Abajo la represión a los presos políticos en el penal de Marcos Paz

Eneas Gallo y decenas de detenidos están siendo reprimidos por reclamar contra las condiciones infrahumanas.

 Denunciamos y repudiamos enérgicamente la salvaje represión desencadenada por el Servicio Penitenciario Federal contra el preso político Eneas Gallo y decenas de personas privadas de su libertad en el sector A3 (Instituto 4) del nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. 

 Frente a un régimen insostenible de tratos crueles, inhumanos y degradantes —donde las personas detenidas sufren la falta de ropa, la ingesta de agua no potable, comida en mal estado y severas restricciones impuestas en el nuevo complejo—, los internos se organizaron para exigir respuestas elementales a sus reclamos. La respuesta estatal, tras desoír las denuncias presentadas ante la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, fue el ataque directo con gases lacrimógenos y gas pimienta por parte de las fuerzas del Servicio Penitenciario. 

 Advertimos sobre la gravedad de la situación y el riesgo inminente de que la violencia represiva se extienda hacia otros sectores, como el módulo D, donde los detenidos también resisten el encierro disciplinario y las pésimas condiciones de habitabilidad. Responsabilizamos de manera directa al Ministerio de Seguridad, a la Dirección del Servicio Penitenciario Federal y al Poder Judicial por la integridad física y la vida de Eneas Gallo y de todos los internos reprimidos. 

 Este régimen de tortura y amedrentamiento dentro de los penales no es un hecho aislado: es el brazo ejecutor de una política de Estado que busca disciplinar a los sectores populares y encarcelar a quienes luchan contra el ajuste y las reformas antiobreras. 

 Asociación de Profesionales en Lucha

Vientres de alquiler en guerra: un negocio que crece sobre la necesidad de las mujeres

Mientras el Parlamento de Ucrania debate el proyecto de ley 15507 para prohibir la subrogación de vientres a extranjeros y limitar un negocio millonario atravesado por la guerra, el debate global sobre la gestación por encargo vuelve a encenderse. Entre la explotación económica de las mujeres desplazadas, la proliferación de agencias intermediarias y las discusiones sobre la "gestación solidaria" en países como Argentina, el circuito transnacional de los vientres de alquiler expone una realidad donde la necesidad económica convierte al cuerpo de las mujeres empobrecidas en la mercancía más barata del mercado global. 

 Ucrania, el mercado barato 

Antes de la guerra, Ucrania era el segundo centro mundial de subrogación comercial, detrás de Estados Unidos. La actividad casi volvió a los niveles previos a la invasión, y los extranjeros son el 95 % de los futuros padres. Un abogado del sector estimó en 2018 entre 2.000 y 2.500 nacimientos por año (Al Jazeera, 13/9/18). 

 La diferencia de costos se explica por los salarios y la pobreza del país. Una pareja de Londres pagó unas 65.000 libras a BioTexCom, la mayor clínica ucraniana, frente a más de 110.000 que puede costar en Estados Unidos. Un reportaje de 2025 señaló que el precio ucraniano de 30.000 a 50.000 dólares, contra 110.000 o más en Estados Unidos, se debe sobre todo al bajo costo de vida y de los procedimientos médicos. Una guía comercial para 2026 calcula entre 50.000 y 75.000 euros por programa en Ucrania y entre 20.000 y 26.000 para la gestante. La misma gestación vale menos donde las mujeres tienen menos alternativas.

 La guerra como reclutadora 

La BBC contó el caso de Karina Tarasenko, de 22 años. Su casa en Bakhmut fue destruida cuando tenía 17. En Kiev no conseguía trabajo estable y en una tienda apenas le alcanzaba para pan y pañales. Cobrará unos 17.000 dólares, aproximadamente el doble del salario promedio ucraniano, y la mayor parte llega después del parto. Le correspondían 21.000, pero el contrato preveía un recorte si uno de los mellizos moría, y así ocurrió. Vive en un departamento que le da la clínica. 

 La activista Maria Dmytrieva explica el mecanismo con sus palabras: la guerra multiplica las mujeres desesperadas y las clínicas les ofrecen esa salida a parejas occidentales que buscan pagar menos. Una clínica difundió en enero de 2026 un aviso hecho con inteligencia artificial que muestra a una mujer eligiendo entre leña para la estufa y ropa para sus hijos. En 2021, BioTexCom había promocionado un "Black Friday" de bebés (BBC, 7/5/26). 

 Karina defiende su decisión y se opone a la ley. Su testimonio muestra qué significa elegir cuando el ingreso alternativo es un pan. Para ella, la prohibición desarma un plan de comprarse una casa que ninguna política pública le ofrece. 

 Familias varadas, bebés abandonados y mujeres desplazadas

 La guerra dejó episodios que exponen la lógica de mercancía. En marzo de 2022, abogados del sector calculaban unas 500 mujeres embarazadas para clientes extranjeros y BioTexCom mantenía un refugio para recién nacidos en un sótano de Kiev. En 2025, una madre de Florida se enteró de que su hija había nacido cuando un médico pasó a felicitarla, con una alarma antiaérea sonando. La pareja londinense de la BBC pasó tres meses en Kiev, entrando y saliendo de refugios antibombas, por la demora en los papeles del niño. 

 También hay niños que nadie retira. Wei, de cinco años, nació prematuro en 2021 con daño cerebral severo. Sus padres del sudeste asiático desaparecieron, la gestante no tenía obligación legal y hoy vive en un hogar estatal de Kiev. Un funcionario de Salud dice que son "muchos" los casos, aunque el Estado no lleva cifras. 

 Cuando Ucrania se volvió inestable, la demanda se corrió hacia otros países. En Georgia, investigadoras entrevistaron a ucranianas desplazadas que gestan en departamentos alquilados por agencias, con contratos y procedimientos médicos en idiomas que no entienden (The Conversation, mar. 2026). En mayo de 2025, dos gestantes obtuvieron allí estatus de víctimas de trata (Social Justice Center, dic. 2025). Un informe del Ministerio de Justicia ucraniano habla de contratos abusivos, aislamiento y restricción de movimientos. Es el circuito de las llamadas granjas: mujeres alojadas por la empresa, lejos de su familia y con pago condicionado al resultado.

 Riesgos para la salud 

Los riesgos médicos rara vez aparecen en la publicidad. Un estudio de Ontario, publicado en Annals of Internal Medicine, analizó 863.017 partos entre 2012 y 2021. La morbilidad materna grave fue de 2,3 % en embarazos espontáneos, 4,3 % con fertilización in vitro y 7,8 % en gestantes por encargo. Estas últimas tuvieron un 75 % más de trastornos hipertensivos, un 79 % más de partos prematuros y casi el triple de hemorragia posparto (Medscape, 26/9/24). La investigadora advirtió que las guías que limitan quién puede ser gestante no siempre se cumplen. El estudio incluyó sólo 806 gestantes y comparó con partos de Canadá, un país con sistema de salud público. Sirve como referencia mínima. En Ucrania no hay datos comparables, y la exposición a bombardeos, migraciones y estrés agrega riesgos sin medir. La gestante de la pareja de Florida pasó por varias transferencias fallidas y un aborto espontáneo antes del embarazo que llegó a término. 

 El debate en la Rada

 Los intentos de restringir el negocio a extranjeros vienen de antes. En 2023, una comisión parlamentaria propuso vedar la subrogación a extranjeros mientras dure la guerra y tres años después, con la diputada Viktoria Vahnier como una de las autoras. La ley no prosperó. Este año el tema volvió con más apoyo: la BBC informó que las propuestas tienen amplio respaldo en el Parlamento. El 13 de agosto se registró el proyecto 15507. Permitiría la subrogación sólo si ambos cónyuges, o uno de ellos, son ucranianos con tres años de residencia, prohibiría el servicio a extranjeros salvo con un cónyuge ucraniano y crearía un registro estatal de contratos (Ukrinform, 13/8/26). Entraría en vigencia junto con una ley que establezca responsabilidad penal por las infracciones. 

 Sus defensores invocan la caída de la natalidad. Rusia hizo algo parecido: su Duma aprobó en diciembre de 2022 una ley que prohíbe la subrogación a extranjeros. Ambos gobiernos, en guerra, justifican la medida con la protección de "nuestros niños". Ese planteo deja intacto el mercado interno. Las mujeres pobres de Ucrania seguirían gestando para parejas ucranianas con dinero, y el negocio buscaría otros territorios, como muestra el caso de Georgia. El proyecto tampoco toca la causa que llevó a Karina a la clínica. 

 Una salida de clase 

Para el movimiento de mujeres y la izquierda, la vía es desmontar el negocio. Eso implica prohibir los contratos y las agencias, y proteger a las gestantes en vez de castigarlas. Requiere también trabajo, vivienda e ingresos para las mujeres desplazadas y a las que hoy empuja la guerra. Los dos bandos de esta guerra defienden intereses que no son los de las trabajadoras. Mientras el conflicto continúe, la reproducción de las mujeres pobres seguirá siendo una mercancía barata para quienes pueden pagarla. 

 Iara Bogado 

 18/10/2026

Uruguay: Se presentó denuncia penal por la masacre del Seccional 20

Graciela Montes de Oca, Juan Oroná Mendiola y Marcelo Abdala en la puerta de la Fiscalía General de la Nación. Foto: El Popular 

 En el día de hoy, 13 de octubre, la responsable de la secretaría de DDHH del Partido Comunista de Uruguay (PCU), Graciela Montes de Oca; el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala y el sobrino de una de las víctimas, Juan Oroná Mendiola presentaron en la fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, una denuncia penal por el asesinato de 8 militantes del PCU; José Ramón Abreu, Raúl Aparicio Gancio Mora, Elman Milton Domingo Fernández Dechi, Ruben Claudio López Chensi, Ricardo Walter González Gómez, Justo Washington Sena Castro, Luis Alberto Mendiola Hernández y Héctor Cervelli, el 17 de abril de 1972 en el local Seccional 20 del PCU. 

 EL POPULAR consultó a los tres denunciantes acerca de las características de la denuncia y la vigencia de la búsqueda de justicia.

 “Es una deuda” 

 Graciela Montes de Oca señaló que en representación del PCU se presenta como denunciante con el objetivo de “esclarecer los hechos del seccional 20; las víctimas, explicó “eran trabajadores, eran padres a los cuales les cegaron la vida por el hecho de pensar diferente y querer un futuro mejor para nosotros. Creo que es una deuda que tiene el pueblo uruguayo en conocer la verdad”.

 El objetivo es también “cambiar las versiones oficiales que existen por la verdad, para que las futuras generaciones realmente conozcan los hechos tal cual fueron”. 

 Consultada sobre la oportunidad, Montes de Oca explicó que en su momento se había realizado la denuncia pero que la misma fue archivada. “Volvimos a reflotarla porque sentimos la necesidad de que se deben saber realmente los hechos tal cual fueron. Que ellos no eran criminales, como están catalogados dentro de las versiones de ese momento, sino que eran trabajadores y padres de familia que estaban desarmados y creo que es justo que la sociedad reivindique eso”. 

 La dirigente señaló que se espera que la fiscalía investigue “los hechos tal cual fueron” y que “si hay culpables y están con vida, sean juzgados; y si no, sabremos realmente los hechos como fueron, sabremos la verdad”, se trata, dijo, de un “acto de justicia y de reparación para los ocho compañeros que realmente creo que es necesaria y oportuna en este momento de negación que existe a nivel del mundo”. 

 “Vive en mi”

 Juan Oroná Mendiola tenía 8 años cuando sucedió la “masacre de la 20”. Hoy, 54 años después, recuerda que en aquel momento “nos dijeron que uno de los integrantes del grupo, es decir, de los militantes que estaban aquella noche custodiando la 20, extrajo un arma e hirió gravemente a uno de los militares actuantes. Eso lo dijo el comunicado que emitieron las Fuerzas Conjuntas en aquel momento”. 

 Oroná, sobrino de Mendiola, uno de los militantes comunistas asesinados en 1972, recordó que los medios de comunicación de la época “por orden de seguridad” estaban impedidos de comunicar todo lo referido a los operativos de las fuerzas Conjuntas al mismo tiempo que era “la justicia militar la que intervenía, es decir, que no había una justicia independiente ya en aquel momento, por la declaratoria del Estado de Guerra Interno; quiere decir que estaba todo, digamos, orquestado para, confundir a una opinión pública consternada por los hechos”. 

 Consultado sobre por qué era importante, a pesar de tanto años, hacer la denuncia, dijo: “porque después de tantos años, después de cincuenta y pico de años, mi tío sigue en mí vivo, permanentemente conmigo. Cuando yo tenía ocho años, el Estado de Guerra Interno me lo mató y quiero saber lo que pasó. Sé lo que pasó, pero quiero que eso, digamos, se propague a todo el mundo, a todos los que quieran saberlo”.

 Concluyó diciendo: “hay gente que no quiere saberlo, hay gente que no quiere ni escuchar y lo va a tener que escuchar”. 

 “Cuestión de principios” 

 El presidente del PIT-CNT también fue parte denunciante y explicó que “se trata de la lucha por la verdad. Todavía no están esclarecidos los hechos de una masacre que se desarrolló el 17 de abril en el local de la 20 del Partido Comunista, en donde distintos trabajadores estaban al cuidado de su local y donde hubo una masacre absolutamente inhumana, injustificada, que fue parte además de toda una escalada fascista que terminó en la dictadura”. 

 Agregó que “desde nuestra perspectiva la lucha por la memoria, verdad y justicia es una cuestión de principios del movimiento popular. Vinimos aquí a presentar la petición de que se abra una investigación que arroje un resultado sobre la base de la verdad”.

 Explicó que si bien su presencia es a título personal “sin duda alguna que en nuestra presencia sintetizamos la opinión del movimiento sindical, en su momento la CNT, que consternada por los hechos de la 20, desarrolló un paro general de 24 horas en el momento del velatorio y del entierro de los compañeros asesinados”, recordó.

 La denuncia 

 El escrito de la denuncia, al que tuvo acceso EL POPULAR, consta de siete puntos en los cuales se repasan los hechos. Inicia en el 14 de abril de 1972 con el debate en la Asamblea General del mensaje del Poder Ejecutivo “solicitando la declaratoria de Estado de Guerra Interno y Suspensión de Garantías Individuales para afrontar la grave situación política del momento”. El tratamiento de esta iniciativa del Ejecutivo “mereció un arduo debate parlamentario no sólo por su contenido jurídico sino también por las consecuencias políticas que de tal declaración podrían derivarse”. El resumen de tal declaración reza: “Declarase el estado de guerra interno con la finalidad de reprimir la acción de individuos y grupos que conspiran contra la Patria.”

 “Se suceden atentados en Montevideo e interior contra locales políticos, domicilios de militantes políticos, civiles dirigentes, abogados defensores de presos políticos y periodistas entre otros, mediante explosivos y ametrallamientos así como allanamientos diversos”, repasa la denuncia.

 El punto 3 hace referencia a la noche del 17 de abril: “Poco más de 24 horas de la vigencia del Estado de Guerra Interno y Suspensión de Garantías Individuales. En horas de la noche, las fuerzas conjuntas (Organismo de coordinación y acción unificada entre las fuerzas armadas y la policía de la República para la lucha anti subversiva) con un número indeterminado de efectivos a los que hay que sumarle elementos no identificados, ya sea sin el uniforme correspondiente o con distintivos que no corresponden a ninguna fuerza determinada, rodean el comité Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay sito en la Avenida Agraciada No. 3715 de Montevideo. La zona asimismo permanece aislada, sin energía eléctrica, acordonada, transformada en un teatro de operaciones. En el interior del local que viene de referirse hay 11 militantes de dicho Partido. El largo asedio culmina, tras un nutrido ataque armado al referido local, que incluyó la afectación de viviendas linderas, con la muerte de 7 militantes, 2 heridos y 2 detenidos más un efectivo de las fuerzas conjuntas herido. José Ramón Abreu, Raúl Aparicio Gancio Mora, Elman Milton Domingo Fernández Dechi, Ruben Claudio López Chensi, Ricardo Walter González Gómez, Justo Washington Sena Castro, Luis Alberto Mendiola Hernández y Héctor José Cervelli (fallece el 28/4/1972 tras las heridas sufridas), resultan muertos a raíz del operativo, algunos de ellos dejados morir sin atención a pesar de contarse con unidades de asistencia médica dispuestas a socorrer a los heridos, a las que solo se les permitió ingresar cuando todos estuvieron muertos. Eduardo Machado, sobrevivió tras recibir una herida en la parte posterior de la cabeza. Fueron detenidos tras permanecer en la azotea del local Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay donde salvaron su vida Ernesto Fernández Ferreira y Enrique Rodríguez. Todos militantes del Partido Comunista del Uruguay, obreros metalúrgicos, del vidrio, panadero, gráfico. Militar herido en el operativo, que fallece tras permanecer internado en el Hospital Militar; Wilfredo Busconi”. 

 “Sobre las 17 horas, las Fuerzas Conjuntas emiten el Comunicado de Prensa Número 77 que es la versión oficial, inamovible y vigente sobre los hechos: el mismo, entre otros extremos, refiere a que desde el interior del “club” más precisamente desde los fondos del mismo y desde las azoteas contiguas al local se abrió fuego contra integrantes de las fuerzas conjuntas que trataban de inspeccionar un vehículo que circulaba por la zona en “actitud sospechosa” cosa que se reiteró luego desde el interior del local, siempre de acuerdo al comunicado, para repeler al vehículo de las Fuerzas Conjuntas que acudió al lugar”, expresa la denuncia.

 “Cuando los integrantes del local, sigue diciendo el comunicado, fueron requeridos, salieron con las manos en alto pero uno de ellos “disparó un arma que llevaba oculta entre sus ropas” hiriendo a un oficial de las Fuerzas Conjuntas gravemente en la cabeza lo que requirió la reacción para repeler tal acción y el resultado de 7 muertos, 2 heridos y “varios” detenidos. Asimismo agrega que logró huir una mujer aparentemente herida y que luego del operativo se encontraron en el local numerosas armas de fuego”, se señala.

 La construcción de la impunidad

 El punto 4 del escrito hace referencia al manejo comunicacional para ocultar y tergiversar los hechos. “Vigente al Estado de Guerra Interno y Suspensión de Garantías Individuales, los Ministerios del Interior y Defensa Nacional propalan un comunicado mediante al cual hacen saber que en virtud de aquella declaratoria, los medios de comunicación quedan inhibidos de dar información sobre operativos militares y policiales que no sean proporcionadas oficialmente. Tampoco podrán emitir opinión o juicio sobre tales operativos so pena de incurrir en delito militar. Toda denuncia que dichos medios reciban deberán ser puestas en conocimiento inmediato de dichos ministerios. Solo queda como fuente de información los debates parlamentarios. A lo que hay que agregar que bajo el Estado de Guerra Interno la competencia corresponde a la Justicia Militar”, se explica. 

 “La versión del Gobierno de la época sobre los hechos, plasmada en el referido comunicado, fue fuertemente rebatida en el parlamento, conforme la versión de testigos presenciales y posteriormente con la constatación de los resultados de las pericias forenses que ponen en duda la versión oficial sobre un supuesto enfrentamiento, así como sobre la autoría de la agresión al oficial de las Fuerzas Conjuntas que resultó herido en el operativo lo que posteriormente produjo su fallecimiento. Al respecto, la edición del Diario El Popular del 20 de abril de 1972, recoge la intervención del Senador de la República Enrique Rodríguez, integrante del Partido Comunista del Uruguay. El legislador se pregunta y pregunta quien disparó contra el Capitán Busconi. A continuación dice que el Ministro de Defensa Nacional dijo, que el autor del disparo fue reconocido y desarmado, pero que cuando le preguntaron el nombre, no lo supo decir, solo que el autor de los disparos no murió. El legislador concluye al respecto que nunca aparecerá “esa canana, ni esa pistola ni ese señor. Se quedará en el vacío de una historia insondable, bajo un gobierno azotado por el clima de la lucha y que ha tenido que declarar la guerra”. 

 Verdad, Memoria y Justicia 

 Sobre las actuaciones judiciales que se llevaron adelante sobre el hecho, “el fuero militar tomó competencia”, explica la denuncia pero apunta a que “en el libro “Los fusilados de abril”. ¿Quién mató a los comunistas de la 20?” de la autora Virginia Martínez, páginas 90 y 91, se establece que hubo intentos de indagar lo ocurrido en el Juzgado de Instrucción de Tercer Turno a cargo del Juez Daniel Echaverría, ante cuya sede concurrieron testigos, pero todas las actuaciones no concluyeron en una indagatoria y llegada la dictadura militar (1973 a 1984) todo desapareció. Asimismo en 2001 se presentó ante la justicia penal ordinaria una acción que recayó en el juzgado Penal de 10o. Turno a cargo del Juez Rolando Vomero, pero el proceso se clausuró a solicitud del fiscal Dr. Moller. En 2002 el denunciado fué el Comandante en jjefe de la fuerzas armadas en aquel momento Presidente Juan María Bordaberry”.

 “A la fecha tales asesinatos se mantienen sin aclarar, existiendo por parte del Estado una omisión que ha propiciado la impunidad de tales crímenes. Distintas normas y sentencias en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos imponen al Estado la obligación de investigar, perseguir, juzgar y castigar a los responsables de los crímenes sin excepción ni limitación alguna”, se expresa.

 “Denunciamos en suma, el asesinato de 8 militantes del Partido Comunista del Uruguay; José Ramón Abreu, Raúl Aparicio Gancio Mora, Elman Milton Domingo Fernández Dechi, Ruben Claudio López Chensi, Ricardo Walter González Gómez, Justo Washington Sena Castro, Luis Alberto Mendiola Hernández y Héctor Cervelli, el 17 de abril de 1972 en el local Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay” y se señala como prueba “estudios médicos -legales, autopsia histórica, de los que resulta avidencia sobre lo que viene de relacionarse en el cuerpo de este escrito” 

 El Popular

 13/10/2026

El peronismo y los gobernadores volvieron a salvar el DNU 70/23 de Milei

Defienden los negocios capitalistas mientras crecen el endeudamiento y el ajuste. 

 La sesión caída en Diputados para tratar el DNU 70/23 expuso la colaboración de los gobernadores y de la oposición patronal con el gobierno de Milei para sostener el decreto desregulador. Detrás de las ausencias que impidieron reunir el quórum está la preservación de los intereses capitalistas de distintos sectores patronales. El camino para derrotar al gobierno no pasa por las maniobras parlamentarias, sino por desarrollar una oposición en las calles, en los lugares de trabajo y en las universidades.

 A la hora de conformar el quórum, apenas 121 diputados ocupaban sus bancas, ocho menos de los 129 necesarios para abrir el debate. Entre las ausencias decisivas estuvieron Gisela Scaglia y José Núñez, alineados con el santafesino Maximiliano Pullaro; los tres diputados que responden al tucumano Osvaldo Jaldo; y los jujeños Carlos Rizzotti y María Inés Zigarán, vinculados a Carlos Sadir. También faltaron legisladores cercanos a Gustavo Sáenz e Ignacio Torres, entre otros. Zigarán había firmado la convocatoria a la sesión, pero finalmente no se presentó.

 La convocatoria había cobrado impulso después del fallo de la Corte Suprema que rechazó un amparo contra la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU, dejando en pie la liberalización de la venta de tierras a extranjeros. Luego, la Corte tuvo que recular, salvando al gobierno y a la oposición, descomprimiendo parte de la movilización. El gobierno, a su vez, restituyó los límites de la Ley de Tierras en el dictamen de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El desenlace final mostró la orientación principalmente de la oposición peronista, comprometidos con los intereses económicos beneficiados por la desregulación de Milei.

 Los negocios que la oposición patronal no quiere tocar 

El DNU 70/23 modificó las reglas de numerosos sectores económicos para ampliar la libertad de acción del capital. En los alquileres, favoreció a los grandes propietarios y al negocio inmobiliario; en la medicina prepaga, redujo controles sobre las cuotas; y en la yerba mate, debilitó las regulaciones que limitaban el poder de los capitalistas. Los trabajadores quedaron expuestos a aumentos, contratos más desfavorables y servicios cada vez más inaccesibles. 

 La misma orientación atraviesa los negocios que los gobernadores buscan preservar en sus provincias. Pullaro y otros mandatarios defienden los intereses de los sectores agroexportadores, beneficiados por la liberalización de la economía y por un esquema que prioriza la renta de la soja por encima de las necesidades de la población. En Tierra del Fuego, la industria electrónica vinculada al régimen promocional también está atravesada por los intereses de las patronales que operan bajo condiciones fiscales especiales. En el norte del país, la expansión minera y los negocios alrededor del litio forman parte de una disputa por la apropiación de recursos y ganancias. Los gobernadores y Milei compartes una hoja de ruta común.

 El endeudamiento de las familias trabajadoras muestra otra cara de esta política. La modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito y la desregulación del sector financiero se combinaron con salarios deteriorados, tasas de interés elevadas y una caída de los ingresos que empuja a millones de personas a financiar consumos básicos. 

 Frente al crecimiento de la morosidad, los proyectos que se discuten buscan atender las deudas sin poner en cuestión el esquema que favorece a los acreedores. La preocupación central pasa por garantizar el cobro de bancos, financieras y empresas, no por aliviar a quienes se endeudaron para comprar alimentos o pagar servicios. 

 La colaboración parlamentaria tiene su correlato en la burocracia sindical. La CGT dejó pasar la ofensiva de Milei mientras apostaba a la vía judicial y a negociaciones separadas por gremio, sin poner en pie un plan de lucha capaz de enfrentar el ajuste, firmando además los acuerdos que introducen la reforma antiobrera en los lugares de trabajo, como ocurre en el Smata.

 La pasividad de las centrales sindicales permitió que avanzaran las reformas y que las patronales encontraran condiciones más favorables para flexibilizar el trabajo, reducir costos y descargar la crisis sobre los trabajadores. La política de los gobernadores y la de las direcciones sindicales convergen así en un mismo resultado: evitar una confrontación que ponga en riesgo los intereses capitalistas. 

 La salida está en las calles y en los lugares de trabajo 

La sesión caída también incluyó la emergencia en discapacidad y los proyectos vinculados al endeudamiento, dos asuntos que reflejan el alcance social de la crisis. La oposición que negocia en el Congreso mientras sus gobernadores sostienen los negocios beneficiados por Milei termina funcionando como una válvula de contención, incapaz de ofrecer una salida para las mayorías trabajadoras.

 La diputada nacional por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, intervino denunciando todas estas maniobras y llamando a redoblar la movilización para enfrentar al gobierno. El Frente de Izquierda tiene el desafío de actuar en común para desarrollar un canal de organización de todos los sectores para derrotar al gobierno de Milei. La defensa de los salarios, el empleo, la salud, la educación y las condiciones de vida exige enfrentar al gobierno y a todos los sectores que colaboran con su política, organizando a los trabajadores y estudiantes para llevar la lucha hasta el final. 

 Marcelo Mache

Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, justifica la complicidad de los diputados peronistas con Milei

Salvataje del nefasto DNU 70/23 y de la gobernabilidad libertaria. 

 Una vez más, diputados que responden a gobernadores peronistas y/o forman parte del bloque de diputados de Unión por la Patria fueron engranajes claves para evitar dar quórum para una sesión en la que estaba planteado derogar el reaccionario y antiobrero DNU 70/23. 

 Frente a miles de manifestantes que enfrentaban al gobierno y a la salvaje represión, actuaron obscenamente en resguardo del régimen entreguista al imperialismo y antiobrero de Milei. El papel de sostenimiento del odiado gobierno mileísta se mostró más claro que nunca. 

 La decisión del PJ y de la burocracia sindical peronista de sostener esta orientación a rajatabla se ratifica más que nunca con las declaraciones realizadas ese día por Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores.

 Efectivamente. Consultado por el diario Perfil respecto de su opinión sobre los diputados de los gobernadores peronistas que votan y/o actúan en favor de Milei en el parlamento, la respuesta de Yasky fue contundente. 

 ¿Había que repudiarlos? 

No. La contestación del burócrata fue salir en su defensa: “Lamentablemente creo que esos diputados, si actuaran a conciencia, si no tuvieran que ser manejados a control remoto y ordenados por la lógica del toma y daca de algunos gobernadores, yo estoy convencido, lo sé, votarían... estarían presentes en la sesión y votarían contra el DNU. Yo no tengo ninguna duda. Es lamentable que todavía hoy, cuando ya este gobierno prácticamente se encamina hacia el tercer año de mandato, tengamos este tipo de transacciones que le hacen daño a la credibilidad de la democracia, porque este toma y daca permanente, armado de mayorías para la ocasión, estas asociaciones que racionalmente no tendrían explicación si uno entendiera que estos diputados forman parte o tienen un mandato que es tratar de defender las posiciones de un sector político que no comulga con el oficialismo. Todo esto le quita esa credibilidad que tiene que tener el Congreso” (Perfil, 15/10).

 El control remoto al que se refiere Yasky, sin embargo, es el mismo que altera su propio comportamiento. La actitud del peronismo en el parlamento se complementó con la de la burocracia sindical en las afueras del Congreso. La CTA-T que él lidera también negó quórum. No convocó a parar, tampoco lo hizo su principal gremio nacional, la Ctera. En la Plaza de los Dos Congresos, a la que concurrieron decenas de miles de personas, se hizo presente con apenas cinco o seis centenares de personas, y Sonia Alesso, la secretaria general de Ctera que habló en el palco de los convocantes, no planteó ninguna lucha para adelante. 

 No solo esa actitud le quita credibilidad al Congreso, como dice Yasky, sino fundamentalmente al peronismo cómplice en todas sus variantes, principal sostén de la gobernabilidad del régimen mileísta con la paralización de los sindicatos de parte de la CGT y ambas CTAs, que llegan al tercer año de gobierno de Milei sin desenvolver ningún plan de lucha para derrotarlo, porque la credibilidad que cultivan es la de ser confiables para la sostenibilidad del régimen patronal al que están sometidos. 

 El bochornoso papel jugado por la burocracia de la CTA-T en esta jornada crucial pone de manifiesto también la importancia de enfrentarla en las próximas elecciones de esa Central, para desplazar a Yasky y a su sucesor, Roberto Baradel. 

 Desde estas páginas llamamos a todas y todos los trabajadores de la central yaskysta a votar y llamar a votar por la Lista 6 Multicolor, que con la candidatura a secretaria general de Romina Del Plá plantea colocar esta lucha al servicio de la recuperación de la CTA para las y los trabajadores y por una nueva dirección del movimiento obrero, al servicio de las luchas y de la necesidad de organizar la huelga general hasta derrotar a Milei y a todos los gobernadores cómplices. 

 Daniel Sierra

De Devoto a Marcos Paz, otro negociado inmobiliario en la Ciudad

El traslado de los presos de Devoto a Marcos Paz ha sido instrumentado de común acuerdo por los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei como un acto de represión contra la delincuencia. Los pulpos inmobiliarios vienen especulando desde hace años con los efectos de la urbanización de las cinco hectáreas que ocupa la cárcel de Devoto sobre el precio de las propiedades. No fue anunciada ninguna medida de infraestructura de agua y energía para sustentar emprendimientos inmobiliarios de gran porte.

 Los 1.500 presos que se encontraban hasta ahora allí hacinados están siendo trasladados por tandas en caravanas fuertemente custodiadas por decenas de vehículos policiales, a 55 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su llegada al nuevo predio penitenciario fue profusamente difundida por las autoridades de ambos gobiernos, esposados y formados de tal modo que recuerdan a los del dictador salvadoreño Nayib Bukele. También serán trasladados a Marcos Paz los presos encerrados en comisarías y alcaidías de la Ciudad. 

 La construcción del nuevo penal de Marcos Paz y la demolición de Devoto fue acordada entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en 2018. Para los presos y sus familiares, implica un cambio dramático. La nueva cárcel se encuentra retirada en una zona de difícil acceso. A las humillantes prácticas que el Servicio Penitenciario dispensa a los visitantes, ahora se sumará también la lejanía. En el caso de los presos que habían obtenido salidas transitorias, afectará su reinserción y revinculación. La inmensa mayoría de los detenidos son pobres y gran parte de ellos, no tiene condena firme.

 La fecha del traslado fue decidida de manera unilateral por Macri y la ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva, haciendo caso omiso a las objeciones presentadas por organizaciones de derechos humanos y por la UBA, en su caso, a raíz de la destrucción del Centro Universitario de Devoto (CUD), fundado en 1985. 

 El CELS denunció que el traslado se realizó de forma intempestiva y sin aviso previo a las familias de los internos, sus defensores y organismos de control, como prevén los protocolos vigentes desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Argentina en el denominado “Caso López”, justamente por trasladar presos sin evaluar su situación individual ni permitir un control judicial previo. Los protocolos establecen que las personas detenidas, sus allegados, familiares y abogados deben contar con precisiones sobre los tiempos, la modalidad y el destino exacto de cada movimiento, para interponer los reclamos que consideren pertinentes llegado el caso. Entre los presos trasladados, se encuentra Milton Tolomeo, detenido junto a Eneas Gallo durante las protestas contra la ´reforma´ laboral. 

 En cuanto a los estudiantes privados de su libertad, los funcionarios hicieron caso omiso del estado avanzado del cuatrimestre y del pedido de la UBA de que fueran derivados a Ezeiza, donde funciona otro dispositivo universitario y, además, queda a mitad de camino respecto de Marcos Paz. En cambio, provocativamente, los estudiantes del ex CUD fueron traslados en la primera tanda, antes que el resto. La posibilidad de continuar sus estudios en la nueva sede está, por lo menos, cuestionada. Por lo pronto, nunca estuvo prevista. Lo confirma el hecho de que nunca se selló un nuevo convenio entre la UBA y el Servicio Penitenciario, a pesar de haber mantenido largas conversaciones. Llegado el caso, tampoco está asegurada la llegada de los profesores.

 El gobierno de Jorge Macri apañó el reclamo de los vecinos más recalcitrantes del barrio como ariete detrás de una movida inmobiliaria. Devoto es uno de los barrios ascendentes de la Ciudad. Los alrededores de la Plaza Arenales vivieron un cambio sustancial en los últimos años. Con la demolición de la cárcel, los especuladores confían en que el auge inmobiliario podría extenderse a zonas aledañas, por ejemplo, Monte Castro. Se estima que el aumento del precio de las propiedades podría alcanzar entre el 15 y el 50 %. Por otro lado, todavía hoy no hay claridad sobre el destino que tendrán las cinco hectáreas que ocupaba la cárcel. Se habla de un "complejo de viviendas" y espacios verdes, eufemismo de un negociado. 

 La cárcel de Devoto, como la ESMA, es un testimonio histórico de la violencia del Estado. Fue el lugar de encierro de los presos políticos de las dictaduras de Onganía y Lanusse, liberados el 25 de mayo de 1973 por ´el Devotazo´. Bajo la última dictadura, fue un centro de torturas y también de concentración de presos políticos. Fue el escenario de la Masacre del Pabellón 7°, ocurrida en 1978, en la que murieron un centenar de detenidos, bajo una represión feroz, declarada crimen de lesa humanidad recién en 2014. 

 Jacyn 

 15/10/2026

El mito del ´boom exportador´

En medio del derrumbe de la producción industrial, el consumo y las condiciones de vida de las masas, Milei salió a desmentir los ´ruidos´ por el tipo de cambio, la incapacidad del gobierno para cumplir el pago de las obligaciones de deuda a vencer en 2027 y hasta la renuncia de Luis Caputo. Así sacó de la galera la supuesta cantera inagotable del superávit de la balanza comercial: única bandera que pareciera sobrevivir al naufragio libertario, el incremento de las exportaciones. Por primera vez este año superarán los 100.000 millones de dólares, casi un 15% más que en 2022 o poco menos que el 25% respecto al lejano 2010, los dos picos previos.

 Si se mira bien, ese incremento apenas si acompaña el crecimiento vegetativo del mismo período. En segundo lugar, con excepción del incremento de las exportaciones de minerales e hidrocarburos (petróleo crudo, oro y combustibles y lubricantes, en ese orden), en la mayoría de los otros rubros los aumentos de las valores exportados no se corresponden con aumentos en cantidades físicas, sino del precio en el mercado internacional de esas mercancías, un factor por demás aleatorio y volátil. Si se consideran los 10 principales productos de exportación (representan más del 56% del total exportado), con excepción de los tres productos señalados donde ha habido incrementos físicos -y, fundamentalmente, de precios por la guerra mundial-; el resto manifiesta estancamiento o un pequeño incremento. 

 Entre los otros siete productos ´estrella´ que se exportan las cifras esconden, en la mayoría de los casos, retrocesos en cantidad física de bienes y fundamentalmente, además, en los productos con mayor industrialización. Entre los 10 productos que encabezan las exportaciones, hay uno solo industrial: las pickups y vans, que representan menos del 10% del total. Pero hay que considerar que, de conjunto, la rama automotriz es la que origina mayor déficit en el comercio exterior (no sólo por componentes importados sino también de vehículos terminados); por otro lado, que la propia industria (en manos de pulpos imperialistas) está reducida a virtual ensambladora o maquiladora- entre el 50 y el 60% de las unidades se integran con componentes traídos de afuera. Las exportaciones del sector, además, han caído sustancialmente respecto al pasado. Ni hablar que la ocupación de la industria automotriz y de autopartes, en el pasado relevante, hoy se encuentra muy reducida. 

 Si se consideran el conjunto de las exportaciones de origen industrial (MOI) el retroceso es monumental y por partida doble: en el pasado, rubros como la exportación de maquinaria agrícola exhibían cierta importancia. A esto se suma que la venta en el mercado interno de cosechadoras, sembradoras y otras maquinarias, no sólo está en retroceso. Gran parte del mercado del sector ha sido ocupado por maquinaria importada. El cierre de empresas emblemáticas ha sido noticia recientemente. 

 Además, de modo general, ninguna de las ´pujantes´ industrias extractivas (petrolera y/o de minerales) tracciona la producción de bienes en el mercado interno. Los grandes capitales que han ingresado bajo el RIGI (el régimen de incentivos fiscales para grandes inversiones) acceden a la posibilidad de ingresar maquinaria y bienes importados sin ninguna restricción, o sea que nada ´derraman´ en el mercado interno. La única industria MOI que hasta ahora mostraba ´espaldas´, la farmacéutica de capitales nacionales, también está en retroceso. En el pasado, figuraba en el ´top ten´ de las exportaciones. Ahora, está al borde de ser borrada del mapa por los acuerdos de libre comercio con EE.UU., a favor de los laboratorios extranjeros. Son los que están detrás de las denuncias de corruptelas en la ANDIS, que buscan quedarse también con ese bocado de cardenal. 

 De los únicos tres otros productos en importancia de los 10 señalados consideradas exportaciones de origen agropecuario (MOA), ninguno suma valor agregado sustantivo: en orden de importancia, son la harina y pellets de soja; el aceite de soja y la carne bovina. Con excepción de esta última, que ocupa a una masa relativamente significativa de trabajadores, los otros dos ítems son casi irrelevantes en este terreno. Pero si se toma el conjunto de las MOA, en relación al pasado, el retroceso es enorme. Exceptuando los cultivos de la pampa húmeda -que son aquellos en los que hay menor valor agregado- la mayoría de los llamados cultivos industriales o regionales -que ocupan más trabajadores- están en la lona. Ni hablar de los problemas de infraestructura que afectan a todas estas actividades, especialmente por los caminos en ruinas. La vitivinicultura se encuentra a la cabeza de este retroceso, con una caída del 73% respecto al punto de partida de la caída hace 8 años. Mendoza y San Juan esconden este retroceso detrás del ´boom´ de la extracción minera. La industria forestal, otrora estrella entre las MOA, le sigue en el derrumbe. Por la caída en el mercado interno, el principal aserradero del país, ubicado en la provincia de Misiones, productor de pallets de madera, acaba de cerrar dejando a 300 trabajadores en la calle.

 Señalemos de paso que el impulso a la llamada “economía del conocimiento” y la Inteligencia Artificial amenaza con transformar a la Patagonia no en una plataforma de desarrollo, sino en un páramo, acabando con los acuíferos existentes y devastando riquezas naturales. En EE.UU., cuna de los ´centros de datos´ de los grandes pulpos tecnológicos, los movimientos de repudio a su instalación están a la orden del día (por primera vez desde 1994, los demócratas amenazan con alzarse con la senaduría por Texas, tras el respaldo del gobernador Greg Abbott, republicano, a esos centros. Desde 2024, debido a esas grandes instalaciones, los aumentos de precios de los servicios públicos y los cortes de luz se repiten constantemente).

 Resumiendo, el boom exportador es un bluff. Esconde, por un lado, la fenomenal primarización de la economía argentina, la desindustrialización y el retroceso de las fuerzas productivas del país; fenómeno que afecta de modo general a todo el mundo semicolonial, pero en forma particularmente aguda a Argentina. El retroceso del país en el subcontinente en los últimos 40 años es, en términos relativos, el mayor de todos, con la excepción de Haití y Cuba. El ´mérito´ le cabe por igual, sin distinciones, al arco político patronal, desde los ´nac&pop´ a los libertarios. 

 Como en Argentina no existe ningún tipo de control sobre el comercio exterior, la disposición de las divisas de los exportadores es irrestricta y constituye la principal ´cantera´ para la fuga de capitales. Ha sido así bajo todos los gobiernos. Más que nunca bajo el reino libertario: sólo en los últimos 16 meses, alcanzó la friolera de 40.343 millones de dólares (LN, 3/10), superando el récord previo de los ´nac&pop´, de más de 200.000 millones en 16 años. La gestión libertaria blindó por ley la fuga de los grandes capitales exportadores, particularmente de la última gran joya de la abuela: por la ley bases y el DNU 70/23 el sector petrolero goza de fabulosos beneficios impositivos y garantías de no intervención del Estado en el mercado, incluso en caso de desabastecimiento de combustibles en el país. O sea que lo de la cantera disponible del saldo positivo del comercio exterior es puro humo.

 A veces las apariencias engañan. Entre el modelo libertario y el de los K, en materia de “sectores beneficiados” -Vaca Muerta, agro, minería- y fomento del comercio exterior, se parecen como dos gotas de agua. He aquí el nuevo contubernio que alcanza al conjunto de las fuerzas políticas patronales. 

 Norberto Malaj 

 15/10/2026

La quinta marcha educativa estuvo dominada por aparatos

Los manifestantes rechazan la represión de Milei y Jorge Macri. 

 La quinta marcha educativa bajo el gobierno de Milei presentó un panorama conocido: a lo largo de la Avenida de Mayo, desde Congreso a la 9 de Julio, se extendió una legión de manifestantes sin duda numerosa. 

 Pero las columnas de universidades, colegios y sindicatos estaban representadas por contingentes organizados -la militancia estudiantil y docente de las casas de estudio junto a sus funcionarios. En cambio, faltaba una concurrencia espontánea y masiva de estudiantes y público, como había ocurrido en las dos primeras marchas educativas. La movilización estuvo dominada por los aparatos. 

 A la cuestión del financiamiento universitario, se sumaba esta vez la expectativa de una sesión extraordinaria para tratar el DNU 70, la cuestión de la discapacidad y el endeudamiento. Pero la sesión fue boicoteada por los mismos partidos “opositores” que, de un modo general, regentean al aparato universitario a través del elenco de rectores. 

 En conocimiento de ese aborto parlamentario, el palco de la Marcha Federal se ubicó por la mitad de la plaza Congreso. Bastante atrás de los manifestantes que protestaban frente al vallado de Entre Ríos y que, muy prontamente, comenzaron a ser reprimidos. Se planteó entonces una curiosa situación: mientras una parte de la marcha soportaba los gases y los carros hidrantes, las burocracias educativas de diferente laya proferían todo tipo de lamentos en torno de la “intransigencia” gubernamental. Lo que no apareció en ese palco, bajo ningún concepto, es el llamado a una huelga general para arrancar de una vez por todas el financiamiento universitario. Los fallos judiciales, largamente celebrados en el palco, solo han conseguido sacarle a Diego Santilli, en su carácter de jefe de Gabinete, 100.000 pesos de multa diaria -un vuelto que, seguramente, no serán pagados nunca. 

 En la trastienda de estas escaramuzas por arriba, las vísperas de la jornada del 15 dejaron señales muy importantes: la determinación de sindicatos universitarios como los de Córdoba, Rosario, Bahía o Tucumán, que resolvieron huelgas y jornadas activas en los días previos a la marcha. Las ocupaciones de colegios secundarios y terciarios en CABA, desafiando la represión del fascista Jorge Macri; el tremendo paro de los docentes de Buenos Aires el mismo día de la marcha. 

 Para la burocracia sindical y universitaria que comandó la marcha, el 15 fue el réquiem para el año 2026 y para el propio “financiamiento universitario”. Para los luchadores que buscan otro rumbo, debe deliberar una política, organizar al activismo que milita por la huelga indefinida y desarrollar una nueva dirección políticamente independiente. 

 Marcelo Ramal 

 15/10/2026

Ley de Tierras, oro del Banco Central y proyecto para comedores

Myriam BREGMAN: "Vamos a exponer a TIBIOS, TRAIDORES y ACUERDISTAS"

Milei y Caputo acosados por los vencimientos de deuda

El año de la marmota. 

 Hace dos semanas, primero en Nueva York, luego en París, los fondos internacionales bocharon, incluso de malas maneras, el plan financiero que presentó Luis Caputo para hacer frente a los vencimientos de la deuda internacional de Argentina hasta finales del año próximo. La clarificación llegó al hueso, porque expuso los límites insalvables de un socorro financiero por parte de los principales bancos y del mismo Tesoro de los Estados Unidos. Los comentaristas locales apenas advirtieron la magnitud de la crisis política que se había desencadenado. Milei y Caputo, por su lado, quedaron ‘groggies’ como consecuencia del impasse, que buscaron disimular con la fraseología de circunstancia. El golpe sacudió una interna en LLA y ha forzado a un replanteo de conjunto del ‘establishment’ local. En resumen, Argentina no está en condiciones de hacer frente a los vencimientos de deuda – hasta nuevo aviso. Con capital e intereses supera los 35.000 millones de dólares. La novedad ha llevado el “riesgo-país’ de Argentina, que mide el adicional que hay que pagar sobre la tasa internacional, al orden de los 600/700 puntos básicos. El diferencial entre un bono que vence antes de las elecciones y otro después es de 1.900 puntos básicos. Luego de tres años de un ajuste violento, tanto fiscal como monetario, la llamada macroeconomía enfrenta la posibilidad de un ‘default’. 

 “El paquete de 40.000 millones de dólares no existe más como fue publicitado”, señala un informe muy completo acerca del plan Caputo. “La facilidad crediticia de 20.000 millones de dólares ofrecida en paralelo al ‘swap’ del Tesoro norteamericano (en octubre de 2025) ha sido encajonada”; se trata, nada menos, que de la mitad del monto del paquete. Pero el mismo ‘swap’ de Estados Unidos se encuentra ahora condicionado “a la previsión del resultado electoral”; la apuesta se mantiene si el caballo ‘rankea’ favorito; para ganar el derecho al rescate hay que mostrar señales de vida. Adicionalmente, si Trump pierde fuerte las elecciones de noviembre, un congreso de mayoría demócrata podría bloquear cualquier rescate. Una posibilidad que no es menor, porque formaría parte de los choques al interior del imperialismo norteamericano en cuanto a la dirección política de la guerra mundial. 

 Caputo ha perdido la posibilidad de obtener un puente bancario para pagar vencimientos, porque carece de ‘colaterales’ para ofrecer como garantía, en el entendimiento de que los bonos de deuda de Argentina cotizan fuertemente bajo el valor de emisión. Sólo podrían usarse para créditos de muy corto plazo (“repo”), que apenas dilatarían el estallido de la crisis. El gobierno del mago de las finanzas se ha quedado sin ‘rulos’, uno de los principales recursos de la especulación financiera. 

 El informe en cuestión hace una observación fundamental, varias veces señalada desde Política Obrera. “Vaca Muerta es el único pilar estructural”, destaca, por su condición de ingente proveedor de divisas. Pero...” corre contra el reloj de la deuda”. Es que Vaca Muerta no es un emprendimiento con fondos propios: lo que entra como financiación debe ser devuelto con intereses. Esto da lugar a un descalce entre los ingresos que tendrán lugar en 2027 y los pagos a lo largo de 2027-30. Como consecuencia de los RIGI y Súper RIGI, las petroleras pueden retener sus flujos positivos de fondos en cuentas del exterior. Es lo que ocurría en “los años gloriosos” de 1880 a 1920 con el saldo comercial de las agro exportaciones; el ingreso de capital era provisto por Inglaterra para construir 45.000 kilómetros de vías férreas. Otro ingreso potencial de fondos lo ofrecería la minería, en la actualidad dominada por inversiones de China. Pero, al igual que con Vaca Muerta, el Tesoro debería comprarlos, lo cual forzaría a un ajuste aún mayor, en medio de una recesión declarada. El ‘swap’ de China está asignado a compensar pagos del comercio exterior, no es un fondo de rescate crediticio. 

 Para salir de este impasse estratégico, el gobierno ha cambiado de rieles y el Banco Central ha comenzado a comprar dólares, para sustituir los que no entrarán por vía de créditos. La emisión de pesos, sin embargo, no ha remonetizado la economía, observa La Nación. O sea que el dinero ha vuelto a los bancos, que lo aplican a la licitación de bonos locales ajustados por dólar. Una “remonetización” podría ejercer, a término, una devaluación del peso, aumentando el costo de la deuda pública local; un rulo negativo, potencialmente disruptivo. El gobierno liberticida se encuentra encerrado en un círculo vicioso. 

 No hay que perder de vista, sin embargo, que la deuda pública recae sobre el Tesoro, no el Banco Central. De acuerdo a la información cotidiana, el ministerio de Caputo sólo tiene 1.000 millones de dólares en la cuenta del Central. Caputo había transferido, en 2025, los pasivos del Central con el sistema bancario al Tesoro, a ser pagos por los contribuyentes. Para comprar cerca de 40.000 millones de dólares al Central, el Tesoro debería hacer un súper ajuste inviable; la deuda local del Tesoro ha aumentado un 40% en el curso del año. O sea que las compras de divisas del Central no resuelven el derrumbe del plan financiero de Caputo para pagar los vencimientos hasta finales de 2027. En una situación de características similares, o sea, una enorme tenencia de deuda pública impagable en los bancos, Cavallo asistió al desplome de la convertibilidad. Peor aun que en 2001, la tasa de interés internacional de largo plazo no cesa de subir, encareciendo el crédito más allá del efecto del “riesgo-país”. Es una consecuencia del enorme endeudamiento del Tesoro norteamericano, de los aumentos de costos provocados por la guerra y de una demanda insaciable de las empresas de Inteligencia Artificial embarcadas en una carrera de inversión en centros de datos. Las insolvencias y quiebras en este rubro comienzan a manifestarse. Para detener una hemorragia de divisas, Milei y compañía deberían reforzar la recesión y mantener en rienda corta las importaciones. Un verdadero descalabro. La crisis política, que tiene por protagonista al gobierno, el Congreso y la Corte, tiene ‘sólidos’ fundamentos económicos. 

 Como el mercado de divisas se encuentra ‘ofrecido’ (no hay demanda), la devaluación del peso no se presenta en el horizonte; los depósitos bancarios en dólares han alcanzado, sin embargo, los 40.000 millones. Si se retiraran al exterior, la crisis bancaria no necesitaría el prólogo de una corrida cambiaria (pesos contra dólar). De modo que el control de la base monetaria como mecanismo de contención de una devaluación, es irrelevante. El conjunto de estas contradicciones autoriza a prever un retorno a los cepos cambiarios, cuando no a un control de cambios y a un ‘reperfilamiento’ forzoso de la deuda pública. 

 Nos vemos en la lucha. 

 Jorge Altamira 

 14/10/2026

La inflación golpea a los trabajadores mientras los capitalistas están indexados

Tarifazos, salarios atrasados y jubilaciones congeladas profundizan la transferencia de ingresos hacia las patronales. 

 La inflación de septiembre fue del 1,9%, con un acumulado del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026, pero detrás del promedio se esconde una realidad que golpea con más fuerza a los trabajadores. El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos mensuales y acumula una suba cercana al 50% interanual. Mientras las tarifas y los ingresos de determinados sectores empresarios se actualizan, los salarios pierden frente a los precios, al igual que las jubilaciones. La inflación agrava el ajuste y profundiza la transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitalistas. 

 Los datos del Indec muestran que el Índice de Precios al Consumidor llegó al 33,4% interanual. En septiembre, Vivienda aumentó un 3,1%, Educación un 3% y Comunicación un 2,5%, por encima del promedio general. Los gastos indispensables para sostener un hogar avanzan a un ritmo que no guarda relación con la evolución de los ingresos populares. 

 La incidencia de estos aumentos sobre los hogares trabajadores es mucho mayor que la que refleja el índice general. Los servicios públicos, el alquiler y los gastos de educación y salud absorben una parte creciente de los salarios, reduciendo el dinero disponible para alimentos, transporte y otras necesidades. Mientras los capitalistas tienen sus ingresos asegurados e indexados a la inflación, con tarifazos permanentes, aumentos discrecionales y la timba financiera. 

 Salarios y jubilaciones, detrás de los precios 

Las luchas por la recomposición salarial en las provincias expresan este deterioro. Estatales, docentes y trabajadores de la salud enfrentan negociaciones paritarias que no recuperan lo perdido, con gobiernos provinciales que pretenden imponer aumentos por debajo de la inflación y sostener el ajuste sobre sus trabajadores, replicando en las provincias la orientación de Milei. 

 Los jubilados atraviesan una situación similar, con una mínima de indigencia de $435.748,51 y un bono de $70.000 que permanece congelado. Cada aumento de los precios reduce el valor real de las jubilaciones, mientras los gastos de vivienda, servicios y medicamentos se llevan una porción cada vez mayor de los ingresos. El gobierno pretende presentar el equilibrio de las cuentas públicas como un logro, pero una parte de ese resultado se obtiene licuando jubilaciones, salarios y prestaciones que deberían garantizar condiciones de vida elementales. 

 Del otro lado, las empresas privatizadas de energía cuentan con aumentos tarifarios que sostienen sus ganancias, mientras los especuladores y acreedores de la deuda y títulos públicos encuentran mecanismos para obtener rendimientos financieros cubiertos de la inflación. Las garantías ofrecidas por el gobierno para estos sectores contrastan con los techos paritarios y el congelamiento de los ingresos previsionales. El ajuste no recae sobre todos por igual.

 La inflación también profundiza el ajuste presupuestario 

Ni la recesión ni el retraso cambiario han permitido al gobierno controlar la inflación, incluso con la contracción de la actividad económica y el deterioro del consumo. La política oficial expone a los trabajadores a nuevos tarifazos y a mayores pérdidas salariales. 

 La inflación también licúa el gasto público y deteriora las previsiones presupuestarias para el 2027. Las partidas proyectadas para el próximo año destinadas a las universidades, la salud y la educación pierden valor real incluso antes de ejecutarse. Así, el ajuste opera por dos vías: la reducción directa de los fondos asignados y la pérdida de su capacidad efectiva para sostener salarios, infraestructura y prestaciones. Las necesidades de la población quedan subordinadas a las metas fiscales del gobierno y el FMI. 

 Frente a esta situación, la recomposición de los salarios y las jubilaciones exige romper los techos paritarios y organizar una lucha común de estatales, docentes, trabajadores de la salud y el conjunto de los trabajadores. La burocracia sindical colaboradora contribuye a consolidar la pérdida de ingresos. Hace falta un plan de lucha que unifique los reclamos y enfrente el ajuste de Milei y de los gobiernos provinciales, por una recomposición general inmediata de salarios y jubilaciones, para que la crisis deje de descargarse sobre los trabajadores y jubilados mientras se preservan los negocios capitalistas.

 Marcelo Mache

Las contradicciones que surcan a la segunda vuelta en Brasil

Brasil ingresó en la segunda vuelta electoral con una hipotética ventaja considerable para Flavio Bolsonaro. A los dos puntos que sacó a Lula en la primera ronda, se añade la mayor parte de los siete puntos del resto de los candidatos de la ultraderecha. En los principales estados, los candidatos del gobierno nacional fueron literalmente aplastados por los gobernadores en funciones, que reunieron para sí los votos de la derecha liberal que está coaligada nominalmente en el oficialista Frente Brasil Popular. Lula mismo perdió más de 3 millones de los votos obtenidos en 2022, luego del fracaso del golpe cívico-militar del 8 de enero de 2023 y la condena a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel. El líder histórico del PT carga con una hipoteca política ilevantable. Figuras asociadas fuertemente a Lula, como el ex castrista José Dirceu, no lograron un diploma de diputado. Una encuesta reciente de DataFolha lo da, sin embargo, en “empate técnico” con su rival, aunque dos puntos abajo (dentro del margen de error). Es probable que esté equivocada.

 De todos modos, han pasado cosas. Una movilización enorme de los estudiantes de la Universidad Fluminense en Niteroi, estado de Río de Janeiro, salió en apoyo a Lula, seguida de movilizaciones similares en otros once estados, en capitales como Florianópolis o Porto Alegre. Su limitación política, sin embargo, quedó expuesta en su carácter electoral, porque una cosa es una movilización independiente contra el fascismo, cuyo objetivo es erradicarlo del escenario político, otra es el apoyo a una variante liberal del mismo sistema, que prohija y reproduce el fascismo como consecuencia de su irrevocable incapacidad para combatir al capitalismo y promover una acción histórica independiente de la clase obrera. El apoyo político al gobierno en presencia no altera la percepción de las masas. El dato político decisivo en situaciones de guerra imperialista como en la actualidad, es el estado de consciencia de las masas y la autonomía histórica de su dirección. 

 El Frente Brasil Popular realizó un acto político igualmente enorme en la famosa avenida Paulista de la capital del estado, sin un registro de que haya movido el amperímetro electoral. La prensa paulista, de todos modos, resaltó la decisión de designar como futuro ministro de Finanzas al actual vicepresidente Gerardo Alckmin, en caso de ganar el balotaje, como un mensaje a la Federación Industrial de que un cuarto mandato lulista sería enteramente dedicado al gran ajuste. En cuestiones decisivas como esta, no hay polémica electoral entre Lula y Bolsonaro filho. 

 Lo que sí ha causado un ruido político y una confusión aun mayor ha sido el proyecto de ley del gobierno que reduce la semana laboral a cinco días. Aprobada la media sanción con anterioridad a las elecciones por un cámara baja de derecha, acabó convertida en ley el miércoles 14 en el Senado, con el voto de Bolsonaro y su partido Liberal. La prensa del país como la extranjera sostienen que la aprobación favorecería electoralmente al gobierno, sin aventurar un cambio de los resultados. Pero la disminución de un día de la semana laboral, sin afectar el salario, no le quita una coma a su condición flexibilizadora y precarizadora. Es así que habilita, vía negociación colectiva, a las horas extras, al cambio de jornadas y al banco de horas; el descanso sabatino y dominical puede ser transferido a otro día de la semana, previo acuerdo. Autoriza los contratos individuales; excluye a los trabajadores de aplicación y a los monotributistas en general. En un país que litiga sus conflictos “na marra”, de facto, la ley 5x2 deja espacio suficiente para cualquier arbitrariedad. Hay otro proyecto en circulación que no ha avanzado, el de la quita de las deudas insolventes, que han sido dadas de baja por los bancos. La pugna con estos continúa. Flavio Bolsonaro no ha tenido reparos en votar el proyecto 5x2 de su rival y anunciar al mismo tiempo la intención de derogarlo si o cuando llegue a la presidencia. Le han soplado que un furcio semejante no lo afecta en cuanto a votos. 

 Un sector de la burguesía liberal ha tomado la decisión de hace público su apoyo a Lula en cuanto a una defensa del estado de derecho. Observa con pánico la ruptura de contratos de Donald Trump con sus aliados de la OTAN y presta oídos a quienes como Mark Carney, el primer ministro de Canadá, plantea rodear a la democracia de un cordón sanitario. Hay otro sector que defiende la política de China de desarrollar cadenas de producción con socios locales, a diferencia de Trump, que no logra avanzar en sus proyectos más restringidos. Brasil es la arena de una confrontación de clases internacional, donde la clase obrera del país no ocupa un lugar independiente, bajo la custodia tóxica del PT y del fituismo vecino. 

 Jorge Altamira

 15/10/2026

La falsa guerra del diésel ha estallado en un enfrentamiento imperialista sin salida

Trump ordena la privación del Starlink a Zelensky y su renuncia. 

 La suspensión de las sanciones económicas, por parte de Donald Trump, al comercio del carburante de Rusia, con el pretexto de paliar el aumento sideral del precio del diésel en el mercado mundial, se reveló enseguida como un paquete para imponer un acuerdo de paz en Ucrania que convierta a ésta y a Rusia en formas de protectorado del imperialismo norteamericano. El déficit internacional de la provisión de diésel ni siquiera responde a un bloqueo del comercio de Rusia, sino a la guerra no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y la destrucción de instalaciones petroleras de los países del Golfo que albergan bases militares norteamericanas por parte del gobierno de Teherán. Donald Trump y su canciller Marco Rubio acaban de amenazar a los hutíes de Yemen con represalias militares fulminantes si prosiguen la guerra contra Arabia Saudita, que viene buscando el control de ese país desde hace más de una década. 

 De acuerdo a toda la prensa internacional, el acuerdo de paz que pergeña Trump establece un congelamiento de la guerra en Ucrania sobre las líneas ocupadas por Rusia y Ucrania, para dar pie a un plan de reconstrucción de Ucrania por parte del fondo BlackRock, fuertemente invertido en el país, y el Banco Mundial, que se servirían de los fondos secuestrados a Rusia, por 260.000 millones de euros, depositados en Bruselas. Trump ha planteado el desarrollo de un pool energético mediante la revitalización del NordStream 2, la tubería de 2.000 kilómetros bajo el mar Báltico, que se extiende desde San Petesburgo a las costas de Alemania. Esta tutela estratégica excluye a la Unión Europea y pone en evidencia la amplitud del conflicto de intereses entre el imperialismo estadounidense y los europeos. La OTAN queda reducida a un cadáver insepulto y la UE privada de cualquier autonomía estratégica. El planteo de Trump ha recibido un rechazo inmediato de los líderes del viejo continente, empezando por el inglés Burnham, seguido por el alemán Merz e incluso por la ex trumpista Giorgia Meloni. La respuesta de Trump a esta disidencia no se ha hecho esperar: ha ordenado el corte del servicio de inteligencia y comunicación Starlink, de la compañía Space X, de Elon Musk, a Ucrania, para forzar el cese de los ataques de Zelensky a las refinerías de Rusia. Putin, en cambio, ha redoblado el bombardeo a las instalaciones energéticas de Ucrania, cuando se anuncia un invierno especialmente crudo para la región. El sabotaje de Trump a Ucrania ha sido repudiado por franjas crecientes del partido Republicano, a poco más de dos semanas de las elecciones parlamentarias en Estados Unidos. Junto a una mayoría elevada del partido Demócrata, la burguesía del Norte se ha pronunciado a favor de la alianza con la UE y la prosecución de la guerra contra Rusia hasta las últimas instancias. Trump cuenta con el apoyo de la oligarquía financiera que monopoliza la Inteligencia Artificial, la cual valora un acuerdo con Rusia que distancie a la oligarquía de Putin de la tutela de la República Popular China. El aislamiento internacional de Pekín es el arma principal de lucha del imperialismo estadounidense en la fase actual de la guerra imperialista internacional. 

 El escenario del conflicto interimperialista en la OTAN se encuentra a la espera de nuevos protagonistas, como consecuencia de la previsión de triunfos de la ultraderecha en Francia, Alemania y España. Reagrupamiento Nacional y la AfD son partidarias, respectivamente, de un retiro de la UE de la guerra en Ucrania y de un acuerdo con Moscú, que la convierta en un semi protectorado. Putin ha repetido sin desfallecer que la paz europea dependía de “una nueva arquitectura de seguridad”, que no podía tener otra forma política que la señalada. En ausencia de ella ha advertido de la disposición de recurrir al armamento atómico en el caso de un involucramiento militar directo, bajo la dirección, por caso, de Alemania. El rearme alemán marcha en forma acelerada, con el apoyo de AfD, independientemente de las divergencias estratégicas. AfD encabeza las encuestas nacionales con una intención de voto del 30%, seguida por la UCD – un 19%. 

 Es probable que el planteo de acuerdo de Trump sufra un nuevo desaire, como ha venido ocurriendo desde su primera presidencia. Putin mismo no le ve consistencia geopolítica en el marco de divisiones interimperialistas insuperables. Esto explica los cambios de frente que sufre la guerra imperialista con tanta frecuencia. Trump ha retirado las bases militares del Golfo y parte del Medio Oriente, pero solamente para traer de nuevo a los mares Mediterráneo y Arábigo a los portaviones a su disposición. El estado sionista, por su lado, prosigue firme con la anexión de Cisjordania y la tutela de Líbano y Siria. Turquía, del lado opuesto, fragua acuerdos con Pakistán y Arabia Saudita, e impone un régimen de partido único en su territorio. Todos los botines de la guerra siguen en agenda: el dominio del corredor que une al Medio Oriente y Asia Central, y las ambiciones de Japón sobre el oriente de Rusia. Los levantamientos populares, tanto de estudiantes franceses como de lucadores por la vivienda en España o Berlín, marcan los primeros pasos de un movimiento de masas que ha entrado en la crisis y la guerra sin preparación política clasista. En la lucha por la maduración política del proletariado, la izquierda democratizante es un peso muerto que defiende condiciones de desarrollo político definitivamente enterrados. 

 Jorge Altamira 

 15/10/2026

Milei defiende a Caputo mientras entrega el país al FMI

El Rigi, la recesión y los despidos desmienten las promesas oficiales de crecimiento y empleo.

 El presidente Javier Milei salió a defender a Luis Caputo de los rumores sobre su eventual salida del Ministerio de Economía, acusando de traición a quienes cuestionan su continuidad mientras negocia con el FMI. Pero la verdadera entrega de los intereses nacionales corre por cuenta del propio gobierno, que subordina la economía al capital financiero internacional y garantiza los negocios de las multinacionales mientras se desploman la industria, el consumo y el empleo. Las promesas de dólares e inversiones del Rigi alimentan las expectativas oficiales sobre supuestos ingresos futuros que no garantizan una recuperación de la actividad ni de los puestos de trabajo. 

En una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, Milei sostuvo que el superávit comercial de este año, calculado por él en 30.000 millones de dólares, más los 125.000 millones que ingresarían por el Rigi, conformarían una “billetera” para enfrentar una eventual corrida cambiaria. La cifra confunde supuestos ingresos de un año con inversiones a lo largo de varios años, como si fueran recursos disponibles de inmediato. Además, las inversiones anunciadas no equivalen a divisas que queden en el país: los proyectos pueden demandar importaciones de equipos e insumos que habilitan mecanismos de salida de recursos. Lo que entra por un lado sale por el otro.

 El presidente también ubicó a la Argentina entre las economías de “mayor crecimiento mundial”. Pero el consumo sigue cayendo, las industrias cierran, siguen los despidos y los salarios pierden capacidad de compra. El eventual crecimiento de los exportadores no alcanza para hablar de una recuperación económica cuando buena parte de la población no puede llegar a fin de mes.

 El Rigi no garantiza trabajo ni recuperación industrial 

Milei aseguró que las provincias que adhirieron al Rigi tienen un desempeño, pero omite decir que la minería y la actividad petrolera pueden movilizar inversiones millonarias sin generar puestos de trabajo significativos. Además, los equipos, la tecnología e insumos pueden importarse, por lo que la actividad exportadora puede crecer sin arrastrar al conjunto de la economía. Tampoco queda gran cosa en materia fiscal y de regalías, debido a los beneficios y privilegios otorgados por Milei. 

 El gobierno necesita divisas para sostener su esquema económico, pagar la deuda y contener las presiones cambiarias, además de seguir con la timba financiera con la cual Caputo acaba de dilapidar otros 1.000 millones de dólares de la reserva del Banco Central. La negociación del ministro con el Fondo Monetario Internacional es el mayor un acto de “traición a la patria”, subordinando los recursos nacionales bajo las exigencias del capital financiero, mientras descargan el ajuste sobre los trabajadores.

 La destrucción de empleos no se compensa 

Milei también defendió el cierre de Fate y responsabilizó a su dueño, Javier Madanes Quintanilla, por cobrar neumáticos a precios excesivos. Según el presidente, con neumáticos más baratos los argentinos gastarían menos y destinarían el resto a otros sectores, donde se generarían empleos. Pero esa cuenta supone que los trabajadores tienen ingresos suficientes para mantener sus consumos y que la demanda perdida en una actividad se traslada automáticamente a otra. Con salarios deteriorados, caída del consumo y endeudamiento familiar, lo único que crece es la desocupación y la precarización laboral.

 Los 1.000 puestos de trabajo perdidos en Fate no se recuperan por el simple hecho de que los neumáticos bajen de precio. La destrucción de empleo industrial no es una abstracción contable: son trabajadores que pierden sus ingresos y una capacidad productiva que el país deja de utilizar. 

 Milei promete dólares, inversiones y crecimiento mientras profundiza la recesión de la economía argentina. El Rigi no genera empleo para compensar los puestos destruidos, solamente apunta a generar dólar que se van en el pago de la deuda externa. Frente a una orientación que privilegia a los exportadores y al capital financiero, los trabajadores necesitamos defender cada puesto de trabajo y organizar una respuesta común contra los despidos, la caída salarial y el ajuste. 

 Marcelo Mache

Rematan hasta las fronteras gracias a la complicidad de la Corte con Milei

Tras el fallo que habilitaba la derogación de la Ley de Tierras quisieron vender estancias a extranjeros en zonas limítrofes de Chubut.

 Este jueves 15, salgamos masivamente a las calles. 

El tiempo que pasó entre la derogación y la reimposición de la Ley de Tierras por parte de la Corte Suprema de Justicia parece haber sido aprovechado por empresas para hacer negocios. En Chubut, una inmobiliaria muy floja de papeles ofreció 3 mil hectáreas y aún no se sabe si la venta se concretó. El problema reviste una gravedad particular habida cuenta de que se trata de zonas de frontera, aspecto básico de la soberanía.

 Se trata de ventas que la ley de tierras prohíbe por tratarse de regiones con lagos, ribereñas o estar ubicadas justamente en las zonas mencionadas; o con departamentos donde la tierra en manos extranjeras supera el 15% o hay un sector de nacionalidad extranjera con más del 30% de ella. La inmobiliaria que hizo la oferta se llama Loma Alta Propiedades, que publicó en sus redes sociales campos chubutenses con acceso a lagos y ríos -específicamente un campo en Alto Río Pico de 2.943 hectáreas con un lago privado de 16 hectáreas para pesca deportiva de truchas, 16 km de costa sobre el Río Pico, arroyos, una cascada natural, una cantera de áridos, entre otros aspectos. Creó su perfil en Instagram cuatro días antes de que la Corte anule la ley de tierras. 

 En Chubut la familia Benetton posee más de 350.000 hectáreas, y el emir de Qatar fue beneficiado con la entrega de las nacientes del Río Chubut, lo que implica el control del flujo hídrico del cauce que recorre 800 km y abastece de agua a numerosas poblaciones y comunidades. Cerca de allí, en Río Negro, el estanciero británico Joe Lewis posee aproximadamente 12 mil hectáreas y un lujoso club de campo con canchas deportivas y jardines así como una mansión en Lago Escondido -al que nadie tiene acceso. 

 Tras el avance de los cortesanos, publico imágenes con textos que invitaban a los inversores extranjeros a adquirir las tierras, señalando que su valor tiende a subir con el tiempo, siendo una oportunidad casi única en el mercado mundial, y resaltando el potencial “productivo, forestal y turístico”. “Te conectamos con abogados y escribanos que confirman las condiciones vigentes al momento de tu compra, incluida la zona de frontera”, decía la publicación de la empresa, que evitó las consultas legales por redes.

El Observatorio de Tierras advirtió la falta de información clara sobre la identidad jurídica de la inmobiliaria. No se sabe quiénes son sus dueños ni cómo es su estructura societaria. “Es una empresa fantasma, no tiene CUIT, no está creada, solo hay un martillero que creó una inmobiliaria rural que tiene un año de antigüedad según el boletín oficial de Chubut”, señala (El Destape, 13/10). 

 A fines de la década del 90, un grupo empresario también turbio compró campos en el departamento de Calingasta, San Juan. Están ubicados en una zona de frontera, sobre la Cordillera de los Andes -se trataba de cerca de 110 mil hectáreas (una vigésima parte de todo el departamento) que abarcan casi la totalidad de la subcuenca del río Calingasta y albergan glaciares de vital importancia hídrica. 

 El caso terminó judicializado y se supo que detrás de la adquisición estuvo el Cártel de Juárez, una organización criminal de México, que logró lavar millones de dólares provenientes de la comercialización de cocaína en Estados Unidos. Sus integrantes se hicieron pasar por un grupo inversor mexicano, constituyendo un sistema de testaferros y sociedades (Observatorio de Tierras, 9/10). La ley de tierras que quiere derogar Milei prohíbe la compra de tierras mediante testaferros.

 Copemos las calles 

Con la derogación de la ley, Milei quiere habilitar un acaparamiento masivo de tierras por parte de capitalistas extranjeros. Los destinatarios son varios, desde el magnate tecnológico Peter Thiel (que quiere instalar sus centros de datos de inteligencia artificial en la Patagonia) hasta los empresarios que se dedican al agro o al negocio petrolero-gasífero. La Corte tuvo que recular debido al repudio popular que despierta semejante iniciativa. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la entrega de tierras, también implica desalojos exprés contra comunidades originarias e inquilinos.

 Por eso es clave que este jueves 15 salgamos masivamente a las calles para derrotar este intento, sino también para tirar abajo todo el DNU 70/23. Ese DNU habilitó todo tipo de agravios contra los trabajadores: aumentos del precio de las prepagas y de los alquileres, tasas exorbitantes de interés en beneficio de los bancos y las fintech, flexibilización laboral, entre otros. Por eso es reaccionario el intento del peronismo por eliminar únicamente el capítulo referido a la ley de tierras: dejan en pie el resto de los retrocesos. Y quiere dejarlos en pie porque beneficia a sectores capitalistas que representa políticamente. 

 Ese día, en el marco de la discusión del DNU, miles de jóvenes y docentes saldrán a las calles a reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que estipula una recomposición salarial para la docencia y presupuesto para las casas de estudio. Hace más de 300 días que Milei no cumple con la ley, aun cuando se votó en múltiples ocasiones y hay una cautelar que lo obliga a hacerlo. Su objetivo final es desguazar las universidades para dar curso a un proceso de arancelamiento generalizado. 

 Fuera Milei.

 Nazareno Suozzi

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones tiene su propia Coalición Política

La base social de un régimen de subsidios extraordinarios. 

 Un trabajo sobre las ‘implicancias fiscales’ del Régimen para Grandes Inversores (RIGI) ha desatado una polémica entre el Gobierno y su redactora, la economista Marina Dal Poggetto. ¿Qué revela este trabajo?

 Para los proyectos que ya ingresaron en ese régimen de incentivos excepcionales, por inversiones estimadas en unos 51.000 millones de dólares, el RIGI implicará una reducción de impuestos de 8.500 millones de dólares en una década. Si esas mismas inversiones se realizaran bajo el régimen general de impuestos, calcula Dal Poggeto, aportarían 26.000 millones de u$s al fisco; pero bajo el RIGI, sólo desembolsarán 17.500. En la jerga presupuestaria, ese subsidio lleva el nombre de “gasto tributario”, es decir, un ingreso que el Tesoro deja de percibir. Los voceros del gobierno salieron a atacar ferozmente el informe, con el previsible argumento de que “sin el RIGI no hubieran invertido nada”- o sea, es el Estado el que se hubiera perdido de recaudar 17.500 millones de u$s-. Pero Dal Poggetto pone en cuestión esta afirmación, aunque sin ahondar demasiado. Simplemente “conjetura” en torno de qué pasaría si “al menos una parte” de los proyectos subsidiados se hubiera llevado adelante igual si no existiera el RIGI. A partir de los números presentados, señala que, si al menos un tercio de los proyectos estuviera en esa condición, el saldo fiscal sería “negativo”. 

 La suspicacia de Dal Poggetto tiene sus razones, al observar la lista de inversiones aprobadas para el RIGI. De la inversión total, el 30 % corresponde a un solo proyecto: la licuefacción de gas natural proveniente de Vaca Muerta, que tendrá lugar a través de un sistema de barcos flotantes de las firmas PAE (Bulgheroni y British Petroleum) y un socio internacional. El proyecto contará con generosos incentivos fiscales, pero su derrotero estará sujeto a los vaivenes del mercado energético mundial. Por eso mismo, la versión inicial -una planta “fija” de licuefacción- terminó siendo reemplazada por el esquema de buques “golondrina”. Varios otros proyectos que lideran el ranking del RIGI están asociados a yacimientos ya existentes en Vaca Muerta, es decir, a financiar su previsible expansión o la salida del producto a través de oleoductos. En el caso de la minería, proyectos como Vicuña (San Juan) o Salar del Rincón (Salta) estaban largamente previstos cuando recibieron el RIGI. Dal Poggetto ha sugerido, sin decirlo, la existencia de un gigantesco subsidio al capital.

 Pero el cálculo de la economista es generoso para las empresas. Contabiliza los beneficios fiscales del RIGI, pero no los de la llamada “flexibilidad cambiaria”, que permite liquidar solamente el 20 % de las divisas obtenidas entre los dos y los cuatro primeros años del proyecto. El Estado, de este modo, renuncia a ingresar las divisas provenientes de inversiones excepcionalmente abaratadas por los beneficios fiscales.

 Provincias 

El trabajo de Dal Poggetto aporta otro dato significativo. Al comparar lo que resignan y recaudan el Estado nacional, por un lado, y las provincias, del otro, llega a la siguiente conclusión: mientras el Tesoro central resigna el 63 % de lo que debería recaudar bajo un régimen general de impuestos, las provincias receptoras de los proyectos sólo pierden el 21 % -esto, por el mayor peso de los tributos nacionales en el esquema de beneficios-. La economista presenta a esos distritos como los “grandes ganadores” del RIGI. Dal Poggetto, que tiene sus propios “sponsors”, advierte sobre los capitales que “no tienen el RIGI”, así como las provincias que no cuentan con proyectos en ese Régimen. El capital excluido reclama por la “discriminación”. No denuncia el gigantesco subsidio a los beneficiarios, sino que reclama su “universalización”, algo que requeriría redoblar el ajuste. Otra forma de “RIGI generalizado” sería una devaluación monetaria, en torno de la cual se ha desatado otra disputa feroz. 

 La coalición "de hecho” que se ha tejido en torno de los beneficios del RIGI tiene implicancias políticas. Es con las gobernaciones mineras y petroleras que Milei intenta armar un acuerdo que arranque, en lo inmediato, con la aprobación de una reforma política -un “RIGI electoral”- que suprima las PASO, reduzca el escenario de la representación política a cuatro o cinco partidos y restrinja el financiamiento de “la política” a las corporaciones capitalistas. La moneda de pago a los gobernadores son las inversiones subsidiadas. Pero esta zanahoria viene envenenada, pues se encuentra asociada a un cambio estratégico: Milei, Caputo y Sturzenegger quieren alterar, incluso constitucionalmente, al régimen nacional de coparticipación de impuestos. El propósito final es que los tributos nacionales queden reservados para el pago de la deuda pública, y cada provincia se financie a través de sus propios arreglos con grupos capitalistas y acentuando, naturalmente, la exacción a sus trabajadores.

 Por un lado, Milei-Caputo ofrecen la conversión del país en una gran zona franca, con amplias libertades para remitir los dólares al exterior o gastarlos en importaciones también subsidiadas. Por el otro, prometen pagar la gigantesca deuda pública con la “montaña de dólares” que supuestamente aportarían esas mismas inversiones. La discusión en torno del RIGI pone de relieve el impasse mortal del régimen liberticida. 

 Marcelo Ramal

 12/10/2026