El proyecto de “Ley Hojarasca” impulsado por el gobierno de Javier Milei y su ministro de “desregulación”, Federico Sturzenegger, obtuvo dictamen favorable en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, allanando el camino para su tratamiento en el recinto. El otrora ministro de De La Rúa y de Macri no se hizo presente para defender su proyecto, sino que envió a dos de sus funcionarios. Uno de ellos fue Alejandro Cacace, exdiputado nacional de la UCR por San Luis, y anteriormente diputado provincial por el mismo partido, devenido ahora en libertario.
Presentada por el gobierno y por los expositores en la comisión como una supuesta “depuración técnica del orden jurídico”, la iniciativa encubre en realidad otros fines bastante más concretos. La idea de una “hojarasca” (es decir, inútil) es deliberadamente engañosa. Por supuesto que existen una cantidad de leyes en desuso -lo que en términos jurídicos se conoce como desuetudo-, pero el núcleo del proyecto apunta a otras cuestiones mucho más sensibles, eliminando normas que tienen implicancias concretas.
El gobierno echa mano entonces a una maniobra legislativa bastante evidente, ya que entre las más de 70 leyes derogadas se puede encontrar literalmente de todo. Para encabezar las normas en “desuso” y justificar la pertinencia de la ley, comienzan derogando la Ley N° 94, del año ¡1864!, que establece una pena de 10 años para cualquier autoridad que haga azotar una persona. El gobierno presenta esta norma como “del medioevo”, porque “ya no existen los azotes”. La realidad es algo distinta, ya que en las cárceles y comisarías pasan cosas mucho peores que los azotes, como dan cuenta decenas y decenas de casos de muertes más que sospechosas en las comisarías por “ahorcamiento” o “causas desconocidas”.
¿Qué es lo que quiere barrer Sturzenegger y Milei con la “Hojarasca”?
En primer lugar, es particularmente grave la derogación de la Ley 26.688, que promueve la producción pública de medicamentos. Mientras el gobierno endurece el acceso a medicamentos a través del Pami, elimina una norma que apuntaba a garantizar el acceso a tratamientos esenciales. Sturzenegger la descalifica como “declamativa”, porque dice que no tiene implicancia práctica. Claro, no la tiene porque los sucesivos gobiernos, y en particular el de Milei, la han vaciado y desfinanciado, en lugar de desarrollar la producción pública de medicamentos que la misma plantea. Por supuesto, la supresión de esta ley encaja perfectamente con una política de beneficio a la industria farmacéutica, y va en línea con la adhesión al Tratado Internacional de Patentes que está en la agenda del Congreso Nacional y que Estados Unidos le reclama a nuestro país en el acuerdo comercial suscripto por el gobierno.
Otro ejemplo ilustrativo del verdadero contenido de la “hojarasca” es la derogación de la Ley 23.678 sobre regalías petroleras. Lejos de ser un detalle administrativo, su eliminación implica suprimir un antecedente jurídico que fijaba un piso para el cálculo de las regalías petroleras. Aunque su aplicación haya sido desplazada, fundamentalmente a partir de la cesión de los recursos hidrocarburíferos a las provincias, su existencia constituye una herramienta potencial frente a la subvaluación de recursos estratégicos, que hoy es una moneda corriente.
En el mismo sentido se encuentra la derogación de la Ley 21.778, que regula contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, y con la Ley 23.419, que obliga a las empresas petroleras con participación estatal a informar sobre sus exploraciones del subsuelo. Dicen que es redundante porque “el Estado informa al Estado”, pero lo que quiere es promover que empresas como YPF (con participación estatal mayoritaria pero finalmente Sociedad Anónima) hagan exploraciones sin informar a ningún organismo que haga contralor.
En el terreno cultural, aparece una nueva ofensiva. La derogación de la Ley 19.787, que promovía la difusión de la música nacional, y de la Ley 14.800, que obligaba a reconstruir salas teatrales demolidas, apunta a desmantelar herramientas de protección de la cultura. Esto favorece tanto a las grandes corporaciones discográficas como a la especulación inmobiliaria, en detrimento de la producción artística independiente. También se deroga la Ley 19.363 que mediante sorteos del INCAA fomenta la asistencia a los cines, y la Ley 21.145, que otorga precios reducidos para viajes y alojamientos de compañías teatrales en sus giras.
La eliminación de artículos de la Ley 22.461 sobre transferencia de tecnología extranjera suprime mecanismos de control estatal (evaluación técnica y certificación) en un área estratégica. Particularmente se derogan los artículos que establecen al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como autoridad de aplicación de esa norma, en momentos que el mismo es vaciado mediante despidos, recortes y eliminación de sus funciones.
A su turno, la derogación de la Ley 22.963, que requería la intervención del Instituto Geográfico Nacional en la aprobación de cartografía, es particularmente grave con un gobierno nacional fanático de Margaret Thatcher, que ha expuesto mapas sin las Islas Malvinas en actos oficiales. Ni que hablar del apoyo incondicional de Javier Milei al Estado de Israel, que patrocina una de las empresas petroleras que anunciaron proyectos de exploración y explotación en la zona de las Islas junto al imperialismo británico.
En el plano mediático, la supresión de la Ley 25.750 elimina límites a la participación extranjera en medios de comunicación, profundizando la concentración y extranjerización de la información. Y en materia de hábitat, la derogación de la Ley 24.057 ataca directamente herramientas de organización social frente a la crisis de vivienda.
Durante el debate en comisiones, la diputada Romina Del Plá denunció el carácter reaccionario del proyecto, señalando que bajo el pretexto de simplificar el entramado legal se busca eliminar derechos y favorecer intereses capitalistas. Su intervención puso de relieve que no se trata de una cuestión técnica, sino de una orientación política que apunta a desarmar cualquier resguardo legal conquistado por los trabajadores.
Lo que recorre todo el paquete es una lógica de clase: suprimir regulaciones para habilitar la fiesta de los capitalistas, a costa de una profundización del saqueo colonial de nuestro país y una mayor explotación de los trabajadores. La verdadera “hojarasca” que debe ser barrida por el movimiento obrero y popular argentino es este gobierno de hambre y saqueo.
Fede Casas
