El gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por el cual las patronales que contraten –o formalicen- trabajadores sin relación de empleo registrada hasta el 10 de diciembre tendrán una beneficiosa reducción de aportes y contribuciones patronales, que servirá a desfinanciar aún más los institutos y el régimen previsional de los trabajadores, en un cuadro donde los que prima son los despidos y las facilidades para el trabajo informal.
El gobierno reglamentó una de las incorporaciones recientes de la reforma laboral, tendiente a extender los beneficios a las patronales, los cuales ya se ha probado no solo no favorecen la generación de ni un solo puesto de trabajo formal sino que sirven a gravar el desfinanciamiento y vaciamiento del sistema previsional, el Pami, las asignaciones familiares y demás institutos de los trabajadores.
El programa en cuestión regirá por un año, desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027, y plantea reducir las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de la “nueva” relación laboral declarada, pudiéndose inscribir hasta un 80% de la nómina de empleados por establecimiento.
El total de la alícuota que deberán abonar las patronales se reduce al 5%, que a su vez sería aplicado con un 2% al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares, y un 3% con destino al Pami.
Según un informe previo del IARAF tenemos que esto significaría una reducción drástica de las contribuciones patronales, bajando del 27% actual al 15%: una diferencia que no es absorbida por partidas de otro origen sino con el vaciamiento y liquidación de los aportes destinados a garantizar derechos previsionales y sociales de los trabajadores.
Esto se suma a otras medidas de igual tenor, como la implementación Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que también prevé el vaciamiento del sistema previsional para armar un fondo que pueda cotizar en la bolsa y hacer así negocios financieros con la plata de los jubilados, mientras la jubilación mínima se encuentra en niveles de indigencia, con $393.174 mensuales, más el bono de $70.000.
El gobierno viene actuando como un garante de los intereses patronales, con la eliminación de las indemnizaciones por nula o deficiente registración (Ley Bases), la extensión del plazo del periodo a prueba, la creación del FAL para abaratar despidos y trasladar su costo a los trabajadores, la reducción de las indemnizaciones por despido y la exclusión de cientos de miles de “monotributistas” de la Ley de Contrato de Trabajo, todo lo que ha servido a favorecer los despidos, el fraude laboral y el trabajo informal.
Entre los institutos afectados por esta medida se encuentra el Pami, con una situación actual crítica, donde venimos de acciones gremiales de los médicos de cabecera contra el ajuste en el pago de las prestaciones que afecta sensiblemente los ingresos de los trabajadores y profesionales de la salud, y que termina afectando aún más un servicio ya deteriorado, donde se impone la falta de medicamentos e insumos médicos para garantizar la atención de millones de personas.
La burocracia sindical de la CGT continúa, además, con su política de complicidad y colaboración con la ofensiva antiobrera de Milei y las patronales, cuandos e ha demostrado que su orientación judicializadora resultó ser un fracaso absoluto.
Quienes terminan pagando el fraude laboral y la estafa de las patronales son los trabajadores y jubilados con sus recursos: una transferencia de ingresos en favor de los capitalistas que se fugan todas las “ganancias” y no invierten ni un peso en la generación de empleo.
Hay que derrotar esta ofensiva antiobrera, enfrentando la reforma laboral y su aplicación y luchando para echar a Milei y sus colaboradores.
Marcelo Mache
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