba y Nicaragua (Télam, 27/7). Castillo “se había) desmarc(ado) del gobernante venezolano Nicolás Maduro al descartar que su Gobierno vaya a copiar ‘modelos’ extranjeros. Dijo: “No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas” (ídem).
Blinken también reiteró el apoyo para superar la pandemia y aplaudió sus esfuerzos en la lucha contra la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción.
Lo durmió la derecha
Antes de gobernar la derecha le asestó un ponchazo en el Congreso, que quedó “presidido por figuras de centro-derecha y el panorama para el nuevo gobierno se vaticina inestable” (Washingtonpost27/7). Ninguno de los dos bloques por sí solos alcanzan los 87 de 130 votos que se requieren para elegir magistrados del Tribunal Constitucional, convocar a una Asamblea constituyente, o la vacancia presidencial. Perú Libre cuenta con sólo 37. “La primera prueba de Castillo ante este sector será en menos de 30 días, cuando el presidente del Consejo de Ministros que Castillo designe acuda a pedir el voto de investidura del Congreso” (ídem).
La Asamblea Constituyente
En el discurso de inaugural, Castillo habló de convocar a una Asamblea Constituyente; “insistiremos en esta propuesta, dijo, pero siempre en el marco de la ley y de la vigente constitución” - “tenderemos que conciliar posiciones”.. El Ejecutivo debe concentrarse en gobernar, el Congreso en legislar, indica.
Emiliano Monge
30/07/2021
El copamiento inmobiliario del Río de la Plata
Desde hace años, la empresa IRSA quiere construir un barrio náutico de lujo sobre el río, en la Costanera Sur, en el predio que antes perteneció a la ex Ciudad Deportiva de Boca. Sobre 23 hectáreas que compró por chaucha y palito hace 20 años, los Elzstain quieren levantar un barrio que hará palidecer los lujos de Puerto Madero. IRSA es la más grande de las constructoras argentinas, la única que cotiza en la Bolsa de Nueva York y campeona en lograr “excepciones” al Código Urbano para sus desarrollos inmobiliarios.
El proyecto menciona 17 torres de 145 metros de altura -más de un millón de m2 de construcción- con “espejos de aguas internos” que permitan llegar en embarcación. Esto no solo significa avanzar sobre el río y los canales de la Reserva Ecológica. Además, el loteo incluirá, por primera vez en la historia de la Ciudad, a las aguas costeras del Río de la Plata. El barrio limita con la villa Rodrigo Bueno, la Reserva Ecológica y la Central Térmica Costanera, que es la mayor planta termoeléctrica de Argentina.
El jueves 4 de agosto el bloque de Rodríguez Larreta intentará que la Legislatura porteña apruebe en primera lectura el convenio urbanístico que firmó con IRSA. Necesita cambiar los usos permitidos del suelo para que ese espacio verde, donde solo pueden construirse instalaciones deportivas, admita el barrio náutico antes llamado “Solares de Santa María” y ahora “Costa urbana”-. El cambio de la norma generaría un incremento de valor del suelo de unos US$ 737.400.675, dice el juez Guillermo Scheibler, que la semana pasada intentó infructuosamente frenar el debate legislativo. Juntos por el Cambio desconoció el fallo y le dio pronto despacho en comisión.
En su fallo, Schreiber enumera una inacabable lista de incumplimientos legales: no se convocó a audiencia pública, no hay estudio de impacto ambiental, afectará gravemente los humedales y la Reserva Ecológica, no tiene tratamiento de cloacas aunque se prevé que duplique la población de Puerto Madero. Además viola la Constitución que garantiza el uso público de la Costanera, los pactos internacionales de protección de los humedales y los de acceso de la población a espacios verdes (la Ciudad tiene un tercio de los espacios verdes que recomienda la OMS y la mayoría se concentran en la zona norte).
El proyecto -el más importante de su historia empresaria, dice IRSA- es tan escandaloso que cuatro veces fue rechazado en la Legislatura, un lugar donde no abundan los defensores de la tierra pública. Sin embargo, esta vez la familia Elzstain da por descontado que se saldrá con la suya porque para eso Juntos por el Cambio modificó hace unas semanas la Ley de Catastro que prohibía los barrios cerrados en la Capital.
La historia de los terrenos de IRSA en la Costanera Sur es la de un robo a repetición, que se amplía década a década. Contándolo de manera rápida, el Congreso de la Nación le cedió en 1964 a Boca Juniors 40 hectáreas de las islas de la ribera del Río de La Plata, entre Costanera Sur y Humberto Primo, a cambio de que rellenara el terreno y construyera una ciudad deportiva. Incluía prohibición expresa de venderlas. En 1981, plena dictadura militar, el intendente Cacciatore canceló la exigencia de construir la ciudad deportiva. En 1989, al inicio de la presidencia de Menem, el Congreso autorizó a Boca la venta de los terrenos. En 1997, IRSA los compró por 50 millones de dólares.
La operación es sencilla: IRSA compró en 50 millones de dólares tierras no construibles. Si Larreta le cambia el tipo de urbanización, el valor del suelo, calcula el juez, rondará los US$ 737.400.675.
La semana pasada, el gobierno porteño subastó una hectárea del Parque de la Ciudad, que había sido otorgada para una plaza del barrio Olímpico, en la comuna 8. Contra la manifiesta voluntad de los vecinos, que reclaman espacios verdes, parques y plazas, los playones ferroviarios se han convertido, gracias a las “excepciones” que vota la Legislatura, en el botín de las constructoras de torres. La venta de Costa Salguero sigue en carpeta, mientras el gobierno, con fondos públicos, termina de rellenarles el terreno a los desarrolladores que la codician.
La privatización de la tierra pública o la cesión por décadas de terrenos fiscales a cánones irrisorios es una marca de la gestión de Macri y Larreta que privatizaron 500 hectáreas entre las dos gestiones. Muchas de las autorizaciones de esas ventas se hicieron con el visto bueno del peronismo en la Legislatura.
Del otro lado del espejo, la crisis habitacional de la Ciudad llega a niveles inéditos: más del 10% de la población porteña vive en las villas, 76.000 (según datos de 2019) en “conjuntos habitacionales”, inquilinatos u hoteles-pensión con graves problemas estructurales o directamente sin servicios como, por ejemplo, agua potable. Los inquilinos pasaron, en 15 años, de ser el 23% al 35. Los alquileres se llevan, según el Indec, en promedio, la mitad de los ingresos de una familia. No existen planes de vivienda social y se privatizan los terrenos que existen para construirlas.
Las constructoras e inmobiliarias no construyen para la población sino para la especulación financiera. Puerto Madero es un barrio fantasma, con más de la mitad de las viviendas vacías. El encarecimiento del suelo urbano es también una herramienta de expulsión de los trabajadores de la Ciudad. Estará en sus manos revertir ese proceso.
Olga Cristóbal
30/07/2021
Implosión política en el Frente de Todos
A menos de una semana de haber vencido el plazo para la inscripción de listas en los cargos nacionales, el desgarro que recorre al oficialismo es más profundo de lo que aparenta.
Todas las internas presentadas de los partidos patronales, incluso las que disputaran en distritos como CABA y la Provincia de Buenos Aires, han quedado en un segundo plano luego de que se formalizara la candidatura de Agustin Rossi contra la lista apañada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Lejos de las superficialidades con que la prensa burguesa planea abordar esta interna entre camarillas, las razones de este “desplante” tiene sus raíces muy concretas.
Quienes ofician de plataforma a la candidatura del “Chivo”, han sido el Frente Renovador de Massa, el Movimiento Evita, y ni más ni menos que la actual vicegobernadora, Alejandra Rodenas, la cual pertenece al Nuevo Espacio Santafesino. Este sector, tiene como referente principal al senador provincial por el departamento de San Lorenzo, Armando Traferri, quien desde hace décadas actúa como lobbysta de los intereses agroexportadores. Al mismo tiempo, es el jefe de la bancada que reúne a 8 de los 12 senadores justicialistas, los cuales conforman dentro del PJ una mayoría en la cámara alta. En las elecciones del 2019, este armado fue imprescindible para la victoria de Perotti, logrando inclinar la balanza luego de 12 años de gobierno del Frente Progresista. Hoy en día se encuentra bajo la picota de ser imputado como autor penalmente responsable de una asociación ilícita por el juego clandestino, luego de ser deschavado por una serie de fiscales y el ex Ministro de Seguridad, Marcelo Saín.
Lo cierto es que los capitalistas no le entregaron un cheque en blanco al rafaelino y a su mandato. La clave de este quiebre tiene que ser leída con la fallida intervención y el punto muerto en el que se encuentra la concursada Vicentín, la pseudoestatización de la hidrovía, y último episodio, la reciente aprobación de la ley que regula los biocombustibles.
Lobby capitalista
La nueva norma modifica los porcentajes de corte, lo que significa un cambio en las cantidades obligatorias que se combinan los derivados de maíz y soja, por ejemplo, con las naftas (uno de ellos, el gasoil). Esta porción se reduce en un 50% (del 10% al 5% por corte). Las criticas de la Cámara de Bioetanol de Maíz amenazaban con el cierre de empresas y despidos masivos de un sector que emplea más de 10.000 trabajadores, siendo que Santa Fe aquella que concentra el 82% de la capacidad instalada en el país. Este negocio “incipiente” factura ganancias de u$s 3.500 millones por año cuyo esquema recién aprobado tendrá vigencia hasta el 2030, pudiendo ser prorrogado. Como si fuera poco, aquellas empresas que produzcan más de 50.000 toneladas por biodisel por periodo están vetadas para el abastecimiento interno, en una pantomima en defensa de las pymes que operan en este mercado. El pasaje de un régimen de “promoción” a uno reglamentado conmociono a todo el arco patronal.
En esta pulseada, por otra parte, han salido “airosos” las petroleras y los grandes ingenios ubicados en el norte y el oeste argentino, al haber mantenido sus proporciones en la mezcla de combustibles. Festejan Paolo Rocca y Techint, la Seaboard en Salta y el Ingenio Ledesma de Blaquier. No hubo grieta entre macristas y kirchneristas a la hora de defender a los pulpos capitalistas que operan en sus provincias.
Al mismo tiempo, sobre este rubro interviene la concursada Vicentin. En las últimas horas se han empantanado las negociaciones para llegar a un acuerdo con sus acreedores luego que los anotados a adquirir sus activos hayan desistido a raíz de ciertas “contingencias”. Una de ellas, la incertidumbre electoral (, 29/7). Al fin y al cabo, en el marco de toda esta
disputa, el “elegido” de Perotti, Roberto Mirabella, quien hoy encabeza la lista a diputados nacionales, voto a favor de la nueva regulación bajo protesta de que si bien “no es la mejor ley, es la ley posible” (SIC). Existe cierta esperanza que en la reglamentación se estatuya un fondo compensador, es decir, subsidiando a las perjudicadas por la normativa pero nada concreto.
Todo indica que esta es la gota que rebalsó el vaso de los exportadores ya que afecta la producción de RENOVA, la planta más importante de Sudamérica en biodisel, que pertenece al holding de Vicentín. Por otro lado, en el plano estrictamente judicial, los plazos entorno a la exclusividad que tienen los directivos de la empresa para alcanzar un acuerdo por sus deudas esta a punto de llegar a término ya que el 5 de agosto la propuesta debe estar presentada. De no ser así, los acreedores podrán solicitar el pedido de quiebra de la misma, algo hasta ahora “blindado” y que significa la luz verde para la liquidación de sus activos hasta alcanzar el monto de las acreencias.
La disputa por el lugar en el mercado de oleaginosas tiene un plano internacional: desde COFCO y las multinacionales americanas, junto a la suiza Glencore, presionan para hacerse de todo a precio vil. Este ajetreo es complementado por el único vocero que queda del gobierno que aun esboza que el Estado se haga cargo de la misma, Claudio Lozano, señalando lo siguiente: “ Parece razonable que, cuando venza el período de exclusividad en el marco del concurso, el Estado nacional haga valer sus derechos asociados a los créditos del Banco Nación, el resto de la banca pública y la AFIP, y busque los socios necesarios para que el final de esta historia se acerque a la necesidad de nuestro país y no al fraude de Vicentin. Es decir: no a la extranjerización, sí a la creación de una empresa testigo en el comercio exterior de granos”. La proximidad del desenlace ha puesto en vilo a la clase capitalista en su conjunto.
Disgregación política y atomización
Cuando todos los candidatos de las fuerzas patronales plantean “defender la provincia” lo que lo que hacen es promocionarse como voceros de Cargill, Dreyfus, y los pooles de siembra. Además de Rossi, se han anotado Jose Corral, Carolina Losada y Federico Angelini por parte de Juntos por el Cambio, y Rubén Giustiniani y Mónica Fein del lado del Frente Amplio Progresista. Son conscientes del resquebrajamiento de esta fracción de la burguesía con el gobierno, por lo que les abre una oportunidad de ofertarse como agentes a ultranza de sus estos intereses.
Las tendencias a la disgregación, en definitiva, obedecen a los intentos de la burguesía por querer llevar adelante una salida política al impasse de este régimen en un cuadro de crisis humanitaria que hace estragos y donde no no puede seguir gobernando de la misma manera.
Estas elecciones primarias, y aunque sean de medio término, no serán una compulsa administrativa irrelevante, sino que, de lo contrario, un proceso que ha iniciado con una fractura expuesta que ha llegado al gabinete de AF. El emplazamiento a “renunciar por una cuestión ética”, de los distintos funcionarios por ser candidatos, es una maniobra que quiere ocultar la implosión en el oficialismo, lo cual obedece, por el momento, a un intento de un reacomodamiento interno. Es que la misma se da con el sector que el gobierno nacional caracterizó como estratégico, en su perspectiva de lograr un acuerdo con el FMI y que las divisas alcanzadas por las exportaciones sean de garantía para el pago de la deuda pública.
Una eventual derrota de Perotti sellará su defunción política en la mitad de su mandato, lo cual es un tiro por elevación al FdT. Una fenomenal crisis política esta incluida en esta tendencia. Los trabajadores debemos discutir esta caracterización de conjunto.
Agustín Fernández
30/07/2021
jueves, 29 de julio de 2021
Los números del ajuste
En medio de la crisis humanitaria.
Los medios internacionales no dejan de destacar la reducción del déficit primario que lleva adelante el Gobierno Nacional y, en particular, por el Ministro de Economía, Martín Guzmán.
"En el primer semestre el rojo fiscal fue de 0,5% del PBI, así, el primer semestre acumuló un déficit primario de $208.098 millones (0,5% del PBI) y un déficit financiero de $514.005 millones (1,3% del PBI). La meta anual es del 4,2% y 5,7% del PBI” (Clarín, 21/7). Con independencia del ajuste que impone la inflación sobre un presupuesto devaluado, la reducción del déficit no alcanza a los acreedores internacionales y al FMI, sino solamente a trabajadores y jubilados.
Contradictoriamente, el achique del gasto público se da en medio de un crecimiento de la recaudación: "Por el lado de los ingresos, el sector público recaudó en junio $766.680 millones (90,3% interanual), incluyendo unos $100.000 millones del aporte solidario a las grandes fortunas. Los recursos tributarios crecieron 71% respecto a junio del año pasado, impulsados por las retenciones y los precios de la soja, el IVA, Bienes Personales, débitos y créditos bancarios y Ganancias. "Si se compara con el ritmo de la inflación, la partida de egresos volvió a licuarse el mes pasado, como viene ocurriendo desde principio de año. "El gasto primario de junio volvió a mostrar una caída real del 6,7% interanual. El gasto total (incluye intereses) cayó el 6,2% interanual real".
Además de "pisar el gasto", la política del Gobierno consiste esencialmente en "pisar salarios y jubilaciones": "Así todo, los haberes en junio crecieron 40% respecto del año pasado, 10 puntos por debajo de la inflación." Los acuerdos de los salarios de los estatales se encuentran incluso por detrás de los ajustes que dicta la nueva ley de movilidad jubilatoria. El otro aspecto que explica la reduccción del “gasto” es la eliminación de la auida IFE, como la gran mayoría de los gastos por Covid, han desaparecido del gasto público, a pesar de que la crisis económica y la informalidad se han agravado.
Los que no fueron pisados fueron los subsidios energéticos: “sumaron $157.000 millones en junio por la asistencia a CAMMESA (111% interanual) y los pagos del programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos (57%). Esto implicó unos $80.000 millones más que en mayo por mayores importaciones de gas, mayores costos y el congelamiento parcial de tarifas”. Es el costo de la postergación del tarifazo para después de las elecciones legislativas.
Por otra parte, como ya hemos explicado en otros artículos, el subsidio a las tarifas es un subsidio directo (insumo de energía) e indirecto al capital, porque a la hora de pagar los salarios los capitalistas se valen de tarifas subsidadas para reducir el “costo” de la mano de obra. En definitiva, los subsidios en las tarifas de servicios son una transferencia del presupuesto del Estado a un sector de la clase capitalista.
Pablo Busch
26/07/2021
La variante Delta amenaza la recuperación norteamericana
Crisis laboral y ola de desalojos.
La aparición de la variante Delta en EEUU comienza a generar descalabros en la economía. La variante provocó varios días de inestabilidad financiera en Wall Street ante la incertidumbre que genera acerca de la eficacia de las vacunas y la sustentabilidad de la ´nueva normalidad´.
El NYT indica que “la nueva variante pone en riesgo el tipo de recuperación rápida que ha estado en marcha durante meses. Así como la mayor parte de la economía estaba averiguando cómo volver a funcionar plenamente, esto puede equivaler a arrojar arena en los engranajes” (28/7). Kathy Bostjancic de Oxford Economics dice: “creo que hay que preocuparse por los riesgos macroeconómicos, y nuestra experiencia durante los últimos 18 meses lo ha demostrado” (ídem).
Existen graves interrupciones en cadenas de suministro, especialmente las que dependen de bienes importados de Asia como los microconductores. Éstos vienen de países como Vietnam, Indonesia, Tailandia y Malasia. Se crea un “efecto dominó” en EEUU, ya que la escasez de chips obstaculiza a su vez la producción de automóviles y contribuye a una alta inflación. En muchos casos esto también tiene efectos sobre los alimentos y servicios. Los países que no terminaron de vacunar a su población cierran para tratar de detener la propagación de la variante Delta, que amenaza con empeorar la escasez y los picos de precios (ídem). También queda planteadauna nueva “escasez” de la fuerza de trabajo.
Crece la “ansiedad de los trabajadores”
Así titula el NYT la situación en diferentes lugares de trabajo de EEUU, a medida que la variante avanza. Especialistas “ven una prisa indebida por parte de los empleadores para que los lugares de trabajo vuelvan a la normalidad, ya sea abandonando las precauciones o imponiendo nuevas reglas” (27/7). La “nueva normalidad” choca contra la realidad de la variante Delta. “Algunos trabajadores sienten una creciente sensación de vulnerabilidad con el surgimiento de la variante Delta” (ídem).
La pandemia y la propagación de esta variante Delta más contagiosa y que requiere de un período de tratamiento más extenso, tiene efectos en el suministro de la fuerza laboral en el país. “Los empresarios se han estado quejando de la escasez de mano de obra, y si el riesgo renovado de enfermedad hace que incluso los adultos vacunados se muestren reacios a ingresar o reingresar a la fuerza laboral, esa escasez podría empeorar. Eso es particularmente cierto si las escuelas regresaran al aprendizaje remoto, incluso por períodos breves, lo que dificultaría aún más el trabajo de los padres” (ídem). Un rebrote de la pandemia no es descartado por nadie, e incluso es asegurado por epidemiólogos.
Las autoridades sanitarias analizan aplicar nuevas restricciones, de cara al comienzo de temperaturas más bajas. En algunos estados estas restricciones ya están presentes.
“Muchos empleadores de cuello blanco han estado a punto de traer trabajadores de regreso a las oficinas. Si esos planes cambian debido a la variante, las oficinas y las calles del centro corren el riesgo de permanecer vacías” (ídem). El NYT pone en dudas que el sistema de salud, quebrado y desfinanciado, tenga una eficiente reacción frente a un rebrote.
"Creo que nos apresuramos a volver a la normalidad" (NYT, 27/7), dijo Marc Perrone, presidente de United Food and Commercial Workers, que tiene más de un millón de miembros en alimentación. Mientras Jeff Bezos, el dueño de Amazon hace viajes estelares, “un trabajador de un almacén en Oregón, dijo que había habido una reducción gradual en la seguridad, como la eliminación de barreras físicas para reforzar el distanciamiento social” (ídem). En REI, minorista de ropa, los trabajadores a tiempo parcial que utilicen más días de enfermedad de los asignados están sujetos a medidas disciplinarias y despidos.
Crisis habitacional y ola de desalojos
Según un estudio publicado por el NYT, indica que las deudas de alquileres son astronómicas. El 14,7% de los hogares que alquilan en los Estados Unidos están atrasados en el alquiler. “Este problema es especialmente agudo en 250 condados donde al menos 1 de 5 inquilinos está atrasado. A nivel nacional, la magnitud de la deuda de alquiler es alarmante: se estima que hay u$s 23 mil millones en total pendientes, con alrededor de u$s 3,800 por hogar promedio en mora” (ídem). En algunos estados el promedio no baja del 20% del total de los inquilinos, y en condados de Carolina del Norte, Georgia, Dakota del Sur, llegan a casi el 30%. “Ser negro significa tener aproximadamente el doble de probabilidades de estar atrasado en el pago del alquiler” (NYT, 28/7).
En los 84 condados urbanos más grandes, incluidos Filadelfia, St. Louis y Dallas, los inquilinos enfrentan una factura colectiva de $ 13 mil millones. Casi 300,000 inquilinos deben un promedio de u$s 5,300 cada uno en el condado de Los Ángeles. En la ciudad de Nueva York, más de 400.000 inquilinos deben un total de u$s 2 mil millones. Chicago, Dallas, Houston, Miami, Filadelfia, Phoenix y San Diego muestran al menos 55,000 familias en riesgo de desalojo por falta de pago (ídem).
“Junto a la perspectiva de un nuevo aumento de las infecciones por coronavirus, se vislumbra otra crisis en el horizonte: una ola de desalojos que amenaza a más de seis millones de familias” (NYT, 28/7). Esto es así porque el próximo sábado expira en EEUU la prohibición oficial de desalojos, lo que permitirá a los propietarios iniciar o continuar los procedimientos de desalojos.
El periódico anuncia una “ola de sin techo”, ya que de las ayudas solicitadas sólo se cubre 2 o 5%. Muchos no pueden acceder al beneficio social porque ganan más del tope, lo que indica la profundidad de las deudas y la magnitud de la crisis .
Emiliano Monge
28/07/2021
miércoles, 28 de julio de 2021
¿Normalización? El acuerdo con Pfizer y los anuncios de Larreta y Kicillof
Este martes, la ministra de Salud Carla Vizzotti dio a conocer que el Estado nacional firmó un acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis a entregar en 2021. Las negociaciones se dieron en medio de diversas polémicas desde diciembre del año pasado, cuando el laboratorio estadounidense fue beneficiado con la ley de vacunas que le brindó un enorme blindaje jurídico ante efectos adversos de las vacunas, a lo que luego le siguió la modificación de la misma a través de un DNU que otorgaba mayor inmunidad. El cierre de la novela Pfizer es la firma de un contrato confidencial, como los firmados con el resto de las empresas.
Horas antes, Horario Rodríguez Larreta anunció el nuevo plan “Para la vuelta a la normalidad” en seis etapas de flexibilizaciones; más tarde lo siguió Kicillof, quien confirmó la vuelta a las clases presenciales en toda la provincia de Buenos Aires terminadas las vacaciones de invierno. Los dichos de ambos continúan la línea del gobierno de hacer de cuenta que la pandemia terminó y avanzar en una normalización de la economía y la vida social de cara al proceso electoral. Para el gobierno, la vacunación es clave para cumplir ambos objetivos, aunque ignora que las experiencias de los países con mayor tasa de vacunación advierten que ésta no es suficiente para terminar con las medidas de cuidado y prevención, y menos aún seguir con el ajuste a la salud y los trabajadores. Los países del hemisferio norte están viviendo un importante aumento de casos producto de la variante Delta, acompañado de un incremento de las muertes, aunque la vacunación evite una letalidad más pronunciada.
La lista de regalos para Pfizer
Vale la pena recordar que Pfizer fue el primer laboratorio con el que el gobierno coqueteó, lo que llevó a Alberto Fernández a anunciar erróneamente que Argentina tendría en diciembre de 2020 “10 millones de vacunados”. Sin embargo, los problemas en la fabricación (que llevó al laboratorio a reducir su producción a la mitad) y la demanda creciente de un bien escaso a nivel mundial fueron las excusas perfectas para que Pfizer acomodara sus condiciones con nuevas exigencias “inaceptables” para el gobierno nacional (según el término utilizado por el exministro Ginés González García). Aunque fueron suficientes para detener las negociaciones por gran parte del año, nunca se dieron a conocer debido al secretismo defendido por ambas partes, algo que dejó a la población por fuera del debate de la adquisición de vacunas.
Más tarde se conoció que el contrato no se firmó por razones económicas, ya que el gobierno rechazó la posibilidad de recibir ocho millones de dosis a través del mecanismo Covax para “ahorrarse 60 millones de dólares”. La enorme cantidad de casos y muertes durante la segunda ola, producto del ajuste en salud y el bajo porcentaje de la población vacunada, sumado a las presiones de la oposición lobbysta de Pfizer, llevó a que el gobierno reabriera las discusiones con el laboratorio y entregara un DNU que aumenta la inmunidad y hasta se hace cargo de las indemnizaciones por fenómenos adversos.
Por otro lado, como mencionamos, la firma se da en el marco de la confidencialidad y cediendo a todas las exigencias leoninas, reeditando lo que permitió al resto de los laboratorios incumplir sus cronogramas de entrega y reprogramar sus prioridades a piacere, sin penalización alguna. En el caso de AstraZeneca -que incumplió casi todas las entregas del primer semestre de 2021-, el gobierno acordó la eliminación de la cláusula de penalidad, por lo que la empresa no está obligada a compensar al Estado en caso de retrasos. La reciente carta de Nicolini dirigida a Rusia por la provisión de segundas dosis de Sputnik V expuso también la completa subordinación a las prioridades de las farmacéuticas. Por todo eso, este arreglo sigue sin dar garantías a la población; para los laboratorios, en cambio, se trata de la disputa de un negocio redondo sin pérdidas, y Pfizer -que contó con la oposición derechista pro yanqui como lobbistas local- busca quedarse con el futuro mercado de dosis anuales.
Para el gobierno, el discurso de “la campaña de vacunación más grande de la historia” no es solo publicidad electoral para intentar mejorar su imagen, desgastada luego año y medio de ajuste y un manejo de la pandemia plagado de fracasos. Es además el pretexto para sostener la reducción de las partidas destinadas a afrontar la crisis sanitaria y social. Lo demostró la disminución en el Presupuesto 2021 para el sistema de salud, votado apenas finalizó la primera ola y a sabiendas de que llegaría una segunda, producto de lo cual esta fue desastrosa y superamos las 100.000 muertes. Pero también el recorte a la asistencia económica de la población, como sucedió con la eliminación del IFE.
El levantamiento de las últimas restricciones es a su vez la puntada final para el abandono de la exigencia de normas sanitarias en los lugares de trabajo. En este punto se juegan los protocolos de seguridad e higiene, cuando las patronales ya incumplieron sistemáticamente, al punto de no permitir a los trabajadores aislarse tras haber tenido contacto estrecho con casos confirmados. Se trata de garantizar la producción para mantener las ganancias de las empresas. El “pase sanitario” que aumenta el aforo de personas que pueden estar en lugares cerrados sigue esta orientación, en tanto habilita a convocar a sus puestos de trabajo a todos los trabajadores que tengan una dosis aunque sean grupos de riesgo. Lo mismo vale para una masiva vuelta a clases sin haber acondicionado las escuelas para que al menos cuenten con calefacción.
Ni el descenso de los casos ni un avance en la vacunación eximen entonces de la necesidad de luchar por un aumento del presupuesto para salud, asistencia a quienes lo necesiten y el cumplimiento de protocolos obreros de seguridad e higiene en los lugares de trabajo para terminar con la desidia patronal que atenta contra la salud pública. Junto con ello, la centralización del sistema sanitario para garantizar el acceso a toda la población. Para poner fin a la postración ante los intereses de las farmacéuticas y los Estados imperialistas, es indispensable la inversión en ciencia y técnica para desarrollar una vacuna estatal bajo control de los trabajadores del sector, el fin de las patentes y el secretismo de los contratos, que permita amplificar la producción en los laboratorios con capacidad y así garantizar la inmunidad de la población de Argentina y Latinoamérica. Los recursos para poner en pie este programa deben salir del no pago de la deuda externa y un impuesto progresivo y permanente al gran capital.
Lucía Cope
Recortan un 80% las “partidas especiales” para la pandemia
Según el informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el presupuesto asignado para paliar los efectos económicos y sociales, agravados por la pandemia de Covid-19, pasó de un 6,4% del PIB (Producto Interno Bruto) a solo un 1,4%. Entre los principales recortes se encuentra la asistencia directa a las familias trabajadoras, en un país dominado por el crecimiento de la miseria y la pobreza.
Lo invertido durante el 2020 alcanzó los $1.763.025 millones, cayendo a $563.000 millones en tiempos de una mayor apertura económica, pero también de un salto exponencial en los contagios y muertes de la segunda ola de la pandemia.
El grueso de estos fondos fueron recortados a fines del año pasado, cuando el gobierno dio por “superada” la pandemia, habilitando la actividad económica y distendiendo las “restricciones”, con el propósito de acelerar un desentendimiento económico del Estado y poner en marcha el plan de austeridad social que reclama el FMI.
Hilando más fino
El primer gran recorte fue sobre el limitado Ingreso Familiar de Emergencia, que implicó $263.169 millones y alcanzó casi 9 millones de personas. Este programa no tu relevo alguno, ya que el aumento en los programas Potenciar Trabajo –de alrededor de unos 300.000 nuevos beneficiarios- no implicó una respuesta universal a la crisis social y económica del país.
Recordemos que el IFE ya había dejado afuera a unos 4,6 millones de solicitantes y que los ingresos al Potenciar Trabajo han sido arrancados por la lucha del movimiento piquetero independiente; sin embargo, implican solo poco más del 2% del total de las necesidades relevadas al inicio de la pandemia.
Las patronales, por su parte, acumularon beneficios directos por $481.362, en concepto de subsidios (ATP), créditos blandos (Fogar, Fondep) y exenciones impositivas y de contribuciones patronales. Mantienen, en 2021, subsidios y beneficios por $98.000 millones.
Para tener en cuenta, estas sumas fueron repartidas entre 307 mil empresas, mientras que el IFE (poco más de la mitad de estos fondos) se distribuyeron entre 9 millones de personas: un tanto desigual.
Un dato “curioso” es que el gobierno computa los bonos de trabajadores de la salud, jubilados y pensionados, AUH-AUE y Potenciar Trabajo como parte del “paquete Covid”. La mayor parte de esas sumas son una compensación precaria e insuficiente ante los estragos de la inflación en los ingresos de los trabajadores gracias a la imposición de la pauta oficial en las negociaciones paritarias y del salario mínimo, pasadas y presentes.
Para el caso de los jubilados es aún peor, ya que esos montos fueron financiados con la confiscación a los haberes con la suspensión de la movilidad jubilatoria en 2020 (8% de pérdida para la mínima) y la reforma de la fórmula en 2021 (5% de pérdida).
Lo del pueblo para la deuda
Un punto que pone de manifiesto la orientación social de este recorte es que mientras el “gasto Covid” alcanzará un 1,4% del PIB en 2021, los intereses de deuda para el mismo periodo se calculan en un 1,5% del PIB.
Casi la mitad de los fondos que el gobierno engloba en estos $563.000 millones consisten en recursos corrientes de políticas sociales y asistenciales que, incluso con aumentos, han quedado sobrepasados por la inflación y que aparecen indiscriminadamente como “refuerzos” a la Tarjeta Alimentar, AUH y asignaciones familiares, Progresar y Potenciar Trabajo. El cómputo de estas sumas como “excepcionales” preanuncia nuevos recortes sobre estas precarias medidas cuando den por superada, nuevamente, la pandemia.
El ajuste sobre los bolsillos obreros y sobre el gasto público, orientado a paliar las necesidades más elementales del pueblo trabajador, está haciendo estragos en la situación social y económica del país, con un empobrecimiento de la clase trabajadora y niveles de indigencia alarmante.
Hay que rechazar la orientación ajustadora del Frente de Todos, Cambiemos y el FMI, oponiéndole una salida de los trabajadores, con el no pago de la deuda externa, el rechazo al pacto con el FMI y la utilización de los recursos nacionales para poner en pie la industria y la obra pública, generar puestos de trabajo e imponer las medidas que garanticen un seguro universal al parado (por arriba de la canasta básica), salarios que cubran la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados.
Marcelo Mache
Caso Chano Carpentier: se cae la versión de la Bonaerense, fue gatillo fácil
El músico se encuentra internado en terapia intensiva y tiene afectados varios órganos debido al disparo. Por un lado, la madre salió a desmentir la versión policial sobre el caso. “No tuvo ningún brote psicótico. En ningún momento atacó a nadie con ningún cuchillo, no intentó agredir a nadie” y agregó: “pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron. Un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivos”. Se cae la teoría de «defensa propia» por parte de Berni y la Bonaerense: fue un caso de gatillo fácil.
Por otro lado, en el caso de que Chano hubiera sufrido un episodio de brote psicótico, existe desde el año 2013 un Protocolo elaborado por el Ministerio de Seguridad ¡del cual Sergio Berni era secretario! para intervenir con equipos de salud mental. Este protocolo nunca se aplicó, y el gobierno bonaerense prefiere promover elementos de tortura entre la población, que presupuesto para la salud pública.
La trascendencia mediática del caso de Chano y las declaraciones de Berni deben arrojarnos algunas reflexiones. Más allá de su caso, que es una muestra del accionar policial y de la rienda suelta al gatillo fácil la función social misma de las fuerzas represivas es la defensa del régimen de hambre, saqueo y explotación del pueblo.
Tan solo durante 2021 se registra una muerte cada 20 horas en manos de las fuerzas de seguridad, mediante desapariciones forzadas seguidas de muerte, gatillo fácil, muertes en cárceles, en comisarías. Muchos de estos casos sucedieron en la provincia de Buenos Aires, bajo el mando de Berni que da a la Bonaerense la potestad de desaparecer, disparar, incluso matar pibes en los barrios. Estas muertes y la tortura sistemática de las fuerzas represivas no son casos aislados o esporádicos, son una política de Estado.
Con su promoción del uso de las Taser, lo que Berni busca es reforzar al propio aparato de la Bonaerense. Es una política del gobierno de Axel Kicillof, que mientras incumple sus compromisos con las familias sin techo de Guernica reprime a las que viven en la toma Camino la Ribera en Lomas de Zamora. Las torturas, el gatillo fácil y el encubrimiento tienen además el respaldo del gobierno nacional, como se evidenció en la causa de Facundo Castro, o incluso en la defensa al gobernador de Formosa Gildo Insfrán tras salvajes represiones y denuncias por violación de los derechos humanos de la población. Ahora, en Chubut una página oficial difundió un video de entrenamiento de efectivos policiales al ritmo fascitizante de “Piquetero ten cuidado, que una noche muy oscura a tu villa entraré”. Federico Massoni, el ministro de Seguridad provincial, sería candidato a senador por el oficialismo -si la Justicia se lo permite.
Al fin y al cabo, Alberto Fernández y todos los gobernadores refuerzan el aparato represivo, apuntando a minar y disciplinar a los trabajadores y sus organizaciones, a los piqueteros, los movimientos sociales, las mujeres y diversidades, la juventud. Ante la aguda crisis social, despidos, miseria en aumento, sólo ofrecen Taser.
Frente al gobierno nacional que encubre, y la oposición de derecha que refuerza la «doctrina Chocobar», queda solo en el campo independiente de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos salir a luchar para que se vaya Berni. Contra el manto de impunidad que protege a Berni, la Bonaerense y la represión y persecución de lxs trabajadores y la juventud como política de Estado.
Camila Mic
martes, 27 de julio de 2021
Los Fernández prometen un acuerdo con el FMI y una “vuelta a los mercados”
CFK llama a Macri a “resolver el problema de la deuda”
En un acto junto a Kicillof, en Lomas de Zamora, dos semanas atrás, Cristina Fernández convocó a la oposición a “resolver el problema de la deuda”, “piensen como piensen”. Conocida por su autosuficiencia y denunciada por sus adversarios de querer copar el poder politico, la vice de la Nación convoca al otro lado de la grieta, a sabiendas que la posición del JxC no tiene otra posición que la del FMI. La tarea de reunir a “quienes piensen como piensen”, para “resolver el problema”, le corresponderá al Congreso tras el 10 de diciembre. Si votas a uno de los lados de la grieta, lo estarás haciendo, seguramente sin saberlo, por el FMI. O sea por los salarios y jubilaciones inferiores a la canasta de pobreza e incluso a la canasta de indigencia.
El ministro de producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, no solamente confirmó que se prepara para firmar un acuerdo con el FMI y los bonistas luego de las legislativas, sino que anunció hasta una “vuelta a los mercados” y al “endeudamiento” (Clarín, 24/7). Del palo de Kicillof, Costa ofrece a los acreedores un nuevo ciclo de endeudamiento, si aceptan alargar los plazos del pago de la deuda, sin quita sobre ella y una menor en materia de tasas de interés. Esto supone acabar con cepos y dirigismo económico, o sea, lo que hizo Macri en 2016. A la luz de los dichos de Costa, el kirchnerismo habría renunciado a su divergencia de mínima con el macrismo: captar inversiones internacionales para inversiones ajustadas a un plan de Estado. Costa no descartó la posibilidad de que tras las elecciones y el acuerdo con el FMI votado en el Congreso, se liberen las restricciones cambiarias. Es lo que reclaman las compañías extranjeras para girar las utilidades al exterior y las nacionales para pagar la deuda que han contratado en los mercados internacionales. Costa, con Kicillof, acaban de consumar esta política con los acreedores de la provincia de Buenos Aires, a quienes reconocieron, sin quita, la totalidad de la deuda, a pagar en cuotas.
Martín Guzmán, el ministro de Economía, se ha comprometido a convocar al próximo Congreso a sesiones extraordinarias para votar el acuerdo con el FMI. Además de una reducción del gasto fiscal a costa de salarios y jubilaciones, el acuerdo trae aparejadas reformas “estructurales” en materia laboral y previsional; despido gratis y jubilaciones condicionadas al llamado equilibrio fiscal. El director de Argentina en el FMI Sergio Chodos, que reporta a Cristina Fernández, indicó que “El acuerdo con el FMI se va construyendo en etapas. Como el acuerdo va a necesitar un nivel de debate y revisión interna y externa, va a pasar por el Congreso de la Nación” (iProfesional, 20/7). Ningún pre-candidato de la grieta ha protestado contra esta usurpación de su futuro mandato. Chodos habló por todos ellos.
Bancarrota
Tras el pago atrasado de los vencimientos con el Club de París, el mes que viene, el gobierno proyecta el acuerdo con el FMI para después de noviembre.
El total del préstamo otorgado por el FMI -durante la gestión Macri- es de u$s57.000 millones, del cual se utilizaron hasta ahora u$s45.000. La mayor parte, si no la totalidad, financió una masiva fuga de capitales, sin poder evitar la mega devaluación del peso, lo cual ‘perjudicó’ a inversores importantes. Las reservas internacionales liquidas llegan actualmente a unos u$s7.000 millones. El gobierno apela un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a un plazo mayor a 10 años de plazo, lo cual contraviene los estatutos del Fondo; el cristinista Moreau aventuró 20 años.
Facilitar el pago de la deuda, estirando los plazos, aumentaría de inmediato la cotización de los nuevos bonos negociados con los acreedores privados, hace cerca de un año. Claro que a condición de que siga la política de ajuste, lo cual significa, para el capital, mostrar un “plan de negocios” capaz de reunir los fondos para pagar los intereses de la deuda y, si fuera el caso, refinanciar en forma permanente el capital. Con este paquete bajo el brazo, Argentina pasaría de “Cristina eterna” a “Deudora eterna”. En lugar del bono a cien años que emitió el nefasto Caputo, por una deuda módica, tendremos uno a treinta o cuarenta años, pero por 400 mil millones de dólares. La precandidata de los Fernández, Tolosa Paz, llamó a todo esto “equilibrar la macro”. Cuando el lector escuche esta expresión, sabrá desde ahora que el significado de ella es eternizar la deuda pública externa e interna.
Hay que hacer notar que el capital internacional y el FMI suponen que el mundo ha ingresado en un período de tasas bajas por un tiempo indefinido, lo cual abarata el endeudamiento y quiebra los límites que se consideraban indispensables hasta hace poco. Han armado, de este modo, un “esquema Ponzi” a escala internacional, que consiste en pagar deuda con más deuda. Cuando el ‘esquema’ se venga abajo, porque la economía capitalista funciona siguiendo las líneas del serrucho o, dicho de otro modo, por ciclos, la suba de la tasa de interés provocará un literal derrumbe de la cotización de bonos y el colapso del Ponzi. La inflación norteamericana, que algunos subestiman como ocasional, podría ser un detonante ‘eficaz’. Los Fernández ya no tienen edad para ser calificados como “aprendices de brujos”, pero actúan como brujos diplomados.
Pobreza
El déficit fiscal del primer semestre fue del 0,5% del PBI, lo que significa un recorte brutal -el más importante en años. Esto es la consecuencia de haber eliminado todas las ayudas del año pasado (IFE, ATP) y haber recortado en salud, educación y planes sociales. El Gobierno que planteaba “apalancar el consumo”, redujo el gasto estatal y los salarios, o sea, ese consumo, aunque alargó los plazos para consumir contrayendo deudas. Conseguir el “equilibrio macro” significa destruir el equilibrio micro de los trabajadores.
Emiliano Monge y Jorge Altamira
26/07/2021
Juegos Olímpicos: militarizados y bajo el asedio de las protestas
El costo de los JJOO de Tokio pasó 7,3 billones de dólares a 30 billones, según una auditoría estatal. Sin embargo, la población trabajadora no recibe ningún tipo de beneficio de esta fortuna. El turismo está paralizado, y el dinero fluye hacia las élites y el capital financiero. Las protestas van a acompañar todas las sedes, aseguran los manifestantes.
Inauguración con protestas afuera
La ceremonia de inauguración fue bastante sombría. El estadio de 68.000 personas estaba vacío, mientras en las afueras había una movilización que hacía ruido para frenar la inauguración. “Los manifestantes se expresaron durante varias partes del himno japonés, y mucho más durante el momento en que se hizo silencio para recordar a las víctimas del Covid-19”, naturalmente, en repudio a la hipocresía de las autoridades por llevar adelante los juego. Los parlantes del estadio retumbaban a todo volumen para tapar la protesta.
Los manifestantes comenzaron a marchar hace varios meses, exigiendo la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio mientras el país lidia con una cuarta ola de infecciones por Covid-19. Las pancartas en las diferentes movilizaciones decían “los juegos matan a los pobres”. En mayo una petición contra los juegos recibió 350.000 firmas.
Protestas, libre expresión y rebeliones populares
El Comité Olímpico Internacional tuvo que “flexibilizar” las reglas para permitir protestas de los atletas, que hasta hace poco estaban prohibidas y podían costar la descalificación. Sin embargo, según estas reglas, las protestas no pueden apuntar a “países específicos” ni ser “disruptivas”. En 1975 se creó la regla 50, que prohibía la “propaganda política” a los atletas, cuando los juegos son un enorme espacio de propaganda política y de negocios para los gobiernos que los organizan y numerosos grupos capitalistas. Los deportistas, para el capital, son máquinas que generan dividendos, no sujetos implicados en la realidad política y social que los rodea.
La reforma de la reglamentación del artículo 50 del COI, a principios de julio, se realizó luego de las protestas contra el asesinato de George Floyd el año pasado en EEUU, y de las constantes manifestaciones de los atletas, algo que amenazaba con una deserción masiva. Sin embargo, el cambio no incluye que estas manifestaciones se puedan hacer en la entrega de medallas. Las declaraciones políticas durante los eventos, las ceremonias de victoria y en la Villa Olímpica todavía están prohibidas. Sin embargo, en Tokio las manifestaciones de los atletas no se hicieron esperar.
Las futbolistas británicas se arrodillaron el miércoles en el primer día de competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, en una protesta contra la discriminación y el racismo que fue rápidamente correspondida por sus oponentes de Chile. Algo repetido en otros partidos y por otras delegaciones. No fue el único caso.
Una atleta argelina, la judoca Fethi Nourine, abandonó los juegos luego de conocer su cruce con una luchadora israelí, en protesta a favor de la causa Palestina y denunciando las masacres, ocupación ilegal y genocidio perpetrado por el estado israelí en la TV argelina. Dijo que no se iba a “ensuciar sus manos” y que luchar habría sido avalar el apartheid israelí (SMCP, 23/7).
Muchos atletas norteamericanos de origen asiático denunciaron el racismo que se vive en el país e incluso contra ellos mismos, en las calles o en los campos de entrenamiento.
De reojo mira China, que será sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, a realizarse en en febrero próximo.
El deporte está completamente enajenado bajo este modo de producción, convertido en una mercancía más. Pero el deporte es un valor de uso, asociado a una de las expresiones físicas y artísticas más creativas que conoce el ser humano. También a la salud física y mental de los pueblos, destruida por las reglas de reproducción de la sociedad capitalista y las condiciones de reproducción de la fuerza laboral. Se trata de transformar el deporte y todas sus expresiones en el libre desarrollo individual en función del libre desarrollo del conjunto de la sociedad.
Emiliano Monge
23/07/2021
lunes, 26 de julio de 2021
Primer caso “no importado” de la variante Delta: 17 millones de personas esperan la segunda dosis
Sea cual sea el origen, lo cierto es que la variante Delta se está convirtiendo en una amenaza cada vez más real para nuestro país. Cada caso que se registra debería resultar de advertencia para la administración nacional, sobre todo porque se calcula que la cepa aumenta las posibilidades de hospitalización en un 120%, las de necesitar cuidados intensivos un 287% y el riesgo de muerte a un 137%. Por su parte, la OMS ya advirtió que espera que en pocos meses se convierta en la variante dominante en todo el mundo, aunque ya lo hace en países centrales como Estados Unidos, Reino Unido y España. En el país ibérico los casos se dispararon en las últimas semanas, por lo que ya se habla de una quinta ola de coronavirus que transita con unidades de terapia intensiva colapsadas en regiones como la de Cataluña o Mallorca. Vale destacar que el 52% de la población tiene el esquema de vacunación completo, a lo que se suma un 11% con una dosis.
Reino Unido, que cuenta con el 70% de la población adulta vacunada, vive una situación similar y ya comienza a afectar los planes de reapertura de Boris Johnson. De hecho, esta semana se observó el fenómeno de “pingdemic”, que no es más que el desabastecimiento de personal por el salto en los contagios, que obligó a los trabajadores a aislarse y dejar sus puestos en varios rubros de la economía, como supermercados, negocios, correo y transporte. La gran mayoría de los medios británicos reportaron este jueves las imágenes de las góndolas de los comercios vacías.
El resultado es la vuelta a las restricciones por zonas, aunque cuando los casos ya estallaron y es difícil disminuirlos. La vacunación, sin embargo, logró bajar el impacto que habría tenido una escalada de esta magnitud reduciendo las hospitalizaciones y formas graves de la enfermedad, pero por supuesto no es suficiente para detener la aceleración de la pandemia.
En este marco, en Argentina más de 17 millones de personas están esperando su segunda dosis, lo que significa que el 75% de los vacunados no completó el esquema. De ellos, 3 millones corresponden a adultos mayores, en su gran mayoría inoculados con la vacuna Sputnik V al ser la primera en llegar al país. Los retrasos en los envíos del componente 2 ya fueron admitidos por el gobierno en la carta que Nicolini le envió al Fondo Ruso de Inversión, a lo que Rusia respondió que priorizará la vacunación interna, ya que en dicho país los casos ascienden desde junio y ya rozan los 24 mil diarios. Una vez más, Argentina se ve relegada debido a las necesidades de abastecimiento de los países centrales, que durante la primera parte acapararon las dosis.
El resto de las medidas de cuidado y prevención estatales fueron eliminadas una vez que se avanzó con la apertura indiscriminada de actividades, así como las ayudas sociales que se impulsaron en el marco de la cuarentena de 2020. Es más: esta semana se implementó el “pase sanitario” en provincia de Buenos Aires, una especie de permiso que aumenta las cuotas de personas permitidas para ingresar a comercios, siempre y cuando estén vacunadas con una dosis, lo que en realidad es un intento de normalización de la vida económica y la vuelta a los puestos laborales de los grupos de riesgo inmunizados con la mitad del esquema.
De esta manera, el gobierno hace como si la pandemia hubiese terminado, mientras que lo único que ofrece es la inoculación de la población, porque otras acciones implicarían romper con el ajuste en salud que está llevando adelante. Pero los retrasos en las segundas dosis demuestran que esta sigue dependiendo de las prioridades de los laboratorios.
En estas circunstancias, el gobierno tampoco apunta a invertir en ciencia y técnica, que podría permitir el desarrollo de una vacuna argentina en el medio a largo plazo. En el país hay 4 proyectos de universidades y centros de investigación públicos, que se ven obligados a asociarse al sector privado para poder acceder a los fondos necesarios. Así, la inversión y centralización del sistema sanitario, incluyendo los laboratorios y los centros, cobra un lugar central para el combate de la pandemia.
Lucía Cope
Haití: el injerencismo descarado de los yanquis
Designa al nuevo primer ministro y manda un enviado especial.
Este viernes 23 se realizó en Cabo Haitiano, la segunda ciudad más importante del país, el funeral del presidente Jovenel Moïse, en medio de un país convulsionado.
Poco antes de su asesinato, el presidente haitiano designó como nuevo primer ministro a Ariel Henry, en reemplazo de Claude Joseph, como parte de una remodelación de su gabinete. El problema es que al momento del magnicidio el traspaso no se había concretado, por lo que estas dos figuras tuvieron que disputarse el cargo, que ante la acefalía de la presidencia se transformó en el más importante.
Pues bien: quien ha laudado en esta controversia, una vez más, ha sido el imperialismo. El llamado “Core Group” (que nuclea a Estados Unidos, Francia, la ONU la OEA -y también a Brasil) expresó el sábado pasado su apoyo a Henry. Cuarenta y ocho horas más tarde, Joseph anunciaba su renuncia y su regreso al ministerio de relaciones exteriores.
Para completar la tarea, el Departamento de Estado anticipó el envío al país del diplomático Daniel Foote, quien estará a cargo de “coordinar los esfuerzos para la asistencia en varias áreas, incluidas la humanitaria y la de seguridad” (NotiAmérica, 22/7). En verdad, parece la llegada de un virrey.
Henry promete un gobierno de consenso y la realización de elecciones generales, como le reclaman sus mandantes extranjeros. A tal efecto, entregó algunas de las carteras a sectores de la oposición, si bien la mayor parte de esta ha rechazado a la nueva administración como ilegítima.
Kill the president
El país aún se encuentra conmocionado por el magnicidio. Los seguidores de Moïse se movilizaron el día 22 y durante el funeral. Desde el partido de gobierno (el PHTK, los “cabezas rapadas”) se denuncia que el asesinato fue urdido por un sector de la clase dominante local que estaba enfrentada a Moïse, él mismo un magnate del sector agrícola. La justicia citó a declarar a los empresarios Réginald Boulos y Dimitri Vorbe, así como a dos exsenadores de la oposición. A la familia Vorbe, que domina el sector eléctrico, Moïse la acusó tácitamente en un reportaje de febrero de querer derrocarlo (El País, 13/2). Hay quienes apuntan, como el director de la revista “Haití Liberté”, Kim Ives (Jacobin, 10/7), que la clase dominante se quiso sacar de encima al presidente porque éste ya no aseguraba la estabilidad del país, desbordado por el accionar de las bandas criminales y los choques de éstas con la Policía Nacional, que dejaron más de cien muertos en las últimas semanas.
Por el momento -lo que no es excluyente con la hipótesis anterior- las investigaciones apuntan a un plan orquestado desde Florida por el médico y pastor Christian Sanon para llegar a la presidencia, financiado por dos empresarios de infraestructura y seguridad de origen latino, residentes en Estados Unidos. La recompensa para estos últimos estaría supuestamente en contratos de obras con el futuro gobierno. Un miembro de la firma de seguridad en cuestión (CTU) habría contratado a los mercenarios colombianos que torturaron y abatieron a Moïse en su domicilio, y que habrían contado a su vez con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional haitiana. También está bajo la lupa la guardia de seguridad de Moïse, que al parecer no intervino para defenderlo. Sanon se encuentra actualmente detenido. Walter Veintimilla, dueño de la contratista sospechada, afirma que ayudó a financiar la ambición presidencial de Sanon pero no el magnicidio.
La investigación sigue siendo, de todos modos, bastante confusa.
Perspectivas
La muerte de Moïse dejó un vacío de poder, dado que el parlamento no funciona hace más de un año y el máximo tribunal judicial ha perdido a varios miembros. La posibilidad de encauzar la crisis por medio de un proceso electoral resulta más que dudosa. A la pulverización de los partidos políticos, se le suma la proliferación de las bandas armadas y las divisiones y choques al interior de la Policía Nacional (en cuanto al Ejército, apenas tiene algunos centenares de miembros).
Por todo esto, no se puede descartar la posibilidad de una nueva intervención extranjera. Haití ya tiene experiencias en este sentido, incluyendo la nefasta Minustah, que operó entre 2004 y 2017 y fue responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos y de la introducción del cólera en el país.
El empobrecido pueblo haitiano se sublevó contra Moïse en dos ocasiones, debido al recorte de subsidios en el combustible y al desabastecimiento de los mismos. También protagonizó grandes protestas contra el desvío de fondos de Petrocaribe y se movilizó para que el empresario bananero abandonara el cargo, cuando se venció su período en el poder, a comienzos de este año. En ese momento, con el aval norteamericano, el mandatario interpretó que le quedaba un año más de gobierno.
Frente a la nueva situación, se vuelve necesario el desarrollo de un reagrupamiento independiente de los trabajadores y el repudio a la opresión del imperialismo y a toda intervención extranjera.
Gustavo Montenegro
Juegos Olímpicos: movilizaciones en Tokio rechazan la realización en medio de la pandemia
Las masivas protestas populares de rechazo a la realización de los Juegos Olímpicos, que han movilizado a miles de japoneses en la ciudad de Tokio el día de la fiesta de apertura, son una respuesta de la golpeada población local a la decisión de los organizadores de llevar adelante la competencia en medio de un pico de la pandemia en la ciudad nipona, donde solo el 20% de su población se encuentra vacunada.
Fue tal la prioridad colocada por los gobiernos nacional y municipal de Tokio y por el Comité Olímpico Internacional (COI) de llevar adelante las competencias contra toda lógica sanitaria, que, a último momento, tomaron la decisión de que todo el desarrollo de los Juegos se llevará a cabo sin la presencia de público –aunque esto afectaba (y lo lamentaran), los ingresos de todos los que lucran con su realización- justamente por el brote de coronavirus desatado en la ciudad, entre otros puntos del país.
Mientras los organizadores incluían la realización de un minuto de silencio en homenaje a las víctimas por el coronavirus, en el estadio vacío donde se realizaba la ceremonia se escuchaban los cánticos de la multitud que lo rodeaba, que cuestionaba a las autoridades que realizaban el recordatorio cuando Tokio tiene los picos más altos de contagio en varios meses.
Y cuando, al mismo tiempo, la cantidad de contagiados sigue creciendo entre los deportistas y el personal afectado a los juegos -ayer ya superó los 90-, en algunos casos, como en el de la delegación checa, dejándola afuera de un par de competencias por quedarse sin atletas en condiciones de intervenir.
Competencia de escándalo
Los Juegos, además, han sido salpicados en los últimos días, por varios escándalos que terminaron con el despido del director a cargo de la ceremonia de apertura, Kentaro Kobayashi, por hacer comentarios ridiculizando el holocausto y del compositor de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 2020, el músico japonés Keigo Oyamada, luego que se enfrentara a una reacción violenta en las redes sociales por rescatar públicamente los abusos que realizara contra compañeros discapacitados.
Está claro que las declaraciones de los organizadores sobre la posibilidad de suspenderlos “si crecía la cantidad de casos” fue solo una manifestación que apuntó a prevenirse frente a una catástrofe sanitaria. La decisión de que el negocio de los Juegos no se detenga se mantiene aún con el cuadro de pandemia desatada, adentro y afuera de los estadios.
Brutal ataque al medioambiente
Otro de los aspectos que muestra el gran negocio capitalista en el que se han convertido los Juegos, al igual que la mayoría de los grandes eventos deportivos internacionales, es el del desastre ecológico que suponen, por el carácter irracional de su organización. Esto pese, o tapado por, declaraciones rimbombantes del COI y todos los gobiernos organizadores, donde dicen tomar como prioridad de los Juegos la defensa del medio ambiente.
Uno de los aspectos que se destacan por las consecuencias medioambientales, pero también de la irracionalidad, es el de la infraestructura que siempre corre por cuenta de los gobiernos y que luego queda en desuso pese a la magnitud de las obras y la dimensión de las inversiones realizadas. Esto porque su construcción solo aporta al negocio de la realización de esa edición de los Juegos y no tiene en cuenta si el lugar donde se instalan requiere o no de ellas.
La irracionalidad capitalista
Una nota de Yahoo (19/7) da cuenta de que luego de la realización de los Juegos Olímpicos en Brasil, en el 2016, donde el gobierno nacional y los locales –que son los que realizan las obras y corren con el costo de las mismas- invirtieron 13.000 millones de dólares, el monumental estadio de Brasilia -entre otros- ha quedado totalmente abandonado, las piletas olímpicas y sus estructuras están, asimismo, sin uso y de los 3.600 departamentos construidos para el alojamiento de los atletas, solo se vendieron 340, mientras que el resto permanece desocupado y abandonado, pese a la terrible situación de la vivienda que sufren las masa populares del país.
Esto, destaca la nota, se replica en el caso de Atenas 2004, donde se invirtieron 11.800 millones de dólares en grandes estructuras donde, entre otras, se alojaron las competencias de vóley, natación y de kayak, y que hoy se encuentran totalmente abandonadas.
En Sotchi 2014, el gobierno de Putin partió casi de cero para construir (y destruir) toda la estructura necesaria para los Juegos en esa relativamente pequeña ciudad rusa. Se invirtieron 41.600 millones de dólares en obras que incluyeron hasta la construcción de un aeropuerto y, según la Unesco, se produjo un desastre ecológico, con la liquidación de bosques naturales; el cambio del curso de un río y sus consecuencias para la fauna, entre muchas otras cosas y con la obsolescencia por la actual falta de uso de toda la infraestructura construida.
En la ceremonia de apertura, el titular del COI, Thomas Bach, alabó el esfuerzo de los atletas y dijo que era un momento de “alegría y alivio” especialmente para ellos porque finalmente había podido llegar allí que era lo que querían.
La verdadera razón de esa “alegría y alivio” la explicó la atleta negra norteamericana y activista por los derechos de los negros, Gwen Berry, quien forma parte de la delegación de ese país pero en 2019 recibió del Comité Olímpico de los EE.UU. una suspensión condicional por 12 meses por levantar el puño en protesta contra los ataques racistas en su país y, por esa razón, perdió a sus patrocinadores. Eso, dijo, “fue extremadamente devastador porque cortaron todos mis ingresos” como para poder “competir, ir al extranjero, ir a competencias, conseguir premios”.
De la más antigua competencia deportiva de la humanidad, nacida en la ciudad de Olimpia –se estima- en el año 776 AC solo quedan los emblemas. El capitalismo ha dado cuenta de la misma para convertirla en un gran negocio.
Solo la liquidación del capitalismo hará posible que las grandes gestas deportivas vuelvan a convertirse en una gran fiesta y competencia fraternal.
Nelson Marinelli
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