lunes, 29 de junio de 2026
Terremoto en Venezuela: la otra cara del desarrollo inmobiliario financiado con súper ingresos petroleros
Los reportes del gobierno, al cierre de esta nota, señalan 589 muertos y más de 3.000 heridos, pero el servicio de alerta rápida PAGER del Servicio Geológicos de Estados Unidos (USGS) ha ofrecido proyecciones preliminares de miles e incluso decenas de miles de muertos debido a los extensos daños estructurales que han dejado los sismos. La situación se ha visto agravada por el colapso del sistema de comunicación, los cortes energéticos, el colapso en edificaciones y de rutas y caminos. En la pagina web "Reconectar cada familia", hasta el jueves a la noche, se habían reportado 57.412 personas como desaparecidas. Hasta ahora, sólo fueron localizadas 7.800.
Se han movilizado a organizaciones civiles y militares para llevar adelante las tareas de rescate y remoción de los escombros. Delcy Rodríguez anunció la creación de un fondo de U$D 200 millones para hacer frente a la emergencia.
Según sismólogos, el poder destructivo de los terremotos se debió a que se dieron en “una zona donde existe una acumulación constante de esfuerzos tectónicos (...) y que la energía liberada por ambos terremotos se habría acumulado durante una década” (Perfil, 25/6). Desde el University College de Londres sugirieron que el desastre funcionó como una ruptura casi continua que duró unos 50 segundos. Indicaron también que el segundo temblor se liberó casi tres veces más energía que el evento precursor. De acuerdo con los informes de geología, ambos terremotos fueron relativamente superficiales -a apenas 20 kilómetros de la superficie-, por lo que la potencia de las ondas sísmicas no disminuyó de manera significativa cuando impactaron contra la superficie terrestre (ídem).
Los epicentros se localizaron en el valle de Yaracuy, una zona compuesta por sedimentos sueltos. Este tipo de suelos propició deslizamientos de tierra masivos y un estado temporal en el que el suelo pierde firmeza. Mientras la ruptura de la falla geológica se desplazaba con velocidad hacia el este, la zona de La Guaira recibió un impacto directo. Para la sismóloga Gina Villalobos, además de la envergadura del “doblete sísmico”, la amenaza real fue la vulnerabilidad de las construcciones. Gran parte de las consecuencias humanas y materiales están directamente vinculadas a edificaciones que no están construidas con normas antisísmicas, dando cuenta la falta de previsión, y que ha golpeado sobre todo en los sectores populares de las regiones afectadas.
Venezuela es un país con una fuerte actividad sísmica debido a su ubicación geográfica entre la placa Sudamericana y la placa del Caribe que producen terremotos a lo largo de los sistemas de fallas Oca Ancón, La Victoria, Boconó, San Sebastián y El Pilar (siendo estas tres últimas las más importantes y las de mayor actividad). En la actualidad, aproximadamente más del 80 % de la población vive en zonas de alta amenaza sísmica, variable que aumenta el nivel de riesgo, haciéndolo cada vez mayor a medida que se eleva el índice demográfico y la falta de inversiones en infraestructura.
El geólogo Willian Yeck, del USGS, en entrevista con la CNN ,señaló que "no es el terremoto lo que mata, sino los edificios", y que es "es el derrumbe de estos edificios lo que puede provocar una pérdida catastrófica de vidas". Según este experto, en Venezuela predominan los "edificios de mampostería sin refuerzo", que acaban colapsando con facilidad. Yeck apuntó a la laxitud de las normas de construcción como principal culpable del resultado del sismo. Por su parte Kenneth O'Dell, ingeniero civil, ha explicado en la CNN que, en Venezuela, muchas construcciones datan de la década del 70, cuando existía una normativa aún más blanda. "Los tipos de edificios que se verán afectados son las estructuras de hormigón de edificios vulnerables, que probablemente fueron construidos de acuerdo con versiones antiguas de los códigos de construcción vigentes en Venezuela".
En octubre del 2025, el ingeniero civil y doctor en ingeniería estructural, Ángelo Marinilli, profesor en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, analizó la situación de las construcciones en el país y su resistencia ante eventos sísmicos, llegando a la conclusión de que “la mayoría son antiguas y diseñadas bajo criterios normativos desactualizados”. Recomendaba evaluar las estructuras ante señales como deformaciones o daños evidentes, consultando profesionales capacitados, Protección Civil o colegios de ingenieros (www.mundo.ur.com, 14/19/25). Nada de esto se ha realizado en los últimos cincuenta años a esta parte.
Si bien catástrofes de esta magnitud no pueden detenerse, sí pueden anticiparse para activar las alertas. Pero hoy Venezuela no cuenta con un sistema de alerta sísmico y el organismo encargado de registrar los terremotos, que es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Fuvisis), solo dispone de una red de estaciones sismológicas para registrar los movimientos telúricos luego de que ocurren. Pero a pesar de no contar con un sistema de alerta, las autoridades venezolanas estaban advertidas. Desde el Departamento de Geociencia del Instituto de la Tierra y Ciencias Minerales, de la Universidad de Pensylvania, realizaron un estudio que encontró que el límite de la placa del Caribe y la placa Sudamericana estaba “preparado” para un poderoso terremoto y que las fallas bloqueadas a lo largo del Sistema de Fallas Boconó-Morón-El Pilar podrían generar un evento de hasta la magnitud de 8, con consecuencias catastróficas para Caracas y zonas circundantes (WSWS, 25/6). Las advertencias también vinieron desde los móviles Android, que, momentos antes del “doblete sistémico”, a las 18:04 del miércoles alertaron “posibles temblores” y estimaron la magnitud en 6,2 y que se produciría a “aproximadamente a 221 millas de distancia”. La alerta forma parte de una iniciativa desarrollada por Google en la que el sistema Android funciona como una herramienta para ayudar a detectar terremotos. De tal manera, los smartphones pasan a ser pequeños sismógrafos de bolsillo (Clarín, 26/6).
El estado venezolano no cuenta con la maquinaria pesada para remover escombros. El plan de contingencia del gobierno consiste en el pedido de herramientas a los propios habitantes para desenterrar a la víctimas. Mientras tanto, los afectados tuvieron que organizarse para mantenerse seguros y acompañarse durante las horas posteriores al terremoto. Una sobreviviente señaló que “somos nosotros, con los vecinos, apoyándonos de manera solidaria e intuitiva, intentando sobrevivir”.
Por su parte el ya deficitario sistema sanitario se encuentra colapsado. Otra sobreviviente manifestó que “los hospitales y centros de salud deben estar colapsados. Funciona muy mal siempre: no hay insumos, no hay personal. Me imagino que ahora debe ser terrible”, y agregó que “no hay presencia del Estado. No hay patrullas, no hay nada, no hay alguien pasando pendiente. Estamos nosotros mismos intentando resolver”.
Estados de todo el mundo se han puesto “a disposición” para socorrer a la población, enviando rescatistas y aportes económicos. Donald Trump prometió “actuar con rapidez” y activó un despliegue de equipos de búsqueda y rescate, bajo el mando del Comando Sur (SOUTHCOM). Trump en la red social Truth Social posteó que “Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos”, en referencia a Delcy Rodriguez y el chavismo residual. El secretario de Estado Marco Rubio declaró ante la prensa que “nuestro fuerzas conjuntas se están moviendo rápidamente para llevar las incomparables capacidades de transporte aéreo, logística y salvavidas del Ejército norteamericano para ayudar a salvar vidas”.
El “doblete sísmico” ha dejado expuestas de manera brutal las consecuencias de las sanciones económicas impuestas por las administraciones norteamericanas y la incapacidad del nacionalismo burgués. Las sanciones norteamericanas contra Venezuela comenzaron formalmente en diciembre de 2014, cuando el Congreso de los EE. UU. aprobó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la sociedad civil, promulgada por el gobierno de Barack Obama, que consistía en el congelamiento de activos a funcionarios venezolanos señalados de violar derechos humanos. En el 2015, Obama firmó una Orden Ejecutiva que declaraba a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional”. Ya con Trump en el poder, se impulsaron las primeras sanciones económicas y financieras en agosto de 2017, prohibiendo a las entidades norteamericanas realizar nuevas emisiones de deuda y comprar bonos del gobierno venezolano y de PDVSA. Las medidas se endurecieron drásticamente con un embargo comercial que prohibió las operaciones de empresas norteamericanas con PDVSA, bloqueando la compra de petróleo venezolano y se congelaron los activos del gobierno en los EE. UU. Nuevas sanciones se impusieron sobre el gobierno de Nicolas Maduro en 2024, que incluían un amplio embargo de armas, reducción o corte total de asistencia, limitación de importaciones y exportaciones, congelamiento de activos, aumento de impuestos, votos negativos en las instituciones financieras internacionales, corte de relaciones diplomáticas, cancelación de vuelos y vínculos aéreos. Prohibición de créditos, financiamiento e inversiones.
El “socialismo del siglo XXI” usufructuó la renta extraordinaria petrolera en la primera década del siglo para enriquecer a la boliburguesía, de un lado, y desplegar un amplio dispositivo de asistencia social, del otro. Entre otros, la construcción de viviendas populares (Plan Arraigo) el más grande de América Latina, diferentes a las construcciones en torre que los desarrolladores inmobiliarios pusieron en pie en las zonas más apetecibles en Caracas y el Estado de Miranda y otros, donde canalizaron los ingresos del petróleo en los años setenta del siglo pasado . Estas se vinieron abajo con el temblor. Para el desarrollador inmobiliario Donal Trump, esta tragedia en una oportunidad de grandes inversiones en lo que hoy es su Protectorado.
Lucas Giannetti
26/06/2026
Bolivia: Paz Pereira mantiene el "estado de excepción" para imponer un golpe devaluatorio exigido por el FMI
El presidente boliviano no dudó en jactarse de haber “derrotado los bloqueos”. De todos modos, afirmó que el 'estado de excepción' continuará, sin precisar su duración, que por ley puede extenderse hasta 90 días (El Deber, 23/06). Cuando el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, levantó la huelga general y llamó a levantar los bloqueos de las organizaciones campesinas, después de firmar un acuerdo político con el gobierno de Paz Pereira, afirmó que lo hacía para “evitar un derramamiento de sangre y la imposición del estado de excepción” (El Deber, 19/06); pero la COB ha guardado completo silencio ante su declaración y continuidad. El ejército y la policía patrullan y realizan controles por las calles de La Paz, El Alto y las principales ciudades del país, en un claro acto de intimidación pública.
Trump festeja con Paz Pereira
La victoria política de Paz Pereira fue festejada por EEUU, que desde el y principio se jugó por el sostenimiento del presidente boliviano, acusando a los obreros y campesinos rebelados como “narcoterroristas”. En el marco de la 56° reunión de la OEA, la embajada norteamericana impulsó la realización de un comunicado firmado por 16 países del continente, entre ellos Argentina, para solidarizarse con Paz Pereira y la “defensa de la democracia” (El Deber, 23/06), haciendo del 'estado de excepción' una línea de acción para enfrentar a las masas que enfrenten sus políticas de ajuste en todo el continente.
El “moderado” Paz Pereira no solamente incorporó a Bolivia al Escudo de las Américas del fascista Donald Trump; ahora es el puntal para la conformación de una Coalición Anticarteles de las Américas (ACCC), impulsada por Trump y su ministro de Guerra, Pete Hegseth (El Deber, 16-06). Mientras negociaba con la COB el levantamiento de la lucha, firmaba un acuerdo de “políticas de seguridad hemisférica contra el crimen organizado transnacional” con el gobierno de EEUU, con el objetivo de “perseguir, derrotar y destruir” a organizaciones “terroristas”. Por el acuerdo, Bolivia recibirá un financiamiento de 20 millones de dólares y habilitará la intervención militar norteamericana en Bolivia, como ya sucede en Venezuela y se organiza en Ecuador y Guatemala (Ídem). La intervención del imperialismo norteamericano en favor de Paz Pereira limitó una crisis por derecha contra su gobierno y llevó a la oligarquía cruceña y sus facciones políticas a no torpedear la línea política del presidente contra la rebelión boliviana.
Avanzada penal
En el acuerdo con la COB, Paz Pereira se comprometió a no “criminalizar” la protesta; un eufemismo utilizado para negociar que el Estado no promovería las causas abiertas contra los dirigentes de la COB y que no “impulsaría” una ley antibloqueos, como hizo después de la rebelión de enero pasado contra su decreto 5503. Sin embargo, el gobierno anunció procesos judiciales contra los “responsables” de los bloqueos, sin especificar quienes (El deber, 24/06) y sigue deteniendo dirigentes sociales. Tampoco han sido liberados los detenidos en los bloqueos y movilizaciones que enfrentan procesos judiciales.
Por otro lado, la Cámara Nacional de Comercio, el Comité Pro Santa Cruz, la dirigencia de Transportes pesados y diputados de la alianza Libre, del derechista Tuto Quiroga, han presentado, cada uno por separado, denuncias penales contra Mario Argollo de la COB, Vicente Salazar de la Túpac Katari, el expresidente Evo Morales y algunos parlamentarios que apoyaron los bloqueos (Visión 360, 24/06). A la vez, se han incrementado los proyectos de ley “antibloqueos” en ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional Boliviana (Ídem), en donde el Partido Demócrata Cristiano de Paz Pereira no tiene mayoría simple.
Esta avanzada penal no ha sido respondida ni por la COB ni la Túpac Katari; tampoco por Evo Morales. La COB se ha limitado a declarar “persona no grata” al diputado derechista de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, uno de los impulsores del tratamiento inmediato de una ley antibloqueos. Por su parte, la Túpac Katari, suspendió sin fecha su cabildo en donde se iba a discutir cómo continuar la lucha y se sumó en un pase de facturas con otros sectores que promovían la movilización y acusaron a su dirección de ser sobornada por el gobierno (La Razón, 23/06). El expresidente boliviano aseguró que él nunca había pedido la renuncia de Paz y que algunos sectores “exageraron” con ese pedido (Los Tiempos, 25/06). De todos modos, este recule no ha servido para que el gobierno deje de amenazar con su arresto por la causa de estupro en su contra, aunque ahora se discute su arresto como una acción política contra la posibilidad de nuevas rebeliones (a pesar de que Evo Morales se montó muy tarde en la lucha del pueblo boliviano contra Rodrigo Paz Pereira y no jugó un rol dirigente más allá de las Federaciones del Trópico de Cochabamba).
Del mismo modo que durante la rebelión de los obreros y campesinos bolivianos, sus direcciones se muestran impotentes para luchar contra esta avanzada, a la vez que la desconfianza de buena parte de sus bases se ha generalizado.
Desabastecimiento
La llamada “derrota de los bloqueos” que Paz Pereira festeja no ha terminado, sin embargo, con el desabastecimiento de gasolina y diesel, como afirmaban los funcionarios del gobierno. Las colas por combustibles en las estaciones de servicio de todo el país persisten, con una duración de “hasta días y noches” (La Razón, 25/06). Ahora Paz Pereira afirmó que el desabastecimiento se debe a controles de calidad y que la cantidad de combustible está “más que garantizada”. A la vez, afirmó que en una semana estaría solucionado, reiteró que la demora es producto de más de 50 días de bloqueos y volvió a acusar al gobierno anterior, del masista Arce, por la gasolina basura (El deber, 24/06).
El ministro de hidrocarburos anunció una deuda de 500 millones de dólares de YPFB por la importación de combustible, lo que obligó a que las autoridades de la empresa estatal explicaran que las demoras en las estaciones de servicio se deben a cuestiones de logística y no a esa deuda. Transportistas ya han emplazado al gobierno con retomar medidas de lucha en 48 horas (La Razón, 26/06).
Desde diferentes sectores de la población se ha cuestionado qué es lo que Paz Pereira ha hecho con el ahorro de 10 millones de dólares diarios que garantizó su gasolinazo de enero, mediante el fin de las subvenciones en el mercado interno, dejando en evidencia que la derrota de la rebelión no ha revertido la desconfianza y el choque de buena parte de las masas bolivianas contra Paz Pereira. En este marco, el presidente de YPFB ha descartado nuevos aumentos en nombre de la “normalización” de los precios internacionales (Ídem).
Devaluación
Confiado en el reflujo de la rebelión en su contra y de los límites insalvables de las actuales direcciones de las masas bolivianas, Paz Pereira aprovechó la ocasión para imponer una devaluación del 40 % desde el lunes próximo y un nuevo esquema de flexibilidad cambiaria (El Deber, 27/06), que plantea devaluaciones sucesivas. La medida estaba programada desde el inicio de su gobierno y figuraba dentro del extenso articulado del abrogado decreto 5503 por una primera rebelión contra su política. Ahora es exigida por el FMI para otorgar 3 mil millones de dólares al gobierno, que serían claves para hacer frente a los vencimientos de deuda de este año bajo la crisis de divisas del Estado boliviano.
Objetivamente, el golpe que implica para los ingresos de la masa asalariada y campesina boliviana es motivo para una nueva rebelión. Licúa además los aproximadamente 4 mil millones de bolivianos que implican los diferentes acuerdos con los diferentes sectores gremiales y sindicales para bajarlos de la rebelión. Diferentes analistas advierten sobre el impacto que tendrá esta medida en la posibilidad de hacer frentes a las importaciones de combustibles (Ídem), aunque está clara que la línea del gobierno es financiarse con endeudamiento externo. Los senadores y diputados de la Asamblea Plurinacional han aprovechado para aprobar nuevos créditos con organismos internacionales en nombre de paliar la crisis provocada por los bloqueos.
Con el avance de la influencia del imperialismo norteamericano sobre el país, el 'estado de excepción' y este golpe devaluatorio, la clase obrera y el campesinado boliviano afrontan un golpe político y económico que replantea la necesidad de retomar la lucha contra el gobierno de Paz Pereira y por un gobierno propio.
Julio Quintana
27/06/2026
domingo, 28 de junio de 2026
Los casos de tuberculosis continúan en aumento en Argentina a medida en que empeoran las condiciones de vida de la clase obrera
De acuerdo al BEN, el mayor número de casos de tuberculosis se encuentra en los varones. En 2025 hubo 10.483 contagios, equivalentes al 60,7 por ciento del total, mientras que las mujeres registraron 6.725 casos. En cuanto a la edad, el 61,5 por ciento de los casos se distribuyó en la población de 15 a 44 años. Las tasas más elevadas en varones se observaron en los grupos de 20 a 39 años. En mujeres, las tasas también fueron más altas en edades jóvenes. En menores de 15 años se registraron 1.271 casos, es decir, el 7,8 por ciento del total. Los mayores aumentos corresponden a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza. La principal causa de este incremento es la persistencia de determinantes sociales y sanitarios que favorecen la transmisión así como la recuperación de las actividades de detección y diagnóstico, expresa el Boletín Epidemiológico Nacional. La desnutrición, la pobreza, el hacinamiento son factores de riesgo, así como la falta de acceso a los servicios de salud en forma precoz, siendo un agravante la consulta tardía.
El aumento de los casos de tuberculosis se conjuga con el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera. Pese a que el gobierno liberticida se jacte de la reducción de la pobreza, diferentes consultoras la sitúan en números arriba del 30 %. Un informe de la Universidad Nacional Torcuato Di Tella da cuenta que en el semestre de octubre 2025-marzo 2026, la pobreza se habría ubicado en un 30 %, dos puntos por encima del semestre julio-diciembre que había sido de 28 %. (El Destape, 25/06/2026). Cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes (42,3 %) viven en hogares pobres, mientras que el 9,4 % se encuentra por debajo de la línea de indigencia, según un informe de UNICEF basado en datos oficiales del segundo semestre de 2025 (publicado el 9/06/2026). A su vez, 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes residen en hogares pobres, y, de ellos, cerca de 1.1 millones, en hogares indigentes. Agravan el panorama el desempleo, el aumento del trabajo informal por sobre el empleo formal, el aumento de los precios de los alquileres, el congelamiento salarial. Todo esto dificulta el acceso a una vivienda en condiciones saludables y empuja a las personas a vivir en la calle o en habitaciones precarias en hoteles o pensiones. A esto se suma el aumento del precio del transporte. Estas cuestiones hacen muy dificultoso que una persona pueda sostener los controles y el tratamiento, aun siendo garantizada la atención y el seguimiento de forma gratuita por parte de los hospitales y centros de salud pública que, además, son atacados sistemáticamente por el gobierno liberticida.
Como venimos desarrollando en estas páginas, el sistema capitalista y sus gobiernos nos llevan a la barbarie. Para defender las condiciones de vida de la clase obrera debatamos e impulsemos la lucha con un programa: aumento sustancial de salarios y jubilaciones, por una política de vivienda e infraestructura urbana en beneficio del conjunto de la población trabajadora, por un sistema de salud único, estatal y gratuito, bajo el control de sus trabajadores.
Daniela Magoc
27/06/2026
Fuentes:
Boletín Epidemiológico Nacional: ben813se232362026.pdf
Preocupa una bacteria cuyo contagio no para de crecer y causa una muerte cada siete horas pese a tener cura
Giro preocupante: un prestigioso informe confirmó qué pasa con la pobreza en Argentina desde diciembre | El Destape
Tuberculosis - Vacuna BCG | Argentina.gob.ar Nuevo informe de UNICEF: cuatro de cada diez niñas y niños son pobres en Argentina
Refinanciación de deudas: rescatan a la banca a costa de esclavizar de por vida a trabajadores y jubilados
La escalada de morosidad saca a la luz el carácter ficticio y confiscatorio del boom de préstamos privados que la Asociación de Bancos celebró para los ejercicios de 2024 y 2025. El núcleo de ese ascenso residió en préstamos al consumo, contraídos principalmente por asalariados. Como los préstamos personales y las tarjetas se otorgan o emiten discrecionalmente a quienes reciben su sueldo en una cuenta bancaria, es claro que la “garantía” de estos créditos ha consistido en el salario o la jubilación que se deposita puntualmente. Pero la avalancha de préstamos y tarjetas no representó un salto en la demanda de mercancías de consumo, y la razón es clara: con los instrumentos de crédito, los trabajadores y pensionados sólo suplían la espantosa caída de sus salarios y jubilaciones. La tarjeta de crédito y el préstamo personal no se destinaron al financiamiento de mercancías durables, sino a los alimentos cotidianos. En los supermercados, las dos terceras partes de las ventas se hacen a crédito, con tarjeta. Las billeteras digitales ofrecen fuertes descuentos en la compra, como una manera de asegurarse una corriente de depósitos. Luego, le prestan ese dinero, a tasas superusurarias, a muchos de los que compran con “descuento” al usar esa misma billetera.
De este modo, se construyó un “brillante” negocio bancario a costa de la penuria salarial y jubilatoria. A plena conciencia de la confiscación que perpetraban, los bancos practicaron la usura para con sus deudores laboriosos. La tasa nominal anual de préstamos personales ha oscilado en torno del 70 %, lo que representa una tasa efectiva mensual del orden del 6 %. Pero las víctimas de la tarjeta de crédito han pagado mucho más: alrededor de un 90 % de tasa nominal. La tasa “efectiva” anual -la que calcula la capitalización de la deuda mes a mes- llega en ese caso al 120 %. Si se tienen en cuenta las “actualizaciones” salariales del 1 % mensual permitidas por el liberticidio, es muy claro que asistimos a un defolt anunciado. Los bancos han lucrado con la miseria salarial y previsional, y ahora reciben en devolución la insolvencia de esos mismos trabajadores endeudados.
A diferencia del crédito al capital, que devuelve los intereses con una parte de la plusvalía arrancada a los trabajadores, el crédito al consumo de los asalariados sólo puede ser devuelto con una detracción del salario futuro y, por lo tanto, también de los consumos futuros. Cuando, además, los salarios mismos se retraen, la perspectiva es la bancarrota del consumo final, que todas las estadísticas señalan que se ahonda.
Para no enfrentar las consecuencias ruinosas de esta quiebra, los bancos han inventado ahora un sistema de refinanciación de las deudas en mora. Los que han hecho punta son los bancos estatales, aunque algunos privados apelan a lo mismo pero con mayor reserva.
El banco Nación, por ejemplo, ofrece refinanciación de deudas hasta en sesenta meses, con una tasa nominal del 65 %. Ello representa una carga financiera mensual del 5,4 %, una vez más, frente a reajustes salariales o jubilatorios que representan la tercera o la cuarta parte de esos intereses. Otra alternativa, la del kicillofista Bapro, ofrece hasta diez años de refinanciación con una tasa anual del 10 % … pero añadiendo a la traicionera tasa UVA, la cual, con una disparada devaluatoria o inflacionaria, deja en paños menores a sus supuestos beneficiarios. El banco de Formosa, en manos de otro “Nac y Pop”, Insfran, ofrece un plan –llamado “Borrón y Cuenta nueva”- a la redituable tasa anual nominal del 66 % En la Legislatura de CABA, un proyecto del peronista Santoro, en acuerdo con Jorge “desalojo” Macri, ha dispuesto refinanciaciones a una tasa del 35 % en dos años, sin hacerse cargo que a esos mismos deudores -y a los que siguen pagando sus créditos- se les aplica una tasa que duplica a la que ahora le ofrecen a un muy restringido universo de morosos. De todos modos, esa “nueva” tasa es también superior a la inflación y al crecimiento de los salarios. Los bancos privados que adhieran, además de encontrar una “salida” a sus carteras morosas, obtienen una reducción en el impuesto a los ingresos brutos por los intereses pagados.
Los “rescates” ofrecidos, en definitiva, permiten que la banca “limpie” sus balances y ponga “en regla” a una masa de deudores defaulteados. Los morosos deberán prolongar su hipotecamiento, que podrá llegar a los cinco y diez años, pagando intereses que superan la actualización de sus salarios o jubilaciones.
La persistencia de intereses usurarios en los préstamos privados es inseparable de otro régimen leonino: el de la deuda pública en pesos, que rinde intereses de “oro” a los especuladores de adentro y de afuera. La tasa de interés que cobran los bancos por sus préstamos se “emparda” a los rendimientos que consiguen cuando le prestan al Estado. De ese modo, los trabajadores que apelan a los préstamos de consumo son indirectamente expoliados por los acreedores de la deuda pública. El compromiso de los pejotakirchneristas con las refinanciaciones que rescatan a la banca pone de manifiesto la comunión estratégica de intereses con la confiscación social armada por los liberticidas, y que ellos no van a alterar si les toca gobernar.
En oposición a este rescate del capital financiero, planteamos el repudio o la quita sustancial de las deudas de consumo de los trabajadores con el sistema bancario formal o “informal”; si los bancos tomaron como garantía los salarios y jubilaciones (mal) pagos, la responsabilidad del impago corresponde a la propia banca que los otorgó, y al régimen social de los salarios a la baja y los despidos; luchamos por la apertura de las cuentas de la banca, para establecer las ganancias extraordinarias obtenidas en base a la usura contra los que viven de su trabajo.
Marcelo Ramal
27/06/2026
La ‘renuncia’ de Adorni es una ‘fake’
La ‘renuncia’ es la consecuencia de un compromiso acordado por parte del oficialismo con los aliados que cuenta en el Congreso.
El Parlamento conspiró para evitar lo más importante, como es una interpelación pública que revelara a la ciudadanía las tramas oscuras de esta corrupción, como las operaciones digitales de Javier Milei, que han dejado un tendal de víctimas financieras en varias jurisdicciones nacionales e internacionales.
Las corruptelas de un Jefe de Gabinete están siempre asociadas a concesiones macro y microeconómicas, como los RIGI y Súper RIGI o el remate de activos estratégicos. Es precisamente lo que el Congreso barrió bajo la alfombra. Una comisión investigadora debería clarificar la trastienda de esta “renuncia”.
En el caso del Senado, la colaboración para evitar una sesión “complicada” involucró a una eminencia gris del peronismo, Mayans.
Una destitución de Adorni fue desechada para no afectar la intangibilidad de la deuda pública, como lo dejó entender claramente Luis Caputo.
La otra operación quirúrgica que acompaña la ‘renuncia’ de Adorni, se encuentra en cabeza del ministro de Justicia, Mahiques, que ha arreglado un proceso digitado de nombramiento y perpetuación de magistrados en conformidad con la camarilla judicial. Esto resultará en el prolongamiento del caso judicial de Adorni, que puede terminar en una suerte de indulto.
El demiurgo de esta operación ha sido el ministro Luis Caputo y el ‘exterminator’ Sturzenegger; el primero, para evitar un default de los vencimientos de deuda; el segundo, para arrancar el SúperRIGI y liquidar derechos laborales y previsionales.
Adorni se va, para que el régimen de la motosierra siga haciendo su trabajo sucio.
La renuncia del ministro viajero ha sido fabricada por la Inteligencia Artificial, para estafar a la ciudadanía.
Jorge Altamira y Marcelo Ramal
sábado, 27 de junio de 2026
Terremoto en una Venezuela bajo asedio imperialista
Un terremoto sacudió Venezuela este miércoles, dejando hasta el momento 235 muertos y más de 4.500 heridos. "Parece una zona de guerra", dijo un periodista venezolano que vive en la capital, Caracas. Las imágenes de familias buscando un lugar donde pasar la noche con sus pertenencias encima son estremecedoras.
Dos sismos golpearon la región norte del país, incluyendo a Caracas. El terremoto se produjo en una zona de fallas geológicas. Se trata del más fuerte desde el año 1900, cuando el terremoto San Narciso causó la muerte de 21 personas, decenas de heridos y la destrucción de edificios en la capital.
Los rescatistas, que sufren condiciones de precarización y enfrentan la escasez de equipos y materiales, están trabajando en la búsqueda de personas. Varias familias intentan, también, encontrar a sus seres queridos entre los escombros. Se ha denunciado, asimismo, que muchos edificios no cumplen con las disposiciones sísmicas que están contempladas en los códigos de construcción. A esto se suma el deterioro de la infraestructura por la falta de mantenimiento.
Fuera el imperialismo
Delcy Rodríguez, la presidenta que asumió el poder tras el golpe que dio Estados Unidos e incluyó el secuestro de Nicolás Maduro, agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por su "solidaridad", ya que el magnate prometió ayuda logística militar ante el terremoto.
El gobierno de Rodríguez está postrado ante Trump, siendo una vía de la expoliación imperialista de Venezuela. En este sentido, se inscriben las reformas para facilitar el copamiento de los recursos petroleros y mineros por parte del capital extranjero. Trump tiene en la mira el petróleo venezolano -las mayores reservas del mundo-, e incluso selló un acuerdo con Caracas en enero para la compra de crudo, cuyos fondos fueron a parar a una cuenta supervisada por la Casa Blanca.
Toda la solidaridad con el pueblo venezolano en estos difíciles momentos.
Prensa Obrera
Volkswagen prepara una masacre laboral de hasta 100.000 despidos
El grupo Volkswagen prepara uno de los mayores ataques contra los trabajadores de la historia de la industria automotriz. La empresa proyecta eliminar hasta 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo, una cifra equivalente a casi uno de cada seis empleados de su planta global, compuesta por aproximadamente 625.000 trabajadores.
El plan representa una profundización de la reestructuración que ya se encuentra en marcha. Volkswagen había acordado recortar 50.000 empleos en Alemania hasta finales de 2030 y reducir su capacidad productiva en el país en 500.000 vehículos anuales. Ahora, la dirección del grupo analiza eliminar otros 50.000 puestos de trabajo.
De concretarse, la reestructuración superaría los 74.000 despidos ejecutados por General Motors durante la década de 1990 y los 60.000 puestos eliminados por IBM en 1993. Se trataría, por lo tanto, de una de las mayores masacres laborales llevadas adelante por una sola empresa.
Cierre de plantas y reducción de la producción
Las nuevas medidas incluirían el cese de la producción en otras cuatro fábricas alemanas: las plantas de Volkswagen ubicadas en Emden, Zwickau y Hannover, y la fábrica de Audi en Neckarsulm.
Estos cierres se sumarían al de la planta de Dresde y al anunciado cese de la producción en Osnabrück, previsto para el próximo año. Volkswagen busca compradores o nuevos destinos para estas instalaciones, entre ellos su utilización por parte de otras automotrices o de empresas vinculadas con la industria militar.
El director ejecutivo del grupo, Oliver Blume, pretende reorganizar el conglomerado alrededor de su actividad automotriz principal, desprenderse de activos y obtener nuevos recursos. En esa línea, Volkswagen vendió su división de motores marinos Everllence al fondo estadounidense Bain Capital por 7.400 millones de euros.La empresa se había fijado el objetivo de ahorrar 6.000 millones de euros anuales hasta 2030. Para alcanzar esa meta, pretende reducir salarios, puestos de trabajo y capacidad productiva, mientras continúa realizando operaciones multimillonarias y preservando los intereses de sus accionistas.
La crisis capitalista de la industria automotriz
Volkswagen justifica la ofensiva por el impacto de los aranceles estadounidenses, la guerra en Medio Oriente, el deterioro de su posición en China y el avance de los fabricantes chinos en el mercado europeo.
Durante los primeros cinco meses del año, las marcas chinas representaron casi uno de cada diez automóviles nuevos vendidos en Europa. La expansión de estos fabricantes ha agudizado la competencia por el mercado mundial, especialmente en el sector de los vehículos eléctricos, donde las automotrices europeas acumulan un importante retraso.
La dirección de Volkswagen busca presentar los despidos como una consecuencia inevitable de esta competencia. Pero los trabajadores no son responsables de las decisiones empresariales, de la falta de inversiones ni de la crisis provocada por la disputa entre los distintos monopolios automotrices.
Mientras las patronales compiten por mercados, subsidios estatales y mayores márgenes de beneficio, pretenden que sean los trabajadores quienes paguen las consecuencias mediante despidos, cierres de fábricas, aumentos de los ritmos de producción y pérdida de conquistas laborales.
La burocracia sindical allanó el camino
A finales de 2024, Volkswagen llegó a un acuerdo con los sindicatos para reducir puestos de trabajo y capacidad productiva en Alemania. Ese acuerdo, presentado como una forma de evitar cierres inmediatos, abrió el camino para la ofensiva actual.
Ahora, frente a la posibilidad de que la compañía duplique la cantidad de despidos y avance sobre nuevas plantas, los representantes del comité de empresa y de IG Metall anunciaron que se opondrán al plan.
"Si se siguen adelante con esos planes, nos opondremos con todas nuestras fuerzas”, declararon Daniela Cavallo, presidenta del comité de empresa de Volkswagen; Christiane Benner, presidenta de IG Metall, y Thorsten Gröger, dirigente del sindicato en Baja Sajonia.
Sin embargo, la defensa de los puestos de trabajo no puede quedar subordinada a nuevas negociaciones destinadas a administrar la reestructuración patronal. La experiencia demuestra que los acuerdos basados en retiros “voluntarios”, jubilaciones anticipadas y reducción de la producción solo escalonan los despidos y preparan nuevos ataques.
El consejo de supervisión de Volkswagen, donde participan representantes sindicales, debe analizar el nuevo plan el próximo 9 de julio. También se discute una reorganización interna que podría reducir los derechos de intervención de los trabajadores dentro de la compañía.
Por una respuesta obrera internacional
La amenaza contra los trabajadores de Volkswagen forma parte de una ofensiva más amplia de las automotrices europeas. Las patronales buscan utilizar la competencia internacional y la transición hacia los vehículos eléctricos para cerrar plantas, eliminar empleos y flexibilizar las condiciones laborales.
Frente a una empresa transnacional que organiza su producción a escala mundial, es necesaria una respuesta coordinada de los trabajadores de todas las plantas y países. La defensa de cada puesto de trabajo exige superar la política de acuerdos por fábrica y de colaboración con la dirección empresarial.
Es necesario impulsar asambleas en todas las plantas, elegir delegados con mandato de base y preparar un plan de lucha común contra los despidos y los cierres. Ante la reducción de la producción, corresponde repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores, sin reducción salarial.
Volkswagen debe abrir sus libros al control de los trabajadores. Si la empresa amenaza con cerrar fábricas o despedir masivamente, debe plantearse su ocupación y puesta en funcionamiento bajo control obrero.
La crisis de Volkswagen vuelve a mostrar la incompatibilidad entre las necesidades de los trabajadores y la búsqueda de beneficios de los grandes monopolios. La defensa de los puestos de trabajo requiere una lucha independiente de las patronales, los gobiernos y la burocracia sindical.
Prensa Obrera
El crecimiento de la miseria social en la Ciudad y en todo el país
De acuerdo a este informe, en el primer trimestre de 2026, el 21,1 % de los porteños (651.000 personas) se encuentra en situación de pobreza. "Fundamentalmente aumentó la población indigente (pasó de 6,2 % a 8,9 % interanual) y la población vulnerable (de 9 % a 10,4 % interanual)", señala. La indigencia involucra al 8,9 % de las personas (274.000 personas), prácticamente 1 de cada 10 habitantes de la Ciudad. El 39,6 % de los hogares en condición de pobreza, por lo tanto, no tiene ingresos suficientes para costear los requerimientos nutritivos y energéticos básicos.
Como contrapartida, se contrajeron los sectores considerados "medio frágil" -aquellos cuyos ingresos arañan la cobertura de la canasta familiar- y la llamada "clase media", que pasó del 48,6 % al 47 % en un año. En un informe reciente del mismo organismo, se estipulaba que una familia de cuatro integrantes, en la Ciudad de Buenos Aires necesitó, en mayo pasado, sumar ingresos por más de $2.450.044 para ser considerada de clase media, en caso de ser propietaria de su vivienda. Si se suma el costo de un alquiler, el umbral trepa a más de $3.600.000 mensuales. El 35 % de los poco más de 3.000.000 de habitantes permanentes de la Ciudad son inquilinos.
Pero mientras la "clase media" se desgrana hacia la pobreza y, en mayor proporción aún, los pobres se hunden en la indigencia, aumentó, aunque sea levemente, la población "acomodada", como se refiere el informe a los sectores de mayores ingresos: pasó del 10,8 % de hace un año atrás al 11,6 %. Son 358.000 personas, en la que es considerada "la ciudad más rica del país". Esto se condice con un informe del INDEC, también dado a conocer en las últimas horas, de alcance nacional, donde se concluye que la desigualdad se incrementó en el último trimestre. Al observar la distribución por deciles, señala, el 10 % de la población con mayores ingresos concentró el 33,5 % del ingreso total, mientras que el 10 % de menores ingresos recibió apenas el 1,8 %.
De conjunto, se ha incrementado la miseria social, que no es lo mismo que la insuficiencia de ingresos, sino una consecuencia estructural del capitalismo, del antagonismo entre capital y trabajo. La "contrarreforma" laboral y la extinción de los convenios colectivos de trabajo, que desmantelan conquistas de la clase obrera contra la explotación capitalista, agudizarán este proceso. Como referencia, nuevamente según los datos oficiales que ofrece el INDEC, los trabajadores registrados, hasta marzo de este año, percibieron un ingreso promedio de $1.375.143, mientras que quienes no cuentan con descuento jubilatorio registraron un promedio de $731.150. El INDEC también indicó que una familia tipo necesitó en marzo -último mes del trimestre- $1.434.464 para no ser pobre.
En marzo pasado, el gobierno celebraba una drástica reducción de los índices de pobreza. Todavía asegura incluso que los ingresos de los trabajadores le ganaron a la inflación. Las estadísticas nacionales se encuentran distorsionadas, en primer lugar, porque toma por referencia una canasta de consumo desactualizada (menor peso de los servicios, telecomunicaciones, etc). Por otro lado, además, los índices de pobreza son morigerados debido a la incidencia de la Asistencia Universal por Hijo (AUH), que es la única partida social que se ha incrementado en términos reales. Sin AUH, esos números se dispararían. Por último, los ingresos son sobreestimados: mientras que los de los trabajadores registrados se mantienen actualizados siguiendo la recaudación de aportes previsionales, los de los trabajadores en negro y precarizados tienen un rezago de varios meses en su cálculo.
Jacyn
26/06/2026
viernes, 26 de junio de 2026
Trump presiona al Congreso para avanzar en la estafa electoral
La ley de vivienda fue negociada en forma bipartidista durante meses, y es presentada como una reforma tendiente a reducir el costo de la vivienda. La cuestión del costo habitacional se ha demostrado como una de las principales preocupaciones de la población, y fue uno de los ejes de la campaña victoriosa de Zohran Mamdani en Nueva York. Los Republicanos consideraban la aprobación como “un logro crucial para su partido a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, en las que están en juego sus mayorías en el Congreso. Los votantes han criticado duramente la gestión económica del presidente, con tan solo un 33% de aprobación” (NYT, 23/6).
La ley “busca abordar la crisis de la vivienda impulsando la oferta en un país que enfrenta una grave escasez de viviendas nuevas”. “Los precios de las viviendas existentes han aumentado un 54 por ciento desde 2020, y las casas cuestan casi cinco veces el ingreso medio, muy por encima de los estándares históricos”. Según el New York Times, “Durante años, la crisis de la vivienda se concentró en las ciudades más grandes y liberales de Estados Unidos, como Nueva York y San Francisco. Pero el auge inmobiliario de la pandemia disparó los precios de las viviendas y los alquileres a máximos históricos en ciudades que nunca antes habían experimentado tales presiones, como Boise (Idaho) y Bozeman (Montana). Esto generó una crisis para los legisladores republicanos y una oportunidad excepcional para alcanzar un consenso bipartidista en un Congreso profundamente dividido” (ídem).
Trump -un capitalista del sector inmobiliario- no impulsó la ley, que provocó en su tratamiento muchas crisis a la interna de los Republicanos, pero tampoco la frenó. “Ante el tibio apoyo del presidente, las luchas internas dentro del Partido Republicano amenazaron repetidamente con frustrar la aprobación de la medida. El proyecto de ley también se enfrentó a una fuerte oposición por parte de legisladores de extrema derecha, quienes lo calificaron de ejemplo de despilfarro y extralimitación del gobierno, e incluso horas antes de la votación final amenazaron con intentar bloquearlo en la Cámara de Representantes.” Tras las negociaciones la ley se aprobó y Trump la calificó con su usual estilo grandilocuente como “la legislación de vivienda más completa y trascendental en la historia de nuestro país”.
Especulación y crisis habitacional
La llamada “escasez” de viviendas no significa que falten casas o apartamentos, sino que la especulación inmobiliaria ha disparado los precios tanto para la compra como para el alquiler. Grandes fondos de inversión no sólo poseen edificios de apartamentos sino también casas unifamiliares, lo que eleva el costo de la vivienda a niveles históricos. La nueva norma promete limitar la compra masiva de viviendas unifamiliares por parte de esos fondos, lo que se afirma tendería a bajar el precio de esas casas. La ley votada “prohíbe a las empresas poseer más de 350 viviendas unifamiliares ya existentes, aunque no les obliga a vender las viviendas adquiridas antes de su entrada en vigor. Una propuesta más estricta, que habría exigido a los inversores vender las viviendas unifamiliares construidas específicamente para alquiler tras siete años, fue descartada”. Los especuladores sostienen que el efecto de la norma va a implicar no más sino menos construcción de viviendas, ya que gran parte de ellas son directamente construidas por los especuladores con vistas a alquilar.
La ley también incentiva a los gobiernos locales a simplificar los trámites (acelerar permisos de construcción, recategorizar zonas donde está limitada la construcción, reducir las exigencias ambientales). Otro eje es habilitar en mayor medida las viviendas prefabricadas de baja calidad.
La crisis de la vivienda no se va a resolver con estas medidas parciales, cuando está ligada a la existencia de una enorme masa de capital ficticio que busca su valorización a través de la especulación inmobiliaria entre otros rubros que afectan la canasta familiar.
La ley pretende tomar en cuenta la cuestión de la “asequibilidad”, es decir, el alto costo de vida, que se ha convertido en una bandera política de cara a las elecciones en el marco de una carestía creciente. Ahora Trump la deja en suspenso para exigir a sus propios legisladores que vayan a fondo en la estafa electoral que se viene preparando.
Trump presiona a su partido
La Casa Blanca justificó la suspensión de la firma de la ley de vivienda al calificar la aprobación del paquete electoral como una “emergencia nacional” (Infobae, 24/6).
La SAVE Act busca suprimir el derecho al voto a millones de ciudadanos -especialmente jóvenes y trabajadores de bajos ingresos. Ha sido aprobada ya varias veces en la Cámara de Representantes, pero no logra el apoyo de todos los senadores Republicanos ni mucho menos de los Demócratas. Trump ha venido presionando a su bancada para que el Senado termine con el llamado “filibusterismo”, por el que la minoría puede obstruir la aprobación de una ley extendiendo el debate, ya que declarar el cierre de la discusión requiere un 60% de los votos de la cámara. El propio Senado podría cambiar su reglamento por mayoría simple y eliminar el requisito del 60% que protege a la minoría. Ya existen antecedentes respecto a eliminar esa mayoría especial en algunos casos puntuales en gobiernos anteriores. Sin embargo, una buena parte de los Republicanos se resiste a ese cambio, con el criterio de que ellos pueden ser en el futuro la minoría y perderían el poder de obstruir leyes. La construcción de la dictadura personal de Trump requiere, por el contrario, acabar con toda esa deliberación parlamentaria que limita o enlentece las medidas adoptadas por el presidente.
Dejar en suspenso la ley de vivienda va a profundizar la crisis entre los Republicanos, donde los más fieles trumpistas vienen apurando a la aprobación de la SAVE Act para que tenga efecto en las elecciones de medio término. Trump ya había planteado un chantaje similar respecto a la ley FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) que también busca aprobar el Congreso, diciendo que no la aprobaría hasta que se vote el paquete del fraude electoral.
Georgia se rebela contra el fraude
Otra faceta del fraude electoral es el que se desarrolla a nivel de los Estados dominados por los Republicanos, donde a exigencia del Presidente -y con el aval de la Suprema Corte trumpista- se viene redibujando los distritos electorales para inflar artificialmente la representación del Partido de gobierno. Estos cambios ya se aprobaron en varios Estados del “sur profundo”, como Luisiana (se eliminó un distrito de mayoría negra), Alabama (la Corte autorizó un cambio similar), Tennessee (se modificó el distrito de Memphis), Florida, que siguieron el ejemplo de Texas, Misuri, Ohio, Carolina del Norte. Se estima que los Republicanos se asegurarían (o serían más competitivos) en 10 a 17 distritos que antes favorecían a los Demócratas. Por su parte, los Demócratas podrían ganar unos 6 Representantes en distritos nuevos en California y Utah.
En el caso de Georgia -otro Estado del sur profundo- se produjo una gran protesta de la población contra una maniobra similar. “Georgia iba a ser el último estado del sur en considerar la redistribución de distritos tras un reciente fallo de la Corte Suprema que debilitó las protecciones de la Ley de Derechos Electorales para la representación de la población negra” (NYT, 17/6). Sin embargo, “activistas y manifestantes por los derechos civiles se congregaron en Atlanta, considerada la cuna del movimiento por los derechos civiles”. “Marchas y manifestaciones recibieron a los legisladores cuando se reunieron para [una] sesión especial” convocada para tratar la modificación distrital de cara a las elecciones de 2028 (ya no para noviembre de este año). Las protestas provocaron el levantamiento de la sesión y el anuncio del gobernador que no se trataría (por ahora) la modificación. El gobernador Kemp ya había resistido la presión de Trump para aprobar de apuro los cambios con vistas a noviembre (como hicieron muchos Estados) y prefirió esperar a los fallos judiciales respecto a los cambios en otros Estados, y apuntar a un cambio recién para 2028. Esto también quedó por ahora en suspenso, ya que una parte de los Republicanos teme que este tema se convierta en un eje en las próximas elecciones en el Estado (para gobernador y legisladores), lo que permitiría a los Demócratas movilizar al electorado en el que “se ha convertido en el estado indeciso más importante del sur profundo”.
La cuestión de la reforma electoral forma parte de la intentona trumpista de establecer un régimen de dictadura personal, incluso en el contexto de una presidencia que ha perdido popularidad, en particular por los efectos de la guerra imperialista sobre las condiciones de vida populares.
Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay)
25/06/2026
Libertad a Milton y Eneas, presos políticos de Milei y Bullrich
Sus capturas no fueron realizadas in situ durante la jornada de protesta que reunió a miles de manifestantes, sino como resultado de tareas de "ciberpatrullaje" e inteligencia posterior. Eneas, repartidor de aplicaciones, fue detenido el pasado 18 de marzo y Milton, masajista, el 15 de febrero. Además de ellos dos, hay otras nueve personas procesadas en la misma causa. A una de ellas, vendedor ambulante, le impusieron el uso de una tobillera electrónica y severas restricciones de circulación por la Ciudad.
La acusación contra Eneas y Milton incluye "atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública y tenencia de elementos incendiarios". El Gobierno presiona para aplicarles la Ley Antiterrorista, aprobada durante los gobiernos kirchneristas, lo que permitiría aplicarles penas de hasta 30 años de cárcel. Aunque su acusación no contempla la figura de terrorismo, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich ya los trata como tales. A Milton, por ejemplo, lo mantuvieron un mes incomunicado en el pabellón de "alto riesgo" (Sigpplar) del penal de Ezeiza. También ha dificultado la comunicación de los dos compañeros detenidos con los organismos de derechos humanos.
A finales de mayo, la Justicia porteña confirmó la prisión preventiva para ambos, actualmente alojados en el penal de Marcos Paz. El argumento esgrimido por la sala de apelaciones fue su supuesta falta de "arraigo", por no contar con empleadores físicos o fijos. Siguiendo un criterio ultrapatronal, la Justicia utiliza su condición de trabajadores precarizados para justificar la privación de su libertad.
Estas “condenas de facto” forman parte de una política sistemática. Las protestas contra la Ley Bases en 2024 dejaron un saldo de 33 detenidos, de los cuales cinco sufrieron prisión preventiva prolongada bajo métodos idénticos. El Gobierno busca montar un régimen de excepción contra quienes se movilizan y amedrentar a los trabajadores.
La exigencia por su libertad inmediata y la anulación de todas las causas armadas es una tarea urgente de todo el movimiento obrero.
Federico Fernández
24/06/2026
jueves, 25 de junio de 2026
miércoles, 24 de junio de 2026
El nuevo vocero del gobierno
El nuevo secretario de Prensa es Fabián Fernández, quien reemplazará al “karinista” Javier Lanari. También se oficializó la salida del propio Adorni de la vocería presidencial, que asumirá el economista y diputado por La Pampa Adrián Ravier. Ravier mantiene vínculo directo con el presidente y buena relación con el asesor presidencial Santiago Caputo, dado su rol como director académico de la ultramontana Fundación Faro, dirigida por el fascista de Agustín Laje. En solo 24 horas Karina Milei perdió influencia en un área clave que hasta el momento estaba bajo su radar. En la permanente puja de facciones se terminó imponiendo Santiago Caputo. Desde el “karinismo” sostienen, sin embargo, que los nuevos funcionarios “no responden a nadie”, pero todo parece indicar que van a revistar en el “caputismo”. Según Infobae, los funcionarios nombrados “coincidieron en un gesto que podría marcar el perfil que van a tener durante sus respectivas gestiones, y es que luego de conversar con el jefe de Gabinete [Manuel Adorni], fueron a hacer lo mismo con Santiago Caputo” (Infobae, 23/6).
Fabián Fernández fue presentado en la cuenta oficial de la Vocería de Prensa como un "especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa" y resaltaron que "durante más de una década integró y acompañó distintos equipos de gestión". Su antecedentes más importante es su paso por el municipio de Lanús e YPF. Horacio Marín, CEO de YPF, quien celebró la designación y agradeció a Milei por la elección de uno de sus "mejores colaboradores para que lleve adelante esta tarea". Marín afirmó que "Fabián es un gran profesional, comprometido y muy responsable. Felicitaciones en esta nueva etapa".
Fernández se egresó como locutor en la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos. Rapidamente comenzó a trabajar en medios locales radiales y televisivos de la zona sur del Gran Buenos Aires. En la ciudad de Lanús se desempeño como movilero y por un tiempo estuvo al frente del noticiero del canal Telecreativa, en donde era compañero de la actual diputada libertaria Lorena Petrovich. A finales de 2015 comienza su carrera política en las filas macristas, cuando fue nombrado como director de Prensa del municipio de Lanús, cargo que dejaría para pasar a ocupar el cargo de subsecretario de Prensa y Nuevos Medios del gobierno municipal de Néstor Grindetti. En este cargo, Fernández estuvo a cargo de "manejo la relación con medios locales, provinciales y nacionales, la administración de la pauta publicitaria, la comunicación de gestión y la agenda pública del intendente" (Clarin, 22/6). Su carrera política dentro del macrismo incluyó una candidatura a concejal suplente en 2019 y en 2021 fue parte del equipo de comunicación de la exgobernadora María Eugenia Vidal, cuando esta se postuló a diputada nacional por CABA.
Por su parte Adrían Ravier llega a la vocería presidencial a partir de una decisión de Milei, enfrentado en este caso a su hermana que quería que el cargo fuera ocupado por Lanari. Ravier señala sobre si mismo que “soy liberal desde muy joven. Estudié Economía. Desde temprano trabajé para difundir estas ideas”. El “cruzado” liberal tiene un libro publicado en coautoria con Javier Milei: “La batalla por la macroeconomía”. Con un fuerte perfil académico, dictando clases en universidades argentinas y del exterior, además de publicar numerosos trabajos sobre teoría económica, es considerado uno de los principales divulgadores en el país de las ideas de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Jesús Huerta de Soto, referentes de la Escuela Austríaca. Ravier es un Milei con buenos modales. Según Adorni la función de Ravier será la de “comunicar y explicar los principales hitos económicos del país”. También deberá dar respuesta, eventualmente, sobre la causa que se le ha abierto a Adorni por enriquecimiento ilícito.
Con estos cambios, "las fuerzas del Cielo" comandadas por Santiago Caputo se refuerzan dentro del Gabinete, luego de haber perdido influencia en áreas sensibles como el Ministerio de Justicia, que terminó recayendo en las manos de Juan Bautista Mahiques. A su vez, Nahuel Sotelo debió dejar la secretaría de Culto y Civilización para asumir como legislador bonaerense, mientras que Agustín Romo estuvo a punto de perder la jefatura del bloque de la Legislatura bonaerense. Caputo sigue pisando fuerte en Salud, la SIDE y la Procuración del Tesoro a través de Sebastián Amerio. El próximo paso es el de hacerse de la jefatura de Gabinete.
El caso Adorni retrata a toda la camarilla libertaria y al régimen económico y político que ha montado en estos años. El gobierno se presenta como lo que es: una banda de lúmpenes fascistas sostenidos por la burguesía nacional, que se vale del “reformismo” mileista para hacer pasar todo tipo de atropellos contra las masas, y por el imperialismo norteamericano, que encontró en Milei la punta de lanza del fascismo continental, que elección tras elección, viene reforzándose.
Lucas Giannetti
23/06/2026
Blanqueo de armas: Milei arma la fascistización
Lo decisivo de la ley no es que "ordene" un stock de armas preexistente, como dice el discurso oficial, sino lo que habilita hacia adelante: la incorporación masiva de armamento a la sociedad civil sin explicar su origen. Eso no es un detalle técnico. Es exactamente la materia prima que necesita cualquier proyecto fascistizante: una base social armada por fuera del control judicial. Caracterizamos a Milei como un fascista que todavía no logra desarrollar un movimiento y un régimen específicamente fascista. Pero cada medida que naturaliza la tenencia de armas sin trazabilidad, que blinda con impunidad legal su circulación, es un mojón en esa dirección. La postal del estratega oficial Diego Kravetz, mostrándose públicamente en una galería de tiro mientras ensaya su puntería, no es un pasatiempo individual; es la escenificación de una orientación fascista.
Esta ley se inscribe en una agitación que el Gobierno despliega en distintos frentes simultáneos. En la Ciudad, Jorge Macri montó la "Operación Muro", un megaoperativo sobre los accesos desde el conurbano que el propio jefe de Gobierno presentó como un "muro contra la barbarie" de la provincia vecina, trazando una frontera explícita entre "la gente buena" de un lado y "los delincuentes" del otro. No son medidas aisladas de "seguridad": son piezas de una misma construcción política.
En el Reino Unido, las campañas sistemáticas de odio propagadas en la red social X por el multimillonario Elon Musk terminaron por incendiar las calles de Belfast, provocando violentas cacerías organizadas contra viviendas de familias inmigrantes y refugiados. Javier Milei, confeso seguidor y admirador de Musk, pretende importar esa misma matriz a nivel local, ya cuenta con antecedentes de violencia en X contra quienes lo cuestionen mínimamente.
Por otro lado, que esa desregulación además termine beneficiando al circuito narco y al contrabando de armas -el propio Registro Nacional de Armas reconoce 800 000 armas en situación irregular, y un informe del INECIP mostró que entre 2023 y 2025 las importaciones de armas se triplicaron mientras se registran ocho denuncias diarias por robo o extravío (elDiarioAR, 23/04)- no es una desprolijidad del proyecto: es la otra cara de la misma moneda.
Los gobernadores opositores administran los mismos territorios estigmatizados, sin ofrecer otra cosa que su propia versión de "mano dura". La única respuesta es la organización independiente de la clase obrera, en los barrios y en los lugares de trabajo, contra toda la agitación fascistizante del gobierno y sus aliados.
Iara Bogado
22/06/2026
Proteger a Adorni para salvar a Milei y a la motosierra
Financiamiento
En los dimes y diretes en torno del caso Adorni, había circulado la “preocupación” de Luis Caputo por el “ruido” que provocaba contra la normalización financiera de Argentina y un posible retorno al mercado voluntario de deuda. Pero lejos de reclamar una destitución sumaria, el ministro de Finanzas pidió colocarle paños fríos a la crisis de gabinete, de cara a un escenario financiero incierto. En el próximo año y medio, el gobierno tiene planteados vencimientos de deuda en moneda extranjera por 30.000 millones de dólares. Entre los recursos que tiene el Tesoro por emisiones recientes; las garantías de bancos internacionales -Banco Mundial y BID- y la renovación de los Repo -préstamos de corto plazo y alto costo- el gobierno reuniría unos 13.000 millones de dólares. En cuanto a los 17.000 millones de dólares restantes, la mitad se les debe a acreedores privados y la otra mitad al Fondo Monetario Internacional. Patear para adelante la deuda con el FMI exigirá un nuevo acuerdo, stand by o de “facilidades extendidas”. Reciclar los otros vencimientos de deuda estará decisivamente condicionado por el escenario de guerra internacional y crisis financiera en ciernes - la Reserva Federal norteamericana ha resuelto mantener elevadas las tasas de interés, cuanto menos, para lo que resta del año. En ese cuadro, el gobierno liberticida deberá redoblar sus garantías de pago para obtener financiamiento. Las exportaciones energéticas en alza auguran un importante superávit comercial. Pero para comprar esos dólares, el Estado debería emitir moneda o sacar los pesos del Tesoro, a costa de nuevos ajustes de gastos, de impuestazos y de privatizaciones. El FMI ha emplazado al gobierno para extender el impuesto a la cuarta categoría y elevar sustancialmente el monotributo. En un informe sobre Argentina, el J.P. Morgan hace reposar las chances de atravesar el año financiero 2027 en la “disciplina fiscal”.
Motosierra
En este punto, el respaldo del gran capital a Adorni se concentra en la gran apuesta del gobierno liberticida: imponerle un retroceso histórico a la condición social de la clase obrera y de los explotados. El gasto previsional ha caído un 24% desde 2023, pero el FMI “protesta” porque creció su gravitación relativa en el gasto primario, como resultado del desplome de la obra pública y de los subsidios al transporte y los servicios públicos. La motosierra que se prepara sobre las jubilaciones la anticipa el PAMI, que se encuentra en un colapso de prestaciones. El jefe de la operación criminal sobre el gasto social es el ministro Federico Sturzenegger, que celebró 60.000 despidos en la administración pública y prepara otra tanda significativa para lo que resta del 2026. Sturzenegger impulsa ahora el SúperRIGI, la creación de una zona franca para la oligarquía mundial de la Inteligencia Artificial. A la gran burguesía argentina, los liberticidas le ofrecen la zanahoria de una reconversión “exportadora”, pero, principalmente, un horizonte de precarización y bajos salarios para la fuerza de trabajo. En San Fernando, Madanes, el dueño de FATE, colocó carteles que anuncian la intención de utilizar el predio de FATE para el negocio de la distribución de energía. Sturzenegger dice que quiere convertir a la Argentina en "la Irlanda del continente". O sea, un país con un Producto Bruto inflado por la radicación de oficinas de empresas internacionales con activos tecnológicos. El “milagro irlandés” ha multiplicado la miseria y la polarización social fronteras adentro, y no eximió al país de poderosas crisis de deuda. En la cuenta antiobrera de los liberticidas, revista la liquidación del derecho del trabajo y el desempleo masivo, con la colaboración de la burocracia sindical y el inmovilismo de la “izquierda”.
A la luz de este repaso, es muy claro que Adorni y sus corruptelas no se sostienen por sí solas. La banda de lúmpenes en el gobierno es el mascarón de proa de una guerra civil contra las masas. Sus jefes más altos, sin embargo, están más frágiles que el propio Adorni: por un lado, un Trump que vive el bochorno de una guerra perdidosa; por el otro, una oligarquía capitalista de fascistas digitales que ha construido la mayor burbuja financiera internacional de los últimos veinte años. Por abajo, Argentina -y el continente entero, de Sur a Norte- son una gran olla a presión. Para terminar con la escoria criminal de los Milei, Sturzenegger, Adorni, Espriella y compañía tenemos que impulsar una acción obrera independiente y un partido socialista e internacionalista.
Marcelo Ramal
23/06/2026
martes, 23 de junio de 2026
El saqueo al Pami
Estos días constituyen el punto más alto de desatención a los millones de jubilados que aportaron al Pami mientras trabajaban activamente y que siguen aportando ahora como jubilados o pensionados.
Jubilados y pensionados sin atencion
Ya van varios días de cese de toda atención de médicos de cabecera, clínicas, prestaciones, farmacias. Todos los jubilados, en todo el país, carecen de atención y ya están informando que para ser atendidos tendrán que abonar ¡$20.000!
El gobierno es responsable de las muertes evitables cuando toma los fondos de Pami como propios recortando las prestaciones. Mientras, en su manejo de casta, establece sobreprecios, nombra jerárquicos a sueldos millonarios, tranza con laboratorios y grupos concentrados de salud; y paga anteojos, prótesis, pañales, sillas, o sea insumos, a precios exorbitantes.
Los otros destinos de los fondos de la "obra social más grande de América Latina" son desconocidos, aunque se puede suponer que están yendo al mantenimiento del dólar para garantizar el carry trade y las importaciones, o al pago de la deuda con Trump y con el FMI. Dado que la obra social está intervenida y que la camarilla que la dirige ha sido confirmada y ampliada por Milei, y no hay rendición de cuentas ni auditoría que valga. Todo lo negocian entre los Yacobitti, Rojo, el grupo Olmos, Leguizamo, Lugones y varios otros recién llegados.
Por todo este robo, que no se investiga a pesar del rojo en las cuentas y de que varias funcionarias de La Pampa, La Plata, periodistas e incluso intendentes denunciaron negociados a costa del recorte de sueldos, de tratamientos, de atención y de entrega de medicamentos sin costo, Pami atraviesa una crisis prestacional y de medicamentos que afecta a millones de jubilados.
En este marco hay falta de atención: se cierran dependencias y los jubilados deben viajar kilómetros para conseguir lugar donde atenderse, farmacias o laboratorios. Debido a la rebaja del pago a los médicos de cabecera, por otro lado, muchos se retiran de sus puestos.
Las asociaciones médicas y prestadores realizan medidas de fuerza y suspenden turnos en rechazo al retraso de pagos del organismo y a los recortes en el nuevo esquema de ingresos.
No se garantiza la cobertura de medicamentos: más de 2 millones de afiliados quedaron excluidos de la cobertura de entrega gratuita de fármacos, debiendo ahora gestionar subsidios sociales o trámites de excepción para acceder a ellos.
Milei miente
Mientras el gobierno asegura haber girado fondos para regularizar las deudas, siguen las demoras y el colapso en clínicas y consultorios externos.
No es casual que en los dos años de gobierno de Milei la cifra (registrada) de fallecimiento de jubilados sea mayor que durante la pandemia.
Las organizaciones de jubilados vienen reclamando un programa para el conjunto de los jubilados actuales y futuros: basta de 47 años de intervención en el Pami, que se cumpla la ley (directorio electo formado mayoritariamente por trabajadores y jubilados), apertura de los libros, investigación de contratos y de personal con sobresueldo, juicio y castigo a los funcionarios responsables del robo y vaciamiento del Pami.
También la restitución inmediata de medicamentos sin costo, ampliación del listado, de la atención, tratamientos, insumos, cuidadoras. No al cierre del Hospital PAMI de Hurlingham y demás establecimientos de atención. Aumento de sueldos y capitas a médicos de cabecera y trabajadores.
Estos puntos son levantados por el Frente de Izquierda Unidad y forman parte, junto a otros, de la constitución de los comités unitarios en apoyo al FIT-U que se están impulsando. Para terminar con Milei y superar al peronismo que le vota las leyes y aplasta las luchas.
Nora Biaggio
Derrota imperialista en Irán
El dato posiblemente más importante a nivel internacional que tengamos en este momento tiene que ver con la situación de la guerra en Irán. Es un tema que tiene una importancia en la coyuntura, pero posiblemente supere a la coyuntura, porque nosotros siempre señalamos que la guerra en Irán tenía que ver, de parte de Estados Unidos y de la administración Trump, con el objetivo de revertir un retroceso histórico muy marcado de los Estados Unidos y entendiendo que Irán y toda la zona de Medio Oriente es una zona estratégica, en tanto ahí se concentra una buena parte de la producción y la distribución de energía que tenía como uno de sus destinos más importantes China.
El problema fundamental que existía en la guerra contra Irán era que, si bien el propósito era doblegarlo, el propósito que existía de fondo era avanzar contra China. Y Estados Unidos dijo de entrada que el objetivo que tenía era una modificación de régimen iraní. Este era el objetivo que planteó Trump. Luego aparecía la propaganda que buscaban hacer determinados medios de comunicación del imperialismo, sobre que Irán quería tener armas nucleares y que Estados Unidos con sus ataques militares quería evitar que las tenga. Pero el propósito siempre fue una modificación del fondo de régimen iraní.
Trump incluso se había entusiasmado porque la experiencia que había realizado en Venezuela le había salido bien. En Venezuela, que tenía un régimen chavista también aliado a Irán y a Rusia, Estados Unidos produce una acción militar y logra no solamente secuestrar a Maduro sino especialmente -y es un punto a favor del imperialismo norteamericano- hacer de lo que queda del chavismo un factor de apoyo dentro del país y dentro de América Latina.
Entonces, con ese entusiasmo, dice "vamos a Irán y lo vamos a lograr del mismo modo". Fueron primero a asesinar -no a secuestrar- a la cúpula del gobierno iraní, pensando que iban a poder lograr una especie de Delcy Rodríguez (que hoy gobierna Venezuela de la mano de Trump) pero eso no se logró. Por el contrario, el régimen iraní soportó la situación y desenvolvió desde el punto de vista político, militar y económico una acción que superó con creces lo que estaba en los pronósticos de Estados Unidos.
Un tema clave que determinó este triunfo transitorio -todo en la vida es transitorio, por lo tanto no hay que bajarle el precio por eso- es que a partir del control de Irán sobre el Estrecho de Ormuz produjo una crisis económica brutal de impacto internacional y especialmente dentro de los Estados Unidos.
Y el gobierno de Trump entró en una situación realmente de cierto pánico, que eso se expresaba en las declaraciones contradictorias que hacía Trump cotidianamente y que muchos empezaron ya a burlarse de Estados Unidos porque un día decía que iba a eliminar una civilización del mapa durante una noche. Al día siguiente decía con Irán me llevo bien y vamos a llegar a un acuerdo. Y esto lo repetía una y otra vez, hasta que finalmente tiene que buscar un acuerdo cuyos términos fundamentales son un triunfo para Irán. ¿Por qué? Primero porque por un lado Irán logra mantener su régimen, que era el objetivo original que tenía Estados Unidos. Segundo, porque se levantan sanciones económicas, muchas de ellas que llevan décadas de parte del imperialismo; algunas que datan de año '79, cuando fue la revolución contra el Shá, que era un régimen del imperialismo dentro de Irán. Esto va a permitir la liberación de unos 300 mil millones de dólares que Irán va a poder utilizar para su propia reconstrucción. Es indudablemente un triunfo.
En varias ocasiones Trump dijo "voy a manejar a mi antojo la industria petrolera iraní", pero no lo pudo hacer. E Irán con estos fondos va a poder reconstruir su industria petrolera. Además, comprobó que su dominio del Estrecho de Ormuz le da un poder enorme para futuras negociaciones; un hecho que hacia adelante tiene una importancia estratégica.
En términos militares, Estados Unidos tiene que reconocer que Irán puede mantener capacidad misilística. Esto lo lleva directamente a un choque con Israel, porque esa capacidad era justamente un tema clave para el sionismo que siente que puede ser atacado con cierta efectividad, cosa que se comprobó también durante distintas instancias de la guerra, en la cual el escudo que decía tener Israel y que le daba mucha seguridad a su propia población se demostró bastante falible a las respuestas militares de Irán.
Entonces, es realmente una posición de derrota del imperialismo. Y sobre el tema nuclear que tanto se habló ni siquiera se logró lo que en su momento había planteado Trump: que Irán entregue el uranio enriquecido. Esto no sucedió y solamente se formó una comisión que tiene que evaluar la marcha de cómo es ese plan nuclear, lo que para Irán es un triunfo terrible -porque aparte nunca dijo que su objetivo sea tener armas nucleares de destrucción masiva, eso era lo que le achacan imperialismo para justificar la agresión.
Ahora, ¿por qué es importante esta derrota que está sufriendo Trump en Irán? Porque marca especialmente una debilidad del imperialismo en el momento en el cual pensaba que la guerra era el factor para revertir su decadencia. Razonemos lo siguiente: para China, que está en un enfrentamiento cada vez más creciente con Estados Unidos, es legítimo pensar es que si no pudo con Irán mucho menos va a poder con ella. Porque Irán es desde el punto de vista económico, militar, diplomático, una nación con cierta fuerza, pero infinitamente menor que China. Entonces vuelve Estados Unidos a exponer una debilidad muy importante. Si la guerra era el instrumento para revertir un retroceso, terminó poniendo más de manifiesto la debilidad que está llevando a ese retroceso.
La importancia de este hecho la tenemos que evaluar con mucha importancia en América Latina, donde en las últimas 16 elecciones 13 las ganó la derecha. Y no cualquier derecha, porque en muchos casos no es la derecha tradicional. En el caso colombiano, por citar el último ejemplo, Abelardo de la Espriella es una ultraderecha del estilo Milei, más ligado directamente a Estados Unidos. Después Keiko Fujimori venía de derrotas permanentes en los ballotages en Perú, y si se termina imponiendo por el pequeño margen del escrutinio provisorio es para la derecha un avance en América Latina. Por eso la derrota del imperialismo norteamericano y la exposición de esta debilidad es importante, porque pone en cuestión este ascenso de la derecha.
El problema que se viene a Trump en las elecciones por delante es realmente muy duro. Todas las encuestas pronostican una derrota muy fuerte. Y difícilmente este acuerdo pueda aplicarse rápidamente, porque permanentemente aparecen problemas. Estados Unidos expone incluso una crisis de dominación muy fuerte cuando entra en choque con Israel, que no es un tema menor tampoco, porque es su principal aliado en Medio Oriente, y para ser más exactos es una especie de cabecera de playa que tiene el imperialismo norteamericano en la región. Esta guerra, lejos de fortalecerlo, expone no solo una debilidad frente a Irán, no solo una debilidad frente a China, sino una crisis en su relación con Israel. Entonces, la crisis de dominación del imperialismo se agrava como consecuencia de este resultado negativo de Trump.
Una derrota electoral está muy relacionada con la guerra, porque justamente lo que precipita a Trump a buscar un acuerdo es el enorme impacto económico que ha tenido la guerra. Hay indicios muy fuertes de que la inflación norteamericana va a seguir en ascenso. Estados Unidos tuvo una inflación altísima en los últimos meses, que lleva para la población el cuadro de salarios que no se incrementan, de una industrialización que se promete pero no se logra. Una derrota muy probable de Trump abriría la posibilidad incluso de un impeachment, es decir, una caída anticipada en su gobierno.
Entonces, toda esta situación de América Latina de avance de la derecha hay que ponerla en este contexto. Nosotros vimos la importancia de un Trump el año pasado en Argentina, cuando fue clave para que la derrota electoral que había sufrido Milei en la provincia de Buenos Aires pueda transformarse un mes después en un triunfo gracias al salvataje del imperialismo norteamericano. ¿Cómo sería eso con una derrota de Trump en las elecciones de noviembre?
Después aparece otro problema político que la rebelión boliviana pone en debate, que es la siguiente: ya venimos en América Latina de una secuencia que también hay que evaluar al momento de hacer pronósticos de la actual situación que estamos enfrentando. ¿Cuál es esa secuencia ante esta ola derechista de triunfos electorales? Tuvimos una anterior ola derechista, donde también hubo triunfos por ejemplo de Bolsonaro en Brasil y compañía. Pero sin embargo esos gobiernos derechistas mostraron sus debilidades al momento de ejercer el poder. Hoy la rebelión boliviana plantea ese problema, porque le plantea la clase capitalista un dilema: queremos gobiernos de derecha para que avance contra la clase obrera y los sectores populares, ¿pero tienen capacidad de hacerlo o producen rebeliones populares?
El caso boliviano es el más claro, el que tiene mayor desenvolvimiento, pero también la lucha que estamos viendo en Chile plantea ese interrogante sobre si la derecha cuando llega al poder con sus ambiciones de avance contra la clase obrera y sectores populares no termina produciendo una rebelión popular; de manera tal que el progresismo capitalista se presenta muchas veces como una alternativa más confiable, más efectiva para determinados propósito del imperialismo que la ultraderecha.
Eso lo tenemos que ver en el futuro. Es un interrogante que nos plantea la rebelión boliviana. Hasta qué medida están las condiciones para la burguesía de llevar adelante estos regímenes de ofensiva. Y los resultados en Colombia están justos. Los resultados en Perú, también: Fujimori en la primera vuelta no llega al 20% de los votos. No son regímenes con mucha fuerza. Van a plantear para un futuro justamente en la lucha de clases que se va a desenvolver un interrogante importante, un Trump debilitado, posiblemente derrotado en las elecciones internas de Estados Unidos, con una ultraderecha que llega al gobierno pero sin que tenga pues una arrastre popular tan claro. Veremos las capacidades que tienen para avanzar en sus objetivos estratégicos de derrotar a los pueblos de América Latina y encolumnarlo detrás del imperialismo norteamericano.
En Argentina esto también está presente, porque Milei se presenta como uno de los principales aliados del trumpismo en la región y de Netanyahu a nivel internacional. Recordemos que el propio Milei se definió como "el presidente más sionista del mundo" y ahora incluso tiene que asistir a choques entre el imperialismo norteamericano con el sionismo, en el cual él no quiere tomar posición porque no sabe qué es lo que le conviene en esta situación, pero marca que los puntos de apoyo internacionales más fuertes que tienen son débiles.
Ese aspecto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para los trabajadores, para la izquierda, de seguir una lucha contra el gobierno de Milei, alejándonos del derrotismo clásico de la oposición capitalista, que a lo máximo que aspira es a moción de censura de Adorni en el parlamento, pero no a un desarrollo de una lucha consecuente, tenaz, para derrotar la ofensiva capitalista contra el pueblo. Por ejemplo, ahora derrotar el intento de Milei de aplicar la reforma laboral de un saque modificando 800 convenios colectivos de trabajo.
Cuando uno ve eso no se escucha al peronismo decir "che, salgamos a luchar contra la reforma laboral". Al revés, sindicatos como el Smata, uno de los principales sindicatos industriales en Argentina que tiene como dirigente a Ricardo Pignanelli -que es el quinto en la línea sucesoria del peronismo, de autoridades puestas por Cristina Kirchner directamente-, se apresuró y firmó la reforma laboral dentro del gremio.
Ahí no está la salida. La salida está en una lucha consecuente contra Milei, sabiendo que los puntos de apoyo más fuerte que tienen hoy están debilitados. Y a nivel internacional el imperialismo muestra esas debilidades que muchas veces no se ven y que uno está abrumado por las dificultades que existen en la relación de fuerza contra la patronal en un lugar, contra el gobierno en determinadas condiciones. Pero el contexto internacional es fundamental tenerlo en cuenta, porque a mediano y largo plazo es el que marca la tendencia de fondo.
Gabriel Solano
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