sábado, 23 de mayo de 2026

La guerra imperialista baja por el río Paraná


Las privatizaciones desatan otra guerra interna del clan liberticida. 

 Sin que se haya apagado el escándalo de las propiedades de Adorni, la pelea de bandas liberticidas ha sumado un nuevo capítulo. El “asesor sin cartera” Santiago Caputo ha ventilado una larga lista de posteos provocadores contra él y su camarilla, emitidos por Martín Menem y los trolls de Karina Milei. La pelea volvió a paralizar al Gobierno y a su “mesa política”, que levantó sin fecha una reunión. Si es cierto que se trataría de un choque de apetitos personales, no lo es menos que Caputo, Milei o Menem son sólo comisionistas de corporaciones capitalistas que se disputan el mercado mundial, incluso con misiles. Detrás de la “interna” del gobierno, está la pelea por el destino de las privatizaciones y concesiones que han anunciado Milei y Caputo. El ingreso de dinero por estos remates, para cumplir con las “metas fiscales”, ha sido la justificación que ha dado el Gobierno, como si hubiera alguna relación entre el bajo aporte de las privatizaciones, por un lado, y el agujero creciente del déficit fiscal, por el otro, a consecuencia de una hemorragia cotidiana de recaudación. El mayor privatista de la historia, Carlos Menem, gobernó una década con un déficit fiscal ‘indomable’, que financió, como Milei, con deuda pública. En torno a las ventas del patrimonio público, se ha desatado un choque de intereses capitalistas que se cruza con la múltiple guerra internacional arancelaria, financiera y militar.

 Transener y la Hidrovía 

El primer botín a rematarse ha sido la transportadora de energía Transener, donde el Estado vendió su parte por unos 350 millones de dólares. La adjudicataria fue la empresa Edison Energía, que tiene como principales accionistas a los hermanos Neuss. Este clan familiar, estrechamente ligado a Santiago Caputo, ha venido comprando centrales eléctricas en diferentes puntos del país. Pero los Neuss se asoman en otra concesión privada de mayor alcance, el mantenimiento de la Hidrovía. Este estratégico corredor fluvial, por donde pasa el 80 % del comercio exterior argentino y de los países tributarios, acaba de abrir los sobres de una licitación donde compiten dos empresas de origen belga, Jan de Nul y Deme. De Nul ha sido la operadora privada tradicional de la Hidrovía. Según diversas denuncias los pliegos de la licitación, redactados por funcionarios que responden a Santiago Caputo, están hechos a la medida de De Nul. Entre los subcontratistas de este operador, estarían empresas “ad hoc” pertenecientes a los hermanos Neuss. Pero la pelea envuelve a intereses de mayor envergadura: en la redacción de los pliegos, el Gobierno vetó la participación de empresas con “accionistas soberanos” (estatales), una forma de eliminar del pliego a China. Este veto ha sido refrendado con insistencia por funcionarios norteamericanos. Pero la diplomacia del gobierno chino puso el grito en el cielo, reclamando injerencia en una ruta fluvial cuyo principal comprador de los productos transportados es el país asiático.
 A pesar del veto, China habría encontrado la forma de filtrarse en la hidrovía, a través del socio local de la belga De Nul. Ese socio es la empresa de logística Román que, a su vez, actúa en tándem con la china SDC. Este contratista, oriundo de Shanghai, actúa en el mar de China Meridional en directa colaboración con los intereses “geopolíticos” del gobierno chino. Según ha revelado Perfil, la posible presencia de SDC en la Hidrovía despertó reclamos por parte de Estados Unidos. A partir del acuerdo comercial y tecnológico suscripto a fines del año pasado, la diplomacia norteamericana le sugirió a Milei-Caputo la creación de un “Comité de Inversiones” local, a imagen y semejanza del que funciona en el Norte y cuya misión sería vetar inversiones de China. El competidor de De Nul en la Hidrovía, la firma Deme, esgrime a su favor la presencia de empresas norteamericanas en su consorcio, y un posible financiamiento de ese origen para la renovación de los equipos de dragado. Detrás o adelante de Deme, está la “banda” de Martín Menem y Karina Milei. Días atrás, el periodista Marcelo Longobardi, que recogió estas versiones, calificó a la Hidrovía como el “estrecho de Ormuz” de Argentina. Por el “tranquilo” corredor de los ríos Paraná y Uruguay, sube la impronta de la guerra imperialista.

 Reelección en veremos 

La pelea por las privatizaciones tendrá otros episodios. Es el caso del ferrocarril Belgrano Cargas, ligado también a las exportaciones cerealeras. Acá, se enfrentan un consorcio ferroviario mexicano contra una eventual coalición de los monopolios exportadores del mercado local, donde jugaría un papel destacado la china Cofco., una de las principales exportadoras de soja y, recientemente, de trigo. Es de prever acá otro mortal enfrentamiento de camarillas, con repercusiones en el gabinete nacional. En este marco ‘competitivo’, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ha anunciado que pagaría a China la porción utilizada del ‘swap’ de 18.000 millones de dólares y negociaría su extensión por otros tres años. Xi Jinping tiene agarrado a Milei por un canje de monedas, cuya derogación provocaría una crisis cambiaria frontal.
 La guerra de las privatizaciones, que condiciona al gobierno libertario, se ha agravado, naturalmente, ante la perspectiva de que la reelección de Milei no tenga lugar. La división del peronismo, que se acentúa con la aparición de nuevas corrientes, sigue el trazo de los proyanquis y prochinos; el mismo ‘renacimiento’ del macrismo se encuadra en conciliar las exigencias de Trump con los intereses de China. Por debajo del radar de esta guerra por el alineamiento de Argentina en la guerra, se desarrolla un enorme derrumbe social. Sólo en los primeros cuatro meses del año, los trabajadores formales sufrieron una caída de entre el 6 y 8 % de sus salarios reales, que se suma a los derrumbes de los últimos años. El consumo personal de los asalariados se vino sosteniendo en base al crédito de consumo (préstamos y tarjetas). Pero los intereses usurarios y la caída del salario han empujado a miles de familias a la insolvencia. La “caída de imagen” de Milei, en este cuadro, es una forma diplomática de aludir al distanciamiento de las masas del gobierno y el conjunto del régimen político. 
 La banda lumpen que gobierna la Argentina se ha alineado sin vacilaciones detrás de Trump, pero las inversiones recientes de China superan largamente a las norteamericanas. La burocracia de China valora muy positivamente a Milei en cuanto a la contrarreforma laboral, que China ha exportado junto con sus inversiones. 
 El abismo descomunal que se ha abierto entre el régimen político y social, de un lado, y las masas del otro, está haciendo dudar a los analistas políticos y especialmente a los inversores, acerca de su sustentabilidad. Es lo que un patrón de la UIA ha vuelto a llamar la “falta de “previsibilidad”. Los bloqueos en rutas en Bolivia están advirtiendo del surgimiento de una nueva etapa de rebeliones en América Latina. 

 Marcelo Ramal
 20/05/2026

Mariano Ferreyra, "causa de las coimas": otro fallo encubridor


El fallo por el encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda para el régimen político: el asesinato no fue solamente el accionar de una patota sindical, sino la expresión de un entramado de negocios, burocracia sindical, servicios de inteligencia y cobertura judicial que durante años garantizó la impunidad. 
 La condena dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 8 contra operadores ligados a las maniobras de encubrimiento confirma que detrás de los disparos del 20 de octubre de 2010, existió también una red dedicada a proteger a los responsables políticos del crimen. El fallo expone las relaciones entre sectores de Comodoro Py, ex agentes de inteligencia, funcionarios judiciales y la burocracia ferroviaria encabezada por José Pedraza. Sin embargo, 15 años después de los hechos, ha impuesto penas módicas a dos protagonistas menores de una operación delictiva que involucró nada menos que a jueces titulares de la Cámara de Casación Penal, incluido su presidente en aquel entonces, Eduardo Riggi.
 Entre los condenados aparece Octavio Luis Aráoz de Lamadrid, condenado a cinco años de prisión por tráfico de influencias agravado. Aráoz de Lamadrid era un viejo operador judicial ligado a los circuitos de poder de Comodoro Py y mantenía vínculos económicos con la Unión Ferroviaria y con Belgrano Cargas. Según la investigación, cobraba dinero mediante facturación trucha mientras intervenía para influir sobre jueces de la Cámara de Casación favorables a Pedraza. Su figura sintetiza la relación orgánica entre sectores del aparato judicial y los negociados sindicales. 
 También fue condenado Luis Ameghino Escobar, quien recibió tres años de prisión. Ameghino Escobar integraba la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Casación Penal y era conocido dentro de la trama como “el señor de las teclas”, porque tenía acceso directo al sistema informático que definía el reparto de expedientes. La acusación probó que manipuló el sorteo para garantizar que la causa recayera en la Sala III de Casación, donde operaban magistrados considerados cercanos a los intereses de Pedraza. 
 En cambio, otro de los implicados fue Ángel Luis Stafforini, señalado como el hombre encargado de mover el dinero de los sobornos. Aunque el tribunal lo consideró responsable de cohecho activo agravado, terminó absuelto porque la acción penal prescribió. Stafforini era una figura clave del entramado empresario-sindical construido alrededor de la Unión Ferroviaria y Belgrano Cargas, uno de los centros del negocio ferroviario de la época. La misma suerte tuvo otra de las acusadas, Susana Planas, también directiva del Belgrano Cargas. 
 Otros involucrados no llegaron a juicio por fallecimiento. Es el caso de José Pedraza. Su propósito era direccionar la apelación de la prisión preventiva contra su patota hacia la sala que integraban Riggi, Mitchel y Catucci, los tres jueces coaligados para asegurar su excarcelación. En medio del tembladeral político que provocó el crimen de Mariano, tenía el objetivo de alejar la posibilidad de caer detenido. Sin embargo, la operación se ventiló a través de las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia en la causa principal, que inevitablemente iban a caer en manos de los abogados de las víctimas de Pedraza. La jueza de instrucción Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño actuaron "de inmediato" antes de que el dinero llegara a manos de los jueces. Conclusión: estos salieron indemnes, a pesar de que las escuchas revelaban no sólo la transacción en curso sino también muchas numerosas "atenciones" recibidas por estos de parte de Pedraza y compañía. Su sobreseimiento definitivo fue el último acto judicial de nada menos que Norberto Oyarbide, cuando se despidió de Comodoro Py. Aunque Riggi fue sobreseído y evitó llegar al juicio, la fiscalía pidió nuevamente su indagatoria este año al considerar que existen elementos para investigar su participación en el pacto de encubrimiento. Riggi es un octogenario. Las chances de que vaya a pagar por esta corruptela van de escasas a nulas.
 En la trama aparecía además Juan José Riquelme, también fallecido antes del juicio oral. Riquelme actuaba como nexo entre los servicios de inteligencia, la burocracia sindical y los tribunales federales. La causa reconstruyó cómo operaba utilizando vínculos históricos dentro de la SIDE y relaciones personales con jueces y funcionarios judiciales. Su papel muestra hasta qué punto los aparatos de inteligencia funcionaban como articuladores de operaciones políticas y judiciales.
 El asesinato de Mariano ocurrió durante una movilización de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que reclamaban el pase a planta permanente. La tercerización laboral no era un fenómeno marginal: constituía uno de los pilares del negociado ferroviario sostenido por concesionarias privadas, el Estado y la burocracia sindical. Mientras miles de trabajadores cobraban salarios miserables y permanecían precarizados, las cajas multimillonarias de las empresas y de la Unión Ferroviaria crecían gracias a ese régimen de explotación. 
 La burocracia de Pedraza actuaba como garante de ese sistema. No se trataba simplemente de una “desviación mafiosa”, sino de una función política concreta: disciplinar a los trabajadores para preservar negocios compartidos con empresarios y gobiernos. La patota que atacó la movilización actuó liberada por la Policía Federal y bajo la mirada de un aparato estatal que desde hacía años integraba a la burocracia sindical como un engranaje de gobernabilidad. 
 Las nuevas condenas muestran además otro aspecto central: el intento de garantizar impunidad mediante operaciones judiciales. La investigación probó la existencia de pagos, tráfico de influencias, manipulación informática de expedientes y vínculos aceitados entre operadores judiciales y sectores de inteligencia. El aparato de encubrimiento funcionó como una continuidad del propio crimen. 
 Durante años, distintos sectores del poder político buscaron presentar el asesinato como un “exceso” aislado. Sin embargo, la causa dejó al desnudo el vínculo orgánico entre el Estado, las patronales ferroviarias y la burocracia sindical. El crimen de Mariano fue la consecuencia directa de un régimen de precarización laboral sostenido desde arriba.
 La figura de Mariano Ferreyra quedó asociada desde entonces a la lucha contra la tercerización y la burocracia sindical. Su asesinato produjo una enorme conmoción popular y abrió una crisis política que obligó al poder a avanzar con condenas que inicialmente no pretendía impulsar. La movilización popular y la presión de organizaciones obreras, estudiantiles y de derechos humanos fueron decisivas para quebrar parcialmente la impunidad. 
 A más de quince años del crimen, las condiciones estructurales que lo hicieron posible continúan vigentes. La precarización laboral sigue siendo una política de Estado; las burocracias sindicales continúan integradas al aparato gubernamental; y los negociados en el transporte siguen financiándose con subsidios públicos mientras se deterioran salarios y condiciones laborales.
 El fallo conocido esta semana vuelve a recordar que el crimen de Mariano no pertenece solamente al pasado. Expone la persistencia de un régimen político donde las redes de corrupción, las patotas sindicales, sectores del aparato judicial y los servicios de inteligencia actuaron en defensa de intereses económicos comunes. La condena al encubrimiento confirma, en definitiva, que el asesinato no fue obra de individuos aislados sino la expresión de un sistema social y político profundamente corrupto.

 Alejandra Greig
 22/05/2026

El sionismo vuelve a asaltar la Flotilla Sumud y tortura a sus miembros


Complicidad internacional. 

 Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad israelí, publicó hoy un video donde expresó "Así es como recibimos a los partidarios del terrorismo. Bienvenidos a Israel" y se ve a los detenidos de la flotilla Global Sumud -interceptados el pasado lunes 18 de mayo- maniatados, siendo arrastrados por el puerto. Netanyahu salió rápidamente a reprenderlo públicamente diciendo que ese trato “no se ajusta a los valores y normas de Israel” y pidió que deporten lo antes posible a los cautivos (Clarín, 20/05). Es particularmente cínico porque los “valores y normas de Israel” no tiemblan al momento de asesinar a civiles palestinos e iraníes. Por más que el primer ministro intente limpiar su imagen, sus manos están llenas de sangre de inocentes. 
 Las transmisiones en vivo emitidas por los propios tripulantes confirmaron el momento exacto en que naves de la Marina israelí rodeaban los buques civiles y procedían al abordaje a punta de fusil de asalto, a 80 millas náuticas al oeste de la isla de Chipre, dentro de su zona de Búsqueda y Salvamento (SAR) y a unas 250 millas de la costa de Gaza. Las imágenes retransmitidas mostraron a sus tripulantes con chalecos salvavidas y las manos en alto, mientras la unidad naval de élite sionista Shayetet 13 asaltaba las cubiertas en pleno día y obligaba a los activistas a amontonarse en la proa, antes de que las transmisiones se interrumpieran bruscamente (Euronews, 18/05). Con un despliegue de cuatro buques de guerra y seis lanchas rápidas, la Armada israelí consumó la confiscación de las naves y el secuestro de decenas de militantes para trasladarlos por la fuerza hacia el puerto de Ashdod. En este momento, no hay comunicación con 23 de las embarcaciones que participan de la flotilla (ANSA, 18/05). 
 Para preparar el terreno de esta cacería en alta mar, el Ministerio de Exteriores israelí emitió un comunicado catalogando la misión humanitaria como una "provocación" (Infobae, 18/05). En una burda maniobra de criminalización masiva, el sionismo pretendió justificar el uso de sus tropas de élite agitando el fantasma de "organizaciones violentas" por la presencia de la ONG islámica turca IHH (ANSA, 18/05). Tel Aviv declaró formalmente que el asalto busca impedir que se "perturbe el progreso del plan de paz del presidente Trump" (Euronews, 18/05). Esta confesión desnuda que el gendarme sionista actúa como el brazo armado y ejecutor de los dictámenes estratégicos de Washington, usando el terror militar para encubrir un atropello contra cerca de 500 médicos, abogados, periodistas y activistas civiles de unas 70 nacionalidades (SANA, 18/05), que se movilizan contra el genocidio del pueblo palestino. Thiago Ávila, miembro del Comité Directivo Global de Sumud Flotilla y exsecuestrado, declaró que 50 barcos fueron interceptados y que, de los 500 activistas, secuestraron a 426. “Son criminales de guerra. Eventualmente responderán a todo esto en La Haya y por la justicia del pueblo” (AA, 20/05). 
 El abordaje ilegal de la flotilla Sumud contó con el amparo directo de la República de Chipre (sur), un Estado miembro de la Unión Europea que viene estrechando a paso firme una alianza militar y económica con el Estado de Israel, motivada por la codicia sobre los yacimientos de gas natural bajo el lecho marino (DW, 18/05). Las aguas de Chipre se encuentran en el corazón de la guerra de agresión que Estados Unidos e Israel desataron a comienzos de marzo de 2026 contra Irán. La isla alberga la base militar británica de RAF Akrotiri, un enclave estratégico utilizado por el imperialismo yanqui para operar sus aviones espía U-2.
 Este nuevo zarpazo criminal es la respuesta desesperada de los gobiernos de la guerra frente al fracaso de sus métodos de intimidación previos. El violento asalto del pasado 30 de abril al sur de Grecia no logró amedrentar al movimiento, a pesar de que la Marina israelí saboteó las naves y secuestró ilegalmente a más de 170 activistas, trasladándolos a Creta para ser deportados tras someterlos a golpizas y vejaciones de violencia física y sexual (ANSA, 18/05). Ni las torturas contra el corresponsal de este diario, Lino Figueroa (Diario Socialista, 18/05), ni el secuestro en las mazmorras de Ashkelon de los compañeros Saif Abukeshek y Thiago Ávila -quienes debieron ser liberados sin cargos tras una tenaz huelga de hambre-hicieron retroceder la iniciativa. Al contrario, tras reorganizarse en las costas de Turquía, la Flotilla volvió a zarpar el 14 de mayo multiplicando sus fuerzas hasta congregar 60 embarcaciones coordinadas dispuestas a quebrar el bloqueo genocida.
 El protocolo de intercepción ejecutado hoy contra la delegación en la que navegan militantes argentinos ocurre bajo el amparo directo de los ["Acuerdos de Isaac"] (https://politicaobrera.com/16124-milei-en-israel) firmados por Javier Milei en Tel Aviv, integrando de hecho al Estado argentino en el andamiaje de inteligencia que encubre estos actos de piratería internacional en el Mediterráneo. 
 ¡Abajo el asalto a la Flotilla Sumud! ¡Abajo los "Acuerdos de Isaac" y toda relación diplomática, económica y militar con el Estado genocida de Israel! Movilicémonos por el derrocamiento de los gobiernos de la guerra. 
 Socialismo o barbarie. 

Iara Bogado 
 20/05/2026

viernes, 22 de mayo de 2026

Bolivia: la huelga plantea fuera Rodrigo Paz, fuera los Milei


Viernes 22, 13 hs, concentración frente al Obelisco

 La entrada de la multitudinaria columna que marchó 200 kilómetros, desde Caracollo en La Paz, produjo la adhesión activa de numerosos sectores de la población de esta ciudad y El Alto. Y nuevos choques represivos con la policía que impedían el ingreso en la Plaza Murillo, donde está el “Palacio Quemado”, sede del gobierno. Todos los días se renuevan multitudinarias manifestaciones de protestas y choques con la policía. 
 Ayer, miércoles, habló el presidente Rodrigo Paz y descartó que fuera a declarar el “Estado de Excepción” (estado de sitio). Al mismo tiempo, la Fiscalía liberó a 95 manifestantes presos, de unos 130 que se reconocen. 
 Paz anunció que estaba “dialogando” con diversos dirigentes de los sectores movilizados, que iba a modificar el gabinete “para que escuche más a la gente” y convocó a la formación de un Consejo Económico y Social, incorporando a opositores que no fueran violentos, para el próximo sábado. El vicepresidente, Lara, que había sido desplazado del poder, venía criticando al gabinete existente, donde había varios miembros que pertenecían al partido del empresario derechista Samuel Doria Medina, que perdió como candidato presidencial en las elecciones del año pasado. 
 Paz, que se presentó electoralmente con promesas contra los “ajustes” que proponía Doria, terminó girando a sus posiciones “ajustadoras” contra el pueblo trabajador y nombrando a varios de sus hombres como ministros en puestos claves.
 Se trata de un intento de cooptación de dirigentes de organizaciones que se están movilizando. Pero el gobierno no deja de lado el látigo: dio un bono de 3.000 pesos bolivianos a la policía (para que reprima mejor), ha lanzado órdenes de captura contra el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y otros representantes de organizaciones campesinas, etc. Paz echó a la embajadora de Colombia por declaraciones en contra de las violentas represiones a los manifestantes. En cambio, han sido bien recibidas las declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, quien dijo que no va a permitir las manifestaciones populares que reclaman la “renuncia de Paz” porque serían un golpe de Estado contra el gobierno “democrático” de Rodrigo Paz. Ocho gobiernos de derecha latinoamericanos -que suscribieron el pacto denominado “Escudo de América” hace un par de meses, por el cual se da vía libre a la intervención militar imperialista en nuestro continente, como parte de la lucha contra el “narcoterrorismo”- han sacado también un pronunciamiento “humanitario” y “democrático” contra las manifestaciones obreras y campesinas y en apoyo al gobierno represor.
 Milei está a la “vanguardia” de este bloque reaccionario y proimperialista. Ha enviado dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina con alimentos y pertrechos militares, actuando contra las huelgas y bloqueos de rutas, en apoyo al gobierno antiobrero. 

 ¿Quién está “negociando” con Rodrigo Paz? 

 Hay versiones serias y extendidas entre el activismo, de que habría importantes dirigentes de la burocracia de la COB y otras organizaciones populares negociando. Se teme una nueva y segunda traición a la vigorosa lucha de las masas trabajadoras. A principios de año, una huelga general en ascenso fue entregada y traicionada por la dirección de la COB que firmó un acuerdo con el gobierno a espaldas de las masas movilizadas, por el cual Paz retiraba el proyecto general de reformas reaccionarias presentado, pero… sacó un nuevo decreto que mantenía vigente el tarifazo sobre los combustibles. Ahora también, el Parlamento votó la derogación de la ley 1.720 –presionado por las masivas manifestaciones y cortes de ruta campesinas- que atacaba frontalmente las pequeñas explotaciones agrícolas (a favor de su concentración por latifundistas y capitalistas del agrobussines), pero… se anuncia que en 60 días se presentara un nuevo proyecto que será elaborado por la comisión parlamentaria agraria, compuesta en un 90% por latifundistas. 
 El gobierno “promete” y maniobra para desmovilizar, para que se levante el ascenso de la huelga general. Por eso, las luchas que se han venido desarrollando han ido votando, una tras otra, el reclamo de la “renuncia de Paz”. 

 Extender la huelga hasta la caída de Paz 

 Hay más de 50 grandes bloqueos de ruta y decenas de asambleas, plenarios y reuniones que vienen desarrollando la huelga general. Hoy, jueves, está anunciada, como respuesta al discurso tramposo de Paz, una multitudinaria manifestación que entrará hacia el centro por cinco columnas diferentes. Es necesario constituir asambleas por lugar de trabajo y vivienda, avanzar en su coordinación y centralización y convocar a una asamblea popular nacional con delegados elegidos en cada instancia. La huelga no se levanta sin que sea aprobada en las asambleas locales y por una asamblea popular nacional. 
 La huelga debe ser profundizada, extendiéndola a todas las capas de la población y llamando a las fuerzas represivas a que no enfrenten al pueblo movilizado. Si la huelga no se profundiza, corre el riesgo de comenzar a retroceder. El gobierno y la derecha están impulsando contramarchas de “ciudadanos” que piden “orden”, es decir la represión de los piquetes y las manifestaciones obreras y campesinas. 
 Una asamblea popular nacional que coordine y lleve al triunfo la huelga hasta la renuncia de Paz estará en condiciones de disputar también el poder político. Evo Morales, por un lado, y sectores burgueses por el otro, plantearon alternativas de poder: que haya elecciones en 90 días. Pero no podrá haber elecciones democráticas y sin proscripciones con este gobierno, que ya tiene cuatro víctimas fatales de las actuales represiones. Y tampoco se trata de cambiar un gobierno antiobrero por otro gobierno antiobrero. Los trabajadores y campesinos que luchan por la “renuncia de Rodrigo Paz” y la obtención de las reivindicaciones de las masas deben dirigir el país, ser una alternativa antiimperialista, obrera y socialista. 
 Este viernes 22 de mayo, a las 13 horas, diversas organizaciones de residentes bolivianos y que se reclaman de la lucha antiimperialista de la Argentina, nos movilizaremos desde el Obelisco (Avda. 9 de Julio y Corrientes) en apoyo a la huelga general: ¡Fuera Rodrigo Paz, Fuera Milei! 

 Rafael Santos

Bajas en las retenciones: Milei le quita a los trabajadores y le da a los exportadores


El gobierno anunció una rebaja de retenciones en la exportación de trigo y cebada al tiempo que impone un tarifazo a millones de usuarios de gas de la Zona Fría. 

 El presidente Javier Milei anunció una baja de las retenciones del trigo y la cebada de dos puntos porcentuales a partir de junio de este año y la intención de avanzar a un esquema de eliminación progresiva de retenciones e impuestos a los agroexportadores en el mediano plazo, siguiendo la lógica oficial de desgravar y beneficiar a los capitalistas y cargar impuestos y saquear a los trabajadores. La política “antiimpuestos” de Milei es solo para las patronales, mientras los trabajadores siguen pagan Ganancias, IVA, impuestos a la vivienda única, entre otros, y cada vez cobran menos salarios. 
 El anuncio presidencial tuvo lugar en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde Milei destacó que las retenciones al trigo y la cebada pasando el 7,5% al 5,5% en lo inmediato, y que esperan avanza hacia enero de 2027 con reducciones de entre el 0,25% y el 0,5% de las retenciones a la soja, en un esquema continuo hasta 2028, todo esto condicionado a la evolución de la recaudación fiscal.
 El gobierno viene haciendo esfuerzos para que los números “cuadren” liquidando y vaciado derechos e institutos de los trabajadores, con un ajuste sin precedentes sobre Educación, Salud, obras públicas, asistencia social y un largo etcétera. En estos momentos, Milei se encuentra empeñado de quitarle el régimen de Zona Fría a más de un millón de familias obreras, mientras las petroleras se encuentran en un récord de exportaciones, con ganancias inauditas. 
 Se trata de un gobierno con una política de clase bien definida. La disminución de retenciones para los agroexportadores no solo redunda en un vaciamiento de las cuentas fiscales que luego repercute en más ajuste contra los trabajadores y en una mayor carga impositiva que es trasladada a la población en general, sino que también impacta en la suba de los precios de los productos y alimentos derivados del trigo, la cebada y los granos afectados, haciendo que los trabajadores terminen pagan más por bienes que se producen en el país. 
 Al gobierno que le gusta hacer cálculos respecto al “ahorro fiscal” de su política de destrucción y ataque a los derechos de la población no se le escapa que la medida anunciada implica una pérdida para el Estado de alrededor de más de 600 millones de dólares en concepto de recaudación fiscal solo del 2026, según estimaciones. 
 Algo similar a lo que ocurre con las carnes, donde la liberación de cupos y el fomento de las exportaciones repercute directamente en una suba de los precios locales, trasladando los precios internacionales al país y haciendo prohibitivo el consumo de carne vacuna debido a la caída del poder adquisitivo de los salarios, que no acompaña este fenómeno. 
 Milei no solo se quedó ahí sino que también adelantó que espera avanzar con una rebaja en las retenciones a la industria automotriz, la petroquímica y de maquinarias, lo que profundiza el traslado de la factura a los trabajadores. Cuando Milei afirma que su misión es “achicar el Estado, para bajar impuestos”, se refiere a que sean los trabajadores quienes financien el Estado capitalista, mientras las patronales tienen las manos liberadas para hacer sus negocios y enriquecerse a costa del trabajo ajeno. 
 El propio Milei reconoce que “el campo proyecta uno de sus mejores años de la historia, con cosechas y exportaciones récord”, sin embargo le ofrece más privilegios a los exportadores, al tiempo que ajusta a los trabajadores que están pasando sus “peores tiempos”, con caída de los salarios, ajuste, suspensiones, despidos, reforma laboral, precarización, etc. 
 Tampoco ha hecho mención alguna de lo regresivo del sistema impositivo nacional, partiendo de la base de que este gobierno reintrodujo el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios –una confiscación directa contra los trabajadores-, mantiene el IVA que grava los consumos de toda la población y sostiene todos los impuestos y gravámenes que recaen sobre los trabajadores, sus viviendas y varios de los servicios fundamentales que estos consumen.
 El gobierno de Milei le saca a los pobres para darle a los ricos: el dinero que se "ahorra" con los tarifazos a millones de personas en los hogares de las zonas más frías del país no va a parar a mayores derechos para la población y de los trabajadores, sino a los exportadores que ya la levantan con pala. No es "ahorro fiscal" sino una transferencia de los recursos de los trabajadores a las patronales. Hay que terminar con este gobierno antiobrero y de las patronales, con la movilización popular y la huelga general hasta que se vaya Milei. 

 Marcelo Mache

Militarización estadounidense del Mar Argentino


El gobierno de Milei firmó un nuevo acuerdo militar y colonial con Estados Unidos. 

 El gobierno de Milei firmó un nuevo acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, que implica la entrega del Mar Argentino. Significa un reforzamiento de la influencia imperialista en Argentina y en América Latina, en momentos en que escalan las amenazas golpistas de Trump contra Cuba y con los libertarios colocando a la Argentina como peón y plataforma de guerra al servicio del Estado norteamericano.
 Se trata del "Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales", que estaría vigente durante los próximos cinco años. Establece que Argentina reciba equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo "para interceptar y neutralizar amenazas marítimas" con la posibilidad de que marines estadounidenses den apoyo a esas operaciones. 
 Por lo pronto, una aeronave especial que patrulla la zona marítima argentina recibió una cámara especializada, y está previsto que Estados Unidos provea a la Armada con dos aeronaves Beechcraft King Air 360ER. Que estamos ante un acuerdo en función de la política militar imperialista de Estados Unidos en la región lo confirmó el comandante de la Cuarta Flota, Carlos Sardiello, que indicó que “llegó la hora de trabajar con socios internacionales y líderes industriales para la seguridad del hemisferio occidental” -o sea, para la dominación imperialista.
 Las “amenazas marítimas” podrían ser, según la óptica de Estados Unidos, los barcos chinos y rusos que realizan pesca ilegal en los límites de la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Actividad que también es llevada adelante por otros provenientes de países como España, Corea del Sur y Portugal. Pero los yanquis tienen un interés especial por contrarrestar la influencia de China, que se transformó en el principal socio comercial de muchos países de América Latina, como se ha visto en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y su nueva Doctrina Monroe.
 Esto ocurre en momentos en que las tensiones comerciales y bélicas entre las dos principales potencias del mundo no amainan, como se vio en la cumbre Trump-Xi Jinping. Algunos relacionaron el pacto con el Escudo de las Américas, la alianza político-militar entre Estados Unidos y los gobiernos derechistas de la región. El gobierno boliviano de Arce viene de reclamar la intervención del “Escudo” para sofocar la rebelión obrero-campesina que lo sacude y reclama su dimisión. Milei ha mandado dos aviones Hércules con pertrechos militares a Bolivia para que Arce pueda usarlos para reprimir al pueblo.
 Declarar al Mar Argentino como “bien común global” significa renunciar a la soberanía. Además, en todo caso, Trump y la burguesía norteamericana buscan que sea un bien suyo y quedarse con sus recursos, como también pretenden terminar de convertir la región en su patio trasero con gobiernos títere, más bases militares y más negocios para los magnates capitalistas yanquis.
 En este marco, Estados Unidos desplegó el portaaviones nuclear USS Nimitz en el Caribe, como parte de su política de agresión económica y militar contra Cuba para forzar un cambio de régimen en su propio beneficio. Está escoltado por un buque de aprovisionamiento logístico Patuxent, el destructor Gridley y por una decena de aeronaves militares. Los yanquis ya han “trabajado por la seguridad del hemisferio occidental” cuando hicieron el golpe en Venezuela que terminó con el secuestro de Maduro. En la previa, Estados Unidos hizo un despliegue naval de grandes dimensiones en el Caribe y bombardeó supuestas lanchas narco en lo que fue denunciado como ejecuciones extrajudiciales. 
 Milei ya había permitido la extensión del control del Reino Unido sobre el Mar Argentino, que está cerca de las Malvinas. En las islas, un conglomerado imperialista integrado por la empresa israelí Navitas y por la británica Rockhopper comenzará a explotar petróleo en 2028 en el yacimiento Sea Lion. El acuerdo sellado entre Milei y Trump aumenta la influencia de Estados Unidos en la región. El territorio malvinense es un gran reservorio de petróleo, gas, minerales estratégicos (zinc, litio, cobre); además, constituye una de las mayores reservas pesqueras del Atlántico y posee rutas marítimas que conectan los puertos del Cono Sur con Europa, además de ser uno de los corredores estratégicos del Atlántico Sur y constituir la puerta de entrada a la Antártida. 
 Desde el peronismo han salido a criticar el acuerdo, con la demagogia que lo caracteriza. Jorge Taiana, exministro de Defensa y quien encabezara la boleta de diputados de Unión por la Patria en las pasadas elecciones bonaerenses, apareció con la perorata de la “soberanía nacional” siendo él quien se ha reunido junto a Cristina Kirchner –al igual que Milei- con Laura Richardson, exjefa del Comando Sur, quien arribó al país en su momento con pretensiones de conquista. Taiana también fue quien promovió junto a Néstor Kirchner el envío de tropas a Haití para respaldar el golpe proyanqui que en 2004 terminó con el gobierno de Aristide y la instalación de la nefasta Minustah. 
 Ni Milei ni la oposición capitalista pueden emancipar a la Argentina de la opresión y explotación imperialista, ya que representan los intereses sociales de una burguesía nativa que encontró lugar en el mercado mundial capitalista para hacer negocios como socia menor de las burguesías imperialistas. El acuerdo de Milei alinea aún más a la Argentina en la política imperialista-guerrerista de Estados Unidos y plantea la posibilidad de que se abran nuevos focos de tensión en la región. 
 Fuera Milei y los yanquis. 

 Nazareno Suozzi

jueves, 21 de mayo de 2026

Milei ofrenda reactores y uranio argentino al imperialismo estadounidense


La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aprobó un procedimiento administrativo de “acceso preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de iniciativas privadas”. Con esto se da posibilidad a que empresas privadas, ya sean nacionales o internacionales, puedan visitar activos estratégicos como en un tour de compras. El expediente se inició el mismo día en que arribó al país la delegación del Departamento de Estado y la autoridad regulatoria de los Estados Unidos para inspeccionar los centros atómicos del país, y se aprobó a los dos días. 
 El procedimiento pone a disposición de los interesados “todo bien, recurso, infraestructura, derecho, instalación, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación, técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial, que integre, se vincule o se encuentre bajo administración, uso, custodia, guarda, intervención o competencia de la CNEA, y respecto del cual un interesado requiera información, documentación, antecedentes, acceso, relevamiento o autorización de visita en el marco de una solicitud preliminar”.
 Desde ATE indicaron que el objetivo de este procedimiento es avanzar en la privatización del reactor de investigación AR-10 y los yacimientos de uranio que se encuentran bajo jurisdicción de la CNEA - Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut).
 El interés del gobierno por abrir la cancha a la extracción de uranio se da en el marco del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos”, firmado con los Estados Unidos el pasado 4 de febrero. Un tratado que pone los esfuerzos nacionales en el reemplazo de la cadena de suministros que pretenden los EE. UU. en detrimento, principalmente, de China y Rusia.
 En 2023, EE. UU. importó el 99 % del uranio necesario para sus centrales nucleares, principalmente de Canadá, Australia, Rusia, Kazajistán y Uzbekistán. Siendo Rusia el histórico vendedor del mineral, ha dejado de serlo a partir de que el gobierno de Biden logró aprobar una ley de prohibición de importación para el uranio ruso. 
 Se estima que en Argentina hay 40.000 toneladas de uranio. Las tres centrales nucleares que tiene el país consumen 200 toneladas al año; sin embargo, el uranio que consumen es importado desde Kazajistán. 
El interés por una nueva etapa de extracción de uranio en el territorio nacional no tiene que ver con un reemplazo de importaciones, sino con el abastecimiento a EE. UU. El interés norteamericano por este mineral hay que verlo desde tres puntos. Primero: la guerra mundial. Ha prohibido la importación de uranio ruso, pero ¿qué pasará con el uranio canadiense? Canadá es un país que Trump amenazó con anexar y del cual proviene el 25 % de la importación total. Kazajistán y Uzbekistán (21 % y 9 % de las importaciones de uranio a EE. UU., respectivamente) se encuentran también comprometidos en la ruta de la seda, cercanos geográficamente al área de guerra (Irán y Ucrania) o con fuertes lazos político-militares y económicos con Rusia y China, en el caso de Kazajistán.
 El segundo punto que lleva a las empresas a la mayor exploración y extracción de uranio es la fuerte inversión que está desarrollando el Pentágono en el área de la IA, tecnología que requiere -y se encuentra limitada por- una alta demanda energética. Entre las inversiones para IA se encuentran las inversiones para poder hacerlas funcionar. En este marco, se piensa en la instalación de pequeños reactores modulares, con capacidad para alimentar una ciudad pequeña, abocados enteramente a sostener el funcionamiento de los centros de datos (datacenter). 
 El tercer punto vuelve a poner a la guerra como factor principal, ahora a la luz de las armas nucleares. La producción en masa de armas nucleares podría ser el destino final real de todo el uranio que se extraiga de la Argentina, siendo que por el momento la IA tiene más de burbuja financiera que de industria rentable.
 La entrega del uranio a los EE. UU. forma parte de una escalada bélica mundial que apunta a sacar al imperialismo de su retroceso histórico a partir del desarrollo de la barbarie más grande que haya visto la humanidad. La defensa de los glaciares, del agua y de los ecosistemas donde se instalen las minas debe ser discutida con este planteo. 

 Sergio Yeti 
 19/05/2026

La guerra golpea la deuda pública y amenaza derrumbar a los mercados privados


Pone al desnudo la crisis de dominación política internacional del capital. 

 Desde que la agresión norteamericana-sionista contra Irán desatara una crisis energética internacional, el aumento del precio de los combustibles, fertilizantes y algunos minerales raros de especial importancia, no impactó en forma concluyente en la media de inflación de los principales países. Por la misma razón, tampoco afectó los mercados de deuda pública y, por lo tanto, la tasa de interés. Este desfasaje ha concluido: el índice de precios mayoristas en Estados Unidos, en mayo, alcanzó el 6 % anual, cuando la meta de la política monetaria de la Reserva Federal, para los precios minoristas, es del 2 % y la tasa efectiva de mercado orillaba el 4 %. La inflación incide negativamente en los bonos de la deuda pública y un mercado vendedor. Aumenta el costo del financiamiento del Estado; en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania el pago de intereses de la deuda pública se ha convertido en el rubro más elevado de los gastos presupuestarios. Para contener la inflación, la política económica oficial prescribe el aumento de las tasas de referencia que aplican los bancos centrales. La irracionalidad del planteo salta a la vista, pues el desequilibrio económico que se pretende corregir es el resultado de una guerra internacional que tiene pronóstico de escalar. Como el gasto público desatado por la guerra deberá aumentar, como lo prevén los propios estados agresores, un aumento proporcional de los intereses de la deuda conducirá a una recesión ‘desordenada’, que se repartirá en forma extremadamente desigual. El paso siguiente será el racionamiento, como ocurre con todas las economías de guerra. 
 En este contexto, los analistas abordan otra cuestión: el contraste entre el mercado de deuda pública, en baja (aumentando intereses), y el mercado de acciones y el de crédito privado en general, que ha venido subiendo al ritmo de la Fórmula 1. Las ganancias financieras han sido enormes, incluso desde la embestida de Trump “contra el resto del mundo’ – como se viene diciendo. El ascenso accionario es, sin embargo, extremadamente, desigual – el 50% de la suba ha sido acaparado por las dos decenas de compañías que producen semiconductores e Inteligencia Artificial. Space X, la empresa de Elon Musk, ha alcanzado una cotización de 1.3 billones de dólares, con Nvidia pisándole los talones a cierta distancia. Los patrones de estas compañías hicieron parte del elenco que acompañó a Donald Trump a la reunión con Xi Jinping. Estas empresas se financian en el mercado bursátil, cuando emiten nuevas acciones a cotizaciones superlativas. Pero un gran número de ellas lo ha hecho en el mercado de crédito privado, con la particularidad de que se han endeudado varias veces por encima de su capital sin haber ofrecido ganancias realizadas, pero que descuentan que serán históricamente elevadas. Lo que preocupa a los analistas es que un aumento de la tasa de interés afecte ahora al mercado accionario; en primer término, al panel de las llamadas acciones tradicionales, que pagarían las consecuencias de una recesión. Pero, por, sobre todo, a las Grandes Magníficas, como se las llama, debido al mayor costo de su endeudamiento elevado. La crisis mundial de 2007/9 tuvo su epicentro en las Bolsas, no en la deuda pública. Sólo el rescate del capital privado por parte del Estado, en esa crisis y en las posteriores (pandemia), ha llevado a la deuda pública a niveles de default. En resumen, escalada de la guerra, mayor inflación, suba de tasas de interés, recesión, acabarían con el desfasaje entre el mercado de títulos públicos y el mercado accionario, provocando el derrumbe de este último. El mismo resultado podría provocar un revés militar del imperialismo norteamericano o una multiplicación de rebeliones contra las consecuencias de la guerra internacional y contra ella misma. 
 La interrelación de los escenarios de crisis financieras, podría acelerar los ritmos de ellas. Un aumento de la tasa de interés por parte del Banco de Japón, como ya viene ocurriendo, aceleraría la salida de inversiones niponas en Estados Unidos, donde hasta ahora obtenían un diferencial a favor; sería un movimiento de devaluación del dólar, en contradicción con el que impulsa su revalorización, mediante una suba de tasas en Estados Unidos. El eslabón más débil en esta crisis encadenada, es, posiblemente, Gran Bretaña, donde la cuestión de los títulos del Estado ha pasado a ocupar el centro de la crisis política. El impacto de estas sacudidas sobre China se daría en varios planos, en primer lugar, frente a una recesión internacional extendida. Provocaría un enorme revés en una economía que descansa sobre exportaciones elevadas crecientes, debido a una crisis de sobreproducción. Por otro lado, cerraría la apertura de fuentes de financiamiento, como se manifiesta en el éxodo de sus firmas hacia Singapur, que replica, en Asia, al mercado de Nueva York; el desarrollo del capitalismo en China ha sido financiado mayormente por el Estado y sus colaterales regionales y bancarias. El cierre de salidas a la crisis de sobreproducción sería, en China, una chispa eficaz para desatar protestas y rebeliones sociales. Pondría fin, de inmediato, a las fantasías de la burocracia china acerca de los “mercados abiertos” y la “multipolaridad”. La guerra imperialista internacional puede ser vista como un fenómeno súper-estructural, o sea geopolítico. como ocurre con muchos analistas, pero ella es siempre la expresión del estallido de contradicciones indisolubles instaladas en el modo de producción capitalista y, más precisamente, en su época de declinación. Es también la manifestación de la incompatibilidad entre el carácter internacional alcanzado por las fuerzas productivas, por una parte, y los estados nacionales, por la otra. La guerra mundial, de un lado, y la revolución internacional, del otro, no son más que dos salidas antagónicas a una misma contradicción, con la salvedad de que las guerras imperialistas reproducen esta contradicción hasta el infinito y la revolución internacional la supera históricamente. 

 Jorge Altamira 
 19/05/2026

Hidrovía: “empate técnico” en el último tramo de una licitación de interés ´geopolítico´


El lunes pasado, el gobierno nacional ratificó la continuidad de Jan de Nul y DEME, las dos empresas belgas en el proceso licitatorio de la Hidrovía. Este martes se procedió a la apertura de la oferta económica que realizaron ambas empresas, y ambas ofertaron por el mismo monto. 
 Sucede que la oferta económica por la licitación contenía un ardid, ya que el gobierno nacional incluyó en los pliegos un esquema de bandas con una tarifa mínima para la primera parte de la concesión y las dos empresas apostaron por la banda inferior de esa tarifa mínima. Por ende, ambas ofertaron por un monto de U$D 3,8 por tonelada transportada. Ante este “empate técnico”, el gobierno nacional, a través de la Administración de Puertos, volverá a revisar la propuesta técnica, en la que se había impuesto Jan de Nul. En su momento, desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señalaron que en la instancia técnica se presentaron irregularidades de todo tipo. 
 La fiscalía anticorrupción, la pasada semana, elaboró un dictamen donde señala que la discrecionalidad técnica se agravó por el diseño matemático de la fórmula de evaluación económica. “La extrema sensibilidad del sistema ante variaciones tarifarias mínimas convierte a la competencia por precio en un ejercicio ficticio. En la práctica, este esquema anula la puja económica y traslada el peso de la adjudicación de manera casi exclusiva hacia el plano técnico, comprometiendo la objetividad del proceso y generando las condiciones propicias para un potencial direccionamiento” (El Destape, 19/5).
 Según José María Lojo, expresidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y extitular del Consejo Portuario Argentino “la licitación estuvo direccionada. Se sabía que tal como habían sido redactados los pliegos, el mejor posicionado sería Jan de Nul y la oferta económica se volvía una trampa. ¿Casualmente las dos empresas ofertaron el mismo valor para la tarifa?”. 
 Por su parte, desde el Ministerio de Economía afirmaron que no hubo una instancia de impugnaciones entre las empresas, una verdad a medias, ya que en fases precedentes se acusaron mutuamente de tener vínculos con dragadoras de capitales chinos. 
 En la segunda instancia del proceso licitatorio, desde DEME denunciaron que China buscaba intervenir de manera indirecta y que, más precisamente, los capitales asiáticos se encontraban detras de Jan de Nul. Un mes atrás, Arthur Van Desande, asesor de DEME, señaló que “Jan de Nul se asoció con Servimagnus SA, desde hace 20 años el conducto de China en Argentina. Servimagnus SA es el principal subcontratista de dragado de Jan de Nul. A través de las relaciones de Servimagnus con Agrofina, aparecen varias empresas estatales chinas vinculadas al PCCh (...), lo que representa un riesgo significativo para la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Argentina”, y advirtió que “el riesgo que representa China es demasiado alto como para permitirle un control absoluto sobre la Vía Navegable Troncal (...) la seguridad nacional de Estados Unidos y Argentina está en juego” (La Nación, 15/4). 
 Por su parte, desde Jan de Nul denunciaron vínculos de DEME con China, tanto en Ecuador como en la licitación corta de la Hidrovía en 2022, donde integró un joint venture con firmas de ese origen. 
 Para no naufragar nuevamente en la licitación, el gobierno nacional limitó la participación de empresas que hayan sido sancionadas por organismos multilaterales debido a distintos incumplimientos y aquellas que tengan participación estatal, incluida YPF. El DNU fue hecho a medida para desplazar a los capitales chinos y en esta línea de acción la empresa estatal CCCC Shanghai Dredging quedó fuera de la licitación en sus fases preliminares y, con ella, todas las empresas chinas. Un dato no menor es que el país asiático es el principal comprador de los productos que salen por la Hidrovía. 
 En el comunicado del Ministerio de Economía obviaron mencionar el dictamen de la PIA sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental asociados a la ampliación del calado en algunas zonas del río Paraná, y señaló que la última actualización de un estudio de este tipo data de 2006. Pablo Payró, miembro del Foro por la Recuperación del Paraná, explicó que “los barcos se deben adaptar a los ríos, y no al revés. En ningún lugar del mundo se hace lo que se pretende hacer acá: que un buque oceánico pueda ingresar 500km dentro de un continente. En la licitación no se ha presentado ningún estudio de impacto ambiental que avale y sustente semejante decisión; se ha hecho lugar al pedido de las agroexportadoras (las empresas extranjeras que son las principales beneficiarias en todo este proceso), que buscan reducir costos logísticos y aumentar sus ganancias sin medir las consecuencias”. 

 Lobby desenfrenado

La privatización de la Hidrovía, que junto con la del Belgrano Cargas son las dos más importantes que lanzó el gobierno liberticida, está cruzada por intereses de toda índole, teniendo en cuenta el negocio millonario que se anida detrás del control de la vía navegable, una de las más importantes del mundo por los volúmenes de cereales, harina, aceite y parte de la industria automotriz (y otras yerbas) que se transportan anualmente. En definitiva, el control de la ´autovía fluvial´ es una cuestión de poder. 
 Detrás de Jan de Nul se encuentra la argentina Servimagnus, empresa de la familia Román. Por su parte, DEME va a la carga con las dragadoras norteamericanas Great Lakes, Clear Street y KKR. 
 Jan de Nul, la principal apuntada para hacerse de la concesión, cuenta con un complejo entramado político-empresarial de larga data. En 1995, con el apoyo del Grupo Emepa del empresario Gabriel Romero, se hizo de la concesión. Básicamente Jan de Nul puso a disposición un conjunto de conocimientos prácticos y experiencia en el área, que el empresariado argentino no tenía para dragar el Paraná. Al mismo tiempo el Grupo Emepa se hizo de la concesión del Belgrano Norte. Romero figura como arrepentido en la causa Cuadernos, en la que confesó que pagó coimas por U$D 600.000, para que el gobierno de CFK le extendiera por decreto la concesión de la explotación del tramo del río Paraná-Paraguay, que permite conectar el Atlántico y Asunción para el comercio internacional (La Nación, 19/5). El empresario “también reveló que le entregaba al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, un retorno de 10 % a 15 % de los subsidios que recibía por su empresa Ferrovías y además le daba una cuota anual de US$ 500.000 para asegurarse el control de los negocios ligados al transporte” (ídem). La sociedad Jan de Nul y Romero se dividía el negocio de la Hidrovía ‘fifty-fifty’. Al comenzar la causa Cuadernos, los belgas se despegaron de Romero para no quedar pegados en los casos de corruptela. 
 En el truncado proceso de licitación, que viene desde finales del gobierno de los Fernández y atravesó todo el gobierno de Milei, actores con fuertes intereses en el negocio señalan que Jan de Nul es la “elegida” para quedarse con la concesión. De hecho, cuando se cae la primera licitación, la misma se anuló horas antes de que se abran los sobres con las ofertas económicas, cuando la PIA dio a conocer que en los pliegos había requisitos que sólo podía cumplir Jan de Nul. 
 Entre las firmas que aparecen como apuntadas en este esquema, que cuenta como mascarón de proa a Jan de Nul, se encuentran una de las patas de la “patria contratista”: el Grupo Neuss, de los hermanos Juan y Patricio Neuss, que se han hecho de varias licitaciones estatales, en especial en los rentísticos sectores energético y petrolero. Los hermanos Neuss tienen llegada directa al gobierno libertario, ya que son muy cercanos a Santiago Caputo y financistas de la Fundación Faro, el ’think tank’ libertario, encabezado por el ultramontano de Agustín Laje. Este entramado es coronado con la presencia de Iñaki Miguel Arreseygor, que está al frente de la ANPyN. 
 Por su parte, DEME, que viene denunciando insistentemente que los pliegos favorecen a su rival, ya que uno de los requisitos que más puntaje otorga en la instancia técnica es el de contar con la “experiencia en una explotación similar”, no está exenta de controversias. En febrero de 2025, cuando se cayó el proceso licitatorio, Iñaki Arreseygor en su presentación ante el Congreso dio a entender que DEME operó a través de estudios de abogados, medios de comunicación y políticos que orquestaron la caída del proceso que terminó con la nulidad. Arreseygor señaló al exministro Guillermo Dietrich y a Mauricio Macri por haber operado en favor de DEME desde las páginas del diario La Nación. 
 En su reciente viaje a Estados Unidos, Santiago Caputo mantuvo reuniones reservadas con funcionarios norteamericanos. Primero fue citado por Brian Mast, representante republicano por Florida y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y luego se reunió con Michael Jensen, asesor especial de Trump sobre Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Mast, dando cuenta del interés norteamericano en la Hidrovía, declaró ante el sitio The Floridian que “los Estados Unidos acaban de asistirlos con U$D 20.000 millones, y que no se permita a empresas norteamericanas trabajar en sus puertos, sus vías navegables, el dragado o cualquier otra actividad es inaceptable para nosotros”. Concretamente, los funcionarios trumpistas le transmitieron al asesor presidencial su inquietud por la penetración de capitales chinos en sectores estratégicos de la Argentina. 
 En las reuniones paralelas que mantuvo Caputo estuvo flanqueado por Barry Bennett, socio en la firma Tactic Global, del argentino Leonardo Scaturice, el presunto exagente de inteligencia que hoy es dueño de Flybondi y de OCA. Además de la Hidrovía, en las reuniones surgió la cuestión del puerto de Ushuaia y la cuestión energética. 
 Los funcionarios y lobbystas norteamericanos le hicieron saber a Caputo que en los EE. UU. circula la sospecha de que detrás de Servimagnus, socia de Jan de Nul, se encuentra la injerencia de la República Popular de China. También le señalaron que el pliego de la licitación favorecería a Jan de Nul en detrimento del encabezado por Deme, con capitales norteamericanos detrás. “Hay informes de los Estados Unidos que sugieren el vínculo. A Santiago le avisaron que esos informes estaban”, apuntó una fuente al tanto de las conversaciones. (La Nación, 15/5) Estas reuniones se dieron en el marco de la cumbre entre Trump y Xi Jingping, en la que este último planteó una nueva “estabilidad estratégica”, pero ante un tema estratégico, como lo es la Hidrovía, el “American First” tiene su primacía en la agenda hemisférica de los Estados Unidos. Todo un desafío para el gobierno de Javier Milei que, si bien mantiene un rabioso alineamiento político, económico y militar con Estados Unidos e Israel, nunca descuidó sus vínculos con China, a quien el presidente argentino llegó a definir como “un gran socio comercial” (ídem). 
 La licitación ha encontrado un nuevo escollo que el Gobierno busca sortear rápidamente para satisfacer los intereses norteamericanos, del capital agroexportador y de la “patria contratista”, quienes buscan reforzar el control del comercio, el contrabando y la apropiación de recursos naturales a manos de las grandes cerealeras y el Comando Sur, que ya opera en el río Paraná por medio de técnicos militares. 

 Lucas Giannetti 
 20/05/2026

Karina Milei-Santiago Caputo: el gobierno liberticida se resquebraja


El gobierno liberticida experimenta una agudización de la lucha de camarillas “ménemokarinistas” y “santicaputistas”. Algunas versiones indican incluso que ha debido postergar la reunión de la ´mesa política´ para evitar una trifulca. 
 Aunque la disputa tiene larga data, eclosionó durante el fin de semana, cuando Santiago Caputo reveló que detrás de la cuenta de X @PeriodistaRufus se ocultaba el presidente de la Cámara de Diputados y escolta de Karina Milei, Martín Menem, desde donde disparaba fuego graneado contra Santiago Caputo, pero también contra su tío, el titular de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios. Puesto en evidencia, Menem borró la cuenta. Con ánimo de pacificar, Javier Milei lo excusó y dijo que era todo "prefabricado". También se refirió a Santiago Caputo como "un hermano del alma". Los tuiteros "caputistas" no retrocedieron y le devolvieron nuevas pruebas informáticas de que Menem era, efectivamente, quien operaba la cuenta.
 El asunto ha escalado a niveles que han dejado en segundo plano, por primera vez en 70 días, los infortunios de Manuel Adorni y su suntuoso tren de vida. 
 El "asesor" pelea por matener su injerencia en el gabinete. Mantiene, por ahora, bajo su control a la SIDE y a ARCA, dos resortes fundamentales de la política estatal y una enorme cantidad de recursos, como el manejo de información de inteligencia política y económica, la administración de gastos reservados y la recaudación fiscal. Ha resignado, en cambio, el dominio sobre el Ministerio de Justicia tras el nombramiento de Juan Bautista Mahiques, un exponente de la ´casta judicial´, a instancias de la hermana del presidente. Más recientemente, Karina Milei colocó a Sebastián Pareja al frente de la estratégica Comisión de los Organismos y Actividades de Inteligencia Bicameral, que tiene a su cargo el control de los gastos reservados de la SIDE que administra el “caputista” Cristián Auguadra. La vicepresidencia de la comisión también quedó en manos de otro aliado de Karina Milei, Martín Goërling Lara, senador misionero que preside el bloque del PRO en Senadores.
 Un alto funcionario del gobierno le dijo a La Nación que “podrán fingir demencia, pero lo que pasó es serio. Es difícil saber qué va a pasar o si va a terminar pasando algo, pero está claro que hay un quiebre como no lo hubo nunca antes” (La Nación, 19/5). Hasta ahora, Javier Milei no ha tomado posición sobre la pelea de fondo.
 Las peleas de camarillas han sido una constante en el gobierno liberticida, como lo prueban la difusión de audios y chanchullos que involucran a funcionarios de segunda línea, aunque nunca hasta ahora habían quedado tan expuestas en el máximo nivel de la gestión. Hace 15 días se presentó otro quiebre interno, cuando Patricia Bullrich reclamó públicamente que Adorni presente de manera urgente su declaración jurada.
 El motivo de fondo de este súbito agravamiento de las grietas que exhibe el gabinete se vincula con el plan de privatizaciones. Caputo ´apadrina´ a la familia Neuss, que ha pasado del negocio de la aguas gaseosas a ingresar con fuerza en el negocio de la energía, haciéndose de las acciones estatales de Transener y disputa la Hidrovía. Santiago Caputo viajó especialmente a Estados Unidos a discutir este tema. El "asesor" mantiene vínculos aceitados con la administración Trump, los servicios de inteligencia del imperialismo y con lo más granado de la derecha trumpista. Detrás de las firmas que pergisuen hacerse de la administración de la navegación del Río Paraná se ocultan intereses geopolíticos poderosos. 
 Por otro lado, la secretaria general de la Presidencia es también su recaudadora. La competencia con otro advenedizo, sin cargo formal en la estructura de gobierno, anima este choque de ambiciones personales. 
 El robo de los fondos de ANDIS, la estafa $Libra, los préstamos del Banco Nación, Adorni -y la lista sigue-, retratan al gobierno Milei. 

Lucas Giannetti
20/05/2026

miércoles, 20 de mayo de 2026

Cómo sería un gobierno de Izquierda | Cumbre TRUMP - XI | Rebelión en Bolivia | 14 Toneladas T3E15

Audiencia pública por la libertad de Milton y Eneas // Legislatura CABA

Radiografía de la uberización del mercado laboral argentino


Informes confirman que cada vez son más los trabajadores con más de un empleo o que pierden el trabajo y migran al “monotributo”.

 La ofensiva antiobrera del gobierno de Javier Milei y las patronales está profundizando una orientación que muchos sectores han denominado “uberización” del mercado laboral, por la cual aquellos trabajadores despedidos o incluso con un empleo cuyo salario no les alcanza se ven forzados a realizar otros trabajos precarios, como choferes de Uber, repartidores de las apps de delivery y otros empleos degradados donde no se reconoce la relación de dependencia y prima la autoexplotación. 
 No solo se trata de los casi 300.000 puestos de trabajo liquidados por la política económica del gobierno de Milei, sino también de la situación de aquellos trabajadores en actividad que requieren un segundo empleo para poder llegar a fin de mes: el pluriempleo pasó del 8,8% en 2016 al 12,2% en la actualidad, con casi 1,6 millones de ocupados con más de un trabajo, mientras que los ocupados demandantes de más horas de trabajo pasaron el 17,7% en 2022 a casi 20%. 
 Es la situación que retrata el testimonio del docente universitario Nicolás Pozdzyk, quien como docente de la Universidad de Buenos Aires –fuertemente ajustada por el gobierno nacional que se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario- llega a cubrir tan solo el 25% de sus ingresos totales, mientras que el 75% restante lo hace trabajando como chofer de pasajeros y fletes. 
 Según un informe publicado por el Grupo de estudios sobre movilidad y desigualdad social del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) la caída del empleo formal es incluso levemente inferior a la creación de “puestos cuentapropistas”, considerados de baja calificación o precarios, con una proporción de asalariados formales está en el mínimo histórico, con 46% del total de ocupados, contra un 48% de informalidad laboral. 
 Se trata de un deterioro general del mercado laboral que no solo afecta a millones de trabajadores, con peores salarios y condiciones laborales, sino que redunda en una caída de la recaudación de otros institutos, como el sistema previsional argentino y las obras sociales, vaciando y liquidando derechos de los trabajadores y beneficiando únicamente a las patronales. 
 De acuerdo al mismo informe 7 de cada 10 nuevos puestos creados son precarios y los otros 3 restantes son monotributistas (Es decir: 7 son cuentapropistas de baja calificación y 3 monotributistas), por lo que 10 de 10 son “autoempleo”. 
 Los cuentapropistas de baja calificación crecieron velozmente los últimos diez años, pasando de 1,8 millones en 2016 a 2,6 millones en 2025, con un 73% de estos en la informalidad (sin monotributo ni obra social o jubilación). Estamos hablando de comerciantes callejeros, obreros de la construcción y trabajadores de producción industrial informal, con un 85% que no supera la línea de pobreza y el 42% la de indigencia.
 La situación es aún más grave para el caso de la juventud con menos de 30 años, quienes representan el 53% de los desocupados y con una tasa de informalidad laboral que alcanza el 58% (casi 2 de cada 3 jóvenes son informales). Mientras que los jubilados que trabajan asciende al 18% (el máximo en 9 años), debido a la insuficiencia de ingresos de los haberes jubilatorios. No solo se trata de las consecuencias de una política económica recesiva, ligada a los negocios del capital internacional, financiero y la banca privada, sino que también existe una colaboración estrecha de la burocracia sindical al frente de las centrales obreras y la mayoría de los sindicatos, dejando pasar las reformas antiobreras (Ley Bases, Ley de Modernización Laboral, etc., los cierres de plantas y despidos, y aceptando los techos paritarios oficiales que anclan los salarios por detrás de la inflación. 
 La complicidad de la burocracia sindical con este deterioro va todavía más lejos, con el antecedente de la tercerización y flexibilización laboral bajo el kirchnerismo, del cual los burócratas como José Pedraza, entonces secretario general de la Unión Ferroviaria y “modelo sindical” de Cristina, terminaron como socios comerciales de las patronales y como verdugos de los trabajadores, con el asesinato de Mariano Ferreyra de por medio para intentar evitar la organización contra el fraude laboral y para conquistar el pase a planta permanente bajo el convenio correspondiente, poniendo fin a la división del colectivo obrero.
 Esta situación requiere de desarrollar la organización independiente de los trabajadores, con la unidad de trabajadores registrados e informales o mal encuadrados, para luchar contra la precarización laboral, el pluriempleo y la explotación patronal, y derrotar al gobierno ajustador y negrero de Milei y sus colaboradores. 

 Marcelo Mache

Semana de maniobras en el Congreso: la oposición patronal al rescate de Adorni y la agenda del oficialismo


El oficialismo convocó una sesión este miércoles para bloquear la sesión especial de la oposición para interpelar a Adorni y otros funcionarios. 

 La crisis política abierta alrededor del gobierno de Javier Milei tendrá este miércoles un nuevo capítulo en el Congreso Nacional, atravesado por maniobras, negociaciones y operaciones de rescate al oficialismo. Mientras distintos bloques opositores habían convocado para las 11:00 horas una sesión especial destinada a tratar pedidos de interpelación contra Manuel Adorni y otros funcionarios, y también diversos reclamos populares, La Libertad Avanza respondió convocando otra sesión una hora antes con un temario completamente distinto y el objetivo evidente de hacer caer la iniciativa contra el jefe de Gabinete. 
 La sesión impulsada originalmente por diputadas y diputados del Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Defendamos Córdoba, sumó ahora firmas de Unión por la Patria y contempla tratar distintos pedidos de interpelación contra Adorni, incluyendo la moción de censura presentada por el Frente de Izquierda Unidad para removerlo del cargo. También figuran pedidos de interpelación a Sandra Pettovello y Carlos Torrendell por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, diversos proyectos sobre licencias parentales, la virtual eliminación del Plan Remediar, la situación crítica del Pami respecto a la cobertura de medicamentos, y el vaciamiento y despidos del Servicio Metereológico Nacional. 
 Sin embargo, apenas se confirmó la convocatoria opositora, el oficialismo movió sus fichas, convocando una sesión para las 10:00 horas junto a los bloques colaboracionistas, buscando ocupar el recinto antes de que avance cualquier debate sobre Adorni. El temario elegido incluye la llamada “Ley Hojarasca”, orientada a derogar regulaciones y normativas favorables a los trabajadores y populares; distintos tratados y convenios internacionales; y las modificaciones al régimen de zona fría para habilitar nuevos tarifazos energéticos en todo el país.
 Según los distintos trascendidos periodísticos, la sesión especial convocada por el oficialismo reuniría un quórum muy ajustado de 129, si asiste la bancada libertaria y la totalidad de las bancadas de los bloques que comprometieron su participación (PRO, UCR, MID, Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo). Si el oficialismo fracasa, igualmente el quórum para la sesión especial convocada por la oposición aparece más complejo. Los bloques firmantes podrían no participar en pleno, como es el caso de Provincias Unidas, cuya presidenta de bloque, Gisela Scaglia, participó de una reunión de presidentes de bloque “dialoguistas” con Martín Menem. Particularmente los legisladores que responden a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe podrían ausentarse como “gesto” de gobernabilidad. 
 El gobierno pretende así retomar la iniciativa en el Congreso para profundizar su ofensiva antiobrera mientras bloquea cualquier cuestionamiento e investigación sobre los escándalos de corrupción y negociados que envuelven a la camarilla libertaria. La denominada “Ley Hojarasca” constituye directamente un programa de demolición de derechos y regulaciones que interfieran con los negocios capitalistas, mientras el recorte de zona fría apunta a descargar sobre millones de familias trabajadoras nuevos aumentos en las tarifas de gas y la energía.

 La oposición patronal al rescate de Adorni 

Uno de los datos políticos más relevantes vuelve a ser el rol de la oposición patronal, particularmente de Unión por la Patria. Todo indica que el peronismo está jugando a congelar el tema Adorni. Al menos eso es lo que ha ocurrido concretamente hasta ahora. La primera manifestación de esto fue que ninguno de los 93 diputados de Unión por la Patria firmó originalmente el pedido de sesión especial del jueves pasado, que no competía con ninguna convocatoria del oficialismo. Dicha sesión se postergó por expreso pedido del bloque peronista, que argumentaba que “la agenda no puede ser solo el tema Adorni”. Curioso argumento de parte de un bloque que usó sus 68 minutos de la sesión informativa a la que concurrió el jefe de gabinete el 29 de abril a hablar casi exclusivamente del “tema Adorni”. 
 Además de ello, bien podría haberse reprogramado la sesión especial de este miércoles para el jueves y evitar así superponerla con la maniobra oficialista. Lo que ocurre es que distintos medios señalan la existencia de negociaciones entre Martín Menem y sectores del peronismo para evitar tanto la interpelación como cualquier avance de una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Según esas versiones, una parte del PJ considera que la continuidad de Adorni “desgasta” al gobierno y por eso prefieren preservarlo.
 Lejos de representar una oposición consecuente al régimen libertario, el peronismo vuelve a mostrar su política de contención y colaboración parlamentaria. En la escena mediática nacional, los escándalos de corrupción de Adorni ocupan hoy un lugar muy destacado. Un factor muy importante es justamente el contraste que existe entre el enriquecimiento ilícito, la compra de propiedades, los vuelos privados y los viajes de lujo, con la realidad material de millones de trabajadores que sufren sobre sus espaldas un ajuste brutal del cual este gobierno es el principal responsable. Sostenerlo en su cargo no “desgasta” al gobierno, sino que colabora con el fortalecimiento de este gobierno enemigo de los trabajadores. 
 El problema de fondo para los bloques patronales y, por lo tanto, defensores de las “instituciones”, es que una eventual caída de Adorni podría abrir una crisis política mayor para el gobierno de Milei. La defensa cerrada del jefe de Gabinete por parte de Milei revela que el gobierno teme que cualquier fisura exponga el entramado de corrupción, privatización y negocios que atraviesa a toda la administración libertaria. 

El planteo del Partido Obrero y el Frente de Izquierda 

El planteo del FIT-U se distingue por señalar que Adorni es apenas una expresión de un régimen de negociados, privilegios y corrupción que encabeza Javier Milei desde la Casa Rosada. Como señaló Néstor Pitrola en la cara del jefe de Gabinete en la sesión del 29, día del ñoqui: “Milei es el vértice superior de una pirámide de corrupción”.  A diferencia de las del peronismo, la intervención de Pitrola se destacó por una denuncia integral al régimen político de corruptos y estafadores, y a los ataques contra los trabajadores y el pueblo. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de no circunscribirse solo a Adorni, planteando el juicio político contra Javier Milei. Este planteo lo proponemos al movimiento popular como una bandera de lucha frente a un gobierno que hunde al país en una catástrofe social: salarios destruidos, jubilaciones de miseria, despidos, tarifazos, cierre de fábricas, desmantelamiento de organismos públicos, ajuste a la educación, ajuste a la salud y sometimiento al FMI. 
 Queda demostrado, una vez más, que el camino para derrotar este régimen de hambre y saqueo no vendrá de las maniobras parlamentarias de una oposición patronal que permanentemente rescata al gobierno cuando este entra en crisis. La tarea estratégica es desenvolver la organización independiente de los trabajadores y una gran movilización popular capaz de derrotar el ajuste, los tarifazos y el conjunto del programa fondomonetarista del gobierno libertario y sus cómplices. 

 Fede Casas

martes, 19 de mayo de 2026

Fuerzas Armadas: entre el rearme y la motosierra


En un movimiento aparentemente contradictorio, el Gobierno anunció un programa de rearme de las Fuerzas Armadas y, casi simultáneamente, un recorte de casi 3 % en el presupuesto de Defensa. 
 El gobierno nacional lanzó el Plan de Adecuación y Re-equipamiento Militar Argentino (ARMA), para “ordenar y “Fred” Machado se declara culpable de fraude y lavado de dinero en Estados Unidospriorizar el re-equipamiento militar en función del planeamiento conjunto y de las necesidades operativas de cada fuerza”. El programa se financiará por medio de privatizaciones, concesiones y venta de activos estatales. El 70 % de los recursos que ingresen por ventas o concesiones de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas serán destinados a la compra de equipamiento y obras de infraestructura.
 Los liberticidas prevén que, si se avanza en las privatizaciones, los fondos destinados a Defensa “podrían adquirir una magnitud relevante durante los próximos años”. En los pasillos de la Casa Rosada sostienen que “la decisión responde a una instrucción directa del presidente de fortalecer áreas consideradas sensibles para la defensa nacional, en un contexto regional e internacional que volvió a poner en primer plano la cuestión militar, la vigilancia de fronteras, el control marítimo y la competencia geopolítica por espacios estratégicos” (Infobae, 1/5).
 El plan también contempla obras de infraestructura consideradas "críticas" para el funcionamiento de las Fuerzas, como bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, instalaciones logísticas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en unidades militares. Uno de los proyectos más relevantes es la Base Naval Integrada a construirse en Ushuaia, un reclamo del imperialismo para incrementar su logística y operatividad sobre el Atlántico Sur, el paso bioceánico de Magallanes y la Antártida. 
 El Plan ARMA, de alguna manera, es una ´contribución´ del Estado argentino a la empresa bélica imperialista. Comenzó con la compra de aeronaves de combate F-16 Fighting Falcon, de origen norteamericano, a Dinamarca, que se complementa con inversiones “en bases aéreas, simuladores, entrenamiento de pilotos, logística y mantenimiento especializado” (ídem). Por su parte desde el Ejército avanzaron en la compra de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos, destinados a mejorar movilidad táctica, protección y capacidad de despliegue rápido. Desde la Armada, el arma más enconada con el ministro Presti, buscan recomponer la operatividad submarina luego de la implosión del ARA San Juan en 2017. Nuevamente, negocio en puerta para los proveedores.
 En contraste con esto, el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), un programa de autoría de Agustín Rossi para equiparar los salarios de las Fuerzas Armadas con las de otras fuerzas de seguridad, se encuentra congelado. Inicialmente se financiaba con un porcentaje progresivo de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, pero el Presupuesto de 2026 derogó este financiamiento porcentual y se estableció un monto fijo, eliminando las garantías de financiamiento automático. 
 El gobierno liberticida también ha dispuesto el recorte del 2,6 % de los recursos para el sector, haciendo peligrar no ya la "capacidad de combate" de los militares argentinos, sino el pago de la luz y el gas de los cuarteles y la comida de los soldados. Altas fuentes del Ejército le señalaron a Clarín (11/5) que “la medida afectará aún más la ya crítica entrega de alimentos a los efectivos. Muchos de ellos ya encuentran dificultades para obtener raciones, salvo cuando realizan guardias, y la mayoría de los soldados dependen de las comidas en los cuarteles para poder alimentarse debido a los bajos salarios, que no llegan siquiera a mil dólares”. El sitio especializado Zona Militar estima un recorte superior a los $48.900 millones. Desde el gobierno nacional salieron a señalar que el recorte no supone necesariamente la cancelación definitiva de la iniciativa de rearme, aunque sí posterga su ejecución hasta encontrar una fuente alternativa de financiamiento. 
 En el cuadro de crisis en OSFA -Obra Social de las Fuerzas Armadas-, la única área que percibirá un aumento en las partidas es Sanidad Naval, con un incremento de $4.000 millones, “compensación que no modifica las capacidades operativas pero evidencia la presión acumulada sobre el sistema sanitario de la fuerza” (ídem). 
 En síntesis, el "rearme" de las FF. AA. será un negocio. El avance de las privatizaciones supone un gran negocio inmobiliario, por un lado, las tres fuerzas, que cuentan con terrenos y locaciones altamente codiciadas por los especuladores, ubicadas en todo el país, y por otro los proveedores de armamento, especialmente norteamericanos e israelíes, de acuerdo al alineamiento ´estratégico´ del gobierno argentino. 
 La excusa de "la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico" ha servido para justificar este intento de devolverles a los militares protagonismo político. Incluso ha incorporado a una de sus facciones al gabinete, inaugurando un gobierno cívico-militar. Los liberticidas quieren sumar a las Fuerzas Armadas como un contrapeso esencial ante una crisis interna y una rebelión popular, pero la crisis estructural que sacude a su gobierno acabó por envolver este proyecto represivo. 

 Lucas Giannetti
 18/05/2026

“Fred” Machado se declara culpable de fraude y lavado de dinero en Estados Unidos


Espert queda en el centro de la escena Federico 

“Fred” Machado, exfinancista de José Luis Espert durante su campaña presidencial en el año 2019, ha decidido declararse culpable de los delitos de fraude y lavado de dinero tras llegar a un acuerdo en Estados Unidos con el fiscal federal de Texas, Jay Combs. El acuerdo tiene como intención evitar el juicio oral, que podía resultar en varias décadas de condena, así como el retiro de la acusación de narcotráfico, que había sido central en 2020 cuando surgió la denuncia contra Machado. El acuerdo debe ser aceptado por el juez para que sea oficial. Machado se encuentra hace 6 meses arrestado en un penal de Oklahoma y su proceso puso en el centro de la escena, el año pasado, sus aceitados vínculos con el entonces diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, un fascista que se caracterizaba por reclamar “bala para los delincuentes” en las redes sociales, y quien tuvo que bajar su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el escándalo. 
 El acuerdo firmado por Machado no estipula una condena concreta, que será definida por el propio juez, aunque descarta la acusación más importante contra Machado. Su exsocia, Debra Lynn Mercer-Erwin, fue sentenciada a 16 años tras admitir el delito de narcotráfico internacional en 2023. Ahora, Machado espera obtener diversos beneficios como que sean tenidos en cuenta como cumplimiento de sentencia sus 4 años de prisión domiciliaria en Río Negro desde 2021 hasta su extradición a los Estados Unidos. La extradición fue acelerada por el alcance público que obtuvo la revelación de una conexión oscura entre Machado y el entonces candidato a diputado nacional, José Luis Espert.
 El dueño de la empresa de aviación South Aviation espera concretar una pronta recuperación de su libertad y obtener el beneficio de culminar su sentencia en libertad en la Argentina. Los medios aseguran que su entorno asegura que al retornar al país volverá a ejercer sus negocios. Machado fue un habitué de las altas esferas de la política local durante al menos dos décadas; también se conocen conexiones de importancia en el ámbito del espectáculo y el deporte. Dedicado a los vuelos privados, supo construir una sólida red de contactos. Machado es solo un alfil de la lumpenburguesía que vive del robo y la estafa. 
 La actividad por la que es acusado Machado incluye la creación de un fideicomiso para inscribir aviones con licencia estadounidense, logrando circular millones de dólares mediante este mecanismo. Durante años, Machado y sus socios recurrieron a la estafa lisa y llana en la venta de supuestos aviones que resultaban “invendibles”, puesto que pertenecían a terceras empresas. Entre los casos reconocidos por Machado en el expediente se cuenta: “en septiembre de 2019, lo hicieron con una aeronave radicada en China; en febrero de 2019, con un avión que pertenecía a All Nippon Airways desde 2010 y estaba registrado en Japón; y en noviembre de 2020, con un avión de Air India, sobre el que se firmó un contrato por un depósito reembolsable de US$ 5 millones.” (La Nación, 15/05) 
 El proceso de lavado de dinero ha puesto en el centro de la escena la transferencia por 200 mil dólares realizada a Espert, que figura entre las pruebas del fiscal Combs para justificar la acusación. Machado se vió obligado a alcanzar un acuerdo, tras negar en repetidas instancias cualquier delito, debido a la acumulación de pruebas en su contra, 20 terabytes de información, y la sentencia de su principal socia, Mercer-Erwin. 
 Se especula que Machado haya otorgado información, no publicada, a las autoridades puesto que los acuerdos siempre incluyen el arrepentimiento y la cooperación con las autoridades. Se espera que haya sido el otorgamiento de otros implicados o de la ingeniería utilizada para lograr un circuito confiable (Diario Ar, 12/05).
 La resolución de la causa contra Machado puede traer consecuencias contra el exdiputado Espert, que se encuentra acusado por lavado de dinero para la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables en un juzgado federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli. La investigación es conducida por el fiscal Fernando Domínguez, que ha encontrado diversos indicios que corroboran las acusaciones contra Espert. En primer lugar, el fiscal ha demostrado que existió una relación comercial entre Espert y Machado. En segundo lugar, demostró que la justificación presentada por Espert: auditar las finanzas de Minas del Pueblo, en Guatemala, a pesar de no tener experiencia previa comprobable, alcanzaba en realidad un monto por 1 millón de dólares y nunca fue llevada a cabo. Con el reconocimiento de Machado sobre sus delitos, Espert se transforma en un eslabón de la red de lavado de dinero. 
 Atento al desenlace judicial de su exfinancista, Espert intentó trasladar sus causas a Comodoro Py, algo que fue rechazado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que lleva adelante la causa abierta en 2021 tras el pedido de detención de Machado por parte del tribunal de Texas. 
 La trama delictiva de Machado-Espert se ha extendido como una mancha de aceite sobre la primera línea del gobierno liberticida. La estafa y el robo son el método de gobierno que ha encarado “La Libertad Avanza”; para este fin ha moldeado un régimen político a su medida. Es lo que sucede, a su propio nivel, con Donald Trump y su gabinete. La red internacional de la guerra y el fascismo es, a su vez, la del pillaje y el robo. Toda una clarificación del estadio que ha alcanzado el parasitismo del capital en su decadencia histórica. 

 Joaquín Antúnez
 17/05/2026