PBI: no volvimos al 74

El anuncio de que la caída del PBI en 2020, un 10%, ha llevado al ingreso nacional ´per cápita´ a los niveles de 1974 es engañoso. Está calculado en pesos constantes, o sea que ignora la mayúscula desvalorización externa del peso. En términos de valor, la devaluación, en 2019, fue suficiente para reducir el PBI en dólares, de 450 mil millones a poco más de 300 mil millones, antes de calcular la caída del nivel de la producción física. A nadie se le escapa que la distribución del ingreso en esa caída acrecentó en forma escandalosa la desigualdad: el de los trabajadores y jubilados cayó muchísimo más que el promedio ´por persona´, o sea que el aumento de los ingresos de los capitalistas contrarrestó tanto la caída de la producción como la desvalorización del PBI tomado en su conjunto. El valor agregado en cada rama de la producción se inclinó fuertemente hacia las ganancias en detrimento de los salarios. 

 La noticia de un regreso a los niveles de medio siglo atrás fue presentada como una prueba inequívoca del “estancamiento” de Argentina. Esto no solamente lo sostiene Clarín, puesto que dice lo mismo el documento presentado al último congreso del aparato del PO. Para asegurar tal cosa, sin embargo, no alcanza el número del PBI, que en realidad opera como un encubrimiento. Un ejemplo. La caída del PBI, en 2002, fue tan feroz como la actual, sin que mediara la pandemia. Sin embargo, se empezó a hablar de un crecimiento ´a tasas chinas´ desde 2005, claro que ignorando en el camino el derrumbe de 2009. Para que ocurriera ese giro, debía existir una capacidad instalada previa y el financiamiento que ofreció el impago de la deuda pública durante cinco años.

 Una situación de estancamiento es aquella en que cae el PBI potencial, no el PBI corriente. El potencial refiere al nivel de capital existente y a la capacidad de producción general. Influye en esta capacidad el grado de concentración de la industria y la cadena de valor que han desarrollado las compañías grandes con las menores – la llamada ´tercerización´. Esos niveles de capital y de capacidad instalada son muy superiores a 1974 e incluso mayor a 2016. Las crisis industriales y las hiperinflaciones han servido como aceleradores de la concentración económica, con una violencia admisiblemente mayor a una mayoría de los países capitalistas. La violencia del desarrollo capitalista no debe ser confundida con estancamiento. 

 El PBI es el valor agregado en el período de que se trate. No debe ser confundida con la productividad del trabajo en la industria, el comercio y el agro. La siderurgia, por caso, produce muchísimas veces más que en el 74, con el 10% del personal de esa época; algo similar ocurre en la industria automotriz – no hablemos de la producción de granos y últimamente de carne blanca y roja. La potencia instalada para generación eléctrica (capacidad de generación ) creció un 45% en la última década, entre centrales térmicas, hidro y "parques eólicos". De todos modos, es un hecho, a nivel mundial, que la tasa de aumento del PBI es inferior a su potencial, o sea que domina la sobreproducción y que la acumulación se desplaza de la industria hacia el campo financiero; la tasa de endeudamiento mundial supera el 500% del PBI del conjunto de los países. Los números del PBI no hacen esta distinción entre capital industrial y capital ficticio, de modo que disfrazan una actividad parasitaria. El estancamiento, en cuanto línea de tendencia histórica del capital, es manifiesto, lo que no significa que Argentina se quedó en el 74, el año del fallecimiento de Perón. La tendencia al estancamiento en un sistema dinámico de explotación social y de rivalidad internacional como el capitalismo, es el fuelle de las guerras internacionales y de las crisis de régimen político. De los Trump y Bolsonaro, de las guerras imperialistas en Asia, y de las rebeliones populares desde Chile a Myanmar o Bielorrusia. 

 Pero la falacia de la vuelta al 74 no termina aquí. La situación social de la clase obrera y de las masas es infinitamente peor que en el 74; no estamos como hace medio siglo, estamos mucho más abajo. Esto es lo que disimula la noticia de que el PBI ´per capita´ (por persona) cayó al de aquella fecha. El promedio oculta la colosal divergencia social. Si, por un lado, existe una diferenciación social ascendente en una ultra minoría de trabajadores, los índices de pobreza son concluyentes en este punto: 50% de pobreza absoluta, medida sin el rigor debido. Este agravamiento de la miseria social es la contrapartida del desarrollo capitalista, no del estancamiento. Quieren que se entienda lo contrario aquellos que sostienen que los ingresos de los trabajadores no pueden aumentar si antes ´no crece la torta´; o quienes fingen una lucha contra la carestía en los alimentos, para justificar el congelamiento de salarios y jubilaciones. La violencia de la desigualdad social tiene su raíz en el desarrollo capitalista del último medio siglo. El fenómeno no es sólo local, aunque sí su envergadura, pues Estados Unidos ya acumula unos 42 millones de pobres, en tanto el poder adquisitivo de los ingresos de la clase obrera no ha crecido de conjunto en el último cuarto de siglo. El uno por ciento concentra un patrimonio mayor al del 40% de ingresos más bajos. 

 La política del gobierno ´nacional y popular´ se inscribe en esta tendencia general, no la contraría. Acaba de conceder un enésimo blanqueo, en este caso a los capitales de la construcción, donde el trabajo en negro campea sin resistencia. La burocracia de la Uocra saluda el blanqueo y la destrucción de los derechos laborales. Ha designado al retroceso del poder adquisitvo de los salarios y las jubilaciones como las ´anclas´ de la inflación. Profundiza la tendencia a la desigualdad creciente de la participación de las clases laboriosas en el PBI. En esta tendencia social e histórica de conjunto se encuentra la razón a los levantamientos de los años y décadas recientes, y de los que están por venir. 

 Jorge Altamira 

 27/02/2021

Lacalle a prueba: un año de gobierno

Para cualquier habitante del país el hecho de que estemos hablando de apenas doce meses de gobierno debe producir cierta extrañeza. La situación de agobio que se respira en el conjunto de la sociedad, pandemia mediante, alteró hasta cierto punto la percepción del tiempo desde la elección de 2019 hasta hoy.

 El primero de marzo se cerrará el primer año de Lacalle Pou como presidente. Obligado apenas quince días después a enfrentar el desembarco del virus en el país, el gobierno aparece tempranamente fatigado. Luego de navegar los primeros meses con una imagen favorable debido a un manejo relativamente bueno de la pandemia, el presidente tiene dos nudos que lo amenazan: el primero es la cuestión económica y el segundo su propio armado de gobierno. 

 Como apunto alguien llama la atención que en un momento de creciente desempleo, ollas populares y miseria creciente la ministra de economía festeje como una conquista el ahorro de 660 millones de dólares, y el cumplimiento de los objetivos fiscales. 

 Lacalle Pou llegó al gobierno en el último minuto de la “ola” de recambio continental después de todo un periodo de gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas. Esta onda de corto alcance empezó en 2015 con la victoria de Macri, que duró un periodo y se fue sin pena ni gloria. En 2016 Dilma Rousseff se deja voltear por sus propios socios, quedando la presidencia en manos de su vice, Temer antes del ascenso del fascista Bolsonaro, quien se mantiene en el poder con alfileres. Podríamos seguir; Ecuador con el posible regreso del Correismo al poder, relevando a un Lenin Moreno que salió de sus propias entrañas y Bolivia, donde los golpistas debieron hacer las maletas de apuro y “normalizar” el ciclo electoral. Chile merece una mención especial, pues marca un nuevo punto de partida para toda la región. 

 Uruguay llega con cierto delay, justo cuando la “ola derechista” pasa a mejor vida. A contramano de esta esquematización el politólogo Adolfo Garcé se pregunta si no estamos asistiendo a una “era multicolor” que seguiría a la era progresista. Es un planteo atrevido, si bien el autor no se juega a vaticinarla, sostiene que es perfectamente posible y enumera: un liderazgo incuestionable, una agenda ambiciosa, niveles razonables de disciplina parlamentaria y la “confianza” del mundo empresarial, aunque apenas se traduzca en un apoyo “discreto” (sic). Garcé sin embargo no menciona un aspecto clave a saber, el contexto internacional. La omisión no es casual, la realidad de América Latina desmiente esta posibilidad. Despojado de este elemento la hipótesis es una colección de observaciones menores y buenos deseos. Incluso dando por descontado que el presidente logre subordinar a las bancadas de los distintos aliados es claro que Lacalle no se ha convertido en el eje de un reagrupamiento político consolidado de la política burguesa. El presidente lejos de disciplinar a sus socios ha visto multiplicar los litigios hacia dentro y hacia fuera de la coalición, con un marcado eje de discordia en la conducción económica y la respuesta al rápido deterioro económico de la población. Logró aprobar la LUC trabajosamente y luego de negociar y renegociar, pero esa mega ley no le resuelve nada a la burguesía, no implica ninguna salida de fondo. Incluso está en veremos que pueda avanzar en la reforma de la seguridad social, en medio de una creciente exasperación por abajo y hasta con reclamos de sectores aliados como UnSoloUruguay. Los números de contagios se han mantenido en una banda estable pero una mirada más de cerca revela un crecimiento sostenido de los índices de positividad, nada menos que en vísperas del comienzo de cursos. Íntimamente vinculado a esto hay que apuntar el fracaso en la obtención de la vacuna, con anuncios desmentidos unos tras otros que le abrieron una crisis de naturaleza particular. Independientemente de si consigue una cantidad de dosis aún inciertas en las próximas horas, es sólo un conejo que saca de la galera a último momento, no el resultado de ningún plan serio. 

 La tendencia política general del Uruguay va en el sentido opuesto al que presenta Garcé. El gobierno es débil. La oposición, apuntamos brevemente, se ha dedicado a tender puentes y sabotear la movilización popular. Los casos extremos son los de Fernando Pereira y Orsi. Este último hasta desalentando la campaña de recolección de firmas contra la LUC, el único punto que podía diferenciarlo del gobierno. Otro tanto corre para la burocracia sindical, quien se jacta de no promover la movilización y ser “responsable” ante la pandemia, aunque ello signifique hasta mirar para el costado cuando se suspende el derecho a reunión. Se está configurando una situación excepcional. La centroizquierda renuncia a cualquier autonomía política. 

 Por último, no está en duda la perspectiva del derrumbe político y económico que ya empezó, sino quien dirigirá la lucha. La preocupación de los luchadores y activistas debe estar en preparar el terreno para una creciente lucha de clases y oponer la acción directa a las trenzas parlamentarias. No se trata solo de resistir, sino de derrotar la embestida del gobierno derechista.

 Esta es la cuestión. 

Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay) 

 26/02/2021

Jorge Altamira en Letras del Paraná, 27/02/2021

Fascistas

El pantano de las negociaciones con el Fondo

El gobierno apuesta a un acuerdo, pero las cuentas no cierran. 

 Las gestiones del gobierno nacional por alcanzar un acuerdo con el FMI no terminan de avanzar. Luego de que la gira presidencial por México tuviera este punto como prioritario, se confirmó que a mediados de marzo el ministro Martín Guzmán viajará a Washington a reunirse con funcionarios del organismo multilateral para intentar destrabar las negociaciones. Lo cierto es que, a pesar de la predisposición oficial, las cuentas no cierran y crecen las dudas acerca de la capacidad del gobierno de cumplir con sus promesas. 

 El apuro por sellar una reestructuración para la devolución de 45.000 millones de dólares tiene sus motivos. Las especulación acerca de que Alberto Fernández intentaría postergar la firma para después de las elecciones, de manera de contar con mayor margen fiscal para afrontar las legislativas, abren varios interrogantes. 

 No obstante los altos precios internacionales de la soja y las materias primas, las reservas del Banco Central continúan estancadas. De hecho, un retrato de la precariedad de la pax cambiaria -alcanzada tras la corrida de octubre pasado- es que el propio informe de política monetaria de la entidad que conduce Miguel Pesce planteó que para nutrir las expectativas de un crecimiento en la actividad económica debería suscribirse un acuerdo dentro del primer semestre. Una presión desde adentro. Es entendible, por otra parte, cuando para contener la brecha cambiaria se haya malvendiendo bonos, lo que equivale a endeudarse a tasas del 17%. 

 El punto que preocupa en particular es el pago de 2.300 millones de dólares al Club de París, que vence en mayo. El gobierno no tiene las divisas para hacerle frente, y un default complicaría toda la ingeniería del rescate de la deuda en la que se empeñó el gobierno desde el primer día de su mandato; pero cualquier renegociación requiere un arreglo previo con el Fondo. Esta situación es ilustrativa, o premonitoria, porque se trata de una deuda ya reestructurada en la presidencia de Cristina Kirchner, cuando el entonces ministro Axel Kicillof firmó un cronograma leonino de repago con tasas al 9%. 

 A la presión se sumaron explícitamente los tenedores de los bonos canjeados el año pasado, enojados por el desplome sostenido de las cotizaciones de los títulos argentinos, cuando el riesgo país volvió a superar los 1.500 puntos. Los aprietes llegaron incluso en la reunión con gerentes de multinacionales que mantuvo Guzmán en México, quienes reclamaron un pronto acuerdo con el FMI como condición para cualquier inversión. Los empresarios argentinos, por su parte, no dejan de señalar los altísimos costos de financiamiento para cancelar sus obligaciones. La acciones de las compañías nacionales volvieron a desplomarse hasta un 11% por la posibilidad de que se dilaten las conversaciones. 

 Lo que obstaculiza que las «constructivas» negociaciones arriben a buen puerto son las dudas que genera la política económica del gobierno nacional, es decir la capacidad de repago de lo pactado. Para evitar que se desencadene la latente corrida cambiaria, el Fondo exige un ajuste fiscal mayor al previsto. Guzmán dio señales de buena voluntad, pero la cuestión tarifaria sigue siendo un interrogante: si se aplican efectivamente los aumentos del 30% fijados tácitamente en el Presupuesto 2021, retroalimentarían una inflación ante la cual ya se ha visto impotente (en febrero será otra vez mayor al 3%). Es lo que sucede con los naftazos sucesivos que ya totalizan subas mayores al 11% en lo que va del año. 

 La inflación preocupa porque tensiona en un punto sensible como es el tipo de cambio. El ministro de Economía salió a reafirmar que el dólar subirá en todo el año apenas un 25%, pero anualizada la tendencia de enero y febrero da una devaluación del orden del 50%. La estrategia oficial ha sido recurrir a una política monetaria «ortodoxa», basada en dejar de cubrir el déficit con emisión de pesos y en su lugar tomar nueva deuda. Pero es otra bomba de tiempo, como revela que la colocación de más de 200.000 millones de pesos debió hacerse otra vez con títulos atados a la inflación. La «desindexación» que se impone sobre salarios y jubilaciones no corre para el capital financiero. 

 Ello refuerza la incertidumbre, porque acicatea el riesgo en caso de que la inflación siga el ritmo de estos dos primeros meses. Como compensación, Guzmán intentará sacar chapa en Estados Unidos de las buenas migas que está tejiendo con el mundo empresario, y presentar al gobierno como capaz de poner un techo a los aumentos paritarios. Otro botón de muestra es la reciente media sanción que obtuvo el Consenso Fiscal 2021 firmado con las provincias, que habilita a los gobernadores a aplicar impuestazos al bolsillo popular -especialmente en Ingresos Brutos, que se traslada a los consumidores. Pero las garantías que exige el FMI para acceder a un acuerdo de Facilidades Extendidas por 10 años son mayores. 

 La experiencia acumulada en programas de este tipo firmados durante los últimos años no deja margen de duda. Grecia se comprometió en 2012 a un ajuste drástico del gasto primario de 8 puntos del PBI, a fuerza de una confiscación jubilatoria y un cronograma de privatizaciones. El mismo año Portugal ejecutó «un ambicioso conjunto de reformas del mercado laboral para alinear los salarios con la productividad y reducir los costos laborales en un 15%» (en palabras del propio organismo), además de subas en el IVA y rebajas impositivas a los capitalistas. En 2015, Ucrania logró un acuerdo a base de un tarifazo en el gas para reducir subsidios, congelamiento de jubilaciones y privatización de la salud. He aquí las tan mencionadas «reformas estructurales» que el FMI exige como condición para la reestructuración. Guzmán ya abrió el paraguas, y comenzó a hablar de esquema para atar el salario a la productividad. 

 Las contradicciones de la política económica del gobierno argentino aumentan las exigencias por un programa rígido. Es por eso que Alberto Fernández apunta toda su política exterior a mendigar votos en el directorio del Fondo. Incluso si lograra tener éxito, se ahorraría los grandes desembolsos que le esperan para el resto del mandato pero luego quedaría una carga de 10.000 millones de dólares al año, que a los niveles actuales aparece como imposible de garantizar. En este cuadro, la simulación de que las negociaciones siguen encaminadas -a pesar de carecer de avances concretos- obedece a la intención de evitar que se esfume la pax cambiaria, que tan cara sale al gobierno. 

 Vale apuntar finalmente el fraude de los senadores kirchneristas, que reclamaron al Fondo una autoevaluación de los resultados desastrosos del megacrédito otorgado en 2018 al entonces gobierno de Mauricio Macri. Una investigación real revelaría que se consumieron esas divisas porque financiaron la fuga de capitales, dejando al país una hipoteca inafrontable. Pero el objetivo de los legisladores K es apenas intentar aflojar a los negociadores. Un planteo consecuente debería en cambio plantear una ruptura con el FMI y el repudio de la deuda externa fraudulenta. Por otro lado, debería implicar a su vez una investigación en nuestro propio país, para poner de manifiesto las maniobras de los capitalistas que fugan sus ganancias al exterior mientras la economía Argentina declina constantemente. Es un programa que solo puede enarbolar la clase obrera, para sacar al país del laberinto de la quiebra nacional.

 Iván Hirsch

Lázaro Báez: el enriquecimiento ilícito no tiene grietas

Lawfare y patria contratista 

 El Tribunal Oral Federal N° 4 votó una condena de 12 años para el empresario Lázaro Báez, socio económico del matrimonio Kirchner, así como condena menores para una serie de familiares, socios y empleados. 

El Tribunal considera haber probado la operación de evasión fiscal y maniobras de lavado de dinero sobre 61.130.860 dólares y 4.174.697 pesos. Si bien a Cristina Fernández de Kirchner ya se le había dictado falta de mérito en relación a esta causa, los fundamentos que el Tribunal votó podrían agravar su causa relativa a las obras de Vialidad, donde Báez y Fernández de Kirchner comparten el procesamiento, al considerar que esta suma de riqueza fugada provenía de la obra pública. 

 El fallo tuvo un voto en disidencia, de la jueza Gabriela López Iñiguez, que varios medios han señalado como cercana al kirchnerismo por sus votaciones en otros fallos, que acordó con la condena, pero se diferenció en penas y fundamentos. La jueza dio a conocer un texto donde desarrolla que “Lázaro Báez amasó una fortuna en dinero negro, millonaria en dólares, producto de la defraudación tributaria, que luego escondió en diversos sitios que abarcaron desde guaridas fiscales offshore a la simple acumulación de dinero físico, trasladado mediante bolsos en vuelos privados a Buenos Aires para ser finalmente externado mediante cuevas financieras de la city porteña”. La jueza sin embargo considera que es muy alta la condena y que existe “una desproporción en las penas entre el cliente (Báez) que usa cuevas, financieras y agentes de bancos internacionales para ocultar dinero y los dueños de esas cuevas, financieras y bancos internacionales” (Página/12, 25/2).

 En una línea argumentativa similar, salió a declarar a los medios el legislador Oscar Parrilli, mano derecha de Fernández de Kirchner: “¿Saben por qué lo condenan a Lázaro Báez? Porque es morocho, porque es de tez oscura, porque es amigo de Néstor Kirchner y porque no forma parte del círculo áulico de empresarios amigos del poder, muchos de ellos relacionados con los medios de comunicación”. Aunque muchos medios interpretaron el tema como un intento de encuadrar la condena en una discriminación racial, lo que está planteando es el trato diferenciado en la justicia entre Báez, un contratista que creció en sus negocios con el Estado por la influencia política de los Kirchner con la llamada “patria contratista” que viene amasando fondos estatales desde la dictadura militar, pasando por gobiernos de distintos signos políticos. Parrilli detalló incluso que Gianfranco Macri, hermano del expresidente, blanqueó un monto similar en ocasión de la Ley de Blanqueo que este impulsó.

 Los argumentos de López Iñiguez y de Parrilli no plantean, entonces, la inocencia de Báez, ni tienen una explicación alternativa de los montos millonarios que sacaba el país por distintos mecanismos. La queja se centra en que no existen reglas de juego comunes dentro de la burguesía, y que algunos logran hacer valer un manto de impunidad escandaloso, mientras otros sufren condenas por un ejercicio de corrupción equivalente.

 La oposición que realiza Parrilli entre Báez y los empresarios de la patria contratista no deja de estar forzada. Báez, aunque había ingresado mucho después al club, había participado, en su proporción, del mismo cartel de negocios que los Roggio, Macri y Rocca. Báez se asoció con Ángelo Calcaterra, titular de IECSA, del Grupo Macri, para muchos proyectos, entre ellos, el siempre demorado soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y una licitación para dos represas en Santa Cruz para la cual, según se ventiló en este juicio, Báez hizo reingresar al país una parte importante de los millones de dólares lavados que estaban involucrados en este juicio. 

 Todas estas empresas estaban fuertemente implicadas en la llamada «causa del cuaderno» que seguía la ruta de los sobornos entregados al Estado para licitar obra pública sobrefacturada. Paolo Rocca y Ángelo Calcaterra se declararon «arrepentidos» por sus sobornos y no pasaron ni un día en prisión. Evidentemente hay una manipulación de estos procesos judiciales. Pero esto no puede esconder que estamos frente a elementos de un entramado mafioso común 

 ¿Báez preso político? 

Esta argumentación permite analizar en qué consiste la lawfare que el kirchnerismo, sus medios de comunicación y la defensa de Báez levantan como explicación para el desarrollo de estas causas. 

 ¿Qué sería lawfare? El término resulta de la combinación de las palabras inglesas para ley y guerra, y consistiría en la posibilidad de deponer o condicionar gobiernos mediante la manipulación de la justicia. El método ha jugado efectivamente un rol en la lucha interburguesa en la región, por ejemplo en el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y la proscripción de Lula en Brasil. En Argentina, la ruptura en la burguesía que se generó en la crisis del campo en 2008 abrió una división profunda en la justicia, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación y otros instrumentos de dominación de la burguesía. Estos recursos, que mientras reinaba una relativa armonía dentro de la clase dominante, eran presentados como neutrales, independientes o imparciales, se transformaron en el botín y la plataforma de una larga y sangrienta batalla entre distintas camarillas patronales que se ha prolongado de los gobiernos de CFK, al de Macri, al actual de Fernández-Fernández. 

 Durante el menemismo, los actuales integrantes del Frente de Todos (el 95% de los cuales revistaban en sus filas) no denunciaban en ese momento la manipulación de la justicia en función de intereses particulares. En ese momento la manipulación en función de la impunidad reflejaba intereses mucho más generalizados de la burguesía argentina, y por lo pronto de los funcionarios pejotistas que hoy recurren a teorías “izquierdistas” para defenderse de sus causas por corrupción. No hay un paso de una justicia imparcial al lawfare. Solo hay una división de la burguesía, agravada por la crisis capitalista, que genera choques dentro del Estado y crisis políticas recurrentes.

 Hay cientos de poderosos que son igual de culpables que Báez pero han logrado una mejor protección del Estado. El fallo contra Báez es un episodio más de la guerra judicial entre kirchneristas y macristas, que expresan a distintas fracciones de las clases dominantes que actúan en el país. La operación para presentar a quien se ha enriquecido con fondos que han sido negados para incontables urgencias populares como un preso popular debe ser rechazada por los trabajadores.

 Guillermo Kane

"No van a poder tapar la crisis con el Mundial" // Néstor Pitrola en Crónica

Régimen VIP, el dólar Guzmán y las luchas en curso // Editorial de Néstor Pitrola

Vargas Llosa: elogio del narcogobierno

Decepcionado con el “modelo chileno” del cual fue un obstinado propagandista durante más de treinta años el novelista hispano-peruano acaba de publicar el pasado domingo un artículo que completa el proceso de descomposición moral de su pensamiento político. 

 Huérfano de referentes ejemplares a los cuales señalar en la región, en su desgraciada intervención no se le ocurre nada mejor que exaltar a los narcogobernantes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque como ejemplos que los demás países de Latinoamérica deberían emular. 

 Las afirmaciones que desgrana en ese artículo son una mescolanza de mentiras y disparates que exceden a las que ya nos tiene acostumbrados. Es más, un fiscal celoso podría llegar a considerarlas como apología del delito, dado que el narcotráfico está así tipificado en casi todos los países. Se nota que los años no pasan en vano y las tendencias al desvarío del escritor se tornan incontrolables, especialmente cuando voltea su mirada sobre Venezuela y sus adyacencias. Digo esto porque lo que origina su nota del domingo fue la promesa de Iván Duque de regularizar la situación de los inmigrantes venezolanos radicados en Colombia. 

 Esta iniciativa merece ser aplaudida, y ojalá que se convierta en realidad. Pese a una incertidumbre que llama a la cautela, el sólo anuncio de Duque desató la desbocada respuesta del peruano que escribió nada menos que “ningún otro (país) ha sido más libre, civil y democrático en ese mismo período” que Colombia. Se refiere a la etapa inaugurada con el Bogotazo, en 1948, y que llega hasta la actualidad. Con la furia y la ceguera propia de los conversos asegura que mientras las guerrillas mataban, secuestraban y perpetraban toda clase de atentados terroristas “la Colombia ‘civilizada’ (énfasis en el original) tenía una vida política democrática, con libertad de prensa y elecciones limpias, salvo el pequeño período de la dictadura militar de Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957.” La consecuencia de un clima político y social tan favorable, acota Vargas Llosa, no fue otra que facilitar las actividades del empresariado colombiano, que “ha hecho progresar al país a unos niveles que envidia el resto de América Latina.” Al otorgársele al casi millón de migrantes venezolanos sus documentos de identidad podrán “acceder a puestos de trabajo, así como a la seguridad social y a la educación en las instituciones colombianas.” Esto será posible debido a que supuestamente la población local no da abasto para satisfacer la demanda de mano de obra que existe en Colombia y que los que no consiguen trabajo saben que su bienestar está asegurado por la amplia cobertura de la seguridad social existente en el país y la extensión de su sistema de educación gratuita en todos los niveles.

 Sin embargo, los datos de la realidad no avalan las demenciales ocurrencias del autor de La Casa Verde. En efecto, según datos oficiales la tasa de desempleo nacional entre septiembre y noviembre de 2020 fue de 14,6 por ciento, aumentando 4,8 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año 2019. Difícil que bajo estas condiciones los migrantes venezolanos encuentren el paraíso laboral que les promete Vargas Llosa. Por otra parte, la seguridad social es una planta exótica en Colombia que sólo una minoría puede disfrutar, y la educación pública, sobre todo la universitaria, está fuera del alcance de las grandes mayorías nacionales. De hecho, la mayoría del alumnado universitario está matriculado en instituciones privadas y las universidades públicas no son gratuitas, aunque los aranceles varían según los casos y la condición social del alumno. 

 Al elogiar la actitud de Duque hacia los migrantes el novelista destila su ponzoña en contra de quien por largos años fuera su ídolo, Sebastián Piñera, y resalta la diferencia entre la actitud del presidente colombiano y “la del Gobierno de Chile que acaba de expulsar a muchos venezolanos.” Nadie puede asegurar que la promesa de Duque de regularizar la situación de los migrantes venezolanos será concretada. Pero Vargas Llosa tiene una memoria selectiva y soslaya mencionar un ejemplo notable que no puede ignorar: la legalización de la situación de unos cuatro millones de residentes invisibilizados en Venezuela, buena parte de los cuales eran colombianos. Esas personas carecían de documentos de identidad, vivían en los cerros en calles sin nombres y ranchitos sin número y que gracias a Hugo Chávez se convirtieron en ciudadanas y ciudadanos de Venezuela. Ese masivo proceso se llamó la “cedulación”, y luego fue completado con un gigantesco programa de construcción de viviendas populares, la extensión de los servicios de salud por todo el país (Programa Barrio Adentro) y un enorme impulso a la educación. Ninguna de estas tres cosas figura en la agenda de Iván Duque. Mentiroso impenitente, Vargas Llosa oculta lo que conoce porque el objetivo de sus notas de opinión no es esclarecer e informar al público sino mentir, difamar a las personas y procesos que repudia y apoyar a sus “amiguetes” conservadores en la región o fuera de ella. O, para usar el lenguaje que él también usa, aupar a sus “hijos putativos” en Latinoamérica, que son más de los que quisiéramos. Sólo que ahora están en decadencia. Por eso exhorta a los gobernantes del Grupo de Lima para que imiten a Duque, que hagan lo que éste dice que quiere hacer: “legalizar la presencia de las decenas de miles (o millones) de venezolanos que han llegado a sus playas … esos exiliados podrían encontrar trabajo legal, acudir a la sanidad y sus hijos acceder a la escuela pública, que ahora les está vedada.” 

 ¿Podrían, de verdad? Basta una mirada superficial a los indicadores sociales de Colombia para comprobar que tal cosa es prácticamente imposible porque los ya mencionados índices de desempleo en Colombia, sumado a la desocupación encubierta, y la histórica desatención de la salud y la educación públicas frustrarán sin duda las rosadas aspiraciones del novelista. Una rotunda desmentida de las prédicas de Vargas Llosa lo brinda un reciente informe oficial de las Naciones Unidas, con base en cifras oficiales del Gobierno colombiano en donde se asegura que hay en el país unas ocho millones de personas desplazadas de sus lugares habituales de residencia a causa de la violencia del paramilitarismo, el narcotráfico, la apropiación de tierras y el conflicto armado. Colombia es el país con el mayor número de desplazados del mundo; 7.816.500 personas al final del 2018, seguramente a causa de la prosperidad y democracia que tanto ha alabado el novelista. ¿Podrá garantizar para los migrantes venezolanos lo que ha demostrado ser incapaz de hacer con su propia ciudadanía? 

 El homenaje que rinde a la “Colombia civilizada” sólo puede caracterizarse como una alucinación, un delirio que arroja un manto de ocultamiento sobre la brutal violación de los derechos humanos en ese país. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, un órgano del Estado colombiano, señala que “753 líderes sociales fueron asesinados entre 2016 y 2020” (573 durante la gestión presidencial de Duque) y que aparte “existen otras 4.281 víctimas de otras formas de violencia en Colombia.” ¿Éste es el Gobierno que Vargas Llosa propone nada menos que como “modelo a imitar” en Latinoamérica y el Caribe? ¿Está el novelista en su sano juicio? ¿Se puede llamar “democracia” o proponer como un ideal a emular un régimen de represión y violencia como el colombiano, que ha sembrado de fosas comunes todo el territorio y que perpetró, bajo Uribe, el crimen de los “falsos positivos”: humildes campesinos analfabetos y desempleados que eran reclutados por el Ejército, disfrazados luego como insurgentes de la FARC o el ELN y aniquilados a mansalva para ser presentados ante la prensa como prueba de la eficacia de la lucha antiguerrillera en Colombia, mientras sus familiares los buscaban con desesperación. ¿Es ese el modelo a imitar? 

 Una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el ACNUDH, comprobó que “la defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo. En 2020, se conoció de 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos.” ¿Puede un intelectual público como él, tan atento a las vicisitudes que atribulan a Latinoamérica ignorar algo que cualquier medio de comunicación ha venido informando regularmente? 

 Suficiente con el tema de la violencia y la represión. Examinemos por último los vínculos con el narcotráfico del tan admirado Álvaro Uribe, supuesta víctima de la campaña de desprestigio de la omnipotente izquierda latinoamericana. Un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, inicialmente elaborado en Septiembre de 1991, desclasificado en el 2004 y filtrado a la prensa poco después más tenía por objeto lo que exhibimos a continuación: 

 Traducción: “Este informe suministra información sobre los narcotraficantes colombianos más importantes contratados por los cárteles para su seguridad, transporte, distribución, colección y ejecución de operaciones de narcóticos en Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son también contratados como “sicarios” por los líderes de los cárteles para perpetrar asesinatos.”

 En el número 82 de esa lista, al final de la página 10, figura Álvaro Uribe Vélez, que los redactores lo caracterizan de esta manera: “Político colombiano y senador, dedicado a la colaboración con el cártel de Medellín a los más altos niveles gubernamentales. Uribe está involucrado en negocios del narcotráfico en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cártel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar para acceder a una posición de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas de un Tratado de Extradición”. (p. 10 y 11)

 Obviamente que a partir del descubrimiento de estos vínculos de Uribe con el narcotráfico el Gobierno de Estados Unidos observó con atención la progresión de su carrera política y en el momento oportuno algún funcionario de la CIA estacionado en Bogotá se apersonó a él y le dijo algo que imaginamos habrá sido más o menos así: “¡Hellow, Álvaro. Bienvenido a la compañía. Ahora trabajas para nosotros! Puedes negarte si quieres, pero en tal caso terminarás pudriéndote en una cárcel de máxima seguridad por el resto de tu vida.” La lambisconería de Uribe para con la Casa Blanca, y la de sus sucesores, todos cómplices del narco colombiano, hay que entenderla a partir de esta realidad. No sólo porque son oligarcas y reaccionarios. Es gente que carga con un tremendo prontuario sobre sus hombros y deben obedecer sin chistar lo que ordena el Gobierno de Estados Unidos. Si éste les dice que ataquen a Chávez o a Maduro lo hacen; si les pide que organicen un concierto/invasión a Venezuela desde Cúcuta lo hacen; si les ordenan que sus tropas penetren en territorio ecuatoriano en Sucumbíos y arrasen con un campamento guerrillero lo hacen; si les piden destruyan a la UNASUR acatan la orden sin chistar. No tienen opción, porque saben que están en “libertad condicional” que el amo del Norte puede interrumpir en cualquier momento y encerrarlos en un calabozo por el resto de sus días. Narcogobernantes con tales prontuarios son presas fáciles de cualquier extorsión que decida la Casa Blanca. 

 ¿Sólo Uribe? No. En marzo del año pasado la Agencia EFE informaba sobre “la tormenta que empezó a formarse sobre el presidente colombiano, Iván Duque, y su mentor, el senador Álvaro Uribe, por una supuesta compra de votos en 2018 con la ayuda de un presunto testaferro de narcotraficantes”, José Guillermo Hernández, alias el “Ñeñe”. Y el diario en el que Vargas Llosa publica sus brulotes, El País, informaba en su edición del 11 de marzo del 2020 que “el narcotraficante y testaferro, fue asesinado en mayo de 2019 en Brasil y el propio expresidente y actual senador Álvaro Uribe manifestó en un trino que ‘causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera’. El homicidio sucedió en medio de una vendetta entre narcotraficantes, según las pesquisa. … Desde hacía unos meses, igualmente, en redes circulaban múltiples fotos del presidente Duque, senadores y altos dirigentes del partido Centro Democrático, fundado por Uribe y principal plataforma del actual Gobierno, con el Ñeñe.” 

 Estos delincuentes son los que Vargas Llosa, en su descomposición moral, propone como modelos para Nuestra América. Es el remate lógico de su defensa a ultranza del capitalismo y del neoliberalismo; de la protección de los intereses de sus compinches como el hiper corrupto rey emérito Juan Carlos o el mentiroso serial José M. Aznar y gran parte de la burguesía española y latinoamericana. Mentir y mentir hasta el fin, confiando en que algo quedará en la conciencia de sus lectores. Se equivoca, y debe ser amargo reconocerlo; desesperante también tener que aferrarse en medio del naufragio de sus proyectos políticos a dos bandidos como Álvaro Uribe e Iván Duque. Como apasionado lector de sus novelas, pletórica de personajes queribles y admirables, siento lástima por aquel joven inconformista de San Marcos y la célula Cahuide del Partido Comunista Peruano que el ultraja irreparable de los años –por cierto no para todos- convirtieron en un bárbaro adalid de la derecha, incluyendo a sus más desprestigiados narcogobernantes. 

 Vergüenza debería sentir por proponer tamaño desatino, movido por su odio visceral, incandescente contra quienes luchan por una sociedad mejor basada en el humanismo, la solidaridad, la felicidad colectiva. 

 Atilio A. Boron

 | 26/02/2021 |

¡No a las patentes! Vacunas para todxs

¡Por un plan de vacunación universal y gratuito! 

 La pandemia causada por el Covid-19 ya ha ocasionado millones de muertos y contagiados en el mundo. Pero a pesar de que se descubrieron varias vacunas en tiempo récord, millones observan azorados cómo el gran negocio capitalista que hay detrás de ellas por parte de un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios apañadas por los gobiernos imperialistas y capitalistas está impidiendo que haya una producción mundial suficiente para poder inmunizar de manera urgente a la población del planeta. Negocio que es amparado por el régimen de patentes y propiedad intelectual de medicamentos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que consiste en que cada una de esas empresas tiene exclusividad para producir y vender las mismas, cuando debería ser un derecho humano esencial y patrimonio de la humanidad para poder salvar a millones.

 Esto sucede mientras el Ministerio de Salud procedía a una “vacunación VIP” a sus amigos y allegados, lo que ha producido la renuncia del ministro Ginés González García y una crisis política nacional. Esto sucede en la Argentina, al igual que en Perú, Chile y otros países mientras la población trabajadora de estas naciones sufren las consecuencias de la pandemia sin perspectiva de una vacuna en el corto plazo. 

 Ante esto emitimos la presente declaración del FIT Unidad, impulsando una campaña de lucha, en consonancia con la campaña mundial en curso impulsada por distintas organizaciones exigiendo que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para combatir el Covid-19. Rechazando a su vez el repugnante secretismo y los sistemas de “confidencialidad” de los gobiernos, centralmente por parte de EE.UU., Canadá, Inglaterra, la Unión Europea, celebrando contratos con pagos por adelantado para garantizarse la vacuna para esos países, incluso en cantidades que superan varias veces a la de su población, impidiendo el derecho a otros países semicoloniales que puedan acceder a la vacuna para todas sus poblaciones. La Unión Europea, por ejemplo, compró dosis que triplican su población, mientras países del continente africano o de América Latina quedan completamente rezagados. O Israel, país que algunos ponen de ejemplo por encabezar el ránking de vacunación, cuando no se ha vacunado a casi nadie del pueblo palestino.

 Las patentes y la propiedad intelectual no son nada más que la apropiación privada por parte de multinacionales imperialistas de un bien común, como lo es el conocimiento científico y técnico que se ha ido acumulando durante décadas producto de múltiples investigaciones en diferentes países (en universidades, hospitales o centros de investigación de todo el planeta) financiado centralmente con millones de dólares con dinero público. Esa propiedad monopólica está provocando todo tipo de crueldades, consecuencia directa de un capitalismo imperialista que se guía por la ganancia privada. Un sistema anárquico e irracional, todo lo contrario a la cooperación internacional para la producción y planificación imprescindibles en función de las necesidades sociales de los pueblos del mundo para que la vacuna se produzca y llegue a todas las personas sin distinción.

 La lucha consecuente para terminar con la pandemia adquiere características sociales y políticas muy definidas. La lucha por la liberación de las patentes, y para que se implemente un plan masivo de producción de vacunas, debe ser financiado por el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las ganancias a multinacionales, bancos y grandes capitalistas como lo venimos proponiendo desde el FIT Unidad para Argentina, entre otras medidas. Esta es la tarea que está planteada como necesidad urgente ante la catástrofe de la pandemia. La lucha por conquistar la vacunación masiva, es la lucha contra el sistema mismo que apoya su existencia en la propiedad privada, en este caso, de las patentes, atentando contra la salud de toda la humanidad.

 Por eso saludamos la campaña que vienen impulsando distintas organizaciones como Médicos Sin Fronteras para que “no haya patentes médicas y que las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el Covid-19 lleguen realmente a todas las personas del mundo”, reclamando a los gobiernos la exención de patentes, de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas. 

 Luchar contra las patentes para vacunas y medicamentos que son patrimonio de la humanidad es una tarea clave. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores Jonas Salk y Alexander Fleming, respectivamente, no patentaron dichas vacunas y medicamentos, o antecedentes de India y Brasil que sorteando las patentes pudieron producir medicamentos para combatir el HIV/Sida. 

 Por el contenido de esta lucha, que afecta directamente los cimientos de la sociedad capitalista, basada en la propiedad privada de los medios de producción y en la transformación en mercancía de toda la producción social, le cabe a los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales, comités de lucha, etc., en todo el mundo tomar la iniciativa para que se anulen las leyes de patentes, se nacionalicen los laboratorios y se establezca un plan coordinado de producción y distribución de las vacunas y de todos los insumos médicos necesarios para enfrentar la pandemia. En Argentina la burocracia sindical opera en un rumbo contrario, ya que está asociada con el manejo de la sobras sociales a los intereses que manejan la medicina privada y los grandes laboratorios, mientras que muchos de sus dirigentes, como Hugo Moyano y parte de su familia, escandalosamente entraron en el selecto grupo de privilegiados que se inocularon con las “vacunas vip”.

 Una coalición de 99 países liderada por India y Sudáfrica ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio que ceda los derechos de propiedad intelectual para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. Lo mismo viene reclamando Médicos sin Fronteras, la reconocida ONG Oxfam y Amnesty, entre otras. Si bien se trata de un planteo limitado, que se explica por las ataduras de esos mismos Estados a los intereses generales del capital, el gobierno argentino, firmante de esta declaración, no hace nada al respecto. Por el contrario, aprobó la ley 27.573 -con la rotunda oposición del FIT Unidad- para darle impunidad e inmunidad a las multinacionales y renunciar a los tribunales locales en caso de juicios y controversias, ley aprobada por el peronismo del Frente de Todos y sus aliados, y la mayoría de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, es decir, los diputados que responden a Macri, Larreta, Patricia Bullrich y Carrió.

 El presidente Alberto Fernández dijo en el Foro de Davos que la vacuna debe ser un “bien público global” pero ni siquiera se ha pronunciado por la eliminación de la ley de patentes. Es más. El gobierno dice que la vacuna AstraZeneca se produce en Argentina, pero al servicio del Grupo Insud-Pharma (del millonario empresario Sigman) en acuerdo con el magnate mexicano Carlos Slim. 

 En la Argentina hay al menos seis proyectos en curso de fabricación de las vacunas con muy poco o nulo financiamiento del Estado, y una parte de las de Oxford-Astra-Zeneca ya se están produciendo en el laboratorio mAbxience (del magnate amigo del gobierno Hugo Sigman), pero el gobierno ni siquiera se garantizó que un gran porcentaje de estas últimas queden en el país llevándoselas el laboratorio a México para su envasado. La humanidad no puede quedar al arbitrio de un puñado de empresas cuya única lógica es maximizar sus ganancias. Es necesario luchar por un plan de producción y distribución de vacunas gratis para la Argentina y los países que lo necesiten, al igual que la distribución masiva de plasma, suero equino y todos los medicamentos necesarios para impedir muertes evitables por el Covid-19, en la línea de desconocer el derecho de patentes y de propiedad intelectual convocando a los pueblos de otras naciones a impulsarlo mancomunadamente. 

 De esta manera impulsamos y nos sumamos a las distintas iniciativas que apunten a movilizar por esta exigencia, llamando a que se pongan todos los recursos económicos, humanos, tecnológicos y de infraestructura para lograr una producción a gran escala de la vacuna y de los medicamentos paliativos, declarándolos de utilidad pública, incluso interviniendo laboratorios y farmacéuticas privadas extranjeras y del país, a fin de contar con todos los insumos y tecnología necesarios bajo control de lxs trabajadorxs y usuarios. Para poner en pie un plan de vacunación universal, gratuita, que sea parte del plan anual de vacunación y poder avanzar hacia la inmunidad colectiva. 

 Junto con esta pelea, sostenemos una salida global y de fondo, que pasa por la abolición definitiva de todas las patentes y por un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y así poder garantizar al pueblo trabajador el disfrute de una salud pública, universal, gratuita y de excelencia, es decir, terminar con el régimen que impone esta situación acuciante a la humanidad. 

 En ese marco convocamos a luchar en común con todos aquellos que reclaman contra las patentes, por vacunas gratuitas para todxs y un plan de emergencia mundial con libertad de producción en cada país. Llamando a la más amplia unidad para impulsarla, denunciando a las grandes multinacionales farmacéuticas y laboratorios que hacen negocios con la necesidad acuciante de millones.

 Llamamos a lograr miles de pronunciamientos y a impulsar unitariamente distintas iniciativas, protestas y movilizaciones a tal fin, impulsando un gran movimiento, coordinando con internas, cuerpos de delegados y sindicatos y distintas organizaciones obreras, populares y de DD.HH, personalidades, partidos de izquierda, organizaciones sociales, estudiantiles y de mujeres fomentando también iniciativas de coordinación internacional para tal fin.

 Frente de Izquierda Unidad

Las estafas judiciales de un régimen agonizante

Los franceses han desarrollado el hábito de interpretar los períodos de gran corrupción en su país como una señal de “fin de régne”, lo que correctamente traducido al castellano significa “fin de régimen”. Argentina ha venido atravesando estas etapas desde hace un siglo, aproximadamente, y por supuesto desde la colonia, con breves intermedios de incierta honestidad. La “correlación”, como diría un matemático, entre corrupción y derrumbes políticos, en todos esos momentos, ha sido perfecta.

 Para los contendientes en la disputa judicial corriente, todo obedece a operaciones políticas de sus adversarios. Los ‘arrepentimientos’ que siguieron a la aparición de los ‘cuadernos’ de Centeno, mostraron al 90% de la patronal de Argentina formando trenzas para acaparar obra pública y coimeando funcionarios como una rueda de las más importantes de las ganancias capitalistas. Contrariando los insultos que unos y otros se lanzan desde los medios, tanto macristas como kirchneristas han logrado bloquear el tratamiento judicial del negociado de corrupción más grande de la historia de América Latina, como ha sido el caso Odebrecht. En otros países, la cuestión Odebrecht ha llevado a prisión a varios presidentes, e incluso a un suicidio. El caso más notorio en Argentina juntó a De Vido con el primo de Macri; los negociados en Córdoba, por las conexiones de gas, han sido tapados sin atenuantes. De lo que tampoco nadie habla desde hace mucho tiempo es del destino de los cerca de mil millones de dólares que recogió Néstor Kirchner por la privatización de YPF en los años dorados de Menem. 

 Todo esto viene al caso como consecuencia del fallo que condena a 14 años de prisión a Lázaro Báez y, en distinta escala a familiares y asociados, por el lavado de sumas enormes de dinero. La prensa opositora ha celebrado el fallo con la expectativa de que sirva para enjuiciar y condenar a Cristina Kirchner, en el supuesto de que el dinero público no pudo haber salido de ningún otro lado que de la obra pública de Santa Cruz. Si el triunvirato que condenó a los Báez comparte esta caracterización, recién se sabrá el 26 de abril, cuando los jueces den a conocer los fundamentos del fallo. Para involucrar a CFK será necesario algo más que conectar los cabos – habrá que presentar pruebas. Fue lo que la fiscalía no pudo hacer en la instancia de instrucción, bajo el juez Sebastián Casanello. De acuerdo a Página 12, esa prueba no aparecerá nunca por la sencilla razón de que en el juicio por la obra pública en Santa Cruz ya estaría acreditado que el gobierno no pagó sobreprecios. El dinero que ha lavado Báez tendría, entonces, un orígen inmaculado, que luego perdió cuando quiso evadir impuestos. Más o menos lo que hacen todos los capitalistas. Si el tribunal, en los fundamentos del fallo, dijera que el orígen de la plata negra es “tributario”, la ‘burbuja’ K saltaría de alegría. Página 12 reivindica que Báez haya traido el dinero lavado para asociarse con el macrista Calcaterra en las represas de Santa Cruz. Una ‘inversión productiva’, aunque violatoria del medio ambiente y económicamente ruinosa, perdona un delito. Cuando los franceses concluyeron que cosas como estas anticipaban derrumbes políticos, tenían en cuenta que los protagonistas se enredaban en disputas de robos y fraudes mientras el pueblo se moría de hambre. En todo este estropicio está envuelto el poder judicial, que acomoda las sentencias a los intereses que lo rodean. Por caso, la Corte Suprema no ha levantado el secreto del pacto YPF-Chevron, articulado por ‘personas estratégicas’ como Kicillof y CFK, que establece una cuasi asociación ilícita entre las dos compañías, secundado en un fideicomiso establecido en un paraíso fiscal. 

 Mientras Alberto Fernández declara ‘personal estratégico’ a sus compadres, y Larreta y otros gobernadores macristas privatizan la vacunación, esta ventilación de trapos sucios de unos y otros deja en claro que ninguno de los dos bandos reúne las condiciones mínimas de gobierno. Ambos han forzado la reapertura escolar sin haber reunido siquiera el stock de vacunas necesario para los docentes, a sabiendas de que perjudicará y pondrá en riesgo la vida de maestros y alumnos, como ocurre ahora mismo en Francia y en Italia – en California y Oregón. 

 Los trabajadores, que observan asqueados esta realidad, tienen el desafío de sacar las conclusiones políticas que correspondan. 

 Jorge Altamira

 25/02/2021

Myriam Bregman "Hay un desprecio por la vida de las mujeres que asombra"

Alberto Fernández y la defensa “estratégica” del Estado

Después de la renuncia de Ginés García y las “autocríticas” de apuro, el gobierno del Frente de Todos se ha embarcado en un contragolpe en relación a la crisis política planteada por las vacunas VIP. Desde México, Alberto Fernández defendió a los funcionarios que debían asumir tareas “estratégicas” en la gestión del Estado, y, por lo tanto, la pertinencia de su vacunación. Más cerca, en Villa Gesell, Kicillof le imprimió un tono heroico a quienes como AF, CFK y él mismo habían resuelto vacunarse para darle ´confianza al pueblo´, cuando arreciaban las críticas a la Sputnik V. Sin embargo, la mayor prueba de confianza pasaba por la inmunización de los propios infectólogos o médicos, esto es, de los que saben del tema – bastaba con ellos. Alberto Fernández mandó el episodio del ´vacunagate´ a la consideración de los ´jueces y fiscales´, a sabiendas, probablemente, de que el expediente judicial termine en la nada. Del otro lado de la grieta, los casilleros de vacunados VIP en las provincias e intendencias opositoras o semiopositoras, de Schiaretti a Gerardo Morales, empiezan a llenarse de privilegiados. En la CABA, Larreta intenta legalizar la privatización del proceso vacunatorio, al tercerizarlo en prepagas u obras sociales que podrían introducir sus propios parámetros de prioridad para asignar las vacunas.

 Pero más allá de estos vericuetos, la defensa de los vacunados por tareas “estratégicas” es, ella sí, una reivindicación “estratégica”: si se mira bien, Alberto Fernández ha salido a defender a la maquinaria del Estado como “cuerpo especial”, es decir, separado de la mayoría del pueblo y con la tarea -“especial”- de asegurar la expoliación económica y social de esa mayoría por parte de la minoría que vive del trabajo ajeno. 

 Si la condición de “estratégico” se asumiera a partir de la preservación de la vida y de la salud de la mayoría, es indudable que ese lugar le cabe a médicos, enfermeras, infectólogos, investigadores. Los funcionarios que han sido “adelantados” en la fila de la vacuna no cumplen ninguna misión “estratégica” desde ese punto de vista. ¡Pero sí la cumplen para el capital! Tomemos el caso de Martín Guzmán. Incluso si, por un momento, admitiéramos la pertinencia de tramitar o discutir las acreencias de los usureros internacionales contra la Argentina, no existe en ello ninguna habilidad especial que supere los manuales convencionales de administración o matemática financiera. Guzmán, sin embargo, ha sido considerado “estratégico”, y, según se informa, por recomendación de los organismos financieros que negocian con la Argentina. El ministro, por lo tanto, reviste una condición “especial”, y hasta cierto punto “intransferible”, que es propia de toda burocracia jerárquica de un Estado capitalista: cuenta con el mandato del capital para transferirle la hipoteca de la deuda externa a los oprimidos. No es, por lo tanto, un técnico cualquiera: ha sido cooptado por el Estado para asegurar una cierta orientación social y política. El carácter “estratégico” de los funcionarios ´seleccionados´ para el vacunatorio VIP no tiene que ver con su calificación o capacidades para enfrentar la catástrofe sanitaria o social. Han sido vacunados como parte de una maquinaria estatal “especial” y separada de la sociedad. (Digamos, de todos modos, que el joven Guzmán se ha cargado un par de vacunas más para inmunizar a sus secretarias. Como representación de una minoría, el Estado capitalista ni siquiera ha podido consagrar su pretensión republicana – continúa siendo, en buena medida, un Estado de cortesanos.) 

 La crisis humanitaria planteada por el Covid no sólo demuestra la inviabilidad del régimen social fundado en el lucro privado para dar cuenta de ella. Desenmascara, también, al Estado que actúa como gendarme de esos intereses sociales, el cual, cuando lo que está en juego es la vida humana, muestra como nunca su carácter de aparato ajeno y hostil a la mayoría del pueblo. Un estado de miembros electos, revocables en todo momento, sin privilegios salariales o personales especiales respecto de un trabajador, no reclamaría para esos funcionarios ninguna prioridad en la asignación de estas vacunas.

 Algunos “opinólogos” han salido a justificar las tropelías oficiales como un resultado inevitable de la ´escasez de vacunas´ - si hay penuria, no se pueden evitar los privilegios. Es un recurso pérfido para presentar como una fatalidad a la corruptela perpetrada por los funcionarios. Esa corruptela es el resultado necesario, no de la escasez, sino del Estado capitalista, como cuerpo separado de la propia sociedad. La opresión social convierte al Estado en una camarilla, incluso cuando formalmente reivindica al republicanismo o a la división de poderes. Dicho esto, hay que decir enseguida que el “régimen de compadres” también ha sido incapaz de superar la penuria de vacunas. Con la caída de Ginés, se han comenzado a destapar los acuerdos oscuros que han dejado a Argentina sin vacunas, incluso con la “burguesía nacional” (Sigman) participando como subcontratista de AstraZeneca. ¿Dónde están las vacunas de Sigman-Slim-Zeneca? 

 La crisis de las vacunas plantea una lucha política contra el Estado: publicación integral de todos los vacunados; control de las prioridades y listados de vacunación por parte de trabajadores electos; abolición del secreto y fórmulas de fabricación, para su producción en escala y cantidades necesarias. El cumplimiento de estas prerrogativas elementales plantea luchar por un gobierno de trabajadores. 

 Marcelo Ramal

 24/02/2021

A qué responde el improvisado anuncio de vacunación a la docencia

La ministra Carla Vizzotti, la reemplazante de Ginés García en Salud tras el escándalo del “vacunatorio vip”, anunció durante la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), el comienzo de la campaña de vacunación contra el coronavirus al personal docente a nivel nacional. Este será inmunizado con las vacunas del laboratorio chino Sinopharm. El anuncio se realizó poco después del despegue de un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Beijing para traer al país 904.000 dosis. Por su parte, en cambio, el ministro de Salud porteño, Fernan Quirós, declaró que no alterará su plan de vacunación y que usará las dosis que les asignen para completar la vacunación del personal de salud. En cualquier caso, la vacuna en cuestión no es aplicable a personas mayores de 60 años. 

 La precipitada medida debe ser analizada bajo la lupa de la situación política. 

 La política compulsiva de la “presencialidad educativa sin vacunas”, impulsada por el gobierno nacional y los gobernadores, ha entrado en zona de turbulencias. Ocurre que, como viene denunciando la docencia que se está organizando para derrotarla, la misma está redundando en un aumento de la contagiosidad en pocos días. 

 Este experimento de presencialidad criminal, en Córdoba, por ejemplo, obligó al Ministerio de Educación de la provincia a activar el protocolo Covid-19 en nada menos que 21 escuelas estatales. Algunos edificios escolares fueron cerrados en su totalidad y la actividad pasó a la virtualidad, mientras que para los posibles contactos estrechos de casos positivos se solicitó el testeo y el aislamiento. 

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por otra parte, los sindicatos denuncian que hay 92 casos positivos entre docentes y 12 casos entre auxiliares desde el 8 de febrero pasado, fecha en la que el personal tuvo que reincorporarse; y cuatro casos de estudiantes positivos y otros diez presuntos positivos; 23 ´burbujas´ aisladas y 17 escuelas debieron suspender sus actividades por falta de insumos, problemas de infraestructura o casos de Covid y aislamientos tras la apertura realizada el 17 de febrero pasado. Al mismo tiempo, denuncian que, en varias escuelas donde se confirmaron contagios, no se cerraron los establecimientos para la desinfección ni se informó claramente a las familias sobre la situación sanitaria. 

 El gobierno de los Fernández también intenta morigerar, con este anuncio de vacunación a la docencia, el impacto del ´vacunatorio VIP´ para los amigos del poder, organizado desde el mismísimo Ministerio de Salud nacional, mientras se agitaba que los docentes debían volver a las escuelas sin vacunas. 

 Desde la convicción de que la presencialidad en pandemia y sin vacunas es una política criminal al servicio del capital, impulsemos en cada escuela y distrito el paro del 1 de marzo en el marco de la jornada de lucha convocada por Ademys en CABA y por diferentes seccionales opositoras de CTERA en numerosas provincias, incluidos los Suteba multicolores de Provincia de Buenos Aires. 

Ana Belinco 

 24/02/2021

Vacunas Vip: ¿qué dice el personal de salud?

Córdoba: ocho genocidas condenados a perpetua en la causa Diedrichs-Herrera

El 24 de marzo ganaremos las calles contra la impunidad. 

 El Tribunal Federal N°1 condenó a 8 represores por delitos de lesa humanidad cometidos entre marzo y septiembre de 1976, durante la dictadura cívico-militar en la provincia. Este fue el duodécimo juicio a genocidas que, desde el 2008, se realiza en Córdoba. “En este juicio se juzgaron 39 hechos en contra de 43 víctimas, de las cuales 9 son sobrevivientes y el resto fueron asesinadas o continúan desaparecidas”, según un informe de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. 

 La condena estableció que los genocidas Héctor Vergez, Ernesto Barreiro, Carlos Díaz, Emilio Morard, Ricardo Lardone, Jorge Acosta y Arnoldo José López recibieran la pena de prisión perpetua. En tanto que Alberto Lucero, Miguel Ángel Gómez, Yamil Jabour, Juan Eduardo Molina y Carlos Yanicelli, recibieron la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. Por su parte, Fernando Rocha fue condenado a 4 años de prisión e inhabilitación por 8 años, Arturo Emilio Grandinetti y Carlos Horacio Meira fueron absueltos. 

 En la sentencia la mayoría de los represores no hizo uso de la palabra, a excepción de Miguel Ángel Gómez, Yamil Jabour, Alberto Lucero, Arnoldo José López y Ricardo Lardone, Emilio Morard, este último manifestó que “se siente privado de justicia”, y que “se violaron las leyes de la época”.

 Las intervenciones de los genocidas se caracterizaron por cuestionar al Tribunal, reclamar la intervención de la justicia militar, y a repetir su inocencia argumentando que actuaron en respuesta a una acción armada, y que «no se arrepienten de lo actuado». 

 En principio fueron 18 los imputados por privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura agravada y homicidio agravado por placer o codicia, cuando se inició el juicio. Pero uno de los represores murió sin conocer sentencia. 

 Además, Luis Gustavo Diedrichs, uno de los principales genocidas acusados de esta causa, ya tenía una condena a cadena perpetua y cumple prisión domiciliaria en traslasierra, tras la sentencia, los organismos pidieron que cumpla condena en cárcel común. 

 La condena a los genocidas continúa teniendo una larga espera tras la vuelta de la democracia. Los juicios de lesa humanidad siguen teniendo un desarrollo a cuentagotas y un carácter fragmentario y limitado, este ha sido el común denominador desde el comienzo de los mismos en 2006.

 El próximo 24 de marzo, al cumplirse el 45 aniversario del último golpe de Estado cívico-militar, es necesario salir a las calles para reclamar la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas, la apertura de los archivos; contra la impunidad de hoy y de ayer, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Osvaldo Nin

La concesión de la Hidrovía perpetúa un régimen de saqueo

Se reunió en Rosario un consejo consultivo para dar viabilidad a una nueva licitación internacional. 

 La primera reunión del Consejo Federal Hidrovía, realizada este lunes en Rosario, sirve solo como ilustración de la deriva de la política económica oficial, que indefectiblemente redunda en un rumbo colonial de saqueo del país. Por esa vía fluvial, que va desde la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná hasta el Río de la Plata, circula casi todo el comercio exterior argentino. La privatización de la Hidrovía y de los puertos engendra un régimen de superbeneficios de las exportadoras, fuga de divisas y contrabando, como se evidencia en las disputas en torno a la nueva concesión. Esta crisis encierra además otro capítulo de la guerra comercial. 

 La vía está concesionada desde 1995, cuando se inició la gran expansión sojera, en manos de una sociedad entre la belga Jan De Nul y Emepa (de origen nacional) cuyo contrato caduca el 30 de abril. El carácter estratégico de este corredor es fácil de describir: concentra el 80% de las exportaciones del país y el 90% del ingreso y egreso de contenedores. Su epicentro es el complejo cerealero exportador emplazado en la provincia de Santa Fe, que representa más de la mitad de las ventas al exterior, las cuales parten en un 80% de puertos privados en manos de grandes multinacionales. 

 No se toca 

En agosto pasado, para apaciguar el impacto político del recule vergonzoso en la intervención de Vicentin -una de las mayores empresas agroindustriales argentinas-, Alberto Fernández anunció la formación de una sociedad del Estado integrada por la Nación y las provincias involucradas que debía administrar la situación de la Hidrovía Paraguay-Paraná. La promesa era incluso que esta gestión permitiría a los mandatarios provinciales compensar la caída de la coparticipación federal con la recaudación de los fletes. Referentes kirchneristas lo saludaban como una cruzada histórica de recuperación de la soberanía nacional. 

 Pero aquella sociedad nunca vio la luz. Tres meses después, mediante el decreto 949/2020, finalmente se encomendó al Ministerio de Transporte el llamado a licitación internacional para arribar a una nueva concesión, incluidas facultades extraordinarias para acortar en extremo los plazos. En ese marco se convocó recién ahora a la primera reunión de este consejo consultivo, al cual -no obstante su carácter decorativo- concurrieron en persona los gobernadores y retrataron los intereses en pugna. La crisis es palpable cuando a pocas semanas del vencimiento del contrato actual todavía no hay precisiones sobre los pliegos licitatorios. La histórica bajante del Paraná sumó otros interrogantes. 

 La cuestión genera una gran incertidumbre, máxime cuando todo el programa económico del gobierno nacional depende de las divisas que ingresen por la exportación primaria, como garantía de repago al FMI y el capital financiero internacional. El presidente asegura que no prorrogará la concesión actual, pero los tiempos son más que acotados. Descartó además una estatización de la Hidrovía, planteo detrás del cual se embandera un sector marginal del kirchnerismo y la centroizquierda. Incluso se mantendría el sistema vigente por el cual el cobro de los peajes es efectuado por la empresa adjudicataria. Para ello desistió de la sociedad estatal y dejó el proceso a cargo del ministro (massista) se Transporte, Mario Meoni. 

 La magnitud de la licitación deja abierta la posibilidad a muy pocos competidores, entre los cuales el favorito es una subsidiaria de la gigante China Communications Construction Company. El pulpo ofrecería la posibilidad de reducir los peajes, que es lo que reclaman a coro las cerealeras. Para el país asiático se trata de una de las claves para integrar a la Argentina en su Nueva Ruta de la Seda y fortalecer su injerencia en la región. 

 China no es solo el principal comprador de producción agropecuaria de nuestro país, sino que además en diciembre explicó el 25% de las importaciones, especialmente bienes de capital. En 2020 el déficit de este intercambio comercial fue de 3.270 millones de dólares. La china Cofco se ha convertido en los últimos años en la principal exportadora de granos y derivados en Argentina. Otros capitales de ese país fueron ganando posiciones en la minería, cuya producción también se exporta en buena medida por los puertos del Paraná. El copamiento de la infraestructura productiva estratégica es un resultado de esta relación de carácter colonial, en medio de las tensiones con el imperialismo yanqui que caracterizan la guerra comercial internacional. 

 Así las cosas, la intención de resolver de manera acelerada la crisis en torno a la Hidrovía responde a la necesidad del gobierno nacional de despejar dudas sobre la capacidad de hacerse de la divisas, para allanar un acuerdo con el Fondo Monetario. Pero no está claro que pueda lograrlo. Una opción es que finalmente se prorrogue la concesión actual, o recurra a una asignación provisoria hasta la licitación, pero es un limbo en la columna vertebral del comercio exterior en un momento crítico. 

 El canal Magdalena y la soberanía nacional

 La decisión de Alberto Fernández de pisar el acelerador para concretar una nueva concesión generó críticas abiertas de un sector del kirchnerismo. El senador Jorge Taiana presentó un pedido de informes para que Meoni rinda cuentas de todo lo actuado en esta materia. Hay además un tibia campaña de la CTA Autónoma y otros agrupamientos reclamando la estatización del corredor. Con ese planteo empalma un sector de la centroizquierda, como el personificado por Carlos Del Frade en Rosario. Pero ni la vicepresidenta ni ningún funcionario de alto vuelo salió a respaldar esa posición, que quedará como un gesto para la tribuna. 

 Vale agregar que incluso en el pequeño sector que se muestra crítico no hay cuestionamiento alguno al rumbo fondomonetarista que está detrás de esta preservación de la privatización, ni un reclamo por la nacionalización de todo el comercio exterior para terminar con los puertos privados, ni balance de por qué en 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no se tocó la concesión a pesar de experimentar la mayor bonanza de las agroexportadoras de la historia nacional. En estos términos, la intervención estatal sería en todo caso un salvoconducto del régimen de saqueo. 

 Uno de los puntos que más ruido generó fue la exclusión, en el decreto 949/2020 sobre el llamado a licitación, de la construcción del canal Magdalena. Es una megaobra que conectaría la vía fluvial del Río de la Plata con el litoral marítimo argentino. Hoy en día, para llegar a la costa atlántica bonaerense (a los puertos de Mar del Plata, Quequén o Bahía Blanca) los barcos deben pasar irremediablemente por el puerto de Montevideo y pagar espera allí.

 Axel Kicillof tomó el reclamo añejo por este dragado, porque ello redundaría en una mayor recaudación fiscal para atenuar la quiebra del Estado bonaerense -mientras acepta la perpetuación de la entrega de la vía navegable. Pero el gran capital agrario rechaza condicionar la licitación de la Hidrovía a la ejecución de esta obra, en aras de preservar la exportación cerealera desde el complejo de puertos privados santafesino sin control alguno por parte del Estado nacional. Para salir del apriete el gobierno creó dos unidades ejecutoras separadas, de manera que una trabajará en el pliego para licitar el corredor troncal mientras que otra evaluará la viabilidad de licitar el dragado del canal Magdalena y Punta Indio.

 Detrás de esta disputa por el canal Magdalena se alineó también la conducción del sindicato de Dragado y Balizamiento, liderada por Juan Carlos Schmid. Pero es una maniobra pérfida, porque ata la preocupación de los trabajadores -ante la posibilidad de que una nueva concesión redunde en cientos de despidos y flexibilización de las condiciones laborales- a una campaña sin futuro de un sector marginal del propio gobierno. 

 Fuga 

Otra realidad, que manifestaron en la reunión del consejo el formoseño Gildo Insfrán y el chaqueño Jorge Capitanich, es que esta vía fluvial es el escenario de un contrabando en gran escala. Miles de toneladas de granos y otras mercaderías cruzan la frontera de manera ilegal para salir al exterior en barcos de bandera boliviana o paraguaya sin dejar nada al país. Pero la defraudación del fisco es producto de todo este esquema de entrega de los intereses nacionales. Los gobernadores son cómplices de primera línea, ya que los camiones atraviesan a menudo varias provincias hasta llegar a una frontera exterior. 

 Los puertos privados, por su parte, son tierra fértil para el ingreso de contrabando, en primer lugar del narcotráfico; y especialmente para la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. De esta manera, las plataformas fluviales en manos de grandes pulpos son una vía privilegiada de la fuga de capitales que explica la decadencia secular del capitalismo nacional. Se revela todo un régimen de saqueo del país en beneficio de grupos yanquis, europeos y chinos; del pago de la deuda externa usuaria; y de un puñado de socios locales menores, cuyo parasitismo sacó a la luz el caso de las operaciones fraudulentas de Vicentin. 

 La Hidrovía es así la arteria principal por la cual se escurren las riquezas producidas en Argentina, garantizado por todo un esquema de privatización de este exponente clave de la infraestructura productiva. Es una expresión contundente del carácter colonial de la economía nacional, una orientación que el gobierno de Alberto Fernández no puede si no profundizar. La pantomima de un sector residual del kirchnerismo ante esta licitación no puede ocultar que comparten esta hoja de ruta. Como en tanto otros aspectos, la improvisación y los recules conducen siempre al mismo lugar: la ponderación de un acuerdo con el Fondo, con las garantías de repago que ello requiera. 

 Una salida a este atolladero debe partir de la nacionalización de todo el comercio exterior bajo control obrero, única vía para evitar el saqueo del país y concentrar el saldo comercial en función de un desarrollo productivo y social. Ello como parte de un plan económico bajo la batuta de los trabajadores, que implique desde el repudio de la deuda externa usuraria hasta la inversión en una flota mercante nacional que reactive la industria naval y permita tomar las riendas del intercambio comercial. 

 El desarrollo de infraestructura estratégica para la economía nacional, como podría ser el canal Magdalena, no puede ser condicionado a un régimen de superbeneficios del capital agrario y las multinacionales. Solo la clase obrera, mediante una reorganización social sobre nuevas bases, puede garantizar una soberanía nacional, a base de una ruptura con el FMI y el imperialismo. 

 Iván Hirsch

Vacuna mata grieta

La discusión acerca de la efectividad en el tiempo de las vacunas conocidas continúa. Es razonable, porque todas ellas fueron aprobadas bajo condición de emergencia – tres fases clínicas. La inoculación generalizada hará, de aquí en más, el papel de verificación definitiva. AstraZeneca, por caso, ha caído en la valoración médica desde que se determinó que no debe ser aplicada a mayores de 60 años. Políticamente, sin embargo, sus efectos han sido catastróficos, no solamente en Argentina. La vacunación ´privada´ ha prosperado como en ningún otro lugar en Estados Unidos. El gobierno Biden ha habilitado localizaciones particulares para vacunarse, desde farmacias a sanatorios. En Brasil han circulado denuncias de compras efectuadas por compañías privadas, para beneficiar a su personal, se dice, con anticipación. En las últimas horas ha cobrado crédito la versión de que la vacunación, en Argentina, podría quedar a cargo de obras sociales y pre-pagas. En tanto sigan un listado ajustado a las distintas categorías de riesgo y número de inscripción, no estaría mal. Pero ese listado no es público ni puede ser consultado por la población. Si el precedente de los sanatorios de Moyano sirve de guía, estaríamos ante nuevos curros.

Como es notorio y conocido, la vacunación nacional y popular volteó un montón de grietas en esa vasta coalición de oportunistas enemigos que es el peronismo. Requerido a dar una explicación por la inoculación recibida por la familia Duhalde ´in toto´, el zorro ex presidente retrucó que había que preguntarle al gobierno. Cuando creía que había asegurado su futuro electoral con el proyecto que sube el mínimo no imponible de ganancias, Sergio Massa se hundió en picada cuando hizo suya la consigna ´trumpiana´ – la familia primero. Las listas de ventajistas vacunares es interminable, no reducida como asegura Vizzotti; en la provincia de Buenos Aires se descorcharon dosis en función de la portación de rostro. La transparencia ocular de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, se nubló un tanto cuando dijo que los compadres del gobierno que se saltearon las filas de vacunación son “personal estratégico” por su merodeo por el poder y su cercanía al Gabinete y al Ejecutivo. Si es así, dos cosas: hay que redefinir el carácter del funcionario público ante la ley y la Constitución, y en segundo lugar quedó consagrado el régimen de la meritocracia que supimos repudiar. Al gobierno solo llegan los estrategas, aunque no hayan ganado ninguna guerra, salvo la de la fuga incesante de divisas. No se entiende entonces, según esto, por qué Alberto Fernández echó a Ginés Gonzáles García – el estratega jefe de la estrategia de salud. Al final es verdad que los mentirosos se muerden la cola.

 Cuando se alarga el recuento de los avivados a todo el país, se descubre que los radicales de JxC y otros de la coalición, también reservaron sus dos dosis por persona – por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde gobierno un híbrido: fue macrista, se juntó a Lavagna y desembarcó con los Fernández. El ventajismo de los intendentes no distingue color político. Cuando se conozca el asunto más a fondo, sabremos más. Los agitadores mediáticos del kirchnerismo la emprendieron enseguida contra la gestión presidencial de Macri, para disipar una humareda que es más densa que un incendio. ¿Pero qué ha sido el macrismo, en verdad? Ha sido un precursor de lo que vemos ahora – no asignaba cuotas de vacunas, pero sí cuotas de dólares para fugar a sus amigos. Fue también un régimen de compadres. La punta final del vacunatorio financiero del macrismo la dio el vacunado Martín Guzmán, que pertenece al grupo de riesgo de los almuerzos de trabajo con el FMI, cuando diseñó un bono para dos evasores, Pimco y Templeton, que se habían quedado sin vacunas verdes cuando el macrismo perdió las Paso de 2019. 

 La grieta se ha convertido en cuento viejo. Así lo han entendido los amigos de Larreta, incluso desde 2018. Al derrumbe social se añade el político. Media Argentina es pobre. Peligran los intereses y el poder de todos. El vacunazo se produjo el mismo día en que Béliz ponía en marcha un Consejo Económico y Social para ´pensar el futuro´. Una decena de nulidades, entre patronales y burocracias, no puede hacer eso; vive al acecho del presente. Los técnicos que los secundan hacen gala de arrogancia y de ignorancia: nunca las viejas clases convertidas en parásitas podrían marcar un rumbo. El vacunagate corona una prolongada estafa histórica. 

 Este festival de abusos y atropellos políticos tiene lugar cuando, el mes que viene, se cumplirá el 150 aniversario de la Comuna de París, el primer gobierno obrero de la historia. La osadía de los obreros, artesanos y mujeres parisinos fue pagada con el asesinato de 40 mil luchadores por las tropas de los Galtieri de Francia, bajo la conducción de un político y el apoyo internacional de los enemigos de la nación francesa, el prusiano-alemás Bismarck. ¿Cuál fue el crimen de los comuneros? Haber establecido un gobierno en el que los funcionarios no podían ganar más que un obrero calificado y los representantes electos por el pueblo podían ser revocados por sus mismos mandantes. Fue un levantamiento histórico contra el gobierno de compadres, que pagaron con su vida. 

 ¡Qué actual, ¿no?! 

 Jorge Altamira 

 23/02/2021

Pobreza multidimensional – toda la pobreza

Según los datos oficiales del primer semestre de 2020, provistos por el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO), que depende de la Presidencia de la Nación, en el primer semestre del año pasado, en medio de la pandemia y la cuarentena, el 47% de los argentinos era pobre, lo que representa 21 millones de personas, según la medición de Pobreza Multidimensional, estudio que complementa la medición tradicional de pobreza por ingresos del INDEC (Clarín, 23.2).

 La medición de la “pobreza multidimensional” apunta a relevar el acceso a distintos derechos como vivienda, hábitat y servicios básicos (precariedad de los materiales de la vivienda, hacinamiento, tenencia insegura de la vivienda, condiciones sanitarias deficientes o la ubicación de la vivienda en zona vulnerable), educación (inasistencia a un establecimiento educativo en las edades obligatorias, rezago escolar de los asistentes o los logros educativos insuficientes), empleo (dificultades para acceder al empleo remunerado y la precariedad laboral), protección social y salud (déficit de cobertura previsional de los adultos mayores y ausencia de doble cobertura de salud (obra social o prepaga). Es decir que es una evaluación más amplia de las condiciones de vida y necesidades de población, no vinculadas directamente al ingreso monetario. Según el Informe SIEMPRO “para poder dar cuenta de la multidimensionalidad se determinó que, si un hogar presenta privaciones en al menos dos indicadores de distintas dimensiones, será considerado en situación de pobreza”. 

 La pobreza multidimensional según rango etario arroja datos que dan cuenta de una fuerte “infantilización de la pobreza”: entre los niños de hasta 3 años, el 58,2% no logra cubrir el universo de derechos básicos. Entre 4 y 17 años, el porcentaje alcanza al 54,2% y entre los 18 y los 64 años, baja al 47,7 por ciento. El rango más bajo de pobreza multidimensional se encuentra en los mayores de 65 años. 

 Si se cruza el índice de pobreza según los ingresos con el índice multidimensional, el 30,1% (13,6 millones de personas) es pobre en ambas formas, es decir por falta de ingresos y las causas no monetarias, mientras que el 58,1% de la población (26 millones de personas) es pobre por insuficiencia de ingresos monetarios o por sus condiciones de vida. Para el primer semestre 2020, la medición por ingresos arrojó que un 40,9% de la población era pobre. 

 En el primer semestre de 2019, el SIEMPRO estimaba que el 28,8% de la población era pobre, según su medición multidimensional. Esto significa un salto de casi de 20 puntos durante el año en que se sucedieron la corrida cambiaria posterior a las PASO y la pandemia, según el índice multidimensional. 

 La decisión del gobierno del “Frente de Todos” de suspender el pago del IFE se produce en el contexto de pauperización social creciente, para atender acuerdos con bonistas y FMI. 

 Ana Belinco 

 23/02/2021

Vacunatorio VIP: Conocé los nombres de los amigos del poder

Vacunas: “un régimen VIP” // Gabriel Solano en Crónica

Balance de la asamblea de Ademys

El viernes 18, tras las 72 horas de paro contra el retorno a las escuelas de CABA, se realizó una nueva asamblea virtual, con aproximadamente 280 participantes. En varias intervenciones se expresó la violencia patronal que está ejerciendo el gobierno porteño sobre el cuerpo docente: quite de las dispensas por hijos a cargo -lo que está llevando a muchos compañeros y compañeras a renunciar-, irregularidad de los actos públicos, docentes embarazadas, de grupos de riesgo o con familiares en esta condición a los que no se les da respuesta, precarización laboral en programas como el Plan Fines, salarios devorados por la inflación. Todo esto en el marco del regreso a las aulas de la docencia y el estudiantado a como dé lugar. 

 Posturas en la asamblea 

Todas las agrupaciones tuvimos un punto de encuentro en reivindicar el paro, independientemente de su adhesión, como un hecho político importante frente a la inacción de la burocracia de UTE-CTERA ante tamaño ataque. Sin embargo, el balance necesario sobre el que se asienta una orientación, una intervención y el método de trabajo dio lugar a una polémica entre todas las fuerzas allí presentes.

 Desde la Comisión directiva, en parte haciendo un balance negativo de la concurrencia a la asamblea (250 asistentes frente a los 500 de la del jueves 11 y baja adhesión a las medidas de fuerza) propusieron diferentes medidas para visibilizar el conflicto: la conformación de comités de seguridad e higiene, concentrar frente al Ministerio de Educación porteño en el marco de la mesa salarial y un nuevo paro el 1 de marzo en el marco de la jornada de lucha nacional con diferentes seccionales opositoras de CTERA, incluidos los Suteba multicolores. Esas medidas de lucha, propuestas por la directiva del sindicato, se encuentran encorsetadas bajo el programa de “las 10 condiciones para un retorno seguro”, que no es más que la aceptación de la presencialidad, dejando atrás la consigna de “en pandemia no volvemos” agitada a fines del año pasado.

 En contraposición a lo planteado por la CD, sostuvimos la necesidad de profundizar el balance. Si bien es cierto que la burocracia, completamente integrada al estado, pavimentó el terreno “atando de pies y manos a la docencia” a la apertura de las escuelas fogoneada por el capital (nativo y extranjero), señalamos que debíamos ver los problemas en la orientación del sindicato durante el conflicto. Ademys, lanzó “las 10 condiciones seguras para el retorno seguro”, en el momento que la burocracia de UTE planteaba “necesitamos un retorno seguro”. Las distintas corrientes agrupadas en el FIT-U que forman parte de la directiva de Ademys, han planteado esa consigna como un “cambio de táctica”. Sin embargo, esto se trata del abandono de una estrategia. No hay retorno seguro posible en el marco de una pandemia, que está a las puertas de una segunda ola y sin vacunas, mientras las mismas son prenda de disputa entre los laboratorios, los estados y entre los políticos y sus amigos, que levantan sus propios vacunatorios a espaldas del pueblo trabajador, mientras éste es arrojado al matadero en fábricas y escuelas. Frente a este viraje, la docencia no encontró una perspectiva clara para organizarse de conjunto contra la presencialidad pandémica y volvió a las escuelas a tratar de garantizar que el gobierno mandara alcohol en gel o mascarillas sabiendo, inclusive, que eso no resuelve la cuestión de fondo, que es que la presencialidad es un pasaje seguro al contagio. 

 Ese cambio en la orientación fue desarrollado a pesar de las enormes reservas de lucha que tiene la docencia, que ha logrado ´pinchar´ las burbujas que se pretendieron implementar a fines del 2020 y ha acumulado una experiencia muy valiosa junto a las familias en la lucha contra el estado y el capital en el intento de hacernos volver a las escuelas, para que los trabajadores tengan dónde dejar a sus hijos y así garantizar la ´nueva normalidad´. 

 Por esta razón, desde Tribuna Docente (Tendencia) sostuvimos la necesidad de orientar nuestra actividad por el rechazo rotundo a la presencialidad en pandemia y sin vacuna, por la entrega de equipos y conectividad para el estudiantado y la docencia, de modo de garantizar una virtualidad para no enfermar. Algunas agrupaciones, como Docentes en Clase y la Corriente Conti-Santoro, así como un sector del activismo independiente, acordaron con este planteo general. Sin embargo, la conclusión que sacaron fue otra. Ambas agrupaciones mocionaron un paro de 48 horas como “medida de agitación” (sic), sin importar la adhesión que ésta tenga. Ninguno de los que hicieron este planteo pudo presentar un mandato de sus lugares de trabajo donde se exprese la voluntad de paro. La moción fue sostenida con todo tipo de argumentos, pero con un mismo problema metodológico: partir de la idea de que una acción impulsada por un sector atraerá a otros sectores. Es decir, una versión de “foquismo sindical”, que se expresa en la propuesta de realizar un paro sólo de agrupaciones sin discutir con los trabajadores y haberlos ganado al planteo. 

 En este sentido, entendemos que en esta etapa del conflicto (en la cual la mayor parte de la docencia ha retornado a la presencialidad) es de primer orden abrir un marco de deliberación en las escuelas y en los distritos, conformar cuerpos de delegados y comités de seguridad e higiene con poder de veto, en rechazo a la presencialidad criminal, ya que cada día que pasa redunda en más compañeros infectados. También debemos discutir la necesidad de un aumento de emergencia de nuestros salarios del 50% y la reapertura de la paritaria: por un salario básico igual al costo de la canasta familiar para un cargo de jornada simple y su equivalente en horas cátedras. 

 Darío Molinari y Ana Belinco 

 22/02/2021

Más de 60 contagios en una semana // Clases presenciales sin recursos

Altamira: “La gestión capitalista de esta pandemia es un desastre mundial”

Las movilizaciones en el Estado español y el hastío con el régimen político

El encarcelamiento de Pablo Hásel, la gota que rebalsó el vaso. 

 El rapero Pablo Hasél fue detenido el pasado martes 16 de febrero por la policía en la Universidad de Lleida, donde permanecía encerrado junto a un centenar de activistas para denunciar la condena de 9 meses y un día de prisión por “enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y a las instituciones del Estado” a raíz de una serie de tuits y las letras de sus canciones, lo que constituye un claro ataque al derecho a la libertad de expresión en España, y que ha desencadenado una ola de protestas a lo largo y ancho de la Península Ibérica. 

 En el momento de escribir este artículo entramos en el 6to. día de manifestaciones en todo el Estado español (Granada, Valencia, Madrid, Valladolid, Málaga, San Sebastián, etc.), pero con claro epicentro en Catalunya donde los enfrentamientos entre manifestantes y policía se suceden noche tras noche en las capitales de las cuatro provincias (Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona) y en ciudades medianas como Vilafranca del Penedès o Vic.

 La masiva movilización popular no se circunscribe solamente a la reacción por el ataque a las libertades democráticas que significa la sentencia, se desarrolla también como respuesta de un amplio sector de jóvenes al hastío con un régimen monárquico en descomposición que los condena a la miseria, la precariedad laboral y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. 

 La pandemia ha acelerado el proceso que se abrió con la crisis de 2008. La caída del 11% del PBI en 2020 ha supuesto la mayor destrucción de empleo desde la guerra civil. El 40% de los menores de 25 años está en el paro y los que tienen empleo es a través de contratos laborales flexibilizados y miserables. 

 Las “ayudas” de la Unión Europea para paliar los efectos de la pandemia ya se los ha repartido el establishment e irán directamente a manos de las grandes empresas del Ibex 35. 

 Mientras tanto, la única respuesta del autoproclamado “gobierno más progresista de la historia” formado por PSOE y Podemos han sido unas ayudas irrisorias para trabajadores y autónomos por un lado, y el intento de criminalización de cualquier forma de protesta social (inclusive no derogando la llamada “ley mordaza”, una ley represiva filo-fascista del anterior gobierno del derechista Partido Popular) por el otro.

 La aprobación de nuevos presupuestos que incluyen subidas del gasto militar y en la partida destinada a la corrupta Casa Real (incluido el mantenimiento con presupuesto de Patrimonio Nacional del rey emérito Juan Carlos, fugado a los Emiratos Árabes, a raíz de las noticias sobre sus cuentas millonarias en paraísos fiscales y sus desfalcos con el pago de impuestos en España) echan más gasolina a la explosiva situación social.

 Las movilizaciones han demostrado la valentía y el enfado de un amplio sector de la juventud, pero al mismo tiempo han puesto en evidencia la falta de un programa y una dirección que puedan llevarla a la victoria. 

 Es necesaria la creación de una coordinadora de sindicatos de estudiantes y asociaciones barriales de jóvenes, que elabore un programa de reivindicaciones, que incluyan la libertad de Hasél y la defensa de la libertad de opinión pero que ponga en el centro la lucha por trabajo y vivienda digna, contra la represión policial y que marque el camino para derribar al régimen monárquico corrupto.

 Sebastián Fischer, desde Barcelona