Bolivia: la huelga plantea fuera Rodrigo Paz, fuera los Milei

Viernes 22, 13 hs, concentración frente al Obelisco

 La entrada de la multitudinaria columna que marchó 200 kilómetros, desde Caracollo en La Paz, produjo la adhesión activa de numerosos sectores de la población de esta ciudad y El Alto. Y nuevos choques represivos con la policía que impedían el ingreso en la Plaza Murillo, donde está el “Palacio Quemado”, sede del gobierno. Todos los días se renuevan multitudinarias manifestaciones de protestas y choques con la policía. 

 Ayer, miércoles, habló el presidente Rodrigo Paz y descartó que fuera a declarar el “Estado de Excepción” (estado de sitio). Al mismo tiempo, la Fiscalía liberó a 95 manifestantes presos, de unos 130 que se reconocen. 

 Paz anunció que estaba “dialogando” con diversos dirigentes de los sectores movilizados, que iba a modificar el gabinete “para que escuche más a la gente” y convocó a la formación de un Consejo Económico y Social, incorporando a opositores que no fueran violentos, para el próximo sábado. El vicepresidente, Lara, que había sido desplazado del poder, venía criticando al gabinete existente, donde había varios miembros que pertenecían al partido del empresario derechista Samuel Doria Medina, que perdió como candidato presidencial en las elecciones del año pasado. 

 Paz, que se presentó electoralmente con promesas contra los “ajustes” que proponía Doria, terminó girando a sus posiciones “ajustadoras” contra el pueblo trabajador y nombrando a varios de sus hombres como ministros en puestos claves.

 Se trata de un intento de cooptación de dirigentes de organizaciones que se están movilizando. Pero el gobierno no deja de lado el látigo: dio un bono de 3.000 pesos bolivianos a la policía (para que reprima mejor), ha lanzado órdenes de captura contra el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y otros representantes de organizaciones campesinas, etc. Paz echó a la embajadora de Colombia por declaraciones en contra de las violentas represiones a los manifestantes. En cambio, han sido bien recibidas las declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, quien dijo que no va a permitir las manifestaciones populares que reclaman la “renuncia de Paz” porque serían un golpe de Estado contra el gobierno “democrático” de Rodrigo Paz. Ocho gobiernos de derecha latinoamericanos -que suscribieron el pacto denominado “Escudo de América” hace un par de meses, por el cual se da vía libre a la intervención militar imperialista en nuestro continente, como parte de la lucha contra el “narcoterrorismo”- han sacado también un pronunciamiento “humanitario” y “democrático” contra las manifestaciones obreras y campesinas y en apoyo al gobierno represor.

 Milei está a la “vanguardia” de este bloque reaccionario y proimperialista. Ha enviado dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina con alimentos y pertrechos militares, actuando contra las huelgas y bloqueos de rutas, en apoyo al gobierno antiobrero. 

 ¿Quién está “negociando” con Rodrigo Paz? 

 Hay versiones serias y extendidas entre el activismo, de que habría importantes dirigentes de la burocracia de la COB y otras organizaciones populares negociando. Se teme una nueva y segunda traición a la vigorosa lucha de las masas trabajadoras. A principios de año, una huelga general en ascenso fue entregada y traicionada por la dirección de la COB que firmó un acuerdo con el gobierno a espaldas de las masas movilizadas, por el cual Paz retiraba el proyecto general de reformas reaccionarias presentado, pero… sacó un nuevo decreto que mantenía vigente el tarifazo sobre los combustibles. Ahora también, el Parlamento votó la derogación de la ley 1.720 –presionado por las masivas manifestaciones y cortes de ruta campesinas- que atacaba frontalmente las pequeñas explotaciones agrícolas (a favor de su concentración por latifundistas y capitalistas del agrobussines), pero… se anuncia que en 60 días se presentara un nuevo proyecto que será elaborado por la comisión parlamentaria agraria, compuesta en un 90% por latifundistas. 

 El gobierno “promete” y maniobra para desmovilizar, para que se levante el ascenso de la huelga general. Por eso, las luchas que se han venido desarrollando han ido votando, una tras otra, el reclamo de la “renuncia de Paz”. 

 Extender la huelga hasta la caída de Paz 

 Hay más de 50 grandes bloqueos de ruta y decenas de asambleas, plenarios y reuniones que vienen desarrollando la huelga general. Hoy, jueves, está anunciada, como respuesta al discurso tramposo de Paz, una multitudinaria manifestación que entrará hacia el centro por cinco columnas diferentes. Es necesario constituir asambleas por lugar de trabajo y vivienda, avanzar en su coordinación y centralización y convocar a una asamblea popular nacional con delegados elegidos en cada instancia. La huelga no se levanta sin que sea aprobada en las asambleas locales y por una asamblea popular nacional. 

 La huelga debe ser profundizada, extendiéndola a todas las capas de la población y llamando a las fuerzas represivas a que no enfrenten al pueblo movilizado. Si la huelga no se profundiza, corre el riesgo de comenzar a retroceder. El gobierno y la derecha están impulsando contramarchas de “ciudadanos” que piden “orden”, es decir la represión de los piquetes y las manifestaciones obreras y campesinas. 

 Una asamblea popular nacional que coordine y lleve al triunfo la huelga hasta la renuncia de Paz estará en condiciones de disputar también el poder político. Evo Morales, por un lado, y sectores burgueses por el otro, plantearon alternativas de poder: que haya elecciones en 90 días. Pero no podrá haber elecciones democráticas y sin proscripciones con este gobierno, que ya tiene cuatro víctimas fatales de las actuales represiones. Y tampoco se trata de cambiar un gobierno antiobrero por otro gobierno antiobrero. Los trabajadores y campesinos que luchan por la “renuncia de Rodrigo Paz” y la obtención de las reivindicaciones de las masas deben dirigir el país, ser una alternativa antiimperialista, obrera y socialista. 

 Este viernes 22 de mayo, a las 13 horas, diversas organizaciones de residentes bolivianos y que se reclaman de la lucha antiimperialista de la Argentina, nos movilizaremos desde el Obelisco (Avda. 9 de Julio y Corrientes) en apoyo a la huelga general: ¡Fuera Rodrigo Paz, Fuera Milei! 

 Rafael Santos

Bajas en las retenciones: Milei le quita a los trabajadores y le da a los exportadores

El gobierno anunció una rebaja de retenciones en la exportación de trigo y cebada al tiempo que impone un tarifazo a millones de usuarios de gas de la Zona Fría. 

 El presidente Javier Milei anunció una baja de las retenciones del trigo y la cebada de dos puntos porcentuales a partir de junio de este año y la intención de avanzar a un esquema de eliminación progresiva de retenciones e impuestos a los agroexportadores en el mediano plazo, siguiendo la lógica oficial de desgravar y beneficiar a los capitalistas y cargar impuestos y saquear a los trabajadores. La política “antiimpuestos” de Milei es solo para las patronales, mientras los trabajadores siguen pagan Ganancias, IVA, impuestos a la vivienda única, entre otros, y cada vez cobran menos salarios. 

 El anuncio presidencial tuvo lugar en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde Milei destacó que las retenciones al trigo y la cebada pasando el 7,5% al 5,5% en lo inmediato, y que esperan avanza hacia enero de 2027 con reducciones de entre el 0,25% y el 0,5% de las retenciones a la soja, en un esquema continuo hasta 2028, todo esto condicionado a la evolución de la recaudación fiscal.

 El gobierno viene haciendo esfuerzos para que los números “cuadren” liquidando y vaciado derechos e institutos de los trabajadores, con un ajuste sin precedentes sobre Educación, Salud, obras públicas, asistencia social y un largo etcétera. En estos momentos, Milei se encuentra empeñado de quitarle el régimen de Zona Fría a más de un millón de familias obreras, mientras las petroleras se encuentran en un récord de exportaciones, con ganancias inauditas. 

 Se trata de un gobierno con una política de clase bien definida. La disminución de retenciones para los agroexportadores no solo redunda en un vaciamiento de las cuentas fiscales que luego repercute en más ajuste contra los trabajadores y en una mayor carga impositiva que es trasladada a la población en general, sino que también impacta en la suba de los precios de los productos y alimentos derivados del trigo, la cebada y los granos afectados, haciendo que los trabajadores terminen pagan más por bienes que se producen en el país. 

 Al gobierno que le gusta hacer cálculos respecto al “ahorro fiscal” de su política de destrucción y ataque a los derechos de la población no se le escapa que la medida anunciada implica una pérdida para el Estado de alrededor de más de 600 millones de dólares en concepto de recaudación fiscal solo del 2026, según estimaciones. 

 Algo similar a lo que ocurre con las carnes, donde la liberación de cupos y el fomento de las exportaciones repercute directamente en una suba de los precios locales, trasladando los precios internacionales al país y haciendo prohibitivo el consumo de carne vacuna debido a la caída del poder adquisitivo de los salarios, que no acompaña este fenómeno. 

 Milei no solo se quedó ahí sino que también adelantó que espera avanzar con una rebaja en las retenciones a la industria automotriz, la petroquímica y de maquinarias, lo que profundiza el traslado de la factura a los trabajadores. Cuando Milei afirma que su misión es “achicar el Estado, para bajar impuestos”, se refiere a que sean los trabajadores quienes financien el Estado capitalista, mientras las patronales tienen las manos liberadas para hacer sus negocios y enriquecerse a costa del trabajo ajeno. 

 El propio Milei reconoce que “el campo proyecta uno de sus mejores años de la historia, con cosechas y exportaciones récord”, sin embargo le ofrece más privilegios a los exportadores, al tiempo que ajusta a los trabajadores que están pasando sus “peores tiempos”, con caída de los salarios, ajuste, suspensiones, despidos, reforma laboral, precarización, etc. 

 Tampoco ha hecho mención alguna de lo regresivo del sistema impositivo nacional, partiendo de la base de que este gobierno reintrodujo el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios –una confiscación directa contra los trabajadores-, mantiene el IVA que grava los consumos de toda la población y sostiene todos los impuestos y gravámenes que recaen sobre los trabajadores, sus viviendas y varios de los servicios fundamentales que estos consumen.

 El gobierno de Milei le saca a los pobres para darle a los ricos: el dinero que se "ahorra" con los tarifazos a millones de personas en los hogares de las zonas más frías del país no va a parar a mayores derechos para la población y de los trabajadores, sino a los exportadores que ya la levantan con pala. No es "ahorro fiscal" sino una transferencia de los recursos de los trabajadores a las patronales. Hay que terminar con este gobierno antiobrero y de las patronales, con la movilización popular y la huelga general hasta que se vaya Milei. 

 Marcelo Mache

Militarización estadounidense del Mar Argentino

El gobierno de Milei firmó un nuevo acuerdo militar y colonial con Estados Unidos. 

 El gobierno de Milei firmó un nuevo acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, que implica la entrega del Mar Argentino. Significa un reforzamiento de la influencia imperialista en Argentina y en América Latina, en momentos en que escalan las amenazas golpistas de Trump contra Cuba y con los libertarios colocando a la Argentina como peón y plataforma de guerra al servicio del Estado norteamericano.

 Se trata del "Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales", que estaría vigente durante los próximos cinco años. Establece que Argentina reciba equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo "para interceptar y neutralizar amenazas marítimas" con la posibilidad de que marines estadounidenses den apoyo a esas operaciones. 

 Por lo pronto, una aeronave especial que patrulla la zona marítima argentina recibió una cámara especializada, y está previsto que Estados Unidos provea a la Armada con dos aeronaves Beechcraft King Air 360ER. Que estamos ante un acuerdo en función de la política militar imperialista de Estados Unidos en la región lo confirmó el comandante de la Cuarta Flota, Carlos Sardiello, que indicó que “llegó la hora de trabajar con socios internacionales y líderes industriales para la seguridad del hemisferio occidental” -o sea, para la dominación imperialista.

 Las “amenazas marítimas” podrían ser, según la óptica de Estados Unidos, los barcos chinos y rusos que realizan pesca ilegal en los límites de la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Actividad que también es llevada adelante por otros provenientes de países como España, Corea del Sur y Portugal. Pero los yanquis tienen un interés especial por contrarrestar la influencia de China, que se transformó en el principal socio comercial de muchos países de América Latina, como se ha visto en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y su nueva Doctrina Monroe.

 Esto ocurre en momentos en que las tensiones comerciales y bélicas entre las dos principales potencias del mundo no amainan, como se vio en la cumbre Trump-Xi Jinping. Algunos relacionaron el pacto con el Escudo de las Américas, la alianza político-militar entre Estados Unidos y los gobiernos derechistas de la región. El gobierno boliviano de Arce viene de reclamar la intervención del “Escudo” para sofocar la rebelión obrero-campesina que lo sacude y reclama su dimisión. Milei ha mandado dos aviones Hércules con pertrechos militares a Bolivia para que Arce pueda usarlos para reprimir al pueblo.

 Declarar al Mar Argentino como “bien común global” significa renunciar a la soberanía. Además, en todo caso, Trump y la burguesía norteamericana buscan que sea un bien suyo y quedarse con sus recursos, como también pretenden terminar de convertir la región en su patio trasero con gobiernos títere, más bases militares y más negocios para los magnates capitalistas yanquis.

 En este marco, Estados Unidos desplegó el portaaviones nuclear USS Nimitz en el Caribe, como parte de su política de agresión económica y militar contra Cuba para forzar un cambio de régimen en su propio beneficio. Está escoltado por un buque de aprovisionamiento logístico Patuxent, el destructor Gridley y por una decena de aeronaves militares. Los yanquis ya han “trabajado por la seguridad del hemisferio occidental” cuando hicieron el golpe en Venezuela que terminó con el secuestro de Maduro. En la previa, Estados Unidos hizo un despliegue naval de grandes dimensiones en el Caribe y bombardeó supuestas lanchas narco en lo que fue denunciado como ejecuciones extrajudiciales. 

 Milei ya había permitido la extensión del control del Reino Unido sobre el Mar Argentino, que está cerca de las Malvinas. En las islas, un conglomerado imperialista integrado por la empresa israelí Navitas y por la británica Rockhopper comenzará a explotar petróleo en 2028 en el yacimiento Sea Lion. El acuerdo sellado entre Milei y Trump aumenta la influencia de Estados Unidos en la región. El territorio malvinense es un gran reservorio de petróleo, gas, minerales estratégicos (zinc, litio, cobre); además, constituye una de las mayores reservas pesqueras del Atlántico y posee rutas marítimas que conectan los puertos del Cono Sur con Europa, además de ser uno de los corredores estratégicos del Atlántico Sur y constituir la puerta de entrada a la Antártida. 

 Desde el peronismo han salido a criticar el acuerdo, con la demagogia que lo caracteriza. Jorge Taiana, exministro de Defensa y quien encabezara la boleta de diputados de Unión por la Patria en las pasadas elecciones bonaerenses, apareció con la perorata de la “soberanía nacional” siendo él quien se ha reunido junto a Cristina Kirchner –al igual que Milei- con Laura Richardson, exjefa del Comando Sur, quien arribó al país en su momento con pretensiones de conquista. Taiana también fue quien promovió junto a Néstor Kirchner el envío de tropas a Haití para respaldar el golpe proyanqui que en 2004 terminó con el gobierno de Aristide y la instalación de la nefasta Minustah. 

 Ni Milei ni la oposición capitalista pueden emancipar a la Argentina de la opresión y explotación imperialista, ya que representan los intereses sociales de una burguesía nativa que encontró lugar en el mercado mundial capitalista para hacer negocios como socia menor de las burguesías imperialistas. El acuerdo de Milei alinea aún más a la Argentina en la política imperialista-guerrerista de Estados Unidos y plantea la posibilidad de que se abran nuevos focos de tensión en la región. 

 Fuera Milei y los yanquis. 

 Nazareno Suozzi

Milei ofrenda reactores y uranio argentino al imperialismo estadounidense

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aprobó un procedimiento administrativo de “acceso preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de iniciativas privadas”. Con esto se da posibilidad a que empresas privadas, ya sean nacionales o internacionales, puedan visitar activos estratégicos como en un tour de compras. El expediente se inició el mismo día en que arribó al país la delegación del Departamento de Estado y la autoridad regulatoria de los Estados Unidos para inspeccionar los centros atómicos del país, y se aprobó a los dos días. 

 El procedimiento pone a disposición de los interesados “todo bien, recurso, infraestructura, derecho, instalación, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación, técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial, que integre, se vincule o se encuentre bajo administración, uso, custodia, guarda, intervención o competencia de la CNEA, y respecto del cual un interesado requiera información, documentación, antecedentes, acceso, relevamiento o autorización de visita en el marco de una solicitud preliminar”.

 Desde ATE indicaron que el objetivo de este procedimiento es avanzar en la privatización del reactor de investigación AR-10 y los yacimientos de uranio que se encuentran bajo jurisdicción de la CNEA - Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut).

 El interés del gobierno por abrir la cancha a la extracción de uranio se da en el marco del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos”, firmado con los Estados Unidos el pasado 4 de febrero. Un tratado que pone los esfuerzos nacionales en el reemplazo de la cadena de suministros que pretenden los EE. UU. en detrimento, principalmente, de China y Rusia.

 En 2023, EE. UU. importó el 99 % del uranio necesario para sus centrales nucleares, principalmente de Canadá, Australia, Rusia, Kazajistán y Uzbekistán. Siendo Rusia el histórico vendedor del mineral, ha dejado de serlo a partir de que el gobierno de Biden logró aprobar una ley de prohibición de importación para el uranio ruso. 

 Se estima que en Argentina hay 40.000 toneladas de uranio. Las tres centrales nucleares que tiene el país consumen 200 toneladas al año; sin embargo, el uranio que consumen es importado desde Kazajistán. 

El interés por una nueva etapa de extracción de uranio en el territorio nacional no tiene que ver con un reemplazo de importaciones, sino con el abastecimiento a EE. UU. El interés norteamericano por este mineral hay que verlo desde tres puntos. Primero: la guerra mundial. Ha prohibido la importación de uranio ruso, pero ¿qué pasará con el uranio canadiense? Canadá es un país que Trump amenazó con anexar y del cual proviene el 25 % de la importación total. Kazajistán y Uzbekistán (21 % y 9 % de las importaciones de uranio a EE. UU., respectivamente) se encuentran también comprometidos en la ruta de la seda, cercanos geográficamente al área de guerra (Irán y Ucrania) o con fuertes lazos político-militares y económicos con Rusia y China, en el caso de Kazajistán.

 El segundo punto que lleva a las empresas a la mayor exploración y extracción de uranio es la fuerte inversión que está desarrollando el Pentágono en el área de la IA, tecnología que requiere -y se encuentra limitada por- una alta demanda energética. Entre las inversiones para IA se encuentran las inversiones para poder hacerlas funcionar. En este marco, se piensa en la instalación de pequeños reactores modulares, con capacidad para alimentar una ciudad pequeña, abocados enteramente a sostener el funcionamiento de los centros de datos (datacenter). 

 El tercer punto vuelve a poner a la guerra como factor principal, ahora a la luz de las armas nucleares. La producción en masa de armas nucleares podría ser el destino final real de todo el uranio que se extraiga de la Argentina, siendo que por el momento la IA tiene más de burbuja financiera que de industria rentable.

 La entrega del uranio a los EE. UU. forma parte de una escalada bélica mundial que apunta a sacar al imperialismo de su retroceso histórico a partir del desarrollo de la barbarie más grande que haya visto la humanidad. La defensa de los glaciares, del agua y de los ecosistemas donde se instalen las minas debe ser discutida con este planteo. 

 Sergio Yeti 

 19/05/2026

La guerra golpea la deuda pública y amenaza derrumbar a los mercados privados

Pone al desnudo la crisis de dominación política internacional del capital. 

 Desde que la agresión norteamericana-sionista contra Irán desatara una crisis energética internacional, el aumento del precio de los combustibles, fertilizantes y algunos minerales raros de especial importancia, no impactó en forma concluyente en la media de inflación de los principales países. Por la misma razón, tampoco afectó los mercados de deuda pública y, por lo tanto, la tasa de interés. Este desfasaje ha concluido: el índice de precios mayoristas en Estados Unidos, en mayo, alcanzó el 6 % anual, cuando la meta de la política monetaria de la Reserva Federal, para los precios minoristas, es del 2 % y la tasa efectiva de mercado orillaba el 4 %. La inflación incide negativamente en los bonos de la deuda pública y un mercado vendedor. Aumenta el costo del financiamiento del Estado; en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania el pago de intereses de la deuda pública se ha convertido en el rubro más elevado de los gastos presupuestarios. Para contener la inflación, la política económica oficial prescribe el aumento de las tasas de referencia que aplican los bancos centrales. La irracionalidad del planteo salta a la vista, pues el desequilibrio económico que se pretende corregir es el resultado de una guerra internacional que tiene pronóstico de escalar. Como el gasto público desatado por la guerra deberá aumentar, como lo prevén los propios estados agresores, un aumento proporcional de los intereses de la deuda conducirá a una recesión ‘desordenada’, que se repartirá en forma extremadamente desigual. El paso siguiente será el racionamiento, como ocurre con todas las economías de guerra. 

 En este contexto, los analistas abordan otra cuestión: el contraste entre el mercado de deuda pública, en baja (aumentando intereses), y el mercado de acciones y el de crédito privado en general, que ha venido subiendo al ritmo de la Fórmula 1. Las ganancias financieras han sido enormes, incluso desde la embestida de Trump “contra el resto del mundo’ – como se viene diciendo. El ascenso accionario es, sin embargo, extremadamente, desigual – el 50% de la suba ha sido acaparado por las dos decenas de compañías que producen semiconductores e Inteligencia Artificial. Space X, la empresa de Elon Musk, ha alcanzado una cotización de 1.3 billones de dólares, con Nvidia pisándole los talones a cierta distancia. Los patrones de estas compañías hicieron parte del elenco que acompañó a Donald Trump a la reunión con Xi Jinping. Estas empresas se financian en el mercado bursátil, cuando emiten nuevas acciones a cotizaciones superlativas. Pero un gran número de ellas lo ha hecho en el mercado de crédito privado, con la particularidad de que se han endeudado varias veces por encima de su capital sin haber ofrecido ganancias realizadas, pero que descuentan que serán históricamente elevadas. Lo que preocupa a los analistas es que un aumento de la tasa de interés afecte ahora al mercado accionario; en primer término, al panel de las llamadas acciones tradicionales, que pagarían las consecuencias de una recesión. Pero, por, sobre todo, a las Grandes Magníficas, como se las llama, debido al mayor costo de su endeudamiento elevado. La crisis mundial de 2007/9 tuvo su epicentro en las Bolsas, no en la deuda pública. Sólo el rescate del capital privado por parte del Estado, en esa crisis y en las posteriores (pandemia), ha llevado a la deuda pública a niveles de default. En resumen, escalada de la guerra, mayor inflación, suba de tasas de interés, recesión, acabarían con el desfasaje entre el mercado de títulos públicos y el mercado accionario, provocando el derrumbe de este último. El mismo resultado podría provocar un revés militar del imperialismo norteamericano o una multiplicación de rebeliones contra las consecuencias de la guerra internacional y contra ella misma. 

 La interrelación de los escenarios de crisis financieras, podría acelerar los ritmos de ellas. Un aumento de la tasa de interés por parte del Banco de Japón, como ya viene ocurriendo, aceleraría la salida de inversiones niponas en Estados Unidos, donde hasta ahora obtenían un diferencial a favor; sería un movimiento de devaluación del dólar, en contradicción con el que impulsa su revalorización, mediante una suba de tasas en Estados Unidos. El eslabón más débil en esta crisis encadenada, es, posiblemente, Gran Bretaña, donde la cuestión de los títulos del Estado ha pasado a ocupar el centro de la crisis política. El impacto de estas sacudidas sobre China se daría en varios planos, en primer lugar, frente a una recesión internacional extendida. Provocaría un enorme revés en una economía que descansa sobre exportaciones elevadas crecientes, debido a una crisis de sobreproducción. Por otro lado, cerraría la apertura de fuentes de financiamiento, como se manifiesta en el éxodo de sus firmas hacia Singapur, que replica, en Asia, al mercado de Nueva York; el desarrollo del capitalismo en China ha sido financiado mayormente por el Estado y sus colaterales regionales y bancarias. El cierre de salidas a la crisis de sobreproducción sería, en China, una chispa eficaz para desatar protestas y rebeliones sociales. Pondría fin, de inmediato, a las fantasías de la burocracia china acerca de los “mercados abiertos” y la “multipolaridad”. La guerra imperialista internacional puede ser vista como un fenómeno súper-estructural, o sea geopolítico. como ocurre con muchos analistas, pero ella es siempre la expresión del estallido de contradicciones indisolubles instaladas en el modo de producción capitalista y, más precisamente, en su época de declinación. Es también la manifestación de la incompatibilidad entre el carácter internacional alcanzado por las fuerzas productivas, por una parte, y los estados nacionales, por la otra. La guerra mundial, de un lado, y la revolución internacional, del otro, no son más que dos salidas antagónicas a una misma contradicción, con la salvedad de que las guerras imperialistas reproducen esta contradicción hasta el infinito y la revolución internacional la supera históricamente. 

 Jorge Altamira 

 19/05/2026

Hidrovía: “empate técnico” en el último tramo de una licitación de interés ´geopolítico´

El lunes pasado, el gobierno nacional ratificó la continuidad de Jan de Nul y DEME, las dos empresas belgas en el proceso licitatorio de la Hidrovía. Este martes se procedió a la apertura de la oferta económica que realizaron ambas empresas, y ambas ofertaron por el mismo monto. 

 Sucede que la oferta económica por la licitación contenía un ardid, ya que el gobierno nacional incluyó en los pliegos un esquema de bandas con una tarifa mínima para la primera parte de la concesión y las dos empresas apostaron por la banda inferior de esa tarifa mínima. Por ende, ambas ofertaron por un monto de U$D 3,8 por tonelada transportada. Ante este “empate técnico”, el gobierno nacional, a través de la Administración de Puertos, volverá a revisar la propuesta técnica, en la que se había impuesto Jan de Nul. En su momento, desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señalaron que en la instancia técnica se presentaron irregularidades de todo tipo. 

 La fiscalía anticorrupción, la pasada semana, elaboró un dictamen donde señala que la discrecionalidad técnica se agravó por el diseño matemático de la fórmula de evaluación económica. “La extrema sensibilidad del sistema ante variaciones tarifarias mínimas convierte a la competencia por precio en un ejercicio ficticio. En la práctica, este esquema anula la puja económica y traslada el peso de la adjudicación de manera casi exclusiva hacia el plano técnico, comprometiendo la objetividad del proceso y generando las condiciones propicias para un potencial direccionamiento” (El Destape, 19/5).

 Según José María Lojo, expresidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y extitular del Consejo Portuario Argentino “la licitación estuvo direccionada. Se sabía que tal como habían sido redactados los pliegos, el mejor posicionado sería Jan de Nul y la oferta económica se volvía una trampa. ¿Casualmente las dos empresas ofertaron el mismo valor para la tarifa?”. 

 Por su parte, desde el Ministerio de Economía afirmaron que no hubo una instancia de impugnaciones entre las empresas, una verdad a medias, ya que en fases precedentes se acusaron mutuamente de tener vínculos con dragadoras de capitales chinos. 

 En la segunda instancia del proceso licitatorio, desde DEME denunciaron que China buscaba intervenir de manera indirecta y que, más precisamente, los capitales asiáticos se encontraban detras de Jan de Nul. Un mes atrás, Arthur Van Desande, asesor de DEME, señaló que “Jan de Nul se asoció con Servimagnus SA, desde hace 20 años el conducto de China en Argentina. Servimagnus SA es el principal subcontratista de dragado de Jan de Nul. A través de las relaciones de Servimagnus con Agrofina, aparecen varias empresas estatales chinas vinculadas al PCCh (...), lo que representa un riesgo significativo para la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Argentina”, y advirtió que “el riesgo que representa China es demasiado alto como para permitirle un control absoluto sobre la Vía Navegable Troncal (...) la seguridad nacional de Estados Unidos y Argentina está en juego” (La Nación, 15/4). 

 Por su parte, desde Jan de Nul denunciaron vínculos de DEME con China, tanto en Ecuador como en la licitación corta de la Hidrovía en 2022, donde integró un joint venture con firmas de ese origen. 

 Para no naufragar nuevamente en la licitación, el gobierno nacional limitó la participación de empresas que hayan sido sancionadas por organismos multilaterales debido a distintos incumplimientos y aquellas que tengan participación estatal, incluida YPF. El DNU fue hecho a medida para desplazar a los capitales chinos y en esta línea de acción la empresa estatal CCCC Shanghai Dredging quedó fuera de la licitación en sus fases preliminares y, con ella, todas las empresas chinas. Un dato no menor es que el país asiático es el principal comprador de los productos que salen por la Hidrovía. 

 En el comunicado del Ministerio de Economía obviaron mencionar el dictamen de la PIA sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental asociados a la ampliación del calado en algunas zonas del río Paraná, y señaló que la última actualización de un estudio de este tipo data de 2006. Pablo Payró, miembro del Foro por la Recuperación del Paraná, explicó que “los barcos se deben adaptar a los ríos, y no al revés. En ningún lugar del mundo se hace lo que se pretende hacer acá: que un buque oceánico pueda ingresar 500km dentro de un continente. En la licitación no se ha presentado ningún estudio de impacto ambiental que avale y sustente semejante decisión; se ha hecho lugar al pedido de las agroexportadoras (las empresas extranjeras que son las principales beneficiarias en todo este proceso), que buscan reducir costos logísticos y aumentar sus ganancias sin medir las consecuencias”. 

 Lobby desenfrenado

La privatización de la Hidrovía, que junto con la del Belgrano Cargas son las dos más importantes que lanzó el gobierno liberticida, está cruzada por intereses de toda índole, teniendo en cuenta el negocio millonario que se anida detrás del control de la vía navegable, una de las más importantes del mundo por los volúmenes de cereales, harina, aceite y parte de la industria automotriz (y otras yerbas) que se transportan anualmente. En definitiva, el control de la ´autovía fluvial´ es una cuestión de poder. 

 Detrás de Jan de Nul se encuentra la argentina Servimagnus, empresa de la familia Román. Por su parte, DEME va a la carga con las dragadoras norteamericanas Great Lakes, Clear Street y KKR. 

 Jan de Nul, la principal apuntada para hacerse de la concesión, cuenta con un complejo entramado político-empresarial de larga data. En 1995, con el apoyo del Grupo Emepa del empresario Gabriel Romero, se hizo de la concesión. Básicamente Jan de Nul puso a disposición un conjunto de conocimientos prácticos y experiencia en el área, que el empresariado argentino no tenía para dragar el Paraná. Al mismo tiempo el Grupo Emepa se hizo de la concesión del Belgrano Norte. Romero figura como arrepentido en la causa Cuadernos, en la que confesó que pagó coimas por U$D 600.000, para que el gobierno de CFK le extendiera por decreto la concesión de la explotación del tramo del río Paraná-Paraguay, que permite conectar el Atlántico y Asunción para el comercio internacional (La Nación, 19/5). El empresario “también reveló que le entregaba al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, un retorno de 10 % a 15 % de los subsidios que recibía por su empresa Ferrovías y además le daba una cuota anual de US$ 500.000 para asegurarse el control de los negocios ligados al transporte” (ídem). La sociedad Jan de Nul y Romero se dividía el negocio de la Hidrovía ‘fifty-fifty’. Al comenzar la causa Cuadernos, los belgas se despegaron de Romero para no quedar pegados en los casos de corruptela. 

 En el truncado proceso de licitación, que viene desde finales del gobierno de los Fernández y atravesó todo el gobierno de Milei, actores con fuertes intereses en el negocio señalan que Jan de Nul es la “elegida” para quedarse con la concesión. De hecho, cuando se cae la primera licitación, la misma se anuló horas antes de que se abran los sobres con las ofertas económicas, cuando la PIA dio a conocer que en los pliegos había requisitos que sólo podía cumplir Jan de Nul. 

 Entre las firmas que aparecen como apuntadas en este esquema, que cuenta como mascarón de proa a Jan de Nul, se encuentran una de las patas de la “patria contratista”: el Grupo Neuss, de los hermanos Juan y Patricio Neuss, que se han hecho de varias licitaciones estatales, en especial en los rentísticos sectores energético y petrolero. Los hermanos Neuss tienen llegada directa al gobierno libertario, ya que son muy cercanos a Santiago Caputo y financistas de la Fundación Faro, el ’think tank’ libertario, encabezado por el ultramontano de Agustín Laje. Este entramado es coronado con la presencia de Iñaki Miguel Arreseygor, que está al frente de la ANPyN. 

 Por su parte, DEME, que viene denunciando insistentemente que los pliegos favorecen a su rival, ya que uno de los requisitos que más puntaje otorga en la instancia técnica es el de contar con la “experiencia en una explotación similar”, no está exenta de controversias. En febrero de 2025, cuando se cayó el proceso licitatorio, Iñaki Arreseygor en su presentación ante el Congreso dio a entender que DEME operó a través de estudios de abogados, medios de comunicación y políticos que orquestaron la caída del proceso que terminó con la nulidad. Arreseygor señaló al exministro Guillermo Dietrich y a Mauricio Macri por haber operado en favor de DEME desde las páginas del diario La Nación. 

 En su reciente viaje a Estados Unidos, Santiago Caputo mantuvo reuniones reservadas con funcionarios norteamericanos. Primero fue citado por Brian Mast, representante republicano por Florida y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y luego se reunió con Michael Jensen, asesor especial de Trump sobre Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Mast, dando cuenta del interés norteamericano en la Hidrovía, declaró ante el sitio The Floridian que “los Estados Unidos acaban de asistirlos con U$D 20.000 millones, y que no se permita a empresas norteamericanas trabajar en sus puertos, sus vías navegables, el dragado o cualquier otra actividad es inaceptable para nosotros”. Concretamente, los funcionarios trumpistas le transmitieron al asesor presidencial su inquietud por la penetración de capitales chinos en sectores estratégicos de la Argentina. 

 En las reuniones paralelas que mantuvo Caputo estuvo flanqueado por Barry Bennett, socio en la firma Tactic Global, del argentino Leonardo Scaturice, el presunto exagente de inteligencia que hoy es dueño de Flybondi y de OCA. Además de la Hidrovía, en las reuniones surgió la cuestión del puerto de Ushuaia y la cuestión energética. 

 Los funcionarios y lobbystas norteamericanos le hicieron saber a Caputo que en los EE. UU. circula la sospecha de que detrás de Servimagnus, socia de Jan de Nul, se encuentra la injerencia de la República Popular de China. También le señalaron que el pliego de la licitación favorecería a Jan de Nul en detrimento del encabezado por Deme, con capitales norteamericanos detrás. “Hay informes de los Estados Unidos que sugieren el vínculo. A Santiago le avisaron que esos informes estaban”, apuntó una fuente al tanto de las conversaciones. (La Nación, 15/5) Estas reuniones se dieron en el marco de la cumbre entre Trump y Xi Jingping, en la que este último planteó una nueva “estabilidad estratégica”, pero ante un tema estratégico, como lo es la Hidrovía, el “American First” tiene su primacía en la agenda hemisférica de los Estados Unidos. Todo un desafío para el gobierno de Javier Milei que, si bien mantiene un rabioso alineamiento político, económico y militar con Estados Unidos e Israel, nunca descuidó sus vínculos con China, a quien el presidente argentino llegó a definir como “un gran socio comercial” (ídem). 

 La licitación ha encontrado un nuevo escollo que el Gobierno busca sortear rápidamente para satisfacer los intereses norteamericanos, del capital agroexportador y de la “patria contratista”, quienes buscan reforzar el control del comercio, el contrabando y la apropiación de recursos naturales a manos de las grandes cerealeras y el Comando Sur, que ya opera en el río Paraná por medio de técnicos militares. 

 Lucas Giannetti 

 20/05/2026

Karina Milei-Santiago Caputo: el gobierno liberticida se resquebraja

El gobierno liberticida experimenta una agudización de la lucha de camarillas “ménemokarinistas” y “santicaputistas”. Algunas versiones indican incluso que ha debido postergar la reunión de la ´mesa política´ para evitar una trifulca. 

 Aunque la disputa tiene larga data, eclosionó durante el fin de semana, cuando Santiago Caputo reveló que detrás de la cuenta de X @PeriodistaRufus se ocultaba el presidente de la Cámara de Diputados y escolta de Karina Milei, Martín Menem, desde donde disparaba fuego graneado contra Santiago Caputo, pero también contra su tío, el titular de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios. Puesto en evidencia, Menem borró la cuenta. Con ánimo de pacificar, Javier Milei lo excusó y dijo que era todo "prefabricado". También se refirió a Santiago Caputo como "un hermano del alma". Los tuiteros "caputistas" no retrocedieron y le devolvieron nuevas pruebas informáticas de que Menem era, efectivamente, quien operaba la cuenta.

 El asunto ha escalado a niveles que han dejado en segundo plano, por primera vez en 70 días, los infortunios de Manuel Adorni y su suntuoso tren de vida. 

 El "asesor" pelea por matener su injerencia en el gabinete. Mantiene, por ahora, bajo su control a la SIDE y a ARCA, dos resortes fundamentales de la política estatal y una enorme cantidad de recursos, como el manejo de información de inteligencia política y económica, la administración de gastos reservados y la recaudación fiscal. Ha resignado, en cambio, el dominio sobre el Ministerio de Justicia tras el nombramiento de Juan Bautista Mahiques, un exponente de la ´casta judicial´, a instancias de la hermana del presidente. Más recientemente, Karina Milei colocó a Sebastián Pareja al frente de la estratégica Comisión de los Organismos y Actividades de Inteligencia Bicameral, que tiene a su cargo el control de los gastos reservados de la SIDE que administra el “caputista” Cristián Auguadra. La vicepresidencia de la comisión también quedó en manos de otro aliado de Karina Milei, Martín Goërling Lara, senador misionero que preside el bloque del PRO en Senadores.

 Un alto funcionario del gobierno le dijo a La Nación que “podrán fingir demencia, pero lo que pasó es serio. Es difícil saber qué va a pasar o si va a terminar pasando algo, pero está claro que hay un quiebre como no lo hubo nunca antes” (La Nación, 19/5). Hasta ahora, Javier Milei no ha tomado posición sobre la pelea de fondo.

 Las peleas de camarillas han sido una constante en el gobierno liberticida, como lo prueban la difusión de audios y chanchullos que involucran a funcionarios de segunda línea, aunque nunca hasta ahora habían quedado tan expuestas en el máximo nivel de la gestión. Hace 15 días se presentó otro quiebre interno, cuando Patricia Bullrich reclamó públicamente que Adorni presente de manera urgente su declaración jurada.

 El motivo de fondo de este súbito agravamiento de las grietas que exhibe el gabinete se vincula con el plan de privatizaciones. Caputo ´apadrina´ a la familia Neuss, que ha pasado del negocio de la aguas gaseosas a ingresar con fuerza en el negocio de la energía, haciéndose de las acciones estatales de Transener y disputa la Hidrovía. Santiago Caputo viajó especialmente a Estados Unidos a discutir este tema. El "asesor" mantiene vínculos aceitados con la administración Trump, los servicios de inteligencia del imperialismo y con lo más granado de la derecha trumpista. Detrás de las firmas que pergisuen hacerse de la administración de la navegación del Río Paraná se ocultan intereses geopolíticos poderosos. 

 Por otro lado, la secretaria general de la Presidencia es también su recaudadora. La competencia con otro advenedizo, sin cargo formal en la estructura de gobierno, anima este choque de ambiciones personales. 

 El robo de los fondos de ANDIS, la estafa $Libra, los préstamos del Banco Nación, Adorni -y la lista sigue-, retratan al gobierno Milei. 

Lucas Giannetti

20/05/2026

Cómo sería un gobierno de Izquierda | Cumbre TRUMP - XI | Rebelión en Bolivia | 14 Toneladas T3E15

Audiencia pública por la libertad de Milton y Eneas // Legislatura CABA

Radiografía de la uberización del mercado laboral argentino

Informes confirman que cada vez son más los trabajadores con más de un empleo o que pierden el trabajo y migran al “monotributo”.

 La ofensiva antiobrera del gobierno de Javier Milei y las patronales está profundizando una orientación que muchos sectores han denominado “uberización” del mercado laboral, por la cual aquellos trabajadores despedidos o incluso con un empleo cuyo salario no les alcanza se ven forzados a realizar otros trabajos precarios, como choferes de Uber, repartidores de las apps de delivery y otros empleos degradados donde no se reconoce la relación de dependencia y prima la autoexplotación. 

 No solo se trata de los casi 300.000 puestos de trabajo liquidados por la política económica del gobierno de Milei, sino también de la situación de aquellos trabajadores en actividad que requieren un segundo empleo para poder llegar a fin de mes: el pluriempleo pasó del 8,8% en 2016 al 12,2% en la actualidad, con casi 1,6 millones de ocupados con más de un trabajo, mientras que los ocupados demandantes de más horas de trabajo pasaron el 17,7% en 2022 a casi 20%. 

 Es la situación que retrata el testimonio del docente universitario Nicolás Pozdzyk, quien como docente de la Universidad de Buenos Aires –fuertemente ajustada por el gobierno nacional que se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario- llega a cubrir tan solo el 25% de sus ingresos totales, mientras que el 75% restante lo hace trabajando como chofer de pasajeros y fletes. 

 Según un informe publicado por el Grupo de estudios sobre movilidad y desigualdad social del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) la caída del empleo formal es incluso levemente inferior a la creación de “puestos cuentapropistas”, considerados de baja calificación o precarios, con una proporción de asalariados formales está en el mínimo histórico, con 46% del total de ocupados, contra un 48% de informalidad laboral. 

 Se trata de un deterioro general del mercado laboral que no solo afecta a millones de trabajadores, con peores salarios y condiciones laborales, sino que redunda en una caída de la recaudación de otros institutos, como el sistema previsional argentino y las obras sociales, vaciando y liquidando derechos de los trabajadores y beneficiando únicamente a las patronales. 

 De acuerdo al mismo informe 7 de cada 10 nuevos puestos creados son precarios y los otros 3 restantes son monotributistas (Es decir: 7 son cuentapropistas de baja calificación y 3 monotributistas), por lo que 10 de 10 son “autoempleo”. 

 Los cuentapropistas de baja calificación crecieron velozmente los últimos diez años, pasando de 1,8 millones en 2016 a 2,6 millones en 2025, con un 73% de estos en la informalidad (sin monotributo ni obra social o jubilación). Estamos hablando de comerciantes callejeros, obreros de la construcción y trabajadores de producción industrial informal, con un 85% que no supera la línea de pobreza y el 42% la de indigencia.

 La situación es aún más grave para el caso de la juventud con menos de 30 años, quienes representan el 53% de los desocupados y con una tasa de informalidad laboral que alcanza el 58% (casi 2 de cada 3 jóvenes son informales). Mientras que los jubilados que trabajan asciende al 18% (el máximo en 9 años), debido a la insuficiencia de ingresos de los haberes jubilatorios. No solo se trata de las consecuencias de una política económica recesiva, ligada a los negocios del capital internacional, financiero y la banca privada, sino que también existe una colaboración estrecha de la burocracia sindical al frente de las centrales obreras y la mayoría de los sindicatos, dejando pasar las reformas antiobreras (Ley Bases, Ley de Modernización Laboral, etc., los cierres de plantas y despidos, y aceptando los techos paritarios oficiales que anclan los salarios por detrás de la inflación. 

 La complicidad de la burocracia sindical con este deterioro va todavía más lejos, con el antecedente de la tercerización y flexibilización laboral bajo el kirchnerismo, del cual los burócratas como José Pedraza, entonces secretario general de la Unión Ferroviaria y “modelo sindical” de Cristina, terminaron como socios comerciales de las patronales y como verdugos de los trabajadores, con el asesinato de Mariano Ferreyra de por medio para intentar evitar la organización contra el fraude laboral y para conquistar el pase a planta permanente bajo el convenio correspondiente, poniendo fin a la división del colectivo obrero.

 Esta situación requiere de desarrollar la organización independiente de los trabajadores, con la unidad de trabajadores registrados e informales o mal encuadrados, para luchar contra la precarización laboral, el pluriempleo y la explotación patronal, y derrotar al gobierno ajustador y negrero de Milei y sus colaboradores. 

 Marcelo Mache

Semana de maniobras en el Congreso: la oposición patronal al rescate de Adorni y la agenda del oficialismo

El oficialismo convocó una sesión este miércoles para bloquear la sesión especial de la oposición para interpelar a Adorni y otros funcionarios. 

 La crisis política abierta alrededor del gobierno de Javier Milei tendrá este miércoles un nuevo capítulo en el Congreso Nacional, atravesado por maniobras, negociaciones y operaciones de rescate al oficialismo. Mientras distintos bloques opositores habían convocado para las 11:00 horas una sesión especial destinada a tratar pedidos de interpelación contra Manuel Adorni y otros funcionarios, y también diversos reclamos populares, La Libertad Avanza respondió convocando otra sesión una hora antes con un temario completamente distinto y el objetivo evidente de hacer caer la iniciativa contra el jefe de Gabinete. 

 La sesión impulsada originalmente por diputadas y diputados del Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Defendamos Córdoba, sumó ahora firmas de Unión por la Patria y contempla tratar distintos pedidos de interpelación contra Adorni, incluyendo la moción de censura presentada por el Frente de Izquierda Unidad para removerlo del cargo. También figuran pedidos de interpelación a Sandra Pettovello y Carlos Torrendell por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, diversos proyectos sobre licencias parentales, la virtual eliminación del Plan Remediar, la situación crítica del Pami respecto a la cobertura de medicamentos, y el vaciamiento y despidos del Servicio Metereológico Nacional. 

 Sin embargo, apenas se confirmó la convocatoria opositora, el oficialismo movió sus fichas, convocando una sesión para las 10:00 horas junto a los bloques colaboracionistas, buscando ocupar el recinto antes de que avance cualquier debate sobre Adorni. El temario elegido incluye la llamada “Ley Hojarasca”, orientada a derogar regulaciones y normativas favorables a los trabajadores y populares; distintos tratados y convenios internacionales; y las modificaciones al régimen de zona fría para habilitar nuevos tarifazos energéticos en todo el país.

 Según los distintos trascendidos periodísticos, la sesión especial convocada por el oficialismo reuniría un quórum muy ajustado de 129, si asiste la bancada libertaria y la totalidad de las bancadas de los bloques que comprometieron su participación (PRO, UCR, MID, Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo). Si el oficialismo fracasa, igualmente el quórum para la sesión especial convocada por la oposición aparece más complejo. Los bloques firmantes podrían no participar en pleno, como es el caso de Provincias Unidas, cuya presidenta de bloque, Gisela Scaglia, participó de una reunión de presidentes de bloque “dialoguistas” con Martín Menem. Particularmente los legisladores que responden a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe podrían ausentarse como “gesto” de gobernabilidad. 

 El gobierno pretende así retomar la iniciativa en el Congreso para profundizar su ofensiva antiobrera mientras bloquea cualquier cuestionamiento e investigación sobre los escándalos de corrupción y negociados que envuelven a la camarilla libertaria. La denominada “Ley Hojarasca” constituye directamente un programa de demolición de derechos y regulaciones que interfieran con los negocios capitalistas, mientras el recorte de zona fría apunta a descargar sobre millones de familias trabajadoras nuevos aumentos en las tarifas de gas y la energía.

 La oposición patronal al rescate de Adorni 

Uno de los datos políticos más relevantes vuelve a ser el rol de la oposición patronal, particularmente de Unión por la Patria. Todo indica que el peronismo está jugando a congelar el tema Adorni. Al menos eso es lo que ha ocurrido concretamente hasta ahora. La primera manifestación de esto fue que ninguno de los 93 diputados de Unión por la Patria firmó originalmente el pedido de sesión especial del jueves pasado, que no competía con ninguna convocatoria del oficialismo. Dicha sesión se postergó por expreso pedido del bloque peronista, que argumentaba que “la agenda no puede ser solo el tema Adorni”. Curioso argumento de parte de un bloque que usó sus 68 minutos de la sesión informativa a la que concurrió el jefe de gabinete el 29 de abril a hablar casi exclusivamente del “tema Adorni”. 

 Además de ello, bien podría haberse reprogramado la sesión especial de este miércoles para el jueves y evitar así superponerla con la maniobra oficialista. Lo que ocurre es que distintos medios señalan la existencia de negociaciones entre Martín Menem y sectores del peronismo para evitar tanto la interpelación como cualquier avance de una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Según esas versiones, una parte del PJ considera que la continuidad de Adorni “desgasta” al gobierno y por eso prefieren preservarlo.

 Lejos de representar una oposición consecuente al régimen libertario, el peronismo vuelve a mostrar su política de contención y colaboración parlamentaria. En la escena mediática nacional, los escándalos de corrupción de Adorni ocupan hoy un lugar muy destacado. Un factor muy importante es justamente el contraste que existe entre el enriquecimiento ilícito, la compra de propiedades, los vuelos privados y los viajes de lujo, con la realidad material de millones de trabajadores que sufren sobre sus espaldas un ajuste brutal del cual este gobierno es el principal responsable. Sostenerlo en su cargo no “desgasta” al gobierno, sino que colabora con el fortalecimiento de este gobierno enemigo de los trabajadores. 

 El problema de fondo para los bloques patronales y, por lo tanto, defensores de las “instituciones”, es que una eventual caída de Adorni podría abrir una crisis política mayor para el gobierno de Milei. La defensa cerrada del jefe de Gabinete por parte de Milei revela que el gobierno teme que cualquier fisura exponga el entramado de corrupción, privatización y negocios que atraviesa a toda la administración libertaria. 

El planteo del Partido Obrero y el Frente de Izquierda 

El planteo del FIT-U se distingue por señalar que Adorni es apenas una expresión de un régimen de negociados, privilegios y corrupción que encabeza Javier Milei desde la Casa Rosada. Como señaló Néstor Pitrola en la cara del jefe de Gabinete en la sesión del 29, día del ñoqui: “Milei es el vértice superior de una pirámide de corrupción”.  A diferencia de las del peronismo, la intervención de Pitrola se destacó por una denuncia integral al régimen político de corruptos y estafadores, y a los ataques contra los trabajadores y el pueblo. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de no circunscribirse solo a Adorni, planteando el juicio político contra Javier Milei. Este planteo lo proponemos al movimiento popular como una bandera de lucha frente a un gobierno que hunde al país en una catástrofe social: salarios destruidos, jubilaciones de miseria, despidos, tarifazos, cierre de fábricas, desmantelamiento de organismos públicos, ajuste a la educación, ajuste a la salud y sometimiento al FMI. 

 Queda demostrado, una vez más, que el camino para derrotar este régimen de hambre y saqueo no vendrá de las maniobras parlamentarias de una oposición patronal que permanentemente rescata al gobierno cuando este entra en crisis. La tarea estratégica es desenvolver la organización independiente de los trabajadores y una gran movilización popular capaz de derrotar el ajuste, los tarifazos y el conjunto del programa fondomonetarista del gobierno libertario y sus cómplices. 

 Fede Casas

Fuerzas Armadas: entre el rearme y la motosierra

En un movimiento aparentemente contradictorio, el Gobierno anunció un programa de rearme de las Fuerzas Armadas y, casi simultáneamente, un recorte de casi 3 % en el presupuesto de Defensa. 

 El gobierno nacional lanzó el Plan de Adecuación y Re-equipamiento Militar Argentino (ARMA), para “ordenar y “Fred” Machado se declara culpable de fraude y lavado de dinero en Estados Unidospriorizar el re-equipamiento militar en función del planeamiento conjunto y de las necesidades operativas de cada fuerza”. El programa se financiará por medio de privatizaciones, concesiones y venta de activos estatales. El 70 % de los recursos que ingresen por ventas o concesiones de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas serán destinados a la compra de equipamiento y obras de infraestructura.

 Los liberticidas prevén que, si se avanza en las privatizaciones, los fondos destinados a Defensa “podrían adquirir una magnitud relevante durante los próximos años”. En los pasillos de la Casa Rosada sostienen que “la decisión responde a una instrucción directa del presidente de fortalecer áreas consideradas sensibles para la defensa nacional, en un contexto regional e internacional que volvió a poner en primer plano la cuestión militar, la vigilancia de fronteras, el control marítimo y la competencia geopolítica por espacios estratégicos” (Infobae, 1/5).

 El plan también contempla obras de infraestructura consideradas "críticas" para el funcionamiento de las Fuerzas, como bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, instalaciones logísticas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en unidades militares. Uno de los proyectos más relevantes es la Base Naval Integrada a construirse en Ushuaia, un reclamo del imperialismo para incrementar su logística y operatividad sobre el Atlántico Sur, el paso bioceánico de Magallanes y la Antártida. 

 El Plan ARMA, de alguna manera, es una ´contribución´ del Estado argentino a la empresa bélica imperialista. Comenzó con la compra de aeronaves de combate F-16 Fighting Falcon, de origen norteamericano, a Dinamarca, que se complementa con inversiones “en bases aéreas, simuladores, entrenamiento de pilotos, logística y mantenimiento especializado” (ídem). Por su parte desde el Ejército avanzaron en la compra de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos, destinados a mejorar movilidad táctica, protección y capacidad de despliegue rápido. Desde la Armada, el arma más enconada con el ministro Presti, buscan recomponer la operatividad submarina luego de la implosión del ARA San Juan en 2017. Nuevamente, negocio en puerta para los proveedores.

 En contraste con esto, el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), un programa de autoría de Agustín Rossi para equiparar los salarios de las Fuerzas Armadas con las de otras fuerzas de seguridad, se encuentra congelado. Inicialmente se financiaba con un porcentaje progresivo de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, pero el Presupuesto de 2026 derogó este financiamiento porcentual y se estableció un monto fijo, eliminando las garantías de financiamiento automático. 

 El gobierno liberticida también ha dispuesto el recorte del 2,6 % de los recursos para el sector, haciendo peligrar no ya la "capacidad de combate" de los militares argentinos, sino el pago de la luz y el gas de los cuarteles y la comida de los soldados. Altas fuentes del Ejército le señalaron a Clarín (11/5) que “la medida afectará aún más la ya crítica entrega de alimentos a los efectivos. Muchos de ellos ya encuentran dificultades para obtener raciones, salvo cuando realizan guardias, y la mayoría de los soldados dependen de las comidas en los cuarteles para poder alimentarse debido a los bajos salarios, que no llegan siquiera a mil dólares”. El sitio especializado Zona Militar estima un recorte superior a los $48.900 millones. Desde el gobierno nacional salieron a señalar que el recorte no supone necesariamente la cancelación definitiva de la iniciativa de rearme, aunque sí posterga su ejecución hasta encontrar una fuente alternativa de financiamiento. 

 En el cuadro de crisis en OSFA -Obra Social de las Fuerzas Armadas-, la única área que percibirá un aumento en las partidas es Sanidad Naval, con un incremento de $4.000 millones, “compensación que no modifica las capacidades operativas pero evidencia la presión acumulada sobre el sistema sanitario de la fuerza” (ídem). 

 En síntesis, el "rearme" de las FF. AA. será un negocio. El avance de las privatizaciones supone un gran negocio inmobiliario, por un lado, las tres fuerzas, que cuentan con terrenos y locaciones altamente codiciadas por los especuladores, ubicadas en todo el país, y por otro los proveedores de armamento, especialmente norteamericanos e israelíes, de acuerdo al alineamiento ´estratégico´ del gobierno argentino. 

 La excusa de "la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico" ha servido para justificar este intento de devolverles a los militares protagonismo político. Incluso ha incorporado a una de sus facciones al gabinete, inaugurando un gobierno cívico-militar. Los liberticidas quieren sumar a las Fuerzas Armadas como un contrapeso esencial ante una crisis interna y una rebelión popular, pero la crisis estructural que sacude a su gobierno acabó por envolver este proyecto represivo. 

 Lucas Giannetti

 18/05/2026

“Fred” Machado se declara culpable de fraude y lavado de dinero en Estados Unidos

Espert queda en el centro de la escena Federico 

“Fred” Machado, exfinancista de José Luis Espert durante su campaña presidencial en el año 2019, ha decidido declararse culpable de los delitos de fraude y lavado de dinero tras llegar a un acuerdo en Estados Unidos con el fiscal federal de Texas, Jay Combs. El acuerdo tiene como intención evitar el juicio oral, que podía resultar en varias décadas de condena, así como el retiro de la acusación de narcotráfico, que había sido central en 2020 cuando surgió la denuncia contra Machado. El acuerdo debe ser aceptado por el juez para que sea oficial. Machado se encuentra hace 6 meses arrestado en un penal de Oklahoma y su proceso puso en el centro de la escena, el año pasado, sus aceitados vínculos con el entonces diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, un fascista que se caracterizaba por reclamar “bala para los delincuentes” en las redes sociales, y quien tuvo que bajar su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el escándalo. 

 El acuerdo firmado por Machado no estipula una condena concreta, que será definida por el propio juez, aunque descarta la acusación más importante contra Machado. Su exsocia, Debra Lynn Mercer-Erwin, fue sentenciada a 16 años tras admitir el delito de narcotráfico internacional en 2023. Ahora, Machado espera obtener diversos beneficios como que sean tenidos en cuenta como cumplimiento de sentencia sus 4 años de prisión domiciliaria en Río Negro desde 2021 hasta su extradición a los Estados Unidos. La extradición fue acelerada por el alcance público que obtuvo la revelación de una conexión oscura entre Machado y el entonces candidato a diputado nacional, José Luis Espert.

 El dueño de la empresa de aviación South Aviation espera concretar una pronta recuperación de su libertad y obtener el beneficio de culminar su sentencia en libertad en la Argentina. Los medios aseguran que su entorno asegura que al retornar al país volverá a ejercer sus negocios. Machado fue un habitué de las altas esferas de la política local durante al menos dos décadas; también se conocen conexiones de importancia en el ámbito del espectáculo y el deporte. Dedicado a los vuelos privados, supo construir una sólida red de contactos. Machado es solo un alfil de la lumpenburguesía que vive del robo y la estafa. 

 La actividad por la que es acusado Machado incluye la creación de un fideicomiso para inscribir aviones con licencia estadounidense, logrando circular millones de dólares mediante este mecanismo. Durante años, Machado y sus socios recurrieron a la estafa lisa y llana en la venta de supuestos aviones que resultaban “invendibles”, puesto que pertenecían a terceras empresas. Entre los casos reconocidos por Machado en el expediente se cuenta: “en septiembre de 2019, lo hicieron con una aeronave radicada en China; en febrero de 2019, con un avión que pertenecía a All Nippon Airways desde 2010 y estaba registrado en Japón; y en noviembre de 2020, con un avión de Air India, sobre el que se firmó un contrato por un depósito reembolsable de US$ 5 millones.” (La Nación, 15/05) 

 El proceso de lavado de dinero ha puesto en el centro de la escena la transferencia por 200 mil dólares realizada a Espert, que figura entre las pruebas del fiscal Combs para justificar la acusación. Machado se vió obligado a alcanzar un acuerdo, tras negar en repetidas instancias cualquier delito, debido a la acumulación de pruebas en su contra, 20 terabytes de información, y la sentencia de su principal socia, Mercer-Erwin. 

 Se especula que Machado haya otorgado información, no publicada, a las autoridades puesto que los acuerdos siempre incluyen el arrepentimiento y la cooperación con las autoridades. Se espera que haya sido el otorgamiento de otros implicados o de la ingeniería utilizada para lograr un circuito confiable (Diario Ar, 12/05).

 La resolución de la causa contra Machado puede traer consecuencias contra el exdiputado Espert, que se encuentra acusado por lavado de dinero para la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables en un juzgado federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli. La investigación es conducida por el fiscal Fernando Domínguez, que ha encontrado diversos indicios que corroboran las acusaciones contra Espert. En primer lugar, el fiscal ha demostrado que existió una relación comercial entre Espert y Machado. En segundo lugar, demostró que la justificación presentada por Espert: auditar las finanzas de Minas del Pueblo, en Guatemala, a pesar de no tener experiencia previa comprobable, alcanzaba en realidad un monto por 1 millón de dólares y nunca fue llevada a cabo. Con el reconocimiento de Machado sobre sus delitos, Espert se transforma en un eslabón de la red de lavado de dinero. 

 Atento al desenlace judicial de su exfinancista, Espert intentó trasladar sus causas a Comodoro Py, algo que fue rechazado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que lleva adelante la causa abierta en 2021 tras el pedido de detención de Machado por parte del tribunal de Texas. 

 La trama delictiva de Machado-Espert se ha extendido como una mancha de aceite sobre la primera línea del gobierno liberticida. La estafa y el robo son el método de gobierno que ha encarado “La Libertad Avanza”; para este fin ha moldeado un régimen político a su medida. Es lo que sucede, a su propio nivel, con Donald Trump y su gabinete. La red internacional de la guerra y el fascismo es, a su vez, la del pillaje y el robo. Toda una clarificación del estadio que ha alcanzado el parasitismo del capital en su decadencia histórica. 

 Joaquín Antúnez

 17/05/2026

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius enciende las alarmas en todo el mundo

En las últimas semanas, el brote de hantavirus a bordo del crucero de lujo MV Hondius, que provocó tres muertos y otros once contagios, forma parte de la agenda pública nacional e internacional. Encendió las alarmas porque la cepa detectada es la Andes Sur, única variante con capacidad de transmisión entre personas. Dado el amplio recorrido de la embarcación, ha surgido el interrogante de si nos encontramos frente a la posibilidad de una nueva pandemia. 

 La “Odisea Atlántica” del MV Hondius comenzó el 1 de abril en Ushuaia, Argentina. Se trata de un crucero de lujo operado por Oceanwide Expeditions. Habitar sus camarotes tiene un costo que oscila entre los 11.000 y 17.000 dólares por persona. Se encontraba transportando a 114 pasajeros a través de la Antártida rumbo a Cabo Verde (África). 

 El primer caso registrado fue el de un pasajero holandés de alrededor de 70 años, quien desarrolló fiebre el 6 de abril y falleció a bordo del barco durante la noche del 11 de abril. Frente al hecho, el médico del barco no tomó muestras ni ordenó aislamiento y el capitán expresó a los pasajeros a la mañana siguiente: “Según me informó el médico, los problemas de salud que padecía no eran contagiosos, así que el barco es seguro en ese sentido” (WSWS, 9/05). El cuerpo permaneció a bordo durante 13 días, mientras el barco continuaba su itinerario. Un pasajero que estuvo a bordo expresó que siguieron comiendo todos juntos y no se utilizaban barbijos. 

 El 24 de abril, el crucero atracó en Santa Elena (una isla perteneciente a la corona británica), donde la esposa del fallecido desembarcó en silla de ruedas y abordó un vuelo a Johannesburgo, donde falleció el 26 de abril. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica confirmó la presencia del hantavirus el 27 de abril, dieciséis días después del primer fallecimiento. Para entonces, 30 personas que habían desembarcado partieron en vuelos comerciales hacia 12 países sin someterse a pruebas, cuarentena ni notificación alguna. 

 ¿Qué es el hantavirus? 

Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos por roedores que pueden causar enfermedades graves en el ser humano.

 La transmisión al ser humano más común ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. La principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores infectados. La transmisión generalmente ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores (Ministerio de Salud Argentina, Glosario de Salud). Puede provocar diversas enfermedades, que pueden ser graves e incluso mortales. 

 En América, los hantavirus pueden causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), una enfermedad respiratoria grave, con una tasa de letalidad que puede llegar al 50 %. El virus Andes, presente en América del Sur, es un hantavirus conocido del que se ha documentado una transmisión limitada de persona a persona entre contactos. En Europa y Asia, los hantavirus causan fiebre hemorrágica con síndrome renal. La cepa Andes del hantavirus, que puede transmitirse entre humanos, es endémica en tres provincias de la Patagonia argentina y circula también en la región patagónica de Chile. Esto ha generado controversias y acusaciones cruzadas entre los gobiernos de ambos países acerca de dónde se produjo el contagio del primer caso. 

 La OMS y el gobierno argentino

 La notificación de la situación a la OMS fue realizada recién el sábado 2 de mayo de 2026. El organismo envió a un experto a bordo del buque para colaborar en la realización de una evaluación médica exhaustiva de todos los pasajeros y la tripulación, así como para recabar información para evaluar su riesgo de infección. Según el organismo, el número de contactos del barco y los dos vuelos internacionales afectó a más de 600, de más de veinte países. 

 Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, señaló que, “aunque se trata de un incidente grave, la OMS considera que el riesgo para la salud pública es bajo”. Asimismo, advirtió que, dado el periodo de incubación del virus, “es posible que se notifiquen más casos” (Comunicado de la OMS, 7/05). El organismo, además, indicó que el hantavirus es más contagioso al inicio de la enfermedad, lo que justifica la aplicación de la cuarentena a los casos sospechosos. 

 Ghebreyesus, además, le pidió al gobierno nacional que reconsidere su salida del organismo. Esto fue rechazado por el gobierno liberticida, que acusó al organismo de intentar hacer uso de la situación sanitaria para "condicionar una decisión soberana de la Argentina". A través de un comunicado, el Ministerio de Salud argentino aseguró que el país "no necesita pertenecer" a la entidad para trabajar con otras naciones, ya que puede sostener "la cooperación internacional sin resignar soberanía". El funcionario omite que la salida de la Argentina de dicho organismo sigue los lineamientos de los Estados Unidos. Este lunes, la asamblea de la OMS que se realizará en Ginebra discutirá la salida de Argentina del organismo. 

 Desastre internacional 

El brote de hantavirus en el crucero encendió las alarmas en los gobiernos europeos debido a que se trata de una variante que no se ha detectado en los países de dicho continente. El gobierno de Francia anunció la adopción de medidas presentadas por la ministra de Salud, Stéphanie Rist, como “las más estrictas de Europa para proteger al pueblo francés”, con el objetivo de “romper las cadenas de transmisión” de la enfermedad (Clarín, 15/05). Las personas que viajaban en el crucero MV Hondius y llegaron a territorio francés deberán ser puestas en cuarentena el tiempo necesario en un centro sanitario, para realizar una evaluación médica y epidemiológica, y permanecerán en cuarentena o aislamiento durante 42 días.

 En España son 14 los pasajeros aislados en un hospital de Madrid y 1 caso positivo, luego del operativo conjunto entre el gobierno de España y la Organización Mundial de la Salud, en el que parte de la tripulación fue evacuada en la isla de Tenerife para la repatriación inmediata a sus países de origen. 

 En otros países, como en los Estados Unidos, 41 personas están siendo monitorizadas por hantavirus, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) el 14 de mayo. La mayoría de los monitoreados estuvieron en algún momento a bordo del MV Hondius. En Canadá se notificó un caso sospechoso este fin de semana y se mantiene bajo observación epidemiológica estricta a 36 personas. 

 Por su parte, en Argentina, según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, la temporada epidemiológica 2025-2026 ya acumula 101 casos confirmados y una tasa de letalidad que supera el 31 %. El país se consolida como el territorio americano con mayor cantidad de casos, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El brote de hantavirus se produce en el contexto de recortes y vaciamiento del sistema de salud y de la ciencia a nivel mundial. En los Estados Unidos, más de 20.000 trabajadores han sido despedidos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos desde febrero. El presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud se ha reducido de 47.000 millones de dólares a 27.000 millones. El programa STOP Spillover, establecido para monitorear las amenazas zoonóticas, de las cuales el brote de Hondius es un ejemplo paradigmático, fue eliminado por orden ejecutiva. El Programa de Saneamiento de Buques de los CDC, la única institución de salud pública estadounidense orientada a los cruceros, fue eliminado en abril (WSWS, 9/05). 

 Los liberticidas en nuestro país avanzan con el desmantelamiento del CONICET, el Instituto Malbrán, recorta el presupuesto de salud, cierra y desmantela programas de prevención de la salud y hospitales y despide profesionales de la salud. Lo mismo sucede en Italia y Alemania, donde grandes movilizaciones rechazan los recortes en salud y educación mientras se engrosan los gastos destinados para la guerra.

Daniela Magoc

18/05/2026

Rebelión de los obreros y campesinos de Bolivia contra el “Milei del Altiplano"

Los liberticidas argentinos salen a socorrer al derechista Paz Pereira. 

 Desde hace casi un mes, Bolivia asiste a una escalada de movilizaciones. Este fin de semana, la capital de Bolivia se encontraba cercada por 22 bloqueos de caminos. En la mañana de este lunes, se espera una movilización masiva sobre La Paz, para reclamar la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz Pereira. 

 Las reivindicaciones en juego 

A los transportistas que denuncian el incumplimiento de las medidas de resarcimiento acordadas con el gobierno nacional por la mala calidad del combustible, se le han sumado, desde abril, sectores campesinos e indígenas que exigen la caída de una ley, la 1.720, que anula el carácter inembargable de sus tierras. Los maestros rurales y urbanos exigen aumentos salariales y la Federación de Cooperativistas Mineros (Fecomin), nuevas concesiones de explotación minera. 

 La COB ha decretado una huelga general por tiempo indeterminado el 2 de mayo; mientras que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Túpac Katari, lo hizo el 6 de mayo. 

 Impasse del régimen 

Paz Pereira no ha podido desactivar las manifestaciones y estas no han parado de crecer y extenderse desde La Paz a Potosí, Oruro y otros departamentos del Oriente. 

 A principios de la semana, bajo la presión de una marcha campesina que recorrió más de 1.000 kilómetros hasta La Paz, el Senado decidió abrogar la ley 1.720, aunque incluyendo una cláusula que rehabilita la posibilidad de su tratamiento dentro de 60 días. Los maestros rurales derribaron los muros del Ministerio de Educación a la par que enfrentaban la represión policial. Ante los rumores de posibles motines policiales, el Gobierno otorgó un bono de 3.000 pesos bolivianos por única vez a la policía (La Razón, 14/5). Por otro lado, bajo la excusa de los bloqueos, el Gobierno impuso una suerte de lock out de YPFB, que dejó de enviar camiones cisterna a las expendedoras. En este marco, los cooperativistas mineros bajaron hacia La Paz y se enfrentaron a la policía.

 En las bases del movimiento prospera la exigencia de renuncia de Rodrigo Paz. La COB y la Túpac Katari, así como otros sectores sindicales, han firmado, en cambio, un compromiso con el Gobierno, como ya había ocurrido a principios de año en ocasión del gasolinazo. La dureza de los bloqueos ha puesto en jaque el abastecimiento de La Paz, El Alto y otras ciudades. 

 Blindaje derechista

 Los expresidentes Mesa y "Tuto" Quiroga, junto con cámaras empresariales y comerciales, han exigido la declaración del “estado de excepción”. El Gobierno no cuenta con los dos tercios necesarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional para ratificarlo, tal como exige la Constitución boliviana.

 Por su parte, los presidentes latinoamericanos alineados políticamente con Donald Trump, entre los cuales revista el boliviano, sacaron una declaración de apoyo a Paz, sumándose a las denuncias de golpismo y desestabilización contra el Gobierno (Ámbito Financiero, 15/5). El presidente argentino Milei ha enviado dos aviones Hércules con “ayuda humanitaria” para sortear los bloqueos. Es una repetición de lo que habían hecho Macri y Bullrich en 2016. 

 Paz Pereira ha intentado retomar la iniciativa política mediante un feroz operativo represivo, bautizado “corredor humanitario”. El sábado a la madrugada movilizó a miles de efectivos policiales y militares para levantar piquetes instalados en puntos estratégicos, principalmente de La Paz y El Alto. Sin embargo, después de 13 horas de represión, 47 personas detenidas y al menos 5 heridos, el Gobierno debió ordenar el repliegue militar y policial “sin lograr la apertura total de las vías bloqueadas” (infobae, 17/5). Los bloqueos se restablecieron y se sumaron otros. Hasta la noche del sábado permanecían instalados 22 puntos de bloqueo, la gran mayoría en el departamento de La Paz.

 Luego del fracaso del operativo represivo, Paz ha retomado un operativo de cooptación de diferentes organizaciones gremiales. Convocó a la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originaria “Bartolina Sisa” y a otros sectores sociales (La Razón, 17/5) a “un diálogo productivo” con una “agenda abierta” para ayer, domingo 17, en la Casa Grande del Pueblo, el palacio presidencial.

 Pero la dinámica de la movilización por abajo supera a las organizaciones establecidas. Así lo demuestra el repudio de los cooperativistas mineros al acuerdo alcanzado este viernes, entre el Gobierno y la Fecomin, para suspender las medidas de lucha. Paz festejó un acuerdo con los maestros, por un bono anual de 2.400 pesos bolivianos y la promesa de una reunión en octubre para discutir la incorporación de un aumento salarial en el presupuesto 2027. El acuerdo fue rechazado rápidamente por el magisterio rural de La Paz (La Razón, 17/5). Lo mismo sucede con la Central Obrera Regional de El Alto, que firmó un acuerdo con Rodrigo Paz para la instalación de la internet satelital Starlink en colegios, proyectos de viviendas sociales y obras viales en el Alto, el viernes pasado. Sin embargo, buena parte de sus bases han continuado las medidas de fuerza y acusado de traidores a sus dirigentes, de “negociar con la sangre del pueblo” (ídem). 

 A diferencia de enero pasado, cuando la COB y la Túpac Katari cerraron un acuerdo con el Gobierno para la abrogación del decreto 5.503, que viabilizó el gasolinazo, las bases y dirigentes medios de estas y otras organizaciones sindicales y sociales no están dispuestas a dejar que sus direcciones entreguen su lucha. Sin embargo, los obreros fabriles, y particularmente los de YPFB y de mineras privadas, no tienen una participación activa ni han paralizado la producción.

 Entre las acusaciones de Rodrigo Paz y sus funcionarios contra las movilizaciones y bloqueos obreros y campesinos, se destaca la que atribuye a Evo Morales la preparación de un golpe de Estado, sin ofrecer mayores pruebas. 

 Pero Evo Morales se ha delimitado de las bases que piden la renuncia de Paz Pereira en varias declaraciones públicas y hasta ha declarado estar dispuesto a asesorar al presidente bajo ciertas garantías (Latitud Bolivia, 17/5).

 “Fuera Rodrigo Paz”

 Mientras el gobierno de Paz Pereira no logra quebrar las manifestaciones y estas se extienden por todo el país, va creciendo también la exigencia de su dimisión. Si Paz Pereira renuncia, asumiría el vicepresidente Edman Lara, quien ha roto con Paz apenas asumió. Lara busca un pacto con sectores del MAS, pero debería llamar a elecciones en 90 días. Carentes de una perspectiva de poder, las masas movilizadas corren el riesgo de quedar atrapadas en un conflicto de cúpula (disfrazada de salida revolucionaria), lo que sería el mayor peligro para obtener la satisfacción de sus reivindicaciones. Sería necesario transformar las movilizaciones en una huelga política de masas y desarrollar una dirección nacional de la huelga al margen de las burocracias de turno.

 Como telón de fondo de esta rebelión social en desarrollo, se encuentra la crisis inflacionaria desatada por la guerra imperialista. Bajo la invasión a Irán, se han disparado los precios de los combustibles y torpedeado la política de Paz. El presidente boliviano, un socio de Trump en el Escudo de las Américas, ha pedido socorro al imperialismo y a sus socios regionales, como Javier Milei.

 Llamamos a seguir el ejemplo de Bolivia y convertir a las marchas masivas por la Educación y la Salud en bloqueos de ruta, al mejor estilo piquetero. El derrumbe de las condiciones sociales de las masas de Argentina no es menor al de las masas de Bolivia. 

 Julio Quintana 

 18/05/2026

La cumbre Trump-Xi adelanta la escalada imperialista contra Irán

Donald Trump aterrizó en Pekín el miércoles pasado en compañía de diecisiete ejecutivos de la oligarquía financiera de Estados Unidos, dejando fuera de toda duda que viajaba como agente de los intereses capitalistas más poderosos del imperialismo norteamericano. Lo mismo había ocurrido en ocasión de una visita anterior, en 2017, bajo su anterior mandato, aunque como un debutante. El tenor de la delegación y la consigna del emprendimiento (“abrir la economía de China”) al capital estadounidense, ha servido para disipar otro malentendido, a saber, que Trump emprendía un repliegue hacia el mercado interno de Estados Unidos (”reshoring” o costas adentro), en función de una reindustrialización de la economía norteamericana. Apenas Trump emprendió el retorno de la visita, el conjunto de la prensa internacional coincidió en informar que el gobierno de Trump había adquirido bonos, acciones u otros instrumentos en esas grandes compañías, por montos variables, que en el caso de Intel ha llegado al 10% de su capital accionario. El valor de la acción de esta productora de semiconductores ha subido un 200% en el último año. Entre los beneficiarios se encuentran Apple, Meta, Nvidia, Citi, Tesla y Boeing – entre muchas otras. La política arancelaria de Trump no tiene nada de proteccionista; funciona como un régimen de sanciones para que el resto de las economías abra sus mercados a la oligarquía financiera estadounidense. 

 Este elenco de acompañantes, que representan la mitad del valor de la Bolsa de Nueva York, la cual concentra el 65% del valor bursátil internacional, ha participado de un cumbre donde quedaron expuestas los objetivos de conquista, de unos y otros, en la guerra financiera, comercial y militar en que se encuentra envuelto del capitalismo mundial. El New York Times cita a Ucrania, o sea Rusia; a Irán, o sea al Medio Oriente; y a la Inteligencia Artificial, o sea el monopolio de la ciencias y aplicaciones cuánticas y computacionales. La discusión acerca de la apertura económica ha operado como una “máscara”, como señala un diario de Hong Kong, de una pelea de fondo acerca del Canal de Panamá, el Caribe y América Latina en su conjunto; la captura del Cáucaso sur y su proyección al Asia Central; el apoderamiento de la cuenca petrolera del Medio Oriente; y finalmente la vasta Rusia. Trump reclamó a Xi, el ‘premier’ de China, el cese de las sanciones a la mayor flota de barcos de bandera, Panamá, que es la represalia más notoria, por parte de China, al despojo de los puertos del canal, en beneficio de un consorcio liderado por BlackRock, cuya principal ejecutivo, Larry Fink, formó parte de la comitiva de Trump. El propósito fundamental de la cumbre, Eestabilizar las Relaciones Mutuas, ha funcionado como escenario de la guerra mundial que se encuentra en desarrollo. 

 En procura de esa ‘estabilización’ Trump resolvió levantar el veto a Nvidia para vender sus chips H200 a un número de diez empresas de China, algo muy limitado, pero aun así criticado en Estados Unidos. La venta descuenta la rápida obsolescencia de los semiconductores como consecuencia de la velocidad de los cambios tecnológicos. Al mismo tiempo, sin embargo, Trump mantiene el veto a las transacciones con China, por parte de la compañía holandesa ASML, al tiempo que el gobierno de los Países Bajos ha expropiado a Nexperia, una sucursal de la china Wingtep, por la que reclama una indemnización de 8.000 millones de dólares. Xi Jinping ha vuelto a rechazar la oferta de comprar los H200 a Nvidia, para dar preferencia a Huawei. Ha vetado, asimismo, la compra de la start up de IA, Manus, una china con sede en Singapur, por parte de la norteamericana Meta. Numerosas compañía de China han traslado sus sedes a Singapur, con el propósito de sortear regulaciones del país de origen y escapar a la depresión de la economía china, pero la larga mano de Pekín ha limitado esta suerte de trasnacionalizaciones y puesto en crisis un floreciente negocio en Singapur. China, sin embargo, ha dado piedra libre al Citigroup para operar en los mercados de deuda de China, al cabo de un año de papeleos. BlackRock, por su lado, ha tomado deuda en China para sacar provecho de una tasa de interés menor a la que rige en Nueva York. China necesita ‘liberar’ estos mercados debido a una fenomenal crisis de deuda pública y privada. Pero lejos de una ‘estabilización’ o ‘normalización’ financiera, se asiste a desequilibrios internacionales cada vez mayores y a un mayor proteccionismo tecnológico. En los próximos días, Trump prometió un relajamiento a las inversiones de China en Estados Unidos, acompañado de una prohibición férrea en las grandes tecnologías. Necesita ofrecer una salida al dinero acumulado por el superávit comercial a favor de China, de lo contrario arriesga una venta masiva de bonos del Estado. China ha ordenado la compra de 200 aviones Boeing, para compensar ese superávit, cien menos de lo esperado, lo que volteó las acciones de Boeing. Tesla, de Elon Musk, no ha visto satisfechas sus expectativas de desarrollar su sistema avanzado de conducción.

 Estas negociaciones económicas revelan el propósito de penetrar el mercado de China; uno de los grandes botines de guerra, sino el mayor, del imperialismo norteamericano. Es, al mismo tiempo, una imposición de la situación histórica del momento. La bomba financiera que va marcando el ritmo de la economía mundial, por un lado, y la sobreproducción industrial, por el otro, revela que el número de participantes del mercado es ‘excesivo’. El capitalismo está desarrollando un ajuste ‘insuficiente’ para el tendal de quiebras que acumula la crisis. Los desarrollos tecnológicos no superan este impasse, lo acentúan. Un nuevo reparto del mundo, o sea la guerra, es ineludible. El cerco geopolítico es un arma de esta guerra. Trump fue asistido en su visita a China por todo el círculo de guerra y de seguridad de su gobierno. El temario de la cumbre no ha sido diferente a los que caracterizaron a las conferencias internacionales en guerras mundiales anteriores. Ambos mandatarios se pusieron de acuerdo, según los partes de prensa de uno y otro, en liberar el Estrecho de Ormuz, pero no en cómo hacerlo, que será por medio de una escalada mayor de la guerra. El silencio acerca de las masacres sionistas en Líbano y la expansión del estado sionista en Cisjordania y el sur de Siria ha sido estruendoso. Xi no ha respondido al reclamo de Trump de que cese el apoyo limitado a Irán y que deje de exportar bienes ‘duales’ (para uso civil o militar) a Rusia. Los estados imperialistas de la Unión Europea han alistado una flota para asegurar el paso por Ormuz después de la guerra, en lo que es una advertencia de que el Estrecho quedaría bajo el dominio de Estados Unidos, que ya tiene a su flota atacando a las barcazas de defensa de Irán. En todas las conferencias mundiales sobre la guerra, la ceguera y la hipocresía le han ganado a la claridad. De acuerdo a un comunicado de la delegación norteamericana, no confirmado por las autoridades chinas, Trump rechazó una mediación de China en Irán. Como en casos anteriores, Trump usará el fin de semana para escalar la guerra. En forma simultánea, John Radclife, el jefe de la CIA, desembarcó en La Habana y se reunió con el jefe de Seguridad de Cuba, para poner el broche a un cambio de gobierno que viabilice una salida a la venezolana, o sea la toma de control del aparato económico de Cuba por parte de Trump. Los negociadores en Pekín no desconocían este curso de los acontecimiento.

  Trunp, por último, no recogió la principal advertencia o requerimiento no publicado de Xi, acerca de no implementar la venta de armas a Taiwán por 11.000 millones de dólares, como ha sido votado por el Congreso. Concretará la venta apenas se disipe el humo de la cumbre. “Tomaré decisiones”, adelantó el mandatario. El Wall Street Journal ha difundido encuestas que aseguran que un exagerado 95% se opone a un acercamiento con China. Retener esa venta o postergarla, ya es calificada como una “capitulación”. El final de la cumbre fue saludado por una suba del barril de petróleo y un desplome (“slumping”) de los bonos estadounidenses. Trump “no lideró una gran negociación”, concluye el diario, que también exige escalar los ataques contra Irán. La movilización contra la guerra imperialista mundial es más urgente. 

 Jorge Altamira 

 15/05/2026