El jueves 7, la Cámara Contencioso Administrativo Federal emitió un fallo por el cual le concede al gobierno el recurso extraordinario que deja sin efecto la cautelar a favor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora, el destino de la ley en el plano judicial quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a merced de sus tiempos resolutivos. Esto, de hecho, ya le está dando un respiro al gobierno, que buscará ganar tiempo para forzar algún tipo de “acuerdo” con los Rectores, para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, que ya intentó concretarlo con un proyecto en febrero de nueva ley de financiamiento, que en esa oportunidad no prosperó, o un fallo favorable de la Corte que se imponga sobre los dictámenes judiciales anteriores.
En paralelo, frente a los paros universitarios y el proceso de organización de la marcha federal, la semana pasada el gobierno jugó la ficha de “apriete”, sacando un comunicado desde el Ministerio de Capital Humano pidiendo a los Rectores que pongan orden en las universidades, procurando dividir y enfrentar al estudiantado con la docencia.
Ese comunicado lejos de disuadir la convocatoria a la movilización generó rechazo entre docentes que están frente a los salarios más bajos de la historia.
Con el paso de los días, la convocatoria a la marcha ha ido ganando fuerza a lo largo y ancho del país. El punto neurálgico será Plaza de Mayo, pero la marcha se replicará en todos las plazas y centros políticos del interior del país y también donde haya alguna sede universitaria, como va a ocurrir en Tucumán donde la marcha se reproducirá frente a la casa de gobierno provincial y también en la ciudad de Aguilares
Todo indica que la movilización será igual o superior a las marchas anteriores, porque en estos dos años se han agudizado todos los antagonismos frente a la política educativa del gobierno que ha profundizado el ajuste presupuestario, y a la par de ello el derrumbe de los salarios y las becas estudiantiles
Para el CIN las marchas federales son concebidas como cierre o culminación de un proceso. Así sucedió en las tres marchas anteriores. En abril del 2024, luego de la primera marcha, los Rectores negociaron a con el gobierno una partida especial para gastos de funcionamiento a cambio de calmar la situación y evitar un proceso de movilización en medio del debate por la ley bases. El canje incluyó los votos positivos de Yacobitti y otros en el Congreso.
En la segunda marcha federal, luego que el gobierno vetara por primera vez la ley de financiamiento universitario en el 2024, los Rectores salieron atacar al movimiento estudiantil que tomando la posta de la continuidad de la lucha estaban tomando las escuelas y facultades.
En la tercera marcha, en 2025, pese a que el veto fue rechazado, se frenaron los procesos de movilización para pasar al 2026 sin pena ni gloria y ahora estamos en las puertas de la cuarta marcha federal.
El CIN quiere mantener el timón de la lucha universitaria y demostrarle al gobierno con el que pretende llegar a un acuerdo que mantiene la capacidad, con el auxilio de las dirigencias burocrática y/o conciliadoras que están a la cabeza de las federaciones universitarias, de disciplinar la lucha docente estudiantil. En este plano, el Frente Sindical universitario, ya ha demostrado su disposición a subordinarse a la política del CIN
El viernes 8, se llevó adelante el Plenario de Secretarios Generales de Conadu y también de CONADU H que votaron no llamar a parar de conjunto el 12 sino que resolvieron dar “libertad de acción” para que cada asociación decida si para o suspende las actividades a partir del mediodía o no llama a parar, apoyado en la idea de que los Rectores van a llamar a levantar las actividades académicas y administrativas para la marcha.
Algunas asociaciones como la ADIUNT o la AGD-UBA ya habían votado parar el día de la marcha, independientemente de lo que decida la Federación a la que pertenecen.
Un debate en el plenario de secretarios generales que generó tensiones en la CONADU H fue cómo continuar luego del 12. Varios secretarios generales hicieron el planteo para que de manera inmediata se coloque fecha para un próximo plenario de Secretarios Generales o Congreso que pueda evaluar la marcha y resolver dar continuidad al proceso de lucha. Sin embargo, la moción que se impuso por 11 a 8 votos impulsada por la conducción de la federación (PCR+ lista verde) fue que el 14 de mayo, dos días después de la marcha, recién se convoque a reunión de la mesa ejecutiva y sea ella la que fije la mejor fecha para una instancia de discusión colectiva con todas las asociaciones de base que integran la federación. Es decir, dilatar el tiempo, enfriar los ánimos, esquivando resolver en tiempo y forma una lucha a fondo que imponga los reclamos.
Por su lado, el Plenario de la CONADU, en la misma sintonía, votó convocar un próximo plenario de Secretarios Generales el 15 de mayo con la misión de discutir la continuidad del plan de lucha; en función de ello ya trascendió que la posición de la conducción será impulsar un paro en la semana del 25 de mayo, o sea una política que, en lugar de profundizar la lucha, la orienta a que la misma se vaya desinflando y los ánimos se vayan desgastando.
Quienes de manera más desembozadas expresan esta política de disipar el proceso de lucha, son las federaciones agrupadas en la CGT (FATUN, FEDUN), quienes en todo este periodo solo se limitaron a concretar paros aislados de 24 horas.
La marcha del 12 tiene que transformarse en una movilización masiva de la docencia, los estudiantes y de todos los sectores que defienden la educación y punto de partida de una acción histórica, la huelga por tiempo indefinido, la toma de las casas de estudio, los cortes y nuevas movilizaciones, o sea abrir paso a una rebelión que derrote efectivamente al gobierno y logre arrancar el salario y el presupuesto. Esto no vendrá de la mano de la burocracia, sino de un proceso de autoconvocatorias y coordinaciones de las asociaciones de base combativas, de las agrupaciones y el activismo antiburocrático.
Anahí Rodríguez
09/05/2026
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