martes, 31 de agosto de 2021

Llegó la Delta y la orquesta toca en el Titanic


Como lo reconocen las máximas autoridades sanitarias, la variante Delta del SARS-CoV-2 está circulando en la comunidad. Las expresiones de deseos que aventuran que en nuestro país la variante podría no llegar a ser dominante no tienen sustento científico. La experiencia internacional indica, por el contrario, que se va a imponer en el progreso de los contagios. 
 Se sabe que es una variante de una infectividad muchas veces superior a las otras, lo que permite prever un ascenso en pico u ola de contagios, de internaciones y consecuentemente de fallecimientos. Si bien la experiencia de los países del hemisferio norte que sufrieron -y sufren- esta variante indica que las formas graves y muertes fueron comparativamente menores, se trata de países que, como Israel o Gran Bretaña, tienen más de 70% de su población vacunada con dos dosis. No es el caso de Argentina que no llega al 30%. Dato fundamental, porque para esta variante las vacunas en uso en el país tienen una efectividad de 30% a 40% para una dosis, por lo que es una indicación formal la vacunación completa para una inmunización aceptable. 

 La vacuna, te la debo

 La Ministra Nacional de Salud, Vizzotti, estableció una meta para agosto de un 60% de vacunados con dos dosis de la población de riesgo. Quirós, ministro de la CABA, plantea que con un 50% de la población total con vacunación completa, hoy en un 40%, se puede enfrentar esta variante. Está claro que bajan una vara que estándares internacionales colocan en 80 o 90% de la población con las dos dosis. 
 La vacunación en el país avanza a los barquinazos al ritmo de las entregas de a puchos, con un cuello de botella particular en la provisión de segundas dosis para cubrir por lo menos a 4 millones de mayores de 50 años vacunados con la primera y a la espera de la segunda. La demora en la entrega, que se concentra en la Sputnik V y en la AstraZeneca, evidencia un manejo torpe y doloso del gobierno, en un caso por obviar las previsibles dificultades de la distribución de Rusia y en el otro por favorecer a laboratorios de amigos -mAbxience de Hugo Sigman y sus negocios con Slim en México- que ha entregado menos de la mitad de dosis ya pagadas. 

 La cabeza en la boca del tigre 

Pero con la vacunación no es suficiente. La altísima velocidad de difusión de esta variante exige mantener las medidas de prevención para mitigar la circulación. También aumentar la detección con aislamientos y la secuenciación para circunscribir casos y zonas de infección con Delta, procedimientos muy escasos en el país. La experiencia muestra que países como EE.UU., Israel o Inglaterra recaen con un aumento significativo de casos y han retomado medidas preventivas, luego de haber eliminado casi la totalidad de las restricciones y festejado “el día de la libertad” bajo la presión del establishment capitalista. 
 A pesar de estas evidencias y el cuadro preocupante que nos amenaza, el gobierno nacional, como los provinciales, sean del oficialismo o de la oposición, están en una carrera por la eliminación total de todo tipo de restricciones, incluyendo las limitaciones en el uso del transportes, la liberación de las clases presenciales, del turismo y hasta la autorización de espectáculos públicos masivos. La máxima expresión de esta conducta temeraria es la autorización a las patronales privadas y a la administración pública para convocar al trabajo a la población de riesgo -adultos mayores, embarazadas y pacientes con comorbilidades- vacunados con solo una dosis. Esta medida que trasgrede los criterios básicos de prevención, especialmente ante variantes como la Delta, es muchísimo más grave y de alcance infinitamente mayor que el cumpleaños de Fabiola en Olivos. Sin embargo no ha producido denuncia penal alguna, sino beneplácito de los cambiemistas, en ese punto no hay grieta. Es fundamental que los gremios la rechacen. 

 ¿Suicidas? No, capitalistas 

La contradicción en sus términos, entre gobiernos que eliminan medidas preventivas elementales de salud pública, al mismo tiempo que sus funcionarios advierten sobre la inminencia de una tercera ola, solo se explica por una subordinación total a los dictados de la clase capitalista y a las necesidades electorales de quienes quieren mostrar un falso cuadro de “pospandemia”. 
 Si no es en las Paso, en noviembre se votará en pleno exacerbamiento de la pandemia y, una vez más, el mayor costo recaerá en el personal de salud y en los sectores más pobres y desprotegidos de la población. En la coyuntura electoral, hay que decirlo, la única corriente política que denuncia la negligencia criminal de oficialistas y opositores y propone todo un programa de salud pública para combatir el flagelo, es el Frente de Izquierda – Unidad. 

 Sergio Villamil

El rumbo del gobierno genera más extranjerización y fuga de capitales


Miguel Pesce, presidente del BCRA. 

Las problemáticas que señaló el presidente del BCRA son agravadas por la política oficial. 

 Las declaraciones del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, en la última reunión del Consejo de las Américas, fueron claras acerca de cuáles son las causas que obstruyen el crecimiento económico. Sin embargo, omitió que esos factores son el resultado de la crisis capitalista y de las prácticas parasitarias propias de un rumbo fondomonetarista y al servicio del capital al cual tributa el gobierno que integra.
 En primer lugar, señaló que “el BCRA tiene esterilizados $4 billones y lo lógico sería orientar esos recursos hacia la inversión”. Lo que Pesce no menciona es por qué la entidad que dirige ofrece rendimientos altísimos del 36% en los pases pasivos y del 38% para las Leliqs, cuyas consecuencias recesivas son evidentes. El punto es que la falta de inversiones responde a que los capitalistas no encuentran negocios rentables, y que los bancos prefieren evitar los riesgos. El Informe Monetario del Banco Central indica que, a excepción de julio, los préstamos bancarios a las empresas acumularon 10 meses seguidos de caída. 
 Es la huelga de inversiones de los capitalistas lo que está en la base de esta política monetaria, la cual tiene la finalidad de retirar pesos de circulación para que no se vuelquen hacia la compra de dólares y para intentar contener el alza de precios. La banca privada opta por prestarle a la autoridad monetaria, que a diferencia del resto de los deudores tiene la máquina de imprimir billetes.
 Uno de los problemas señalados por Pesce como dificultad para invertir es que “la Argentina exporta por año 60.000 millones de dólares; (pero) en un año normal, el país necesita más de 60.000 millones de dólares solo de importación de bienes”. Lo anterior revela el carácter dependiente de la industria nacional, donde la mayoría de los insumos y bienes de capital provienen del exterior. Sin ir más lejos, en los primeros siete meses del año se utilizaron 33.000 millones de dólares para compras al exterior y los insumos para producción y bienes de capital representan el 84,5% de las importaciones (Ámbito, 30/8). Pero en lugar de sacar la conclusión de que es necesario apuntalar un desarrollo industrial autónomo, la orientación del gobierno profundiza el carácter semicolonial del país. 
 Esto porque Alberto Fernández se propone salir del laberinto sobre la base de mayores concesiones a los pulpos que dominan las ramas de exportación, pero eso incluso con la prioridad en la entrada de divisas para hacer frente al pago de la deuda. A este objetivo obedecen las leyes enviadas al Congreso por parte del Ejecutivo, las cuales establecen una serie de beneficios impositivos a la industria automotriz y a las petroleras, y promete otra para la agroindustria con las mismas características. Pero son estas mismas patronales las beneficiadas por el saqueo del país, fugando sus ganancias al exterior en lugar de reinvertir en Argentina. 
 Vale recordar que el ingreso récord de divisas como resultado del «boom exportador» se debió a la suba de los precios internacionales de los granos y no a un incremento de las toneladas producidas y vendidas al exterior. Si bien en el primer semestre del año se liquidaron 63.900 millones de dólares por ventas al exterior, un 28,3% más que en el primer semestre del 2020, hubo un caída del 1,2% en términos interanuales en la cantidad de toneladas exportadas, según el Indec. Como vemos, un descenso en los precios de las commodities del agro echaría por tierra la hoja de ruta del gobierno. 
 La subordinación gubernamental al capital agrario por este motivo es la razón por la cual se mantiene intacto el monopolio del complejo agroexportador en manos de un puñado de multinacionales. La extranjerización de las exportaciones es tal, que el 60% de las ventas de granos al exterior en la campaña comercial 2020/21 está concentrado en apenas cinco empresas foráneas: las estadounidenses Cargill, ADM y Bunge, la china Cofco y la firma de capitales suizos Oleaginosa Moreno (ex Glencore). Mientras estos pulpos agrarios han amasado fortunas debido al «boom exportador», los sectores populares padecieron la suba continua de los alimentos, ya que los altos precios del mercado internacional se trasladaron a las góndolas locales. 
 El control privado del comercio exterior ha dado lugar a una práctica muy extendida de evasión impositiva y fuga de capitales como lo es la subfacturación de exportaciones. Según un informe realizado por Proyecto Económico y IADE, el 20% de las ventas al exterior de granos y oleaginosas se subfactura. No obstante, el gobierno es incapaz de tocar este esquema de saqueo; ni siquiera pudo llevar hasta el final su demagogia nacionalista en torno a un manejo estatal de la Hidrovía del Paraná y terminó anunciando que habrá próximamente una licitación para establecer cuál será la nueva concesión privada de la ruta fluvial. 
 Por eso ningún desarrollo nacional va a venir de la mano de mayores ventajas a los autores de la fuga de divisas y los desfalcos al Estado. Son los responsables del problema al que alude el presidente del BCRA, cuando hace mención a que “los residentes argentinos tienen 400 mil millones de dólares en el exterior y 100 mil millones en billetes”. En este punto, los últimos datos no son más alentadores puesto que el mes de julio contó con una mayor demanda de dólares para «atesoramiento» y se aceleró la fuga de capitales. La Formación de Activos Externos del sector privado (dólares que se fugan del país o los que se guardan sin declarar) “escaló de los 32 millones de dólares a los 126 millones para alcanzar su mayor nivel en lo que va del año y de los últimos nueve meses” (La Nación, 30/8). De este modo, los dólares que ingresan fruto del auge exportador tienen como destino financiar la fuga de capitales al exterior, afrontar vencimientos de duda y sostener una precaria pax cambiaria mediante la recompra de títulos del Tesoro. 
 A fines extorsivos, otro argumento patronal para resolver el hundimiento de la inversión es que es necesario flexibilizar los convenios colectivos de trabajo para salir del estancamiento económico. En sintonía con ello es que se organizó el congreso oficial con cámaras empresarias y la burocracia sindical, con el cual gobierno se muestra en plena campaña como una vía para canalizar la reforma de los convenios colectivos. Pero no es la deprimida mano de obra el problema, sino que es el costo empresario el límite a la inversión; si se abrieran los libros de las empresas al control obrero saltaría a la vista el carácter parasitario del dominio capitalista sobre los resortes de la economía. 
 Todo lo dicho demuestra que incluso si se lograra una «reactivación económica» en los términos del gobierno, significaría profundizar un régimen de prebendas para los pulpos exportadores para pagarle al FMI y los organismos de crédito internacional, a costa de una mayor primarización de la economía y privaciones para la inmensa mayoría de la población.
 En definitiva, Pesce enumeró una serie de problemáticas que encuentran su origen en las medidas que el propio gobierno toma en beneficio del capital. La solución únicamente provendrá de un programa de los trabajadores, que detenga la fuga de capitales y ponga fin al pago de la de la deuda usuraria por medio de la nacionalización de la banca y del comercio exterior bajo control obrero; a fin de impulsar el desarrollo nacional y dar respuesta a las necesidades populares. 

 Sofía Hart

Lesa Humanidad: comienza juicio residual del “Pozo de Arana” de La Plata



Juzgarán a los genocidas Etchecolatz y Garachico. 

 El próximo lunes 30 de agosto, a las 9:30, comienza en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, el debate oral de la causa residual del juicio “Circuito Camps”. Este juicio tuvo sentencia en el año 2013, que involucraba el juzgamiento de los hechos genocidas en los centros clandestinos de detención y exterminio Comisaría V de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco denominada «Puesto Vasco», COT I Martínez y la Brigada de San Justo, como así también los hechos sucedidos en la casa de «Teruggi-Mariani»; de la ciudad de La Plata, incluida la apropiación de Clara Anahí. 
 Este juicio juzgará los hechos que quedaron “pendientes” del denominado “Pozo de Arana” que se hallaba ubicado en la calle 137 de La Plata sobre el terreno en donde se encuentra hoy emplazado el vivero vivero “Ferrari Hermanos” de la localidad de Arana. 
 Esto se debe al desmembramiento de las causas de lesa humanidad originando infinidades de causas por los mismos hechos, citando reiteradas veces a los mismos testigues, retrasando el juzgamiento de los genocidas que van muriendo por su avanzada edad o beneficiados con prisión domiciliaria, situación que desde la querella de Justicia Ya! La Plata de la cual APEL forma parte, venimos denunciado hace años. 
 Este pequeño juicio, tiene como casos a les compañeres Jorge Julio López secuestrado el 27 de octubre de 1976 mientras se encontraba en su vivienda sita en calle 140 y 69 de La Plata. Jorge Julio López, quien luego de recuperar su libertad fue por segunda vez secuestrado el 18 de septiembre de 2006, en democracia, luego de haber declarado en el primer juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz.
 También son víctimas del juicio Ambrosio Francisco De Marco y Patricia Graciela Dell´Orto quienes fueron asesinados el 8 ó 9 de noviembre de 1976, Norberto Rodas y Alejandro Emilio Sánchez, quienes fueron asesinados, Francisco Bartolomé López Muntaner: “Panchito” quien tenía tan sólo 15 años de edad cuando fue secuestrado de su casa en la localidad de La Plata, el 16 de septiembre de 1976 quien continúa desaparecido y Efraín Guillermo Cano quien permaneció en el Pozo de Arana durante un período comprendido entre el 27 de octubre de 1976 y el 15 o 16 de noviembre de 1976 cuando recupera su libertad. 
 Serán juzgados sólo dos genocidas, el reconocido Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires y Julio César Garachico ex Jefe del Servicio Externo de la Unidad Regional de la Plata. El resto de los responsables murió impune. 
 Luego de la indagatoria de los imputados, se exhibirán en las audiencias los testimonios del compañero Jorge Julio López, Nilda Eloy y Cristina Gioglio, grandes luchadoras por los DD.HH. Las audiencias se realizarán todos los lunes con una modalidad semi presencial y serán transmitidas en vivo por el sitio del Poder Judicial (www.cij.gov.ar) y su canal de Youtube. 
 Como siempre decía nuestra compañera Nilda Eloy, “son los juicios que tenemos y no los que queremos” seguiremos luchando contra la impunidad de todos los genocidas y sus cómplices. No olvidamos, no personamos y no nos reconciliamos! 30.400 compañeres detenides desaparecides presentes. 

 Pía Garralda, abogada de Apel

lunes, 30 de agosto de 2021

La justicia niega la libertad a Sebastián Romero

Prosigue el procesamiento de César Arakaki. 

 La Sala 1 de la Cámara Federal de Casación rechazó el pedido de excarcelación de Sebastián Romero, imputado por su participación en la movilización contra la reforma previsional de Macri el 18 de diciembre de 2017. En aquella jornada, miles de trabajadores y trabajadoras se enfrentaron durante horas con la policía en Plaza Congreso, para rechazar la enésima confiscación a los jubilados. Sebastián fue fotografiado portando un artefacto pirotécnico de venta libre. La Justicia y los medios se han ensañado con él. La mentada ´reforma´ macrista fue meses después declarada inconstitucional por un tribunal de primera instancia.
 Los jueces Daniel Patrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña decidieron negarle la excarcelación a Romero a pesar de que la pena máxima que podría caberle por el delito que se le atribuye es menor al tiempo que lleva cumplido de prisión domiciliaria (1 año y 3 meses). 
 Los abogados han denunciado que lo mismo sucede con el juicio montado contra Daniel Ruiz, quien lleva 1 año y 10 meses de prisión, luego de estar 13 meses preso en el Penal de Marcos Paz y contra Cesar Arakaki. En este proceso el Estado ya lleva presentados 114 testigos y ninguna prueba. 
 Reclamamos la inmediata libertad de Sebastián Romero, el cese de las causas contra Ruiz, Arakaki y todos los luchadores populares. 

 Joaquín Antúnez 
 28/08/2021

Kicillof sanciona a una docente kirchnerista de La Matanza sin derecho previo de defensa

El mayor adoctrinamiento es el clerical y el que impone el negocio educativo. 

 La filmación de un video casero donde una docente emite en clase posiciones afines al gobierno ha dado lugar a una polémica, que incluye al presidente de la Nación. Kicillof, el gobernador de la Provincia se anticipó a las sanciones a la docente que la derecha macrista y el clero reclamaron a la docencia, al suspenderla del cargo e iniciar una “investigación”. El ‘soviético’ Kicillof se instaló en la ‘pole position’ de una caza de brujas, que pide condena por el delito político de “adoctrinamiento”. La farsa no tiene parangón: en la mitad o más del sistema escolar de Argentina se desarrolla una educación clerical sin barreras, que no es considerada como un régimen de adoctrinamiento y censura, que incluye expulsiones sin sumario. La libertad de creencias se encuentra abolida en este ámbito para laicos y ateos, esto dicho con ‘dulzura’. No existe el debate sobre la pedofilia clerical, que ni siquiera se insinúa. Las embarazadas fuera del matrimonio son expulsadas, porque constituyen un ‘mal ejemplo’. La práctica misma de la pedofilia en las escuelas no tiene traducción judicial. Los acusadores de la maestra del caso son portavoces de un régimen de oscurantismo científico y de arbitrariedad política. La mayor parte de ellos y sus corrientes políticas, peronistas o anti-peronistas, apoyaron el golpe militar del 76, incluso a las tres A. Que Argentina es un clásico del “mundo al revés” no lo disputa nadie. 
 Alberto Fernández salió a elogiar la conducta de la maestra kirchnerista. La defendió porque la maestra K se indignó contra las acusaciones de un alumno contra la corrupción K. Cristina Fernández, en cambio, optó por hacerse la distraída. La misma maestra, sin embargo, no pudo llevar muy lejos su pasión por el kirchnerismo, al hacer una defensa muy particular de la asistencia alimentaria en las escuelas estatales, que descalificó con munición verbal muy gruesa. En el estrecho espacio de una escuela de la Matanza, el público vio por medio de los videos, el carácter político miserable de la ‘grieta’ tomada en su conjunto. 
 Significativo fue también que el culebrón ‘pedagógico’ ocurriera en una escuela de la Matanza, la ciudadela peronista de la tercera sección electoral. No sólo el intendente Espinoza debe sentirse inquieto por el alcance de este simbolismo. También es significativo que el asunto ocurriera en una escuela técnica, donde se forma el personal de la industria, que observa que la industria no va para ningún lado y que los obreros industriales ingresan en la franja de la pobreza, en medio de una creciente flexibilidad laboral. La información no deja en claro la orientación política del alumno que impugnó al kirchnerismo, la que de todos modos se encuentra, como ocurre con todo el mundo, en evolución.
 Que Alberto Fernández se refiera a la acción de la docente como una “apertura de la cabeza” hacia los alumnos, sólo demuestra el entumecimiento de la suya. La maestra, es cierto, atacó a la educación privada; el Presidente, por el contrario, la viene apuntalando hasta la muerte (literalmente) con la apertura escolar responsable de la ‘segunda ola’ y ahora frente a la expansión de la variante delta. De otro lado, la profesora defendió un gobierno indefendible, que bajó el gasto social real en la pandemia para satisfacer exigencias del capital financiero y del FMI. De otro lado, el suceso demuestra que la cabeza de los alumnos se abre sola, como consecuencia de la experiencia de la misma crisis – una crisis capitalista, no un virus de Wuhan. La kirchnerista sancionada, sin derecho a defensa previo, no pretendió abrir la cabeza de nadie, sino cerrarla con un blindaje de improperios. En el testimonio recogido es evidente que la profesora defendió la política del gobierno y del Estado, sirviéndose del poder y la autoridad que le confiere su cargo frente a los estudiantes. Nada tiene que ver eso con la politización de las aulas, que debe ser promovida por medio del debate que el docente debe promover entre los alumnos mismos, para que arriben a conclusiones propias. 
 Rechazamos la sanción a la docente dictada por el kirchnerista Kicillof, cuyo propósito no es otro que despolitizar la escuela – la misma escuela que enseña historia y la organización política y las constituciones de los países. Se ve aquí otra hilacha del incidente, que es la concepción de la educación como una “salida laboral”, la cual consiste, precisamente, en adosar al ciudadano a una máquina y a la memorización y la rutina digital, mientras “la política” tiene cancha libre para ejercer el despotismo del estado capitalista sobre los trabajadores. Denunciamos la persecución a la docencia por parte de Kicillof, un paladar negro del kirchnerismo, y a toda la laya de clericales, los liberales y los corporativistas. Entre esta gente los estudiantes no tienen ningún porvenir. 
 En lugar de la sanción corresponde abrir un debate en esa escuela y en todo el ámbito educativo y popular 
 La condición de una pedagogía emancipadora es la democracia obrera y socialista. 

 Jorge Altamira 
 28/08/2021

Unilever, la pandemia y los trabajadores

Una caracterización de la situación de los trabajadores de Unilever debe comenzar por un balance del impacto de la pandemia en la fábrica. 

 La empresa calificada “esencial” desde el inicio mismo de la cuarentena por su producción, no solo de alimentos sino también de productos de limpieza. 
 Este reconocimiento le representó a la multinacional anglo-neerlandesa una valorización extraordinaria de su capital que siguió produciendo mientras el grueso de sus competidores estaban parados por el lockdown. Además, tanto en el 2020 como en el 2021 los productos de Unilever -especialmente los elaborados en Knorr- tuvieron picos de producción y ventas solamente comparables con años récord. Para los trabajadores en cambio, la esencialidad de Unilever significó una exposición extraordinaria a la pandemia, que dio como resultado, solo en la Planta de Pilar, en más de 400 contagiados, varios trabajadores internados de gravedad y un obrero fallecido.
 Los protocolos implementados, superiores a otras fábricas, se mostraron obsoletos para evitar la circulación del virus y fueron flexibilizándose a la medida de las necesidades de la empresa, que deslindó siempre su responsabilidad de los contagios en los propios trabajadores. Existe en Unilever un principio sobre la seguridad laboral que dice que si un trabajador no se siente seguro de hacer una tarea, no debe hacerla: "si no te sentís seguro, mejor no lo hagas". El principio, repetido hasta el cansancio durante años, fue a parar a los tachos de basura de la multinacional desde el día 1 de la pandemia.
 El aluvión de contagios, en los picos de 2020 y 2021, llevaron a la empresa a disminuir a ultranza los cercos de contactos estrechos. A la hora de la declaración jurada de los contagiados, la empresa enviaba a los jefes de turno a apretar al trabajador para reducir al mínimo las licencias a otorgar. Cómo a pesar de los aprietes la cantidad de cercos y contagiados ponía en riesgo la producción, la empresa implementó -contra todas las recomendaciones sanitarias- un bono para aquellos que no denunciaran síntomas. 
 A pesar de la valorización extraordinaria y del récord de ventas, Unilever no se movió de su política de atar el salario a la paritaria del STIA, siempre por debajo de la inflación. De esta manera, la empresa consolidó el derrumbe del salario proveniente de las devaluaciones de 2017; pasamos de ganar arriba de 1.000 dólares mensuales en 2016, a ganar entre 400/500 dólares por mes. Los bonos otorgados no compensaron lo perdido, estuvieron sujetos a las condiciones de la patronal e incorporaron una nueva discriminación; no se pagaron ni a los trabajadores de agencia y ni a los licenciados por riesgo. Es interesante que en medio de la pandemia la empresa haya eliminado el Bono Anual -sujeto a la evaluación de cada trabajador- que se cobraba probablemente desde que la multinacional había desembarcado en el país en 1926.
 La empresa ha congelado desde hace años las efectivizaciones, a pesar de haber incorporado máquinas y sectores nuevos. La pandemia significó la exposición extraordinaria de los contratados (en sus distintas modalidades) y una demostración palmaria de su carácter esencial -la mayor parte de la fábrica anduvo gracias a los contratados-, pero no a la hora de su efectivización. El conflicto llevado adelante en 2021 en reclamo de efectivizaciones, no logró aún quebrar la barrera de la efectividad, además de incorporar una discriminación más: a partir del conflicto los trabajadores efectivos perciben las horas del domingo a la noche al 100%, pero los de agencia como horas normales.
 El sector de Mantenimiento impulsó durante la pandemia un reclamo de larga data, el reconocimiento del título. Ocurre que el crecimiento de máquinas y sectores va a contramano de trabajadores del taller, que vienen siendo disminuidos a casi el mínimo, reemplazados en gran medida por empresas tercerizadas. La empresa a pesar de las condiciones excepcionales, se negó al reconocimiento de su personal más especializado. Lo mismo ocurre con los trabajadores de producción, donde el estándar de categorías también fue congelado. Probablemente dónde más puestos se generaron es en Recepción y Despacho, donde después de largos años de reclamos y conflictos la empresa termino con la tercerización en la Logística TASA. Un gran avance para los trabajadores, con un detalle: Unilever pretende que el trabajo que hacían los tercerizados sea realizado por la misma cantidad de trabajadores que operaban hasta ahora. 
 Pasados 18 meses de pandemia, probablemente el único beneficio que le ha quedado a los trabajadores es la ampliación del servicio de charters a 6 cuadras del domicilio de cada trabajador -como consecuencia de la prohibición de utilizar transporte público-. La empresa ya dio de baja el de los tercerizados y pretende dar de baja próximamente el de los efectivos.
 Las próximas elecciones de delegados deben realizarse en noviembre. Para que ellas sean claras para los trabajadores de la empresa es neceario un balance de la pandemia: ganancias extraordinarias, ventas extraordinarias, contagios masivos y salarios de pobreza. La recuperación de un cuerpo de delegados clasista no es una consigna abstracta, sino que responde a la necesidad de arrancar un salario mínimo igual a la canasta familiar, a la lucha por las reivindicaciones de los sectores, a la lucha por la efectividad de los contratados, a poner punto final a la discriminación patronal entre los trabajadores.

 Pablo Busch 
 28/08/2021

¿De dónde viene el ataque de Fargosi contra Bregman?


La expresión de la ideología reaccionaria enquistada en el aparato del Estado. 

 Alejandro Fargosi, abogado que integró el Consejo de la Magistratura y miembro del partido evangélico Valores Para mi País, atacó este lunes por Twitter a la candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda – Unidad, Myriam Bregman. Le arrogó una frase en sentido de “no cantar el himno por ser de izquierda” y la describió como “militante judía del Frente de Izquierda”. En tono increpante, preguntó: “¿Vos votás estas ideas?”. No se trata del desbarranque de un twittero, sino de una agresión por parte de un hombre que personifica a altos mandos del capital y el Estado.
 Fargosi fue miembro del Consejo de la Magistratura, electo por el voto de los abogados, entre 2010 y 2014. El Consejo de la Magistratura es el órgano que designa y observa la actividad de los jueces. El macartismo de Fargosi tiene como correlato por supuesto el accionar del aparato represivo y judicial que persigue, ataca y encarcela al activismo y a los luchadores. Los agravios a Bregman expresan un ataque a la militancia de izquierda que saca a relucir la ideología nacionalista reaccionaria, especialmente característica de todo el entramado conspirativo del Estado. El antisemitismo pervive entre los militares, servicios de inteligencia, y, como la casta judicial. 
 Además, Fargosi es director del Banco Macro, que fuera propiedad del fallecido Jorge Brito, e integró directorios y asesorías de numerosas empresas privatizadas y, antes, de empresas estatales. La acusación de no cantar el himno emparentó el ataque de Fargosi con el de Gerardo Morales contra el FIT. Cambia Jujuy, presentó un spot televisivo contra la izquierda por “no respetar los símbolos patrios”.
 Es curioso, porque el disparo proviene de un gobernador macrista que prioriza el pago de la deuda externa y la entrega de las riquezas a las multinacionales -como el litio- mientras crece la pobreza de forma despiadada. De la misma manera que Fargosi, asesoró a las multinacionales que saquearon el país con las privatizaciones. La reivindicación de los “símbolos patrios” es para atacar a la izquierda, cuando es esta izquierda la que defiende las causas nacionales en oposición a todo el régimen que se dirige a un nuevo acuerdo con el FMI. 
 Ni las declaraciones de Fargosi ni el macartismo de Morales nacen de un repollo. Brotan de sectores del poder, y son concepciones enquistadas en el aparato judicial y represivo del Estado. Para ponerle un punto final no alcanza con una declaración de solidaridad, hay que apuntar al desmantelamiento del conjunto del entramado conspirativo del régimen, que está lleno de “Fargosis”.

 Manuel Taba

Los absurdos más grandes de la campaña hacia las Paso


Candidatos desorientados y estafas políticas. 

 En una campaña electoral marcada por el descontento y la apatía, que amenazan con una oleada de “voto bronca”, los planteos de diferentes fuerzas políticas acentúan la situación: desde absurdos manifiestos hasta estafas políticas, parece que se pretendiera tomar explícitamente el pelo a los votantes.
 Veamos: 
 1) Nacionales y populares que viven y gobiernan en favor de los countries: la candidatura de Victoria Tolosa Paz, que habita una mansión de 857 metros cuadrados en un barrio privado, en nombre del Frente de Todos, es un símbolo de un gobierno que venía a “sacar la plata de los intereses de las Leliq para aumentar las jubilaciones” y terminó agravando la miseria jubilatoria que dejó Macri y multiplicando el pago de intereses de Leliq a la banca. Robin Hood, pero al revés. 
 2) Hablar de libertad y defender la dictadura: los llamados “liberales” llevan en sus listas a defensores de la dictadura (como Victoria Villarruel en la lista de Javier Milei), son antiaborto legal (antiderechos) y se referencian en pensadores (como Von Hayek) que defendieron el pinochettismo. Su defensa de la libertad, lo dejan claro, es la defensa de la libertad empresarial para explotar hasta la ultima gota de sangre a la clase obrera. 
 3) Javier Milei se presenta como crítico de la casta política, pero según él Menem fue “el mejor presidente de la historia”. Defiende así al impulsor del mayor robo contra el presupuesto del Estado de toda la historia Argentina, el ciclo de privatizaciones y endeudamiento menemista, que terminó en la crisis del 2001 y llevó al país a niveles récord de pobreza y desocupación.
 4) Hablando de Menem, todos son/fueron menemistas. Milei elogia a Domingo Cavallo, quien en su momento llevó en su lista a Alberto Fernández. Otro que arrancó con Duhalde en los ‘90 fue Rodríguez Larreta. Los Kirchner, por esa época, trabajaban activamente por la privatización de YPF desde la gobernación de Santa Cruz. El “mejor gobierno de la historia” de Milei parió a los representantes más prominentes de los partidos a ambos lados de la grieta. 
 5) “Volver… con la frente marchita”. Así vuelve María Eugenia Vidal, después de haber hundido la provincia de Buenos Aires durante su gobernación, a la candidatura en la Capital. Al electorado porteño le ofrecen la versión devaluada de una gobernadora bonaerense frustrada. Como cuando volvés a lo de tus viejos después de un divorcio, la vuelta de Vidal a la Ciudad muestra hasta qué punto la crisis y las internas de Cambiemos son el resultado de su fracaso rotundo en el gobierno.
 6) Una brújula para Randazzo. La campaña de Florencio Randazzo arrancó recreando con insultos varios una conversación con Cristina Fernández en la cual la entonces presidenta trataba de convencerlo de ser candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, para cerrar diciendo: “le dijo que no a Cristina, te dijo que sí a vos” (?). Pretender transformar una disputa por un cargo en una causa nacional es, al menos, extraño. Remata con un nuevo spot donde insulta a quienes gobiernan por insultarse entre ellos (?). Lleva en sus listas a dirigentes de organizaciones sociales, pero se la pasa atacando las medidas de fuerza del movimiento piquetero. Hace campaña abierta por la reforma laboral. 
 7) El peronismo con olor naftalina quiere un ajuste. El spot de Guillermo Moreno reivindica, desde un ferretero bigotudo con estética vintage, la política de superávit comercial y fiscal del duhaldismo y el kirchnerismo “de los orígenes”. El reclamo de superávit fiscal para pagar deuda hace empalmar a este peronista originario con los reclamos del Fondo Monetario. El pago “serial” de la deuda externa, a full. Respecto del superávit comercial, se olvidó de que el de la época de Duhalde fue el resultado de una brutal devaluación de la moneda que multiplicó la ya enorme pobreza de la convertibilidad. 
 8) ¡El FMI ya volvió, Altamira! La consigna de Jorge Altamira: “Si los votás, vuelve el FMI”, es extemporánea. El FMI es un activo protagonista de la vida política nacional en los últimos dos gobiernos, Macri endeudó el país en 44.000 millones con el Fondo, Alberto paga puntualmente los intereses usurarios, la deuda defaulteada no dejó de negociarse y los gobiernos nunca dejaron de seguir sus “consejos”: por eso impulsan un plan de ajuste, incluida la eliminación del IFE en plena pandemia.
 9) Romper la izquierda en nombre de la unidad de la izquierda. El MST, que dividió la lista de frente único del Frente de Izquierda Unidad para ir a las Paso en absoluta soledad, hace un spot llamando a romper “el techo sectario del FIT”. Mas allá del despropósito comunicativo de semejante consigna, les preguntamos a los compañeros ¿Quién es el sectario si todas las fuerzas políticas del FIT-U se pusieron de acuerdo en una lista salvo ustedes, que presentaron una lista en soledad en las Paso? ¿Quién, si la campaña de la lista unitaria del FIT-U se concentra en denunciar al gobierno mientras la suya se concentran en atacar a la izquierda? 
 Entre estas campañas del absurdo, el Frente de Izquierda Unidad resalta por su coherencia en el apoyo a todos los reclamos populares, en defensa del salario, las fuentes de trabajo, el ambiente, y el reclamo de las mujeres y diversidades. Esta coherencia la reconocen propios y extraños. El voto al Frente de Izquierda refuerza una alternativa de los trabajadores frente a quienes nos han gobernado, verdaderos responsables de la crisis que vive el país. Los candidatos del FIT-U reivindican su pertenencia a la clase trabajadora, volviendo a trabajar luego de rotar en las bancas (en el caso de Romina Del Plá, nunca dejó su cargo docente) y las listas están pobladas de quienes organizan, en sus barrios y lugares de trabajo, las luchas en defensa de cada uno de los reclamos. 

 Juan García

"Me repugna esta campaña fascistoide" // Ramal cruzó duro a Biondini

"Solo el FIT-U plantea la separación de la Iglesia del Estado" // Gabriel Solano en Radio del Plata

"Hay un gran descontento de los votantes con los candidatos del ajuste" // Gabriel Solano en C5N

viernes, 27 de agosto de 2021

Terminemos con el régimen de privilegios // Vamos con el Frente de Izquierda Unidad

El stock de vacunas sin aplicar crece, cuando ya circula la variante Delta


Ocho millones de dosis en la heladera, por el ajuste de los gobiernos a la salud. 

 La polémica alrededor de las vacunas stockeadas, es decir, sin aplicar, vuelve a retomarse. Resulta que ya son varios los especialistas sanitarios allegados al gobierno que, luego de recorrer la pandemia de la mano de las políticas sanitarias oficialistas, están alertando sobre el ritmo de vacunación y la falta de claridad en la distribución de dosis.
 En este caso, el infectólogo Eduardo López advirtió que “es una barbaridad tener tantas dosis guardadas en la heladera” y que “es un fracaso del sistema”. En Argentina, el 75% de la población no completó el esquema de vacunación y el 40% no recibió ninguna dosis, lo cual deja a millones de personas sin protección frente a la amenaza de la variante Delta, que ya está causando un importante aumento de casos incluso en países con la mayor parte de las personas inmunizadas.
 La falta de claridad sobre qué sucede con las dosis en las heladeras es absoluta. Según el Monitor Publicó de Vacunación, Misiones no aplicó el 31,29% de las dosis que recibió; Salta el 26%; Chaco el 25%; Santa Cruz el 20%; y Chubut el 19%. No es la primera vez que sucede, sino que se ve desde que comenzaron a llegar dosis de manera regular, lo que deja en evidencia que el problema detrás de los bajos porcentajes de vacunación responde a la reticencia de los gobiernos a poner los recursos necesarios para disponer de más vacunatorios y personal capacitado, y distribuir de manera rápida y eficaz las dosis. 
 La lista sigue con porcentajes menores pero que de conjunto suman unas 8 millones de vacunas guardadas. El hecho de que el problema tenga alcance nacional pone de manifiesto que el ajuste es una política ejecutada por igual por los gobernadores y el gobierno nacional de Alberto Fernández. 
 Frente a esta cuestión, la ministra de Salud Carla Vizzotti se desligó de toda responsabilidad en relación al stock, adjudicando toda la carga a las provincias. En realidad lo que sale a la luz con la pandemia y la incapacidad incluso de acelerar la inmunización de la población son las desastrosas consecuencias de décadas de vaciamiento, basadas precisamente en el sostén de la descentralización llevada a cabo durante el menemismo, que provincializó los sistemas sanitarios sin transferir los recursos. La coincidencia en el ajuste que vemos hoy es simplemente la foto de una orientación que han perpetuado todos los gobiernos. 

 Variante Delta con circulación comunitaria 

La temida cepa ya se encuentra en más de 142 países y representa el 90% de los nuevos casos reportados a nivel mundial. Los estudios arrojan que, al ser una variante de alta contagiosidad, tiene la potencialidad de convertirse en dominante en pocas semanas. Así, la mayoría de los países vieron que en dos semanas significaba el 5% de los casos nuevos, al mes se ubicó dentro del 50% y entre las seis a ocho semanas ocupaba el 90%. No hay razón para pensar que en Argentina el virus vaya a responder de manera diferente, por lo resulta imperioso preparar al sistema de salud y avanzar lo máximo posible con la vacunación. La circulación comunitaria en Buenos Aires, admitida esta mañana por el ministro de Salud bonarense Nicolás Kreplak, advierte que llegará a CABA antes de lo previsto; un evento que rápidamente puede consolidar al AMBA como el epicentro de la Delta, como se vio durante la primera y la segunda ola. Otra provincia al borde de la circulación comunitaria es Córdoba, donde ya murieron dos personas no vacunadas. Por su parte, Vizzotti insiste en que las medidas tomadas para contener la entrada de la nueva cepa fueron “exitosas”, pero con el diario de hoy es claro que tuvieron poca incidencia sobre el cuadro epidemiológico. En este escenario es razonable pensar que una tercera ola se puede desatar en poco tiempo. Por eso es irresponsable la ausencia de medidas sanitarias en medio del retorno masivo al trabajo presencial, e incluso siquiera de registro sobre los contagios de la nueva cepa. Un ejemplo es que desde hoy el transporte público en el AMBA deja de estar reservado para los esenciales -algo que ya sucedía de hecho-, sin que se anuncie inversión alguna para aumentar las unidades y la frecuencia, de manera de evitar el hacinamiento. La normalización se guía por los intereses de los empresarios. Tampoco hay anuncios para el sistema de salud. Es urgente un aumento de presupuesto para sostener la atención primaria en los centros de salud e incrementar los recursos claves como respiradores y camas UTI, y aumentar el ritmo de vacunación garantizando el acceso a dosis para toda la población. Para quienes se pusieron al hombro el cuidado de la población, los trabajadores de la salud, aumento de salario y contratación de personal. También hay que impulsar en cada lugar de trabajo las asambleas para definir de qué manera se dará el trabajo, presencial o virtual donde lo permita, y los protocolos de bioseguridad bajo control obrero. 
 Más de fondo aun, la necesidad de centralizar el sistema sanitario bajo control de los trabajadores es evidente no solo para afrontar la tercera ola que se avecina, sino incluso como un paso en dirección a poner fin a la descentralización menemista y la reconstrucción de la salud pública, terminando con el esquema de vaciamiento de todos los que gobernaron en las últimas décadas. 
 Esta nueva etapa de la pandemia no puede estar bajo la órbita de quienes nos llevaron al desastre sanitario. Es tarea de los trabajadores de la salud y de la clase obrera luchar por arrancarle al Estado estos reclamos, y defender la salud y la vida de la población. 

 Lucía Cope

En defensa de los trabajadores de SanCor

Hace más de tres años que un importante porcentaje de trabajadores de SanCor se encuentra "sin tareas asignadas". Esto es, no están despedidos, pero tampoco pueden llevar adelante su trabajo habitual. Entre estos trabajadores hay empleados de planta, pero también repositores y preventistas. Este grupo de más de 300 trabajadores se encuentra cobrando 10.000 pesos por mes, y en cuotas. Ante esta situación, el sindicato Atilra, que debería velar por los intereses de los trabajadores, no convocó a un solo plan de lucha o una medida de fuerza efectiva en defensa de los puestos de trabajo y del salario. 
 A través de un comunicado, su consejo directivo nacional expresó: "Marcharemos en defensa de la fuente de trabajo y la subsistencia del vasto tejido social en riesgo que de ella depende, instrumentando desde nuestro sector acciones sindicales que abarquen la totalidad del universo lácteo argentino, hasta que quienes deban aplicar las soluciones de fondo, lo hagan". En resumen, nada concreto. Lo único que existe en este momento son asambleas por sector y retenciones de tareas. Pero los propios trabajadores lácteos de otras empresas, como La Serenísima, desconfían plenamente de estos llamados que, como ha ocurrido hace unos meses atrás, terminaron en nada. La única medida concreta nació de la solidaridad entre compañeros, que aportaron de su propio salario para los trabajadores de Sancor “sin tareas asignadas”. Es en este mismo comunicado, donde se pone un signo igual entre el gremio y los trabajadores de la cooperativa que cobran menos que un plan social. La burocracia de Atilra continúa: "Destacamos el formidable apoyo de sus trabajadores, y el acompañamiento de la asociación sindical y su obra social Ospil". Esto fue tomado por los obreros como una burla cuando deben sostener a sus familias por diez mil pesos por mes. El mismo Héctor Ponce, secretario general de Atilra, señaló hace unos meses atrás que "hay voluntad política para recuperar a SanCor sin que pierda su status de cooperativa". Para el eterno dirigente lácteo, en ese momento, estaba prácticamente todo resuelto y, por lo tanto, se levantaba toda medida de fuerza. Es más, remarcó que él mismo estaba diagramando una salida para SanCor junto a Mario Cafiero, entonces presidente del INAES (Instituto Nacional de la Economía Social). Después de tres meses, no se encontró ninguna solución, y cientos de familias se encuentran a la espera de recuperar sus puestos laborales habituales y su salario de convenio.
 Es necesario sacar una conclusión sobre la situación de SanCor. Hace unos tres años atrás, se reformaba todo el convenio de los trabajadores lácteos, con la consecuencia de la pérdida de derechos laborales importantísimos. Todo, con la excusa de un salvataje de la cooperativa que jamás llegó. En el medio, la pandemia dejó al desnudo la crisis social. La ración de leche de millones de niños depende de las ollas y merenderos que se han montado en los barrios, gracias a la solidaridad de vecinos y organizaciones sociales que se organizan contra el hambre. Es por esto que una verdadera solución para el problema de SanCor no puede depender de un gobierno hambreador, ni de patronales que quieren imponer un 80 por ciento de despidos. Mucho menos de la pasividad de una burocracia sindical que deja pasar todos los ataques contra los trabajadores.
 La defensa de los puestos de trabajo, del salario y de una salida de fondo a la situación de SanCor, tiene que estar en manos de los propios trabajadores.

 Bárbara Carrillo
 26/08/2021

jueves, 26 de agosto de 2021

El reino del poder y el poder de “El Reino”


Iglesia y política se entrecruzan en este thriller argentino furor en Netflix. 

 “Lindo corazón, ¿qué es lo que te hicieron” susurra la intro de cada capítulo en la voz de Cazzu (rapera, compositora y directora argentina​​), al tiempo que un drone recorre Buenos Aires. El Obelisco y una inmensa cruz de luz blanca de un lado y sucia y corroída de óxido por otro, se emplazan en pleno centro porteño. Pañuelos celestes, movilizaciones, iglesias, predicas, biblias, elecciones, pobreza y villas. Es casi un resumen perfecto de El Reino, que acaba de estrenar su primera temporada en Netflix.
 Emilio Vázquez Pena (Diego Peretti) un afamado pastor, Rubén Osorio (Joaquín Furriel) un maquiavélico armador político, Julio Clamens (“Chino” Darín) un aprendiz de armador político y Elena (Mercedes Moran) la pastora verdadera cabeza tras la Iglesia, son algunos de los protagonistas de este thriller. Un magnicidio es el puntapié. La noche de presentación de la fórmula presidencial de un naciente partido que destaca la moral y la familia cristiana como ideales, es asesinado sobre el escenario el candidato a presidente, Armando Badajoz. ¿El autor del crimen? Remigio Cárdenas, un feligrés de la Iglesia de Emilio que trabaja en el hogar comedor. ¿El móvil? Sobre esto girará la trama, que irá desnudando capítulo a capítulo quién es quién en esta historia.
 “El Reino” cuenta con 8 capítulos en su primera temporada y fue creado por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, quien además es su guionista. También participan del elenco Nancy Duplaá, Vera Spinetta, Peter Lanzani y Sofía Gala. Para evitar spoilers no avanzaremos en caracterizar a cada personaje .

 El poder de la palabra, oremos hermanos 

La idea que trasciende sin dudas en la serie es la del poder que representa la oratoria en la vida política y religiosa. Discursos que “lleguen” son los que lograrán cautivar audiencias tanto en el mundo de la fe como en el terreno político. El genio carismático del orador podrá transmitir “la palabra” de tal modo que logrará hacer propia “la verdad”, para todo lo demás existen las fake news y el control de los medios amigos. Los pastores, los políticos, los religiosos, lo que se dice y se deja de decir. Todo lo que respecta al “reino” de las ideas tiene un peso propio en esta serie cuya trama atrapa sin ser compleja. “Notamos que la política y el evangelismo, los dos ejes de nuestra historia, tenían muchos puntos en común. Y sobre todo una de las características que va adquiriendo el siglo XXI hasta ahora. Se empieza a cancelar la racionalidad en los debates. Ahora todo se coloca en una esfera puramente emocional”, señala Marcelo Piñeyro. 
 Aunque pareciera jugar aquí una suerte de representación tipo “aguja hipodérmica”, donde los receptores reciben pasivamente los mensajes de los emisores, resulta interesante este nexo que presenta la serie sobre el fanatismo de los seguidores que hay entre la religión y la política hoy. Los antagonismos de clase también aparecen presentes dentro de esta ficción. En una reciente entrevista, su protagonista Diego Peretti reflexionó al respecto: “Una cosa es la grieta entre las clases sociales, que existe en todos los países del mundo y no se puede negar: la lucha de clases existe y negarla es como negar el inconsciente en psicología. Pero la grieta coyuntural que se vende, este River-Boca que hace que las decisiones se tomen de acuerdo a si algo viene del este o del oeste, esa grieta es un negocio que le da plata y poder a mucha gente. Los dos componentes de esa situación se pelean para los medios, para que uno lea los diarios y se mantenga entretenido como con una telenovela; pero estoy seguro de que existe un teléfono que hace que los dos convivan y sigan llenándose las arcas revistiéndose en una ideología que puede ser populista o liberal, mientras la gente se muere de hambre y ellos siguen en el poder”.

 Separación de la Iglesia del Estado 

En un punto es inevitable no pensar en esta referencia a una lucha aún pendiente, tratándose de una historia que cuenta de la influencia de la iglesia en la política. De hecho el pastor Emilio hará gala en más de una conversación sobre qué ministerios le interesan en particular para terminar por ejemplo con “la ideología de género que corrompe y destruye a las familias cristianas”.
 Por otro lado, es interesante que se haya optado por representar la influencia de la Iglesia Evangélica en Argentina, considerando que se trata de un país donde el poderío principal del culto y por tanto la influencia sigue en manos de la Iglesia Católica. Posiblemente esta elección tenga que ver con que la serie es un producto de la plataforma de streaming que se difunde en toda Latinoamérica, donde sí se ve un avance más pronunciado de está rama religiosa. De hecho, no es la primera serie que Netflix pone en su catálogo que apunte sobre la influencia de las iglesias en la política. Un ejemplo es la serie documental “The Family”, recorre la historia de un grupo de particular influencia sobre el gobierno de Estados Unidos y cómo esa tendencia se refleja en otros países y líderes mundiales. 
 “Las cosas que nos preocupan del mundo a mí y a Marcelo suelen ser las mismas, y una de ellas es el avance de ciertas derechas acompañadas por fenómenos religiosos que limitan los derechos de las personas, cómo se van haciendo lugar en distintos países de Latinoamérica y otros lugares, como pasó en los Estados Unidos con Trump”, señala Claudia Piñeiro. De hecho, entrevistada recientemente por A24, la escritora reflexiona y va más allá de la serie en este sentido estableciendo un paralelismo con el escenario electoral actual de nuestro país “a mi siempre me gustan los partidos de izquierda, me parece muy importante que la tercera fuerza sea la izquierda y no la ultraderecha en Argentina” y destaca “vos sabés que cuando estás votando a la izquierda estás votando, no sé a Romina Del Plá que a mi me cae superbien y con la cual trabaje muchísimo por el tema del aborto y no una lista de 10 donde hay 6 que no podés votar.”

 “Los demonios son ángeles del cielo”

 La construcción de los personajes juega sobre la base en la que todos son a su manera villanos en la historia. En mayor o menor medida, en nombre de Cristo o del poder terrenal. Nadie está libre de tirar la piedra libre de pecado. Algo que vuelve atractivo a El Reino es que no subestima a los espectadores con los personajes que presenta, los cuales a la vez le dan consistencia a una historia llena de condimentos de intriga. Eso explica en parte que en menos de una semana de su estreno en Netflix ya se convirtió en la serie líder de Argentina dentro de la plataforma. 
 Como punto final no podemos omitir mencionar que la serie es producida por la productora de Hugo Sigman, la cual, como sucede con todo en su “reino”, fue beneficiada en la pandemia por descuentos en cargas patronales, ganancias y servicios de exportación, pero eso ya es parte de otro cuento. 

 Beita De
Prensa Obrera

Leandro Santoro, el “goce” del FMI y de BlackRock

El precandidato del Frente de Todos, Leandro Santoro, declaró que “Hay que ir por el feminismo, el ambientalismo, la reivindicación del goce, el tiempo libre, el disfrute” (Infobae, 21/8). La versión gozosa de Santoro esconde los problemas centrales que atraviesa el país. La pobreza llega al 50%, la desocupación real es del 30%, el sueldo mínimo de 28 mil pesos no cubre ni una cuarta parte de la canasta familiar de 130 mil pesos. Las jubilaciones mínimas de 26 mil pesos bordean la indigencia. Los planes sociales son la mitad de eso y el “ingreso universal” es mucho más bajo aún. 
 La crisis sanitaria llevó al país a tener una de las tasas más altas del mundo de muertos por habitante; la crisis habitacional raja las paredes, con un déficit de 4 millones de viviendas; Alberto Fernández habilitó los desalojos y quitó las ayudas sociales en medio de la pandemia. Santoro apela a la “reivindicación del goce”, cuando el gobierno del Frente de Todos es responsable del sufrimiento de millones de familias trabajadoras, una población que se ve sometida ante el goce de unos pocos beneficiados por su política de ajuste, carestía de la vida y precarización, que se va a profundizar tras la firma del acuerdo con el FMI que se apresta a hacer el Congreso. 
 Santoro es un perverso que reivindica el goce como parte de un instrumento para engañar a la población y someterla en estas elecciones. La perversión a la que se dispone Santoro es que bajo la “reivindicación del goce” se apresta a reunir votos y apoyos de los trabajadores para que luego de las elecciones los diputados del FdT terminen votando el acuerdo de reestructuración de deuda, con los condicionamientos pertinentes. La felicidad y el goce es de los especuladores, bonistas y fondos de inversión, no de los trabajadores.

 De “sentirse feliz” al pago de la Deuda y el acuerdo con el FMI 

Santoro también manifestó que “No podemos hablar al proletariado industrial que aspira ascender socialmente como consecuencia de su trabajo para acceder a niveles de consumo”. “Hoy los sujetos tienen otras características y sensibilidades que requieren ser interpeladas” (ídem). Entre ellas destacó a “quienes no entienden que (ahora) es tan importante conseguir laburo como sentirse feliz (…) los espacios verdes, la salud mental, cosas que tienen que ver con la relación entre las personas”. “Tenemos que interpelar a un sujeto social que padece la soledad como principal drama”, ´reflexionó´ el legislador porteño. “Hoy los sujetos tienen otras características y sensibilidades que requieren ser interpeladas”, agregó. Santoro reconoce que no puede hablarle al proletariado que aspira a elevar sus niveles de consumo, porque el Gobierno los ha reducido sensiblemente. El fracaso de la burguesía nacional de insertar al país en el mundo llevó a que su única “salida” para esa inserción sea que los asalariados argentinos cobren como los chinos o vietnamitas, y tengan sus mismas condiciones laborales. Tras el acuerdo con el FMI hay un proyecto de reforma laboral que entre otras cosas implica mayor flexibilización laboral, precarización del empleo, tercerización, y el modelo de contrato “por horas”, donde el empleador decide la cantidad de tiempo que necesita al empleado. ¿Será esa la idea de mayor “tiempo libre” y “goce” para Santoro? 
 Para aquellos que tienen más tiempo libre, como los jubilados, el acuerdo que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio van a votar en el Congreso con el FMI después de las elecciones tiene una propuesta: elevar la edad jubilatoria 5 años, para utilizar esos ingresos como garantía del pago de la deuda externa. La elevación de la edad jubilatoria redundará en un crecimiento del desempleo porque habrá menos puestos disponibles. Los Fernández utilizaron la pandemia para atacar a los jubilados y sus magros ingresos. La jubilación que debería ser un salario diferido, es para la gran mayoría un ingreso de subsistencia, y ni siquiera eso. El FMI, el Gobierno y la oposición patronal, ocultan, como buenos perversos, sus objetivos y pactos. 
 Santoro no pensará en la “salud mental” y en la “felicidad” de millones de jóvenes que tienen que vivir con los padres porque tienen sueldos miserables o están desocupados o subempleados, y no pueden independizarse, acceder a una casa propia o incluso pagar un alquiler, que hoy se consume el 100% de un ingreso promedio. Tampoco debe pensar en el goce y la felicidad de miles de mujeres y familias desalojadas por su gobierno en Guernica, o miles de mujeres que no tienen medios para separarse de su violador o abusador, por no tener casa o recursos, y terminan muertas o seriamente golpeadas. El discurso de la “alegría” y la “buena vida” (ídem) contrasta con la terrible realidad de la crisis más grande de la historia del país. 
 En la entrevista de marras, Santoro habla del negociado inmobiliario de Costanera Sur que Larreta acaba de votar a favor de IRSA en la Legislatura, un negociado impresionante con tierras públicas. Sin embargo, omite hablar de la votación del proyecto de Santoro y su “amigo” Gabriel Solano, del negociado inmobiliario de Boedo, para la construcción de comercios, shoppings y diferentes emprendimientos en un espacio que los vecinos defienden como 100% verde y público. Ni tampoco del “cogobierno” del FdT con el macrismo y el larretismo en la Ciudad, que se expresa en que le votaron todo a Larreta y en términos inmobiliarios, en la constitución de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) creada por decreto del gobierno kirchnerista en el 2012 para le venta inconstitucional de tierras públicas en beneficio de grupos especuladores inmobiliarios. Las tierras nacionales también son garantías para el FMI. El goce del espacio verde por parte de la población choca con los intereses que defiende el FdT. 

 ¿El goce de quién? 

El goce que reivindica Santoro ¿será el de los especuladores ante los cuáles el gobierno brinda enormes beneficios con tasas de interés de bonos y letras públicas, mientras las paritarias pierden sistemáticamente frente a la inflación? ¿Reivindicará la mega minería, los cultivos transgénicos y de la implantación de mega granjas de cerdos que impulsa el Gobierno de Fernández y Fernández, y que destruyen el medio ambiente y la vida humana para el “goce” de un puñado de capitalistas? ¿Santoro reivindicará el goce de los tenedores de bonos de deuda pública y de los acreedores internacionales que esperan someter al país a más ajuste y a una reforma laboral y previsional tras el acuerdo de deuda? Santoro expresa el fracaso de la burguesía nacional y sus personeros políticos.
 “Al peronismo y al movimiento nacional y popular les cuesta más en los centros urbanos. Hay algo que está pasando y tiene que ver con un enfoque global, en la dificultad de estos proyectos para interpelar al ciudadano de los grandes conglomerados que nos hace repensar en cómo tenemos que intervenir”. Es lógico cuando son esos centros urbanos los que más sufrieron las consecuencias de la crisis, el desempleo y la precarización laboral. Por si fuera poco, el gobierno de AF eliminó las ayudas en medio de la Pandemia. La gestión de la pandemia llevó a más de 100mil muertos y a muchos más relacionados al Covid-19, sin mencionar escándalos como los vacunatorios VIP y los cumpleaños en la Quinta de Olivos. 
 Santoro apela a una “transgresión” para enfrentar al discurso de “ultraderecha” que “seduce a la juventud” y corre todo el “escenario político hacia la derecha” (como si la política del FdT no fuera responsable de eso). La juventud de todo el mundo responde con la rebelión popular contra los regímenes en disolución que llevan adelante los planteos y acuerdos con el FMI. 

 Emiliano Monge 
 25/08/2021

Israel vuelve a bombardear la Franja de Gaza


Abajo la agresión del sionismo contra el pueblo palestino. 

 Israel volvió a bombardear la Franja de Gaza el sábado y el lunes, violando el alto al fuego suscripto en el mes de mayo. El fin de semana, a su vez, las fuerzas sionistas reprimieron con munición de plomo una manifestación en el enclave costero, sobre la frontera, que había sido convocada con motivo del 52° aniversario del incendio de la Mezquita de Al-Aqsa. Hubo más de 40 palestinos y un policía israelí heridos. En tanto, en el campo de refugiados de Balata, Cisjordania, efectivos israelíes asesinaron este martes a un joven de 17 años. 
 Las nuevas agresiones del Estado de Israel se producen a escasos tres meses de los ataques aéreos contra la Franja que dejaron más de 200 muertos. El repudio a esa masacre desencadenó una histórica huelga general de la población árabe-israelí, de Cisjordania a Jerusalén Este. A su vez, hubo movilizaciones solidarias en todo el mundo. En contraste con ello, el gobierno de Joe Biden y la Unión Europea convalidaron los ataques. 
 La crisis de mayo fue desatada por dos motivos: una orden de desalojo de la justicia israelí contra un puñado de familias del barrio Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, a favor de colonos; y el despliegue de soldados en sitios de rezo de la comunidad musulmana. Las movilizaciones de protesta de los palestinos ante estos hechos fueron reprimidas por Israel, y en ese contexto se produjeron los lanzamientos de cohetes por parte de Hamas. 
 El gobierno de Naftali Bennett, quien asumió en junio tras formar una variopinta coalición que destronó a Benjamin Netanyahu, no ha abandonado el propósito de expulsar estas familias, pero aún no se ha atrevido a consumarlo, dado que Sheikh Jarrah se ha transformado en un símbolo de la resistencia a la ocupación sionista. A comienzos de mes, la Corte Suprema propuso que las familias abonaran un alquiler a los colonos que dicen ser los propietarios, a cambio de poder quedarse en el lugar, pero el planteo fue rechazado, dado que reconocía la titularidad de los colonos. 
Esta semana, la Corte congeló el desplazamiento “hasta que el tribunal termine todos los procedimientos” (Monitor de Oriente, 16/8).
 Según la agencia de noticias palestina, Wafa (6/8), 1.250 palestinos están amenazados de expulsión en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan, en Jerusalén Este, área que Israel se anexó tras la guerra de 1967.
 En tanto, las provocaciones en el área de la Ciudad Vieja (Jerusalén Este) no se han detenido. A mediados de julio, 1.300 colonos fueron autorizados a visitar el Monte del Templo, donde se encuentra la mezquita de Al Aqsa, en ocasión de una celebración religiosa. Durante esa misma mañana, palestinos fueron desalojados de la Puerta de Damasco, por la que se ingresa al lugar. 
 Esta semana, el primer ministro Bennett está llevando a cabo una gira por Estados Unidos, en la que se ratificará la alianza entre el imperialismo y el sionismo. A esta entente reaccionaria, los pueblos del mundo le deben oponer la solidaridad incondicional con la lucha de los palestinos. Abajo el Estado sionista, por una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente. 

 Gustavo Montenegro

miércoles, 25 de agosto de 2021

Llegaron los DEG del FMI, dólares que se irán por donde vinieron


4.300 millones de dólares que en plena crisis social y sanitaria se usarán para pagarle al propio Fondo.

 Los dichos de Alberto Fernández y de Martín Guzmán tras recibir los 4.300 millones de dólares por los DEG (Derechos Especiales de Giro) del FMI retratan una dificultad evidente en sostener el relato oficial. Hubiera sido menos tragicómico si seguían el ejemplo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien en un acto días atrás reconoció frontalmente que esas divisas no «podrán» usarse para atender las consecuencias sociales y sanitarias de la pandemia porque serán destinados al pago de deuda al propio Fondo -dejando en off side a los oficialistas firmantes de solicitadas y declaraciones parlamentarias planteando otro uso (fogoneadas por ella misma).
 En concreto, entre dos pagos de capital y uno de intereses, se abonarán al FMI entre setiembre y diciembre más de 4.500 millones de dólares, a lo que hay que sumar otros 1.000 millones a otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, el propio Club de París. La suma representa aproximadamente dos tercios de las actuales reservas netas del Banco Central. Por eso es inentendible que el presidente haya declarado desde San Juan que «antes que pagarle al Fondo tengo que pagar un montón de deuda social en la Argentina».
 El ministro de Economía, por su parte, manifestó que apuesta a alcanzar un acuerdo «sano» y «sostenible» con el FMI. «Bajo ningún punto de vista se contempla un ajuste. Lo que sí estamos haciendo es ir reduciendo el déficit fiscal, que se logra por la renegociación de la deuda y el aumento de la recaudación», declaró Guzmán. Sin embargo, el resultado fiscal de julio recientemente publicado por el Ministerio de Economía informa que la recaudación creció un 73,7% interanual, mientras que el gasto primario lo hizo un 44,7%, muy por debajo de la inflación del 51,8% en el mismo período; y dentro de los gastos las prestaciones a la seguridad social variaron apenas un 41,3% interanual, lo que deja a los jubilados y beneficiarios 10 puntos abajo de los precios, contra una suba del 1.518,1% en subsidios a las petroleras y del 166% a las energéticas. 
 A ello hay que agregar que los pagos de deuda se llevan una porción gruesa del presupuesto del Estado nacional. Los servicios de deuda insumieron en el año más de 450.000 millones de pesos, superando a todo lo ejecutado para afrontar salarios. Lo peor, sin embargo, es que la deuda continúa creciendo, y es cada vez más in-sostenible, al estar indexada por inflación o linkeada al dólar, y con tasas cada vez más altas para tentar a la banca y los fondos de inversión. La deuda pública, por esta vía, alcanzó su récord histórico. La conclusión de todo esto es categórica: el default es una consecuencia de pagar religiosamente los compromisos con el capital financiero. 
 Con todo, no se trata de un asunto de finanzas, porque los programas fondomonetaristas implican además poner toda la política económica bajo la tutela del Fondo, e incluyen las llamadas «reformas estructurales». Es lo que ya vemos como adelanto en que, además de rezagar los haberes previsionales respecto de la inflación, cae a su vez la cantidad de jubilados mientras que crecen las pensiones a adultos mayores (fijadas en el 80% de la jubilación mínima). 
 El lobby por una reforma laboral, que levanta la cabeza de manera generalizada dentro del mundo empresario, encuentra eco en el gobierno que convoca a un Congreso del Trabajo y la Producción donde burócratas sindicales y cámaras patronales intentarán definir lineamientos a seguir bajo el eufemismo de estimular la reactivación económica. El anticipo podemos verlo en el récord de productividad de las petroleras, que cobran subsidios millonarios y han incrementado a niveles sin precedentes la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo y de la maquinaria. 
 Comos vemos, el rescate de la deuda externa es mucho más cara a los trabajadores que la sola sequía de las reservas internacionales del Banco Central, aunque incluso ello repercute en las corridas contra el peso y la estampida inflacionaria. El ajuste y las reformas antiobreras son su correlato, al igual que el hundimiento del país en un declive económico cada vez más profundo. 
 Para romper con este espiral descendente de saqueo y pobreza es necesario enfrentar a los pagadores y endeudadores seriales. Mientras Macri alega que tomó deuda para pagar la hipoteca que dejó el kirchnerismo y los Fernández justifican que deben afrontar la herencia macrista, el Frente de Izquierda Unidad plantea la ruptura con el FMI y la investigación y no pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta. Es el único punto de partida para terminar con el ajuste. 

 Iván Hirsch

Guzmán-Fernández "indexan" a los especuladores, hasta la próxima devaluación

Las revelaciones acerca de las fiestas que involucraron a oficialistas y opositores bajo el “aislamiento obligatorio” han servido para disimular otra “fiesta” - la que disfrutan los especuladores de la deuda pública. En la semana que pasó, el gobierno renovó casi 100.000 millones de deuda en pesos, equivalentes a la totalidad de los vencimientos que estaban en juego. Lo logró después de haber fracasado, en dos oportunidades anteriores, en el propósito de lograr esa renovación total. Pero el precio que pagó para ello fue acortar los plazos de la deuda – ahora, sólo hasta finales de octubre, es decir, hasta las vísperas de las elecciones generales. La deuda fue renovada con un rendimiento que, al menos, recuperará la inflación esperada. Pero con un “premio”: como el gobierno “contiene” al dólar a costa del “goteo” de las escasas reservas internacionales disponibles, la deuda pública en pesos se revaloriza en términos de dólar. En otras palabras: en el país del 50% de pobreza, con un colapso sanitario no superado y una crisis social galopante, se ha montado un operativo financiero con beneficios garantizados para el capital financiero que invierte en la deuda pública. 
 Pero esta “fiesta”, sin fotos a la vista, dura hasta fin de octubre: como señala el columnista Pablo Wende, de Infobae, los “inversores se cubren por miedo a una devaluación después de las elecciones” (19.8). El Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central anticipa un dólar de 155 pesos para fin de año, es decir, una devaluación del 50% respecto de los niveles actuales. La montaña de vencimientos de deuda en pesos que se acumula para noviembre se encontrará con reservas disponibles por poco más de 5000 millones en el Banco Central –poco y nada para enfrentar una corrida cambiaria.
 La devaluación que se cocina pondría de manifiesto el agotamiento de las dos operaciones financieras que el tándem Guzmán-Fernández perpetró durante este año: de un lado, el llamado “mercado de deuda en pesos”, un subterfugio para contener a los especuladores a costa de indexar sus activos y revalorizarlos en términos de dólar, gracias al “atraso cambiario” respecto del dólar oficial. Se calcula que, por esta vía, el gobierno de “Todos” engrosó la deuda en 20.000 millones de dólares desde diciembre de 2019 (Clarín, 18.9). La otra operación consistió en permitir el drenaje o fuga de parte de los recursos remanentes de los fondos internacionales en el país, a través de la compra de divisas por medio de acciones o títulos, que el gobierno, precisamente, acaba de restringir decisivamente.
 ¿Cómo se financió esta “fiesta”? Pues con la “desindexación” de los otros gastos fijos del Estado, es decir, los salarios y jubilaciones. Esa fue la contraparte de la “indexación” de los beneficios del capital, agrario, industrial y financiero. La miseria social imperante no es un fatalismo, es el resultado del rescate del capital.
 A nadie escapa que esta devaluación que los propios capitalistas proyectan implicaría una nueva vuelta de tuerca sobre esta confiscación social. La depreciación del peso perseguiría una fenomenal licuación del gasto, en primer lugar, de salarios, jubilaciones y planes sociales. Los analistas económicos del gran capital advierten sobre un cierto “desmadre” del gasto en este segundo semestre, después del resultado “casi equilibrado” del primero. Naturalmente, una devaluación implicaría un ajuste fiscal de hecho, y ayudaría a pavimentar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En términos de poder adquisitivo, la devaluación, además, barrería con las “zanahorias” sociales que el gobierno ha debido entregar en el período preelectoral –reducción del impuesto a las ganancias, reapertura de paritarias, bono jubilatorio.
 No es necesario agregar que esta “corrección” cambiaria multiplicará todas las contradicciones irresueltas -por caso, el gobierno tiene pendiente otra “corrección”, sobre las tarifas, que deberá ser doble en el caso de una nueva depreciación del peso. Pero principalmente, conducirá a una conmoción social y a una crisis política. El régimen de las “festicholas”, de Alberto a Carrió, carece de toda autoridad para enchufarle este nuevo paquetazo a las masas. Aprovechemos la campaña electoral para llevar adelante una preparación política de la clase obrera de cara a los grandes choques que se vienen.

 Marcelo Ramal
 21/08/2021

Afganistán, el imperialismo es responsable


La situación de las mujeres. 

 Un ataque imperialista nunca representa un avance civilizatorio para los pueblos y Afganistán está lejos de ser la excepción. Que hoy Estados Unidos intente cubrir su retirada militar con épica feminista, no significa que la defensa de las mujeres haya sido la preocupación de los ocupantes. Se trata de la prédica imperialista de hace 20 años para justificar esta y otras invasiones. El grito internacional para defender a las mujeres afganas no puede ser indiferente al rechazo a la invasión imperialista, uno debe ir de la mano de la otra.
 El talibán que manejó el gobierno entre 1996 y 2001 sólo pudo acceder a ese poder de la mano del financiamiento imperialista. Sobre lo que este régimen dejó a las mujeres afganas es largamente conocido: encierro hogareño, represión y todo tipo de vejámenes. Por otro lado, los relatos periodísticos están repletos de todo tipo de ataques y situaciones surgidas de las agresiones contra mujeres por parte de los invasores, historias terribles de asesinatos en masa a la población civil que son las que explican el crecimiento talibán. No se trata de un pueblo que no quiere avanzar, como dijo el presidente Joe Biden, se trata de un pueblo que ha padecido crímenes y opresiones tremendas que la invasión yanqui agravó en medio de negocios con las mafias de la venta ilegal de armas, el tráfico de opio y de minerales. 
 EE.UU. debe hacerse cargo de haber financiado durante 20 años la creación de una burguesía colonial afgana, atada a negociados ilegales como el tráfico de armas y de opio, única beneficiaria de la invasión de casi 20 años que dejó más de 170 mil muertos, un costo para EE.UU. de 900 mil millones de dólares y atraso económico para Afganistán. 
 Muchos expertos creen que el retorno de los talibanes es consecuencia del Acuerdo de Doha, cerrado en febrero de 2020 por Donald Trump y los talibanes. «Aquello no fue un acuerdo de paz, fue una rendición», le dijo a BBC Mundo Husain Haqqani, director para Asia Central y Meridional del Instituto Hudson y exembajador de Pakistán en Estados Unidos.
 La sharía rige como ley oficial en Afganistán desde 1992. Todos los gobiernos desde entonces, talibanes o títeres de los invasores de la OTAN se rigieron por la ley islámica, ni el feminista Obama ni el combatiente de la “ideología de género” Donald Trump la anularon a través de sus gobiernos títeres, todo depende de cómo les convenga interpretarla. 
 Para las feministas del mundo islámico el feminismo occidental es la ideología del coloniaje y han salido al cruce de las feministas como Wassyla Tanzali (argelina ex directora de Unesco) para quien la portación de la hiyab (un velo que sólo cubre el pelo) sería incompatible con deseos de liberación femenina, una tesis que es señalada como islamofóbica por parte de las feministas islámicas. Chandra Mohanty, profesora de estudios de género de origen indio y una referente mundial de los feminismos decoloniales, “critica la forma occidental de ver a las mujeres del ‘tercer mundo’. Afirma que parte del feminismo occidental entiende a estas mujeres como un colectivo homogéneo, dependiente y oprimido, una visión que Mohanty considera colonialista” (Feministas.org). 
 En la percepción de las mujeres de clases medias y altas o con acceso a ellas que obtuvieron algunos derechos, este debate sobre la naturaleza de los discursos feministas y su entrelazamiento con las ideologías oficiales capitalistas de diferente orden debe ser también tenido en cuenta. Los regímenes islámicos han construido también su propia filosofía de la igualdad femenina que en ningún caso incluye terminar con esos regímenes absolutamente injustos, sino que pretenden reformarlos en favor de las mujeres, como ocurre con la mayoría de las corrientes feministas occidentales, que buscan mejorar al régimen capitalista, algo que sólo es posible ignorando lo que ese régimen social le depara a la mayoría de las mujeres, condenadas al hambre, la miseria, la precarización y por lo tanto a todo tipo de vulneraciones.
 Desde las dos puntas del debate está ausente el cuestionamiento de fondo al régimen capitalista en cualquiera de sus versiones y mucho más ausente una perspectiva socialista que permita incluir a las mayorías de las mujeres trabajadoras en las aspiraciones de las minorías sociales que protagonizan el debate. 
 Los derechos de las mujeres afganas solo serán arrancados con la organización propia de las mujeres afganas y no como parte de una dádiva circunstancial imperialista otorgada a una mínima porción de mujeres para justificar todo un régimen de sojuzgamiento internacional. 

 Cinismo y más 

“ONG, activistas y periodistas han denunciado durante años la situación de las afganas, pero Europa consideró que Afganistán era un país seguro para ellas y prefirió no aceptarlas como personas refugiadas que asumían riesgos si eran deportadas”, señala la periodista especializada en DDHH Olga Rodríguez. Tampoco estos gritos de auxilio alcanzaron para que los que hoy buscan presentar al invasor como civilizatorio se preocuparan en tiempo real sobre lo que ocurría durante estos 20 años con las mujeres afganas. La mayoría de la migración afgana reside en Irak y en Siria. 
 Así lo comprendieron muchas afganas que habiendo conquistado alguna posibilidad de predicamento social, denunciaron esta situación y los crecientes abusos sexuales de los soldados de la Otan contra las mujeres, a la par que denunciaban la aplicación de la ley islámica por parte de los talibanes otrora aliados del régimen norteamericano, empoderado por estos desde la década del 70, en su guerra contra la URSS. 
 Aunque se trate de un recurso político bastante exitoso en la actualidad, no es tan difícil describir el cinismo de quien viola a las mujeres diariamente, mata a sus familias, desconoce su cultura y la atropella y a su vez se presenta como progresivo frente a ciertos derechos civiles. Sólo quien no quiere denunciar la política imperialista puede comprar el marketing norteamericano. Sin embargo, muchas mujeres usaron su voz para denunciar que la mayoría de las mujeres afganas seguían padeciendo los sufrimientos del pasado agravados por los oprobios perpetrados por los invasores y por supuesto, para protestar contra los talibanes y su brutal represión hacia la población y en particular hacia las niñas y mujeres. A muchas del grupo minoritario de mujeres que accedió a derechos, el mismo régimen político les dio el voto y les asesinó a sus familias o muchas de ellas no dejaron de ver lo que ocurría con las mayorías populares, y no están dispuestas a que ese sea el precio para acceder a sus derechos porque no hay derechos si el precio que deben pagar es el de la barbarie generalizada. Y eso es lo que dejó el imperialismo norteamericano, inglés y de la Otan en 20 años de ocupación que prometía “Libertad Duradera”, nombre que se le dio a la operación militar. 
 “Dos tercios de las jóvenes afganas no están escolarizadas, el 80% de las mujeres siguen siendo analfabetas, más de la mitad han sufrido violencia machista en el seno de su propia familia y el 75% afrontan matrimonios forzosos, en muchos casos antes de cumplir 16 años. Todo ello, cuando aún estaban las tropas de la Otan en el país, antes de que los talibanes conquistaran territorio y llegaran hasta Kabul”, señala en su columna de ElDiarioAr “El cinismo de Afganistán” la periodista Olga Rodríguez. 
 La presencia talibana en buena parte del territorio afgano no tardó en extenderse desde el primer momento de la invasión y el avance visto en los últimos días no podía sorprender al gobierno apadrinado por los invasores. La miseria popular contrastaba con la opulencia de los narcos, el funcionariado corrupto y los ocupantes. En el año 2006 estalló una protesta en Kabul, capital afgana, que dejó un registro del malestar popular con los invasores. 
 La puesta en pie de un régimen criminal de narcos, mafias, traficantes de opio, de armas y demás excrecencias humanas, por parte del “civilizatorio” occidental norteamericano, claramente privilegió el negocio de una casta ante las necesidades de la población y esto permitió a los talibanes capitalizar el descontento popular, aun cuando el invasor imperialista tenía para ofrecer a un puñado de mujeres una vida de la que, con derecho, ya no quieren ni deben retroceder. 
 El parlamento afgano tiene el 30% de mujeres. El talibán se comprometió hace dos años ante Trump a permitir que las mujeres puedan trabajar, estudiar y hacer política y este martes sugirió algo en ese sentido en la conferencia de prensa que brindó habiendo ingresado a Kabul, la capital afgana. Según analistas, el 40% de la matriz económica de Afganistán depende de las donaciones de otros países y se supone que esta generación de talibanes estarían más interesados en no romper con la comunidad internacional al menos antes de ganar independencia económica. No le faltarían recursos naturales para eso, ya que es rico en minerales y particularmente en codiciadas reservas de litio.
 Ante la campaña internacional que reclama la preservación de los derechos para las mujeres, el comando talibán salió a plantear que el límite del respeto a estos derechos es la ley islámica, la sharía. El significado de esta afirmación todavía se debe ver. Y plantearon también que la campaña sería injustificada poniendo de ejemplo que las mujeres siguen estudiando en las escuelas organizadas por el gobierno títere de los invasores en los territorios recuperados hace tiempo por el talibán. Sin embargo, legítimamente y luego de la experiencia feroz vivida entre el 96 y el 2001, una parte de la población teme que esto sea solo una actitud temporal mientras recuperan el poder.
 La defensa de los derechos de las mujeres debe dar pie a una organización internacional que repudie la agresión imperialista y utilice los derechos de las mujeres como una punta de lanza para la puesta en pie de una organización política que termine con los regímenes teocráticos y gangsteriles que representan los talibanes sin ninguna alianza con el imperialismo mundial. 

 Vanina Biasi

lunes, 23 de agosto de 2021

En Ciudad de Buenos Aires Frente de Izquierda Unidad // Bregman Diputada - Solano Legislador

"Los piqueteros venimos a combatir a los punteros del poder político" // "Chiquito" Belliboni

¿Qué hacer con los Derechos Especiales de Giro (DEG) que recibirá el país?


En estos días, la Argentina acreditará en las Reservas Internacionales los DEG emitidos por el FMI, equivalentes a unos 4.355 millones de dólares. La decisión del Fondo remite a una emisión global de 650.000 millones de dólares, con destino en favorecer soluciones ante la emergencia de la pandemia. 
 La mayor parte de la gigantesca emisión la recibirán los países capitalistas desarrollados, entre ellos, los principales socios del FMI. Como siempre, el Fondo reproduce ante las crisis la lógica de reproducción del orden vigente. 
 Son cuantiosos recursos para el salvataje del orden capitalista y por eso, en ese marco, resulta de interés discutir el uso de los DEG. Resalta a primera vista una afectación directa para fortalecer el presupuesto de salud, especialmente en todo lo relativo al COVID19. Pero también, debe aceptarse que por efecto de la pandemia se generaron impactos socio económicos que explican el agravamiento de la situación económico social de millones de personas. 
Remitimos al alza del empobrecimiento (45%) y la indigencia (10%), morigerada ésta por la masiva política social de complemento de ingresos a las personas más necesitadas. 
 Los DEG, unos 4.355 millones de dólares, constituyen una cifra mayor a la oportuna recaudación por el aporte solidario o impuesto a las grandes fortunas, que recaudó aproximadamente unos 2.500 millones de dólares, con asignación específica según la ley (salud, educación, pymes, barrios populares, producción de gas). Algunos sugieren la reedición del “aporte solidario” ante la prolongación de la pandemia y sus efectos. 
Con el ejemplo de ese ingreso, recaudado por la AFIP, los DEG podrían asignarse con destino específico. 

 ¿Qué destino? 

 El privilegio debiera orientarse a atender el fenómeno del empleo y la pobreza. Existe un mapa del territorio de la pobreza y de la población, realizado por el propio movimiento popular y asumido por el Estado. 
Algunas provincias avanzaron en mapeos específicos para identificar la territorialidad de la pobreza. Todo ello constituye una base importante para potenciar un “Plan Nacional” que pueda atender con suficientes recursos una dinámica de producción y circulación de bienes y servicios. 
 Hay experiencia de organización de la producción y circulación económica de los sectores excluidos del mercado de fuerza de trabajo y que acrecientan la estadística de la pobreza y la indigencia. 
 El propósito del plan que sugerimos apunta centralmente a combatir la pobreza desde la generación de empleo, favorecido por la experiencia emanada de la economía social y popular, de autogestión y organización comunitaria, existente desde una inmensa red organizada por el movimiento popular en todo el país. 
 La propuesta sugerida sale al cruce de menciones de uso de los DEG para cancelar impagables deudas al FMI y al Club de París. Ese destino de los DEG supone el ingreso de fondos por una puerta giratoria, sin impacto en la cuestión esencial de atender la emergencia sanitaria y económica de los más desfavorecidos. 
 Resolver el problema del empleo y la pobreza demanda precisiones en la articulación de necesidades sociales insatisfechas y potencialidad de las capacidades humanas para resolverlas. Alimentación y vestimenta, salud y educación, vivienda y recreación, entre muchas necesidades insatisfechas, al tiempo que existen millones de personas sin acceso al mercado de la fuerza de trabajo y si lo hacen, se realiza en condiciones de precariedad y transitoriedad, agravando las perspectivas de vida en el mediano y largo plazo. 
 Por ello es que puede organizarse (planificarse) la articulación de necesidades insatisfechas y potencialidad humano para atenderlas, e incluso si eso no fuera posible por las capacidades existentes en algún territorio, es siempre posible encarar un proceso de formación de capacidades y aptitudes para atender demandas concretas. 
 Ello impone destinar la totalidad de los DEG para atender estas necesidades, las que actuarán en una dinámica de recomposición de la actividad económica, favoreciendo empleo e ingresos para atender la cotidianeidad. Además, sería cumplir con el objetivo anunciado por el FMI, que apunta a resolver los problemas económico sociales generados desde la pandemia por el COVID19.

 Cambiar la lógica del ingreso para reproducir objetivos de ganancias y acumulación capitalista 

 No se trata de resolver “ingresos” que se destinen al “mercado” dominado por el poder económico concentrado y extranjerizado. 
 La propuesta que sostenemos apunta a la transformación del orden económico y social, favoreciendo la disposición de “medios de producción”, especialmente “tierra” en manos de las organizaciones populares y sus experiencias autogestionarias, comunitarias, mutuarias o cooperativas. 
 Se sostiene recurrentemente que sin “inversión” resulta imposible el proceso de producción y reproducción del orden económico, y en ese sentido, se alude a la importancia de los “inversores privados”, locales o externos.
 Lo que sostenemos en nuestra propuesta es acercar “recursos públicos” de magnitud suficiente para que los sectores de la Economía Popular accedan a fondos destinados a la utilización de medios de producción y asignaciones adecuadas de ingresos salariales para satisfacer al mismo tiempo la necesidad productiva y la del empleo con salarios adecuados y suficientes para superar la condición de pobreza. 
 Al mismo tiempo, el plan que sugerimos debe atender la “inversión pública” necesaria para la infraestructura barrial para el despliegue de esta dinámica de producción, junto a resolver las obras que viabilicen la salud, la educación pública y el hábitat para la mitad de la población empobrecida. 
 Pueden decir que los recursos no alcanzarían y es verdad, pero sería una forma de cambiar el eje del debate sobre cómo resolver el problema de la pobreza y el empleo. 
 Se trata de generar una dinámica de inversión que ponga el acento en el trabajo asociado para la generación de “soluciones” y, además, un excedente para la reproducción de la cooperación y satisfacción de necesidades de la mayoría empobrecida. 
 Ello significa cambiar el eje de la discusión favorable a la lógica de la ganancia por una a favor de satisfacer amplias necesidades de la sociedad. 

 Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.