Inflación en alza: sube la espuma, se acerca el desplome

Javier Milei calificó como “repugnante” al índice de inflación del mes de marzo. La anualización “estilo Milei” del 3,4 % que anunció el INDEC alcanzaría el 55 %. Ante los empresarios de la Amcham, la Cámara de Comercio EE. UU.-Argentina, Caputo y Milei prometieron bajarla a menos del 1 %. Lo cierto es que se han acumulado diez meses de inflación en alza. El dato no luce bueno hacia adelante por el impacto de la guerra internacional y el alza de los combustibles. 

 La crisis que desnuda el dato inflacionario es que tiene lugar en el marco de una política deflacionaria. Está signada por la devaluación del dólar (no del peso, que, como contrapartida, se revalúa en el mercado de cambios, no en el mercado de consumo personal), tasas de interés elevadas, salarios y jubilaciones planchados y, en consecuencia, una prolongada recesión económica. Con una demanda de consumo e inversión en baja, la inflación se explica por la demanda financiera, como lo revelan las ganancias de los balances de los bancos (descontada la inflación). Esa demanda financiera significa que el endeudamiento aumenta; que los préstamos a los consumidores son para llegar a fin de mes o pagar deuda; que los préstamos a los capitales son para evitar la declaración de quiebra o para desviarlos a la especulación financiera; y que préstamos a los mismos especuladores tienen por objetivo la compra de deuda pública para financiar al Estado. Caputo ha logrado que la deuda pública aumente mientras el Gobierno declara un superávit fiscal. La temperatura de la organización capitalista en presencia dicta más de 41 grados. La economía oficial se limita a observar índices, no a analizar críticamente el movimiento contradictorio de la economía del capital. Ese mismo superávit fiscal significa que, aunque la recaudación fiscal cae, el Estado ‘chupa’ demanda efectiva. El Estado se ha convertido, bajo la gestión libertaria, en un desorganizador mayor de la economía capitalista que el propio populismo.

 En su discurso-excusa, Milei aseguró que la inflación bajaría porque la población “demanda más dinero”, sin distinguir si es por un endeudamiento que se retroalimenta, o si es para consumo o inversión. La financiación extorsiva del consumo, en cuotas “fijas”, se disfraza elevando los precios de venta. Bruta ignorancia. Lo que no explicó son los medios parasitarios que emplea para esa mayor demanda de pesos. Los pesos que se emiten para comprar los dólares de las exportaciones, o que ingresan con fines especulativos, son absorbidos mediante el crecimiento de la deuda púbica, que se renueva a tasas más elevadas. Pero esa deuda pública puede ser ofrecida (títulos, bonos) para obtener préstamos que son aplicados a la compra de más deuda. A esa “demanda (especulativa) de pesos”, se suma otra demanda de “supervivencia”: la clase media y los trabajadores empobrecidos liquidan ahorros en dólares para llegar a fin de mes con los pesos. Milei prometió reforzar el torniquete del des-ahorro. Con un 9,4 % de inflación en el primer trimestre, los salarios vuelven a caer en cinco o seis puntos porcentuales. Con paritarias de 1-2 % mensuales, el año 2026 amenaza con otro derrumbe salarial. 

 Pero los rubros que más aumentaron en marzo han sido los servicios públicos y el transporte, es decir, que el promotor del “repugnante” 3,4 % ha sido el propio gobierno de Milei. Como consecuencia de los tarifazos decretados por el Estado -y no por el “mercado”-, los monopolios energéticos han conseguido un salto extraordinario de sus ingresos y beneficios. Si se tiene en cuenta que en el mismo primer trimestre la cotización del dólar cayó 6,3 %, la inflación de ese período, calculada en dólares, es de casi el 16 %. Lo mismo vale para las corporaciones alimenticias, que compensan la caída de sus ventas con la revalorización de sus precios medidos en dólares. Mientras la población des-ahorra, el capital sobreacumula por medio de esos intereses usurarios. 

 Con salarios y jubilaciones planchados y tarifas y precios “internacionales”, la inflación en dólares de Milei-Caputo representa un salto, en cuanto a la magnitud de la explosión financiera que favorece. Ese diferencial de tasas deberá caer; los capitales invertidos en la timba se retirarán, el peso se híperdesvalorizará. El Gobierno se solaza con un superávit comercial récord para 2026, motorizado por una suba de los combustibles causada por la guerra internacional. El elevado índice inflacionario de marzo es una señal de que el derrumbe se acerca, aceleradamente. Milei lo dijo, en la AmChan: si el ajuste fracasa, dijo, “nos volvemos a casa”. O a una celda. 

 Marcelo Ramal y Jorge Altamira 

 15/04/2026

Las elecciones en Hungría, más allá del humo mediático

Peter Magyar, ganador de las elecciones húngaras 

Las elecciones húngaras de este domingo 12 arrojaron una severa derrota del primer ministro ultraderechista Viktor Orban, en el cargo desde 2010. En una elección polarizada, su partido, el Fidesz, obtuvo casi el 40% de los votos y 56 escaños, casi 80 menos que en las elecciones anteriores. En cambio, su rival, Peter Magyar, otro conservador, exfuncionario de Orban hasta hace dos años, superó el 50% de los votos y consiguió 136 bancas (más de dos tercios del total) con su partido Tisza, lo que le asegura su coronación como jefe de Estado. 

 Los comicios estuvieron marcados por una fuerte disputa entre el gobierno húngaro y la Unión Europea (UE). A fines de enero, Ucrania cerró –alegando un ataque militar ruso- el oleoducto Druzhba, que transporta petróleo desde Rusia a Hungría. Como represalia, Budapest trabó en el Consejo Europeo la aprobación de un préstamo por 90 mil millones de euros en apoyo a Kiev. 

 Si bien Hungría integra el bloque europeo y la Otan, Orban evitó –debido a la dependencia húngara de los combustibles rusos- plegarse al apoyo militar a Ucrania contra Rusia. Desde entonces, los cruces entre Budapest y Bruselas, de un lado, y entre Orban y el presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, del otro, no hicieron más que crecer. La UE retiene fondos comunitarios para Hungría por un total de 17 mil millones de euros, cuya ejecución condiciona al disciplinamiento húngaro, mientras Budapest saca provecho de su poder de veto como miembro del Consejo Europeo, lo que ya le trajo más de un dolor de cabeza a Bruselas. 

 La descarada intromisión de Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia detrás de alguno de los dos principales candidatos revela los grandes intereses en juego en estas elecciones. El vice norteamericano J.D. Vance arribó a Hungría en la recta final de la campaña para apuntalar a Orban. Trump y el derrotado primer ministro húngaro no solo comparten una agenda política reaccionaria (cercenamiento de libertades democráticas, ataque a los migrantes y a las diversidades sexuales, apoyo al genocidio del pueblo palestino) y la Conferencia Política de Acción Conservadora (cuya última edición se celebró hace pocas semanas en Budapest, con la presencia de Milei), sino que, para la Casa Blanca, Orban era útil como cuña al interior de la UE, con la que el magnate viene protagonizando distintos enfrentamientos. 

 Por su parte, la UE, tan proclive a denunciar la injerencia rusa en otras elecciones continentales, no le fue en zaga a estadounidenses y rusos en su intervención. No solo por el apoyo directo a Magyar, sino por agitar durante la campaña electoral la remodelación del mecanismo de aprobación de iniciativas en los organismos europeos (para sortear el veto húngaro), la amenaza de un mayor congelamiento de fondos, y hasta la expulsión de Hungría del bloque si Orban era reelecto. 

 La victoria de Magyar, asimismo, refuerza el bando de los conservadores europeos que están en contra de pactar con formaciones de extrema derecha, un dilema que está presente en ese espacio político. El desenlace electoral de Hungría da aire a quienes rechazan a acuerdos con la ultraderecha. La discusión es esencial porque de esos pactos depende que esos partidos conservadores puedan, en algunos casos, formar gobierno o ser parte de coaliciones. Esta deliberación da cuenta de la profunda división que existe en este universo de fuerzas en Europa. Por ahora, los partidos conservadores que no pactan con la extrema derecha (Alemania, Polonia, Portugal) lideran sus gobiernos. Sus contendientes como Forzar Italia, (en el gobierno de Giorgia Meloni) no tienen la misma gravitación. De conjunto se puede señalar que la derrota de Orban es un golpe a la ultraderecha mundial, incluido EEUU, si tenemos en cuenta el apoyo que Orban recibió del propio Trump y de las fuerzas conservadores yanquis alineadas con el magnate republicano.

 Magyar: no todo lo que reluce es oro

 En una elección dominada por variantes de derecha (la tercera fuerza, el Movimiento Nuestra Patria, también pertenece a ese espectro político), Magyar logró capitalizar el descontento con quince años de gobierno de Orban, especialmente ante el alza en el costo de vida. Según Financial Times, Hungría acumula la inflación más alta del bloque desde 2020, con precios que subieron un 57%, casi el doble que el promedio del bloque.

 Los grandes medios de comunicación presentaron a Magyar como el representante de los valores democráticos europeos frente al autoritarismo de Orban, haciendo caso omiso de la injerencia de la UE en el proceso electoral y el pasado del dirigente de Tisza como funcionario del primer ministro ultraderechista. No era esta, en realidad, una puja entre democracia y autoritarismo, sino entre los intereses cruzados de distintos sectores del imperialismo y el Kremlin. 

 Las elecciones húngaras implican un revés para Trump y Putin, pero Magyar no es exactamente un peón de Bruselas. La plataforma del candidato ganador promete mejorar las relaciones con la UE, pero no anticipa cambios en el posicionamiento de Hungría respecto a la guerra en Ucrania. Con respecto a la reducción de la dependencia de los combustibles rusos, traza metas lejanas en el tiempo, no antes de 2035. 

 Esta orientación ya se dejó ver en las primeras declaraciones del ganador posteriores a los comicios. Por un lado, Magyar anunció que levantará el veto húngaro al plan de apoyo a Ucrania. Pero, por otro, enfrió las expectativas de un divorcio con el Kremlin. “Rusia seguirá estando ahí y Hungría también. Tendremos que buscar la forma de convivir”, dijo. 

 En un cuadro internacional marcado por la profundización de las tendencias a la guerra, el equilibrio que promete Magyar es una ilusión. 

 Prensa Obrera

Estados Unidos flexibiliza sanciones a Venezuela, pero para asegurar sus negocios

La presidenta Delcy Rodríguez, junto a referentes de Chevron 

A través de dos recientes resoluciones, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos flexibilizó las sanciones que pesan sobre Venezuela. Una de dichas resoluciones habilita las transacciones con el Banco Central de Venezuela y otras entidades bancarias estatales. La otra, autoriza a empresas a negociar contratos comerciales y a participar en licitaciones abiertas por el gobierno venezolano. 

 Por medio de este esquema, la Casa Blanca busca incentivar y facilitar las inversiones extranjeras en Venezuela y afianzar su dominio económico sobre la nación caribeña, tras la invasión militar de enero en que fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro. El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló en más de una ocasión su intención de controlar el petróleo venezolano (las mayores reservas de crudo del mundo). Una de sus primeras decisiones, tras el derrocamiento de Maduro, fue suscribir un acuerdo con su sucesora, Delcy Rodríguez, para la compra de 50 millones de barriles de petróleo. Los fondos fueron a parar a una cuenta supervisada por la Casa Blanca. Poco después, Trump encabezó un encuentro con los principales referentes de la industria petrolera estadounidense, donde los instó a invertir 100 mil millones de dólares para reactivar la industria petrolera venezolana. 

 El gobierno de Rodríguez es una pieza de este operativo. La presidenta defiende públicamente la necesidad de reformas que lleven "seguridad jurídica" a los inversores. Su gobierno, además, impulsó una reforma de la ley de hidrocarburos que avanza en una reprivatización del sector, iniciada ya bajo el gobierno de Maduro. Dicha reforma modifica el artículo 22, que establecía que la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento eran actividades reservadas al Estado y las compañías con una participación estatal mayor al 50%. A partir de ahora, se habilita a las privadas a ejercer dichas actividades, e incluso a comercializar el crudo. A su vez, en el caso de las empresas mixtas, los socios privados podrán asumir un rol operativo mayor. Para mayor seguridad de las petroleras, inclusive, se habilitó la figura de un “arbitraje independiente” para la resolución de controversias, lo que sería una referencia velada a los tribunales internacionales. 

 Rodríguez participó este lunes de una reunión con referentes de Chevron (ver foto), que, tras la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos, amplió su participación en algunos proyectos compartidos con el Estado venezolano. La reactivación de la industria petrolera venezolana tiene aún mayor interés para Estados Unidos ante la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, exige enormes inversiones previas. El economista José Toro Hardy, dedicado a temas petroleros, calcula que son necesarios entre 100 y 150 mil millones de dólares para ello, ya que, entre otras cuestiones, se requeriría la reconstrucción de la infraestructura energética (Banca y Negocios, 14/4). Por el momento, las grandes petroleras exigen garantías y no se apuran en hacer grandes desembolsos. 

 En el caso de la minería, la Asamblea Nacional también aprobó por unanimidad -a comienzos de mes- una reforma que favorece el desembarco del capital extranjero en el sector. Se habilitan concesiones de hasta 30 años. Un mes antes de la votación, Rodríguez se había reunido con inversores mineros y funcionarios estadounidenses. No solo se trata del potencial aurífero de Venezuela, sino de sus tierras raras, que hoy son fuente de disputa a nivel mundial. Organizaciones ambientales advirtieron sobre el impacto negativo que podrían tener estas modificaciones en zonas hasta ahora protegidas de la selva amazónica y reservas indígenas. 

 En medio de todo este operativo, que incluye la posibilidad de un regreso de Venezuela al FMI, la oposición proimperialista capitaneada por María Corina Machado asegura que el interinato de Rodríguez quedó vencido y reclama la convocatoria a elecciones. Sin embargo, de momento, Trump no considera que Machado reúna las condiciones políticas para hacerse cargo del mando, por lo que trata de vehiculizar sus intereses a través de Rodríguez.

 La ofensiva del imperialismo en América Latina, que tiene su expresión más aguda en Venezuela y Cuba, pero cuyo alcance es general, exige la movilización y la lucha de los trabajadores y los explotados de todo el continente. 

 Gustavo Montenegro

Fraudes, crisis y descomposición en las elecciones peruanas

Organizarse para resistir la ofensiva antidemocrática y avanzar hacia la construcción de un partido independiente de las clases dominantes

 Tal como habíamos alertado la semana pasada, las elecciones de este pasado domingo 12 de abril evidenciaron un marcado proceso de descomposición del Estado peruano y de su clase dirigente. 

 La presentación de ¡36 listas! de candidatos a presidente -con sus respectivas listas para senadores y diputados nacionales y cargos provinciales- no era manifestación de un exceso de democracia, sino de un vergonzoso arribismo electoralista para usufructuar los dineros del presupuesto estatal. El pueblo peruano vio un proceso electoral de creación de listas y cambio de lugares de diputados que entraron al parlamento hace largos años por un partido y ahora iban nominados por otro o fundaban siglas nuevas para tratar de continuarse. 

 Antes de que termine la jornada electoral del domingo, ya Rafael López Aliaga (ultraderechista, Renovación Popular) denunciaba que había habido fraude en contra suya. 

 Las encuestas en boca de urna, se dice que bastante precisas, daban un triunfo con solo el 16% de los votos a Keiko Fujimori (la derechosa hija del dictador Alberto Fujimori, Poder Popular), mientras que Aliaga caía a menos del 11%. En toda la larga campaña electoral de varios meses, los encuestadores informaban que las preferencias se repartirían en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y López Aliaga: la derecha dominaba el panorama electoral. Las elecciones se realizaron bajo el Estado de Emergencia, que tenía militarizada la capital (Lima) y varias regiones del Perú; con el presidente constitucional elegido (Pedro Castillo) destituido por un golpe y preso; con la manipulación de los poderes estatales (justicia, parlamento, etc.) colocando en puestos clave a personeros derechistas, etc. Incluso con una “reforma constitucional” que no fue votada, ni aprobada, por una Asamblea Constituyente elegida por el sufragio popular, sino por el parlamento fantoche que destituyó a Pedro Castillo y que tuvo el tupé de imponer un nuevo poder: la formación de un Senado. Se pasó de un régimen Unicameral a uno Bicameral, con diversas prerrogativas antipopulares. Pasadas 48 horas de la finalización del proceso eleccionario recién se llevaban contabilizadas menos del 60% de las urnas y la justicia electoral habilitó la extensión de la votación -para el lunes 13- de más de 200 mesas en Lima porque miles de ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto, por problemas “organizativas” en la constitución de las mismas. La Junta Electoral que habilitó este procedimiento para Lima, donde la derecha tiene más fuerza, no lo extendió al interior con peso decisivo de las comunidades indígenas.

Pero en la nota de la semana pasada, señalábamos que al finalizar la etapa de encuestas preelectorales “se destacaba Roberto Sánchez Palomino (Juntos Por el Perú, JPP) que había saltado del 3 a casi el 9%”. Este se presentó como continuador político del detenido Pedro Castillo. Había recibido el apoyo explícito del mismo, que le regaló el sombrero de ala ancha que lo caracterizó en la campaña electoral, donde ganó, en el 2021. En una audiencia judicial, realizada la semana previa a las elecciones, donde tuvo que asistir Castillo, para defenderse de las acusaciones que lo mantienen preso, usó el micrófono para llamar a votar de Roberto Sánchez (que fue inmediatamente cortado por las autoridades). 

Las encuestas en boca de urna, del domingo, colocaban a Sánchez Palomino en el segundo lugar con más del 12% de los votos. Pasando, por lo tanto, a segunda vuelta contra Keiko Fujimori. En muchas zonas de predominancia indígena (Amazonas, Ayacucho, Apurimac, etc.) estaba en primer lugar con el 29% de los votos. 

 Pero… el pataleo de López Aliaga ¿tuvo eco? Los datos parciales que fue lanzando la Junta Electoral lo colocaron nuevamente en la segunda posición con más del 13% de los votos. Bajándolo a Roberto Sánchez a menos del 9%. Sin embargo el diario El País de España (14/4) afirma que estos datos no son fiables. Explica “que el segundo puesto de Rafael López Aliaga no es aún definitivo”. De hecho, con cada actualización que van informando las autoridades electorales, esta preeminencia se achica: “Quienes creen que ya es una tendencia irreversible no consideran que en el caso de López Aliaga ya entraron sus bases más fuertes”, en los cómputos electorales. El analista “llama a prestar atención a Roberto Sánchez, el candidato de la izquierda. Su nombre está cuarto, con el 8,7% de los votos, pero su fortaleza está en las zonas rurales más rezagadas en el escrutinio, las mismas que en 2021 dieron el triunfo a Castillo”.

 En la nota de la semana pasada habíamos hecho notar que “la emergencia de la lista de JPP (…) ha puesto nerviosos a varios centros de poder. Keiko Fujimori se había adelantado planteando la necesidad de combatir a la izquierda, promoviendo una segunda vuelta entre ella y López Aliaga”.

 En esa nota hacíamos una semblanza de la trayectoria de Roberto Sánchez. Este que ahora se empoderó con el apoyo de Pedro Castillo, cuando se votó su destitución en la Unicameral, no se opuso: se abstuvo. Sus planteamientos son genéricos, bastante lejos de los que levantó Castillo en aquella oportunidad. Y ahora, frente a la potenciación de su candidatura y las maniobras que se vienen haciendo en su contra, ha puesto paños fríos. Afirma que frente a las agresiones y acusaciones se mantiene en calma: “Hoy, solo por usar este sombrero (el de ala ancha de Pedro Castillo) me han mentado la madre, me han dicho de todo, yo no he respondido. Pero eso debe acabarse. Nosotros queremos un Perú sin enemigos, sin discriminación, con reconocimiento a nuestra identidad plurinacional. Queremos una república que deje de ser fallida como dicen los académicos. Estamos contentos y serenos”. No se trata de estar sereno y calmado: la identidad de la mayoría del pueblo indígena y trabajador no necesita versos y declaraciones, sino la imposición de derechos. Reforma agraria integral; sistema previsional público a cargo de la clase patronal, eliminando las financieras que se roban los ahorros del pueblo; expropiación de la industria minera y puesta bajo gestión y control obrero; eliminar a los mercaderes de la salud y la educación, sistema estatal único, con presupuesto, hospitalario y educativo; nacionalización de la banca y el comercio exterior. Con estas medidas se podrá blanquear a todos los trabajadores hoy precarizados y sin elementales derechos.

 Más allá de cómo continúe este recuento electoral, que tiene su segunda vuelta el próximo 7 de junio, ya los resultados legislativos, indican una gran dispersión de bancadas. Keiko Fujimori tendría solo unos 22 diputados, sobre 130 que se eligen. Si ella se termina imponiendo y llegara a la presidencia (es la cuarta vez que lo intenta y pierde en los ballotages) tendría una débil base parlamentaria. 

 Ante las versiones que circulan de manipulación del resultado, nos pronunciamos contra el fraude. Y, lo fundamental, es hora de agrupar a la vasta vanguardia de lucha de trabajadores, campesinos y estudiantes en la constitución de un partido revolucionario que tenga por objetivo estratégico la lucha por un gobierno obrero y campesino para el Perú. En las marchas, el pueblo canta la consigna: “Esta no es democracia”. Tiene razón, una auténtica democracia será impuesta solo por un gobierno obrero y campesino. 

 Rafael Santos

Glaciares: el día antes y el día después

Un día antes de la sanción de la ley de “destrucción” de los glaciares, en el Palacio de la Libertad se reunieron los ejecutivos de las principales mineras del mundo para discutir lo que ya daban por descontado: que el proyecto del gobierno de Milei iba a ser aprobado y la ley 26.639 sería modificada.

 El evento estuvo organizado por el Atlantic Council, un think tank con sede en Washington. Allí, el empresario José Luis Manzano (exdirigente justicialista, jefe del bloque de diputados entre 1983-91 y luego ministro del Interior del gobierno de Menem hasta 1992, hoy unos de los empresarios más ricos de la Argentina), compartió panel con el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, Michael Meding, del gigante McEwen Copper (con operaciones en San Juan con Los Azules) y Pérez de Solay, CEO de Glencore (a cargo de El Pachón y el proyecto MARA), moderados por Kezia McKeague. 

 En el debate, según los medios que lo cubrieron, quedó expuesta una cuestión clave: falta financiamiento para construir la infraestructura necesaria para que el prometido boom de minería empiece a concretarse. 

 Manzano fue directo: "Estados Unidos hizo el paquete de rescate, abrió la línea de Eximbank, hizo el acuerdo comercial. Ahora el dinero tiene que ir a donde más impacto produce, y donde más impacto produce es en infraestructura. Esto es trenes, línea de alta tensión y puertos. Eso es lo que necesitamos".

 Michael Meding, de McEwen Copper, planteó que "alguien" va a tener que absorber el costo inicial de obras que ningún privado encara solo, explicitando que las empresas estadounidenses piden infraestructura financiadas por el Estado. El representante de Glencore estuvo de acuerdo en ese punto, enfatizando que, sin infraestructura, el ´salto exportador minero´ quedará en nada. 

 Por su lado, John Jovanovic, presidente del Eximbank, habló de evitar "inversiones extranjeras corrosivas" y de frenar la influencia de competidores globales en la región. Sin nombrarla, estaba refiriéndose a China, que tiene importantes posiciones en yacimiento de litio en producción y todo un entrelazamiento con las comunidades y sectores empresariales argentinos. 

 En el evento quedó expuesto, con todo, un escenario de crisis, con reclamos a un Estado en virtual estado de default, inversiones multimillonarias en ferrocarriles, rutas, puertos, líneas de alta tensión, etc. 

 El día después 

El jueves 9, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), festejó la aprobación del proyecto oficial, aclarando que esto "no quiere decir que no haya lugares que tengan que seguir protegidos, pero los suelos congelados que no tienen vinculación con ríos ni arroyos, y que no crece nada, sino que simplemente en verano se licuan y en invierno se congelan, deberían poder ser usados”. Para aclarar sus dichos sostuvo que “habrá unos 150 lugares que hay que revisar si se puede realizar una explotación minera porque podrían contener mineralización por debajo del nivel de la tierra. Son un porcentaje bajo del total del inventario las que van a tener que ser revisadas en terreno”. 

 En paralelo, el día jueves se produjeron dos iniciativas dirigidas a impugnar en la Justicia la nueva ley. Una de ellas estuvo impulsada por el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, y algunas ONGs ambientalistas.

 El mandatario de La Pampa presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal para impedir la aplicación de la ley, alegando que “si la ley entra en vigencia nos puede o contaminar o afectar el nivel del agua del Río Colorado, lo que implica que al menos al 40% de la población se quede sin agua para tomar. Vemos peligrar el agua que los pampeanos consumimos”.

 Por otro lado, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la propia Greenpeace anunciaron una demanda colectiva que, según informa la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén (Mendoza), ha reunido más de 600.000 firmas contra de la modificación de la ley. La masividad alcanzada refleja el clima de descontento general por el derrumbe económico, el crecimiento de la pobreza y de los atropellos permanentes del gobierno liberticida. 

 Daniel Blanco

 14/04/2026

Se profundiza la “motosierra” en salud

Liquidación del programa Remediar y desmantelamiento del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias. Paro de los médicos de cabecera de PAMI. 

 El programa REMEDIAR, que garantiza medicación a 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud, sufrirá un fuerte recorte llevándolo a su virtual cierre. En la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) -que reúne al ministro de Salud con los ministros de Salud de las provincias- el director nacional de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias, Luis Gorostordoy, anunció que se avanzará en una nueva etapa que “hará foco en las enfermedades de mayor prevalencia, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento del rol jurisdiccional” (Argentina.gob.ar, 30/03). Esta medida implica que decenas de patologías que antes encontraban respuesta en los centros de salud públicos quedarán sin asistencia farmacológica estatal.

 El “nuevo Remediar” orienta la inversión hacia el tratamiento de las enfermedades que representan la mayor causa de mortalidad en Argentina como enfermedades cardiovasculares, según trascendió en medios de comunicación. Y se aplicará en aquellos centros de salud que aseguren condiciones de seguimiento y control de acuerdo a los estándares del Ministerio de Salud. Su primera etapa de distribución irá dirigida a 800 centros de atención primaria de la salud. El Remediar se creó con el objetivo de garantizar el derecho al acceso y cobertura a los medicamentos esenciales a través de la distribución directa a los Centros de atención primaria de la Salud (CAPS). La provisión llegaba mensualmente a más de 7800 Centros de Salud distribuidos en todo el país en botiquines de medicamentos esenciales. Con la modificación anunciada, miles de centros quedan excluidos. Los medicamentos que se incluían dentro del Botiquín del plan Remediar son analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas. Las modificaciones planteadas por los liberticidas reducen sustancialmente la cantidad de medicamentos otorgados a tres. Ante esta situación, el diputado nacional por Unión por la Patria Pablo Yedlin, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para manifestar la “profunda preocupación” del cuerpo legislativo ante el “incumplimiento, la falta de información pública y la reducción en la provisión y distribución de medicamentos del programa Remediar” (Tiempo Argentino, 7/04/2026). Días antes, la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, había expresado su inquietud sobre el tema tras la reunión del COFESA realizada a fines de marzo. Además, denunció que “en el caso de Tierra del Fuego, la provincia recibió 143.652 tratamientos en 2023, cifra que descendió a 92.422 en 2024 y a 42.966 en 2025, lo que representa una caída del 54% en dos años” (Tierradelfuego.gob.ar, 1/04). 

 Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires también expresaron su rechazo al recorte del programa y denunciaron que están atendiendo entre un 30% y 40% más de población con menos recursos. Advirtieron, además, que el sistema de salud va a colapsar, porque millones de personas se dirigen a las guardias por cuestiones básicas (Página 12, 11/04/2026). Pero nada se puede esperar de un Congreso que votó la entrega de los derechos laborales y de los glaciares. Tampoco de las gobernaciones que llevan adelante en sus provincias los ajustes liberticidas.

 Como podemos observar, la “motosierra” no se detiene. El 26 de marzo de este año se publicó el Decreto 192/26, a través del cual se anunció el cierre y fusión del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias (CeNDIE-ANLIS Malbrán), el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) y el Centro Nacional de Nutrición (CNN) de la ANLIS–Malbrán sin transferencias de recursos ni de capacidades operativas. En el marco de esta resolución, el 1 de abril fueron despedidos 39 trabajadores de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) que se desempeñaban en Misiones, Salta y Córdoba, siendo notificados sobre su despido desde el 31 de marzo. Y, mientras se escribe esta nota, médicos de cabecera que trabajan para PAMI (la obra social de jubilados y pensionados) se encuentran realizando un paro por 72 horas en rechazo a la implementación de una resolución (1107/2026), que modifica el esquema de pagos eliminando los ítems extra. 

 El objetivo del gobierno liberticida es privatizar la salud. Esta línea va en sintonía con la política sanitaria que encabezan Trump y el Mr. Kennedy “antivacunas” en los Estados Unidos.

 Impulsemos autoconvocatorias y acciones para rechazar los recortes y los despidos y en defensa del acceso a la prevención, atención y cuidado de la salud de la clase obrera. 

 Daniela Magoc 

 14/04/2026

El gobierno no marcha acorde al plan

Milei y el grupo de tuiteros que habitualmente le hace la corte hizo famosa una frase: "Todo marcha de acuerdo al plan". Cuando uno ve lo que está pasando en las últimas semanas en Argentina y tiene en cuenta la caída en el apoyo popular que registra el gobierno, que es muy significativa, va a darse cuenta que las cosas no son así, que las cosas no están marchando de acuerdo al plan. Esto es lo que llevó incluso al presidente de la Nación a hacer un tuit muy llamativo -que varios medios lo comentaban- diciendo que había que tener paciencia y ¿por qué tener paciencia? Porque las cosas están saliendo mal y es indudable que crece el malestar popular en Argentina. 

 ¿Cuál es la razón de fondo de este proceso? Fundamentalmente el agotamiento de la política económica del gobierno de Javier Milei. Eso es lo que explica de fondo este malestar popular. Hay muchísimas cifras que son categóricas, e importa decir cifras porque a veces el gobierno dice "los zurdos se pelean con los números", "los zurdos no quieren estadísticas", entonces es importante ver las estadísticas de lo que está pasando en la economía. Una muy importante la conocimos estos días, fue la inflación de la Ciudad de Buenos Aires que en el mes de marzo dio 3%. 

 Siempre la Ciudad de Buenos Aires da su estadística unos días previos a que lo dé el Indec para todo el país y el 3% es un aumento significativo. Si uno lo anualizada da arriba del 40% y es una inflación que aparte se concentró en algunos rubros, por ejemplo, el transporte aumentó un 6%, la carne arriba del 6%. 

 Entonces tenemos una inflación muy fuerte que contrasta, y acá está el punto clave con lo que está ocurriendo con los salarios, que desde hace meses para acá vienen perdiendo significativamente ante la inflación.

 Sobre el tema salarios, y lo digo como digresión, hay que tener en cuenta un hecho, porque el gobierno todo el tiempo dice que hay que defender un sistema de precios sin intervención del Estado, y lo dice para justificar los tarifazos en los servicios, en el transporte, el aumento de la carne, el aumento de combustible, pero sin embargo, en materia salarial la intervención del gobierno es muy clara. 

 A partir de la intervención de la Secretaría de Trabajo, el gobierno se niega a homologar paritarias, ya no solo que den un aumento salarial, sino que al menos le empaten a la inflación. Ahora, frente a una inflación del 3%, el gobierno dijo que no homologará paritarias por arriba del 2%. Es decir que pretende continuar con una política de depredación del salario. Y esta caída del salario y también de las jubilaciones -porque hay que agregar que los 5 millones y medio de jubilados que cobran el bono junto con la jubilación también vienen perdiendo frente a la inflación- es lo que explica finalmente la caída del consumo popular, que es muy importante, y también el aumento de la morosidad de los créditos que se sacaron, que es una morosidad del sistema bancario, pero también de las billeteras virtuales y, por sobre todas las cosas, en las empresas de consumo durable que el año pasado impulsó un poco el consumo a partir de crédito y hoy la gente no puede pagar los vencimientos de la tarjeta de crédito que tiene y por lo tanto hay una morosidad que es récord. 

 Entonces tenemos una caída del consumo, un aumento de la inflación, una caída de los salarios y también -se conoció estos días- un verdadero derrumbe de la actividad industrial en el país: conocemos las estadísticas de febrero, es 11,9% de caída en relación a febrero del año pasado y en algunos rubros la caída es brutal. Por ejemplo, en textiles cayó un 33,2%, en maquinarias 29,4%, la producción automotriz cayó nada más y nada menos que un 24,6% y el rubro alimentos y bebidas cayó un 7,2%. Lo de alimentos y bebidas lo cito porque es lo que en general las familias dejan de consumir al final; cuando uno tiene poco dinero puede no comprarse ropa, un auto, hacer una obra en su casa, pero sigue comiendo y sigue bebiendo. 

 Y este derrumbe industrial, que es muy fuerte y que en marzo va a dar números posiblemente similares, se expresa en más desocupación, porque cuando cae la industria hay despidos, hay suspensiones, hay caída del salario. Estamos teniendo esta enorme caída que el gobierno la promueve conscientemente. Y es lo que ha llevado a choques entre gobierno y sectores de la Unión Industrial en el último período.

 El proceso económico, tomado integralmente, uno ve que no va para ningún lado, porque al mismo tiempo que la inflación crece y en el primer trimestre la inflación acumulada va a ser igual que la que Milei presupuestó para todo el año 2026, pero que la inflación está muy para arriba y en el medio tenemos que el tipo de cambio se aprecia porque el dólar en relación al comienzo de año cayó un 5%; esto lleva a que tengamos cada vez una inflación en dólares más alta incluso que la inflación en pesos, y que esto promueve una mayor crisis industrial. ¿Esta situación hasta cuándo va a aguantar? Porque los que están ganando con esto es una pequeña minoría. 

 Caputo, el ministro de Economía, ha sido siempre representante del capital financiero internacional en Argentina; si uno ve el primer trimestre el sector que Caputo representa, que hace carry trade especulación arbitrando con tasas de interés distintas, ganó en un trimestre en dólares arriba del 12%, eso no se consigue en ningún lugar del mundo. Es decir, que mientras tenemos una caída de salario, de las jubilaciones, un derrumbe industrial, un retroceso de la construcción, una pequeña minoría, que es el sector de capital financiero al cual el gobierno representa, está ganando fortunas. 

 Pero esto solamente promueve una crisis en el corto plazo, porque vamos a pasar de una inflación muy alta, con un tipo de cambio que se aprecia, a un momento a una devaluación monetaria que va a impulsar todavía mucho más la inflación. Este es el panorama que tenemos por delante. Y, mientras tanto, con esta crisis económica lo que se produce es una caída del consumo, una caída de la recaudación fiscal. 

 Acá me quiero detener un minuto, porque un gobierno que siempre dijo que su ancla era el ajuste fiscal y que pasó la motosierra en todo este tiempo, sin embargo, tiene ahora una fuerte caída de la recaudación. Las causas son básicamente dos: la que venimos hablando -la recesión económica-, pero también la reducción importante de impuestos a los capitalistas, porque el gobierno cuando hablaba de bajar impuestos no era bajarle el IVA a los alimentos, no iba a bajar el impuesto que paga el trabajador, sino fue a bajar las retenciones a los exportadores; a los capitalistas se les bajaron impuestos, a los trabajadores no, pero el resultado final es una fuerte caída de la recaudación en los últimos meses.

 ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno? La estamos viendo: más motosierra. Hoy hay dos hechos que todo el mundo habla. Uno es la crisis del transporte público. La semana pasada las estaciones terminales fueron realmente un pandemónium, estaban todos los canales de televisión registrando cómo la gente no podía viajar. ¿Y esto por qué se dio? Se dio por un lado porque hubo un aumento del precio de los combustibles, pero especialmente porque el gobierno no quiere pagar los subsidios al transporte y los empresarios dijeron "quitamos un tercio de los colectivos de la calle" y se produjo realmente una crisis enorme del transporte público. Es por la motosierra. 

 Ahora tenemos una motosierra en el Pami. Hoy, mañana y pasado hay paro de los médicos del Pami. ¿Por qué? Porque el gobierno está ajustándolos. Entonces, la respuesta del gobierno a esta crisis económica y la caída de recaudación impositiva es más motosierra. 

 Este domingo 12 pasó un pequeño incidente a través de este periodista tan ensobrado, Luis Majul, que en un tuit dijo: "Tengo una primicia: Luis Caputo ordenó bajar un 20% el gasto de todos los ministerios", después se corrigió, dijo "no, es 2,5". En cualquier variante lo que prueba es que tenemos un gobierno de la motosierra. La respuesta del ajuste es más ajuste, a la recesión esto la va a profundizar con más recesión. Ésta es la línea dominante. 

 El gobierno frente a crisis parecidas en el pasado tuvo el rescate de Donald Trump y del FMI. Eso fue lo que el año pasado le permitió al gobierno salir a flote en dos oportunidades, en marzo-abril con el rescate del FMI, y en octubre con el rescate del Tesoro norteamericano. Ahora bien, la situación creada por la guerra -éste es un punto importante en el análisis nuestro- ha llevado a que las condiciones internacionales para Argentina sean más difíciles. Si uno ve el último informe del Fondo Monetario, lo que preanuncia para este año 2026 como consecuencia de la guerra es más inflación, menos actividad económica y más endeudamiento de los Estados y esto va a impactar y ya está impactando en la Argentina. 

 Cuando uno ve el comercio exterior de nuestro país, lo que tenemos es, por esta recesión, una caída de las importaciones concentrada en los bienes de capital. Y entonces, si bien podemos tener un poco más de exportaciones por Vaca Muerta y por los precios internacionales que tiene el combustible, en tanto se traduce en el mercado interno con más costo de la nafta, para el pueblo argentino no va a ser un beneficio. Todas las condiciones internacionales hacen que Trump ya no pueda operar como salvataje de última instancia para el gobierno de Milei. 

 Por eso acá la clave pasa por cuál va a ser la respuesta popular. ¿Cómo los trabajadores van a aprovechar este momento de retroceso del gobierno para salir a pelear por el salario, por las jubilaciones, por el presupuesto para universidad, por el presupuesto para el Garrahan, contra los despidos, en defensa de los puestos de trabajo? Ahí está el tema. 

 La CGT se ha borrado. Convoca una marcha ahora para el 30 de abril. Es una marcha para cumplir. La CGT no está empeñada en que triunfe Fate, no está empeñada en ninguna lucha defendiendo los puestos de trabajo. La CGT está firmando paritarias a la baja, como acaba de hacer Hugo Moyano en Camioneros: una paritaria que en promedio es 1,5% mensual contra una inflación que duplica ese porcentaje. Entonces, una CGT que no pasa nada y nosotros tenemos que, al revés, denunciar esta burocracia sindical y poner en pie una organización política capaz de superar definitivamente la burocracia, el peronismo e impulsar las luchas en curso para terminar con el gobierno de Javier Milei. 

 Con ese planteo es que el Partido Obrero le ha planteado a las fuerzas que integran el Frente de Izquierda con nosotros un gran acto del 1° de mayo en Plaza de Mayo, nos parece clave en apoyo a las luchas para que triunfen Fate, la universidad, el Garrahan, el movimiento piquetero que está batallando contra la eliminación de los planes sociales, acá también hay motosierra, y para desenvolver una alternativa política de la clase obrera a nivel nacional e internacional, es un 1° de mayo internacionalista contra la guerra imperialista.

 Este es nuestro planteo y hemos tenido un acuerdo con los compañeros del MST y de Izquierda Socialista para que haya un acto del 1° de mayo en la Plaza de Mayo. Lamentablemente los compañeros del PTS no han dado su acuerdo y han planteado un acto distinto, divisionista, en el microestadio de Ferro, que no tiene que ver con estos planteos que estamos haciendo acá. Nosotros hemos llamado a que revisen esta posición. Todavía estamos a tiempo, hoy es 13 de abril, falta más de dos semanas para el 1° de mayo: que haya una tribuna internacionalista el 1° de mayo en Plaza de Mayo es fundamental. Llamamos a todas las compañeras y los compañeros que son del Frente de Izquierda, que pueden militar en alguno de los partidos del Frente de Izquierda o que apoyan al Frente de Izquierda, en tanto militantes combativos, independientes, a que nos acompañen en Plaza de Mayo y que se sumen a la campaña para que haya este 1° de mayo un acto unitario del Frente de Izquierda en la Plaza de Mayo.

 Editorial de Gabriel Solano en 14 Toneladas T3E10.

Trump suma al gobierno de Milei para el combate de la “extrema izquierda”

El periódico New York Times acaba de publicar un artículo cuyo título es más que elocuente: “Estados Unidos presiona a sus aliados para que persigan un nuevo objetivo terrorista: la extrema izquierda”. Los periodistas que han realizado la investigación y que son firmantes del artículo aportan información muy precisa sobre la forma en que se está aplicando esta presión. Dan cuenta que en una reunión en Ottawa convocada por Estados Unidos e Israel para ver las consecuencias de la guerra contra Irán los funcionarios norteamericanos les plantearon a sus pares de Europa, Canadá y Australia que debían incluir en la campaña de “guerra mundial contra el terror” la persecución de la extrema izquierda. En su informe, la funcionaria enviada por Estados Unidos Mónica A. Jacobsen, precisó qué debía considerarse como extrema izquierda “las amenazas comunistas, marxistas, anarquistas, anticapitalistas, ecoextremistas y otras autodenominadas antifascistas”. 

 En la reunión de Ottawa la misma funcionaria habría pronunciado las siguientes palabras: “Es importante reconocer sus acciones (la de la extrema izquierda) como terrorismo político y no como mera protesta o delincuencia”. El ejemplo que invocó fueron las enormes movilizaciones en Italia que chocaron con la policía en rechazo a los Juegos Olímpicos de Invierno, que entre otras cuestionen denunciaban la presencia de la ICE de Trump en la delegación de los Estados Unidos. 

 La investigación también da cuenta que el director senior de contraterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Trump, Sebastián Gorka, ha impulsado la designación de más grupos de extrema izquierda en el extranjero como organizaciones terroristas, presionando a los aliados extranjeros para que investiguen a estos grupos y busquen conexiones entre ellos y ciudadanos estadounidenses. 

 Pero las revelaciones del artículo no terminan allí. Agregan que Estados Unidos está impulsado una reunión en La Haya para adiestrar al personal policial de distintos países con el objetivo de “enseñarles sobre los peligros de los grupos de extrema izquierda y cómo contrarrestarlos”. A la reunión, entre varios países invitados, se encuentra nada y nada menos que la Argentina. Aunque no existe una información oficial que confirme la asistencia de funcionarios argentinos, el alineamiento fanático de Milei con Trump y Netanyahu nos hace descontar su presencia.

 La persecución a la “extrema izquierda” con la excusa de la lucha contra el terrorismo adquiere un carácter realmente inquietante para nuestro país. Hace solo semanas atrás el ministro de Defensa, Carlos Presti, participó de una cumbre en los Estados Unidos en la que incorporó a la Argentina al llamado “Escudo de las Américas” que compromete la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Viendo esta definición que impulsa el gobierno de Donald Trump debemos abrir como mínimo el interrogante si Milei usará las Fuerzas Armadas para perseguir a la “extrema izquierda”. Recordemos que está vigente la ley antiterrorista, impulsada por Estados Unidos en su momento, una herramienta que encaja con las denominaciones que corresponden a la lucha popular. 

 Las sospechas pueden transformarse en certezas cuando se tiene en cuenta hechos gravísimos que han sucedido en los últimos días. Uno de ellos fue la decisión del gobierno nacional de impedirle el ingreso al país a Thiago Avila, que venía a participar de actividades de promoción de la Flotilla Global Sumud pronta a partir hacia Gaza con ayuda humanitaria. Para Milei ¿Thiago Avila será un activista terrorista de extrema izquierda? 

 Todo lo señalado muestra que la subordinación del gobierno de Milei al imperialismo yanqui y al sionismo lejos está de ser un ejercicio de mera retórica. Tiene implicancias concretas, que incluyen el alineamiento de las fuerzas armadas, de seguridad y de espionaje a los Estados Unidos y a Israel. Por lo pronto, los nuevos lineamientos emitidos para la Side, avanzado en su capacidad de espionaje y hasta de detención de personas sin orden judicial, parecen inspirados en estas órdenes emitidas por Estados Unidos. 

 Es fundamental una campaña de denuncia sobre este alineamiento del gobierno de Milei con Trump y Netanyahu y sus planes de guerra, represión y espionaje a nivel internacional. Reclamamos saber si el gobierno argentino mandó sus representantes a la reunión de La Haya y en el caso de confirmarse que se expliciten los compromisos asumidos. Lo mismo vale para el acuerdo firmando por el ministro Carlos Presti al suscribir el llamado Escudo de las Américas de Donald Trump. 

 Gabriel Solano

Algoritmos de dominación: anatomía de una operación militar asistida por IA

Maven es un sistema de mando y control diseñado para acumular y fusionar datos masivos provenientes de múltiples fuentes –satélites, drones, señales de inteligencia, informes sobre el terreno– y, de manera autónoma, identificar y geolocalizar objetivos militares 

La herramienta de IA Claude de Anthropic, desplegada en el terreno, tuvo una función cognitiva, convirtiéndose en un asesor táctico en tiempo real para los comandantes estadounidenses desplegados en Caracas, durante el ataque del pasado 3 de enero 

 La información sobre la operación desarrollada en Venezuela en octubre de 2025 confirma una nueva realidad: la fusión operativa entre los grandes modelos de lenguaje (LLM) y los sistemas de inteligencia artificial de combate desarrollados por Palantir. 

 El éxito dependió de un ecosistema integrado, un engranaje de tres niveles que trabajó en simbiosis: Claude y el Pentágono, mientras la columna vertebral fue la plataforma Maven de Palantir. Concebida originalmente como el Proyecto Maven del Pentágono, esta IA evolucionó hasta convertirse en el «sistema operativo de inteligencia artificial principal del Ejército de Estados Unidos». 

 No hablamos de un simple chatbot: Maven es un sistema de mando y control diseñado para acumular y fusionar datos masivos provenientes de múltiples fuentes –satélites, drones, señales de inteligencia, informes sobre el terreno– y, de manera autónoma, identificar y geolocalizar objetivos militares como vehículos, edificios o personas. Venezuela actuó como el campo de pruebas que validó su eficacia.

 Según reportes del Wall Street Journal, la herramienta de IA Claude de Anthropic, desplegada en el terreno, no tuvo una función cinética –no apretó el gatillo–, sino cognitiva: procesó y sintetizó los terabytes de datos generados por Maven para proponer cursos de acción, depurar la selección de objetivos y predecir escenarios de resistencia, convirtiéndose en un asesor táctico en tiempo real para los comandantes estadounidenses desplegados en Caracas.

 La asociación estratégica anunciada en noviembre de 2024 entre Palantir y Anthropic, permitió integrar oficialmente los modelos dentro del ecosistema clasificado, lo que permitió al Pentágono acceder a las capacidades del primero en redes de nivel de seguridad IL6 (Impact Level 6), el más alto para operaciones secretas. 

 En esencia, Anthropic proporcionó el razonamiento avanzado, mientras que Palantir aportó la plataforma de datos, la selección de blancos y el despliegue táctico. 

 Sin embargo, eso no fue todo, más allá del secuestro del presidente legítimo y en funciones de la República Bolivariana de Venezuela, el uso de la IA en esta operación desencadenó una sofisticada batalla cognitiva que, probablemente, fue orquestada mucho tiempo antes.

 La contaminación del espacio informativo se convirtió en una tarea primordial; un ejemplo elocuente: las imágenes generadas por IA de Maduro secuestrado que circularon viralmente antes y después de la operación, sugieren una estrategia deliberada de «guerra cognitiva ofensiva». 

 El objetivo no era informar, sino desestabilizar, crear una «verdad alternativa», fragmentar la reacción tanto interna en Venezuela, como en la comunidad internacional, sembrar la duda y la incertidumbre. 

 Es plausible que Claude, o sistemas similares, fueran utilizados no solo para planificar la misión, sino también para generar y orquestar campañas de desinformación. Su capacidad para procesar y generar lenguaje humano a gran escala permitió inundar las redes sociales con narrativas específicas, analizar la polarización de la opinión pública en tiempo real y sugerir los mensajes óptimos para influir en sectores clave de la sociedad venezolana o internacional. 

 En Venezuela se mostró la perfecta sincronización de una operación de fuerza con una campaña de inteligencia artificial para procesar inteligencia, planificar y manipular la percepción pública. 

 Empresas como Palantir se están convirtiendo en los nuevos «señores tecnológicos de la guerra». Urge que la comunidad internacional elabore normas vinculantes sobre el uso de grandes modelos de lenguaje en conflictos armados, antes de que el hecho consumado vuelva irreversible esta nueva realidad. 

Raúl Antonio Capote | internacionales@granma.cu 

 11 de abril de 2026 12:04:48 

 Fuentes: Izvestia, BBC, TASS, Manohar Parrikar Instituto de Estudios y Análisis de Defensa, Yeni ?afak.

Artemis II: El apagón político en el lado oscuro de la Luna

El amerizaje de la misión Artemis II frente a las costas de San Diego marca el cierre de una operación caracterizada como un hito de la "superación humana". Sin embargo, detrás de las imágenes en alta definición y el despliegue publicitario, lo que queda es un recurso al nacionalismo y a la temeridad tecnológica para sostener su imagen de dominio mundial.

 La NASA inundó las redes con fotos de la "puesta de la Tierra" (Earthset), buscando emular la mística de la era Apolo al ritmo de AC/DC. La astronauta Christina Koch, al recuperar la conexión tras el paso por la cara oculta de la Luna, sentenció: "Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra; siempre la elegiremos" (La Nación, 10/04). Sin embargo, la tripulación estuvo incomunicada durante 41 minutos por decisión de la Casa Blanca. 

 Este "silencio radiofónico" no fue una limitación técnica insalvable. Como señala la investigación de Bryan Dyne, la NASA contaba desde 2019 con la aprobación formal para utilizar el satélite chino Queqiao como puente de comunicación. Pero para la administración Trump, reconocer que la "grandeza americana" depende de la tecnología de Pekín era inadmisible. Prefirió el riesgo de un apagón absoluto antes que esta admisión. El "atardecer terrestre" en HD es apenas el decorado de una sordera política impuesta por la necesidad de reafirmar un dominacion política en crisis. 

 Debajo de la narrativa de la "curiosidad humana", la misión Artemis II operó como una avanzada de la industria de guerra. El mapeo de cráteres y el análisis de antiguos flujos de lava no buscan ampliar el conocimiento abstracto, sino identificar el valor de cambio de la Luna. El foco en el polo sur lunar tiene una motivación económica directa: el control del hielo para producir hidrógeno. Para el capital, el satélite no es un objeto de estudio, sino una estación de servicio estratégica para proyectar el dominio militar. 

 Esta subordinación de la ciencia a la guerra convierte a la tecnología en una fuerza destructiva. La contradicción es absurda: mientras las fuerzas productivas modernas exigen una planificación científica mundial, el nacionalismo del "último imperialismo" fragmenta el conocimiento y pone en riesgo a sus propios astronautas. Trump fue explícito en su red Truth Social: vinculó el éxito de Artemis II con la "dominación militar" y la guerra contra el régimen iraní. En este esquema, los desarrollos tecnológicos no sirven para liberar a la humanidad, sino para perfeccionar el aparato de vigilancia y asegurar que el oxígeno del futuro sea una mercancía bajo control del Pentágono. 

 Lo más alarmante es que la seguridad de la tripulación dependió de una maniobra de emergencia para encubrir un componente defectuoso. Según informes de último momento desde el Centro Espacial Johnson (The New York Times, 10/04), la NASA debió modificar drásticamente el perfil de reingreso de la cápsula. Mientras que en 2022 la misión Artemis I realizó un "reingreso con salto" (skip re-entry) para ganar flexibilidad, la Artemis II fue obligada a un descenso directo y acelerado. El escudo térmico de la cápsula Orion arrastra una falla estructural desde la misión Artemis I: el material se desprende en fragmentos en lugar de desgastarse gradualmente. En lugar de suspender el vuelo hasta que la nave fuera segura, la agencia simplemente alteró la trayectoria de reingreso, apostando la vida de cuatro trabajadores científicos a un cálculo de probabilidades. Para evitar que el escudo colapsara, la agencia decidió acortar el tiempo de reingreso de 20 a solo 13 minutos. Se eligió someter a la nave a un calor más intenso y a una caída "como una roca" a más de 26.000 km/h con tal de reducir el tiempo de exposición de un material que sabían incapaz de resistir el diseño original. 

 Esta temeridad responde a la urgencia de no ceder terreno ante el ritmo del programa espacial chino. La ciencia bajo el capitalismo es una carrera contra el reloj donde la seguridad es sacrificada en el altar de la competencia entre estados y la dominación simbólica. Para el imperialismo, una catástrofe es un riesgo aceptable frente a la humillación de un retraso que evidencie su pérdida de iniciativa tecnológica.

 El fin de la misión Artemis II no es el comienzo de una era de descubrimientos para la humanidad, sino el síntoma de un sistema que busca en la Luna el oxígeno que ya no puede generar en la Tierra. Mientras la burguesía festeja el amerizaje, los trabajadores debemos ver lo que los archivos de esta misión revelaron: un régimen que prefiere el secreto y el riesgo de vida antes que la cooperación internacional. La única conquista real será la derrota de este sistema de barbarie, para que el cielo deje de ser un campo de batalla y la ciencia sea, finalmente, patrimonio de quienes la producen. La lucha contra la guerra imperialista es indisociable de la lucha por una ciencia y tecnología al servicio de la humanidad. Abajo los gobiernos de la guerra. Socialismo o barbarie.

 Iara Bogado 

 12/04/2026

Con el fracaso de Milei, sigue cayendo el consumo

El ajuste oficial y la inflación hacen estragos en la economía de los trabajadores. 

 La caída del consumo de la población trabajadora bajo el gobierno de Javier Milei es una radiografía de la situación social, con un nuevo descenso en las ventas minoristas del 0,4% mensual, respecto a febrero, en un periodo donde suelen impactar las compras por el inicio del ciclo lectivo. Cae también la utilización del crédito y el financiamiento, debido a los altos costos y el desplome del poder adquisitivo, así como el crédito hipotecario y el acceso a la vivienda.

 Los principales indicadores continúan mostrando las consecuencias de la política económica nacional de ajuste contra los trabajadores y ataque a los salarios y negocios para la banca privada y el capital financiero. 

 Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a caer en el mes de marzo, con una disminución interanual del 0,6% y una baja del 0,4% respecto a febrero. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) esta dinámica se debe a la pérdida de poder adquisitivo, con el derrumbe de los salarios e ingresos populares, y el aumento de los precios. 

 Esta dinámica también se ve reflejada en la caída del consumo financiado con tarjetas de crédito en pesos -que hasta cierto punto venía postergando un derrumbe mayor en los indicadores de consumo pero con altas tasas de morosidad y las dificultades de la población para hacer frente a los pagos-, que cayó 6,8% en términos nominales en el primer trimestre del año. 

 Según datos del Banco Provincia (Bapro), el consumo cayó 9,5% real en comparación con febrero del 2025, con una fuerte incidencia de los pagos realizados con dinero en cuenta (-15,6%) y una fuerte tendencia al financiamiento para afrontar gastos impostergables. Aunque se trata de una estadística parcial, estamos ante un ejemplo ilustrativo de lo que sucede con una porción significativa de la población. 

 Esto se da en un marco donde la inflación continúa en ascenso, cuando se espera que el dato oficial a publicarse este martes 14 se encuentre por arriba del 3%, con un aumento del cas el 115 en la carnes para el mes de marzo y con la disparada de los servicios y los combustibles, por la internacionalización de los precios y la dolarización de los precios locales, que afectan a toda la cadena de valor y atacan los bolsillos de los trabajadores. 

 Lejos de tratarse de una contracción parcial del mercado de bienes y consumos menores, esto también aplica para el mercado inmobiliario, donde el crédito hipotecario se encuentra en caída, tanto por la falta de oferta de las entidades bancarias –con condiciones cada vez más inaccesibles, salvo que uno pertenezca a la casta oficial- como por la caída de los ingresos de la población. 

 Según los números de marzo del Banco Central hay una caída del 10% en el otorgamiento de créditos hipotecarios respecto al mismo periodo del año anterior, y con un desplome del 11% interanual del primer trimestre del 2026. 

 El gobierno nacional no solo ataca los ingresos de los trabajadores con los techos paritarios por debajo de la inflación, el ajuste sobre el sector público, los aumentos indiscriminados de precios y tarifas y los despidos, sino que también promueve una política de tasas de interés elevadas que atentan contra cualquier plan de pagos. Mientras que los créditos más accesibles, como los del Banco Nación, solo son para algunos “privilegiados” de la casta oficial. 

 Milei sigue haciendo pelota todo, con un programa económico que es un fracaso total y cuyas consecuencias pagan los trabajadores y los explotados. Hay que derrotar a este gobierno del ajuste para dar paso a las reivindicaciones obreras y populares, recomponiendo los salarios e ingresos populares como primer punto.

 Marcelo Mache

Crisis del transporte público: con Milei se paga más y se viaja peor

La política oficial descarga las consecuencias sobre los usuarios y trabajadores. 

 La crisis el transporte público, principalmente en la zona del Amba, está afectando tanto económica como laboralmente a millones de trabajadores y usuarios, en medio de las presiones patronales con la reducción de hasta un 30% en los servicios –ya disminuidos por el ajuste- y el traslado de aumentos exorbitantes a los usuarios, junto a una política que tiene de rehén a los trabajadores del sector y a millones de usuarios que dependen los colectivos, trenes y subtes para movilizarse a diario. En el mediodía de este jueves 9 las cámaras patronales informaron de un acuerdo con el gobierno, desde donde se comprometieron a enviar los fondos reclamados.

 Desde el viernes 3 se viene registrando una presión patronal hacia el gobierno, utilizando a los trabajadores y usuarios como rehenes, con la disminución drástica del transporte público para congestionar servicio y el no pago a tiempo de los salarios de los choferes, con el propósito de rediscutir el esquema de tarifas y subsidios, y trasladar así el alza de los costos al bolsillo de los trabajadores. 

 Desde el gremio de la UTA (choferes) anunciaron un paro para este jueves 9 en las líneas y empresas donde las patronales no hubieran abonado la totalidad de los salarios, aunque vale recordar que esta conducción sindical se ha caracterizado por hacer frente común con las presiones y reclamos patronales, entregando las reivindicaciones de los choferes, por lo que está muy lejos de impulsar una acción incondicional en defensa de los intereses de los trabajadores, sino más bien ejerce una política de "control de daños". 

 Los choferes vienen sufriendo un fuerte deterioro en sus condiciones salariales y laborales, lo que ha motivado distintas autoconvocatorias y acciones independientes en el último periodo, justamente a expensas de la orientación patronal de la burocracia sindical de Fernández, que le ha dado la espalda a todo reclamo. 

 El descenso de los colectivos viene generando grandes complicaciones para millones de usuarios del Amba y particularmente de CABA y el conurbano bonaerense, en un cuadro de cierre de líneas y recorridos y de vaciamiento de los servicios, que está provocando largas filas, demoras y atrasos, colectivos colapsados en los horarios de mayor demanda y grandes trastornos para los trabajadores. 

 Esta situación se combina con una fuerte disparada de las tarifas del sector, favorecidas por los aumentos habilitados por el gobierno, que no han servido a mejorar el transporte público –como tanto argumentó el oficialismo- sino todo lo contrario.

 Actualmente, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, el gasto en transporte se ha convertido en el principal componente del presupuesto de servicios públicos de los hogares del Amba, con un aumento que ronda el 1.000% desde el inicio del gobierno de Javier Milei. 

 La movilidad representa el 47% de la canasta de servicios públicos –que incluye transporte, energía y agua- de una familia promedio, cuya canasta total representa el 12,3% del salario promedio registrado: una incidencia que se encuentra en ascenso en los últimos años. 

 Siguiendo los datos del informe, un hogar tipo destina unos $101.026 mensuales para cubrir sus necesidades de traslado, monto que casi se duplica en un año y que da cuenta de un traslado de la factura (a libro cerrado) a los bolsillos de los trabajadores y usuarios. 

 Aunque las patronales y el gobierno vienen incrementando las tarifas muy por encima de la inflación y pactando subsidios de diversa índole el servicio no para de deteriorarse, con reducciones y eliminación de recorridos, menos unidades en circulación y ataque a los salarios y condiciones laborales de los choferes.

 Los trabajadores y usuarios no podemos tomar partido del lado de las patronales ni del gobierno, que se unen para pactar los tarifazos, generando un caos como el actual para “justificar” nuevos aumentos exorbitantes en un servicio indispensable para la población. 

 En el Amba el boleto de colectivo oscila los $700, mientras presentan números antojadizos de que el mismo debería trasladarse a $2.000 para cubrir plenamente la tarifa, adelantando que estamos ante un nuevo ataque contra los trabajadores. 

 Rechacemos el lobby patronal y el ajuste de Milei, con la apertura de los libros de las empresas y evitando nuevos tarifazos contra la población, que cada vez ve más diezmados sus ingresos frente a la inflación y las políticas antiobreras de Milei. 

 Marcelo Mache

¿Por qué pagamos el petróleo de Vaca Muerta como si pasara por el Estrecho de Ormuz?

Los naftazos, la renta extraordinaria de las petroleras y la necesidad de nacionalizar la industria energética bajo control obrero. 

 Son varios los que plantean que la suba de los precios internacionales de los combustibles por la guerra contra Irán es beneficiosa para la Argentina, que como exportadora obtiene un mayor ingreso de dólares. A eso se sumó la noticia del fallo favorable en Nueva York por el juicio sobre YPF. Pero, ¿quién puede estar contento cuando la nafta se encareció un 20%, gatillando aumentos en el transporte público y acelerando la inflación? ¿Para qué sirve tener Vaca Muerta y una empresa de mayoría estatal si vamos a pagar el “shock externo”? ¿Y si le sacamos el monopolio a los dueños de la energía y la ponemos bajo control de los trabajadores?

 El aumento de los precios de la nafta y el gasoil golpea a las familias trabajadoras por varios frentes. Al cargar en la estación de servicio, en el encarecimiento de todos los productos -que en este país se mueven por camiones-, en nuevos tarifazos en la luz, el gas y el transporte público. Incluso las líneas de colectivos del Gran Buenos Aires avisaron que bajan la frecuencia, ajustando a los usuarios también por esa vía.

 A la vez que recalienta la inflación, esto además agrava el hundimiento de la actividad económica, como ya se expresaba en la menor demanda de gas por parte de las fábricas (-8,1% interanual en el cuarto trimestre de 2025) y del gasoil utilizado en transporte e industria (-10,4% interanual en febrero). Los naftazos y tarifazos profundizan la recesión que sufrimos con despidos y cierres de lugares de trabajo.

 ¿Cuál es, entonces, la gracia del boom de Vaca Muerta? De movida queda claro que no apunta a satisfacer necesidades productivas ni sociales en el país; el negocio está en la exportación. Con esta orientación Milei fijó que en el mercado interno se vendan los combustibles al precio internacional. Gracias a eso, ya antes de la disparada por la guerra imperialista en Medio Oriente las remarcaciones en el surtidor duplicaban al IPC anual. Según estima Cepa, “el precio de las naftas en Argentina nunca fue tan caro como en marzo de 2026”: medida en dólares la nafta súper alcanzó los u$s 1,43 por litro, un 52% arriba del promedio histórico de enero 2018 - febrero 2026 (u$s 0,94). 

 Como todo con este gobierno, esta política es insostenible. El precio del mercado mundial de hoy es simplemente impagable en Argentina. YPF aumentó casi un 20% en marzo, pero su presidente Horacio Marín dijo que debería haber subido el triple para equiparar el incremento en la cotización internacional. Como controla más de la mitad del expendio de combustibles del país, YPF marca la pauta para el resto de las refinadoras, y las puso en crisis porque no podían trasladar al surtidor los precios sin perder su mercado. 

 Finalmente llegaron a un acuerdo precario para que las petroleras mantengan el precio del barril, acumulando como saldo a favor la diferencia con la cotización internacional, que van a compensar las refinadoras cuando los precios bajen. Incluso si esto sale bien, cae el precio del barril y se evita una crisis en la cadena de pagos, significa que los combustibles en Argentina no van a volver a los niveles previos a la guerra. El naftazo llegó para quedarse. 

 Ahora bien, ¿por qué pagar el precio internacional por hidrocarburos que se extraen acá? Los costos locales de producción no se vieron afectados. Los obreros petroleros de Neuquén, desde ya, tampoco cobran como los de Texas. Gracias a este “acceso a mano de obra barata”, según analizan desde la consultora especializada Rystad Energy, el coste medio de producción de los operadores de Vaca Muerta es mucho menor al de las principales cuencas del shale de norteamericano: su precio de equilibrio es de 25 dólares el barril, contra 40 del promedio del sur de Estados Unidos. Eso luego de bajar casi a la mitad respecto de los niveles de 2016, es decir desde que se puso en marcha la adenda de flexibilización del convenio colectivo petrolero que dejó como saldo varias muertes obreras. 

 Para colmo, en el último período hubo una “argentinización” de Vaca Muerta. La mayoría de las multinacionales remató sus activos en el país, que quedaron en manos de empresas nacionales (aunque de nacionales tienen poquito, como vamos a ver). El shock de la cotización petrolera está generando entonces una renta extraordinaria que se apropia un puñado de capitalistas argentinos y extranjeros. Veamos quiénes son los que ganan, mientras el pueblo no puede llenar el tanque y los obreros petroleros sufren superexplotación.

 Las petroleras que embolsan esta renta diferencial de Vaca Muerta se cuentan con los dedos de las manos. La participación dominante de YPF no es un obstáculo, sino la llave maestra de todo el negocio. Mediante su asociación con Chevron y otras multinacionales (Total, Petronas, Shell), y después con “nacionales” como Tecpetrol (del grupo Techint de Paolo Rocca), PAE (Axion, de Bulgheroni), CGC (de Eurnekian), Pluspetrol, o Vista (que, ilustrativamente, fundó el expresidente K de YPF, Miguel Galuccio), garantizó la espalda necesaria, la escala mínima y absorbió los eslabones más costosos para que hoy esté en marcha el negocio de exportación. 

 Contra lo que festejó Cristina Kirchner en sus redes sociales al conocer el fallo en el juicio buitre por YPF, el superávit comercial del sector no tiene nada que ver con la “soberanía energética”. La burguesía argentina que se apropia de esta renta extraordinaria hace lo mismo que con la renta agraria: la fuga. Para empezar, todas radicaron sus firmas controlantes fuera del país; Vista en México, CGC en España, al igual que Tecpetrol y PAE (que es una sociedad de Bulgheroni con la estatal china CNOOC y la británica BP), mientras que Pluspetrol lo hizo en los Países Bajos. 

 Un informe elaborado por Ejes, titulado “La Vaca fugada”, estima que cerca de la mitad del superávit de la balanza energética de 2024 se fugó al exterior por diversas vías. Son más de 2.200 millones de dólares que se fueron a través de transferencias de ganancias a sus casas matrices, contratación de servicios a compañías vinculadas, compras de activos externos y pagos de intereses por deuda con empresas controlantes o subsidiarias. Sumando otros mecanismos resulta que, en el balance cambiario de ese año, del superávit comercial de 5.668 millones de dólares solamente quedaron 31 millones. 

 Si miramos el informe de deuda externa privada del Banco Central del tercer trimestre de 2025 vemos que, en paralelo al boom de producción de Vaca Muerta, se disparó la deuda financiera de las empresas de extracción de petróleo y gas, pasando de 12.000 a 16.800 millones de dólares en un año. Por esta vía, una parte jugosa de la renta petrolera va a parar a las cuentas de grandes fondos de inversión. 

 El Estado es socio del saqueo también en otro aspecto. Arrinconado por el impacto del naftazo sobre la inflación, el gobierno anunció que posterga actualizaciones en el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Es otro de los tributos regresivos que pagamos los consumidores, y el único cuya recaudación creció (78% interanual en marzo) gracias a la suba de precios, mientras todo el resto cae por el derrumbe del consumo. Nosotros tenemos la nafta más cara, mientras la suspensión impositiva es una sobreganancia para las petroleras: unos 429 millones de dólares en el primer trimestre del año, según la consultora Economía y Energía. 

 La experiencia de la última década y media es bastante categórica como para desmentir todos los pronósticos sobre un gran desarrollo virtuoso de la Argentina a caballo de una mayor capacidad exportadora de Vaca Muerta. Más aún, el régimen de saqueo que lleva al país a sucesivas crisis (y cepos cambiarios para pagar la deuda), más la lenta inversión en infraestructura, explica que los gigantes mundiales se hayan ido del país. 

 Por último, digamos que en la provincia de Vaca Muerta las familias trabajadoras ni siquiera tienen gas de red, y que los gasoductos que se proyectan no buscan mejorar el acceso de la población argentina sino abrir oportunidades de exportación. Ahora también hay que ver cómo se resuelve la cuestión de la importación de gas, que el gobierno privatizó, para conocer cuánto vamos a tener que pagar para calefaccionarnos en invierno. Esto, tras años y años de subsidiar a las petroleras con un "precio sostén" muy por encima del que podía costear el mercado interno. 

 En conclusión, el corazón de la matriz energética del país está en manos de un puñado de capitalistas que se apropian de una renta diferencial, en asociación con algunos pulpos multinacionales como Chevron, empresas de servicios como Halliburton y fondos de Wall Street. Es parte del régimen de fuga de capitales y saqueo imperialista que explica la pauperización social constante, mientras un puñado de empresarios se vuelven magnates petroleros. 

Hay que tomar las riendas de la industria energética, abriendo los libros de las empresas al control obrero. Eso permitiría dimensionar la renta que se fuga, ver los verdaderos costos de producción y demostrar así la necesidad de una nacionalización sin pago de toda la cadena energética, formando una operadora única bajo control de trabajadores y usuarios que sirva a los fines productivos y las demandas sociales.

 La reapropiación de la renta petrolera permitiría además financiar la investigación e inversiones necesarias para un inmediato plan de remediación ambiental, la reducción de la contaminación y de la emisión de gases de efecto invernadero, y a mediano plazo una transición energética hacia fuentes limpias. Solo una planificación económica bajo la conducción de la clase trabajadora puede trazarse objetivos más nobles que la sola acumulación de capital a costa de exprimir la fuerza de trabajo y destruir la naturaleza, en un mercado mundial dominado por las crisis y las guerras. 

 Los trabajadores de Argentina no tenemos que pagar las consecuencias de la guerra de Trump y el sionismo en Medio Oriente. Es otro motivo que prueba la urgencia de rajar a Milei y los parásitos para los cuales gobierna. 

 Iván Hirsch

La crisis en el PAMI

La obra social de los jubilados y pensionados atraviesa una crisis de gran envergadura. En las últimas semanas crecieron los reclamos de prestadores de PAMI por demoras en los pagos. El Tesoro nacional adeuda al Ministerio de Salud alrededor de 500.000 millones de pesos, destinados a la obra social de los jubilados (la más grande de América latina). Producto de esta situación, los prestadores restringieron los servicios y exigen, además, un aumento en los copagos a los pacientes. Distintas asociaciones y entidades de salud que trabajan con PAMI anunciaron el recorte y suspensión de servicios frente a la falta de pago. 

 La Asociación de Oftalmólogos de Río Negro (AORN), por ejemplo, restringió su atención por tiempo indeterminado por pagos pendientes, alcanzando a todos los afiliados al PAMI en la provincia. En Santa Fe, hubo ceses de atención puntuales y advertencias de más restricciones si los pagos no se regularizan. En Córdoba, la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados (Aclisa) advirtió a las autoridades nacionales sobre una “asfixia operativa, económica y financiera” (La Nación, 8/04) que compromete la continuidad de la atención médica. Por su parte, las farmacias ya venían advirtiendo sobre dificultades para sostener la atención por la falta de pagos de PAMI. Referentes de Fundación Nano (oftalmología) expresaron que pagaron noviembre y diciembre a finales de marzo, pero siguen debiendo desde enero y expresaron que hay situaciones de riesgos de cierre; y en San Miguel, ya hay dos espacios que cerraron. Además, reconocieron que la mayoría de las entidades está pagando porcentajes de honorarios y que se deben cargas sociales. 

 En el sector privado de la salud, la crisis financiera amenaza con la quiebra a unos 5.000 prestadores entre clínicas, sanatorios y laboratorios. En el conurbano bonaerense, trabajadores de clínicas privadas denunciaron que les adeudan entre dos y tres meses de salarios. Las patronales atribuyen esta situación a la falta de pago por parte del PAMI. En la clínica los Cedros, de San Justo, sus trabajadores comenzaron una retención de tareas a partir de las 00 horas del jueves 9 de abril, garantizando sólo las guardias mínimas. En la misma línea irán trabajadores de la Clínica Fátima de Pilar y demás clínicas según anunciaron desde el sindicato de los trabajadores de la salud privada (ATSA, delegación Hurlingham). 

 Los ministros de Salud, Mario Lugones, y de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunieron en el Palacio de Hacienda para tratar el tema. Al término del encuentro, informaron que la reunión fue "muy productiva" pero no anunciaron nada en concreto. Sandra Pettovello, por su parte, emitió este miércoles un comunicado para lavarse las manos, aclarando que “el área de Discapacidad y PAMI no se encuentran bajo la órbita de este organismo (Desarrollo Humano)”. Previamente, las autoridades de PAMI mantuvieron un encuentro con la cámara prestadora de servicios (clínicas, sanatorios y laboratorios de todo el país). Diversos medios de comunicación aseguran que la deuda con PAMI tiene objetivos políticos. Esto es avanzar con la “motosierra" para garantizar el pago de los vencimientos de deuda y seguir siendo un lacayo de capital internacional. Es decir, antes de pagar la deuda con los prestadores, es más probable que continúen recortándose prestaciones.

 Los más afectados, los jubilados 

Quienes cargan sobre sus espaldas la “crisis del PAMI” son los jubilados que deben esperar meses para operaciones de complejidad, sufren recortes en sus medicamentos y deben acudir a los hospitales públicos, frente a la falta de respuesta y de cobertura. 

 Son el sector que más sufrió el ajuste fiscal del gobierno liberticida. Las jubilaciones perdieron el 24 % del poder de compra desde que gobierna Milei -los que cobran la mínima perdieron 29%-. Esto significa una pérdida acumulada cercana a los 5,4 millones de pesos por cada jubilado desde entonces, según un informe elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) (El Destape, 3/04). Por su parte, las patronales de la salud privada se valen de esta crisis para desplegarla sobre los trabajadores y usuarios. Mientras tanto, proliferan los hechos de corrupción en el PAMI y entre los propios funcionarios del gobierno.

 Los jubilados que se movilizan todos los miércoles al Congreso y los trabajadores de las clínicas que se encuentran en lucha, marcan el camino para conquistar una salida a la crisis a la que han llevado los liberticidas a la obra social. Es necesario levantar como programa la apertura de los libros contables con control de los trabajadores y usuarios de la obra social y de las clínicas y establecimientos que trabajan con PAMI, el pago de todos los salarios adeudados, la restitución de las prestaciones y la atención a todos los jubilados. 

 Por un único sistema de salud que atienda las necesidades de toda la clase obrera.

 Daniela Magoc 

 10/04/2026

Nueva cadena de redadas policiales contra los migrantes

Milei copia las políticas de Trump tras la creación del ICE argentino. 

 El presidente Javier Milei ha demostrado en diversas ocasiones su fanatismo por emular las políticas y formas gubernamentales de la gestión de Donald Trump. Inspirado en el mandatario del norte, podemos mencionar algunas por ejemplo: la guerra contra cualquier tipo de derecho laboral, la eliminación de las obras públicas, las desregulaciones económicas, las posturas contrarias a las libertades sexuales y la creación de un “ICE” propio.

 A partir de un decreto la [“Agencia de Seguridad Migratoria”] (https://politicaobrera.com/15293-agencia-nacional-de-migraciones-una-nueva-subordinacion-al-gobierno-de-trump), ahora renombrada, se creó como herramienta para perseguir y controlar extranjeros “indocumentados”, argumentando una fuerte estigmatización del migrante, "vinculada a la delincuencia" como dicen explícitamente. En estas últimas semanas los operativos de control migratorio se vienen intensificando a nivel nacional, poniendo un énfasis en el norte argentino, con cuestionables procedimientos de intervención fronteriza y de abordaje de transportes.

 En los barrios y ferias populares del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, principalmente en sectores en donde la transitabilidad de la población extranjera es más frecuente, los controles son respaldados por efectivos de la Policía Federal, con más de 150 efectivos en la mayoría de los casos. En el área metropolitana; en los barrios de Once, Liniers, Villa Celina, Olimpo y en localidades como La Plata y Lomas de Zamora el procedimiento es más intenso.

 Los controles consisten en solicitar el DNI a los ciudadanos extranjeros, con la ayuda de un sistema de identificación biométrica (huellas dactilares) para verificar si están documentados legalmente. Se hace un relevamiento a quienes encuentren de manera irregular para que regularicen su situación en Migraciones, dándoles un tiempo en el mejor de los casos para que puedan obtener la documentación al día. Los controles migratorios buscan detectar extranjeros indocumentados o en situación irregular, para posteriormente ser deportados en caso de incumplimiento migratorio y antecedentes delictivos.

 Tomando en cuenta que el DNU 366 de la ley 25.871 modificado en el año 2025 y anunciado con la soberbia caracterizada por el (hasta entonces) vocero presidencial Manuel Adorni, informando en cadena nacional sobre el "endurecimiento de la tramitación y los requisitos migratorios". Tiene el fin de que a los extranjeros se nos dificulte la obtención de la ciudadanía legal, limitando con aranceles el acceso al sistema de salud pública y a las universidades.

 Estos anuncios, que tuvieron el apoyo de los aplaudidores de siempre y medios afines al gobierno, no son más que para abrirles las puertas a futuros actos de represión y persecución en contra de la población trabajadora migrante, vulnerando derechos humanos fundamentales y, a su vez, promover un clima de división y criminalización racial. 

 Si vemos el reflejo norteamericano, en similitud de lo que se forja en Argentina, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas según sus siglas en ingles) de Donald Trump se ha convertido en una maquinaria de terror, que separa violentamente a los trabajadores migrantes y sus familias, bajo la excusa de la seguridad nacional, pero con intenciones políticas y electorales a futuro. Esto tuvo una reciente respuesta masiva con manifestaciones de más de 5 millones de norteamericanos contra el ICE y contra la guerra. 

 Un claro ejemplo de esta situación, tomando en cuenta la influencia electoral de la población migrante en Estados Unidos, es la contundente victoria electoral de Zohran Mandani, político estadounidense, migrante de tendencia socialista y fuerte crítico de Donald Trump, que le ganó la alcaldía de New York tras una sorpresiva campaña electoral. Crisis que tuvo también expresión en la huelga de las enfermeras de Nueva York que incorporaron la consigna “fuera ICE de los hospitales”. 

 Las consecuencias del ICE norteamericano tuvieron varias víctimas fatales, heridos, suicidios y accidentes provocados por el intento de eludir estos controles, resaltando los asesinatos violentos de Renée Nicole Good, mujer de 37 años, asesinada el 7 de enero de 2026 y de Alex Jeffrey Pretti, enfermero de 37 años, asesinado el 24 de enero de 2026; ambos acribillados por efectivos del ICE

.Los operativos en el AMBA

 Estas últimas semanas en el AMBA, estos controles migratorios están generando reclamos y repudios por parte de vecinos y comerciantes perjudicados, que hacen sus reclamos ante la abundante presencia de efectivos policiales que obstaculizan las ventas en los sectores comerciales. “Migraciones” espantando a su clientela agrava su situación económica, cuestión que se suma a que ya venían con las ventas en caída producto de la crisis actual. 

 También crecen las denuncias contra abusos y maltratos vinculados a ademanes raciales, usando como motivo de detención la "portación de rostro", como pretexto policial de abordaje e interceptación a transeúntes, inclusive en el transporte público. Para increpar y hostigar prejuiciosamente y sin ninguna orden previa. Estas redadas cada vez más frecuentes, van de la mano con la nueva ley de inteligencia que permitirá realizar detenciones sin orden judicial. 

 En Lomas de Zamora, la denuncia de estos procedimientos fue llevada adelante por vecinos y docentes de las escuelas, que cuestionaron los procedimientos de interceptación a niños menores de edad (estudiantes entre 12 y 18 años), que al salir de las escuelas fueron obligados a acreditar su identidad y sometidos escandalosamente a la toma de huellas dactilares. En los barrios, los docentes y los padres de los centros educativos están organizando visibilizar esta situación y exigen la intervención urgente de los organismos de control y protección de los derechos del menor, argumentando la exposición innecesaria y discriminatoria en contra de sus estudiantes. 

 Tomemos en cuenta qué una cantidad de efectivos policiales en Argentina, son frecuentemente señalados por actos de corrupción, extorsión, abuso de autoridad, manipulación y gatillo fácil; como sucedió por ejemplo en Villa Lugano con el asesinato de Gabriel González. 

 Por esto hoy la pregunta que se hacen los vecinos migrantes es: “¿Esos policías están preparados para asumir estos operativos con responsabilidad e integridad o está todo dado para cometer los mismos abusos que hoy protagoniza el ICE norteamericano? Cuando vemos las violentas represiones contra los jubilados de los miércoles o los trabajadores que luchan contra los despidos y cierres, la pregunta se responde sola. 

 Para los trabajadores migrantes el régimen de gobierno de los liberticidas, no es más que un "copy-paste" de las políticas trumpistas, que buscan mantener a todo inmigrante en un estado de temor a ser deportado, con temor de hacer reclamos por sus propios derechos migratorios y a la libre circulación. De esta manera, se los empuja a ser víctimas del sometimiento de las patronales y de trabajos con salarios de miseria extrema. 

 Yerko Angulo 

 11/04/2026