lunes, 11 de mayo de 2026
Escándalo y desfalcos en Nucleoeléctrica Argentina
A los escándalos y corruptelas que envuelven a los funcionarios públicos del gobierno que vino a “eliminar la casta" se agrega la ahora imputación del economista y exjefe de asesores del presidente Javier Milei, Demian Reidel, por los gastos y consumos exorbitantes efectuados con la tarjeta de crédito corporativa de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A, de la cual estuvo al frente de la misma hasta febrero de este 2026. Más estafas de los “libertarios” en un punto sensible y estratégico para el país, como el sector nuclear, que el gobierno está privatizando y subordinando a los intereses norteamericanos.
La causa en cuestión investiga los presuntos gastos particulares realizados en viajes al exterior por integrantes de la empresa estatal, entre los que se encuentran 45 compras en free shops por 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos; 13 pagos a “Mar y Sombra SL”, empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares; transferencias de Mercado Pago, hoteles, gastos en aviones e indumentaria, distribuidos en diferentes países; y adelantos en efectivo por $56.000.000 y gastos en el pub El Pirata (Madrid) por 765 dólares (Infobae, 8/5/26).
Nucleoeléctrica es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, por lo que la malversación de fondos de Reidel y su equipo –se está investigando el alcance de los implicados- implica otra de las estafas de los “libertarios”, al mejor estilo y libreto del jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, acusado de enriquecimiento ilícito, sin poder explicar el origen y el aumento exponencial de su patrimonio.
Se encuentran también “implicados los integrantes del Directorio, la Sindicatura y a los responsables del control interno de gastos corporativos, por haber presuntamente omitido ejercer los deberes de control, vigilancia y autorización que les incumbían, respecto de los consumos aludidos”, según informó la fiscalía, en una causa que investiga los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público (Ídem).
Este escándalo se da en un sector sensible y estratégico para el país, que viene siendo subordinado por el gobierno de Javier Milei al control y los intereses norteamericanos. Una delegación de siete funcionarios norteamericanos se encuentra en una llamativa visita a tres centros atómicos estratégicos de la Argentina y en la sede central de la CNEA, sin que existieran informes claros al respecto o transparencia del propósito de su visita. La delegación norteamericana tiene previsto recorrer los activos físicos de producción y almacenamiento de materiales en el Centro Atómico Constituyente, el Centro Atómico Ezeiza y el Centro Atómico Bariloche.
Cabe destacar que el consorcio estadounidense Industrial Acquisition Fund (IAF) viene de adquirir el 85% del capital que pertenecían al Estado Nacional y a la provincia de Mendoza en la empresa Impsa, primera empresa privatizada bajo el gobierno de Milei, que llamativamente está avanzando en la fabricación de componentes nucleares críticos para la exportación a los Estados Unidos, al mismo tiempo que el gobierno nacional paralizó y desfinanció el proyecto CAREM, de lo más avanzado en tecnología y desarrollo del país y la región.
Milei pone al frente de las empresas y proyectos nucleares a vaciadores y estafadores inescrupulosos, mientras lotea el patrimonio tecnológico, científico e industrial del país a los Estados Unidos, hipotecando cualquier futuro en el desarrollo nuclear que se ha mostrado uno de los pilares estratégicos de toda soberanía energética y productiva nacional.
Hay que echar y encarcelar a todos estos estafadores, desfalcadores y vaciadores “libertarios” y defender el desarrollo nuclear y tecnológico del país, en manos de los trabajadores, para ponerlos al servicio de las necesidades obreras y populares.
Marcelo Mache
Sobreprecios en la Andis: licitaciones amañadas y facturas con aumentos de más del 4.000%
Por una investigación independiente del Estado.
El escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sigue destapando los chanchullos de los funcionarios “libertarios”, ahora con la divulgación de un informe que da cuenta de la existencia de sobreprecios, licitaciones amañadas y desvío de fondos para los empresarios amigos del poder, con sobrefacturaciones que llegan hasta un 4.239% por arriba de los precios de mercado. Un gobierno que le niega los tratamientos a las personas con discapacidad, por un lado, y les roba los recursos, por el otro.
La misma agencia que puso en el foco de las acusaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por las coimas del 3% para el enriquecimiento de la camarilla gobernante, es investigada también por desfalcos a los recursos para discapacidad por medio de sobreprecios y licitaciones arregladas con un puñado de “empresarios amigos”, en un sector donde el gobierno impulsa un ajuste en las prestaciones y tratamientos, afectando a la salud y condiciones de vida de miles de personas.
Los últimos datos que salieron a la luz provienen de fuentes oficiales, de un informe producido recientemente por el Ministerio de Salud que alude a las compras irregulares realizadas por la Andis durante el 2025, bajo el gobierno de Javier Milei.
De este informe se desprende la compra irregular de sillas de ruedas, andadores y prótesis con diferencias manifiestas entre los precios reales de mercado y lo facturado por la agencia gubernamental, con sobre precios que oscilan entre el 300% y el 2.000% en promedio y que incluso llegan a superar el 4.000% en casos específicos.
Entre los ejemplos más resonantes se encuentra la venta de un andador con un sobreprecio del 4.239%, siendo el punto más alto; sillas de ruedas por $19.000.000, con un precio de referencia nacional de $1.279.999; y el pago de $425.000.000 por un sistema de “válvulas bicaval transcatéter” que el Pami había pagado por $124.200.000, por lo que estamos ante un 242% de sobreprecio.
El informe fue incorporado a la causa que investiga el fraude millonario contra la Andis, con Diego Spagnuolo como uno de los principales procesados y revela un sistema orquestado para enriquecer a un puñado de amigos capitalistas de la casta gobernante.
Las contrataciones ahora denunciadas se hicieron por medio del Sistema integrado de información y administración de prestaciones (Siipfis), donde se efectuaban “licitaciones controladas” a las cuales accedía un pequeño grupo de empresarios seleccionados discrecionalmente por los funcionarios “libertarios”. En una licitación podían participar todas empresas de una misma familia, o empresas “títeres” que no efectuaban oferta alguna para que exista un solo adjudicatario.
Del documento oficial, que tiene el límite de tratarse de una selección interna elaborada por el mismo gobierno que puse en pie este esquema defraudador, se identifica a seis proveedores del Estado que participaron de este desfalco (Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat) por un total de $18.100 millones.
Cabe destacar que estamos ante una porción de lo realmente sucedido con la Andis, ofrecida por un gobierno que echa lastre para evitar crisis mayores, en una causa donde es investigada la hermana del presidente de la Nación por presunta coimas, con el favor de la Justicia adicta al poder.
Nada podemos esperar de una investigación en manos de quienes defraudaron he hicieron y hacen negocios con el Estado, al mismo tiempo que recortan los tratamientos e insumos para las personas con discapacidad. Se trata de la misma gente que dice haber terminado con los sobreprecios en la obra pública –liquidando la inversión estatal de paso- y que aparece implicada en toda clase de negocios turbios, desde el narcotráfico, hasta las criptomonedas, pasando por el enriquecimiento ilícito de los principales funcionarios de gobierno –como Manuel Adorni-, las coimas de Karina y los sobreprecios en Discapacidad.
A fines del pasado mes de abril el colectivo de Discapacidad se movilizó al Ministerio de Salud para exigir la implementación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad y para rechazar las modificaciones que el gobierno pretende imponer sobre el sistema, replicándose la movilización en varias partes del país, con una destacada intervención de Tribuna Disca en la ciudad de Salta y Misiones (Posadas), denunciando las auditorías truchas del gobierno, que buscan encubrir el desfalco y los robos "libertarios".
Necesitamos una investigación independiente del Estado, con participación de los trabajadores y de la comunidad de Discapacidad para llegar al fondo de esta situación y condenar a todos los responsables, de la mano del restablecimiento de todos los tratamientos, el pago de las prestaciones y una verdadera garantía al acceso para todas las personas con discapacidad.
Marcelo Mache
domingo, 10 de mayo de 2026
Nuevos hallazgos en el centro clandestino “La Perla”
La tecnología y metodología aplicadas siguieron a las excavaciones previas que permitieron el reconocimiento de 12 personas mediante restos óseos dispersos y mezclados. La aplicación de esta tecnología de última generación se volvió indispensable para lograr obtener muestras óseas y de material genético, desperdigadas en más de 3 hectáreas delimitadas, que permitiera no solo recuperar los restos sino además poder darles una identidad. Expone el trabajo criminal de los genocidas, que han intentado durante 50 años mantener enterrada, literalmente, cualquier evidencia de sus crímenes. Los planes organizados para la represión muestran una gran coordinación y un manejo articulado para borrar cualquier rastro de los militantes que caían en las garras de los grupos de tareas.
El centro clandestino “La Perla” se ganó el “título” de un verdadero sitio de tortura, vejaciones y asesinato. Se cuentan casi como excepciones a los sobrevivientes que pasaron por este sitio, menos de 200, regentado por Luciano Benjamín Menendez y su III Cuerpo de Ejército. Se calcula que entre 2500 y 3000 fueron trasladados a este sitio, siendo el más importante en funciones fuera de Buenos Aires. La mayoría de los asesinados se encuentran enterrados en fosas comunes, distribuidos entre más de 16.000 hectáreas. El EAAF reconoce que este trabajo casi corresponde a encontrar una aguja en un pajar.
Las actividades de excavación debieron seguir un trabajo muy preciso, a partir del análisis de testimonios judiciales, estudios geológicos y una fotografía aérea de 1979 que permitió detectar alteraciones en el terreno compatibles con posibles fosas clandestinas.
Los primeros hallazgos en “La Perla” habían reavivado los debates sobre la conservación de los sitios de memoria, que continúan siendo una fuente judicial y de investigación hasta el día de hoy. El Kirchnerismo había rebajado esta cuestión a la utilización de diversos espacios, incluida la ex ESMA, como un espacio habilitado para su propia tribu. En el caso del gobierno liberticida y la tropa de la derecha, asociada históricamente al golpe y su reivindicación, busca sacarse esta piedra del zapato a cualquier costo, es el llamado a “dar vuelta la página”.
El gobierno liberticida ha promovido a los militares desde diversos ángulos, tanto discursivos como prácticos, al incluir a diversos militares en ejercicio en distintos escalafones del organigrama oficial. El caso más resonante es el del general Presti, que ocupa el Ministerio de Defensa, vestido de fajina. Es el armado de un gobierno cívico militar que busca involucrar a las Fuerzas Armadas en la represión interna, en asociación con el imperialismo norteamericano y su “Escudo de las Américas” que permite el ingreso de tropas extranjeras al país. Los hallazgos en “La Perla” son una conquista de 50 años de lucha y deben servir para seguir promoviendo la lucha contra la impunidad y los crímenes de un gobierno que es alfil de la matanza imperialista en todo el globo.
Joaquín Antúnez
09/05/2026
Marcha Federal del 12 de mayo: ¿Qué perspectivas están planteadas?
El jueves 7, la Cámara Contencioso Administrativo Federal emitió un fallo por el cual le concede al gobierno el recurso extraordinario que deja sin efecto la cautelar a favor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora, el destino de la ley en el plano judicial quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a merced de sus tiempos resolutivos. Esto, de hecho, ya le está dando un respiro al gobierno, que buscará ganar tiempo para forzar algún tipo de “acuerdo” con los Rectores, para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, que ya intentó concretarlo con un proyecto en febrero de nueva ley de financiamiento, que en esa oportunidad no prosperó, o un fallo favorable de la Corte que se imponga sobre los dictámenes judiciales anteriores.
En paralelo, frente a los paros universitarios y el proceso de organización de la marcha federal, la semana pasada el gobierno jugó la ficha de “apriete”, sacando un comunicado desde el Ministerio de Capital Humano pidiendo a los Rectores que pongan orden en las universidades, procurando dividir y enfrentar al estudiantado con la docencia.
Ese comunicado lejos de disuadir la convocatoria a la movilización generó rechazo entre docentes que están frente a los salarios más bajos de la historia.
Con el paso de los días, la convocatoria a la marcha ha ido ganando fuerza a lo largo y ancho del país. El punto neurálgico será Plaza de Mayo, pero la marcha se replicará en todos las plazas y centros políticos del interior del país y también donde haya alguna sede universitaria, como va a ocurrir en Tucumán donde la marcha se reproducirá frente a la casa de gobierno provincial y también en la ciudad de Aguilares
Todo indica que la movilización será igual o superior a las marchas anteriores, porque en estos dos años se han agudizado todos los antagonismos frente a la política educativa del gobierno que ha profundizado el ajuste presupuestario, y a la par de ello el derrumbe de los salarios y las becas estudiantiles
Para el CIN las marchas federales son concebidas como cierre o culminación de un proceso. Así sucedió en las tres marchas anteriores. En abril del 2024, luego de la primera marcha, los Rectores negociaron a con el gobierno una partida especial para gastos de funcionamiento a cambio de calmar la situación y evitar un proceso de movilización en medio del debate por la ley bases. El canje incluyó los votos positivos de Yacobitti y otros en el Congreso.
En la segunda marcha federal, luego que el gobierno vetara por primera vez la ley de financiamiento universitario en el 2024, los Rectores salieron atacar al movimiento estudiantil que tomando la posta de la continuidad de la lucha estaban tomando las escuelas y facultades.
En la tercera marcha, en 2025, pese a que el veto fue rechazado, se frenaron los procesos de movilización para pasar al 2026 sin pena ni gloria y ahora estamos en las puertas de la cuarta marcha federal.
El CIN quiere mantener el timón de la lucha universitaria y demostrarle al gobierno con el que pretende llegar a un acuerdo que mantiene la capacidad, con el auxilio de las dirigencias burocrática y/o conciliadoras que están a la cabeza de las federaciones universitarias, de disciplinar la lucha docente estudiantil. En este plano, el Frente Sindical universitario, ya ha demostrado su disposición a subordinarse a la política del CIN
El viernes 8, se llevó adelante el Plenario de Secretarios Generales de Conadu y también de CONADU H que votaron no llamar a parar de conjunto el 12 sino que resolvieron dar “libertad de acción” para que cada asociación decida si para o suspende las actividades a partir del mediodía o no llama a parar, apoyado en la idea de que los Rectores van a llamar a levantar las actividades académicas y administrativas para la marcha.
Algunas asociaciones como la ADIUNT o la AGD-UBA ya habían votado parar el día de la marcha, independientemente de lo que decida la Federación a la que pertenecen.
Un debate en el plenario de secretarios generales que generó tensiones en la CONADU H fue cómo continuar luego del 12. Varios secretarios generales hicieron el planteo para que de manera inmediata se coloque fecha para un próximo plenario de Secretarios Generales o Congreso que pueda evaluar la marcha y resolver dar continuidad al proceso de lucha. Sin embargo, la moción que se impuso por 11 a 8 votos impulsada por la conducción de la federación (PCR+ lista verde) fue que el 14 de mayo, dos días después de la marcha, recién se convoque a reunión de la mesa ejecutiva y sea ella la que fije la mejor fecha para una instancia de discusión colectiva con todas las asociaciones de base que integran la federación. Es decir, dilatar el tiempo, enfriar los ánimos, esquivando resolver en tiempo y forma una lucha a fondo que imponga los reclamos.
Por su lado, el Plenario de la CONADU, en la misma sintonía, votó convocar un próximo plenario de Secretarios Generales el 15 de mayo con la misión de discutir la continuidad del plan de lucha; en función de ello ya trascendió que la posición de la conducción será impulsar un paro en la semana del 25 de mayo, o sea una política que, en lugar de profundizar la lucha, la orienta a que la misma se vaya desinflando y los ánimos se vayan desgastando.
Quienes de manera más desembozadas expresan esta política de disipar el proceso de lucha, son las federaciones agrupadas en la CGT (FATUN, FEDUN), quienes en todo este periodo solo se limitaron a concretar paros aislados de 24 horas.
La marcha del 12 tiene que transformarse en una movilización masiva de la docencia, los estudiantes y de todos los sectores que defienden la educación y punto de partida de una acción histórica, la huelga por tiempo indefinido, la toma de las casas de estudio, los cortes y nuevas movilizaciones, o sea abrir paso a una rebelión que derrote efectivamente al gobierno y logre arrancar el salario y el presupuesto. Esto no vendrá de la mano de la burocracia, sino de un proceso de autoconvocatorias y coordinaciones de las asociaciones de base combativas, de las agrupaciones y el activismo antiburocrático.
Anahí Rodríguez
09/05/2026
Marcha Federal del 12 de mayo: ¿Qué perspectivas están planteadas?
El jueves 7, la Cámara Contencioso Administrativo Federal emitió un fallo por el cual le concede al gobierno el recurso extraordinario que deja sin efecto la cautelar a favor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora, el destino de la ley en el plano judicial quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a merced de sus tiempos resolutivos. Esto, de hecho, ya le está dando un respiro al gobierno, que buscará ganar tiempo para forzar algún tipo de “acuerdo” con los Rectores, para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, que ya intentó concretarlo con un proyecto en febrero de nueva ley de financiamiento, que en esa oportunidad no prosperó, o un fallo favorable de la Corte que se imponga sobre los dictámenes judiciales anteriores.
En paralelo, frente a los paros universitarios y el proceso de organización de la marcha federal, la semana pasada el gobierno jugó la ficha de “apriete”, sacando un comunicado desde el Ministerio de Capital Humano pidiendo a los Rectores que pongan orden en las universidades, procurando dividir y enfrentar al estudiantado con la docencia.
Ese comunicado lejos de disuadir la convocatoria a la movilización generó rechazo entre docentes que están frente a los salarios más bajos de la historia.
Con el paso de los días, la convocatoria a la marcha ha ido ganando fuerza a lo largo y ancho del país. El punto neurálgico será Plaza de Mayo, pero la marcha se replicará en todos las plazas y centros políticos del interior del país y también donde haya alguna sede universitaria, como va a ocurrir en Tucumán donde la marcha se reproducirá frente a la casa de gobierno provincial y también en la ciudad de Aguilares
Todo indica que la movilización será igual o superior a las marchas anteriores, porque en estos dos años se han agudizado todos los antagonismos frente a la política educativa del gobierno que ha profundizado el ajuste presupuestario, y a la par de ello el derrumbe de los salarios y las becas estudiantiles
Para el CIN las marchas federales son concebidas como cierre o culminación de un proceso. Así sucedió en las tres marchas anteriores. En abril del 2024, luego de la primera marcha, los Rectores negociaron a con el gobierno una partida especial para gastos de funcionamiento a cambio de calmar la situación y evitar un proceso de movilización en medio del debate por la ley bases. El canje incluyó los votos positivos de Yacobitti y otros en el Congreso.
En la segunda marcha federal, luego que el gobierno vetara por primera vez la ley de financiamiento universitario en el 2024, los Rectores salieron atacar al movimiento estudiantil que tomando la posta de la continuidad de la lucha estaban tomando las escuelas y facultades.
En la tercera marcha, en 2025, pese a que el veto fue rechazado, se frenaron los procesos de movilización para pasar al 2026 sin pena ni gloria y ahora estamos en las puertas de la cuarta marcha federal.
El CIN quiere mantener el timón de la lucha universitaria y demostrarle al gobierno con el que pretende llegar a un acuerdo que mantiene la capacidad, con el auxilio de las dirigencias burocrática y/o conciliadoras que están a la cabeza de las federaciones universitarias, de disciplinar la lucha docente estudiantil. En este plano, el Frente Sindical universitario, ya ha demostrado su disposición a subordinarse a la política del CIN
El viernes 8, se llevó adelante el Plenario de Secretarios Generales de Conadu y también de CONADU H que votaron no llamar a parar de conjunto el 12 sino que resolvieron dar “libertad de acción” para que cada asociación decida si para o suspende las actividades a partir del mediodía o no llama a parar, apoyado en la idea de que los Rectores van a llamar a levantar las actividades académicas y administrativas para la marcha.
Algunas asociaciones como la ADIUNT o la AGD-UBA ya habían votado parar el día de la marcha, independientemente de lo que decida la Federación a la que pertenecen.
Un debate en el plenario de secretarios generales que generó tensiones en la CONADU H fue cómo continuar luego del 12. Varios secretarios generales hicieron el planteo para que de manera inmediata se coloque fecha para un próximo plenario de Secretarios Generales o Congreso que pueda evaluar la marcha y resolver dar continuidad al proceso de lucha. Sin embargo, la moción que se impuso por 11 a 8 votos impulsada por la conducción de la federación (PCR+ lista verde) fue que el 14 de mayo, dos días después de la marcha, recién se convoque a reunión de la mesa ejecutiva y sea ella la que fije la mejor fecha para una instancia de discusión colectiva con todas las asociaciones de base que integran la federación. Es decir, dilatar el tiempo, enfriar los ánimos, esquivando resolver en tiempo y forma una lucha a fondo que imponga los reclamos.
Por su lado, el Plenario de la CONADU, en la misma sintonía, votó convocar un próximo plenario de Secretarios Generales el 15 de mayo con la misión de discutir la continuidad del plan de lucha; en función de ello ya trascendió que la posición de la conducción será impulsar un paro en la semana del 25 de mayo, o sea una política que, en lugar de profundizar la lucha, la orienta a que la misma se vaya desinflando y los ánimos se vayan desgastando.
Quienes de manera más desembozadas expresan esta política de disipar el proceso de lucha, son las federaciones agrupadas en la CGT (FATUN, FEDUN), quienes en todo este periodo solo se limitaron a concretar paros aislados de 24 horas.
La marcha del 12 tiene que transformarse en una movilización masiva de la docencia, los estudiantes y de todos los sectores que defienden la educación y punto de partida de una acción histórica, la huelga por tiempo indefinido, la toma de las casas de estudio, los cortes y nuevas movilizaciones, o sea abrir paso a una rebelión que derrote efectivamente al gobierno y logre arrancar el salario y el presupuesto. Esto no vendrá de la mano de la burocracia, sino de un proceso de autoconvocatorias y coordinaciones de las asociaciones de base combativas, de las agrupaciones y el activismo antiburocrático.
Anahí Rodríguez
09/05/2026
Nuevos hallazgos en el centro clandestino “La Perla”
La tecnología y metodología aplicadas siguieron a las excavaciones previas que permitieron el reconocimiento de 12 personas mediante restos óseos dispersos y mezclados. La aplicación de esta tecnología de última generación se volvió indispensable para lograr obtener muestras óseas y de material genético, desperdigadas en más de 3 hectáreas delimitadas, que permitiera no solo recuperar los restos sino además poder darles una identidad. Expone el trabajo criminal de los genocidas, que han intentado durante 50 años mantener enterrada, literalmente, cualquier evidencia de sus crímenes. Los planes organizados para la represión muestran una gran coordinación y un manejo articulado para borrar cualquier rastro de los militantes que caían en las garras de los grupos de tareas.
El centro clandestino “La Perla” se ganó el “título” de un verdadero sitio de tortura, vejaciones y asesinato. Se cuentan casi como excepciones a los sobrevivientes que pasaron por este sitio, menos de 200, regentado por Luciano Benjamín Menendez y su III Cuerpo de Ejército. Se calcula que entre 2500 y 3000 fueron trasladados a este sitio, siendo el más importante en funciones fuera de Buenos Aires. La mayoría de los asesinados se encuentran enterrados en fosas comunes, distribuidos entre más de 16.000 hectáreas. El EAAF reconoce que este trabajo casi corresponde a encontrar una aguja en un pajar.
Las actividades de excavación debieron seguir un trabajo muy preciso, a partir del análisis de testimonios judiciales, estudios geológicos y una fotografía aérea de 1979 que permitió detectar alteraciones en el terreno compatibles con posibles fosas clandestinas.
Los primeros hallazgos en “La Perla” habían reavivado los debates sobre la conservación de los sitios de memoria, que continúan siendo una fuente judicial y de investigación hasta el día de hoy. El Kirchnerismo había rebajado esta cuestión a la utilización de diversos espacios, incluida la ex ESMA, como un espacio habilitado para su propia tribu. En el caso del gobierno liberticida y la tropa de la derecha, asociada históricamente al golpe y su reivindicación, busca sacarse esta piedra del zapato a cualquier costo, es el llamado a “dar vuelta la página”.
El gobierno liberticida ha promovido a los militares desde diversos ángulos, tanto discursivos como prácticos, al incluir a diversos militares en ejercicio en distintos escalafones del organigrama oficial. El caso más resonante es el del general Presti, que ocupa el Ministerio de Defensa, vestido de fajina. Es el armado de un gobierno cívico militar que busca involucrar a las Fuerzas Armadas en la represión interna, en asociación con el imperialismo norteamericano y su “Escudo de las Américas” que permite el ingreso de tropas extranjeras al país. Los hallazgos en “La Perla” son una conquista de 50 años de lucha y deben servir para seguir promoviendo la lucha contra la impunidad y los crímenes de un gobierno que es alfil de la matanza imperialista en todo el globo.
Joaquín Antúnez
09/05/2026
viernes, 8 de mayo de 2026
La fractura de la coalición liberticida
En este caso, una ruptura podría ser parte de una tentativa de reconstrucción del macrismo. Macri volvió a la palestra en las últimas semanas, incluso con gestos de acercamiento a la propia Bullrich. Más importante fue su encuentro con Paolo Rocca, quien le manifestó a Macri su preocupación por la “política industrial”. El dueño de Techint acaba de ser derrotado en una nueva licitación de conductos para la industria petrolera. La “estrella” con la que Milei y Caputo pretenden remontar la cuesta del impasse económico -la industria energética- consume sus dólares en compras al exterior, no en la industria de Rocca.
Morir de pie
La ratificación furibunda a Adorni por parte de Milei, muestra al gobierno liberticida "dispuesto a morir con las botas puestas". De acuerdo a varias denuncias, los recursos de Adorni tendrían su origen en la megaestafa de la criptmoneda $Libra. Deslizar una culpabilidad o siquiera una sospecha fundada sobre Adorni pondría al propio Milei en la picota. En comprensión de ello, Milei ató su propio futuro al del jefe de gabinete (“ni en pedo se va”). Sostener a Adorni, incluso bajo las evidencias de enriquecimiento ilícito, es refrendar un método de gobierno de excepción, que actúa sin los límites del ordenamiento legal o incluso constitucional. Los gastos fastuosos de Adorni estarían ligados a un sistema de sobresueldos alimentado desde la SIDE, es decir, a un gobierno sostenido en base a un presupuesto paralelo. La legalización de este régimen establece un marco para el desconocimiento de leyes votadas en el Congreso -Universidades, discapacidad- y para un dispositivo de represión y espionaje paralegal como el que seguramente le ofreció el dueño de Palantir a Milei. El sustento de este gobierno de bandas es la cohorte de aventureros financieros que lucran con el “plan” de Luis Caputo, y el gobierno de Trump, que ha convertido a la Argentina en un Protectorado económico, comercial y militar. Es una base aparentemente poderosa, pero sujeta ella misma a poderosos cimbronazos.
Las implicancias del caso Adorni colocan, al menos como hipótesis, la posibilidad de un final abrupto del gobierno liberticida. Sin llegar a ese extremo, los socios de Milei en el gobierno ven que la perspectiva de la reelección está comprometida. Con la demarcación de Bullrich y la vuelta al ruedo de Macri, una fracción del bloque de gobierno toma sus recaudos, y quiere evitar una crisis de poder de alcance mayor. Después de todo, el experimento liberticida se sostiene con alfileres en todos los planos. Caputo “grande” no ha resuelto la crisis de financiamiento del Estado, y sigue sorteando la cesación de pagos con préstamos de corto plazo y alto costo -ello, junto al socorro de última instancia que le brindan Bessent y Trump.
Cavallo
En esta tentativa de reformulación política que insinúan los Bullrich y Macri, cabalgan intereses capitalistas que toman distancia del programa oficial. Quien también levantó la voz en estos días fue un experto en programas económicos colapsados, Domingo Cavallo. El ex ministro de Menem y De la Rúa advirtió que el régimen económico que pilotea Luis Caputo puede ser fácilmente barrido si alguna corriente especulativa retira los capitales que lucran en el mercado argentino a plazos extraordinariamente breves. Según Cavallo, esos beneficios son cosechados gracias a un dólar planchado por la persistencia parcial de un cepo, y por tasas de interés exorbitantes, que agravan la recesión económica y acentúan una situación social “preocupante” (sic). En ausencia de reservas internacionales disponibles, sostuvo Cavallo, una brusca salida de capitales conduciría a una corrida cambiaria y a un default. Cavallo se mira en el espejo de sí mismo, e imagina un desenlace del experimento libertario similar al del 2001, sin tener en cuenta que el nivel de endeudamiento de Argentina y las condiciones internacionales son apreciablemente más graves -Martín Wolf, en el Financial Times, acaba de alertar sobre una crisis financiera global en ciernes.
En oposición al “caputismo”, Cavallo propone una liberación cambiaria completa, y una “acumulación de reservas” fundada en una devaluación. En ese carro, conspiran los Rocca y una buena parte del capital agrario. Durante estos dos años, la burguesía industrial y agraria ha sido compensada por el derrumbe del mercado interno y la pérdida de competencia internacional haciéndola partícipe del carry trade. Pero la “bicicleta financiera” tiene sus límites: los observadores financieros vienen señalando una fuerte tendencia a la “dolarización” de carteras. La expectativa de bajar la inflación por debajo del 3% se aleja, bajo la crisis inflacionaria que ha desatado la guerra mundial en desarrollo. En este cuadro, el gobierno ha celebrado la mejora que una calificadora de riesgo -Fitch- ha hecho respecto de la deuda argentina. Pero el anuncio desató versiones contrapuestas de otras calificadoras, que mantienen sus “objeciones de fondo” respecto de la condición financiera de Argentina.
Blindaje político
Detrás del caso Adorni, como se ve, se cuecen las habas de una crisis de mayor alcance. Una parte del bloque gobernante reclama una reestructuración política como condición para que "haya 2027" e incluso para llegar a los comicios sin una crisis fulminante. En ese planteo, comienzan a colarse los reclamos de una clase capitalista fracturada. En definitiva, asistimos una “crisis en la dominación política del Estado”.
En el esfuerzo por sortear un desbarajuste político intervienen todos los poderes del Estado y la llamada oposición. El pejotakirchnerismo, con sus diputados y gobernadores, se llaman a “prudencia” para que "la sangre (Adorni y $Libra) no llegue al rio"; la Justicia acaba de habilitar a que la Corte intervenga, sin plazos, en la cuestión del financiamiento universitario. La burocracia sindical ha reforzado sus compromisos con el gobierno, en momentos en que la crisis salarial y laboral alcanza dimensiones catastróficas para los trabajadores. Las evidencias acerca de un “gobierno de ladrones” deben ser explotadas para convocar a la movilización popular y a la huelga general para terminar con el régimen corrupto y antiobrero -no para abrirle paso a otra variante explotadora sino a una salida de los trabajadores.
Marcelo Ramal
07/05/2026
Todos a la marcha educativa del 12 de mayo
El 12 de mayo se realizará la cuarta marcha federal universitaria desde la asunción de Milei. Docentes, estudiantes, no docentes, investigadores y la población en general marcharán a Plaza de Mayo y las distintas plazas del país para rechazar la motosierra contra la educación pública, para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento y el aumento inmediato de los salarios, las becas y el presupuesto.
La convocatoria se da en medio de un agravamiento general de la crisis universitaria. El gobierno ha presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para continuar incumpliendo la Ley de Financiamiento, votada varias veces en el Congreso y con fallos judiciales a su favor. La norma se encuentra ahora empantanada en los Tribunales. El derrumbe salarial es brutal, los trabajadores universitarios perdieron la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años. Más de diez mil docentes renunciaron a sus cargos para buscar otros trabajos. El encarecimiento del transporte, de los medios de vida y los materiales de estudio expulsa a la juventud trabajadora de las aulas. Producto de los recortes, los laboratorios no tienen insumos para investigar. Los hospitales universitarios están al borde del colapso por la falta de financiamiento: el gobierno tampoco cumple con las partidas previstas en el Presupuesto 2026.
Ante esta crisis terminal y el enorme descontento que recorre las casas de estudios, los rectores atacan los paros docentes. Se encuentran negociando con el gobierno una versión morigerada de la Ley de Financiamiento Universitario. En cuanto a las direcciones sindicales, todavía no han definido si habrá paro el día de la movilización. Al mismo tiempo, en facultades y colegios se discuten iniciativas y medidas para garantizar una marcha multitudinaria. La masa de estudiantes y docentes se valen de esta convocatoria para darle impulso a sus reclamos.
El gobierno de Milei sólo será derrotado por medio de la acción directa y coordinada de trabajadores y estudiantes. Tenemos que convocar masivamente a la marcha del 12 y aprovecharla para fortalecer la iniciativa desde las bases, con asambleas, autoconvocatorias y cuerpos de delegados para organizar las medidas. Construyamos la huelga universitaria siguiendo el camino de los docentes de Exactas de la UBA, que mantienen un paro por tiempo indefinido hasta que el gobierno cumpla la Ley de Financiamiento. Reforcemos la lucha en las distintas facultades y colegios del país impulsando cortes, tomas, clases públicas y medidas en las calles para conquistar nuestros reclamos.
El gobierno de los escándalos de corrupción y las estafas perpetradas por su propia camarilla no tiene ninguna autoridad para seguir destruyendo la educación, la salud, las jubilaciones y los derechos de los trabajadores en nombre del “equilibrio fiscal” y el pago de la deuda. Debemos derrotar esa política por medio de una pelea de conjunto y la coordinación con los distintos sectores en lucha, como los trabajadores de FATE, del INTI y los docentes autoconvocados de Chubut.
Patricia Lambruschini
07/05/202
jueves, 7 de mayo de 2026
Diez cuadras de fila y desesperación por un puesto de trabajo
El pasado miércoles 6, la sucursal del frigorífico Cabaña Don Theo de Moreno (Buenos Aires), que abrirá sus puertas en el mes de junio, se encontró con una realidad shockeante: más de 2.000 personas y diez cuadras de fila para realizar la entrevista de trabajo por uno de los 60 empleos anunciados por la empresa. Jóvenes, adultos y jubilados buscando trabajo en “la Argentina de Milei”, donde lo que crecen son los despidos y la desesperación de los trabajadores.
La extensa cola en el frigorífico de Moreno comenzó a generarse en horas de la noche del martes 5, con personas esperando debajo de la lluvia para asegurarse una entrevista y la posibilidad de acceder a un trabajo, sin importar las características del mismo ni la formación profesional y la experiencia de cada trabajador.
En las entrevistas realizadas por diversos medios en el lugar puede notarse con claridad la desesperación actual de miles de trabajadores, quienes ya siquiera aspiran a obtener un empleo conforme a su formación y/o experiencia laboral, sino a cualquier trabajo que le permita llegar a fin de mes y salir dl desempleo.
Muchos de los entrevistados, en gran cantidad jóvenes, retratan que vienen de ser despedidos y cesanteados en sus empleos anteriores, por “reestructuraciones” patronales o decisiones unilaterales de sus exempleadores, favorecidos estos por las políticas del gobierno nacional que promueven el fraude laboral, la informalidad y los despidos baratos.
Si bien la mayoría de los aspirantes al empleo se trata de jóvenes que no pueden acceder al mercado laboral a falta de ofertas reales y de experiencia laboral, también pudo detectarse muchas trabajadores en edad de jubilarse, quienes siguen en búsqueda laboral activa a falta de posibilidad de acceder a su jubilación y por lo insuficiente de los ingresos incluso accediendo a la misma, lo que termina por saturar un mercado laboral ya muy estrecho.
La falta de perspectiva y futuro laboral para millones de jóvenes en la Argentina no es una sensación producto de situaciones coyunturales como la actual, sino una realidad que se refleja en la estadística de los últimos años: el porcentaje de jóvenes de 15 años con incertidumbre sobre su futuro profesional creció significativamente de 22% en 2018 a 52% en 2022, un aumento de 30 puntos porcentuales, según un informe de Argentinos por la Educación.
A la luz de estas situaciones cobra especial relevancia la lucha que vienen desenvolviendo los trabajadores y el gremio del Sutna contra el cierre de Fate y por la preservación de los casi 1.000 puestos de trabajo en el gremio, debido a que el libreto oficial de “algunos puestos se pierden y otros se generan” resulta una estafa mayúscula, cuando miles de trabajadores se apiñan para acceder a tan solo 60 vacantes.
Esto también desmiente la tesis oficial de que la reforma laboral vendría a mejorar la accesibilidad al mercado de trabajo, con las nuevas tecnologías, cuando lo que en tenemos en verdad es un crecimiento de la precarización y el fraude laboral, con trabajadores volcándose masivamente a las apps de reparto y viajes, trabajando jornadas extenuantes a cambio de cada vez menos dinero y con la ausencia total de trabajo genuino bajo relación de dependencia, algo que también se constata en la caída de los índices y estadísticas de la actividad económica en los sectores productivos y de generación de empleo.
Esta situación se da además en un contexto donde el gobierno intenta desmantelar la precaria asistencia a los desocupados –mutilada y congelada en montos irrisorios-, con la eliminación del Volver al Trabajo, que fue evitada gracias a la organización independiente y la acción colectiva del movimiento piquetero.
Con Milei crece el desempleo y el hambre. Hay que enfrentarlo y derrotarlo para terminar con la ofensiva patronal, luchando contra los despidos y los cierres de planta, y dar curso a un plan económico e industrial de los trabajadores, que garantice el acceso al trabajo genuino y una recomposición general de los salarios para que estos partan de la canasta familia y la cobertura de las necesidades de los trabajadores, junto a la restitución inmediata de los alimentos a los comedores populares y la apertura y aumento de los programas sociales hasta tanto se garantice el empleo.
Marcelo Mache
El “efecto mariposa” del swap entre el Tesoro norteamericano y los Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes es el más avanzado en las negociaciones, para afrontar gastos a corto plazo. Sin embargo, las monarquías del Golfo, tarde o temprano, van a tener que afrontar la destrucción de infraestructura por los bombardeos. Según sus autoridades, la UAE ha sido atacada por más de 2.800 misiles y drones de Irán desde que comenzó la guerra. Irán ha elegido como su blanco a las monarquías sunitas y a las bases militares norteamericanas en su territorio, en represalia por la agresión no provocada de parte de Estados Unidos e Israel.
El gobierno de Trump se encuentra obligado a conceder el swap para evitar que Emiratos ponga en venta sus tenencias de bonos del Tesoro norteamericano. Según trascendió en algunos portales, la UAE habría amenazado a Donald Trump con derrumbar el sistema de petrodólares, que consiste en colocar los excedentes de liquidez de la exportación en el mercado de títulos públicos en Nueva York.
Desde la década del 70, las monarquías del Golfo tienen pactado con Estados Unidos el compromiso de vender el petróleo en dólares y al excedente de ganancias invertirlo en bonos del Tesoro. Una venta desordenada y masiva de esos activos por parte de cualquiera de esos países dejaría expuesta la descomunal crisis de deuda de Washington, de cerca de 40 billones de dólares, un 120 % del PBI norteamericano.
Emiratos Árabes Unidos, Omán, Bahrein, Qatar, Irak, Kuwait y Arabia Saudita atraviesan un verdadero colapso económico como consecuencia del doble bloqueo. Han paralizado la producción debido al abarrotamiento de sus almacenes, ocasionado por falta de ventas. Los oleoductos permiten redirigir una pequeña fracción de las exportaciones saudíes, emiratíes e iraquíes. A esto hay que sumarle el derrumbe del turismo.
Desde el inicio de la guerra, Pimco, el mayor fondo de renta fija del planeta, ha adelantado más de 10.000 millones de dólares a los países de la región, según los datos recopilados por Bloomberg. Es una crisis comparable solo con la de la pandemia de 2020. Las cinco monarquías verán evaporados entre 103.000 y 168.000 millones de dólares de sus economías, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Hay otras cuestiones que han movido el tablero del Golfo más allá de los bloqueos. Estados Unidos se ha convertido en una nación exportadora, de modo que su balanza petrolera ha pasado de negativa a positiva. China, por su lado, ha pasado a ser uno de los principales -si no el primero- socios comerciales de los países de la región, en especial en cuanto a la importación de combustibles, que paga con exportaciones industriales. Se ha creado, en consecuencia, un balance en yuanes. Irán, por este motivo, no tiene inconveniente en admitir que el pago del peaje por el estrecho de Ormuz se haga en yuanes, cuando, por el otro lado, tiene bloqueado el uso de dólares debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Estas cuestiones han movido el mapa de alineamientos; la guerra desatada por Trump y Netanyahu ha provocado un realineamiento comercial a favor de China, con las consecuencias geopolíticas consiguientes. Esto desafía al imperialismo norteamericano a encarar una guerra contra China misma, no sin antes presionar a Pekín para que abandone el gallinero norteamericano.
La salida de la OPEP
Emiratos tiene desde hace rato razones para irse de la OPEP y abandonar las cuotas de mercado y de producción que asigna a cada uno de sus miembros. Que lo haya hecho la misma semana obedece claramente a la necesidad de aumentar su participación de mercado a expensas de sus exsocios. El swap es un incentivo para esta operación, que haría bajar los precios de los combustibles y permitir que la guerra imperialista alcance sus objetivos geopolíticos sin provocar, como ocurre, un estallido de los mercados de materias primas.
Estados Unidos ha buscado siempre destruir a la organización de los productores. Así logró que países como Indonesia, Qatar y Angola se retirasen de la OPEP en los últimos años. Emiratos es una prenda mayor, como también lo es Venezuela, ahora convertida en un protectorado de Washington.
Acusaciones en el Senado
Los senadores demócratas se han opuesto al swap, alegando que representa el congelamiento de miles de millones de dólares a tasas de interés reducidas. Denuncian también los múltiples negocios que Donald Trump tiene con la monarquía emiratí. Citaron la inversión de 500 millones de dólares de un alto funcionario del gobierno de los Emiratos en la empresa de criptomonedas de la familia Trump y el uso de 2.000 millones de dólares de su criptomoneda estable para invertir en Binance, cuyo fundador, Changpeng Zhao, fue indultado por Trump en octubre.
Para responder a estas acusaciones, Bessent alegó en el Senado que “las líneas de intercambio de divisas, ya sean de la Reserva Federal o del Tesoro, sirven para mantener el orden en los mercados de financiación en dólares y evitar la venta desordenada de activos estadounidenses”. Desnudó, de este modo, que la guerra ha puesto al rojo vivo la crisis de deuda pública, lo cual explica, precisamente, las vacilaciones políticas de Trump con la guerra, o sea, el derrumbe del mercado de deuda pública y de acciones.
Las líneas de intercambio de divisas (swaps) son operaciones propias de la Reserva Federal, que tiene la facultad de emitir dólares. El Tesoro, en cambio, tiene una caja fija de 250.000 millones de dólares, que no es de disponibilidad inmediata, y una caja chica que no supera los 30.000 millones de dólares. La intervención del Tesoro subraya la oposición de la Reserva Federal.
Por su parte, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, llamó a los países del Golfo a deshacerse de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, para evitar las pérdidas enormes que causaría el desplome de su cotización. Aludió a que “la curva de rendimientos” de esa deuda está subiendo peligrosamente, lo que es una señal de que los inversores están saliendo de ella. Lo que no dijo Ghalibaf es que un abandono masivo por parte de bancos centrales y entidades públicas extranjeras serían consideradas ´declaraciones de guerra´ en Washington.
Para Rusia, que financia su presupuesto con la venta de petróleo y gas licuado, la crisis de liquidez del sistema del petrodólar (al que se suma Venezuela, que se encuentra fuera de la OPEP sin haberse ido de ella) puede significar una crisis final del régimen putiniano y una derrota militar frente a la OTAN y la Unión Europea. El entrelazamiento de la guerra con la crisis financiera, o sea, con el sustento de los Estados en guerra, plantea una crisis política en los principales países, que no podría ser sino revolucionaria.
Aldana González
06/05/2026
miércoles, 6 de mayo de 2026
Milei y Caputo en el bote de Adorni
Privatizaciones
Estas disputas han sido acicateadas, no ya por cuestiones de grifería, sino por una operación de saqueo a gran escala. Las listas de privatizaciones que anunció Luis Caputo incluye a la transportadora de energía Transener, centrales termoeléctricas, el Belgrano Cargas, la Hidrovía, AySA y un amplio plan de concesiones viales. El Belgrano Cargas y la Hidrovía son parte de una disputa entre Estados Unidos y China. Caputo compensa la pérdida de ingresos corrientes con remates del patrimonio público.
Argentina debe pagar vencimientos de deuda por 36.000 millones de dólares de acá a finales de 2027. Un nuevo pago al FMI, de unos 800 millones de dólares, acaba de ser cubierto con “Derechos de Giro” facilitados por el Tesoro norteamericano, tal como había ocurrido en enero y en septiembre pasados. El peso de los intereses de deuda ha crecido la friolera de un 76% respecto de hace un año. Las privatizaciones, de unos 2.000 millones, son un acicate a la pelea de camarillas. En el caso de Transener, el principal oferente de la compulsa es el grupo Neuss, un clan de origen local estrechamente ligado a Santiago Caputo. Para otras centrales eléctricas en venta, se anotan también aventureros de origen local -los “inversores internacionales”, que, como se ha dicho, enfocan en el Belgrano y la Hidrovía.
Este entramado de intereses capitalistas está interesado en que la banda liberticida continúe en el poder. La misma preocupación confesó Peter Theil, el dueño de Palantir. Otras fracciones de la gran burguesía multiplican sus reservas hacia Milei-Caputo. La burguesía agraria está retaceando los ingresos de divisas. El carry trade -la bicicleta financiera con la cual los sojeros pensaban compensar las pérdidas por el dólar planchado- se encuentra tambaleando, porque el gobierno ha promovido una caída de la tasa de interés. Pero el endeudamiento ha tocado un límite, y la morosidad de familias y empresas con el sistema bancario no cesa de crecer. Mientras tanto, la presión inflacionaria se refuerza bajo la presión de la guerra internacional y el estallido del precio del petróleo.
Todas estas contradicciones golpean con fuerza la vida de los trabajadores. Desde el derrumbe persistente de los salarios hasta la crisis del transporte, que ha disminuido en un 30% a sus frecuencias en el Conurbano. La preocupación de los círculos de poder, en este cuadro, no son ya las corruptelas de la banda libertaria, sino cuándo terminará de estallar por “abajo” este escenario intolerable. La Patagonia está surcada por huelgas docentes en Chubut, Santa Cruz y Río Negro; los activistas que sostienen la ocupación de FATE no aflojan; la marcha educativa del próximo 12 de mayo tendrá lugar en un cuadro convulsivo de las casas de estudio -el hospital de la UBA acaba de anunciar su cierre en 45 días, por falta de fondos. Ponerle fin a la banda de aventureros capitalistas que gobierna la Argentina será la tarea de la movilización de los trabajadores.
Marcelo Ramal
05/05/2026
Aumentan los casos de sífilis en el marco del desmantelamiento del sistema de salud
El impacto mayor de la enfermedad se produce en adolescentes y jóvenes adultos, con un 76 % de los casos concentrados en personas de 15 a 39 años y presentando un pico en el grupo de 20 a 24 años, donde la tasa alcanzó los 290,6 casos por cada 100.000 habitantes. Las mujeres jóvenes presentan tasas superiores a las de los varones en los grupos de 20 a 29 años. A nivel global, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, o PAHO por sus siglas en inglés) estimó que en 2022 hubo 8 millones de casos nuevos en adultos de 15 a 49 años, con un incremento del 30 % en la región de las Américas respecto a 2020.
La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Su transmisión ocurre principalmente por contacto directo con lesiones infecciosas durante relaciones sexuales sin protección (anales, vaginales u orales), por vía transplacentaria o por transfusión sanguínea. (BEN N° 803, 2026). Se puede prevenir y curar, pero si no se trata puede causar graves problemas de salud. El uso del preservativo durante las relaciones sexuales puede prevenir esta enfermedad. Muchas personas con sífilis no presentan síntomas o no son conscientes de ellos.
El aumento de los casos de sífilis se conjuga con el desmantelamiento de la salud pública por parte del gobierno liberticida, que lleva adelante un feroz ajuste para cumplir con las exigencias de los fondos internacionales y avanzar en la privatización.
El Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, conformado por más de 30 organizaciones de todo el país que intervienen sobre el tema, denunció que dentro del presupuesto 2026 la partida destinada para la respuesta a las infecciones de transmisión sexual (ITS) se redujo más del 40 %. El Programa 22 (de respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y TB) pasó a representar sólo 2 % del presupuesto del Ministerio de Salud, cuando en 2023 representaba 4,8 % y las metas físicas del Presupuesto 2026 prevén atender a 71.500 personas con VIH, cuando en 2024 se atendieron 79.170 (ADHESIONES - Solicitud de Declaración de Emergencia Nacional de Salud Sexual). A su vez, denuncian que dentro del presupuesto de este año no se incluyeron las compras de tratamientos preventivos con PrEP y PEP (profilaxis previa a la exposición y profilaxis postexposición), dejando sin cobertura más de 11.000 personas que las utilizaron en años previos. En cuanto a la compra de preservativos, en 2023 se distribuyeron 30 millones de unidades a través del Programa 22, y 25,3 millones mediante el Programa 25. En 2025, al tercer trimestre, se habían distribuido apenas 832 preservativos. Para 2026 se proyecta la compra de 33,5 millones, un poco más de la mitad de lo distribuido en 2023. En el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la distribución real cayó un 45,5 % entre 2023 y 2024 (de 4,4 millones a 2,4 millones), y solo se entregó el 9,1 % de lo planificado para 2024 (26,1 millones de preservativos). A esto se suma el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis con el despido del 40 % del personal técnico, a lo que se suma el cierre y desmantelamiento de las coordinaciones de los programas específicos de Hepatitis Virales y de Tuberculosis. De esta forma el gobierno incumple con la ley 27675 (LEY NACIONAL DE RESPUESTA INTEGRAL AL VIH, HEPATITIS VIRALES, OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL –ITS– Y TUBERCULOSIS –TBC–).
Por otro lado, las obras sociales y prepagas interrumpen o demoran el acceso a tratamientos, estudios y prestaciones esenciales para personas con VIH, ITS, hepatitis virales y otras condiciones asociadas a la salud sexual. A esto se suma el ataque por parte del gobierno liberticida al dictado de Educación Sexual en las escuelas. En un país donde aumentan el desempleo y la pobreza, el acceso a un análisis y seguimiento a tiempo resulta cada vez más dificultoso.
Además del crecimiento de sífilis, también se está registrando un incremento de notificaciones por VIH. El último año se reportaron alrededor de 6900 nuevos casos, cuando en 2022 el promedio era de 5300 y se registra una caída histórica en la vacunación contra el VPH (Virus de Papiloma Humano), la causa del 99 % de los cánceres de cuello uterino, un cáncer evitable que provoca alrededor de 5.000 nuevos casos y 1.800 muertes anuales en Argentina.
En este contexto, las organizaciones que integran el Frente Nacional de VIH impulsan un proyecto de ley para declarar la Emergencia Nacional en Salud Sexual y Derechos Reproductivos, que es acompañado por más de 600 firmas de organizaciones y personas de todo el país. “El sistema está desfinanciado, no hay campañas de prevención ni insumos básicos", advirtieron el 7 de abril durante la presentación de dicho proyecto. (El Destape, 8/04/2026). Pero resulta que no hay salida posible desde el Congreso, mientras se votan leyes que atacan directamente a los trabajadores y sus condiciones de vida.
El aumento de enfermedades prevenibles es el reflejo de un sistema capitalista acabado, que no tiene nada para ofrecer a los trabajadores y que requiere de la destrucción de sus condiciones de vida para continuar su reproducción. La lumpen burguesía que nos gobierna representa estos intereses. Respondamos a los ataques a la salud de la clase obrera con la organización y la lucha.
Daniela Magoc
04/05/2026
Guerra imperialista: entre el fracaso y la escalada
El bloqueo de los puertos iraníes por parte de la Armada norteamericana ha agravado las consecuencias del control del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Se trata de un bloqueo internacional, porque prevé sanciones contra cualquier país que haga negocios con Irán. Los ceses del fuego ‘de facto’, o sea no suscriptos, de EE.UU. con Irán y de Israel en Líbano, tampoco han sido acatados; Pete Heghset, el secretario de Guerra de Trump, ha calificado como “menores” los ataques contra tres naves norteamericanas o contra barcazas iraníes Pero la situación ha dado un giro con el anuncio de Trump de que escoltaría a las naves que navegan en el Golfo Pérsico con destructores, 15.000 hombres y una centena de aviones. La medida es sorprendente, porque desde que se planteó la ocupación militar de la Isla de Kharg, en las aguas del Golfo, había quedado claro que habrían quedado a merced de las baterías costeras y los drones de Irán; cuánto más si se intenta la travesía de una flota. En este escenario de provocaciones, Irán atacó instalaciones petroleras de los vecinos del Golfo, en represalia por acciones militares contra barcazas suyas. El despliegue militar norteamericano hacia el estrecho de Ormuz implicaría una intención de escalar la guerra en Medio Oriente. En cuanto al vencimiento del plazo de la guerra sin intervención del Congreso, Trump se ha sacado el tema de encima, con el pretexto de que los ceses de fuego ‘de facto’ han interrumpido el reloj constitucional, como ocurre en las partidas de ajedrez.
En este marco, el choque entre Trump y el primer ministro alemán, Fredrich Merz, acerca de la guerra en Irán, que fue seguida con un retiro de tropas norteamericanas de Alemania, es significativa. Merz ha puesto el acento en el elevado costo que la guerra representa para Alemania, al mismo tiempo que financia, a un costo similar o mayor, la guerra contra Rusia en el este de Europa. Los imperialistas europeos proponen suspender la escalada militar por una presión conjunta de todos los bloques imperialistas sobre Teherán para obtener los objetivos comunes, en un cuadro hiperinflacionario y de escasez en Irán. En ese caso, sin embargo, el gobierno iraní seguirá respondiendo a las sanciones económicas contra su país, mediante el control del pasaje por el Estrecho. El impasse es generalizado. China misma reclama el libre tránsito por Ormuz, aunque en función de otros intereses y perspectivas. Trump ha dispuesto, de acuerdo a la prensa de la derecha alternativa de Estados Unidos, el traslado de misiles hipersónicos al escenario de combate del Medio Oriente. Un retiro en chancletas de parte de Trump no haría bajar el precio de la energía, pero sí provocaría un estallido bursátil, que en medio de la guerra ha alcanzado nuevos récords.
La escalada de la guerra no transcurre solamente en el Oriente. Un reciente ejercicio militar en el Caribe -Flex 2026- ha venido a respaldar la renovada amenaza de tomar por asalto a Cuba, que Trump ha fijado para cuando obtenga la rendición de Irán o alguna salida que pueda calificar como tal. Cuba se encuentra totalmente bloqueada en materia de energía, a lo largo del mundo entero, pues cualquier país que lo desafíe sería sancionado con otros tantos bloqueos. Trump ha amenazado con instalar frente a las costas de Cuba al portaviones Abraham Lincoln, en su regreso del Medio Oriente, o sea durante el Mundial o antes. La disputa por la Copa debe ser aprovechada para intensificar la agitación contra la guerra imperialista, en la misma metrópoli del imperialismo.
Mientras el imperialismo mundial se debate en el laberinto iraní, a costa de miles de vidas y de enormes sufrimientos, la guerra en aparente sordina del imperialismo norteamericano contra China marcha a todo vapor. Trump y cuatro de los dieciséis países latinoamericanos que han suscripto el Escudo de las Américas, han denunciado presiones de China contra el gobierno de Panamá, relacionadas con la derogación de los contratos con un conglomerado de Hong Kong que manejaba los puertos del Canal, que fueron entregados fondos y navieras norteamericanas, por presión de Trump. China ha diseñado una gama de sanciones contra los países involucrados en lo que califica como una expropiación. Sería el primer punto del temario que Xi plantearía a Trump en caso de que la reunión entre ellos tenga lugar. El agravamiento de este desacuerdo podría desatar una nueva guerra arancelaria y trasladarse a todas las otras confrontaciones geopolíticas, incluida la guerra.
La guerra contra Irán es, en realidad, una guerra contra China, porque una victoria del imperialismo norteamericano y el Estado sionista en el Medio Oriente, convertiría a la región en un súper estrecho contra el comercio internacional de Pekín.
La guerra mundial es el nudo de todas las crisis nacionales y sus peculiaridades. El aumento del costo de vida tiene lugar en un período de ajustes y de rearmes militares, o sea en un escenario de ampliación de la guerra entre las principales potencias. Los gobiernos (entre ellos el de Milei) ha reducido los impuestos a los combustibles para que el alto precio del petróleo y el gas licuado, o incluso la urea, no afecten las ganancias extraordinarias de los pulpos de la energía –a costa de la recaudación fiscal, que sería compensada con mayores ajustes sociales.
El cese incondicional la guerra imperialista internacional exige una movilización masiva de los trabajadores de todos los países, con la conciencia de que sólo será barrida de la historia por una revolución socialista mundial.
Jorge Altamira
05/05/2026
martes, 5 de mayo de 2026
Luis Puenzo: luz, cámara, acción
En la memoria histórica que conserva el cine sin diferenciación de fronteras, el nombre de Luis Puenzo siempre estará vinculado con un tiempo, un lugar y una película. Como artífice de “La historia oficial” tuvo el objetivo de revelar al mundo desde la pantalla la oscura realidad que se impuso a sangre y fuego en nuestro país durante la última dictadura militar. Con “La historia oficial” alcanzó en su carrera la cima del reconocimiento artístico internacional, laureada en una fecha marcada por el destino (el 24 de marzo de 1986, diez años exactos después del último golpe de Estado en la Argentina) con el Oscar a la mejor película extranjera, reconocimiento que también lo tuvo junto a Aída Bortnik en una nominación al Oscar en la categoría de mejor guión original.
Cuando subió al escenario para recibir el galardón, no había manera de evitar el tema. Puenzo tampoco quería eludirlo y, por otro lado, ya sabía que su discurso iba a resonar a nivel mundial. “Al mismo tiempo que estoy aquí, sobre este escenario, aceptando este honor, no puedo dejar de recordar que otro 24 de marzo, hace hoy diez años sufrimos el último golpe militar en nuestro país. Nunca olvidaremos esta pesadilla, pero ahora estamos empezando a tener nuevos sueños. Gracias”, expresó emocionado.
Puenzo había comenzado a pensar la película en 1982, cuando las parcas sangrientas de verde oliva todavía estaban en el gobierno. El año del estreno de “La historia oficial” fue el mismo del Juicio a las Juntas. El filme, con el que el público definitivamente lo reconoció, cuenta con un elenco de primera magnitud, entre otros, Norma Aleandro, Héctor Alterio, Chunchuna Villafañe, Hugo Arana, Patricio Contreras y Chela Ruiz, en los roles centrales, más la niña Analía Castro, y Pablo Rago (el único actor que está en las dos películas argentinas que ganaron el Oscar, ya que también participó en “El secreto de sus ojos”, de Juan José Campanella) ganaba el premio más importante al que podía aspirar el cine argentino por primera vez en toda su historia.
La trama de la icónica película se basa en el matrimonio que componían Alicia Marnet de Ibáñez (Norma Aleandro), profesora de historia de un colegio secundario, y Roberto (Héctor Alterio), un exitoso abogado. Ambos tienen una hija adoptiva, Gaby (encarnada por Analía Castro, que cuando la rodó tenía 4 años). Poco a poco, Alicia empieza a sospechar que Gaby es hija de desaparecidos. El relato abonó al dialogo con la lucha, desde sus inicios, de las madres y familiares de desaparecidos, aportando a la construcción de las libertades democráticas.
Luego de La historia oficial, Puenzo avanzó en su carrera con otros títulos: “Gringo viejo” (1989), adaptación de la novela del escritor Carlos Fuentes, una producción internacional rodada en México con capitales de Hollywood, que contó con las actuaciones de Jane Fonda, Gregory Peck, Jimmy Smits y Patricio Contreras, que estaba ambientada en los años de la Revolución Mexicana.
Le sucedió otra coproducción internacional, entre nuestro país, el Reino Unido y Francia. Se trató de “La peste” (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus, donde Puenzo adaptó el guion y dirigió a un elenco encabezado por William Hurt (que encarnó al doctor Bernard Rieux), Robert Duvall y Raúl Juliá. La película rodada en San Telmo, La Boca y Monserrat, además de Constitución, Morón, Dock Sud y Chacarita, se trató de dos periodistas franceses que llegan a una ciudad sudamericana asolada por la peste en la que los enfermos se suman de a miles.
La última realización de Puenzo fue “La puta y la ballena” (2004), largometraje rodado entre la Argentina y España, y que protagonizaron Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón junto a Miguel Angel Solá, Carola Reyna y Pompeyo Audivert. En los años siguientes se lanzaría más a su rol como productor en varios filmes argentinos dirigidos por sus hijos Lucía Puenzo (“Wakolda”, “El niño Pez”, “XXY”) y Nicolás (“Los últimos”), más “Infancia clandestina”, de Benjamín Ávila, “Planta madre”, de Gianfranco Quattrini, y “El faro de las orcas”, de Gerardo Olivares, con Maribel Verdú y Joaquín Furriel.
Además de su rol como autor y realizador, Puenzo tuvo participación activa en la política audiovisual argentina, ya que, en 1994 fue un actor decisivo en la redacción de la Ley de Cine (Ley Nº 24.377/94), que estableció la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas. También fue uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004, mientras que, entre fines de 2019 y abril de 2022, se desempeñó como presidente del INCAA.
Según declaró en alguna oportunidad, no fue a ninguna escuela de cine porque apenas terminó el secundario, pero le parecía que era necesario transmitir lo propio a otros. Se identificó, de este modo, con una generación de realizadores (integrada entre otros también por Adolfo Aristarain y Carlos Sorín) que se propuso el ejercicio de innovar mucho más desde los aspectos técnicos y menos a través de la estética, porque se dedicaron a honrar una gran historia. Subrayó, entonces, que el cine argentino es tan fuerte por su tradición de un siglo sin interrupciones y por eso mismo el más importante del continente.
Despedir a Luis Puenzo implica también volver a ver sus ficciones, no como piezas de museo, sino como intervenciones vivas. Como un ejemplo de ello, está un fragmento de “La historia oficial” en la que Norma Aleandro está callada durante toda la escena, con la mirada absorta, sin una línea en el guión, tan solo escuchando el monólogo de Chunchuna Villafañe en el que relata el horror, los vejámenes a los que había sido sometida a manos de los represores, en la piel del personaje que encarna, por medio de un solo plano. Lo central, era lo dicho y la escucha, como todo lo que ella le dice, le empieza a generar las dudas.
Sergio Escalas
24/04/2026
Adolfo Aristarain (1943-2026)
Desarrolló un total de 11 películas y en otras seis trabajó como asistente. Entre sus realizaciones hay clásicos como “Tiempo de revancha” (1981), filmada en plena dictadura militar; “Un lugar en el mundo” (1992) y “Martín (Hache)” (1997). Durante sus últimos 20 años, el director argentino no avanzó con ningún proyecto. En una entrevista a El País de España en 2024, Aristarain explicó los motivos por los que no se había abocado a una nueva filmación. “A partir de 2010 paré. Y más tarde desarrollé la idea de hacer una historia de [Astor] Piazzolla. Pero en 2019 me operaron del corazón y recién hace un mes terminé la recuperación (…) Cuando tenía que arrancar con la recuperación, empezó la pandemia. Fui sondeando dónde conseguir el dinero, pero no calculé que la película era demasiado cara”, destacó.
Recientemente había recibido una importante distinción: la Medalla de Oro 2024 otorgada por la Academia de Cine por ser uno de los nombres fundamentales en la historia del cine en español. Aristarain, nacido en 1943 en el barrio porteño de Parque Chas, fue el primer realizador argentino en recibir este reconocimiento, que la Academia de Cine justificó por su contribución central al cine argentino y su destacado aporte a la cinematografía en castellano. Entre los galardones que resaltan en su carrera figuran el Goya a la Mejor Película Iberoamericana por “Un lugar en el mundo” y el Goya al Mejor Guion Adaptado por “Lugares comunes”.
El director reveló en varias oportunidades que su destino en el cine emergió después de aceptar que no podría convertirse en un buen trompetista, destino que imaginó durante años antes de dedicarse completamente al séptimo arte. Entre sus realizaciones, “Un lugar en el mundo” no sólo fue un éxito entre la crítica y público, sino que también quedó vinculada a uno de los sucesos más insólitos de los premios Oscar: la primera descalificación en la historia de los galardones otorgados por la Academia de Hollywood.
Estrenada en 1992, “Un lugar en el mundo” obtuvo un recorrido internacional sobresaliente y representó a la Argentina en distintos festivales y premiaciones. Sin embargo, su sendero hacia los Oscar fue diferente. Para participar en la categoría de Mejor película hablada en lengua extranjera, cada país debe designar una única película como representante oficial. Ese año, la Argentina decidió postular otro filme (“El lado oscuro del corazón”, de Eliseo Subiela) por lo que “Un lugar en el mundo” quedó fuera de la selección local, a pesar de su reconocimiento en San Sebastián, por ejemplo, donde se quedó con la Concha de Oro y el premio OCIC.
“Una vez que ´Un lugar en el mundo´ quedó afuera, ¿qué hacía? ¿Me quedaba en casa a llorar?", explicó el director para quien, junto a los productores del filme, sabían que tenían una obra con mucho potencial entre manos. Y, en medio de la rabia, se les ocurrió un plan maestro: llevar su película al Oscar representando a Uruguay. La estrategia dio sus frutos al principio. La Academia de Hollywood aceptó la postulación y el filme progresó en el proceso hasta ser una de las oficialmente nominados. Sin esperar a que se desate una polémica, Aristarain decidió adelantarse y explicar la decisión.
La película no sólo tenía inversores uruguayos, sino que su mujer, Kathy Saavedra, coguionista y vestuarista, era uruguaya, por lo cual, en los papeles, podría caber su participación en los galardones de la Academia. Y aunque en un comienzo todo iba bien, la situación cambió repentinamente. Tras una revisión más puntillosa, la Academia concluyó que la participación uruguaya no era mayoritaria y que, en esencia, se trataba de una producción argentina.
Como cada país solo puede designar una película, y la Argentina ya tenía representante ese año, el filme quedó inmediatamente fuera de competencia. Más allá de ese episodio, la película ya había consagrado su prestigio internacional y con el tiempo pasó a ser uno de los títulos más emblemáticos de la filmografía de Aristarain. El relato, centrado en una comunidad del interior y sus tensiones sociales, trascendió la polémica y se mantuvo como una referencia del cine argentino.
En cierta oportunidad, Aristarain declaró que se divertía como loco filmando y que tenía ganas de filmar, si hubiera una historia que le interesara. Esa inquietud, profundizó, “es una mezcla de todo. Es el cine que ves como espectador. El que ves filmar. Todo lo que leés, novelas, cuentos, historietas, un mundo del que no salís. Estaba metido en eso, no hacía otra cosa. Veía y leía mucho. Dentro tuyo se forma un gusto particular que desemboca en esto. Pero no creo en el cine que no cuente nada.”
Entre los nombres más convocados y admirados por Aristarain figuran actores y actrices como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro. El director dedicó atención especial a sus intérpretes, convencido de que sin ellos “hubiera sido imposible hacer películas”.
Su respeto por directores como John Ford y Alfred Hitchcock se reflejó decisivamente en su estilo narrativo. Sin embargo, en cuanto a la actualidad del cine hollywoodense y la abundancia de efectos especiales, Aristarain puso el acento una vez más en la importancia de una buena historia. Sobre ese punto, en otra ocasión declaró que “el asunto de los efectos especiales me parece que no le mueve un pelo a nadie, porque llegó un punto en que pueden hacer cualquier cosa, terremotos, tsunamis, destruir una ciudad entera. Todo muy bien hecho, sí, pero ¿qué cuentan?”.
Sergio Escalas
28/04/2026
Premian a las patronales negreras con los recursos de trabajadores y jubilados
El gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por el cual las patronales que contraten –o formalicen- trabajadores sin relación de empleo registrada hasta el 10 de diciembre tendrán una beneficiosa reducción de aportes y contribuciones patronales, que servirá a desfinanciar aún más los institutos y el régimen previsional de los trabajadores, en un cuadro donde los que prima son los despidos y las facilidades para el trabajo informal.
El gobierno reglamentó una de las incorporaciones recientes de la reforma laboral, tendiente a extender los beneficios a las patronales, los cuales ya se ha probado no solo no favorecen la generación de ni un solo puesto de trabajo formal sino que sirven a gravar el desfinanciamiento y vaciamiento del sistema previsional, el Pami, las asignaciones familiares y demás institutos de los trabajadores.
El programa en cuestión regirá por un año, desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027, y plantea reducir las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de la “nueva” relación laboral declarada, pudiéndose inscribir hasta un 80% de la nómina de empleados por establecimiento.
El total de la alícuota que deberán abonar las patronales se reduce al 5%, que a su vez sería aplicado con un 2% al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares, y un 3% con destino al Pami.
Según un informe previo del IARAF tenemos que esto significaría una reducción drástica de las contribuciones patronales, bajando del 27% actual al 15%: una diferencia que no es absorbida por partidas de otro origen sino con el vaciamiento y liquidación de los aportes destinados a garantizar derechos previsionales y sociales de los trabajadores.
Esto se suma a otras medidas de igual tenor, como la implementación Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que también prevé el vaciamiento del sistema previsional para armar un fondo que pueda cotizar en la bolsa y hacer así negocios financieros con la plata de los jubilados, mientras la jubilación mínima se encuentra en niveles de indigencia, con $393.174 mensuales, más el bono de $70.000.
El gobierno viene actuando como un garante de los intereses patronales, con la eliminación de las indemnizaciones por nula o deficiente registración (Ley Bases), la extensión del plazo del periodo a prueba, la creación del FAL para abaratar despidos y trasladar su costo a los trabajadores, la reducción de las indemnizaciones por despido y la exclusión de cientos de miles de “monotributistas” de la Ley de Contrato de Trabajo, todo lo que ha servido a favorecer los despidos, el fraude laboral y el trabajo informal.
Entre los institutos afectados por esta medida se encuentra el Pami, con una situación actual crítica, donde venimos de acciones gremiales de los médicos de cabecera contra el ajuste en el pago de las prestaciones que afecta sensiblemente los ingresos de los trabajadores y profesionales de la salud, y que termina afectando aún más un servicio ya deteriorado, donde se impone la falta de medicamentos e insumos médicos para garantizar la atención de millones de personas.
La burocracia sindical de la CGT continúa, además, con su política de complicidad y colaboración con la ofensiva antiobrera de Milei y las patronales, cuandos e ha demostrado que su orientación judicializadora resultó ser un fracaso absoluto.
Quienes terminan pagando el fraude laboral y la estafa de las patronales son los trabajadores y jubilados con sus recursos: una transferencia de ingresos en favor de los capitalistas que se fugan todas las “ganancias” y no invierten ni un peso en la generación de empleo.
Hay que derrotar esta ofensiva antiobrera, enfrentando la reforma laboral y su aplicación y luchando para echar a Milei y sus colaboradores.
Marcelo Mache
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