viernes, 16 de octubre de 2026
jueves, 15 de octubre de 2026
Milei y Caputo acosados por los vencimientos de deuda
Hace dos semanas, primero en Nueva York, luego en París, los fondos internacionales bocharon, incluso de malas maneras, el plan financiero que presentó Luis Caputo para hacer frente a los vencimientos de la deuda internacional de Argentina hasta finales del año próximo. La clarificación llegó al hueso, porque expuso los límites insalvables de un socorro financiero por parte de los principales bancos y del mismo Tesoro de los Estados Unidos. Los comentaristas locales apenas advirtieron la magnitud de la crisis política que se había desencadenado. Milei y Caputo, por su lado, quedaron ‘groggies’ como consecuencia del impasse, que buscaron disimular con la fraseología de circunstancia. El golpe sacudió una interna en LLA y ha forzado a un replanteo de conjunto del ‘establishment’ local. En resumen, Argentina no está en condiciones de hacer frente a los vencimientos de deuda – hasta nuevo aviso. Con capital e intereses supera los 35.000 millones de dólares. La novedad ha llevado el “riesgo-país’ de Argentina, que mide el adicional que hay que pagar sobre la tasa internacional, al orden de los 600/700 puntos básicos. El diferencial entre un bono que vence antes de las elecciones y otro después es de 1.900 puntos básicos. Luego de tres años de un ajuste violento, tanto fiscal como monetario, la llamada macroeconomía enfrenta la posibilidad de un ‘default’.
“El paquete de 40.000 millones de dólares no existe más como fue publicitado”, señala un informe muy completo acerca del plan Caputo. “La facilidad crediticia de 20.000 millones de dólares ofrecida en paralelo al ‘swap’ del Tesoro norteamericano (en octubre de 2025) ha sido encajonada”; se trata, nada menos, que de la mitad del monto del paquete. Pero el mismo ‘swap’ de Estados Unidos se encuentra ahora condicionado “a la previsión del resultado electoral”; la apuesta se mantiene si el caballo ‘rankea’ favorito; para ganar el derecho al rescate hay que mostrar señales de vida. Adicionalmente, si Trump pierde fuerte las elecciones de noviembre, un congreso de mayoría demócrata podría bloquear cualquier rescate. Una posibilidad que no es menor, porque formaría parte de los choques al interior del imperialismo norteamericano en cuanto a la dirección política de la guerra mundial.
Caputo ha perdido la posibilidad de obtener un puente bancario para pagar vencimientos, porque carece de ‘colaterales’ para ofrecer como garantía, en el entendimiento de que los bonos de deuda de Argentina cotizan fuertemente bajo el valor de emisión. Sólo podrían usarse para créditos de muy corto plazo (“repo”), que apenas dilatarían el estallido de la crisis. El gobierno del mago de las finanzas se ha quedado sin ‘rulos’, uno de los principales recursos de la especulación financiera.
El informe en cuestión hace una observación fundamental, varias veces señalada desde Política Obrera. “Vaca Muerta es el único pilar estructural”, destaca, por su condición de ingente proveedor de divisas. Pero...” corre contra el reloj de la deuda”. Es que Vaca Muerta no es un emprendimiento con fondos propios: lo que entra como financiación debe ser devuelto con intereses. Esto da lugar a un descalce entre los ingresos que tendrán lugar en 2027 y los pagos a lo largo de 2027-30. Como consecuencia de los RIGI y Súper RIGI, las petroleras pueden retener sus flujos positivos de fondos en cuentas del exterior. Es lo que ocurría en “los años gloriosos” de 1880 a 1920 con el saldo comercial de las agro exportaciones; el ingreso de capital era provisto por Inglaterra para construir 45.000 kilómetros de vías férreas. Otro ingreso potencial de fondos lo ofrecería la minería, en la actualidad dominada por inversiones de China. Pero, al igual que con Vaca Muerta, el Tesoro debería comprarlos, lo cual forzaría a un ajuste aún mayor, en medio de una recesión declarada. El ‘swap’ de China está asignado a compensar pagos del comercio exterior, no es un fondo de rescate crediticio.
Para salir de este impasse estratégico, el gobierno ha cambiado de rieles y el Banco Central ha comenzado a comprar dólares, para sustituir los que no entrarán por vía de créditos. La emisión de pesos, sin embargo, no ha remonetizado la economía, observa La Nación. O sea que el dinero ha vuelto a los bancos, que lo aplican a la licitación de bonos locales ajustados por dólar. Una “remonetización” podría ejercer, a término, una devaluación del peso, aumentando el costo de la deuda pública local; un rulo negativo, potencialmente disruptivo. El gobierno liberticida se encuentra encerrado en un círculo vicioso.
No hay que perder de vista, sin embargo, que la deuda pública recae sobre el Tesoro, no el Banco Central. De acuerdo a la información cotidiana, el ministerio de Caputo sólo tiene 1.000 millones de dólares en la cuenta del Central. Caputo había transferido, en 2025, los pasivos del Central con el sistema bancario al Tesoro, a ser pagos por los contribuyentes. Para comprar cerca de 40.000 millones de dólares al Central, el Tesoro debería hacer un súper ajuste inviable; la deuda local del Tesoro ha aumentado un 40% en el curso del año. O sea que las compras de divisas del Central no resuelven el derrumbe del plan financiero de Caputo para pagar los vencimientos hasta finales de 2027. En una situación de características similares, o sea, una enorme tenencia de deuda pública impagable en los bancos, Cavallo asistió al desplome de la convertibilidad. Peor aun que en 2001, la tasa de interés internacional de largo plazo no cesa de subir, encareciendo el crédito más allá del efecto del “riesgo-país”. Es una consecuencia del enorme endeudamiento del Tesoro norteamericano, de los aumentos de costos provocados por la guerra y de una demanda insaciable de las empresas de Inteligencia Artificial embarcadas en una carrera de inversión en centros de datos. Las insolvencias y quiebras en este rubro comienzan a manifestarse. Para detener una hemorragia de divisas, Milei y compañía deberían reforzar la recesión y mantener en rienda corta las importaciones. Un verdadero descalabro. La crisis política, que tiene por protagonista al gobierno, el Congreso y la Corte, tiene ‘sólidos’ fundamentos económicos.
Como el mercado de divisas se encuentra ‘ofrecido’ (no hay demanda), la devaluación del peso no se presenta en el horizonte; los depósitos bancarios en dólares han alcanzado, sin embargo, los 40.000 millones. Si se retiraran al exterior, la crisis bancaria no necesitaría el prólogo de una corrida cambiaria (pesos contra dólar). De modo que el control de la base monetaria como mecanismo de contención de una devaluación, es irrelevante. El conjunto de estas contradicciones autoriza a prever un retorno a los cepos cambiarios, cuando no a un control de cambios y a un ‘reperfilamiento’ forzoso de la deuda pública.
Nos vemos en la lucha.
Jorge Altamira
14/10/2026
La inflación golpea a los trabajadores mientras los capitalistas están indexados
La inflación de septiembre fue del 1,9%, con un acumulado del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026, pero detrás del promedio se esconde una realidad que golpea con más fuerza a los trabajadores. El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos mensuales y acumula una suba cercana al 50% interanual. Mientras las tarifas y los ingresos de determinados sectores empresarios se actualizan, los salarios pierden frente a los precios, al igual que las jubilaciones. La inflación agrava el ajuste y profundiza la transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitalistas.
Los datos del Indec muestran que el Índice de Precios al Consumidor llegó al 33,4% interanual. En septiembre, Vivienda aumentó un 3,1%, Educación un 3% y Comunicación un 2,5%, por encima del promedio general. Los gastos indispensables para sostener un hogar avanzan a un ritmo que no guarda relación con la evolución de los ingresos populares.
La incidencia de estos aumentos sobre los hogares trabajadores es mucho mayor que la que refleja el índice general. Los servicios públicos, el alquiler y los gastos de educación y salud absorben una parte creciente de los salarios, reduciendo el dinero disponible para alimentos, transporte y otras necesidades. Mientras los capitalistas tienen sus ingresos asegurados e indexados a la inflación, con tarifazos permanentes, aumentos discrecionales y la timba financiera.
Salarios y jubilaciones, detrás de los precios
Las luchas por la recomposición salarial en las provincias expresan este deterioro. Estatales, docentes y trabajadores de la salud enfrentan negociaciones paritarias que no recuperan lo perdido, con gobiernos provinciales que pretenden imponer aumentos por debajo de la inflación y sostener el ajuste sobre sus trabajadores, replicando en las provincias la orientación de Milei.
Los jubilados atraviesan una situación similar, con una mínima de indigencia de $435.748,51 y un bono de $70.000 que permanece congelado. Cada aumento de los precios reduce el valor real de las jubilaciones, mientras los gastos de vivienda, servicios y medicamentos se llevan una porción cada vez mayor de los ingresos. El gobierno pretende presentar el equilibrio de las cuentas públicas como un logro, pero una parte de ese resultado se obtiene licuando jubilaciones, salarios y prestaciones que deberían garantizar condiciones de vida elementales.
Del otro lado, las empresas privatizadas de energía cuentan con aumentos tarifarios que sostienen sus ganancias, mientras los especuladores y acreedores de la deuda y títulos públicos encuentran mecanismos para obtener rendimientos financieros cubiertos de la inflación. Las garantías ofrecidas por el gobierno para estos sectores contrastan con los techos paritarios y el congelamiento de los ingresos previsionales. El ajuste no recae sobre todos por igual.
La inflación también profundiza el ajuste presupuestario
Ni la recesión ni el retraso cambiario han permitido al gobierno controlar la inflación, incluso con la contracción de la actividad económica y el deterioro del consumo. La política oficial expone a los trabajadores a nuevos tarifazos y a mayores pérdidas salariales.
La inflación también licúa el gasto público y deteriora las previsiones presupuestarias para el 2027. Las partidas proyectadas para el próximo año destinadas a las universidades, la salud y la educación pierden valor real incluso antes de ejecutarse. Así, el ajuste opera por dos vías: la reducción directa de los fondos asignados y la pérdida de su capacidad efectiva para sostener salarios, infraestructura y prestaciones. Las necesidades de la población quedan subordinadas a las metas fiscales del gobierno y el FMI.
Frente a esta situación, la recomposición de los salarios y las jubilaciones exige romper los techos paritarios y organizar una lucha común de estatales, docentes, trabajadores de la salud y el conjunto de los trabajadores. La burocracia sindical colaboradora contribuye a consolidar la pérdida de ingresos. Hace falta un plan de lucha que unifique los reclamos y enfrente el ajuste de Milei y de los gobiernos provinciales, por una recomposición general inmediata de salarios y jubilaciones, para que la crisis deje de descargarse sobre los trabajadores y jubilados mientras se preservan los negocios capitalistas.
Marcelo Mache
Las contradicciones que surcan a la segunda vuelta en Brasil
De todos modos, han pasado cosas. Una movilización enorme de los estudiantes de la Universidad Fluminense en Niteroi, estado de Río de Janeiro, salió en apoyo a Lula, seguida de movilizaciones similares en otros once estados, en capitales como Florianópolis o Porto Alegre. Su limitación política, sin embargo, quedó expuesta en su carácter electoral, porque una cosa es una movilización independiente contra el fascismo, cuyo objetivo es erradicarlo del escenario político, otra es el apoyo a una variante liberal del mismo sistema, que prohija y reproduce el fascismo como consecuencia de su irrevocable incapacidad para combatir al capitalismo y promover una acción histórica independiente de la clase obrera. El apoyo político al gobierno en presencia no altera la percepción de las masas. El dato político decisivo en situaciones de guerra imperialista como en la actualidad, es el estado de consciencia de las masas y la autonomía histórica de su dirección.
El Frente Brasil Popular realizó un acto político igualmente enorme en la famosa avenida Paulista de la capital del estado, sin un registro de que haya movido el amperímetro electoral. La prensa paulista, de todos modos, resaltó la decisión de designar como futuro ministro de Finanzas al actual vicepresidente Gerardo Alckmin, en caso de ganar el balotaje, como un mensaje a la Federación Industrial de que un cuarto mandato lulista sería enteramente dedicado al gran ajuste. En cuestiones decisivas como esta, no hay polémica electoral entre Lula y Bolsonaro filho.
Lo que sí ha causado un ruido político y una confusión aun mayor ha sido el proyecto de ley del gobierno que reduce la semana laboral a cinco días. Aprobada la media sanción con anterioridad a las elecciones por un cámara baja de derecha, acabó convertida en ley el miércoles 14 en el Senado, con el voto de Bolsonaro y su partido Liberal. La prensa del país como la extranjera sostienen que la aprobación favorecería electoralmente al gobierno, sin aventurar un cambio de los resultados. Pero la disminución de un día de la semana laboral, sin afectar el salario, no le quita una coma a su condición flexibilizadora y precarizadora. Es así que habilita, vía negociación colectiva, a las horas extras, al cambio de jornadas y al banco de horas; el descanso sabatino y dominical puede ser transferido a otro día de la semana, previo acuerdo. Autoriza los contratos individuales; excluye a los trabajadores de aplicación y a los monotributistas en general. En un país que litiga sus conflictos “na marra”, de facto, la ley 5x2 deja espacio suficiente para cualquier arbitrariedad. Hay otro proyecto en circulación que no ha avanzado, el de la quita de las deudas insolventes, que han sido dadas de baja por los bancos. La pugna con estos continúa. Flavio Bolsonaro no ha tenido reparos en votar el proyecto 5x2 de su rival y anunciar al mismo tiempo la intención de derogarlo si o cuando llegue a la presidencia. Le han soplado que un furcio semejante no lo afecta en cuanto a votos.
Un sector de la burguesía liberal ha tomado la decisión de hace público su apoyo a Lula en cuanto a una defensa del estado de derecho. Observa con pánico la ruptura de contratos de Donald Trump con sus aliados de la OTAN y presta oídos a quienes como Mark Carney, el primer ministro de Canadá, plantea rodear a la democracia de un cordón sanitario. Hay otro sector que defiende la política de China de desarrollar cadenas de producción con socios locales, a diferencia de Trump, que no logra avanzar en sus proyectos más restringidos. Brasil es la arena de una confrontación de clases internacional, donde la clase obrera del país no ocupa un lugar independiente, bajo la custodia tóxica del PT y del fituismo vecino.
Jorge Altamira
15/10/2026
La falsa guerra del diésel ha estallado en un enfrentamiento imperialista sin salida
La suspensión de las sanciones económicas, por parte de Donald Trump, al comercio del carburante de Rusia, con el pretexto de paliar el aumento sideral del precio del diésel en el mercado mundial, se reveló enseguida como un paquete para imponer un acuerdo de paz en Ucrania que convierta a ésta y a Rusia en formas de protectorado del imperialismo norteamericano. El déficit internacional de la provisión de diésel ni siquiera responde a un bloqueo del comercio de Rusia, sino a la guerra no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y la destrucción de instalaciones petroleras de los países del Golfo que albergan bases militares norteamericanas por parte del gobierno de Teherán. Donald Trump y su canciller Marco Rubio acaban de amenazar a los hutíes de Yemen con represalias militares fulminantes si prosiguen la guerra contra Arabia Saudita, que viene buscando el control de ese país desde hace más de una década.
De acuerdo a toda la prensa internacional, el acuerdo de paz que pergeña Trump establece un congelamiento de la guerra en Ucrania sobre las líneas ocupadas por Rusia y Ucrania, para dar pie a un plan de reconstrucción de Ucrania por parte del fondo BlackRock, fuertemente invertido en el país, y el Banco Mundial, que se servirían de los fondos secuestrados a Rusia, por 260.000 millones de euros, depositados en Bruselas. Trump ha planteado el desarrollo de un pool energético mediante la revitalización del NordStream 2, la tubería de 2.000 kilómetros bajo el mar Báltico, que se extiende desde San Petesburgo a las costas de Alemania. Esta tutela estratégica excluye a la Unión Europea y pone en evidencia la amplitud del conflicto de intereses entre el imperialismo estadounidense y los europeos. La OTAN queda reducida a un cadáver insepulto y la UE privada de cualquier autonomía estratégica. El planteo de Trump ha recibido un rechazo inmediato de los líderes del viejo continente, empezando por el inglés Burnham, seguido por el alemán Merz e incluso por la ex trumpista Giorgia Meloni. La respuesta de Trump a esta disidencia no se ha hecho esperar: ha ordenado el corte del servicio de inteligencia y comunicación Starlink, de la compañía Space X, de Elon Musk, a Ucrania, para forzar el cese de los ataques de Zelensky a las refinerías de Rusia. Putin, en cambio, ha redoblado el bombardeo a las instalaciones energéticas de Ucrania, cuando se anuncia un invierno especialmente crudo para la región. El sabotaje de Trump a Ucrania ha sido repudiado por franjas crecientes del partido Republicano, a poco más de dos semanas de las elecciones parlamentarias en Estados Unidos. Junto a una mayoría elevada del partido Demócrata, la burguesía del Norte se ha pronunciado a favor de la alianza con la UE y la prosecución de la guerra contra Rusia hasta las últimas instancias. Trump cuenta con el apoyo de la oligarquía financiera que monopoliza la Inteligencia Artificial, la cual valora un acuerdo con Rusia que distancie a la oligarquía de Putin de la tutela de la República Popular China. El aislamiento internacional de Pekín es el arma principal de lucha del imperialismo estadounidense en la fase actual de la guerra imperialista internacional.
El escenario del conflicto interimperialista en la OTAN se encuentra a la espera de nuevos protagonistas, como consecuencia de la previsión de triunfos de la ultraderecha en Francia, Alemania y España. Reagrupamiento Nacional y la AfD son partidarias, respectivamente, de un retiro de la UE de la guerra en Ucrania y de un acuerdo con Moscú, que la convierta en un semi protectorado. Putin ha repetido sin desfallecer que la paz europea dependía de “una nueva arquitectura de seguridad”, que no podía tener otra forma política que la señalada. En ausencia de ella ha advertido de la disposición de recurrir al armamento atómico en el caso de un involucramiento militar directo, bajo la dirección, por caso, de Alemania. El rearme alemán marcha en forma acelerada, con el apoyo de AfD, independientemente de las divergencias estratégicas. AfD encabeza las encuestas nacionales con una intención de voto del 30%, seguida por la UCD – un 19%.
Es probable que el planteo de acuerdo de Trump sufra un nuevo desaire, como ha venido ocurriendo desde su primera presidencia. Putin mismo no le ve consistencia geopolítica en el marco de divisiones interimperialistas insuperables. Esto explica los cambios de frente que sufre la guerra imperialista con tanta frecuencia. Trump ha retirado las bases militares del Golfo y parte del Medio Oriente, pero solamente para traer de nuevo a los mares Mediterráneo y Arábigo a los portaviones a su disposición. El estado sionista, por su lado, prosigue firme con la anexión de Cisjordania y la tutela de Líbano y Siria. Turquía, del lado opuesto, fragua acuerdos con Pakistán y Arabia Saudita, e impone un régimen de partido único en su territorio. Todos los botines de la guerra siguen en agenda: el dominio del corredor que une al Medio Oriente y Asia Central, y las ambiciones de Japón sobre el oriente de Rusia. Los levantamientos populares, tanto de estudiantes franceses como de lucadores por la vivienda en España o Berlín, marcan los primeros pasos de un movimiento de masas que ha entrado en la crisis y la guerra sin preparación política clasista. En la lucha por la maduración política del proletariado, la izquierda democratizante es un peso muerto que defiende condiciones de desarrollo político definitivamente enterrados.
Jorge Altamira
15/10/2026
martes, 13 de octubre de 2026
Milei defiende a Caputo mientras entrega el país al FMI
El presidente Javier Milei salió a defender a Luis Caputo de los rumores sobre su eventual salida del Ministerio de Economía, acusando de traición a quienes cuestionan su continuidad mientras negocia con el FMI. Pero la verdadera entrega de los intereses nacionales corre por cuenta del propio gobierno, que subordina la economía al capital financiero internacional y garantiza los negocios de las multinacionales mientras se desploman la industria, el consumo y el empleo. Las promesas de dólares e inversiones del Rigi alimentan las expectativas oficiales sobre supuestos ingresos futuros que no garantizan una recuperación de la actividad ni de los puestos de trabajo.
En una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, Milei sostuvo que el superávit comercial de este año, calculado por él en 30.000 millones de dólares, más los 125.000 millones que ingresarían por el Rigi, conformarían una “billetera” para enfrentar una eventual corrida cambiaria. La cifra confunde supuestos ingresos de un año con inversiones a lo largo de varios años, como si fueran recursos disponibles de inmediato. Además, las inversiones anunciadas no equivalen a divisas que queden en el país: los proyectos pueden demandar importaciones de equipos e insumos que habilitan mecanismos de salida de recursos. Lo que entra por un lado sale por el otro.
El presidente también ubicó a la Argentina entre las economías de “mayor crecimiento mundial”. Pero el consumo sigue cayendo, las industrias cierran, siguen los despidos y los salarios pierden capacidad de compra. El eventual crecimiento de los exportadores no alcanza para hablar de una recuperación económica cuando buena parte de la población no puede llegar a fin de mes.
El Rigi no garantiza trabajo ni recuperación industrial
Milei aseguró que las provincias que adhirieron al Rigi tienen un desempeño, pero omite decir que la minería y la actividad petrolera pueden movilizar inversiones millonarias sin generar puestos de trabajo significativos. Además, los equipos, la tecnología e insumos pueden importarse, por lo que la actividad exportadora puede crecer sin arrastrar al conjunto de la economía. Tampoco queda gran cosa en materia fiscal y de regalías, debido a los beneficios y privilegios otorgados por Milei.
El gobierno necesita divisas para sostener su esquema económico, pagar la deuda y contener las presiones cambiarias, además de seguir con la timba financiera con la cual Caputo acaba de dilapidar otros 1.000 millones de dólares de la reserva del Banco Central. La negociación del ministro con el Fondo Monetario Internacional es el mayor un acto de “traición a la patria”, subordinando los recursos nacionales bajo las exigencias del capital financiero, mientras descargan el ajuste sobre los trabajadores.
La destrucción de empleos no se compensa
Milei también defendió el cierre de Fate y responsabilizó a su dueño, Javier Madanes Quintanilla, por cobrar neumáticos a precios excesivos. Según el presidente, con neumáticos más baratos los argentinos gastarían menos y destinarían el resto a otros sectores, donde se generarían empleos. Pero esa cuenta supone que los trabajadores tienen ingresos suficientes para mantener sus consumos y que la demanda perdida en una actividad se traslada automáticamente a otra. Con salarios deteriorados, caída del consumo y endeudamiento familiar, lo único que crece es la desocupación y la precarización laboral.
Los 1.000 puestos de trabajo perdidos en Fate no se recuperan por el simple hecho de que los neumáticos bajen de precio. La destrucción de empleo industrial no es una abstracción contable: son trabajadores que pierden sus ingresos y una capacidad productiva que el país deja de utilizar.
Milei promete dólares, inversiones y crecimiento mientras profundiza la recesión de la economía argentina. El Rigi no genera empleo para compensar los puestos destruidos, solamente apunta a generar dólar que se van en el pago de la deuda externa. Frente a una orientación que privilegia a los exportadores y al capital financiero, los trabajadores necesitamos defender cada puesto de trabajo y organizar una respuesta común contra los despidos, la caída salarial y el ajuste.
Marcelo Mache
Rematan hasta las fronteras gracias a la complicidad de la Corte con Milei
Este jueves 15, salgamos masivamente a las calles.
El tiempo que pasó entre la derogación y la reimposición de la Ley de Tierras por parte de la Corte Suprema de Justicia parece haber sido aprovechado por empresas para hacer negocios. En Chubut, una inmobiliaria muy floja de papeles ofreció 3 mil hectáreas y aún no se sabe si la venta se concretó. El problema reviste una gravedad particular habida cuenta de que se trata de zonas de frontera, aspecto básico de la soberanía.
Se trata de ventas que la ley de tierras prohíbe por tratarse de regiones con lagos, ribereñas o estar ubicadas justamente en las zonas mencionadas; o con departamentos donde la tierra en manos extranjeras supera el 15% o hay un sector de nacionalidad extranjera con más del 30% de ella. La inmobiliaria que hizo la oferta se llama Loma Alta Propiedades, que publicó en sus redes sociales campos chubutenses con acceso a lagos y ríos -específicamente un campo en Alto Río Pico de 2.943 hectáreas con un lago privado de 16 hectáreas para pesca deportiva de truchas, 16 km de costa sobre el Río Pico, arroyos, una cascada natural, una cantera de áridos, entre otros aspectos. Creó su perfil en Instagram cuatro días antes de que la Corte anule la ley de tierras.
En Chubut la familia Benetton posee más de 350.000 hectáreas, y el emir de Qatar fue beneficiado con la entrega de las nacientes del Río Chubut, lo que implica el control del flujo hídrico del cauce que recorre 800 km y abastece de agua a numerosas poblaciones y comunidades. Cerca de allí, en Río Negro, el estanciero británico Joe Lewis posee aproximadamente 12 mil hectáreas y un lujoso club de campo con canchas deportivas y jardines así como una mansión en Lago Escondido -al que nadie tiene acceso.
Tras el avance de los cortesanos, publico imágenes con textos que invitaban a los inversores extranjeros a adquirir las tierras, señalando que su valor tiende a subir con el tiempo, siendo una oportunidad casi única en el mercado mundial, y resaltando el potencial “productivo, forestal y turístico”. “Te conectamos con abogados y escribanos que confirman las condiciones vigentes al momento de tu compra, incluida la zona de frontera”, decía la publicación de la empresa, que evitó las consultas legales por redes.
El Observatorio de Tierras advirtió la falta de información clara sobre la identidad jurídica de la inmobiliaria. No se sabe quiénes son sus dueños ni cómo es su estructura societaria. “Es una empresa fantasma, no tiene CUIT, no está creada, solo hay un martillero que creó una inmobiliaria rural que tiene un año de antigüedad según el boletín oficial de Chubut”, señala (El Destape, 13/10).
A fines de la década del 90, un grupo empresario también turbio compró campos en el departamento de Calingasta, San Juan. Están ubicados en una zona de frontera, sobre la Cordillera de los Andes -se trataba de cerca de 110 mil hectáreas (una vigésima parte de todo el departamento) que abarcan casi la totalidad de la subcuenca del río Calingasta y albergan glaciares de vital importancia hídrica.
El caso terminó judicializado y se supo que detrás de la adquisición estuvo el Cártel de Juárez, una organización criminal de México, que logró lavar millones de dólares provenientes de la comercialización de cocaína en Estados Unidos. Sus integrantes se hicieron pasar por un grupo inversor mexicano, constituyendo un sistema de testaferros y sociedades (Observatorio de Tierras, 9/10). La ley de tierras que quiere derogar Milei prohíbe la compra de tierras mediante testaferros.
Copemos las calles
Con la derogación de la ley, Milei quiere habilitar un acaparamiento masivo de tierras por parte de capitalistas extranjeros. Los destinatarios son varios, desde el magnate tecnológico Peter Thiel (que quiere instalar sus centros de datos de inteligencia artificial en la Patagonia) hasta los empresarios que se dedican al agro o al negocio petrolero-gasífero. La Corte tuvo que recular debido al repudio popular que despierta semejante iniciativa. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la entrega de tierras, también implica desalojos exprés contra comunidades originarias e inquilinos.
Por eso es clave que este jueves 15 salgamos masivamente a las calles para derrotar este intento, sino también para tirar abajo todo el DNU 70/23. Ese DNU habilitó todo tipo de agravios contra los trabajadores: aumentos del precio de las prepagas y de los alquileres, tasas exorbitantes de interés en beneficio de los bancos y las fintech, flexibilización laboral, entre otros. Por eso es reaccionario el intento del peronismo por eliminar únicamente el capítulo referido a la ley de tierras: dejan en pie el resto de los retrocesos. Y quiere dejarlos en pie porque beneficia a sectores capitalistas que representa políticamente.
Ese día, en el marco de la discusión del DNU, miles de jóvenes y docentes saldrán a las calles a reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que estipula una recomposición salarial para la docencia y presupuesto para las casas de estudio. Hace más de 300 días que Milei no cumple con la ley, aun cuando se votó en múltiples ocasiones y hay una cautelar que lo obliga a hacerlo. Su objetivo final es desguazar las universidades para dar curso a un proceso de arancelamiento generalizado.
Fuera Milei.
Nazareno Suozzi
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones tiene su propia Coalición Política
Un trabajo sobre las ‘implicancias fiscales’ del Régimen para Grandes Inversores (RIGI) ha desatado una polémica entre el Gobierno y su redactora, la economista Marina Dal Poggetto. ¿Qué revela este trabajo?
Para los proyectos que ya ingresaron en ese régimen de incentivos excepcionales, por inversiones estimadas en unos 51.000 millones de dólares, el RIGI implicará una reducción de impuestos de 8.500 millones de dólares en una década. Si esas mismas inversiones se realizaran bajo el régimen general de impuestos, calcula Dal Poggeto, aportarían 26.000 millones de u$s al fisco; pero bajo el RIGI, sólo desembolsarán 17.500. En la jerga presupuestaria, ese subsidio lleva el nombre de “gasto tributario”, es decir, un ingreso que el Tesoro deja de percibir. Los voceros del gobierno salieron a atacar ferozmente el informe, con el previsible argumento de que “sin el RIGI no hubieran invertido nada”- o sea, es el Estado el que se hubiera perdido de recaudar 17.500 millones de u$s-. Pero Dal Poggetto pone en cuestión esta afirmación, aunque sin ahondar demasiado. Simplemente “conjetura” en torno de qué pasaría si “al menos una parte” de los proyectos subsidiados se hubiera llevado adelante igual si no existiera el RIGI. A partir de los números presentados, señala que, si al menos un tercio de los proyectos estuviera en esa condición, el saldo fiscal sería “negativo”.
La suspicacia de Dal Poggetto tiene sus razones, al observar la lista de inversiones aprobadas para el RIGI. De la inversión total, el 30 % corresponde a un solo proyecto: la licuefacción de gas natural proveniente de Vaca Muerta, que tendrá lugar a través de un sistema de barcos flotantes de las firmas PAE (Bulgheroni y British Petroleum) y un socio internacional. El proyecto contará con generosos incentivos fiscales, pero su derrotero estará sujeto a los vaivenes del mercado energético mundial. Por eso mismo, la versión inicial -una planta “fija” de licuefacción- terminó siendo reemplazada por el esquema de buques “golondrina”. Varios otros proyectos que lideran el ranking del RIGI están asociados a yacimientos ya existentes en Vaca Muerta, es decir, a financiar su previsible expansión o la salida del producto a través de oleoductos. En el caso de la minería, proyectos como Vicuña (San Juan) o Salar del Rincón (Salta) estaban largamente previstos cuando recibieron el RIGI. Dal Poggetto ha sugerido, sin decirlo, la existencia de un gigantesco subsidio al capital.
Pero el cálculo de la economista es generoso para las empresas. Contabiliza los beneficios fiscales del RIGI, pero no los de la llamada “flexibilidad cambiaria”, que permite liquidar solamente el 20 % de las divisas obtenidas entre los dos y los cuatro primeros años del proyecto. El Estado, de este modo, renuncia a ingresar las divisas provenientes de inversiones excepcionalmente abaratadas por los beneficios fiscales.
Provincias
El trabajo de Dal Poggetto aporta otro dato significativo. Al comparar lo que resignan y recaudan el Estado nacional, por un lado, y las provincias, del otro, llega a la siguiente conclusión: mientras el Tesoro central resigna el 63 % de lo que debería recaudar bajo un régimen general de impuestos, las provincias receptoras de los proyectos sólo pierden el 21 % -esto, por el mayor peso de los tributos nacionales en el esquema de beneficios-. La economista presenta a esos distritos como los “grandes ganadores” del RIGI. Dal Poggetto, que tiene sus propios “sponsors”, advierte sobre los capitales que “no tienen el RIGI”, así como las provincias que no cuentan con proyectos en ese Régimen. El capital excluido reclama por la “discriminación”. No denuncia el gigantesco subsidio a los beneficiarios, sino que reclama su “universalización”, algo que requeriría redoblar el ajuste. Otra forma de “RIGI generalizado” sería una devaluación monetaria, en torno de la cual se ha desatado otra disputa feroz.
La coalición "de hecho” que se ha tejido en torno de los beneficios del RIGI tiene implicancias políticas. Es con las gobernaciones mineras y petroleras que Milei intenta armar un acuerdo que arranque, en lo inmediato, con la aprobación de una reforma política -un “RIGI electoral”- que suprima las PASO, reduzca el escenario de la representación política a cuatro o cinco partidos y restrinja el financiamiento de “la política” a las corporaciones capitalistas. La moneda de pago a los gobernadores son las inversiones subsidiadas. Pero esta zanahoria viene envenenada, pues se encuentra asociada a un cambio estratégico: Milei, Caputo y Sturzenegger quieren alterar, incluso constitucionalmente, al régimen nacional de coparticipación de impuestos. El propósito final es que los tributos nacionales queden reservados para el pago de la deuda pública, y cada provincia se financie a través de sus propios arreglos con grupos capitalistas y acentuando, naturalmente, la exacción a sus trabajadores.
Por un lado, Milei-Caputo ofrecen la conversión del país en una gran zona franca, con amplias libertades para remitir los dólares al exterior o gastarlos en importaciones también subsidiadas. Por el otro, prometen pagar la gigantesca deuda pública con la “montaña de dólares” que supuestamente aportarían esas mismas inversiones. La discusión en torno del RIGI pone de relieve el impasse mortal del régimen liberticida.
Marcelo Ramal
12/10/2026
lunes, 12 de octubre de 2026
Milei autoriza a Estados Unidos a poner una base militar en Buenos Aires
La base norteamericana se presenta como un nuevo peldaño del alineamiento estratégico que viene desarrollando el gobierno liberticida en relación a la gestión trumpista, que avanza sobre América Latina con la Doctrina Donroe en la mano con el fin último de establecer un régimen de excepción en el hemisferio.
La iniciativa se encuentra atada a la alianza militar "Escudo de las Américas" con la que el trumpismo busca vehiculizar el intervencionismo a escala continental. Este Plan Cóndor del siglo XXI, bajo la pantalla de la "lucha contra el narcoterrorismo" intervino militarmente a comienzos de año en Venezuela y ha sido blandido recientemente en Bolivia para revocarle la visa a 21 funcionarios por representar una "amenaza para la seguridad del Estado de derecho de las Américas".
Hasta el momento no hay certeza sobre el lugar en el que funcionará la base, ni con cuánto personal contará la unidad, y si los mismos serán militares norteamericanos. En principio, la instalación de la base logística tendría que pasar por el Congreso, pero Milei ha obviado este paso cuando rubricó la entrada al "Escudo de las Américas" o cuando permitió la llegada de marines norteamericanos por decreto. Si algo caracteriza las "relaciones carnales" entre ambas gestiones es la opacidad.
Por DNU 697/2025 Milei autorizó el ingreso de integrantes de las fuerzas especiales navales norteamericanas para llevar adelante el ejercicio militar "Tridente", desarrollado en el Atlántico Sur.
Por medio de otro decreto, en abril pasado, se calcula que arribó al país un contingente de más de 50 militares para el ejercicio "Daga Atlántica", en el que EE. UU. desplegó el portaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley en la Zona Económica Exclusiva argentina. Hace menos de un mes, ocho infantes de marina estadounidenses entrenaron, en Tierra del Fuego, junto al Batallón de Infantería de Marina N.º 4 (BIM 4) de la Armada Argentina. Sobre este último entrenamiento, desde la Armada salieron a afirmar que se trató de "intercambio de expertos en clima frío", con prácticas de baja montaña, uso de crampones y raquetas, esquí y supervivencia. Pero desde el mismo Comando Sur desmintieron a la Armada, cuando dieron a conocer imágenes de simulacro de "contacto con el enemigo", desplazamientos tácticos y un desembarco anfibio en un bote de asalto (El Ágora, 6/10). El año pasado el gobierno de Milei creó por decreto el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), que se encuentra bajo la égida de la SIDE, la cual está totalmente colonizada por la CIA y el Mossad. En la misma línea de acción, pocos días después de la conformación del CNA, el Ministerio de Seguridad, la SIDE y el FBI arribaron a un acuerdo sobre intercambio de información, asistencia técnica y cooperación operativa. Otro convenio incorporó asistencia estadounidense para el nuevo Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal, el FBI criollo.
A todos estos movimientos se suma la habilitación por parte de Milei para que la armada estadounidense patrulle el Mar Argentino Sur por los próximos 5 años, un acuerdo que también se conoció por un anuncio del Comando Sur, que calificó la zona como un "bien común global". También la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, que tiene como fin último poner bajo el control del imperialismo el Estrecho de Magallanes y el Atlántico Sur, clave en la guerra internacional y en las disputas comerciales con China.
La base logística contra el narcotráfico no solo viene a reforzar la alianza estratégica con el trumpismo, sino que se suma a la construcción de un Estado policíaco que ha encontrado en el discurso de "lucha contra el narcoterrorismo" una instancia para restringir libertades democráticas por medio de la coacción y la represión, cuando en el Congreso se está tratando la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía las facultades de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia utilizando la causa de las Islas Malvinas como excusa.
Lucas Giannetti
10/10/2026
Afganistán: lo que no se puede olvidar
Este siete de octubre de 2026, cuando se cumplieron 25 años de la invasión de Estados Unidos y la OTAN contra la República de Afganistán, la fecha y el hecho no aparecieron mediáticamente destacadas en el calendario de horrores, terrorismo, agresión y muerte, característica principal de las administraciones estadounidenses.
La noticia «pasó por debajo de la mesa», se podría afirmar, recurriendo a un dicho popular.
Digamos que, una vez más, aquella acción contra uno de los países más pobres del planeta, no contó con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y, por añadidura, recibió un amplio rechazo de la comunidad internacional.
Pero el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, impuso el lenguaje de la guerra por encima de los reclamos de paz a través de negociaciones.
El 30 de agosto de 2021, Estados Unidos tuvo que aceptar su derrota militar y política en el país asiático, y regresar a casa a los miles de militares que quedaban operando y masacrando en esa nación.
Como es conocido, el pretexto de la invasión fue que el gobierno talibán ofrecía albergue a Osama Bin Laden y a miembros de la organización Al Qaeda, a quienes la administración estadounidense responsabilizó por los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Con el nombre de «Operación Libertad duradera», típico de las aberraciones semánticas que emplean los mandatarios estadounidenses en cada una de sus guerras de agresión y masacre humana, el Pentágono, en su primera incursión militar contra Afganistán, empleó más de 50 misiles de crucero Tomahawk y bombas guiadas de alta precisión lanzadas desde 15 bombarderos B-1, B-2 y B-52 y 25 cazabombarderos.
De la gran masacre contra la población afgana se encargaron un total de 128 961 soldados.
Un recuento inconcluso, por la falta de información fiable en cuanto a su dimensión, entre 106 000 y 170 000 civiles murieron.
Las bajas de la coalición encabezada por EE. UU. ascendían a 3 556 fallecidos, de ellos 2 411 estadounidenses y 455 británicos.
Entre los muertos había unos 1 500 contratistas (mercenarios), mayormente de Estados Unidos.
Otro de los resultados de la guerra contra Afganistán, es que entre los años 2025 y 2026, el país registra una grave inseguridad alimentaria persistente, considerada una de las peores, ya que más de 22,9 millones de afganos, (más de la mitad de la población) requieren asistencia alimentaria y 3,5 millones de niños padecen desnutrición.
Además de los miles de muertos y heridos, Afganistán sufre sanciones económicas occidentales, una de ellas, la congelación de unos 3 500 millones de dólares por parte de Estados Unidos.
De acuerdo con datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, casi tres millones de afganos fueron desplazados de su país o del lugar donde vivían.
Se calcula que la guerra de Estados Unidos contra ese país, tuvo un costo superior a un billón 70 000 millones de dólares.
La multimillonaria inversión en armas, no contempló ni un solo centavo en dinero para saciar el hambre y curar enfermedades.
Elson Concepción Pérez | internet@granma.cu
11 de octubre de 2026 17:10:27
Del acuerdo a la guerra del diésel
Trump ha emprendido una operación atrevida y por sobre todo riesgosa. El Tesoro de Estados Unidos ha suspendido las restricciones y sanciones al comercio de combustible de Rusia, que sigue con activos secuestrados por un cuarto de billón de dólares, y los intereses correspondientes financian la maquinaria de guerra en su contra. Putin se ha comprometido a entregar de inmediato 300 mil toneladas de diésel, 500 mil enseguida después, hasta un millón. Debe servir a la reducción de un tercio en el costo de la materia prima del trabajo de cosecha y transporte del agro norteamericano. Mientras tanto, el cereal ucraniano, y en parte el ruso, se pudre en los almacenes como consecuencia del bloqueo al Mar Negro y al puerto de Odessa. El propósito más amplio es estabilizar los mercados financieros afectados por una inflación monetaria creciente. La decisión de Japón de aumentar los gastos de inversión y rearme ha provocado una liquidación de tenencias de los títulos del Tesoro de larga duración en el mercado de deuda de Estados Unidos. Pero el faltante de diésel no se encuentra vinculado tanto al suministro de parte de las refinerías de Rusia como a los bloqueos de los puertos del Golfo Pérsico y la entrada al Mar Rojo, algo que Trump se niega a admitir, porque no se resolvería procediendo al “aniquilamiento” de Irán. Esta guerra de agresión no provocada condiciona cualquier acuerdo de corto plazo con China, una arteria vital. Como quiera que la flota rusa sufre sanciones de parte de diversos estados, el compromiso de Putin con Trump acerca del diésel enfrenta obstáculos de diverso orden. Se han agravado tanto las condiciones de la guerra como las del comercio de materias primas. Trump se desquita ahora contra Zelensky, cuando hace pocas semanas se comprometió a fabricar los interceptores Patriot en suelo ucraniano. El acuerdo con Putin ha suscitado la oposición de los republicanos estadounidenses, que hace apenas unas semanas habían votado la ley Lindsay Graham, un ultraderechista que acaba de fallecer, que estipula una provisión masiva de armamento para el régimen de Zelensky. La ficción del interregno causado por el faltante de diésel queda de manifiesto cuando se tiene presente que hasta hace horas apenas la ‘conversación’ del momento era la ‘guerra híbrida’ de Rusia contra la OTAN y los preparativos en Alemania para enfrentar una guerra atómica, a más tardar en 2030.
El diésel, después de todo, debería servir para levantar una cosecha que debe ser exportada a China a un precio razonable. Algunos observadores han interpretado la suspensión de sanciones a Rusia como un medio para que pueda solventar su presupuesto y sus reservas de divisas, con independencia relativa de la asistencia de China. Rusia podría ser presionada, en esta hipótesis, para abandonar la importación de bienes ‘duales’ (de uso civil y militar) de China, y ser ‘inducida’ a un “acuerdo de Paz”. Con independencia de su propósito anexionista de Ucrania, Rusia es un estado dependiente en la cadena financiera mundial, que el imperialismo querría convertir en semi-colonia. China carece de los recursos y del interés para rescatarla de esta condición, que se está decidiendo por medio de una guerra imperialista. En definitiva, la guerra imperialista se extiende a escala planetaria y desafía a los trabajadores y masas de todos los países a emprender una acción histórica independiente.
Jorge Altamira
11/10/2026
La burguesía le marca a Pedro Sánchez la puerta de salida
El golpe parlamentario que ha derribado a la gestión de Sánchez tampoco tiene que ver estrictamente con el tema habitacional; tiene que ver con la crisis mundial, la guerra internacional y la tendencia a la derechización de los aparatos estatales. En España, los sucesos en los enclaves españoles en Ceuta y Melilla han desatado una movilización típicamente franquista de la derecha, acompañada por una reafirmación de derecho colonial por parte del gobierno de Sánchez. Antes de que la Puerta del Sol fuera poblada por un acampe de oposición a los desalojos, había sido el centro de agrupamiento del fascismo contra la posibilidad de que una inmigración de marroquíes pudiera tener acceso al espacio comunitario de Europa. Por esos azares de la historia, la protesta contra los desalojos ha servido como sustituto de la movilización contra el fascismo. Al fin de cuentas, incluso un fascista puede ser desahuciado por un monopolio inmobiliario igualmente fascista. La coalición de la derecha y la ultraderecha españolista espera retomar el gobierno en noviembre sin entrar en consideraciones por el suelo urbano. El activismo que lucha contra los desalojos debería poner al frente de su movilización la consigna “no pasarán”. Es lo contrario de lo que hará Pedro Sánchez, que ya ha hecho conocer que su programa versará sobre una suspensión de desalojos.
Frente a encuestas que lo dan como perdedor indiscutible y sin margen para remontar, el Gobierno recurrió a una última maniobra: volver a aprobar los decretos en el Consejo de Ministros para llevarlos a la Diputación Permanente, el órgano legislativo de contingencia que opera mientras las Cortes están disueltas por el llamado a elecciones. Pero los acampantes ya han hecho saber al gobierno que no le aceptan el atajo de la emergencia y que reclaman lo que serían ‘soluciones de fondo”. Pero la nacionalización del suelo urbano y la planificación territorial de la vivienda, el transporte y la industria está fuera del radar de la pequeña burguesía acomodada. La cuestión del suelo es independiente de la estructura diversa que tiene la propiedad urbana, en unos casos concentrada en monopolios, en otro en propiedades individuales, pues se trata de planificar el desarrollo territorial sobre la base de un Estado de trabajadores.
La burocracia de UGT y Comisiones Obreras se mantuvo ajena a la lucha contra los desalojos y ha decidido un paro aislado para mediados de noviembre. La huelga general que el sindicato de inquilinos ha reclamado a la burocracia carece de destino.
Pedro Sánchez ha sido calificado por la prensa internacional como la némesis de Trump en Europa. Washington exige elevar el gasto militar de España al 5% del PBI, para aumentar la demanda de armas a Estados Unidos, pero que el Ejecutivo español mantiene en el 2,5%. Madrid se ha negado a ceder bases y espacio aéreo para las operaciones militares de EE.UU. en Oriente Medio. Un gobierno de derecha cambiaría esta ecuación. Fuera del oficialismo, la izquierda española apoya la guerra de la OTAN contra Rusia. La palabra de orden es poner fin a la guerra imperialista mediante la unidad internacional de los trabajadores.
Política Obrera
08/10/2026
sábado, 10 de octubre de 2026
Milei-Caputo, en tiempo de descuento
Finalmente, se han conocido los detalles de la exposición que el economista Alberto Ades, un exoperador de Goldman Sachs, realizó ante el gabinete nacional el lunes pasado. La presencia de Ades, como se recordará, desató el faltazo sin aviso de Luis Caputo, en señal de desacuerdo con las “tesis” del invitado. Lo que Ades le propuso al gabinete, en definitiva, fue una devaluación de la moneda, en consonancia con lo que otros economistas ligados al gran capital agrario o industrial están predicando desde hace meses. Según Clarín, Ades le agregó a esa propuesta dos condiciones: primero, que la devaluación venga acompañada con otra vuelta de tuerca en materia de ajuste fiscal para que los dólares de las mayores exportaciones se compren con pesos del Tesoro y no de la emisión monetaria. Luego, aludió a “mejoras de productividad”, el lenguaje con el cual estos “expertos” llaman a la sobreexplotación laboral, aclarando enseguida que ello requiere “tiempo y capital político” (Clarín, 8/10).
La “propuesta” de Ades y la ausencia de Caputo han sido apenas un anticipo de la crisis política y de gabinete que está en incubación, como resultado del completo impasse del régimen económico montado por Milei y Caputo hace tres años, angustiosamente rescatado en sucesivas oportunidades por el FMI y el Tesoro norteamericano. Ahora, el “estado de asamblea” instalado en el gabinete por el propio Milei obedece a que el financiamiento de los vencimientos de deuda para 2027 ha ingresado en un túnel oscuro. La economista Marina Dal Poggeto estima que las cuentas que presentó Caputo para responder a esos vencimientos tienen un “faltante” de 23.000 millones de dólares. En un reportaje posterior a su presentación en el gabinete, Ades señaló que, con el actual riesgo país, “ni locos conseguimos” ese financiamiento externo. La fórmula de Ades -devaluación más ajuste- apunta a abatir ese riesgo. Pero el “capital político” que el consultor de Wall Street le exige a Milei-Caputo para hacer explotar semejante bomba se encuentra tan flojo de papeles como los 75.000 millones de dólares con que dice contar Milei para afrontar las corridas que se vienen.
Deuda interna
Caputo, en oposición a un camino devaluatorio, sigue apostando a aplastar el dólar a fuerza de colocar bonos de deuda y absorber pesos pagando por ellos tasas exorbitantes. Pero el resultado de su política -la “estabilidad del dólar”- ha llevado al endeudamiento interno a la peor de las trampas: como consecuencia de la espiral de renovación de deuda a elevadas tasas, por un lado, y del dólar planchado, por el otro, se viene registrando un crecimiento exponencial de esa deuda en pesos cuando se la contabiliza en moneda dura. En los últimos nueve meses, esa deuda pasó de representar de 70 a 100.000 millones de dólares. La gran mayoría de estos títulos se han renovado con cláusulas de indexación que neutralizan cualquier licuación de su monto en el caso de una devaluación. De este modo, la deuda en pesos ya está muy cerca del valor en dólares que había alcanzado al final de Massa, cuando llegó a los 110.000 millones de dólares. La “absorción” con deuda de los pesos utilizados para la compra de los dólares del comercio exterior convierten en una ficción al superávit de balanza comercial, pues, por cada dólar que ingresa, aumenta en la misma magnitud la deuda indexada o dolarizada del Estado. Como la acumulación de reservas tiene por propósito el pago de vencimientos de deuda, cada uno de esos pagos tiene como contrapartida una hipoteca equivalente contra el Estado. La desconfianza generada por esta bola de nieve obliga al gobierno a cambiar el perfil de vencimientos que está ofreciendo en las sucesivas renovaciones; ahora, solo alcanzan hasta finales del año 2027. En lo que refiere a la emisión de deuda en dólares, Caputo debió cerrar el grifo, por las tasas prohibitivas que hubiera debido pagar.
En definitiva, las innumerables bicicletas ensayadas por Caputo en estos años muestran síntomas inocultables de agotamiento. El campeonato de “propuestas alternativas” de los economistas del régimen es una confesión de ello. En las últimas horas, se ha sumado al tropel un mileísta de la primera hora, Cristiano Ratazzi, quien desempolvó la alternativa de la dolarización pero sin decir que debería ser precedida por la devaluación que reclaman Ades, Melconian y otros. Los devaluacionistas enfrentan al deflacionario y ajustador Caputo con un rodrigazo antiobrero, sin hacerse cargo de la rebelión popular que conllevaría esa “salida”.
El debate de los “de arriba” sobre una cesación de pagos -de eso se trata- tiene lugar mientras el derrumbe comercial e industrial se acentúa. Los pronósticos de crecimiento económico, que habían bajado del 3,5 % al 2 % hace un mes atrás, ahora se ubican en el 1,5 % - es decir, en la regresión del producto bruto por cabeza- El “efecto samba”, como llamaron los diarios financieros a la suba de los títulos y acciones argentinas que siguieron a la victoria de Bolsonaro, apenas duró 24 horas. Ahora, comienza a sobrevolar otro “efecto” internacional: el de las rebeliones juveniles y populares que sacuden a Francia, Bélgica, España y, más cercanamente, a Chile y las principales ciudades de Brasil. El “capital político” que reclamó Ades para su experimento antiobrero se está agotando, y también para Caputo-Milei. Este es el escenario que precede a las movilizaciones previstas para el 15 de octubre en todo el país.
Marcelo Ramal
09/10/2026
La Corte Suprema le otorga un “alargue” al régimen liberticida
Al otorgarle una “medida cautelar provisoria” a una organización ambientalista que pidió suspender la derogación de la ley de Tierras, la Corte Suprema improvisó un recule respecto de lo que había resuelto hace sólo una semana atrás. El carácter urgente de la vuelta atrás se aprecia en que los jueces decidieron reunirse de urgencia, además, en un viernes previo al fin de semana largo. El carácter precario de lo resuelto se manifiesta en que la propia Corte lo juzga como “provisorio”, devolviendo la presentación judicial de los ambientalistas a su juzgado de origen, en Bariloche.
Con este parche, los jueces supremos buscaron sortear una eventual crisis política, como consecuencia de la sesión extraordinaria convocada por la oposición para el próximo jueves 15. La sesión había colocado en el temario al mega DNU 70, donde está incluida la derogación de la Ley de Tierras. Pero una derogación del decretazo tendría otros alcances, como la reimplantación de la vieja ley de alquileres y diferentes regulaciones sobre el sistema financiero y las tarifas. A la luz de ese alcance, los propios impulsores de la sesión extraordinaria no estaban logrando reunir el quórum necesario.
El fallo de la Corte, en este sentido, es una contribución para alejar cualquier peligro respecto de la vigencia del DNU 70 y, por lo tanto, una operación de rescate del gobierno. Pero los cortesanos han ido más allá: rescataron también a la oposición “dialoguista”, que ahora podrá ausentarse del recinto con el argumento de que “la soberanía” ya no se encuentra en peligro -esto, como si los insondables porcentuales de la ley de tierras ejercieran alguna influencia real contra el copamiento del suelo y del subsuelo. Pero será un argumento suficientemente fuerte para bajar de la sesión incluso a varios de los que firmaron su convocatoria. La Corte, por lo tanto, ha salido a salvar, no sólo a un gobierno, sino a un régimen político en su conjunto. Se trata del régimen de decretazos y medidas excepcionales que, sin embargo, se han sustentado sobre un consenso político y parlamentario. Entre el DNU 70, la ley Bases, los superpresupuestos a la SIDE y la contrarreforma laboral, rige en la Argentina un régimen infraconstitucional, el cual se asienta en el compromiso férreo de los partidos de la llamada “oposición” Con su medida “ultraprovisoria”, los supuestos salvaguardas de la Constitución han puesto a este régimen de excepción a salvo de las incidencias del próximo 15 de octubre, jornada que incluye también una movilización popular por el financiamiento universitario.
Pero el fallo de la Corte tiene otra implicancia. Los jueces han dejado en claro la determinación de imponer su capacidad de arbitraje, en una situación política donde sobrevuela la cesación de pagos del Estado, por un lado, y una situación social intolerable, por el otro.
Por referencia a esa crisis de conjunto, el rescate de la Corte es tan “provisorio” como su medida cautelar: en el país de los campeonatos de futbol inventados -torneos cortos, largos, sumatorias anuales- la Corte le ha improvisado a los liberticidas “un alargue”, para que puedan pilotear un salvataje financiero y un acuerdo político con los gobernadores que todavía no llega. Veinte mandatarios han resuelto convocar a sus comicios de distrito por separado de los nacionales. Han dejado cualquier acuerdo con el gobierno nacional supeditado, no “al año que viene”, como dicen los diarios, sino a que Milei, improbablemente, remonte la crisis financiera y la debacle industrial.
Pero al arbitrar frente a una organización social y a una reivindicación popular, la Corte también ha tomado nota de un escenario social explosivo, y no solo en Argentina. Mientras los gobiernos capitalistas y sus socios discuten la crisis del régimen que han prohijado, los trabajadores y jóvenes de Argentina se miran en el espejo de lo que ocurre en numerosas rebeliones del mundo. Llegado el punto, los cortesanos tendrán que salir a socorrer a la contrarrevolución social que han bendecido con sus fallos, pero contra el embate de la rebelión popular.
Marcelo Ramal
09/10/2026
viernes, 9 de octubre de 2026
Presti le compra armas a Netanyahu
Las compras de armamento a Estados Unidos e Israel para el ´reequipamiento´ de las Fuerzas Armadas, en medio de un recorte catastrófico del gasto social, se inscribe en el estratégico alineamiento internacional de Milei detrás de los gobiernos de Trump y de Netanyahu y de la incorporación al "Escudo de las Américas". Argentina se inserta en la guerra internacional como subsidiaria del imperialismo norteamericano y la financia por medio del pago de la deuda y la compra de armamento.
En el acto montado en la Plaza de Armas del Regimiento de Infantería 1 Patricios para dar muestra de la compra, el ministro de Defensa, Carlos Presti, posó apuntando con uno de los fusiles israelíes. Ponderó su eficacia como "un salto cualitativo en nuestro armamento individual". Presti continúa revistiendo el grado de teniente general del Ejército.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Delle Nogare, informó que "se está evaluando la factibilidad de implementar en nuestro país una línea de ensamblaje o fabricación" (Zona Militar 29/9), que se complementaría con la formación de instructores y técnicos para garantizar el sostenimiento de los sistemas durante su ciclo de vida. La adquisición de armas sujeta al comprador de estas al suministro de repuestos, actualizaciones y licencias del proveedor. En síntesis, el equipamiento militar quedará subordinado durante las próximas décadas a Israel, cuando es conocido el interés del gobierno liberticida de privatizar Fabricaciones Militares. Según el sitio especializado Zona Militar, hasta "el momento no se precisaron plazos ni interlocutores industriales".
El rearme argentino incluye la compra de aviones caza F-16, vehículos blindados -los P-3 Orion que la Armada incorporará próximamente- y helicópteros Black Hawk, cuyo personal comenzó su preparación el 1 de octubre.
El desembolso total por los fusiles, según consta en documentación presupuestaria, es de $4.752.665.040. La compra se realizó en el marco del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), creado por DNU 314/2026. Los fondos que financian el ARMA provienen de la ejecución o privatización de bienes del Estado, lo que hace que no dependa de partidas presupuestarias preestablecidas. De esta manera Milei y Presti poseen un caudal de capital casi constante destinado a la compra de armamento. En el DNU en cuestión se puede leer que el 10 % del dinero recaudado por la venta, alquiler o privatización de activos del Estado (no militares) se destina de manera automática al Ministerio de Defensa. En lo que respecta a los bienes de las FF. AA. que fueron (o sean) vendidos, hasta el 70 % son destinados al sistema de defensa. Dentro de las fuerzas, en cambio, hay inquietud por las bajas remuneraciones y el quebranto de IOSFA, la obra social.
El largo brazo del complejo armamentístico sionista
Según estadísticas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), la industria armamentística sionista se ha posicionado en el último lustro como la octava potencia mundial en cuanto a la exportación de arsenal militar, acelerada por la guerra internacional, a pesar de las amenazas y sanciones internacionales por el genocidio en Gaza. Los países europeos, que oficialmente han criticado el "belicismo" de Israel en la Franja de Gaza y El Líbano, siguen siendo los primeros clientes en la compra de armamento israelí, con el 36 %, seguidos por la India, que durante los dos últimos años absorbió el 34 % de las exportaciones. El segundo destino de las armas israelíes es Estados Unidos con un 13 %, seguido por Filipinas con un 8 %.
Por otro lado, Israel ha avanzado en la venta de armas a los países árabes, en especial Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Marruecos, países que han suscripto los llamados Acuerdos de Abraham, para cerrar contratos de compra de armamento, alcanzando el 15 % del total de la cifra astronómica de venta de armamento.
El complejo militar israelí ofrece a sus compradores un amplio catálogo bélico, pero se especializa en la construcción y venta de cohetes, misiles, drones, sistemas de defensa aérea y de ciberinteligencia. Israel ofrece, además, la experiencia del uso de ese armamento en escenarios reales, como la Franja de Gaza, Líbano e Irán. Organismos internacionales y reportes periodísticos han dado cuenta de que el régimen sionista ha tomado el genocidio perpetrado sobre el pueblo gazatí como un "laboratorio", donde realizó "pruebas de ensayo" de armas y de tecnología IA de vigilancia. Por caso, los drones israelíes fueron probados por vez primera sobre la población de Gaza. Sus ´productos´ luego son volcadas al mercado armamentístico, habiendo utilizado al pueblo palestino como "conejillos de indias". Por su parte, el grupo israelí NSO vendió a numerosos gobiernos su conocido software Pegasus, utilizado para espionaje de celulares, que permite acceder a todo el contenido, incluidas conversaciones, mensajes de texto, correos electrónicos y fotos. La tecnología de vigilancia israelí es utilizada por los EE. UU. y la Unión Europea, entre otras cosas, para perseguir a los migrantes. En Ruanda y Myanmar, las armas israelíes fueron utilizadas en los genocidios llevados a cabo en 1994 y 2017, respectivamente. Su rol de proveedor de armas en todo tipo de escenarios y masacres le ha permitido a Israel perfeccionar su armamento y su desarrollo tecnológico.
El acuerdo por la compra de fusiles al que arribaron los Ministerios de Defensa de la Argentina e Israel no sólo supone un reforzamiento del alineamiento político con Tel Aviv. Es también la antesala de la colonización armamentística por parte del sionismo, que se complementa con el sometimiento en el que se encuentra el servicio de inteligencia en relación con el Mossad.
Lucas Giannetti
07/10/2026
La Corte Suprema recula: vayamos a fondo con la movilización del 15
La decisión de la Corte Suprema de este viernes por la mañana de reponer las restricciones a los extranjeros para acceder a la compra de tierras es un evidente recule. Restituyó la vigencia de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata del 2024 que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023 (el que deroga la ley de tierras que estaba vigente antes de asumir Milei), que la semana pasada había rechazado; ahora lo hizo –en un cuadro de crisis interna- a través de una “medida cautelar interina” que revierte su fallo anterior.
Evidentemente la Corte tomó nota de la profunda agitación popular creada en torno al tema, que ya se había expresado en una masiva movilización el pasado 6 de agosto, obligando al gobierno a eliminar la pretensión de habilitar sin restricciones la compra de tierras a extranjeros del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Ahora esa agitación se iba a hacer presente el próximo jueves 15 frente al Congreso, empalmando con la marcha federal en defensa del presupuesto universitario. La Corte sintió el temor a la movilización popular que preocupa al gobierno y sus cómplices y decidió recular. En ese sentido, es un logro anticipado de la movilización del 15.
No se nos escapa también que la Corte, con su “inoportuno” fallo de la semana pasada, puso en el centro el DNU 70/23, que es la piedra angular del feroz ataque a los trabajadores con que Milei inauguró su gobierno. Es claro que el DNU 70/23 es un patrimonio que la clase capitalista defiende; por eso en la Cámara de Diputados –incluso cuando el mileísmo tenía unos escasos 37 diputados- nunca se lo rechazó. Como el Senado sí lo había hecho, bastaba una sesión para liquidar ese decreto que, entre otras “virtudes”, liberó las tasas de interés –que los bancos, fintech, etc. usan para tener endeudado a medio país-, las prepagas, la educación privada, los alquileres e introdujo reformas en el régimen de trabajo, entre otras. La “medida cautelar interina” que la Corte resolvió este viernes alivió sobre todo a la oposición patronal –y fundamentalmente- al peronismo, que tenía que salir a defenderlo, ya sea abiertamente o no dando quórum para la sesión especial convocada para el jueves 15.
La decisión de la Corte suspende por ahora la resolución sobre la constitucionalidad del DNU 70/23 –el problema de fondo-, mientras el gobierno por decreto habilita a extranjeros a comprar la ciudadanía argentina por U$S 350.000 como única condición. Como reza el dicho: “hecha la ley, hecha la trampa”.
El temor a la movilización que obligó a la Corte a recular desmiente a la burocracia sindical y a todos los que argumentan que el pueblo argentino está “muy quieto” y no quiere luchar, para cubrir que defienden el rumbo estratégico del gobierno, que es el mandato de la clase capitalista.
A redoblar la movilización. Vamos con todo el 15 para que el “recule” sea completo, en todos los aspectos. Vamos por la huelga general para derrotar a Milei y sus cómplices.
Eduardo Salas
La agitación política en la segunda vuelta en Brasil
Pero el segundo turno electoral tiene su propia pelea política. Flavio Bolsonaro pretende, por lo pronto, rodear un indulto a su padre, condenado a 27 años de cárcel, por golpismo fragante y agresión al “estado democrático de derecho”, con una amnistía generalizada a centenares de condenados por vandalizar el Planalto de Brasilia el 8 de enero de 2023, luego de un sostenido acampe ante los cuarteles del ejército para incitar a un golpe militar. Entre los condenados hay cinco jefes militares de alta patente. Es un tema que afecta las relaciones futuras entre un gobierno bolsonarista y las fuerzas armadas. No existen sondeos que hayan evaluado el interés por este asunto en el electorado. Bolsonaro ha anunciado también la intención de introducir enmiendas constitucionales en el Congreso, en especial en cuanto al Poder Judicial. El Superior Tribunal de Justicia ha protagonizado una serie de actos que lo han envuelto en una crisis mayúscula, incluso en ataques por parte de Donald Trump. La sospecha de que podría iniciar una serie de juicios políticos a los cortesanos ha desatado preocupación en el Congreso. Poner un énfasis en estos asuntos en una segunda vuelta ganada, en principio, de antemano, rodea al balotaje de incógnitas políticas. Lo que es claro, en todo caso, es la intención de alterar la Constitución votada en 1988, falsamente ponderada como democrática. Lula, en aquella ocasión, se abstuvo. La agenda de Bolsonaro promueve un cambio de régimen político, por medio de Propuestas de Enmiendas Constitucionales o PEC, sin el recurso a una Asamblea Constituyente. La derecha tiene una amplia mayoría en el Congreso. El programa de Bolsonaro es de una guerra de clases, especialmente en el campo, en la educación y en las grandes concentraciones obreras.
Otro tema en desarrollo es el proyecto de acortamiento de la semana laboral, de 6x1 a 5x2, respetando el asueto dominical. Cuenta ya con la media sanción de Diputados; el bolsonarismo, que reivindica el 6x1, quiere que el Senado lo trate después del balotaje del 25 de octubre. En cualquier caso, no será aprobado antes de esa fecha porque requiere hasta cinco sesiones para su votación final. Presentado como una conquista, el proyecto lulista es tramposo, porque admite convenios individuales o por empresa, y la prevalencia de los acuerdos entre privados sobre la ley. La polémica en torno a una cuestión laboral esencial seguramente afectará el voto, con independencia de que pueda alterar el resultado en su conjunto. Es claro, sin embargo, que una y otra coalición tienen decidida una política de ajuste, para mitigar el 8% de déficit fiscal sobre el PBI, y un cronograma de vencimientos de la deuda pública muy apretado y exigente. Brasil paga por ella la tasa de interés más alta del mercado internacional.
En la cuestión del endeudamiento de la población, Bolsonaro ha declarado que apoya el planteo de Lula –“Desenrola”. El punto es que absorbe las deudas largamente irrecuperables por un tope de 10.000 reales, o 2.000 dólares, o 2 millones y medio de pesos. Pero la carga relevante, para millones de familias, es del orden de los 200.000 millones de reales. El crédito al consumo ha sido un filón enorme de los beneficios de los bancos.
Más allá de la incidencia de esta crisis en el resultado del balotaje, es claro que marca una agenda de grandes contradicciones y conflictos en el mandato próximo. La incorporación de Brasil al Escudo de las Américas abre las fronteras del país al militarismo norteamericano. Convertiría a Brasil en un cómplice del intento de hacer de Cuba un protectorado del imperialismo norteamericano. No se puede cerrar esta reseña sin señalar la complicidad de la izquierda oficial de Brasil con el actual estado de situación. Juega a un parlamentarismo ficticio y a una critica retórica a Lula, sin la menor intención de preparar al inmenso proletariado de Brasil para una acción histórica independiente.
Jorge Altamira
08/10/2026
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