La sesión caída en Diputados para tratar el DNU 70/23 expuso la colaboración de los gobernadores y de la oposición patronal con el gobierno de Milei para sostener el decreto desregulador. Detrás de las ausencias que impidieron reunir el quórum está la preservación de los intereses capitalistas de distintos sectores patronales. El camino para derrotar al gobierno no pasa por las maniobras parlamentarias, sino por desarrollar una oposición en las calles, en los lugares de trabajo y en las universidades.
A la hora de conformar el quórum, apenas 121 diputados ocupaban sus bancas, ocho menos de los 129 necesarios para abrir el debate. Entre las ausencias decisivas estuvieron Gisela Scaglia y José Núñez, alineados con el santafesino Maximiliano Pullaro; los tres diputados que responden al tucumano Osvaldo Jaldo; y los jujeños Carlos Rizzotti y María Inés Zigarán, vinculados a Carlos Sadir. También faltaron legisladores cercanos a Gustavo Sáenz e Ignacio Torres, entre otros. Zigarán había firmado la convocatoria a la sesión, pero finalmente no se presentó.
La convocatoria había cobrado impulso después del fallo de la Corte Suprema que rechazó un amparo contra la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU, dejando en pie la liberalización de la venta de tierras a extranjeros. Luego, la Corte tuvo que recular, salvando al gobierno y a la oposición, descomprimiendo parte de la movilización. El gobierno, a su vez, restituyó los límites de la Ley de Tierras en el dictamen de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El desenlace final mostró la orientación principalmente de la oposición peronista, comprometidos con los intereses económicos beneficiados por la desregulación de Milei.
Los negocios que la oposición patronal no quiere tocar
El DNU 70/23 modificó las reglas de numerosos sectores económicos para ampliar la libertad de acción del capital. En los alquileres, favoreció a los grandes propietarios y al negocio inmobiliario; en la medicina prepaga, redujo controles sobre las cuotas; y en la yerba mate, debilitó las regulaciones que limitaban el poder de los capitalistas. Los trabajadores quedaron expuestos a aumentos, contratos más desfavorables y servicios cada vez más inaccesibles.
La misma orientación atraviesa los negocios que los gobernadores buscan preservar en sus provincias. Pullaro y otros mandatarios defienden los intereses de los sectores agroexportadores, beneficiados por la liberalización de la economía y por un esquema que prioriza la renta de la soja por encima de las necesidades de la población. En Tierra del Fuego, la industria electrónica vinculada al régimen promocional también está atravesada por los intereses de las patronales que operan bajo condiciones fiscales especiales. En el norte del país, la expansión minera y los negocios alrededor del litio forman parte de una disputa por la apropiación de recursos y ganancias. Los gobernadores y Milei compartes una hoja de ruta común.
El endeudamiento de las familias trabajadoras muestra otra cara de esta política. La modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito y la desregulación del sector financiero se combinaron con salarios deteriorados, tasas de interés elevadas y una caída de los ingresos que empuja a millones de personas a financiar consumos básicos.
Frente al crecimiento de la morosidad, los proyectos que se discuten buscan atender las deudas sin poner en cuestión el esquema que favorece a los acreedores. La preocupación central pasa por garantizar el cobro de bancos, financieras y empresas, no por aliviar a quienes se endeudaron para comprar alimentos o pagar servicios.
La colaboración parlamentaria tiene su correlato en la burocracia sindical. La CGT dejó pasar la ofensiva de Milei mientras apostaba a la vía judicial y a negociaciones separadas por gremio, sin poner en pie un plan de lucha capaz de enfrentar el ajuste, firmando además los acuerdos que introducen la reforma antiobrera en los lugares de trabajo, como ocurre en el Smata.
La pasividad de las centrales sindicales permitió que avanzaran las reformas y que las patronales encontraran condiciones más favorables para flexibilizar el trabajo, reducir costos y descargar la crisis sobre los trabajadores. La política de los gobernadores y la de las direcciones sindicales convergen así en un mismo resultado: evitar una confrontación que ponga en riesgo los intereses capitalistas.
La salida está en las calles y en los lugares de trabajo
La sesión caída también incluyó la emergencia en discapacidad y los proyectos vinculados al endeudamiento, dos asuntos que reflejan el alcance social de la crisis. La oposición que negocia en el Congreso mientras sus gobernadores sostienen los negocios beneficiados por Milei termina funcionando como una válvula de contención, incapaz de ofrecer una salida para las mayorías trabajadoras.
La diputada nacional por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, intervino denunciando todas estas maniobras y llamando a redoblar la movilización para enfrentar al gobierno. El Frente de Izquierda tiene el desafío de actuar en común para desarrollar un canal de organización de todos los sectores para derrotar al gobierno de Milei. La defensa de los salarios, el empleo, la salud, la educación y las condiciones de vida exige enfrentar al gobierno y a todos los sectores que colaboran con su política, organizando a los trabajadores y estudiantes para llevar la lucha hasta el final.
Marcelo Mache
