Cascos Blancos argentinos a Gaza, el compromiso de Milei en la Junta de Paz

Javier Milei viajó a Washington para asistir el jueves a la primera reunión de la llamada “Junta por la Paz para el gobierno y la reconstrucción de Gaza”, un organismo creado por Donald Trump con el objetivo declarado de apropiarse de la Franja de Gaza e intervenir -a modo de unas Naciones Unidas de uso personal- en cualquier conflicto del planeta. 

 Este decimocuarto viaje es una nueva muestra de la subordinación incondicional de Milei a Trump y al criminal de guerra Benjamín Netanyahu. El mandatario argentino busca alinear a la Argentina con la política belicista y crecientemente fascistizante del presidente yanqui, pidiendo pista para integrarse activamente a su agenda internacional.

 La reunión de la Junta por la “Paz”, que supuestamente trazará la hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza, coincide con un despliegue militar estadounidense descomunal en Medio Oriente y con promesas de un ataque inminente contra Irán, una exigencia persistente del sionismo. 

 El formato del encuentro fue, en sí mismo, una demostración de vasallaje: Trump y sus socios se dirigieron largamente a los presentes, quienes contaron con apenas dos minutos “estrictos” (sic) para saludar y detallar cómo colaborarían con la Junta. Ni los feroces jeques árabes —expertos en eliminar opositores— ni el presidente turco Erdoğan, con miles de presos políticos en sus cárceles, se apartaron del libreto.

 Sin límite de tiempo hubo presentaciones de Marco Rubio -secretario de Estado- Jared Kushner - yerno de Trump-, Steve Witkoff -enviado especial de la Casa Blanca a Medio Oriente-; del embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz; del ex primer ministro británico, Tony Blair; y del Alto Representante de la Junta para la Paz en Gaza, Nickolay Miadenov. 

 “La costa de Gaza tiene 42 kilómetros de longitud y podemos convertirla en una nueva Riviera mediterránea con 200 hoteles turísticos”, se ufanó el multimillonario sionista Yakir Gabay, uno de los integrantes del gobierno colonial que Trump proyecta para Gaza. La propuesta es hacer negocios con el genocidio: construir hoteles sobre los cadáveres palestinos y convertir a los sobrevivientes en mano de obra esclava. 

 Durante el discurso de apertura, Trump elogió reiteradamente a Milei y lo buscó entre los presentes. “¿Dónde está el presidente Milei?”, preguntó con una sonrisa antes de destacar su desempeño electoral. Y se felicitó a sí mismo por el apoyo brindado a Milei en las elecciones legislativas de octubre. 

 “No se supone que deba apoyar a nadie, pero lo hago cuando me gusta…”, se explayó Trump, y agregó: “Tengo muy buenos antecedentes apoyando candidatos en Estados Unidos, pero ahora respaldo líderes extranjeros. Apoyé a Orban y a este caballero, Milei, que estaba un poco atrás en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante”. (El fascista Viktor Orbán busca su reelección en abril). 

 Cuando volvió a dirigirse a Orbán, Trump reiteró los elogios a Milei y destaco que Estados Unidos desembolsó unos 20.000 millones de dólares del Tesoro para “contener las turbulencias financieras” en Argentina y rescatar al gobierno de una posible derrota electoral. 

 Milei viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno, mientras su hermana Karina Milei permaneció en Buenos Aires siguiendo de cerca el debate por la contrarreforma laboral en la Cámara de Diputados. 

 Ausencias elocuentes 

A pesar de la música de los Village Voice y de Elvis, y el repugnante aire festivo de los genocidas y sus cómplices, a la fiesta de Trump faltaron muchos invitados. 

 Washington esperaba por lo menos que acudieran 45 jefes de estado de los 60 países invitados. Fueron 27. Se ausentaron los aliados atlánticos de Estados Unidos en la OTAN y también Japón. De Europa, solo participaron Hungría y Bulgaria, mientras que Italia se limitó a enviar un observador. 

 Netanyahu, que se encontraba en el congreso del AIPAC, prefirió regresar a Israel y envió a su canciller en señal de protesta por la presencia de Turquía y Marruecos, países que considera aliados de Hamas. 

 Por América, solo asistieron Paraguay, El Salvador y Argentina. México envió un observador. 

 China y Rusia no fueron invitadas, una señal inequívoca de que la Junta por la Paz funciona como un ensayo general de un nuevo bloque bélico. 

 Trump debió conformarse con aliados asiáticos como Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán y Qatar, pero minimizó el desaire: “En términos de poder y prestigio, nunca hubo nada igual, porque estos son los líderes más destacados”, afirmó. 

 Una alianza imperial

 La Junta de Paz fue creada por Trump, quien se autonombró presidente vitalicio. Es el único con potestad para designar miembros y ejercer poder de veto. Aunque al principio la presentó como creada para supervisar su plan de paz en Gaza, luego amplió su alcance a otros conflictos internacionales, en un intento explícito de reemplazar a las Naciones Unidas.

 Ahora dio un paso más: anunció que la Junta “va a supervisar a las Naciones Unidas y asegurarse de que funcionen correctamente” y prometió un aporte estadounidense de 10.000 millones de dólares, sin precisar su origen. También afirmó haber reunido otros 7.000 millones de dólares de países árabes y asiáticos.

 Argentina fue eximida de pagar el aporte obligatorio de 1.000 millones de dólares para integrar el organismo. 

 Al tomar la palabra, Milei se declaró “listo” para contribuir en la etapa inicial de “estabilización” en Medio Oriente. Destacó la experiencia argentina en misiones de paz y destacó el liderazgo internacional de Trump. 

 Afirmó que la paz solo puede construirse sobre “derechos innegociables” como la vida, la libertad, la propiedad privada y la libertad de expresión, principios que definió como “base de la nueva política exterior argentina”. 

 Aunque no ofreció aportes económicos, Milei anunció el envío de Cascos Blancos -una fuerza civil humanitaria dependiente de Cancillería- y dejó abierta la posibilidad de una participación con Cascos Azules, aunque eso requeriría autorización del Congreso Nacional. 

 El gobierno dio un paso más de integración a la política genocida de Trump y el sionismo. 

 Olga Cristóbal 

 20/02/2026

"No son peronistas traidores, es una disidencia articulada para que salga la reforma laboral"

Los diputados del Frente de Izquierda denunciaron la complicidad peronista en la aprobación de la reforma esclavista. 

 El gobierno logró el quórum gracias a legisladores peronistas.

 La aprobación de la reforma laboral en Diputados volvió a contar, como ocurre con todas las leyes troncales del gobierno de Milei, con la colaboración de la cantidad necesaria de peronistas.

 En una jornada de contundente paro nacional en rechazo a la reforma esclavista, el oficialismo pudo sesionar gracias a que dieron quórum los legisladores que responden a los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán, además de los de Gustavo Sáenz de Salta, y el santacruceño Claudio Vidal que mandó a José Garrido a sentarse en su banca.

 A la hora de la votación, mientras sonaban cacerolas en todos los barrios porteños luego de la represión a los manifestantes que quedaban por la tarde en Congreso, aportaron votos desde Provincias Unidas y también de La Neuquinidad. 

 "Nosotros no creemos en esto de los peronistas traidores. Ya son muchas veces. Esta es una disidencia articulada. ¡Hay que poner los huevos y los ovarios para salir ahora millones de argentinos contra esta reforma esclavista y contra toda la política entreguista del gobierno de Milei!".

 Fue Néstor Pitrola quien, con esas palabras, denunció todo esto en plena sesión, cuando intervino para la presentación del dictamen del Frente de Izquierda en rechazo a la reforma laboral. Después de impugnar punto por punto los ataques a los derechos de los trabajadores y acusar que se empuja al movimiento obrero al siglo XIX, cuestionó también el carácter dominguero que la CGT le dio al fuerte paro nacional. 

 Contra ese colaboracionismo de la burocracia sindical peronista, que viene negociando solo salvar sus cajas mientras barren las conquistas obreras, resaltó la importancia de la movilización del sindicalismo combativo para abrir la perspectiva de un plan de lucha hacia la huelga general. 

 Romina Del Plá fue otra diputada del Frente de Izquierda que señaló, además de a quienes dieron quórum y votaron la ley, que "también son cómplices los que han permitido que avance el trabajo precario y el monotributo en el empleo público y privado, que ahora es el argumento para arrebatarle derechos a los trabajadores que han podido defenderlos". 

 Así, dio una significación profunda a la complicidad peronista con esta reforma antilaboral, bajo cuyos gobierno se generalizó la evasión de los convenios colectivos de trabajo y los derechos de una enorme masa de trabajadores que sufren el fraude laboral y la tercerización, que se quiere legalizar con la ley esclavista. Es por su carácter de fuerza política capitalista que el peronismo no se plantea voltear esta ofensiva del gobierno de Milei.

 Como agregó también Romina, en la vereda de enfrente estamos los compañeros de Mariano Ferreyra, asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria cuando acompañaba la lucha de los tercerizados por el pase a planta; los compañeros del Polo Obrero, que organizan la lucha contra la desocupación y la precarización laboral; y quienes avanzan con este ataque no saben que se enfrentan a un movimiento obrero que se empieza a rebelar contra semejante atropello.

 Al calor de las peleas que se vienen, se va a forjar una nueva dirección política de los trabajadores, para dejar atrás las "traiciones" del nacionalismo burgués. 

 Prensa Obrera

Trump se apresta al asalto militar de Irán

Va por “el cambio de régimen’. El bandido Donald Trump ha reunido una fuerza militar colosal en el Asia oriental para desatar una guerra largamente preparada contra Irán junto a su compinche, el genocida Benjamín Netanyahu. En el mar Arábigo operan dos de los mayores portaviones del mundo, una flota enorme de destructores, un vasto sistema de radares y espionaje electrónico y renovado el personal y el armamento de las decenas de bases que Estados Unidos tiene instaladas en la región. Para un número considerable de medios informativos, que exhiben consultas a funcionarios de Washington, el asalto contra Irán no pasará de este fin de semana. 

 La reanudación de la guerra contra Irán a una escala no vista en el pasado reciente está inscripta en los términos mismos de las llamadas ‘negociaciones’ con el gobierno iraní, que son desde cualquier punto de vista un ultimátum. Irán debería abandonar por completo su programa de enriquecimiento de uranio, desmantelar su sistema de misiles balísticos, destruir su fuerza antiaérea, sin recibir a cambio ni siquiera el fin de las sanciones contra su comercio internacional ni el abandono, por parte de Estados Unidos, del cerco militar que ha establecido. Irán es invitada a abrir las puertas a una ocupación militar de su territorio. El gobierno de Irán había ofrecido negociar el grado de enriquecimiento de uranio dentro de las posibilidades para su uso civil y hasta, como último recurso, proceder a ese enriquecimiento en un tercer país para su reingreso controlado a su territorio. El régimen clerical de los Ayatollahs ha advertido todo el tiempo adónde llevaban las concesiones draconianas que se le pretendían imponer, y se prepara para una resistencia militar. En la agenda de guerra de Trump se encuentra también la liquidación física de las mayores autoridades civiles y militares del gobierno. La agenda de Trump contra el enriquecimiento nuclear y la eliminación de los misiles balísticos constituyen un reconocimiento de que los bombardeos norteamericanos contra los centros atómicos de Irán y contra su fuerza antiaérea, en junio pasado, han fracasado.

 El fascista Trump va por la imposición de la dominación política del imperialismo norteamericano en el Medio Oriente y la apropiación de los recursos petroleros y energéticos de la región. Establecería un cerco político y económico contra todos sus rivales internacionales, en primer lugar, China y Rusia, pero también contra sus ‘aliados’ de la Unión Europea. Las capacidades defensivas de Irán, infinitamente menores a las de sus enemigos, no son sin embargo despreciables. Ya demostró, en 2024, en la guerra de “doce días”, que podía penetrar la “cúpula de hierro” del régimen sionista en Israel. Lo mismo vale para las bases norteamericanas en Irak, por ejemplo. Los propósitos ‘secundarios’ de la guerra, el debilitamiento de Turquía frente a Israel o el avenimiento de Putin a “un cese del fuego” en Ucrania, sólo sumarían a una convulsión política que podría incendiar a toda la región. El genocidio contra la población de Gaza y la expulsión de palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania, siempre estuvieron inscriptos en esta perspectiva de demoler políticamente a Irán. El asesinato selectivo de sus mayores líderes políticos y de la comunidad científica, por parte Estados Unidos e Israel, se han venido desarrollando durante años. 

 Trump encara este nuevo crimen de guerra cuando la ‘comunidad internacional’ ha avalado la escalada de agresiones contra Venezuela y contra Cuba, e impuesto esta política al resto de las grandes y medianas potencias. En la reciente Conferencia de Seguridad que tuvo lugar en Munich, con una platea de 63 dirigentes de Estado, se escucharon sesudas admoniciones sobre el “desorden del mundo”, pero ninguna advertencia contra el asalto contra Irán. Trump pretende comparecer a la reunión programada con Xi Jinping, en abril próximo, como Hitler lo hizo en Munich, con Francia y Gran Bretaña en 1938. La decisión de la Corte de Panamá que anuló el contrato con una empresa china a cargo del manejo de los dos puertos del Canal, naturalmente por órdenes de Trump, apenas ha sido respondida por China con la amenaza de una apelación judicial internacional. 

 Entre el 60 y el 70 % de la población de Estados Unidos se ha manifestado en contra del asalto militar a Irán, en los sondeos de opinión. Trump y su camarilla quieren salirse con ‘una victoria’ para doblegar a la oposición popular que se desarrolla en Estados Unidos contra su gobierno. Trump no ha requerido el aval del Congreso para esta guerra y, de un modo, general, choca con todas las instituciones del país en una manifiesta intención de instaurar un régimen de excepción y una dictadura en Estados Unidos. Trump, sin embargo, podría sufrir una derrota político militar en Medio Oriente, si el asalto a Irán desata movilizaciones de masas y rebeliones e insurrecciones en la región y en el resto del mundo. 

 Javier Milei es un protagonista activo en esta guerra. Se ha hecho inscribir en la Junta de Paz encargada de convertir a Gaza en un paraíso turístico inmobiliario internacional y respaldar la expansión imperialista en el Medio Oriente y Asia. Argentina es, extraoficialmente, un país en guerra, una aberración jurídica y política que cuenta con la complicidad del ‘honorable Congreso’. La camarilla de Milei y el conjunto de la burguesía local está agarrados al “swap” de Scott Bessent para evitar el default y la caída del gobierno. Pero toda la guerra mundial en desarrollo obedece a razones semejantes, porque su propósito es contener un derrumbe financiero internacional o descargarlo sobre los trabajadores del mundo entero. La humanidad no atraviesa una crisis ‘geopolítica’ sino el estallido histórico de todas las contradicciones capitalistas. 

 Jorge Altamira

 20/02/2026

Comienza el segundo juicio de lesa humanidad contra la CNU La Plata

Por secuestros y asesinatos cometidos entre 1975 y 1976. 

 El próximo lunes 23 de febrero, en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, comenzará el juicio por delitos de lesa humanidad a Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares y Antonio de Jesús, este último sin condena previa, todos integrantes de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), una organización paraestatal de la derecha peronista que operó en la capital provincial entre 1974 y 1976.

 Formarán parte 13 casos: Jorge Rosendo Ruda , Ricardo Arturo Rave, Alcides Emilio Méndez Paz , Daniel Rayson Midon, Walter Martini, Elia Zanata, Graciela Martini, Néstor Dinotto, Hugo Pastorino, Adelaida Úrsula Barón, Carlos Alberto Sathicq, Leonardo Guillermo Miceli y Horacio Salvador Urrera, cuyas víctimas fueron trabajadores, delegados gremiales y militantes del peronismo de izquierda, de una lista total de más de 60 asesinatos aún impunes cometidos en nuestra ciudad durante esos años.

 Desde la querella colectiva Justicia Ya! La Plata –de la cual forma parte la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel)– venimos denunciando desde el 2006, cuando comenzó el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, que este tipo de juicios fragmentados y demorados son funcionales a la impunidad y al objetivo de reconciliación y negación del genocidio.

 La responsabilidad del gobierno peronista en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son hoy innegables. 

 Si con la intervención de las organizaciones de Derechos Humanos independientes del Estado hemos podido hacer que la justicia reconozca el carácter sistemático, planificado y extendido que tuvo la represión de Estado durante la última dictadura, y hasta hemos logrado que se lo defina específicamente como un genocidio –es decir, la eliminación del grupo nacional que se oponía al régimen–, mucho falta por avanzar respecto a lo que sucedió con la represión en el período previo al golpe. 

 Castillo y Pomares operaron como jefes de la CNU La Plata antes de la dictadura, reportando directamente al gobernador peronista Victorio Calabró, y siguieron actuando al mando de los grupos de tareas luego del golpe. El “Indio” Castillo en los 80 participó como apoyo en los levantamientos de los carapintadas y en la década de los ’90 estuvo a las órdenes de Aldo Rico en el Modin. Trabajó en el Congreso Nacional como asesor del diputado carapintada Emilio Morello.

 “Tony” Jesús, a la vez que trabajaba en el Hipódromo, hacía lo propio como preceptor en el Colegio Nacional. En febrero de 1984 entró como empleado a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde fue nombrado director de Referencias Legislativas en diciembre de 2003, cuando el presidente de la Cámara era el duhaldista Osvaldo Mércuri. A raíz de las publicaciones de Miradas al Sur sobre la CNU, la Secretaría Legislativa le pidió la renuncia.

  Pormares entre 1974 y 1976 tuvo un cargo en el Ministerio de Economía provincial y estuvo ligado también a la Juventud Sindical Peronista. Lo detuvieron junto a Castillo el 29 de abril de 1976.Se recicló en democracia como asesor del bloque del FpV en el senado provincial y en cargos municipales en las gestiones de Julio Alak, actual intendente de La Plata, y Pablo Bruera, fue congresal del Justicialismo bonaerense. Trabajaba en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, donde pocos días antes de su detención había sido nombrado en la Planta Permanente con la categoría 13.

 Castillo es el único que se encuentra cumpliendo condena en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Jesús y Pomares gozan del beneficio de arresto domiciliario. Sobre Pomares, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó al TOF 1 de La Plata revisar el criterio por el cual fue absuelto por los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli por el beneficio de la duda en el juicio previo que se realizó en 2017. 

 Este juicio se desarrolla en un contexto de un brutal ataque contra las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores, pronto a cumplirse 50 años del último genocidio, es necesario formar parte de los juicios de lesa humanidad como se hizo en los tribunales federales de calle 8, entre 50 y 51ª las 9.30

 ¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas! Fue genocidio, con 30.000 desaparecidos. 

 Pía Garralda

La “industria del despido”, el jugoso negocio que abre la contrarreforma laboral

La expectativa de que se profundice la baja del dólar y una suba en la cotización de la deuda pública es atribuida por algunos al “favorable clima de negocios” que crearía la sanción de la reforma laboral. Ese “clima”, en verdad, sólo existe en algunos titulares de los diarios, pues la agenda económica se encuentra dominada por los cierres de empresas y la venta de grandes cadenas comerciales o de yacimientos, principalmente por parte de accionistas externos. En cuanto a la reforma laboral, el optimismo financiero sólo obedece a una razón contante y sonante, y nada tiene que ver con los boatos acerca de la “creación de empleo” o la “atracción de inversiones”. 

 La razón que lleva al festejo de los especuladores es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se alimentará con una deducción de los aportes previsionales de todos los trabajadores: 1 % en caso de las grandes empresas y 3 % para las pequeñas y medianas. Según algunas estimaciones, el Fondo aportará unos 4000 millones de dólares anuales, y será administrado por la Comisión Nacional de Valores. Analistas financieros estiman la formación de un “stock institucional” que podría llegar en unos años a representar unos 15.000 millones de dólares. El destino principal del FAL es el mercado de deuda pública, al punto que el propio Caputo le atribuyó trascendencia para “no depender de Wall Street”. 

 Naturalmente, la proporción en que el Fondo podrá volcarse a rescatar al Tesoro y los acreedores depende de la llamada “tasa de cobertura”, es decir, la relación entre el fondo acumulado y las indemnizaciones a cubrir. Pero el régimen laboral instituido en la contrarreforma apunta, precisamente, a facilitar los despidos del personal con mayor antigüedad, reducir el valor de las indemnizaciones -al no computar pagos extras- y, en general, aumentar la rotación laboral. Por lo tanto, es un horizonte de indemnizaciones cada vez más “baratas”. Si se mantienen los actuales porcentajes de aportes al FAL, cada vez será menor la necesidad de previsionar recursos para las indemnizaciones y mayor el stock de dinero que quedará disponible para la deuda pública y otras colocaciones financieras. 

 Se ha montado una confiscación colosal de los recursos previsionales para salir en rescate de una deuda pública argentina que, con excepción de Trump y Scott Bessent, nadie quiere bancar. Toda la “modernización laboral” se circunscribe a este delito común. 

 Marcelo Ramal 

 20/02/2026

¿Retroactiva? La contrarreforma laboral es un desafío para todo el movimiento obrero

Ante la inminente sanción definitiva de la contrarreforma laboral, se ha encendido el debate sobre el alcance de su aplicación. Entre otros, se discute si su efecto será retroactivo o sólo aplicará a los nuevos empleos. 

 Voceros calificados del gobierno, como Federico Sturzenegger, aseguran que se aplicará a todos los empleos, y no sólo a aquellos que se generen luego de la entrada en vigencia de la nueva legislación.Entre los abogados laboralistas, en cambio, se señala que, si bien el Código Civil y Comercial vigente establece el principio general de que toda ley se aplica a partir de su entrada en vigencia, sin efecto retroactivo, pero admiten que existe una diferencia entre derechos adquiridos y derechos en expectativa. Este último sería el caso de las indemnizaciones por despido, que se calculan de acuerdo a las disposiciones de la ley vigente al momento de la desvinculación, no del inicio del contrato, por no constituir derechos hasta su cumplimiento efectivo. Éste y otros aspectos de la contrarreforma laboral, admiten, serán materia de debate en los tribunales y, en última instancia, la decisión reposará en la Corte Suprema. Para que ello ocurra, primero deberá aplicarse la nueva norma a un caso concreto. El desenlace jurídico demorará varios años en arribar. 

 Sin embargo, el gobierno tiene la determinación de hacer tabla rasa con los derechos laborales. Lo prueba el hecho de que ha logrado liquidar la ultraactividad de los convenios, vigente desde 1975, en la expectativa de propiciar nuevas negociaciones a la baja. La ultraactividad fue un hito de las grandes movilizaciones que acompañaron la huelga general de junio y julio de aquel año. Por otro lado, la nueva ley prioriza los convenios por empresa, no por rama, también con el propósito de propiciar acuerdos a la baja; la ley vigente hasta ahora solamente los habilitaba cuando incorporaban mejoras respecto al convenio colectivo de la industria. La expectativa del gobierno es liquidar, en todos los casos, los “derechos adquiridos”. En el derecho laboral, al menos hasta ahora, estos eran considerados irrenunciables, por el carácter asimétrico de la relación entre el trabajador y la patronal. Todo el dispositivo de la contrarreforma laboral apunta a forzar a los trabajadores actuales a renunciar a sus condiciones vigentes y aceptar las condiciones establecidas en la nueva legislación, en un cuadro de depresión industrial y despidos y de abaratamiento de las indemnizaciones. En la lista de acuerdos ´voluntarios´ ingresan el fraccionamiento de las vacaciones y los cambios en la jornada laboral (banco de horas), entre otros. 

 En cuanto a las indemnizaciones, el director del BICE, Fabián Núñez, considerado un vocero de “Toto” Caputo, apunta más allá de las ´expectativas´ y sostiene que el propósito del llamado “Fondo de Asistencia Laboral” (FAL) es “aliviar la carga de la industria del juicio pasado".

 Simultáneamente, el gobierno avanzó con el traspaso del fuero laboral de la Justicia Nacional al poder Judicial de CABA, dominado por el macrismo. Tanto la Corte como la Justicia porteña han coincidido en establecer índices de actualización acotados para las indemnizaciones. 

 El propósito de la contrarreforma laboral es barrer con las condiciones laborales actuales, con la complicidad de la CGT y de los gobernadores peronistas. 

 Jacyn 

 20/02/2026

Millonarios del algoritmo

No se trata solo de regular pantallas, sino de discutir un modelo económico que convierte la vida cotidiana en mercancía 

 La semana pasada, en un tribunal de Los Ángeles, un dato atravesó el debate sobre el llamado «diseño adictivo» de las redes sociales. El director de Instagram, Adam Mosseri, reconoció bajo juramento que cobra alrededor de 900 000 dólares anuales, más bonificaciones ligadas al desempeño, y paquetes de acciones que algunos años han alcanzado «decenas de millones de dólares». La cifra surgió durante el juicio colectivo por daños a menores contra su empresa matriz, Meta Platforms. 

 El momento fue revelador porque puso sobre la mesa algo que suele quedar fuera del debate público. Las grandes plataformas digitales no son servicios neutrales, sino negocios privados cuya lógica central es maximizar tiempo de uso, datos y segmentación publicitaria. Cada minuto que una persona pasa deslizando el dedo se traduce, directa o indirectamente, en valor bursátil. Y ese valor acaba concentrándose en salarios ejecutivos, acciones y patrimonios personales. 

 Mosseri negó que Instagram sea «adictivo» en sentido clínico, y defendió una distinción entre adicción médica y uso problemático. También aseguró que proteger a los menores es «bueno para el negocio a largo plazo». Sin embargo, los documentos internos exhibidos por la acusación mostraron que la propia empresa conocía los efectos nocivos de ciertos filtros sobre la autoestima de jóvenes, y que eliminarlos podía restar competitividad en mercados claves. Es decir, el conflicto entre bienestar social y rentabilidad no es abstracto: aparece en correos corporativos y decisiones de producto. 

 Su testimonio sirve como antesala de la comparecencia del fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, cuyo patrimonio personal se cuenta en decenas de miles de millones de dólares. El modelo de plataformas ha producido una nueva élite económica basada en la captura de atención a escala planetaria. A diferencia de la industria clásica, aquí el «recurso» principal no es una materia prima física, sino el tiempo y la conducta de millones de usuarios.

 La concentración es aún más visible si se amplía el foco. Google, propietaria de YouTube, ha construido uno de los imperios publicitarios más grandes del mundo apoyándose en datos de navegación y consumo audiovisual. X (antes Twitter), ahora en manos de Elon Musk, ilustra cómo incluso plataformas deficitarias pueden convertirse en herramientas de poder político y mediático, además de activos financieros estratégicos. 

 Lo que está en juego en los tribunales estadounidenses es un precedente legal. Las demandas ya no se centran únicamente en contenidos publicados por terceros, sino en el diseño mismo del producto. Eso que motiva el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones constantes, los sistemas de recomendación. Es un intento de señalar que el daño no proviene solo de lo que se ve, sino de cómo se induce a mirar sin parar. 

 Las plataformas privadas operan con un incentivo estructural: cuanto más tiempo pasamos dentro, más ganan. Lo que hacemos allí se traduce en fortunas personales que crecen mientras se externalizan los costos sociales, desde la ansiedad juvenil hasta la polarización política. El juicio de Los Ángeles abre una grieta en ese relato de éxito tecnológico. Obliga a preguntar quién se beneficia realmente del ecosistema digital y quién paga sus efectos. 

 Entender esta relación entre algoritmo y riqueza es un primer paso para un debate más amplio. No se trata solo de regular pantallas, sino de discutir un modelo económico que convierte la vida cotidiana en mercancía. Detrás de cada experiencia en las grandes plataformas globales hay accionistas, ejecutivos y patrimonios colosales, y del otro lado millones de personas cuya atención sostiene ese edificio financiero. 

 Emilia Reed, especial para Granma | internet@granma.cu 

 19 de febrero de 2026 22:02:28

CONTRA REFORMA LABORAL | Valentina Viglieca en Radio con Vos: El impacto de la reforma en el Estado

Bregman: "El gobierno compró voluntades para conseguir el cuorum y la sanción de la ley"

Desde FATE / Conferencia de prensa del sindicalismo combativo, jubilados y piqueteros

Madanes Quintanilla: un emporio capitalista montado sobre la explotación de los trabajadores de Fate

La producción de neumáticos como puntapié de inversiones en aluminio y energía. 

 El cierre intempestivo de la empresa de neumáticos Fate, que es resistido por los trabajadores del neumático, expone nuevamente los negocios de uno de los empresarios más ricos del país, Javier Madanes Quintanilla, quien no solo se ha enriquecido durante décadas gracias al esfuerzo de sus trabajadores sino que ha montado un imperio local con inversiones en el aluminio y energía, dotándolo de la espalda suficiente para absorber cualquier circunstancia económica.

 La familia Madanes Quintanilla creció en el negocio de neumático gracias a su asociación con las grandes automotrices del país y con empresarios ligados a la política que jugarían un papel estratégico en el Estado, como la incorporación del luego ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard, y la colaboración de la dictadura de Juan Carlos Onganía para diversificar sus inversiones. 

 Las suntuosas ganancias con Fate, gracias a la riqueza generada por sus trabajadores, y los negocios con el Estado le valieron a los Madanes Quintanilla la posibilidad de extender sus horizontes al negocio del aluminio, fundando la primera (y única) planta productora de aluminio del país, con el apoyo de la dictadura de Onganía y posteriormente de Lanusse que se hizo cargo de la infraestructura y la obra necesaria para el emplazamiento de la planta de Aluar en el sur argentino.

 La patronal de Fate también incursionó en productos tecnológicos con la creación de la División Electrónica de Fate desde donde producían, entre otras cosas, las calculadoras Cifra. Negocio que terminó trunco luego de las oleadas importadoras.

 Los Madanes Quintanilla serían beneficiados de las negociaciones entre Gelbard y Lanusse para acceder en 1971 a contrataciones directas del Estado en favor de Aluar y la División Electrónica de Fate. 

 Aluar, adquirida con las ganancias de Fate, es actualmente el único proveedor nacional de insumos de aluminio para la industria, abasteciendo tanto a automotrices, construcción, fabricación de latas, bicicletas, envases, etc; con el 68% del capital en manos de la familia Madanes Quintanilla. Se trata de la misma empresa que en estos días ha adquirido 12,7 hectáreas del predio de Fate por 27 millones de dólares, para que todo quede en las mismas manos.

 Además, los tentáculos del negocio familiar, que luego sería acaparado por Javier Madanes Quintanilla, con la adquisición de las acciones de sus familiares, se extenderían al negocio de la hidroeléctrica Futaleufú, el transporte de energía con Genpat y los parques eólicos en la Patagonia con Infa. 

 Según la revista Forbes, la fortuna Madanes Quintanilla ascendía a los 1.500 millones de dólares en 2024, ubicándose en el puesto 12 del ranking de los más ricos de Argentina. 

 El grupo Madanes se benefició,a demás, por la estatización de la deuda durante la última dictadura cívico-militar, con la estatización de 80 millones de dólares de la época, equivalente a unos 250-300 millones de dólares en la actualidad. 

 Los Madanes Quintanilla se hicieron ricos explotando su negocio del neumático y a miles de trabajadores que pasaron por su planta de Fate. Esto con la colaboración de la burocracia sindical de Pedro Wasiejko y la derrota de la lucha de los trabajadores de Fate a principios de los 90, donde el sindicato violeta actuaba en conjunto con la patronal para introducir la flexibilización laboral, turnos rotativos y la rebaja salarial, firmando sucesivos anexos por fábrica al convenio colectivo de trabajo. Este fue el terreno en el cual el sindicalismo independiente y antiburocráticos e consolidó como oposición ganando la seccional San Fernando (Fate) contra este proceso y como punto de reagrupamiento para luego recuperar el Sutna Nacional. 

 Durante el kirchnerismo, Madanes Quintanilla fue aliado y participe del proceso de reconstrucción de los negocios de la burguesía nacional, con la flexibilidad y precarización laboral de por medio. Alianza que culminó con los planteos devaluacionistas de la patronal. 

 Más cerca de la actualidad, la patronal insistió frecuentemente con la presentación de recursos preventivos de crisis para forzar negociaciones salariales a la baja y recortes y despidos, llegando al punto de no acordar durante 14 meses la paritaria de la planta y el aumento salarial de los trabajadores. 

 Los Madanes Quintanilla deben todo su negocio a la explotación de los trabajadores de Fate, desde donde extrajeron sus ganancias para extenderse a otras inversiones, de la mano del Estado, las dictaduras militares y la alianza con los sucesivos gobiernos, con la colaboración a su paso de la burocracia sindical peronista. El intento de cierre, dejando a casi mil trabajadores en la calle para reconfigurar sus negocios sobre otras bases, responde a la dinámica de los capitalistas que teniendo espaldas suficientes para resistir cualquier coyuntura económica buscan descargar la crisis sobre los trabajadores.

 Viva la lucha de los trabajadores del neumático y de Fate por la continuidad laboral de la planta y la defensa de los puestos de trabajo. 

 Marcelo Mache

La contundencia del paro y algunas lecciones para Adorni

El paro nacional se hizo sentir fuerte en el transporte y la industria, los puertos y los bancos, escuelas y ministerios, en las calles vacías, y más aún en el golpe que acusó el gobierno. Aún con una CGT que sembró intrigas hasta último momento y se dedicó meses a negociar sus cajas en lugar de deliberar con los trabajadores, el acatamiento masivo muestra la presión desde abajo y que en los lugares de trabajo crece el rechazo a la reforma laboral. Cuando el cierre de Fate sintetiza la pulseada por llevarnos a una Argentina donde la clase obrera sea descartable, el paro vuelve a demostrar que son los trabajadores los que mueven la economía, y que sin sus músculos y sus nervios el capital no es nada. 

 La contundencia de la medida de fuerza fue destacada hasta en los medios de comunicación más embanderados con la reforma laboral, pero desde el gobierno trataron de mostrarse indemnes. Con Milei otra vez haciendo de lustrabotas de Trump en Washington, el que tuvo que salir a decir algo fue el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien como no pudo desestimar el impacto adujo que “el paro es perverso porque, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar no podés hacerlo”. Lección 1: si todos los días la gente va a laburar es porque hay un conjunto de trabajadores que hace funcionar el transporte; sin esa fuerza de trabajo, nada sería como es. 

 Según sus estimaciones, “hoy probablemente tengamos una pérdida de $600 millones de dólares”. Es cierto que las cifras que tira Adorni no sirven mucho para tener en cuenta, pero más allá del número nos lleva a la lección 2: otra vez, la riqueza del país solo se produce si la clase obrera está dispuesta a poner su fuerza de trabajo; sin ese trabajo, las máquinas, rieles, puertos, barcos, energía y computadoras no podrían valorizar ni un centavo el capital invertido.

 También afirmó que van a demandar a los sindicatos del transporte por la medida de fuerza (un derecho consagrado que precisamente se busca liquidar con esta reforma laboral esclavista), y lo fundamentó diciendo que los gremios “nos contestaron que el paro no se hacía por un reclamo salarial sino por la oposición a la reforma. Están reconociendo que es un paro político”. Lógicamente, la ley que quieren sancionar afecta el salario, además de una larga lista de derechos laborales colectivos que los trabajadores están defendiendo con esta acción. Pero además los "paros políticos" del movimiento obrero modelaron la historia de este país, empezando por las huelgas del Centenario que antecedieron a los derechos políticos, el 17 de octubre, el Cordobazo, contra el Rodrigazo en el '75, o el Argentinazo de 2001. En menor medida, pero más fresco, las movilizaciones de aquel diciembre de 2017 enterraron la reforma laboral de Macri, a pesar de la sanción del robo jubilatorio. Lección 3: la huelga política de masas es la perspectiva que tenemos que desarrollar para aplastar la reforma esclavista y a este gobierno antiobrero. 

 El paro, que la CGT se resistió a convocar hasta que la indignación era generalizada y se rehusó a darle un carácter activo, vuelve a poner sobre la mesa quiénes hacemos funcionar al país todos los días. Con este intento de legalizar la superexplotación laboral buscan que el capital se apropie de una porción mayor del valor que producimos con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Y eso no para un crecimiento económico, sino para seguir fugando capitales y hundiendo al país en la decadencia. Como quedó al descubierto con las críticas de Caputo a la centrales empresarias por la falta de entusiasmo y con el cierre de Fate, esto solo mejora las condiciones para que descarguen la crisis sobre los trabajadores. Los parásitos son los capitalistas. 

 La conclusión del paro nacional es que para derrotar al gobierno antiobrero de Milei y la destrucción masiva de puestos de trabajo necesitamos un plan de lucha hasta la huelga general. Es el camino que planteó una vez más el sindicalismo combativo frente al Congreso, y que el Sutna pone en práctica junto a los mil obreros del neumático que se plantan en Fate.

 Ivan Hirsch

"Nos quieren llevar a la barbarie sin sindicatos y sin derechos" // Néstor Pitrola Diputado Nacional

Cierre de FATE: un golpe de Estado patronal

Por la reapertura de la planta, la reincorporación de todos los trabajadores y la apertura de cuentas de toda empresa que suspenda o despida. 

 Desde el fin de semana del Carnaval se había instalado del rumor de un posible cierre de FATE, al tomar estado público un aviso que la empresa hizo a los administrativos de que no se presenten a trabajar. En la madrugada de hoy, un sector que debería haber ingresado en el día de la fecha, luego de las vacaciones, la parada técnica de la fábrica y la puesta a punto de las líneas, se encontró con cadenas y candados en los portones de ingreso y con un fuerte operativo policial. Por medio de un afiche, la patronal anunciaba el cierre de la planta y el despido de todos sus trabajadores. Otro sector de los trabajadores se anotició de su despido en vacaciones. 

 Poco después, los trabajadores presentes iniciaron una ocupación de la fábrica, luego de un choque con la policía bonaerense, que incluyó una tentativa de detener a Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA. En horas del mediodía, la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a una ´mediación´. Durante la jornada, mientras contingentes de trabajadores de la zona norte iban llegando a la planta a traer su solidaridad, el Ministerio de Trabajo de la Provincia primero y luego la Secretaría de Capital Humano dictaron sendas conciliaciones obligatorias sin que mediaran audiencias. Plantea “retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales". Es una maniobra de enfriamiento en vísperas de un paro general, y con una crisis en la sanción de la reforma laboral como consecuencia del fraude del artículo acerca de enfermedades laborales. Los trabajadores anunciaron que sostendrán la permanencia dentro de la planta hasta su efectivo cumplimiento.

 El directorio de la empresa alega que "los cambios en las condiciones del mercado" son el motivo del cierre. La UIA salió a respaldarlo en un texto donde ´lamenta´ la pérdida de 65.000 puestos de trabajo; “FATE no es un caso aislado”, dice. La UIA apunta que “la experiencia internacional demuestra que las principales economías del mundo han adoptado medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas”. La central patronal se sube al carro de las guerras arancelarias atrapada por sus contradicciones. El Gobierno, en cambio, observa razonablemente con suspicacia el anuncio del cierre de FATE. 

 FATE ha logrado obtener en los últimos dos años una considerable rebaja de los impuestos. Asimismo, impuso centenares de despidos y un congelamiento salarial que se prolonga desde hace 14 meses, incluso con acuerdos con el SUTNA. El cierre se produce a pesar de que la empresa forzó un cambio de régimen de trabajo que representó una verdadera reforma laboral. En la lista de próximos cierres de industrias hay anotados varios pesos pesados más. 

 El cierre de la fábrica es funcional a la contratación masiva de nuevo personal bajo las condiciones draconianas del nuevo estatuto patronal. Mientras otras empresas posponen los despidos para valerse de la nueva ley, FATE precipitó el cierre en medio de una semana convulsionada. Ha anunciado la compra de una parte del predio que ocupa FATE por 27 millones de dólares por parte de Aluar, del mismo grupo. “Según detalló Aluar, el sector comprado está vinculado a instalaciones que la compañía ya ocupaba hasta ahora como locataria y no afecta el área productiva de la planta” (El Cronista, 18/2). 

 “Las condiciones del mercado” que alega la patronal no son responsabilidad de los trabajadores, sino de los capitalistas. Su propósito estratégico es desvalorizar la fuerza de trabajo. La ´burguesía nacional´ de los Madanes, en medio del ´industricidio´, mantiene en su poder la mayor parte de la deuda pública, revalorizada por las manipulaciones financieras del gobierno. 

 Llamamos a acompañar la ocupación de FATE y al resto de los trabajadores de la industria del Neumático y a toda la clase obrera. A seguir el camino de la ocupación de todas las empresas que suspendan, despidan o cierren. Que los capitalistas abran sus cuentas. Con estos reclamos llamamos a intervenir en el paro que convoca la CGT.

 Impulsemos una huelga general en defensa del trabajo y de las conquistas de la clase obrera. 

 Pablo Busch 

 18/02/2026

Presti en la mira

El ministro de Defensa Carlos Presti se encuentra cuestionado por haber contratado a una empresa proveedora de alimentos para la Armada que el anterior ministro, Luis Petri, había dado de baja por sospechas de corrupción, luego de una auditoria interna. 

 Presti, como si nada hubiera pasado, volvió a contratar a la misma empresa, State Grid, para encargarle la provisión de alimentos para la Armada. En el sitio web de la empresa se puede leer que su objeto social es “la fabricación de productos esenciales como leche, yerba mate y aceites con procesos de alta calidad para el mercado mayorista"; asimismo afirma que se encarga de "la distribución de alimentos a lo largo de todo el país, garantizando entregas confiables a escuelas, Fuerzas Armadas, municipios y más". 

 Un alto funcionario de Defensa informó que “Petri la había sacado del Ministerio esgrimiendo el resultado de una auditoría que encargó y arrojó que la firma entregaba un 25 % menos de los alimentos que se habían comprado” (LPO,15/2). La misma empresa estuvo involucrada en otro escándalo, esta vez en el Ejército, por el gasto de U$D 200 millones por la provisión de postres. Presti, siendo jefe del Estado Mayor General del Ejército, no podía ser ajeno a esta situación, sino, más bien, parte necesaria de esa operación de sobreprecios. 

 Un dato no menor, en el marco de la injerencia de Estados Unidos en las relaciones comerciales de la Argentina, es que State Grid Argentina S.A. es subsidiaria de State Grid Corporation of China, la empresa de transmisión eléctrica más grande del mundo. Como hemos señalado en estas páginas. El ascenso de Presti al Ministerio de Defensa tiene como objetivo final profundizar la sumisión en materia de defensa a los criterios de EE. UU., en la línea desarrollada por su predecesor, el ahora diputado Luis Petri. 

 Este escándalo se da cuando Presti es observado por miembros de las FF. AA. por diversos temas que atraviesan a la “familia militar”, por ejemplo, la caída de los salarios y la crisis de la obra social. Una de las cuestiones por la que es objetado por sectores castrenses es que, por medio del DNU firmado por Javier Milei, Presti no fue pasado a retiro -al igual que otros militares que cumplen funciones civiles en el Ministerio de Defensa- para asumir el cargo ministerial. Desde la Armada sostienen que cobra el doble que un almirante gracias a ese "decreto a su medida", algo que irrita al extremo a sus compañeros de armas, más cuando una parte importante de los miembros de las FF. AA. cobran salarios por debajo de la línea de pobreza. Hacia dentro de las fuerzas, la bronca hacia el Gobierno crece dado que los militares “quedaron desfasados en relación a las fuerzas de seguridad porque para ahorrar, Milei abandonó el plan de jerarquización salarial que empezó a implementar el anterior gobierno [de los Fernández]” (ídem). 

 El arma más enconada con Presti es la Armada. En esa fuerza "Presti se volvió una mala palabra" por haber asumido el cargo de ministro de Defensa sin aviso previo a las cúpulas castrenses. En la asunción de Presti, dando cuenta del malestar, el entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, el Vicealmirante (R) Carlos María Allievi, no concurrió a la ceremonia. 

 Pero el punto de inflexión definitivo fue la reforma de la Ley de Personal Militar que le permite a Presti y a otros militares ocupar cargos políticos sin ser pasados a disponibilidad. El mismo militar en funciones señaló que "esta fue la gota que derramó el vaso porque es demasiado evidente que está laburando para él y su grupo de amigos". Desde la Armada y desde la Aeronáutica se opusieron a esta normativa por entender que daba paso a una subordinación a la “política”, evidenciando los contrapuntos hacia dentro de las FF. AA. El gobierno liberticida las quiere tener alistadas para llevar adelante la represión interna y que cumplan con tareas de inteligencia. En este sentido, los miembros de la “familia militar” le demandan al Gobierno un reaseguro para no quedar expuestos ante la Justicia. El Gobierno, hasta el día de hoy y a pesar del militarismo blandido, no le ha dado respuestas al respecto. 

 Otro punto que le señalan desde dentro de las Fuerzas es que no realizó la “limpieza” que los uniformados esperaban y hablan de una “purga quirúrgica”, que no respondería a las necesidades castrenses, sino que se trataría de una estrategia de Presti y su camarilla, para contener intereses particulares y frenar la bronca por la decisión de no retirarse para asumir el cargo político. 

 Presti también debe afrontar la quiebra de la disuelta IOSFA, que dejó a los miembros de las FF. AA. sin cobertura en medicamentos y otras prestaciones sociales. La obra social, más allá de su reestructuración, mantiene una deuda de $ 200.000 millones con hospitales y clínicas de todo el país, que dejaron sin cobertura a los militares, y en el corto plazo no se avizora quién se hará cargo de la deuda. El gobierno liberticida, en el que Presti se ha enrolado, llevó adelante la motosierra hacia dentro de las FF. AA., que tiene su correlato en las deserciones masivas y la precarización de sus miembros. En lo que va del gobierno de Milei se registraron más de 19.000 bajas -la mayoría de ellas, entre soldados voluntarios- debido a las bajas remuneraciones. 

 Lucas Giannetti

 18/02/2026

La victoria de Takaichi impulsa el rearme de Japón

En Japón se celebraron elecciones generales anticipadas el 8 de febrero, convocadas por la primera ministra Sanae Takaichi, líder del Partido Liberal Democrático (LDP), quien había asumido hacía apenas unos meses. El resultado fue una victoria aplastante; obtuvo una supermayoría en la Cámara de Representantes, con 316 de los 465 escaños en disputa. Con el apoyo de su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (JIP), el bloque gobernante alcanza cerca de 350 escaños. Conocidos los resultados, los mercados financieros saludaron la victoria con subas importantes en la Bolsa de Tokio y el yen cerró la semana cerca de máximos en 15 meses. 

 Sanae Takaichi, una sucesora política del asesinado primer ministro Shinto Abe, se propone retomar su política: cortar a fondo el gasto social y reducir impuestos a los grandes capitales; impulsar un gran gasto en infraestructura (350.000 millones de dólares) y en Defensa. Los números solamente cierran aumentado la deuda pública de Japón, la más alta del planeta en cuanto a relación con el PBI. Muchos advierten que podría provocar un colapso de la Bolsa y de los fondos de pensiones, como el que sufrió Gran Bretaña hace dos años con una política similar. Lo sustancial, sin embargo, es que Takachi quiere preparar a Japón para una guerra contra China, conjuntamente con Trump. Lo ha advertido expresamente en referencia a una eventual ocupación de Taiwán por parte de China. Como ocurre con las potencias vencidas en la segunda guerra mundial, Takaichi se propone el rearme de Japón, algo aún prohibido por la Constitución impuesta por EE. UU. al finalizar aquella guerra. La política de gasto para revivir una economía largamente estancada y una reducción transitoria de los impuestos a los alimentos habrían sido factores que determinaron su amplia victoria electoral. Takaichi iniciará una guerra comercial con China; lo que ha logrado es un colapso del turismo proveniente de China. 

 Mientras Trump acentúa su guerra comercial y política contra los Estados europeos, fortalece la alianza con los asiáticos, Japón en primer lugar. La política mundial gira en torno a la guerra imperialista, cuyo destinatario estratégico es China. 

 Aldana González

 18/02/2026

La ocupación de FATE convoca a toda la clase obrera

Reapertura de la planta, reincorporación de todos los trabajadores. 

 En la madrugada de hoy, al ingreso del primer turno luego de la parada técnica, los trabajadores de FATE se encontraron con cadenas y candados en los portones de ingreso y con un fuerte operativo policial. Por medio de un afiche FATE anunciaba el cierre de la planta y el despido de todos sus trabajadores. 

 El directorio de la empresa alega que "los cambios en las condiciones del mercado" son el motivo del cierre, sin entrar en mayores consideraciones, como las importaciones, el dólar subvaluado o los precios de las distintas variantes de neumáticos. Madanes Quintanilla, el socio principal de FATE, ha impuesto un congelamiento salarial desde hace 14 meses, aunque ha obtenido concesiones en cuanto al régimen de trabajo. 

 El lock out de la familia Madanes Quintanilla se produce cuando el Congreso trata una contrarreforma laboral que es apoyada por el conjunto de la patronal, incluida la del Neumático. El cierre de la fábrica es funcional a la contratación masiva de nuevo personal bajo las condiciones draconianas del nuevo estatuto patronal. “Las condiciones del mercado” no son responsabilidad de los trabajadores sino de los capitalistas. El Congreso ha aprobado el acuerdo de “libre comercio” entre la Unión Europea y el Mercosur, y se apresta a hacerlo con Estados Unidos, cuyo propósito de conjunto es reducir el valor de la fuerza de trabajo en Argentina, Europa y Norteamérica. La clase capitalista de los Madanes tiene en su poder la mayor parte de la deuda pública, cuya valorización sistemática ha beneficiado a las patronales, sean financieras o industriales. Una apertura de las cuentas de las grandes compañías probaría los enormes beneficios que obtiene el capital como consecuencia de la política de Milei, Caputo y Bessent (el secretario del Tesoro estadounidense).

 Los compañeros de FATE han iniciado una ocupación de la fábrica, que llamamos a que sea acompañada por el resto de la industria del Neumático y por la ocupación de todas las empresas que suspendan, despidan o cierren. Que abran sus cuentas, y no oculten sus beneficios fabulosos bajo el cómplice “secreto comercial”. Inscribamos estos reclamos en las columnas obreras que se movilizarán en el paro que convoca la CGT. Para parar el “industricidio” impulsemos una huelga general. La fuerza de trabajo tiene que poner manos a la obra.

 Jorge Altamira 11 4423-7873

 Marcelo Ramal 11 5690-1943 

Pablo Busch 11 30497824

“Si lo contas, te mato”: confesiones de un criminal

Sobre el libro de Gustavo Sammartino. 

 El pasado 2 de febrero, Editorial Planeta publicó el primer libro de Gustavo Sammartino, que recoge un compendio de entrevistas brindadas entre 1999 y 2003 con Carlos Guillermo Suarez Mason, responsable de la represión, persecución, torturas y asesinatos en la última dictadura cívico-militar.

 La idea del libro surge de una entrevista brindada por el periodista Néstor Ibarra en Radio Mitre al criminal para el año 1999, a causa de ser expulsado como socio del club Asociación Atlética Argentinos Juniors. En dicha ocasión, se jacta de tener en su poder documentos de la represión. 

 Suarez Mason fue participe del Operativo Independencia (1975) y muy activo en los secuestros y vejámenes desde el 24 de marzo de 1976. Caída la dictadura, comenzado el Juicio a las Juntas, se escapa primero a Centroamérica y luego a Estados Unidos. Más de diez años después, en 1998 regresó al país. Para el mismo año, es beneficiado por los indultos de Carlos Menem (PJ). En el propio texto, solo llevaba su nombre y apellido. “Yo al patilludo le salvé la vida. Siempre fue un tipo con suerte”, explica en el libro el propio Mason. 

 El 21 de junio de 2005, a los 81 años, fallece llevándose información sobre la represión desarrollada entre el 76 y el 83. Conocido como “El Pajarito” y “El Carnicero del Olimpo”, Mason fue uno de los cerebros, comandando la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería y Prefectura, junto a más de setenta centros clandestinos de detención. 

 Pese a contabilizar una cantidad importante de denuncias por crímenes de lesa humanidad y robo de bebes (más de 600 casos) solo fue sentenciado en 2003, a tres años de presión, por actos discriminatorios a la comunidad judía. Cumplió la sentencia en su domicilio del barrio de Belgrano. Incluso, en ocasiones, fue escrachado por la organización Hijos, demostrando el no cumplimiento de la condena y yendo a la misa en la iglesia del barrio. 

 Dentro de sus 432 páginas, el escritor, periodista, productor radial y cineasta, describe, mediante las entrevistas, el accionar del masacrador, su relación con la política, la iglesia e incluso con la democracia. “Le cuento Sammartino. En una guerra hay muertos y hay sobrevivientes. No hay desaparecidos. Las personas no desaparecen. Los desaparecidos existen solo para los que preguntan por ellos” valiéndose de la teoría de los dos demonios utilizada por militares y civiles para “justificar” el genocidio. 

 El libro tiene como fin la investigación por la expropiación de bebés por parte del criminal. “No fue una confesión, sino que se le escapó, cuando dijo que él le llevó un bebé robado al hermano de un sacerdote. Suárez Mason lo dijo de una forma natural, como pensaba y sentía las cosas” explica el autor al diario Tiempo Argentino (14/02). Posterior a brindar la revelación, Mason expresa “Si lo contas, te mato” quedando la frase como titulo del libro. Expresión que repite, como mínimo, en tres ocasiones más. Demostrando con la impunidad que lo cobijaba su involucramiento y responsabilidad en la sustracción de recién nacidos a secuestrados, en cautiverio. “La muerte de Lourdes, la beba que mi señora y yo tuvimos en dos mil. Casualmente, falleció el 24 de marzo y era nuestra sexta hija. Yo soy católico practicante y, luego de que me recuperé de aquel dolor, me obsesioné con el tema de robo de bebés y fui para adelante” (Tiempo, idem). 

 A 50 años del golpe genocida, el ensayo de Gustavo Sammartino es el relato en primera persona de uno de los cabecillas de la represión, la tortura y la muerte. Y deja al desnudo la complicidad tanto de los gobiernos de turno como del poder judicial en democracia. 

 Sigue vigente la lucha por la apertura completa de los documentos de la represión entre 1976 y 1983, la restitución de los niños apropiados. Y el juicio y castigo a responsables materiales y políticos, incluyendo a empresarios, la curia, burócratas sindicales y referentes políticos cómplices.

 30 mil compañeros desaparecidos, presentes. 

 Maxi Robes

En vísperas del paro general, la crisis se traslada a las grandes fábricas

La conferencia de prensa donde la CGT convocó al paro de este jueves fue más que un anuncio. El nuevo triunvirato cegetista dijo que era favorable a una “modernización laboral” y que viene trabajando en cada gremio para la “actualización” de los convenios, en los términos de la contrarreforma. La burocracia, en definitiva, explicó que lleva tiempo colaborando con la derogación del derecho laboral. Con esta posición, reiteró la convocatoria a un paro aislado sin fecha “para el día en que se trate la ley”, es decir, como cierre a toda lucha. 

 Pero a pesar de unos y otros, el escenario político que precede a la reforma laboral ha sido sacudido por la crisis capitalista y por la respuesta de los obreros de FATE. En la mañana de hoy, los obreros de FATE se enfrentaron con el cierre de la planta de Victoria, en el partido de San Fernando, y el anuncio patronal de 920 despidos. La decisión patronal desató la ocupación del predio por parte de los trabajadores que se encuentran allí y de los que fueron llegando. Ante el conjunto del país, los verdaderos propósitos de la reforma laboral comenzaban a tomar cuerpo: en vez de “creación de empleo”, despidos masivos, para reemplazar a trabajadores con antigüedad y derechos por otros precarizados, ya bajo el estatuto negrero de Milei y Sturzenegger. La crisis obligó a los liberticidas a actuar sobre la marcha, para dictar una conciliación obligatoria cuyo objetivo es desmontar la resistencia de los trabajadores y despejar el camino para aprobar la contrarreforma sin sobresaltos. Las patronales del neumático se han especializado, en estos años, en desconocer conciliaciones obligatorias dictadas por la provincia y por la Nación. 

 En cualquier caso, la conmoción por FATE fue precedida por la indignación que generó la cláusula que imponía descuentos salariales a los trabajadores por accidentes o enfermedad. Aunque el punto ha sido retirado de la ley, la polémica por estos descuentos ha dejado en la picota al cesanteador Sturzenegger. El resto del gabinete liberticida le reprocha que, “por culpa de esta cláusula, todo el mundo está debatiendo ahora la reforma”. La cloaca mileísta ha tomado como chivo emisario al exministro de De La Rúa. Pero las razones de esta deliberación popular echan raíces en la crisis industrial, que dispara despidos masivos -y no sólo en FATE, como se demostró días atrás en Platex Tucumán; en el derrumbe del salario, corroído por una inflación en alza; en el clima explosivo de los claustros universitarios, frente a la pretensión del gobierno de desconocer la ley de financiamiento.

 El debate parlamentario de mañana estará cruzado por esta crisis, que pasará por el cedazo de bloques políticos que guardan un compromiso estratégico con el ataque a la clase obrera. El recinto será cruzado, en cambio, por disputas de intereses capitalistas. Varios bloques provinciales volverán a poner sobre la lupa al fondo de despidos (FAL), que se nutrirá de desfinanciar no sólo al ANSES, sino también a las cajas jubilatorias de los distritos. El macrismo insistirá en darle el negocio de las cuentas sueldo a Marcos Galperin, a expensas de los bancos tradicionales. La burguesía y sus representantes tiene todos los dedos puestos en apoyar este ataque estratégico a la clase obrera. Pero al mismo tiempo sabe muy bien que la contrarreforma no salva al régimen de Milei-Caputo de la bancarrota industrial y de la crisis financiera, que el Gobierno gambetea porque Bessent-Trump, por ahora, siguen siendo garantes de última instancia para evitar una cesación de pagos. 

 En medio de las disputas de última hora por la contrarreforma, Milei ha salido a alardear de autoridad a través de la sucesora de Bullrich: Monteoliva, con amenazas represivas para los que se manifiesten mañana. Esas intimaciones llegan a los fotógrafos y periodistas.

 El centro de la situación política se desplaza desde los devaneos del Congreso a las grandes fábricas. Apoyemos la ocupación de FATE y de toda fábrica que cierre o despida; coordinadoras y autoconvocatorias, para impulsar la huelga general contra la contrarreforma y todo el paquete ajustador del gobierno. 

 Marcelo Ramal

 18/02/2026

Perpetua al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Esta semana se dio a conocer la condena a perpetua al clan Sena por el brutal femicidio de Cecilia Strzyzowski. En noviembre del año pasado, un jurado popular había encontrado culpables a César Sena -en calidad de autor del homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género- y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como partícipes primarios del crimen. 

 La condena se extendió también a sus colaboradores, Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, por encubrimiento agravado, con penas de hasta cinco años y diez meses de prisión efectiva, y al casero del campo al que fueron trasladados los restos de la joven, por encubrimiento simple con una pena de dos años más diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple.

 El femicidio de Cecilia conmovió a la provincia de Chaco, pero también a todo el país. El 2 de junio de 2023 fue vista por última vez entrando a la casa de los Sena. Luego de asesinarla, intentaron desaparecer el cuerpo quemándolo en uno de los campos que tenía la familia. La rápida denuncia y actuación de la mamá y familiares de Cecilia permitió desarticular las maniobras de impunidad del clan Sena. Enfrentaron amenazas y distintas acciones de amedrentamiento. 

 El matrimonio Sena tenía estrechos lazos con el exgobierno de Capitanich y se valieron de sus recursos económicos y políticos para intentar borrar todo rastro de Cecilia. Tuvieron lugar masivas marchas reclamando la aparición de Cecilia y el juicio y castigo cuando se conoció su trágico destino. 

 El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, resaltó el fallo judicial tras conocerse la condena a perpetua del clan Sena, calificándolo como un paso clave contra la violencia de género y la impunidad. Sin embargo, esto resulta una impostura total al tratarse de un aliado del gobierno libertario, que lleva adelante una cruzada contra los derechos de las mujeres y niega la existencia de la violencia de género y los femicidios en nombre de la "igualdad ante la ley". Lo mismo cabe para Patricia Bullrich, impulsora de la reforma del Código Penal, quien celebró la condena afirmando: "Quedan presos de por vida, donde tienen que estar". 

 En memoria de Cecilia tenemos que seguir la lucha contra los femicidios y la violencia contra las mujeres enfrentando a sus responsables, el Estado y los gobiernos y denunciando a este régimen social feminicida. 

 Alejandra del Castillo

 16/02/2026

Trump redobla las amenazas sobre Haití

La catástrofe humanitaria crece con cada intervención internacional.

 Haití entró en una nueva crisis de poder cuando venció oficialmente el mandato del Consejo Presidencial de Transición. Este órgano colegiado había asumido el poder en 2024 con la misión de estabilizar el país, reorganizar el Estado y convocar elecciones tras años de crisis agravada por el asesinato del presidente del país, Jovenel Moïse, en 2021. 

 Antes de disolverse, el Consejo intentó destituir al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, pero Donald Trump lo “persuadió” con el arribo de tres buques de su armada que se encuentran desplegados en el Caribe. Fue una clara declaración de respaldo a Alix Didier Fils-Aimé y a su continuación en el poder. Así, el Consejo se disolvió sin haber logrado elecciones ni un acuerdo político para reemplazarse a sí mismo.

 El Poder Ejecutivo quedó concentrado de facto en el primer ministro, quien continúa ejerciendo funciones sin que exista presidente ni Parlamento activo; su capacidad real de control es muy limitada. 

Las pandillas dominan el 90 % de Puerto Príncipe y de otras grandes zonas, ya que en los últimos seis meses se han expandido con una velocidad inusitada hacia el centro y el norte del país. Alix Didier Fils-Aimé sigue ahí por la sola voluntad de Trump. Las pandillas se dividen los territorios y conviven organizadas bajo una coalición. La cara visible de esta asociación de pandillas es Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue. Todas compran en forma unificada las armas que vienen desde Estados Unidos.

 La crisis humanitaria en Haití ha alcanzado niveles extremadamente graves, con implicaciones en seguridad alimentaria, desplazamientos, educación, salud y protección. 5,7 millones de personas —más de la mitad de la población— enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. La violencia armada y la inseguridad han causado desplazamientos internos masivos: aproximadamente 1,4 millones de personas han huido de sus hogares, lo que representa cerca del 12 % de la población total. Más de la mitad de estos desplazados son niños. En muchos casos viven en condiciones precarias en escuelas, edificios públicos o albergues improvisados, con acceso limitado a alimentos, agua potable y servicios sanitarios. La venta de los niños, por parte de familias que están en estado de inanición, es alarmante. La mitad de los miembros de las pandillas son menores de edad.

 Más de 1.600 escuelas cerraron durante el ciclo escolar 2024-2025, dejando sin acceso a la escuela a más de 240.000 estudiantes. Solo el 11 % de las instalaciones hospitalarias con capacidad de internación está funcionando plenamente y ha habido reaparición de brotes de cólera.

 La situación caótica de Haití es responsabilidad de la intervención internacional permanente bajo la batuta de Estados Unidos. 

 Junto con los gobiernos de Canadá y Francia, George W. Bush organizó en 2004 el golpe de Estado contra el primer presidente electo democráticamente en Haití, Jean-Bertrand Aristide. El Consejo de Seguridad de la ONU fue cómplice de la operación al hacerse cargo del país a través de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Fue la operación internacional más prolongada del siglo XXI en el país. Muchos países enviaron efectivos —que cometieron vejámenes y oprimieron a los haitianos— para relevar al ejército yanqui ocupado en otras invasiones. 

 En 2017, la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) —formada solo por civiles y policías— reemplazó a MINUSTAH debido al desastre que habían hecho todos los efectivos militares. Después de eso, hubo diversas “misiones de seguridad”, todas con intervención extranjera, que fracasaron una tras otra. 

 El año pasado, las autoridades de Haití contrataron a una empresa paramilitar de Erik Prince —cofundador de Blackwater— para hacerse cargo de la seguridad del país. Prince está acusado de crímenes de guerra y su trayectoria ha demostrado que solo sabe atacar a población civil desarmada. El contrato con estos mercenarios se ha mantenido en secreto, sin publicarse ni el monto de la paga, ni el reglamento, ni la cantidad de efectivos, ni el prontuario de cada uno. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los operativos de la empresa privada mataron a más de 970 personas de marzo a diciembre del año pasado, incluidos 39 civiles, 16 de ellos niños. Luego de eso, Estados Unidos, con el apoyo de Panamá, impuso una resolución para autorizar una fuerza internacional mucho más grande, de 5.550 miembros, conocida como la “Fuerza de Supresión de Pandillas”, con derecho a detener y encarcelar a haitianos. 

 En todos los casos, lo que Estados Unidos busca es mantener una intervención en la cual los costos estén socializados entre varios países. La importancia de Haití no radica en la relevancia de sus recursos -como sería el caso de Venezuela-, sino en su ubicación en el Caribe, tan próxima a Estados Unidos, y en la necesidad de mantener un castigo histórico que, por carácter transitivo, el imperialismo yanqui le asesta a Haití en nombre del imperialismo francés. El castigo no solo por haber declarado la primera independencia de América, sino por haber realizado la primera revolución de esclavos del continente. El crimen de Aristide —que le valió el golpe en 2004— había sido reclamarle a Francia que devolviera la “indemnización” que Haití había sido obligada a pagar en 1825 por haber declarado su independencia, cuyo monto actualizado calculó en 20 000 millones de dólares. 

 El otro problema que representa Haití para la gestión Trump es la inmigración. 

 Estados Unidos requiere el control del país para frenar el flujo migratorio, al tiempo que busca repatriar a todos los exiliados haitianos que en Estados Unidos viven en carácter de refugiados. 

 Trump ha revocado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití, pero esto fue revertido por un fallo judicial de una magistrada de origen latino. 

 Ana Reyes rechazó por segunda vez el recurso del Gobierno para forzar la eliminación de las protecciones migratorias de más de 300.000 haitianos y denunció montones de amenazas de muerte que le llegaron a través de las redes sociales. 

 Aldana González 

 16/02/2026

Compra de los F-16: una cuestión geopolítica

La adquisición de los cazas F-16 a Dinamarca, país miembro de la OTAN, de fabricación norteamericana y autorizado por el gobierno de Biden, es reflejo del alineamiento militar que emprendió el gobierno de Javier Milei y con ello la inserción del país en la agenda de compromisos de “seguridad global” y el alejamiento de la Argentina de la agenda china en materia de defensa. En los últimos días el medio israelí “Noticias de Israel” dio a conocer las objeciones de Estados Unidos a la posible compra de aeronaves de combate a China, que terminó sellando la adquisición de los F-16 (Noticias de Israel, 10/2).

 En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, que representó una reversión en relación a la “alianza estratégica” con China urdida por el kirchnerismo durante sus gobiernos, a través de múltiples acuerdos bilaterales, por medio del entonces jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier general Mario Callejo, se descartó la compra de aviones de combate chinos para reemplazar los Mirage, que se desprogramaron a finales de ese año. Desde la aeronáutica precisaron que el problema era la “cadena logística” para el posterior mantenimiento de los aviones y el alto costo de las unidades. Por estos motivos, las opciones más viables por aquellos años era la adquisición de cazas Kfir a Israel o los Mirage F-1 a Francia. Durante el 2014, el gobierno de CFK tenía en los Kfir israelíes, la principal alternativa de compra, y se daba como un hecho la operación por la compra de 18 unidades usadas, pero con motores cero kilómetro y “aviónica de última generación”. La Argentina “Nac & pop” ofreció pagar una parte en soja. Lo cierto es que, por falta de divisas, o por las negociaciones en la que se encontraba el gobierno nacional con los fondos buitre, la operación no se realizó nunca. 

 En abril del 2022, una misión de pilotos y técnicos de las Fuerzas Armadas, acompañado por el sinólogo y entonces embajador Sabino Vaca Narvaja, visitó China para hacer pruebas de los jets JF-17 Thunder, aviones de combate modernos y ligeros con capacidad supersónica, que el gobierno de Xi Jinping buscaba venderle a la Argentina. Para esa fecha eran cinco los modelos que el Ministerio de Defensa tenía en carpeta para adquirir: el Kfir israelí, el F-16 de Estados Unidos, el MiG-35 de Rusia, el Tejas de la India y el JF-17 Thunder de origen chino-paquistaní. Las opciones más viables en ese momento eran la compra de los F-16 estadounidenses y los JF-17, construidos en cooperación entre China y Paquistán. Además de los JF-17, China le ofertaba al gobierno de los Fernández vehículos para el Ejército, el entrenamiento en escuelas chinas para militares y la batería de obras en infraestructura ligadas a la cadena productiva de la Ruta de la Seda a la que el gobierno nacional de ese momento había adherido en febrero del 2022. Para finales del 2021 el gasto de los aviones ya estaba contemplado en el presupuesto de Defensa, donde se hablaba de un favoritismo político de las aeronaves chinas. Por su parte desde el equipo del brigadier general Xavier Isaac, que oficiaba como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, se encargaron de señalar su preferencia por las aeronaves estadounidenses, argumentando que estaban acostumbrados a aeronaves de ese origen, pero que se inclinarían por el “mejor por capacidad y precio”. 

 En agosto del 2023, en medio de las tratativas de Massa por un desembolso de divisas por parte del FMI, la entonces vicesecretaria de Seguridad Regional de Estados Unidos, Mira Resnick, daba como un hecho la venta de 24 F-16, y señalaba que era “una decisión inminente” y que “hemos trabajado para asegurarnos que no haya nada que se interponga en el camino de esta venta en el futuro (...) lo que estamos diciendo es que hay ciertas categorías de cooperación en materia de seguridad que Estados Unidos no pueda digerir”. El memorándum rubricado entre Massa y el equipo técnico del FMI, sirvió como antecedente para el gobierno de Milei. 

 Por las gestiones del gobierno liberticida, el 5 de diciembre del 2025, la Argentina recibió el primer lote de 6 F-16 de los 24 aviones comprados a Dinamarca, lo que dictaminó el descarte de la compra de los chino-paquistaníes JF-17 y la infraestructura montada para dichos aviones quedaron abandonados.  

El gobierno de Milei, a través de las tratativas del entonces ministro de Defensa Luis Petri, aprobó la adjudicación de los F-16 por U$S 301,2 millones, efectuándose en cinco cuotas anuales. El paquete de compra incluye entrenamiento, repuestos, simulación y sostenimiento de las aeronaves.

 Luego de que EE.UU. objetara la compra de aeronaves a China, el 26 de marzo de 2024 los gobiernos de Argentina y Dinamarca firmaron una carta de intención en Buenos Aires, y el 26 de abril del mismo año se firmó el contrato por 24 F-16. En octubre llegó la aprobación por parte de EE. UU. para el conjunto del programa por U$D 941 millones. Dinamarca dejó constancia de que negoció el entendimiento con colaboración de Estados Unidos y que desde Washington aprobaron la venta de aeronaves producidas en su país. 

 Pero el acuerdo aprobado por EE. UU. tiene como objetivo principal el de sumir a la Argentina en una dependencia técnico - militar, poniendo al programa dentro de una cadena logística occidental a largo plazo, y a su vez vuelve incompatible el sostenimiento, por lo elevado del costo, otra línea de cazas de origen chino. Como señalan fuentes especializadas, una fuerza aérea mediana, como la argentina, rara vez sostiene dos cadenas de entrenamiento, mantenimiento y armamento al mismo tiempo. 

 El programa, al que accedieron los liberticidas, incluyó 36 misiles AIM-120C-8, bombas Mk-82 de 500 libras, conjuntos aerodinámicos Paveway II, radios, sistemas de planificación de misión, soporte de Link 16 y dispositivos criptográficos. También capacitación, soporte técnico y logístico, modificaciones y mantenimiento.

 La integración político-militar de la Argentina a la cadena logística del imperialismo norteamericano supone, por un lado, una mayor sumisión en materia de defensa y por el otro, revela que China no tiene la capacidad para revertir este proceso ni políticamente, ni militarmente. Muestra de esto son la pérdida de sus concesiones en el Canal de Panamá, por presión del trumpismo, que utiliza el concepto de “America First” (América Primero) en clave estrictamente militar. 

 Lucas Giannetti 

 17/02/2026

Contrarreforma laboral: el “retoque” a los descuentos por enfermedad o accidentes es otra canallada

De acuerdo a las últimas informaciones, el gobierno accedería a modificar la cláusula que impone descuentos salariales a los trabajadores que pidan licencia por enfermedades o accidentes fuera del trabajo. Según anunció Bullrich, la cláusula cuestionada sólo será ´retocada´ para exceptuar del descuento a las licencias por enfermedades graves o degenerativas. Naturalmente, se trata de casos excepcionales: la enorme mayoría de las dolencias que puede sufrir un trabajador quedarán incluidos en la contrarreforma. 

 Pero existe una trampa: porque los descuentos salariales -según se trate de un percance o una enfermedad- serán mucho mayores. “La reforma propone … aplicar es(os) porcentaje(s) únicamente sobre el Salario Básico de Convenio, excluyendo variables, horas extras, viáticos y premios”. (Ámbito Financiero, 17.2) De ese modo, lo que se presenta como el pago de un 75% del salario puede transformarse en un 40%, según resulte la diferencia entre el salario básico y el de bolsillo.

 Presentar a la enfermedad de un trabajador como un hecho “privado” o “ajeno a la empresa” es una tropelía. Para quien trabaja en una fábrica o en un hospital entre la tercera parte y la mitad del día, y despliega allí el 80% de sus energías físicas y mentales, ninguna enfermedad es ajena al trabajo. Convertir al deterioro físico de un trabajador en un “asunto privado” desconoce el carácter social de la explotación de la clase obrera. La clase capitalista deja de hacerse cargo del de pago de una parte del valor de la fuerza de trabajo, que no puede escindirse entre el tiempo de desgaste activo y el que no lo es. El descuento del salario, por motivos de enfermedades y accidentes, empujará a los trabajadores al regreso prematuro al trabajo. Por lo tanto, el régimen negrero que se quiere aprobar convertirá a los lugares de trabajo en potenciales focos infecciosos y, naturalmente, expondrá al trabajador lesionado -y todavía no recuperado- a mayores accidentes laborales. 

 Bullrich y Milei, insistimos, no han “resignado” esta disposición brutal. Están maniobrando para salvarla.

 La CGT ha convocado a un paro de 24 horas para la fecha del tratamiento del proyecto en Diputados, o sea para el hecho consumado, como ya ha ocurrido con la negligencia a enfrentar el tratamiento en el Senado. La burocracia de la UTA ha anunciado una adhesión condicionada, para extorsionar la carta de los subsidios en favor de sus patronales. Impulsemos un paro de 48 horas, que arranque antes del tratamiento en Diputados, que sea activo y preparatorio de una huelga general indefinida hasta la derrota de la ley. 

 Marcelo Ramal

 17/02/2026