La cumbre Trump-Xi adelanta la escalada imperialista contra Irán

Donald Trump aterrizó en Pekín el miércoles pasado en compañía de diecisiete ejecutivos de la oligarquía financiera de Estados Unidos, dejando fuera de toda duda que viajaba como agente de los intereses capitalistas más poderosos del imperialismo norteamericano. Lo mismo había ocurrido en ocasión de una visita anterior, en 2017, bajo su anterior mandato, aunque como un debutante. El tenor de la delegación y la consigna del emprendimiento (“abrir la economía de China”) al capital estadounidense, ha servido para disipar otro malentendido, a saber, que Trump emprendía un repliegue hacia el mercado interno de Estados Unidos (”reshoring” o costas adentro), en función de una reindustrialización de la economía norteamericana. Apenas Trump emprendió el retorno de la visita, el conjunto de la prensa internacional coincidió en informar que el gobierno de Trump había adquirido bonos, acciones u otros instrumentos en esas grandes compañías, por montos variables, que en el caso de Intel ha llegado al 10% de su capital accionario. El valor de la acción de esta productora de semiconductores ha subido un 200% en el último año. Entre los beneficiarios se encuentran Apple, Meta, Nvidia, Citi, Tesla y Boeing – entre muchas otras. La política arancelaria de Trump no tiene nada de proteccionista; funciona como un régimen de sanciones para que el resto de las economías abra sus mercados a la oligarquía financiera estadounidense. 

 Este elenco de acompañantes, que representan la mitad del valor de la Bolsa de Nueva York, la cual concentra el 65% del valor bursátil internacional, ha participado de un cumbre donde quedaron expuestas los objetivos de conquista, de unos y otros, en la guerra financiera, comercial y militar en que se encuentra envuelto del capitalismo mundial. El New York Times cita a Ucrania, o sea Rusia; a Irán, o sea al Medio Oriente; y a la Inteligencia Artificial, o sea el monopolio de la ciencias y aplicaciones cuánticas y computacionales. La discusión acerca de la apertura económica ha operado como una “máscara”, como señala un diario de Hong Kong, de una pelea de fondo acerca del Canal de Panamá, el Caribe y América Latina en su conjunto; la captura del Cáucaso sur y su proyección al Asia Central; el apoderamiento de la cuenca petrolera del Medio Oriente; y finalmente la vasta Rusia. Trump reclamó a Xi, el ‘premier’ de China, el cese de las sanciones a la mayor flota de barcos de bandera, Panamá, que es la represalia más notoria, por parte de China, al despojo de los puertos del canal, en beneficio de un consorcio liderado por BlackRock, cuya principal ejecutivo, Larry Fink, formó parte de la comitiva de Trump. El propósito fundamental de la cumbre, Eestabilizar las Relaciones Mutuas, ha funcionado como escenario de la guerra mundial que se encuentra en desarrollo. 

 En procura de esa ‘estabilización’ Trump resolvió levantar el veto a Nvidia para vender sus chips H200 a un número de diez empresas de China, algo muy limitado, pero aun así criticado en Estados Unidos. La venta descuenta la rápida obsolescencia de los semiconductores como consecuencia de la velocidad de los cambios tecnológicos. Al mismo tiempo, sin embargo, Trump mantiene el veto a las transacciones con China, por parte de la compañía holandesa ASML, al tiempo que el gobierno de los Países Bajos ha expropiado a Nexperia, una sucursal de la china Wingtep, por la que reclama una indemnización de 8.000 millones de dólares. Xi Jinping ha vuelto a rechazar la oferta de comprar los H200 a Nvidia, para dar preferencia a Huawei. Ha vetado, asimismo, la compra de la start up de IA, Manus, una china con sede en Singapur, por parte de la norteamericana Meta. Numerosas compañía de China han traslado sus sedes a Singapur, con el propósito de sortear regulaciones del país de origen y escapar a la depresión de la economía china, pero la larga mano de Pekín ha limitado esta suerte de trasnacionalizaciones y puesto en crisis un floreciente negocio en Singapur. China, sin embargo, ha dado piedra libre al Citigroup para operar en los mercados de deuda de China, al cabo de un año de papeleos. BlackRock, por su lado, ha tomado deuda en China para sacar provecho de una tasa de interés menor a la que rige en Nueva York. China necesita ‘liberar’ estos mercados debido a una fenomenal crisis de deuda pública y privada. Pero lejos de una ‘estabilización’ o ‘normalización’ financiera, se asiste a desequilibrios internacionales cada vez mayores y a un mayor proteccionismo tecnológico. En los próximos días, Trump prometió un relajamiento a las inversiones de China en Estados Unidos, acompañado de una prohibición férrea en las grandes tecnologías. Necesita ofrecer una salida al dinero acumulado por el superávit comercial a favor de China, de lo contrario arriesga una venta masiva de bonos del Estado. China ha ordenado la compra de 200 aviones Boeing, para compensar ese superávit, cien menos de lo esperado, lo que volteó las acciones de Boeing. Tesla, de Elon Musk, no ha visto satisfechas sus expectativas de desarrollar su sistema avanzado de conducción.

 Estas negociaciones económicas revelan el propósito de penetrar el mercado de China; uno de los grandes botines de guerra, sino el mayor, del imperialismo norteamericano. Es, al mismo tiempo, una imposición de la situación histórica del momento. La bomba financiera que va marcando el ritmo de la economía mundial, por un lado, y la sobreproducción industrial, por el otro, revela que el número de participantes del mercado es ‘excesivo’. El capitalismo está desarrollando un ajuste ‘insuficiente’ para el tendal de quiebras que acumula la crisis. Los desarrollos tecnológicos no superan este impasse, lo acentúan. Un nuevo reparto del mundo, o sea la guerra, es ineludible. El cerco geopolítico es un arma de esta guerra. Trump fue asistido en su visita a China por todo el círculo de guerra y de seguridad de su gobierno. El temario de la cumbre no ha sido diferente a los que caracterizaron a las conferencias internacionales en guerras mundiales anteriores. Ambos mandatarios se pusieron de acuerdo, según los partes de prensa de uno y otro, en liberar el Estrecho de Ormuz, pero no en cómo hacerlo, que será por medio de una escalada mayor de la guerra. El silencio acerca de las masacres sionistas en Líbano y la expansión del estado sionista en Cisjordania y el sur de Siria ha sido estruendoso. Xi no ha respondido al reclamo de Trump de que cese el apoyo limitado a Irán y que deje de exportar bienes ‘duales’ (para uso civil o militar) a Rusia. Los estados imperialistas de la Unión Europea han alistado una flota para asegurar el paso por Ormuz después de la guerra, en lo que es una advertencia de que el Estrecho quedaría bajo el dominio de Estados Unidos, que ya tiene a su flota atacando a las barcazas de defensa de Irán. En todas las conferencias mundiales sobre la guerra, la ceguera y la hipocresía le han ganado a la claridad. De acuerdo a un comunicado de la delegación norteamericana, no confirmado por las autoridades chinas, Trump rechazó una mediación de China en Irán. Como en casos anteriores, Trump usará el fin de semana para escalar la guerra. En forma simultánea, John Radclife, el jefe de la CIA, desembarcó en La Habana y se reunió con el jefe de Seguridad de Cuba, para poner el broche a un cambio de gobierno que viabilice una salida a la venezolana, o sea la toma de control del aparato económico de Cuba por parte de Trump. Los negociadores en Pekín no desconocían este curso de los acontecimiento.

  Trunp, por último, no recogió la principal advertencia o requerimiento no publicado de Xi, acerca de no implementar la venta de armas a Taiwán por 11.000 millones de dólares, como ha sido votado por el Congreso. Concretará la venta apenas se disipe el humo de la cumbre. “Tomaré decisiones”, adelantó el mandatario. El Wall Street Journal ha difundido encuestas que aseguran que un exagerado 95% se opone a un acercamiento con China. Retener esa venta o postergarla, ya es calificada como una “capitulación”. El final de la cumbre fue saludado por una suba del barril de petróleo y un desplome (“slumping”) de los bonos estadounidenses. Trump “no lideró una gran negociación”, concluye el diario, que también exige escalar los ataques contra Irán. La movilización contra la guerra imperialista mundial es más urgente. 

 Jorge Altamira 

 15/05/2026

Trump y Xi agudizan la disputa por el control del Canal de Panamá y los principales puertos del Pacífico

A principios de mayo, Donald Trump promovió un pronunciamiento, junto a Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Trinidad Tobago y Panamá, contra "la presión económica específica de China y las recientes acciones que han afectado a los buques con bandera de Panamá". "Estas acciones", reseña el texto, se producen "tras la decisión de la Corte Suprema independiente de Panamá con respecto a las terminales de Balboa y Cristóbal”, en referencia al desalojo de la china Hutchinson de esos puertos y su adjudicación a firmas norteamericanas. En represalia, China ha retenido buques de bandera panameña en los puertos que controla a través de todo el mundo. “Según la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos, China detuvo en marzo a casi 70 buques con bandera panameña, una cifra que 'supera con creces los niveles históricos'”, informa Al Jazeera (29/4). 

 Panamá opera el mayor registro abierto de barcos del mundo: casi el 18% de los barcos mundiales. El registro de buques es un negocio importante para Panamá. Muchos armadores eligen Panamá porque tiene uno de los registros marítimos más grandes del mundo y suele ofrecer bajos impuestos y regulaciones flexibles. La acción de China significa un ataque a nodos críticos de las redes logísticas panameñas y su registro de buques, haciendo valer el peso de los puertos chinos, que incluyen, dentro de una extensa red portuaria, a siete de los diez puertos de contenedores más activos del mundo. 

 Escalada 

La escalada en el conflicto no es un asunto de segundo orden en la disputa mundial. El cierre del estrecho de Ormuz ha desnudado la importancia del control de los pasos marítimos navegables como parte de la estrategia de guerra. Por el canal de Panamá transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial. 

 El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha reclamado el cese de las detenciones de buques. Estados Unidos aseguró que "sigue de cerca" las “acciones de represalia” de China. El secretario de Estado, Marco Rubio, posteó que “Estados Unidos está con Panamá contra cualquier acción de represalia contra su soberanía y siempre apoyará a nuestros socios ante la intimidación”. La bandera de la “soberanía” mal puede disimular que Estados Unidos convirtió a Panamá en un protectorado norteamericano. Además de obtener la firma de los presidentes derechistas Santiago Peña, de Paraguay, y Rodrigo Paz, de Bolivia, para suscribir el comunicado, consiguió pronunciamientos similares por parte de los gobiernos de Honduras, Perú, Costa Rica y Chile, y de Israel y Ucrania. Más recientemente, Portugal anunció su futura adhesión al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, lo que es un intento de neutralidad ante los hechos consumados por Trump⁣. Javier Milei no ha suscripto el comunicado promovido por Trump debido a la necesidad de volver a renovar el swap de Argentina con China. 

 El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, ha denunciado a China por llevar el registro marítimo panameño a un “momento crítico”. Apenas una semana después, el presidente de Israel, Isaac Herzog, visitó Panamá y firmó un acuerdo conjunto para “ampliar y reforzar su Tratado de Libre Comercio” y acuerdos de cooperación y asesorías en temas de manejo y tratamiento de agua, ciberseguridad, seguridad hídrica, logística y tecnología, entre otros. Según Infobae (6/5), “hace unos días, el canciller panameño sostuvo una conversación telefónica con su homólogo del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones en el Medio Oriente”. La agenda del presidente israelí continuó en Costa Rica -otro de los firmantes del comunicado de Trump- donde participó de la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández Delgado, en una “agenda regional [que] busca reforzar la presencia diplomática de Israel en América Latina y ampliar su red de cooperación política, económica y tecnológica” (ídem).

 Según el portal China en las Américas, “la decisión sobre los puertos [expulsión de China] no se tomó de forma aislada. Formó parte de un distanciamiento más amplio respecto a China. Durante el mismo periodo, Panamá también decidió retirarse de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, dando marcha atrás en algunos proyectos clave de infraestructura respaldados por China, y adoptó legislación que impedía el despliegue de tecnología china en ciudades clave”. Algunos analistas aseguran que Estados Unidos ahora pretende exportar el “modelo Panamá” de expulsión de China al resto del continente. Es decir, desmantelar la infraestructura china y desplazar sus intereses estratégicos mediante el uso de los marcos legales locales y presiones de seguridad hemisférica. China canalizó las actividades que realizaba en Panamá principalmente a través del megapuerto de Chancay en Perú, del cual son propietarios parciales. Pero aún así no logra compensar la importancia del Canal de Panamá. “Algunos argumentan que el suceso puso de relieve una brecha estructural en la red logística de China: aunque Chancay es una alternativa en el Pacífico, China carece de un equivalente en el lado atlántico”, (ídem). Con su expulsión de Panamá, algunos analistas sugieren que China “podría redirigir su navegación desde el Atlántico Sur -principalmente Brasil, Argentina y Uruguay- a través de una ruta alternativa que transite por el Cabo de Buena Esperanza, el Océano Índico y el Estrecho de Malaca” (ídem). 

 Estados Unidos tiene en miras las actividades de China en el resto del continente. “Tres nodos logísticos clave (Chancay, Lázaro Cárdenas y Paranaguá) muestran los mismos focos rojos que parpadearon en Panamá antes del colapso de la concesión de Hutchison [en el Canal]” (ídem). En relación al puerto de México (Puerto de Lázaro Cárdenas), donde opera justamente uno de los gigantes chinos expulsados de Panamá (Hutchison), y que es clave en la logística de semiconductores y de la industria automotriz, está programada para dentro de dos meses la revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), donde el lugar de China va a ser el primer punto de la negociación. En Perú, en el megapuerto de Chancay, el gigante naviero estatal chino COSCO mantiene la exclusividad de servicios y Perú se encuentra en un ajustadísimo recuento del ballotage presidencial que es clave para la ofensiva norteamericana contra China. El Puerto de Paranaguá, el segundo mayor puerto de Brasil, es el puerto de graneles más grande de América Latina y el puerto de exportación de productos agrícolas más grande del país. Recientemente fue noticia porque China acaba de realizar el mayor desembarque de vehículos jamás registrada por el puerto, con la importación de 5.000 vehículos. Allí, la empresa china China Merchants Port (CMP) adquirió el 90 por ciento del Terminal de Containers de Paranaguá (TCP) por 30 años. Lula acaba de volver de Washington por una reunión bilateral con Trump, donde se discutió la cuestión del comercio (Estados Unidos mantienen las sanciones comerciales contra Brasil) y la injerencia del país del norte en la región). 

 China se ha convertido en el principal socio comercial de la mayoría de los países de América Latina y tiene asentadas gigantescas inversiones en infraestructura, minería y energía, además de ser un mercado de importación privilegiado para los productos de la región. 

 El Be 

 13/05/2026

Conurbano: el reclamo por la asistencia alimentaria y el hambre como campo de disputa

El pasado 29 de abril, más de 80 intendentes bonaerenses, encabezados por el aparato de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y Andrés Larroque, manifestaron frente a la sede del Ministerio de Capital Humano contra el recorte del financiamiento del Servicio Alimentario Escolar.

 Lo que expuso la ´movilización´ fue mucho más que una disputa administrativa por fondos atrasados, sino la crisis de un régimen entero: Nación, Provincia y municipios disputándose recursos en medio de una bancarrota estatal y social creciente. Dos millones y medio de chicos reciben la asistencia alimentaria del SAE.

 Sin embargo, presentar el conflicto como una simple “agresión” de Javier Milei contra la provincia de Axel Kicillof es quedarse en la superficie, porque mientras el gobierno libertario descarga el ajuste bajo la bandera del “equilibrio fiscal”, el peronismo bonaerense aplica su propio reordenamiento regresivo del hambre, mediante el recorte y suspensión del programa MESA, que garantizaba módulos alimentarios directos a las familias trabajadoras. Los fondos retaceados a este se destinan a complementar el SAE. Es un juego de suma cero: se quita de un lado para reforzar otro dispositivo igualmente insuficiente. Este dato no es menor dado que los montos por estudiante -que apenas alcanzan para cubrir una fracción mínima de una comida diaria- exponen el carácter de esta política, que evidencia que no hay "dos modelos" enfrentados, sino distintas administraciones del mismo ajuste.

 Por otro lado, la descentralización del SAE hacia los municipios profundizó esta dinámica. Según declaraciones de Larroque, “el 90% del presupuesto de nuestro ministerio está dedicado a la cuestión alimentaria”. Como resultado, los intendentes quedaron convertidos en gerentes de la contención social en territorios atravesados por la pobreza, la precarización y el derrumbe de los ingresos. Ya no administran "desarrollo social", sino emergencias alimentarias. Esa administración está atravesada por una feroz disputa por recursos, caja y control territorial. En ese marco deben leerse las tensiones internas del peronismo.

 La disputa ya no es solo electoral. Es una pelea por quién administra el derrumbe social y quién conserva capacidad de control sobre municipios que se han transformado en verdaderos polvorines sociales. 

 Los datos presupuestarios desnudan esa crisis. El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), reglamentado este año por la Provincia, prevé un piso de 250.000 millones de pesos para asistir a municipios asfixiados financieramente. No obstante, esos fondos dependen, en gran medida, del propio endeudamiento provincial y de futuras negociaciones con Nación. Dicho de otro modo, la asistencia a los municipios está atada a la refinanciación de la deuda provincial, que a su vez demanda "equilibrio financiero". 

 En este escenario la crisis del SAE no es un hecho aislado, sino la expresión descarnada de la bancarrota del Estado en todos sus niveles. Nación ajusta transferencias, Provincia y los municipios aplican ese ajuste mediante redistribuciones regresivas de escasez administrando el hambre y, en el medio, quedan millones de hijos de trabajadores que atiende el SAE. Para esos niños el comedor escolar es un apoyo alimentario en el marco de una crisis social insostenible. 

 Mientras tanto, las burocracias sindicales docentes y estatales mantienen un silencio de radio. Hablan de “gestión”, de “articulación” y de “acompañar el esfuerzo”, mientras subordinan los intereses más urgentes de los trabajadores y sus familias a la supervivencia política de Kicillof. 

 Por último, el peronismo intenta mostrarse como muro de contención frente a Milei, pero la propia crisis del SAE pone de manifiesto que forman parte del engranaje que descarga el ajuste sobre los trabajadores y sus hijos. 

 Entonces, la salida no vendrá ni de las negociaciones entre Nación y Provincia ni de las internas entre intendentes. Tampoco de un recambio de camarillas dentro del PJ. 

 Se hace vital para los trabajadores, docentes y familias, la organización independiente mediante autoconvocatorias para discutir en asambleas en cada escuela, barrio y lugar de trabajo un programa que ponga en agenda las demandas urgentes de los trabajadores: salario igual a la canasta familiar, trabajo genuino, presupuesto al SAE equivalente a la magnitud de la crisis. 

 Carla Díaz 

 14/05/2026

La inflación viaja en transporte público (y otros "precios regulados")

El dato inflacionario a la baja de abril -después de 10 meses de persistente aumento- fue recibido "con relativo alivio", como dijo Milei en una larga entrevista que brindó en Neura a poco de conocerse el índice. 

 El 2,8 % relevado en abril significa una baja respecto del 3,4% de marzo. No obstante, la carestía acumula 12,3 % en el primer cuatrimestre de 2026, lo que cifra las expectativas anuales en no menos del 40 %. Sigue ubicándose entre las más altas del mundo. Además, en un cuatrimestre ha superado el 10,1% que "Toto" Caputo dibujó para todo el año en la ley de Presupuesto, aprobada por el Congreso. En estos 29 meses que lleva en la Rosada, el gobierno de Milei acumula una inflación de 303,6 %, mayor a la que dejó Macri tras cuatro años de gestión (295,7 %). Para el gobierno que venía a "matar a la inflación", el fracaso no podría ser más rotundo, en especial cuando se tiene en cuenta que, a la par de estos resultados, viene podando el gasto en salud, jubilaciones, educación y asistencia social a niveles catastróficos.

 El Banco Central había anticipado una ´desaceleración´ por “ausencia de presiones inflacionarias inerciales en los mercados de trabajo y cambiario, junto con la reversión de factores estacionales”. Las "presiones inflacionarias inerciales en los mercados de trabajo" remiten, lisa y llanamente, a las paritarias del 1,5 % que viene firmando la burocracia sindical. Esto explica que los rubros que menos aumentaron hayan sido alimentos y bebidas, por la caída del consumo básico. Por otro lado, los llamados precios estacionales redundaron en una inflación cero, cuando el impacto del aumento del barril de petróleo no se había hecho ver todavía en los surtidores. En cambio, los que más aumentaron fueron los precios "regulados", que incluyen transporte y energía. "El problema son los precios que viajan en contratos, alquileres, expensas, tarifas y servicios, entre otros", dice Elisabet Bacigalupo, de la consultora Abeceb, en La Nación (14/5). Es decir que el programa ´deflacionario´, con su programa de eliminación de subsidios, bombea inflación de precios al consumidor.

 En el caso del transporte, por citar un caso dramático, el boleto de colectivo aumentó el mes pasado 4,4 %. No sólo se ubica por encima del promedio, sino que describe una trayectoria ascendente cada vez más empinada: la actualización de tarifas toma en cuenta, en forma automática, la inflación de dos meses atrás más un incremento adicional del 2 %. Es por eso que el aumento del boleto de colectivo, en el cuatrimestre transcurrido de 2026, ha triplicado en CABA a la inflación promedio (32,83 %) y la quintuplica en provincia de Buenos Aires (54,15 %). Como resultado, para pesadilla del trabajador, el boleto es más caro, ha caído el transporte de pasajeros y las empresas recortaron frecuencias y recorridos.

 Entre los ítems que más subieron (transporte, educación, comunicación, vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, ropa y calzado, equipamiento y mantenimiento del hogar), se cuentan varios cuya incidencia en el costo general de vida permanece subvaluada. Los trabajadores del Indec insisten, mes a mes, en denunciar al Gobierno, precisamente, por no actualizar la metodología de cálculo del IPC. “Desde el 10 de febrero de 2026 esperamos la difusión del IPC actualizado y, sin embargo, el gobierno de Caputo y Milei decidió bloquear administrativamente y postergar políticamente su publicación con argumentos inverosímiles. En los hechos, esto constituye una forma de censura estadística y una nueva intromisión política en la vida de un organismo técnico”, señalaron en un comunicado. La ´desaceleración´ tiene un alto componente de fraude.

 El gobierno mantiene artificialmente deprimido el tipo de cambio para favorecer el ingreso de capitales especulativos que se benefician con el carry trade, es decir, con la diferencia que hacen entre las altas tasas de interés en pesos y el dólar planchado. Para absorber los dólares el gobierno emite pesos -"la inflación es siempre y en todos lados un fenómeno monetario", insiste Milei sin dar cuenta de esto- que absorbe con instrumentos financieros a altas tasas de interés.

 La compra de dólar para ´ahorro´ se ha duplicado, una incipiente corrida contra el peso. 

 La caída de la consideración del gobierno en las encuestas, el resquebrajamiento del gabinete y la insolvencia del Estado para afrontar vencimientos próximos del orden de los 30.000 millones de dólares, son manifestaciones inconfundibles de una crisis política creciente.

 Jacyn 

 15/05/2026

Dr Ahorro baja las cortinas y acelera el vaciamiento a costa de los trabajadores

Luego de los casi 90 despidos de diciembre 2025, y de no haber abonado absolutamente ni un solo peso a dichos trabajadores hasta el día de la fecha por los salarios, el aguinaldo y las indemnizaciones adeudadas, la cadena de Farmacias del Dr Ahorro continúa el vaciamiento, afectando a los más de 200 trabajadores restantes. 

 El salario de marzo 2026 fue abonado en tres cuotas, debiendo reclamar vía judicial aquellos que estaban bajo licencia médica, ya que de forma unilateral la empresa decidió no abonar sueldos a los empleados que no iban a trabajar por problemas de salud.

 Los faltantes de mercadería, que ya eran críticos a fines del año pasado, se fueron agravando con el correr de los meses, a tal punto de no tener en stock productos básicos como envases estériles para análisis de orina, loratadina para la alergia, omeprazol para la acidez, incluso en algunas sucursales llegó a faltar paracetamol.

 La caída de las ventas, con ese nivel de desabastecimiento, responsabilidad absoluta de la empresa, era más que esperable. La patronal convocó a concurso de acreedores, pero no tomó ninguna medida tendiente a abastecer las sucursales.

 De forma sorpresiva, el viernes 8 de mayo, los trabajadores se encontraron con los candados cambiados en la totalidad de las sucursales, y simultáneamente, cambio de cerradura en casa central. Hasta las pertenencias de los empleados quedaron secuestradas en los locales. 

 Ese mismo día, a primera hora de la mañana, un gerente envió por WhatsApp, un comunicado avisando que no vayan a trabajar, ya que a partir de ese día la totalidad de las sucursales iban a quedar cerradas "hasta nuevo aviso". 

 Hasta ese momento, a pesar de haber transcurrido más de cuatro días hábiles, la empresa todavía adeudaba el salario de abril. Les fue depositado sólo el 25 % de sus haberes, excepto aquellos que tenían licencia médica, que siguen sin cobrar nada. 

 Ante la negación de tareas por parte de la patronal, pero sin telegramas de despido, -un lockout patronal-, una delegación de trabajadores se presentó a realizar la denuncia en la Secretaria de Trabajo. De forma similar a lo ocurrido en diciembre 2025, el Estado no dio ninguna solución, ni intervino para preservar los salarios ni las fuentes de trabajo. “No pueden hacer nada porque solamente se puede realizar las denuncias por intermedio de los sindicatos”, les contestaron. Los trabajadores suspendidos se acercaron luego al sindicato ADEF, asociación de empleados de farmacia, y como ocurrió previamente con los primeros despedidos, se negaron a actuar y a efectuar cualquier tipo de denuncia contra el accionar de la empresa. Ni siquiera hacen mención del conflicto en su página oficial ni en las redes sociales. 

 Empresarios, Estado patronal y burocracia sindical, actuando en conjunto contra los trabajadores, de forma explícita.

 Mientras tanto la empresa solicitó al juez que maneja el concurso de acreedores autorización para desprenderse de parte importante de sus activos como “condición necesaria para poder pagar lo que resta de los salarios”. Quiere liquidar las sucursales de mayor facturación, los autos y el único camión de reparto (herramienta de trabajo imprescindible) sin presentar a cambio un plan de continuidad, ni asegurar los puestos de trabajo en el tiempo, ni asegurar el pago de salarios a mediano y largo plazo. Tampoco contempla el pago de lo adeudado a los primeros despedidos. Se trata de una maniobra de liquidación anticipada que termina perjudicando a la larga a los trabajadores. 

 Los despedidos y los suspendidos deben unirse de forma autoconvocada para evitar la licuación de los bienes y exigir a la empresa el pago de todos los montos adeudados, antes que rematen lo poco que queda para fugarse, adeudando salarios e indemnizaciones, como lo hicieron ya los mismos dueños con la filial chilena.

 Claudia Jati

 15/05/2026

Debate sobre la Ley de Salud Mental

La discusión sobre las leyes de salud mental no puede separarse del contexto político, social y económico de un capitalismo en crisis. Discutir los aspectos técnicos de una ley separados de la ideología de las clases sociales que la impulsan es arrastrar al conjunto social que la demanda a una nueva frustración. Para el capitalismo la salud mental es irrelevante y forma parte del sistema punitivo. El loco es el resto improductivo de la sociedad: no es un sujeto de derecho sino un estorbo, una molestia, un gasto. En realidad, la salud en general del pueblo forma parte de la misma mirada, la productividad que produce ganancia es el dios capitalista, el resto es un gasto que sacrifica los presupuestos y el llamado superávit fiscal. 

 La nota de la época está dada por la baja de los llamados gastos sociales o la subejecución de los mismos y por el incremento de los presupuestos de guerra, los déficits fiscales y el endeudamiento de los Estados dirigidos a subsidiar a las empresas privadas, y la especulación en bonos públicos. La transferencia de ingresos ha creado una clase capitalista parásita que vive del empobrecimiento generalizado de las clases obreras y del conjunto de los trabajadores. 

 La desocupación, la baja de salarios y jubilaciones, la pérdida de derechos laborales, la precariedad, las condiciones de vivienda y sanidad en las barriadas obreras... enferma. 

 Los filósofos progresistas del régimen insisten en que una de las cuestiones centrales del presente está dada por la pérdida de perspectivas de la juventud y hasta por un fatalismo que recuerda la vieja consigna del “no futuro”, que ahora vuelve a acompañar a las nuevas generaciones. Esta consigna ya ha atravesado a por lo menos tres generaciones. Es la que no parece envejecer. Pero no son las actuales generaciones las que carecen de futuro ni las anteriores, sino el propio capitalismo que en su decrepitud arrastra a los jóvenes de hoy, de ayer y de siempre a la senda de la barbarie. 

 Los progres, los reformistas, los liberales humanistas y todo el resto de demagogos observan, miden y opinan sobre la pobreza como un fenómeno social ajeno y reversible: se trata de que el capitalismo se humanice, de que comprenda la injusticia social que provoca. 

 Observar la pobreza no es lo mismo que vivirla y lo mismo sucede con la enfermedad mental. Al interpretar el “sentido de la vida” desde el punto de vista liberal, las legiones académicas se sitúan a una enorme distancia con respecto a la realidad miserable de la población. Repito: la pobreza enferma y el crecimiento de los trastornos mentales es una manifestación viva de esto.

 Para los representantes del régimen y para aquellos que vergonzosamente se suman a esta cruzada sanitaria, el tema pasa por una ley y con esto el problema quedaría resuelto. El debate se traslada a qué hacer con los enfermos mentales y no con las causas de la enfermedad mental. Se trata de humanizar los tratamientos en el caso de los burgueses con una formación más humanista, o endurecerlos y discriminar al loco marginándolo de la sociedad, para los más fascistas; aunque, tanto unos como otros, discutirán el fenómeno de la locura como algo de lo que hay que ocuparse siempre y cuando no desequilibre los presupuestos destinados al pago de deudas, gastos armamentísticos, pagos por corrupción y todas las lacras que acompañan la llamada “economía social de mercado”. 

 El llamado proceso de desmanicomialización tan promocionado en nuestro país desde finales de los años 90, que se sostenía en teorías humanísticas y derechohumanistas, basado en experiencias italianas (Trieste), terminó convirtiéndose en otra forma de ajuste. El cierre de manicomios (llamados monovalentes, porque las palabras importan) terminó por echar a los locos a la calle, sin ningún tipo de red social de contención o devolviéndolos a su precariedad de origen, con lo cual también los devolvieron a sus propios precursores etiológicos. El discurso interdisciplinario conforme con este proceso acompañó las medidas desmanicomializadoras hasta su puesta en marcha y, sintiéndose reconocido y aprobado por los mandantes de turno, empezó a justificar aun aquellos casos donde la indefensión de los enfermos los volvía a situación de calle o al suicidio social. La premisa de cerrar áreas enteras de hospitales psiquiátricos estaba cumplida y los colocaban como los representantes de una tendencia mundial progresista y moderna. Las certificaciones académicas, los trabajos y publicaciones de investigación, las charlas y conferencias en el país y en el exterior justificaban los sacrificios de los enfermos. Rindió un lucro descarado tanto al Estado, que logró bajar los presupuestos de salud, como a sus teóricos que incrementaron su prestigio y abultaron sus billeteras. 

 Para el capitalismo y sus representantes parlamentarios, ejecutivos y legislativos la locura es un resto, una anomalía, una fractura subjetiva. Responder con políticas de DD.HH., de atención, de desarrollo vital al enfermo mental es sentido como una dádiva. ¿Acaso podría ser de otro modo para un régimen que desconoce estos derechos a la población corriente, sobre todo a la clase obrera? 

 Tanto el kirchnerismo en su momento como el mileísmo en la actualidad, con sus procesos de leyes de salud mental, de lo que tratan es de que el loco que pueda pagar sea asistido y el que no pueda, que se haga cargo de su padecimiento, “después de todo el Estado no es responsable”. 

 La desmanicomialización fue un gran negocio que fructificó en clínicas privadas, centros de atención, ONG y todos aquellos que de una u otra manera entienden la enfermedad como un negocio. La locura atravesó los presupuestos de las obras sociales con una carga de corrupción que continúa hasta el día de hoy. ¿Acaso los tratamientos privados llevaron a una política humanística del tratamiento de la enfermedad mental? En absoluto. Las denuncias que recaen sobre estos centros dan testimonio del abandono, el maltrato y la absoluta falta de una terapéutica destinada a los enfermos. 

 La demanda de una ley de salud mental debe ser contextualizada en una realidad social concreta. Sería utópico esperar de un gobierno que toma al diferente como “parásito”, que plantea que los jubilados sean asistidos por sus familiares, que desarrolla las tesis hitlerianas sobre la discapacidad (idiotas), etc., que vaya a proponer una ley de salud mental que beneficie a los enfermos mentales. 

 La discusión de cualquier ley de salud mental pasa, en primer lugar, por la denuncia del régimen social que lleva a la humanidad a la barbarie, donde la locura aparece como una consecuencia de esta política criminal. 

 Cualquier ley de salud mental tendría que ser discutida en términos de lucha política contra el Estado, donde se empiecen por cumplir con las reivindicaciones de los trabajadores de la salud. 

 Son los trabajadores de la salud los que deberían tener en sus manos la discusión de cualquier proyecto de salud mental y garantizar con su movilización y su lucha que este proyecto se lleve adelante. 

 Los familiares de los enfermos mentales deben ser convocados a esta lucha como hoy están convocadas las familias con integrantes discapacitados. 

 Mejorar las condiciones de vida de los enfermos mentales pasa por una lucha del movimiento obrero y el pueblo por mejorar sus condiciones salariales, laborales, de vivienda, de salubridad. 

 Daniel Cadabón 

 13/05/2026

El financiamiento universitario sólo será arrancado con una lucha decisiva

Los límites de la nueva “marcha federal educativa”. 

 La “cuarta” marcha federal educativa cargó sobre sus espaldas con el nombre que le pusieron sus organizadores, es decir, “otra” marcha más, repitiendo el programa y el camino rutinario que el Consejo de Rectores viene impulsando en las tres movilizaciones anteriores. En estos dos años, el Gobierno desconoció los reclamos universitarios. La reiteración de planteos que no consiguen resultados no entusiasma a nadie: la concurrencia fue inferior a la de las marchas anteriores, que a su vez habían menguado respecto de la primera gran movilización de medio millón de personas. En la marcha de ayer, dominó el activismo universitario y juvenil de facultades y colegios, pero la concurrencia espontánea que había caracterizado a la primera movilización fue inferior. Ello no le quita mérito a los más de 100.000 jóvenes y docentes que ganaron la calle, donde se volvió a manifestar la juventud secundaria de la ciudad y del conurbano. Las nuevas generaciones, a las que se atribuía un papel decisivo en la victoria electoral de Milei, alimentan hoy un odio irrevocable contra el ajustador. Pero para que ese rechazo conduzca a una victoria, es necesaria otra orientación de la lucha educativa. 

 Los Rectores y la Corte 

En su mensaje político, los Rectores y las burocracias estudiantiles y docentes que dirigieron la marcha de ayer cifraron toda la expectativa en un fallo de la Corte en favor de la ley de Financiamiento. Esa ley, aprobada y luego refrendada en el Congreso contra el veto presidencial; ratificada en dos instancias por la Justicia y vuelta a apelar por el Gobierno, reposa ahora en las oficinas de la Corte. El tribunal deberá decidir si se aboca a tratar la cuestión o rechaza el recurso, en cuyo caso la ley de Financiamiento quedaría “en firme”.

 La expectativa de un rechazo de la Corte al pedido del gobierno tiene pronóstico reservado. Por lo pronto, el tribunal no tiene plazos: el destino de la universidad podría correr la suerte de los miles de juicios de jubilados, cuyos expedientes reposan en las oficinas de Rosatti, Ronzenkrantz y Lorenzetti. Además, el Gobierno pidió el apartamiento de estos jueces por sus antecedentes como profesores universitarios (otra chicana para dilatar una resolución). A pocas horas de la marcha, Alejandro Álvarez, el gánster a cargo de “Políticas Universitarias”, declaró que “la ley (de financiamiento) nació muerta”. No solo se refería a la oposición terminante del gobierno a aplicarla, sino a la duplicidad de la oposición que la impulsó en el Congreso. Una parte de ella avaló después una ley de presupuesto que no contemplaba los recursos para la universidad. Actuaron en complicidad con un gobierno que presentó un presupuesto en completa ilegalidad, pues omitía los recursos necesarios para normas que estaban vigentes. 

 El “Financiamiento Universitario” no aumenta ni crea nuevas partidas para los claustros. Apenas devuelve parcialmente el dinero que le fuera confiscado cuando el presupuesto universitario, al igual que muchos otros gastos y educativos, resultó planchado en medio de la hiperinflación del verano de 2023-24. 

 Financiamiento Universitario y oposición

 Entre los partidos capitalistas que coquetean con “la importancia de la universidad pública”, nadie quiere que se aplique efectivamente la Ley de Financiamiento. Esa norma fue redactada bajo la presión de las marchas y ocupaciones de facultades de 2024 y 2025. El radicalismo y el peronismo, partidos que albergan a la mayoría de los rectores, impulsaron la ley para poner bajo su tutela al movimiento de lucha de los claustros, y encorsetarlo detrás de la perspectiva parlamentaria. La zanahoria de “La Ley” fue empleada para gambetear una lucha resuelta: la huelga general con ocupación de las facultades. Una vez que el movimiento refluyó, los rectores y sus partidos dejaron que el Gobierno avanzara con sus maniobras económicas y judiciales. No hay que olvidar que, después de la primera gran marcha, Gobierno y rectores alcanzaron un acuerdo sobre el “financiamiento” que disponía un aumento del 270 % para los gastos generales de las universidades; en cambio, los salarios docentes y no docentes ´durmieron el sueño de los justos´. Ahora, el Consejo de Rectores ni siquiera está comprometido con la ley de Financiamiento que dicen defender. Han expresado su disposición a discutir con el gobierno un “Financiamiento Low Cost” o bastardo: algunos fondos para los gastos generales, y un aumento para la docencia que represente la tercera parte de lo perdido en los dos últimos años. En esa perspectiva, atacan las huelgas universitarias. 

 Para los funcionarios libertarios, el salario de los profesores, como dijo uno de ellos textualmente, no es “para vivir de eso”. Debe ser un “complemento de la actividad privada”. Por esa vía, las cátedras, sus docentes y los contenidos de estudio resultan cooptados por el capital privado. El objetivo estratégico de la ofensiva libertaria es la privatización del conocimiento. Como ocurre con toda su política, Milei-Caputo aspiran a convertir a la universidad pública y su patrimonio científico en un Protectorado de la oligarquía digital que lucra con Trump y la guerra imperialista. Para ese propósito, el 90 % de la Universidad argentina es material sobrante. 

 La ley de Financiamiento habilita a una recuperación del orden del 35 % de los salarios docentes (la mitad de lo perdido en los últimos diez años, que supera el 70 %). Es lo sustraído por el gobierno de Milei después de la híper de 2023-2024. Un calco de lo ocurrido con jubilaciones, salud, gastos sociales, discapacidad. Milei teme que una restitución a las universidades abra la compuerta para el mismo reclamo por parte de todos los demás sectores agraviados. Los partidos patronales que se preparan para el “hay 2027" tampoco quieren alterar ese “trabajo sucio” perpetrado por Milei. A eso aluden cuando afirman que “el equilibrio fiscal es razón de Estado”. Volviendo a la Corte, la historia de sus fallos es particularmente sensible a esas “razones del Estado”, como cuando intentó habilitar el 2x1 a los genocidas de la dictadura. Ese fallo fue volteado por la movilización de masas más imponente de las últimas dos décadas. La cuestión universitaria -y toda la motosierra oficial- también exige una acción histórica, la huelga general educativa, cuyo bulto esquivan todas las fuerzas políticas y sindicales que actúan en los claustros universitarios.

 Lo que está planteado 

La convicción de que las reivindicaciones universitarias sólo pueden ser arrancadas con una lucha decisiva ha venido ganando lugar en las facultades. Es el mandato que dejaron numerosas asambleas de base de las dos CONADU, en las vísperas del inicio de clases, y que luego fue desconocido o manipulado por las burocracias docentes. Es el camino que, a pesar de los bloqueos, decidieron emprender los docentes de Exactas de la UBA. En cambio, las burocracias del sindicalismo universitario insisten con sus paros intermitentes, a la medida del desgaste y la desmoralización. 

 La movilización de ayer, a la luz de todo lo anterior, deja un saldo contradictorio. El acto anodino y rutinario del final es la expresión de una orientación de derrota, piloteada por los rectores, las burocracias y los partidos que están detrás de ellas. Pero la concurrencia numerosa de docentes y jóvenes es la materia prima para colocar la lucha en un peldaño superior: la huelga general universitaria, hasta arrancar los reclamos planteados. 

 Marcelo Ramal 

 14/05/2026

La mentira en tres idiomas

El manual de intimidación que la dictadura escribió para el mundo

 La SIDE redactó y publicó en 1978 un libro para frenar la «campaña de desprestigio» internacional. Ahora, sus archivos desclasificados revelan la magnitud del operativo. El testimonio en primera persona de uno de los periodistas que informó al mundo desde Buenos Aires.

 Como parte del proceso de desclasificación de archivos históricos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el 21 de abril pasado se dio a conocer una nueva entrega: un archivo digitalizado de 1.419 páginas que incluye 17 documentos. Dentro del material revelado aparece la publicación, en 1978, de un libro escrito por la propia central de inteligencia, en plena dictadura, para denunciar una «campaña de desprestigio» internacional.

 Lo más destacado de estas nuevas revelaciones es la comprobación de que fue la propia SIDE la que se encargó de la producción de «Argentina y sus derechos humanos», un libro a través del cual, desde la fachada de la ficticia Asociación Patriótica Argentina, se denunciaba esa campaña. La confección de la obra fue ordenada desde la oficina de “Interior” como parte del denominado «Operativo Editorial». 

 Un libro para intimidar al mundo

 El libro fue escrito en castellano, inglés y francés y contó con una tirada superior a los 20.000 ejemplares. El volumen incluye amenazas explícitas, fotos de las morgues policiales con víctimas desfiguradas de las fuerzas de seguridad, así como intimidaciones a un amplio arco de gobiernos y organizaciones de derechos humanos, tanto en el país como en el extranjero. Son imágenes crudas, sin filtro, con el único fin de impactar al lector, de horrorizarlo. Además, en sus páginas se publicaron las fotos y hasta los domicilios en Buenos Aires de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja Rolf Jenny, Teresa Muñoz y Romaine Tissiere, así como también de varios de sus colaboradores. 

 El material fue destinado principalmente a las embajadas argentinas en el exterior, para advertir a «otras naciones del mundo» sobre «quienes usan el terrorismo para instaurar gobiernos adictos a las ideologías marxistas». Pero también tenía un objetivo interno: intimidar a los corresponsales de diarios y agencias de noticias que desafiaban las prohibiciones de dar cuenta de los crímenes, nombrar a cada una de las organizaciones a las que pertenecían las víctimas y denunciar la «ley de fugas», que disfrazaban de «enfrentamientos».

 El texto, según revelan los archivos, también se filtraba deliberadamente entre los corresponsales extranjeros, que “por estar identificados con el marxismo o porque les pagan abundantes dólares, constituyen el medio más eficaz para lograr una rápida y muy amplia difusión de narraciones orientadas a presentar en el exterior una imagen de una Argentina salvaje, sanguinaria, inhumana». 

 El verdadero terror que el libro intentaba ocultar 

 Para entender la desesperación de la dictadura al escribir este manual, es necesario recordar cómo era informar desde Buenos Aires en aquellos años. La censura que impuso la Junta Militar era total. Las máquinas de télex de las agencias nacionales, como Télam o Noticias Argentinas (NA), solo difundían la información oficial e ignoraban sistemáticamente las acciones de la creciente resistencia civil, obrera y estudiantil, o el testimonio de las Madres y los organismos de derechos humanos.

 En ese contexto, agencias extranjeras como la cubana Prensa Latina se convirtieron en un faro de denuncia contra el genocidio. Yo trabajé en su corresponsalía local en Buenos Aires. Entre abril y junio de 1976, comencé en la oficina 96 del noveno piso del edificio Sáfico, en Corrientes 456 del microcentro porteño. Nos sumergíamos en el horror de elaborar panoramas matutinos y vespertinos con un «balance» de muertes que surgían de los comunicados oficiales, los cuales hablaban de supuestos «abatidos en enfrentamientos». En rigor, era una cruel suma de los militantes político-militares asesinados por los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas. 

 Aunque la dictadura había prohibido publicar los nombres de las organizaciones político-militares (exigiendo referirse a ellas como «la banda de delincuentes subversivos declarada ilegal en primer lugar» para el ERP, y «en segundo lugar» para Montoneros), desde Prensa Latina nunca acatamos esa orden.

 Amenazas concretas, colegas caídos

 La represión intentó silenciarnos. Todos los periodistas de la agencia recibíamos amenazas diarias. Interceptaban el hilo del teletipo desde un piso que manejaba la Marina en el Correo Central y nos hacían llegar llamados escalofriantes, en mi caso con las voces de mis compañeros de militancia torturados. 

 Esa intimidación tuvo consecuencias concretas: sufrimos acciones directas, varios fueron secuestrados, algunos fueron rescatados de sus captores y otros asesinados. En ese contexto de terror, un hito fundamental fue la difusión de la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar a través de Prensa Latina, una misión que tuve la oportunidad de llevar a cabo. Fue un acto de resistencia pura, una manera de decirle al mundo que, a pesar de la oscuridad, la verdad y la resistencia popular encontraban un cauce.

 La verdad, al fin, desclasifica la mentira 

 Cuatro décadas después, esos mismos archivos que la dictadura usó para negar y amenazar salen ahora a la luz. El libro «Argentina y sus derechos humanos» ya no es un arma de intimidación sino una prueba documental del terror. Quienes entonces informamos a pesar de todo podemos hoy leer esas páginas como lo que fueron: el retrato invertido de un genocidio que intentaron ocultar bajo la apariencia de un alegato jurídico. 

 La operación de propaganda que la SIDE diseñó en tres idiomas choca, sin embargo, con un presente inquietante. Mientras estos archivos se desclasifican oficialmente, desde el gobierno de Javier Milei se han multiplicado las declaraciones y gestos que reivindican abiertamente a la dictadura militar, minimizan sus crímenes o hablan de «excesos» dentro de un supuesto «combate contra la subversión». El libro de la SIDE y la desclasificación conviven así en una tensión contradictoria: por un lado, se abre la verdad; por el otro, se intenta rehabilitar a sus autores. 

 Pero la mentira, por más que se publicara en tres idiomas y con una tirada de 20.000 ejemplares, no pudo contra los hechos entonces ni puede ahora. La verdad, al fin, desclasifica la mentira.

 Alberto Nadra. Político, escritor y periodista.

MILEI contra las Universidades: Nuevo mega ajuste + BREGMAN sigue creciendo

La semana política nacional e internacional | Jorge Altamira en Letras del Paraná 13/05/26

Myriam Bregman llamó a transformar la masividad en un verdadero plan de lucha

La “ampliación” del gasoducto Perito Moreno

¿De qué habla el ministro Luis Caputo?

 En medio del pantano de la importación de GNL para abastecer la demanda invernal, y del recorte y paralización de obras gasíferas planificadas, el ministro de Economía, Luis Caputo, trató de tirar la pelota para adelante anunciando que “el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) aprobó el proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno (ex Gasoducto Néstor Kirchner) por parte de Transportadora Gas del Sur ” (Perfil, 30/4/2026). Una obra que el ministro aspira que este funcional para el invierno que viene, o sea, en pleno proceso electoral.

 El ministro al hablar de ampliación, sin mencionar concretamente a qué se estaba refiriendo, contrabandeó hacia el gran público la idea que se estaría por ejecutar la segunda etapa del gasoducto Perito Moreno (la mitad que falta y que va desde Salliqueló a San Jerónimo). Nada de eso. En realidad se trata de montar tres nuevas plantas compresoras para que el Perito Moreno alcance una capacidad de transporte de 35 millones de metros cúbicos por día, con una presión de diseño de 97 kg/cm².

 Para que ese volumen de gas llegue hasta la zona del Amba, a la altura de Salliqueló (en el oeste bonaerense) el Perito Moreno entrega los volúmenes transportados el gasoducto Neuba II inaugurado en el año 1988.

 La capacidad de transporte del Neuba II es de 39 millones de metros cúbicos por día, y su presión de diseño es de 75 kg/cm². En el año 2023 este gasoducto ya había ampliado su capacidad de volumen en 5 millones de metros cúbicos por día, llevando la presión máxima de operación a 77 kg/cm². O sea está en el límite. 

 Esta ampliación se hará por iniciativa privada (TGS) y fue declarada de interés público a fines del año 2024 y fue incluida en el Rigi hace una semana atrás. Es parte de las demoras de obras de infraestructura en el marco del retaceo de inversiones. Ante un nuevo período invernal y con un precio de 19 dólares del millón de BTU del GNL importado, el ministro presenta un guiso recalentado para ….¡el invierno del próximo año! 

 Algunos puntos en suspenso

 El plan original del gobierno nacional anterior era que el gasoducto hoy denominado Perito Moreno termine en San Jerónimo (al sur de Santa Fe) para revertir el sentido de circulación del gasoducto norte, ofrecer mayor volúmen al Amba y ampliar la oferta de gas al Litoral, pero esto ha quedado en los papeles, junto a otra serie de obras que se paralizaron. Hoy un gobierno con creciente descontento social, busca evitar los cortes de gas que cada invierno sufre la zona del Amba. Situación que se emparcha con la importación de GNL, que consume dólares que no sobran al Tesoro nacional. Por eso el ministro anuncia como una buena noticia una “ampliación” que no es tal. 

 El ministro no dio ningún detalle técnico de la mentada ampliación. Tampoco explicó cómo funcionará la infraestructura actual en cuestión de volúmenes que lleguen hasta el Amba este invierno. En julio del año pasado a la altura de Odorqui, el Neuba II transportó unos 40 millones de metros cúbicos diarios. La inaugurada planta compresora en Salliqueló (en el empalme del Perito Moreno y el Neuba II) entregaba a éste último unos 10 millones de metros cúbicos por día. 

 Un comunicado de Enarsa de octubre de 2024 anunciando la finalización de la obra de la planta compresora en Salliqueló desliza la sugestiva frase “Así, la puesta en marcha de la Planta Compresora Salliqueló desafiará la capacidad de transporte de los tramos finales del Neuba II”. En efecto hay un desafío para caños que ya tienen casi cuatro décadas enterrados. 

 Conclusión: la celebrada iniciativa privada en infraestructura ha demorado las obras hasta asegurarse los beneficios del Rigi, perdiendo entre gobierno y TGS un invierno, el presente. Por lo tanto el Amba y el Litoral sufrirán una vez más el déficit de gas natural de origen nacional y pagarán el tarifazo del GNL importado. 

 Pero, además, cualquier eventualidad que ocurra no será obra de la naturaleza, sino un efecto directo de la crisis capitalista y las huelga de inversiones. Hay que nacionalizar bajo control obrero, toda la industria energética.

 Norberto E. Calducci

Ajustazo a educación, ciencia y salud en la previa de la marcha universitaria

Milei recortó otros $2,5 billones en el Presupuesto 2026 para pagar la deuda y beneficios a los capitalistas.

 El gobierno nacional acaba de reasignar partidas del Presupuesto 2026 por unos $2,5 billones, con eje en la profundización del ajuste y quita de recursos a jubilados, educación, salud, ambiente, obras públicas, ciencia y tecnología y todo lo que se asemeje a un derecho popular, para destinar esos recursos al pago al FMI y al capital financiero, mientras se exime a las patronales de impuestos y se otorgan beneficios excepcionales con la creación de un “super Rigi”. Esto, además, se da en las vísperas de una contundente marcha universitaria federal, que marca el camino para derrotar a Milei y echar a este gobierno de inescrupulosos. 

 La medida fue oficializada por medio de una decisión administrativa titulada “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, desde la cual se dispuso una reasignación de partidas del ya antiobrero y antipopular Presupuesto 2026, que contenía un plan de ajuste contra la población trabajadora, recortando un 1,6% adicional del presupuesto destinado a la población. 

 Ahora el gobierno nacional plantea la cuasi liquidación de derechos e institutos enteros de los trabajadores. Para tomar por caso, en la antesala de la masiva marcha federal universitaria, Mieli ataca a la comunidad educativa con un recorte adicional de $78.000 millones en Educación, de los cuales una parte significativa (casi la mitad) aplica al Plan Nacional de Alfabetización en cabeza de las provincias. Una provocación que busca colocar a la universidad y la educación pública al borde de su extinción.

 Este martes 12 está prevista una masiva movilización de la comunidad universitaria contra el ajuste y el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso de la Nación, en el marco de un retraso salarial de docentes universitarios que plantean una recomposición inmediata del 50% y el envío de las partidas y recursos a las universidades de todo el país. 

 Para el caso de la educación en general se elimina el Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), encargado de garantizar un piso salarial nacional, y se recortan $21.600 millones para equipamiento y obras en escuelas de todo el país. 

 Además de la educación pública, el ajuste de Milei afecta al sistema sanitario público, con una quita de $68.021 millones a Salud Pública, de los cuales un tercio impacta negativamente en el programa Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, con recortes en la provisión de drogas para pacientes con cáncer y VIH, entre otros. 

 También se recortan las transferencias a las provincias y se suspenden obras de infraestructura hídrica –cuando son noticia frecuente las inundaciones- por unos $970.000 millones, frente a gobernadores cómplice que vienen garantizando la gobernabilidad y la sanción de las leyes antipopulares del gobierno de Milei, y que operan en las provincias como administradores del ajuste nacional, trasladándole la factura a los trabajadores. 

 El sistema científico-tecnológico se ve afectado, con bajas en el presupuesto del Conicet, el programa espacial y los proyectos de energía nuclear de la CNEA, en la misma línea vaciadora y privatizadora que viene desenvolviendo el gobierno nacional, con intervención del imperialismo norteamericano y sus agencias.

 Incluso se recortan partidas destinadas al programa de Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas, con quita de fondos pertenecientes a parques nacionales de todo el país, con el antecedente de incendios brutales que devoraron gran parte de los ecosistemas locales, ajustando también las partidas destinadas al Servicio de Bomberos por $11,8 millones. 

 Estamos ante un gobierno reaccionario que se ha declarado un enemigo abierto de los derechos de la población trabajadora y de las causas populares, y que plantea profundizar una línea de desguace de la educación, salud, ciencia, obras públicas y de ataque al ambiente, amenazando la subsistencia de los trabajadores y su entorno vital. Hay que tomar el ejemplo de la marcha educativa federal, profundizando la lucha hasta la huelga general universitaria y en ese mismo camino emprender la organizaciones por todos los reclamos hasta derrotar al gobierno. 

 Marcelo Mache

"Doctrina Donroe": salen a la luz maniobras de Trump y sus aliados para digitar las elecciones hondureñas

Milei aportó fondos a oficina de fake news para "extirpar a la izquierda". 

 Medios hondureños revelaron que Milei habría aportado U$D 350.000 a una campaña de fake news a fin de desestabilizar a los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y de la mexicana Claudia Sheinbaum, impulsada por el trumpismo, y que se inscribe en una trama más amplia que tiene como finalidad instaurar gobiernos de características policíacas, allanando el terreno para una persecución y represión en regla en todo el continente. La tentativa de montar un Estado policial por parte del gobierno liberticida se presenta como el modelo a seguir por el resto de los gobiernos afines a la gestión de Trump y que han firmado su entrada al Escudo de las Américas.

 En audios de WhatsApp, Signal y Telegram, intercambiados entre enero y febrero de 2026, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), y el actual mandatario Nasry Asfura revelan que coordinaron los detalles de una operación mediática que habría sido financiada, en parte, por Javier Milei. De los audios se desprende el entramado con el que montaron "una célula informativa", con operatividad en Estados Unidos para evadir rastreo en Honduras, con el propósito de producir contenido contra Manuel Zelaya -derrocado en el golpe militar de 2009 que respaldó el Departamento de Estado bajo la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton-, Xiomara Castro, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, con la finalidad última de golpear los intereses chinos en la región. 

 Si bien Sheinbaum, Petro y Lula se encargaron de denunciar “una red internacional de derecha”, los tres se abstuvieron de vincular a Trump en estos movimientos desestabilizadores, dando cuenta de la sumisión del nacionalismo progresista para con el imperialismo.

 En los audios, se puede escuchar a JOH precisar que "estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica". JOH también mantuvo comunicaciones con la vicepresidente María Antonieta Mejía, en las cuales le explicó el alcance del plan. En las mismas afirmó que necesitaba "liquidez para montar una oficina con el apoyo de algunos republicanos" y le afirmó "pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con 350 mil dólares también". El expresidente hondureño describió el objetivo de la operación mediática como "atacar y extirpar el cáncer de la izquierda de ahí de Honduras y de toda Latinoamérica". Según lo trascendido, la usina de fake news estaría bajo el control de trolls republicanos que responden a Trump. 

 Sugestivamente, Milei y Asfura mantuvieron una reunión el pasado miércoles, en el marco de la conferencia anual del Instituto Milken, realizada en Los Ángeles.

 La investigación realizada por Canal RED y Diario Red América Latina, bajo la etiqueta "Hondurasgate", da cuenta también de la participación del presidente del Congreso de Honduras Tomás Zambrano y de la consejera electoral Cosette López-Osorio. Hasta el momento, ni el gobierno argentino ni la presidencia de Honduras han emitido declaraciones públicas sobre el contenido de los audios.

 En noviembre de 2025, en las visperas de las elecciones presidenciales de Honduras, Milei apoyó a Asfura. Celebró su victoria electoral tuiteando que “La victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras”. En la misma línea, Trump exhortó a los hondureños a votar por Asfura para desterrar el “avance comunista” del país y la región. Al igual que en las elecciones de octubre de la Argentina, en las que Trump y Bessent intervinieron por medio de un desembolso del Tesoro, el 28 de noviembre de 2025, a dos días de las elecciones hondureñas, el “King” norteamericano anunció que indultaría a JOH, condenado por conspirar para ingresar cocaína a Estados Unidos y por haber recibido dinero del "Chapo" Guzmán para financiar fraudes electorales (Diario Red, 3/5). En su momento, los fiscales neoyorquinos calificaron a Honduras como un "narcoestado" y acusaron a JOH de haber aceptado millones de dólares en concepto de soborno para brindarles protección a los cárteles narcos. JOH fue condenado, en junio de 2024, por narcotráfico a 45 años de prisión en Estados Unidos y luego indultado por Donald Trump, dando por tierra con el relato de la “lucha contra el narcoterrorismo”, impulsada por republicanos y demócratas por igual, y que en enero pasado fue utilizada como argumento para llevar adelante el asalto sobre Venezuela y reforzar las operaciones militares en América Latina y el Caribe, que tiene como eje el asedio a Cuba.

 En la línea de extorsiones para ejercer un tutelaje sobre los gobiernos y los países, Trump también anunciaba el respaldo al entonces candidato del Partido Nacional, Nasry ”Tito” Asfura ,y que de la victoria de este último dependía que mantuviera la ayuda económica al país centroamericano. 

 Las filtraciones sugieren que JOH buscaría retomar el poder con apoyo y financiamiento estadounidense e israelí. (ídem) La politóloga Valeria Duarte Galleguillos, columnista de Diario Red, asegura que el plan apunta a que JOH se imponga en las próximas elecciones para “ceder a Estados Unidos e Israel el control de las zonas de desarrollo, una base militar estadounidense y el desarrollo legislativo de un entorno jurídico favorable a las empresas de Inteligencia Artificial de EE. UU. e Israel” (Diario Red, 29/4). En los audios se revela que “el exmandatario no solo planea su retorno físico al país una vez que se anulen todos los procesos judiciales en su contra, sino que ya negocia con Nasry Asfura una sucesión pactada” (ídem). 

 Durante la campaña electoral Asfura negó tener vinculaciones con el expresidente, pero en los audios se expone que su llegada a la presidencia fue digitada entre Trump y JOH. En un audio de JOH a Asfura se puede escuchar el plan a seguir: “Presidente. Buenas tardes. Un saludo. Aquí preguntándole sobre mi caso, si tiene alguna resolución, si tiene algo que compartirme para ver si han avanzado con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero pensar que usted no va a hacer un lado a mí porque, gracias a mí, usted está sentado en esa silla. Presidente, voy a ser yo. Y espero su apoyo. Porque eso fue lo que hablamos con el presidente Trump.” 

 En las elecciones, en las que Asfura se impuso con el 40,2 % de votos antes de que termine el conteo, estuvo surcada por anomalías de todo tipo. Desde el gobierno saliente de Xiomara Castro “denunciaron irregularidades, mientras Estados Unidos restringía visas a los magistrados que impulsaban el reconteo, incluyendo a Mario Morazán y Marlon Ochoa. Apenas tomó posesión, Asfura viajó a Mar-a-Lago para reunirse con Trump, donde habrían negociado una agenda de intereses extranjeros” (Diario Red, 29/4).

 JOH, con el traje de lobysta del trumpismo y el sionismo en Centroamérica, quiere convertir a Honduras en una base militar, logística y económica del imperialismo, a través de una Zona del Desarrollo Económico Especial (ZEDE), con el claro objetivo de desterrar los intereses chinos en la región. La ZEDE, que se habría negociado en la residencia de Trump en Florida, contempla la construcción de una base militar -que se sumaría a la ya existente en Comayagua conocida como Palmerola, donde opera el Comando Sur-, un tratado de libre comercio y una ley para incentivar la inversión en IA, cuyos contratos serían entregados directamente a empresas privadas estadounidenses como General Electric. Los ZEDES son conocidos como "estados privados" o "ciudades modelo", en las que se permiten tribunales autónomos y sistemas jurídicos extranjeros en Estados nacionales, denunciado esto por diferentes organizaciones como una cesión de soberanía. En la Argentina se ha implementado este modelo de inversiones a través del RIGI. 

 En 2024 el Tribunal Supremo de Honduras declaró el caracter inconstitucional de las ZEDE, pero el gobierno de Asfura, bajo el tutelaje trumpista, está accionando no solo para reactivarlos, sino para ampliar la injerencia estadunidense en el país, con sus consecuencias para la región. En este sentido, el Partido Nacional está preparando licitaciones a medida de empresas estadounidenses (al igual que Milei con la licitación de la Hidrovía) para que se hagan de grandes proyectos de infraestructura, como el Ferrocarril Interoceánico de Honduras. 

 En otro de los audios que salieron a la luz se puede escuchar a JOH decir que “el dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes (...) salió de una junta de rabinos, y de una gente que apoyaba a Israel, y ellos habían apoyado en un pasado a Yani Rosenthal”. Los audios dejan al descubierto que “el indulto fue gestionado mediante un intenso lobby liderado por Roger Stone y la bancada republicana en Estados Unidos, con el apoyo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según las conversaciones filtradas, el regreso del exmandatario a Honduras, la operación logística y su próxima candidatura presidencial estarían financiados en su totalidad por Israel” (Diario Red, 29/4). 

 La campaña de desinformación ejecutada en Honduras, financiada por distintos actores entre los cuales estaría Milei, contra los presidentes progresistas de la región y opositores políticos hacia dentro de Honduras, se inscribe en los planes del trumpismo delineados en la Estrategia de Seguridad Nacional, que tiene como principal objetivo el de reconstruir las cadenas de producción internacionales, para desalojar a China de América Latina y controlar la cadena de suministros de materias primas estratégicas. El ataque sobre Venezuela, seguido por el secuestro de Nicolas Maduro y el asedio contra Cuba, han sido la punta de lanza de la “Doctrina Donroe”, que busca colocar a toda América Latina bajo la situación de una semicolonia del imperialismo estadounidense y convertirla en un peón de la guerra imperialista en curso.

 Lucas Giannetti 

 11/05/2026

Otro ajustazo, para encubrir el fracaso del “plan” Caputo

Recortes a Universidades, docentes y salud.

 En vísperas de la Marcha Educativa, el gobierno dispuso otro tijeretazo sobre el gasto público. Aunque afectan a más de doscientas partidas, el 70% de los ajustes corresponden a rubros relacionados con la Salud y la Educación. En el caso de las universidades, amputa otro 10% del magro presupuesto de 2026, ello, después de haber reducido a la mitad los recursos de las casas de estudio en dos años. La medida oficial también recorta al Fondo de Compensación Docente, dirigido a cubrir diferencias entre los salarios provinciales y el salario mínimo estipulado por la paritaria nacional. O las provincias cubren la diferencia, o el salario de sus docentes caerá todavía más. El zarpazo de Caputo atacó con saña a varias partidas de Salud, como las que corresponden al Instituto del Cáncer. El INTI, el INTA y el Conicet, otra vez, son “número puesto” en el decretazo del gobierno. Ni qué decir de las partidas dirigidas a subsidiar el transporte y los servicios públicos. Precisamente, el recorte fue acompañado por tarifazos en el boleto de colectivo y de trenes. Estos aumentos se anuncian cuando el desquicio del transporte público alcanza su punto más alto. 

 Fracaso

 El manotazo de Caputo tiene lugar cuando al gobierno se le viene abajo la supuesta “estrella” de su plan económico, el “superávit fiscal”. Es cierto que ese superávit ha sido siempre una ficción; por un lado, porque encubre una deuda flotante (compromisos con proveedores) que el gobierno libertario posterga sistemáticamente. Por el otro, porque las cuentas del Tesoro no tienen en cuenta la carga de intereses de una parte de la deuda que emitió -la de las “Letras de Capitalización”-, que recién serán pagados al vencimiento del capital adeudado. Pero incluso con esos “dibujos”, el gobierno ha “desparecido” al superávit, como resultado de la caída feroz de los ingresos y del crecimiento de intereses de deuda. En abril pasado, los ingresos del fisco cayeron un 4,5% en términos reales respecto del mismo mes de 2025. Se trata del octavo mes consecutivo de caída, por el desplome de la actividad económica y su impacto sobre los impuestos que gravan el consumo. Por el lado de los intereses, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el pago de intereses subió un 62% en los cuatro primeros meses del año respecto de 2025 -el doble que la inflación- sin contabilizar, claro está, a las mencionadas “LeCaps”.

 En el primer cuatrimestre del año, según la misma OPC, el gobierno ejecutó podas enérgicas en las transferencias al PAMI, Universidades y subsidios al transporte. Aun así, Caputo llegó al quinto mes del año sin poder ofrecerle al FMI y a los fondos, a quienes suplica financiamiento para afrontar los próximos vencimientos de deuda, un mango de superávit. El manotazo anunciado en el día de ayer apunta a fabricar ese “resultado positivo”: el número prometido al FMI es de 3,2 billones de pesos de superávit. El decreto de este lunes anuncia recortes equivalentes a 2,5 billones, o sea el 80% de lo que debería reunir. Caputo improvisa sobre la marcha, para remontar la cuesta de un Tesoro quebrado y poder tramitar un socorro financiero en el exterior.

 Pulseada contra las masas 

Pero la decisión de anunciar estos ajustes en vísperas de la marcha educativa no fue improvisada. En los informes de las calificadoras de riesgo y los fondos internacionales, abundan las prevenciones acerca de la “reacción social” ante el ajuste oficial. Para los especuladores, el “riesgo país” no es “Kuka”, sino que está en las calles. La calificadora Fitch, que la semana pasada le subió la nota a la deuda soberana, acaba de abrir el paraguas en relación a la situación de las provincias argentinas. Señala, sencillamente, que los recortes permanentes a las partidas que involucran a gastos sociales o educativos son una bomba de tiempo para el interior del país. De cara a esa realidad, Milei-Caputo les dicen a los fondos internacionales que están dispuestos a imponer la motosierra a como sea. No han inventado nada, porque es la conducta que ha precedido a todas las rebeliones populares que terminaron con gobiernos ajustadores. El otro ingrediente han sido las crisis políticas y la descomposición interior del gobierno (sin palabras). 

 La provocación oficial instala en la marcha de hoy, que será extremadamente numerosa, un desafío: debe ser el peldaño de una lucha superior, la huelga general hasta terminar con la liquidación de la Universidad y con todos los ajustes. 

 Marcelo Ramal

 12/05/2026

El gobierno desafía a la Marcha Federal Universitaria

En las vísperas de la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno dio a conocer una nueva serie de recortes brutales en el financiamiento a la educación superior, a la educación en general y al sistema científico. Según lo publicado ayer en el Boletín Oficial, se recortaron futuros gastos por casi 110.000 millones de pesos para universidades, educación y ciencia y tecnología. 

 El Plan Nacional de Alfabetización sufrió una poda de más de $35.000 millones y $21.686 millones para Infraestructura y Equipamiento. Los $5.303 millones que estaban destinados a obras y recursos en la UNLP, la UNSAM y la Universidad Nacional de Avellaneda también fueron eliminados. Además, se recortaron $559 millones en el rubro becas, entre otros.

 La ciencia también se verá afectada por este nuevo avance del gobierno en su política de destrucción y realineamiento del sistema científico nacional. Casi $35.000 millones fueron recortados en total de diferentes áreas. A esto hay que sumar los $3.263 millones que se le quitaron al CONICET, dentro de los cuales fueron dados de baja $2.049 millones destinados a exclusivamente a becas de investigación. 

 Se trata de un claro desafío a la Marcha Federal Universitaria y de un mensaje para los fondos financieros. Mientras los rectores atacan a la docencia en huelga e intentan utilizar la movilización para volver a las negociaciones de una ley que reemplace a la votada, el gobierno se muestra yendo a fondo con su política de guerra contra la clase trabajadora, sus derechos, la educación, la ciencia y la salud. Aplica el método que exhibió con la interpelación a Adorni en el Congreso: exhibe su disposición a ´morir con las botas puestas´, de no recular ante los reclamos ni entregar piezas del gabinete a pesar de las revelaciones que casi a diario sacuden a la cúpula libertaria en materia de afanos. No escatima esfuerzos en respaldar a un jefe de gabinete a todas luces corrupto, incumple lo votado y refrendado en el Congreso y desoye los fallos judiciales que lo intiman a “ajustarse a derecho”. Es una verdadera banda fuera de la ley, aliada internacional de corruptos y genocidas como Trump y Netanyahu. 

 La política del gobierno de guerra contra los trabajadores pone en evidencia la tibieza -cuando no la complicidad- de las direcciones nacionales de los sindicatos docentes. Ante el ataque feroz de Milei y su banda a la universidad y la ciencia, han venido desarrollando el mismo esquema de paros aislados que ya había fracasado en los dos años anteriores. Para luego de la marcha universitaria, por ejemplo, no está convocada ninguna medida de lucha, lo cual coloca a las direcciones sindicales a la rastra de la política de los rectores. 

 En el único lugar donde la respuesta ha estado a la altura de la embestida del gobierno es en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Allí se viene desarrollando un paro por tiempo indeterminado desde el comienzo del cuatrimestre, con acciones de protesta y visibilización durante todas las semanas, y que está votado continuar la semana que viene. Por esta razón no se la da a conocer, ni desde la universidad y las direcciones de las federaciones sindicales; ni desde el gobierno que se cuida muy bien de no atacarla. Ese es el camino que la lucha universitaria debe seguir; una lucha decidida y a fondo. 

 Hagamos explotar las calles y las plazas de todo el país por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y contra el gobierno de ladrones, la guerra y la barbarie. 

 Maxi Duque 

 12/05/2026

“Malvinas día x día” | Historia de la guerra del Atlántico Sur. Entrevista a Gabriel Concatti

Bregman: "No hay proceso de saqueo sin corrupción, y estamos viviendo un proceso de saqueo total".

Escándalo y desfalcos en Nucleoeléctrica Argentina

Imputan al “libertario” Demian Reidel, mientras Milei lotea el desarrollo nuclear a los norteamericanos.

 A los escándalos y corruptelas que envuelven a los funcionarios públicos del gobierno que vino a “eliminar la casta" se agrega la ahora imputación del economista y exjefe de asesores del presidente Javier Milei, Demian Reidel, por los gastos y consumos exorbitantes efectuados con la tarjeta de crédito corporativa de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A, de la cual estuvo al frente de la misma hasta febrero de este 2026. Más estafas de los “libertarios” en un punto sensible y estratégico para el país, como el sector nuclear, que el gobierno está privatizando y subordinando a los intereses norteamericanos. 

 La causa en cuestión investiga los presuntos gastos particulares realizados en viajes al exterior por integrantes de la empresa estatal, entre los que se encuentran 45 compras en free shops por 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos; 13 pagos a “Mar y Sombra SL”, empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares; transferencias de Mercado Pago, hoteles, gastos en aviones e indumentaria, distribuidos en diferentes países; y adelantos en efectivo por $56.000.000 y gastos en el pub El Pirata (Madrid) por 765 dólares (Infobae, 8/5/26). 

 Nucleoeléctrica es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, por lo que la malversación de fondos de Reidel y su equipo –se está investigando el alcance de los implicados- implica otra de las estafas de los “libertarios”, al mejor estilo y libreto del jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, acusado de enriquecimiento ilícito, sin poder explicar el origen y el aumento exponencial de su patrimonio. 

 Se encuentran también “implicados los integrantes del Directorio, la Sindicatura y a los responsables del control interno de gastos corporativos, por haber presuntamente omitido ejercer los deberes de control, vigilancia y autorización que les incumbían, respecto de los consumos aludidos”, según informó la fiscalía, en una causa que investiga los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público (Ídem). 

 Este escándalo se da en un sector sensible y estratégico para el país, que viene siendo subordinado por el gobierno de Javier Milei al control y los intereses norteamericanos. Una delegación de siete funcionarios norteamericanos se encuentra en una llamativa visita a tres centros atómicos estratégicos de la Argentina y en la sede central de la CNEA, sin que existieran informes claros al respecto o transparencia del propósito de su visita. La delegación norteamericana tiene previsto recorrer los activos físicos de producción y almacenamiento de materiales en el Centro Atómico Constituyente, el Centro Atómico Ezeiza y el Centro Atómico Bariloche. 

 Cabe destacar que el consorcio estadounidense Industrial Acquisition Fund (IAF) viene de adquirir el 85% del capital que pertenecían al Estado Nacional y a la provincia de Mendoza en la empresa Impsa, primera empresa privatizada bajo el gobierno de Milei, que llamativamente está avanzando en la fabricación de componentes nucleares críticos para la exportación a los Estados Unidos, al mismo tiempo que el gobierno nacional paralizó y desfinanció el proyecto CAREM, de lo más avanzado en tecnología y desarrollo del país y la región. 

 Milei pone al frente de las empresas y proyectos nucleares a vaciadores y estafadores inescrupulosos, mientras lotea el patrimonio tecnológico, científico e industrial del país a los Estados Unidos, hipotecando cualquier futuro en el desarrollo nuclear que se ha mostrado uno de los pilares estratégicos de toda soberanía energética y productiva nacional. 

 Hay que echar y encarcelar a todos estos estafadores, desfalcadores y vaciadores “libertarios” y defender el desarrollo nuclear y tecnológico del país, en manos de los trabajadores, para ponerlos al servicio de las necesidades obreras y populares.

 Marcelo Mache

Sobreprecios en la Andis: licitaciones amañadas y facturas con aumentos de más del 4.000%

El gobierno “libertario” está sucio de pies a cabeza.

 Por una investigación independiente del Estado. 

 El escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sigue destapando los chanchullos de los funcionarios “libertarios”, ahora con la divulgación de un informe que da cuenta de la existencia de sobreprecios, licitaciones amañadas y desvío de fondos para los empresarios amigos del poder, con sobrefacturaciones que llegan hasta un 4.239% por arriba de los precios de mercado. Un gobierno que le niega los tratamientos a las personas con discapacidad, por un lado, y les roba los recursos, por el otro. 

 La misma agencia que puso en el foco de las acusaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por las coimas del 3% para el enriquecimiento de la camarilla gobernante, es investigada también por desfalcos a los recursos para discapacidad por medio de sobreprecios y licitaciones arregladas con un puñado de “empresarios amigos”, en un sector donde el gobierno impulsa un ajuste en las prestaciones y tratamientos, afectando a la salud y condiciones de vida de miles de personas. 

 Los últimos datos que salieron a la luz provienen de fuentes oficiales, de un informe producido recientemente por el Ministerio de Salud que alude a las compras irregulares realizadas por la Andis durante el 2025, bajo el gobierno de Javier Milei.

 De este informe se desprende la compra irregular de sillas de ruedas, andadores y prótesis con diferencias manifiestas entre los precios reales de mercado y lo facturado por la agencia gubernamental, con sobre precios que oscilan entre el 300% y el 2.000% en promedio y que incluso llegan a superar el 4.000% en casos específicos. Entre los ejemplos más resonantes se encuentra la venta de un andador con un sobreprecio del 4.239%, siendo el punto más alto; sillas de ruedas por $19.000.000, con un precio de referencia nacional de $1.279.999; y el pago de $425.000.000 por un sistema de “válvulas bicaval transcatéter” que el Pami había pagado por $124.200.000, por lo que estamos ante un 242% de sobreprecio. 

 El informe fue incorporado a la causa que investiga el fraude millonario contra la Andis, con Diego Spagnuolo como uno de los principales procesados y revela un sistema orquestado para enriquecer a un puñado de amigos capitalistas de la casta gobernante. 

 Las contrataciones ahora denunciadas se hicieron por medio del Sistema integrado de información y administración de prestaciones (Siipfis), donde se efectuaban “licitaciones controladas” a las cuales accedía un pequeño grupo de empresarios seleccionados discrecionalmente por los funcionarios “libertarios”. En una licitación podían participar todas empresas de una misma familia, o empresas “títeres” que no efectuaban oferta alguna para que exista un solo adjudicatario. 

 Del documento oficial, que tiene el límite de tratarse de una selección interna elaborada por el mismo gobierno que puse en pie este esquema defraudador, se identifica a seis proveedores del Estado que participaron de este desfalco (Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat) por un total de $18.100 millones. 

 Cabe destacar que estamos ante una porción de lo realmente sucedido con la Andis, ofrecida por un gobierno que echa lastre para evitar crisis mayores, en una causa donde es investigada la hermana del presidente de la Nación por presunta coimas, con el favor de la Justicia adicta al poder.

 Nada podemos esperar de una investigación en manos de quienes defraudaron he hicieron y hacen negocios con el Estado, al mismo tiempo que recortan los tratamientos e insumos para las personas con discapacidad. Se trata de la misma gente que dice haber terminado con los sobreprecios en la obra pública –liquidando la inversión estatal de paso- y que aparece implicada en toda clase de negocios turbios, desde el narcotráfico, hasta las criptomonedas, pasando por el enriquecimiento ilícito de los principales funcionarios de gobierno –como Manuel Adorni-, las coimas de Karina y los sobreprecios en Discapacidad. 

 A fines del pasado mes de abril el colectivo de Discapacidad se movilizó al Ministerio de Salud para exigir la implementación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad y para rechazar las modificaciones que el gobierno pretende imponer sobre el sistema, replicándose la movilización en varias partes del país, con una destacada intervención de Tribuna Disca en la ciudad de Salta y Misiones (Posadas), denunciando las auditorías truchas del gobierno, que buscan encubrir el desfalco y los robos "libertarios".

 Necesitamos una investigación independiente del Estado, con participación de los trabajadores y de la comunidad de Discapacidad para llegar al fondo de esta situación y condenar a todos los responsables, de la mano del restablecimiento de todos los tratamientos, el pago de las prestaciones y una verdadera garantía al acceso para todas las personas con discapacidad. 

 Marcelo Mache