Defendamos el Golfo de San Matías

La legislatura de Río Negro aprobó con premura la modificación de la ley 3308 que protege al Golfo San Matías de toda actividad petrolera. La norma prohibía expresamente en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos, para el transporte de hidrocarburos y sus derivados,y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos. 

 La modificación se debe a que YPF volvió a presentar un proyecto de construcción de un oleoducto que podrá transportar 360.000 barriles de petróleo e incierta cantidad de gas por día, desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, un puerto de 250 hectáreas en el Golfo San Matías. Implicaría una inversión de 1.260 millones de dólares. 

 Ya en 1995, YPF, en proceso de privatización, había propuesto un proyecto similar para el transporte de hidrocarburos de producción rionegrina. Las cifras en barriles eran menores y el puerto para exportarlos era San Antonio Este. La movilización popular lanzó la campaña Golfo Azul-Golfo Negro e YPF retiró el proyecto. En 1999, Repsol compró el 17% de las acciones que aún eran del Estado y, simultáneamente, se promulgó la ley Lasalle, que lleva el número 3308/99, que ahora ha sido modificada. Esa modificación requiere de una segunda votación para que tenga fuerza de ley y consiste en otorgarle al gobierno rionegrino la ampliación de facultades sobre el transporte de combustibles líquidos y/o gaseosos por ductos. Exactamente lo demandado por los pulpos petroleros. El nuevo oleoducto, en su recorrido de 545 kilómetros, usaría el territorio de otro oleoducto, Oldelval, Oleoducto del Valle, con participación de Pampa Energía, de los Mindlin, que transporta hidrocarburos de la cuenca neuquina al Puerto Rosales en Bahía Blanca. Por otra parte, el nuevo puerto de Punta Colorada en el Golfo San Matías sería declarado zona franca. 

 La reacción de la población no se hizo esperar. Se lanzó la campaña “Defendamos nuestro Golfo, la 3308 no se toca”. El rechazo se sostiene en que la actividad petrolera implica inexorablemente derrames y, en consecuencia, contaminación. En 1991 un derrame en la península de Valdés produjo un desastre ambiental y en 2008, en Caleta Córdoba, hubo otro derrame que implicó la muerte de la vida marítima (peces, plancton, etcétera) por cientos de kilómetros, afectando la producción local pesquera. Se plantea el antagonismo entre la pesca y el petróleo. El golfo San Matías tiene dos actividades productivas: la pesca y el turismo. El oleoducto y el puerto afectarían a ambas. Las áreas protegidas del lugar son irrespetadas por el proyecto. 

 Se teme que las grandes tormentas patagónicas, cada vez más frecuentes por el cambio climático, produzcan daños sobre los oleoductos y derrames por cualquier lado. El pasivo ambiental que genera la industria petrolera es enorme y nunca es compensado por las empresas. Mientras la declaración de la Cumbre Climática plantea que hay que bajar el consumo mundial de hidrocarburos para el 2030, al mismo tiempo se invierten 1.260 millones de dólares en este proyecto. Muestra la futilidad de esas reuniones internacionales. El proyecto de Hidrógeno Verde, presentado desmedidamente por los gobiernos provincial y nacional como la transición energética, duerme el sueño de los justos. 

 Llamamos a conformar asambleas, a tomar conciencia del daño ambiental que se generaría con este proyecto que enriquecería a los grandes intereses capitalistas,en estos momentos de crisis mundial que han convertido al gas y al petróleo en botines de guerra. 

 Elena Florín 

 31/08/2022

Cristina Kirchner y la autonomía porteña

En medio de los dimes y diretes respecto de quién vigila las inmediaciones de su departamento porteño, Cristina Kirchner recordó sus tiempos de convencional constituyente y declaró que “tenemos que repensar la autonomía porteña”. De esa manera, expresó su disgusto por el control que la policía de Larreta ejerce sobre los manifestantes que rodean su casa. 

 Por primera vez ha saltado a la superficie el conflicto de poder que implica someter al gobierno nacional y sus acciones a la vigilancia de la fuerza de seguridad de la Ciudad. Por cierto, la presidenta se acordó muy tarde de “repensar” la autonomía porteña. No recordó, por ejemplo, que la creación de la Policía de la Ciudad -entre fines de 2016 y comienzos de 2017- contó con el apoyo cerrado del pejotakirchnerismo en la Legislatura porteña. En ese momento, se transfirieron a la Ciudad las funciones fundamentales que ejercía la Policía Federal en la calle, por caso, el control de las manifestaciones populares. Ocho años antes, bajo el gobierno de la propia Cristina (2008), el kircherismo había avalado la creación del “germen” de la policía porteña, bautizada “Metropolitana”. 

 O sea que Cristina, desde el poder del Estado nacional, en 2008, le otorgó un estatus represivo propio al gobierno derechista de la Ciudad. Ya con Macri en el gobierno nacional, sus legisladores lo refrendaron en 2016. La renuncia a la autonomía en materia de “seguridad” constituyó una formidable concesión al macrismo. Tuvo lugar en medio de un conjunto de acuerdos más amplios, que incluyeron la venta de tierras públicas en Liniers, Barracas y Palermo a la medida del grupo IRSA. Ningún fiscal ha husmeado sobre esta “asociación ilícita”, que estuvo por encima de la ´grieta´. 

 Naturalmente, Cristina no lo “repensó” en aquel momento, y por una razón muy simple: por entonces, la flamante policía porteña no se encargaba de manifestantes K en la Recoleta, sino de piqueteros, vecinos sin techo, docentes o trabajadores de la salud. En el plano económico, la transferencia de las funciones de seguridad a la Ciudad comportó un gran ajuste, ya que la CABA no recibió fondos en proporción a los efectivos transferidos. Por esa razón, la “función seguridad” en el presupuesto porteño fue cubierta a expensas de ajustes en otras áreas. La transferencia policial coincidió con una caída estructural en la participación de los rubros de Educación y Salud dentro del presupuesto de la Ciudad. Este ajuste demostró, por otra parte, que la autonomía porteña -consagrada en la Constituyente de 1994- no tuvo como propósito una elevación de derechos a la población de la Ciudad. Por el contrario, la descentralización obedeció a una tendencia reaccionaria general, consistente en trasladar gastos sociales a las provincias para concentrar los recursos del Estado nacional en el cumplimiento de la deuda con el capital financiero. La Constituyente de 1994, que sesionó en los tiempos de Menem-Cavallo, sirvió en el plano económico a este propósito reaccionario. 

 Los Kirchner aprobaron este rumbo en la convención de Santa Fe. Ya desde el gobierno nacional, en 2007-2015, impulsaron entusiastamente esta autonomía con cuño fondomonetarista. Y no fue sólo la policía: también le cedieron a la CABA el control del subte, para que Macri-Larreta se ensañaran con las conquistas de sus trabajadores.

 Ahora, y después de unos cuantos años, el kirchnerismo ha bebido de su propia medicina. La policía de Larreta, creada con el aval de los K, reprimió a los manifestantes que se acercaron a la casa de Cristina. Sin embargo, no hay indicios de que Cristina siga “repesando” demasiado la autonomía. Por lo pronto, Anibal Fernández parece haber pactado un orden de cosas con su par porteño D´Alessandro. Los dos saben muy bien que la Policía de la Ciudad deberá volver a sus tareas corrientes, cuando las manifestaciones de desocupados, de trabajadores que reclaman la reapertura de sus paritarias, de deudores UVA, de las organizaciones de discapacitados que denuncian el recorte de sus prestaciones y muchos otros reclamos, pueblen las calles de la Ciudad. El ajuste de Massa necesita a los ´cruzados´ de Larreta en sus puestos, no en la Recoleta. En todos esos menesteres, Aníbal Fernández tiene mucho para enseñarles a los represores porteños.

 Marcelo Ramal 

31/08/22

Massa “deleita” a los embajadores del G7 antes de su gira internacional

El ministro de Economía saca a relucir su política de ajuste y los negocios de los exportadores. 

 El ministro de Economía Sergio Massa tuvo un encuentro, el pasado viernes 26, con los embajadores del G7, en la previa de su viaje a los Estados Unidos y en la línea de estrechar su posición con los reclamos del FMI y el capital financiero en la antesala de la reunión con el Club de París.

 Con la participación de los embajadores de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea, sector que representa más del 45% del producto bruto mundial y más del 40% de los aportes al FMI y al Banco Mundial, Massa reivindicó su política de ajuste fiscal, recortes en el gasto público y negocios para los sectores del agro, energía, mineras y exportadoras. 

 La meta del Massa, en la reunión que tuvo lugar en la embajada alemana, fue la de dar muestras de garantías ante el capital financiero y sus representantes, dando cuenta de una subordinación total de la política económica del país.

 Entre los temas tratados, Massa se comprometió a dar una solución de “alivio fiscal” a sectores como la energía y el campo, a tono con las exigencias de gran parte de las patronales agraria y exportadoras del país. 

 Los trabajadores ya conocen las consecuencias de esta orientación que no logra generar dólares, pero si implica la internacionalización de los precios de los productos alimentarios que consumen las familias obreras, en medio de un cuadro de crisis atizada por las políticas de ajuste que el ministro celebra. Además de abrirle las puertas al saqueo de los recursos nacionales por parte del gran capital. 

 Massa destacó, entre sus políticas de ajuste fiscal, el congelamiento de las contrataciones del personal en el sector público, lo que perpetúa contrataciones precarias que se vienen arrastrando, y el fin de los adelantos al tesoro –un reclamo del FMI- de la mano con las reducciones de las partidas presupuestarias y los recortes a las transferencias a las provincias que se están transformando en sucesivos ajustes contra los trabajadores dependientes de cada jurisdicción.

 El nivel de cipayismo con el que se maneja el ministro de Economía implica un alineamiento del gobierno con la Otan ante el cuadro internacional actual y desmiente toda hipótesis interesada de una supuesta defensa de los “intereses de la patria”, como esgrime el kirchnerismo. 

 El gobierno tiene como norte de su política la guía de trabajo elaborada por el FMI y los acuerdos con el capital financiero, lo que adelanta nuevos saltos en el ajuste contra los trabajadores. No se puede esperar ninguna política progresiva de la mano del Frente de Todos y sus socios. 

 Marcelo Mache

Delta del Paraná: además de las quemas, contaminado con agrotóxicos

Según un estudio realizado por la UNLP y el Conicet. 

 Las islas del Delta, aparte de los incendios, vuelven a ser noticia. Ocurre que, en uno de sus afluentes más importantes, el Río Gualeguay (provincia de Entre Ríos), investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Conicet han detectado la presencia de plaguicidas y otras sustancias altamente tóxicas derivadas de la actividad agrícola a lo largo de su cauce. Como agravante, la contaminación no solo afecta al curso de agua del Gualeguay sino también a los humedales del Paraná donde desemboca.

 El trabajo científico, desarrollado por Tomás Mac Loughlin, Leticia Peluso y Damián Marino, del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la UNLP, arrojó que toda la cuenca del río Gualeguay presenta altas concentraciones del cancerígeno glifosato tanto en el cuerpo de agua como en el lecho, como así también detectó la presencia de piretroides (insecticidas aplicados a los cultivos) como la deltametrina y concentraciones de herbicidas a base de atrazina.

 La cuenca del Gualeguay comprende un tercio del territorio entrerriano, con casi unos 500 km es el río más extenso de la provincia. Y desemboca en el delta del Paraná, por lo que los agrotóxicos detectados se trasladan y terminan por impactar, acumulación mediante, en los humedales que hoy sufren el fuego voraz por la expansión de la frontera agropecuaria (Patricio Eleisegui en Revista Sudestada, 26/8). 

 La investigación, además, aporta un dato que amplía la idea de cómo se comporta el glifosato una vez que resulta liberado en el ambiente: puede transportarse largas distancias disuelto en el agua. O sea, que no solo se deposita en los sedimentos del lecho. En otro fragmento del estudio se destaca que, a pesar de no ser detectados con tanta frecuencia, ciertos insecticidas (en su mayoría deltametrina) fueron detectados en concentraciones por encima de sus niveles tolerables para la protección de la vida acuática. 

 Como remate, uno de los integrantes del equipo de expertos, Damián Marino, manifestó: “en tanto el Gualeguay se distribuye mayormente por el centro de la provincia de Entre Ríos, atraviesa las zonas de la provincia que controla el agronegocio de la soja y la ganadería. La presencia que detectamos de plaguicidas como el glifosato responde a una acumulación derivada de muchas fuentes: la escorrentía de los campos fumigados, las derivas que originan las aplicaciones, el lavado de maquinarias y, también, los plaguicidas que caen a través de la lluvia”. El especialista resaltó como otro resultado contundente la comprobación “de que el glifosato es un contaminante pseudo persistente también en el agua. La molécula del herbicida ostenta un comportamiento acumulativo, es decir, la cantidad de herbicida que llega al caudal del Gualeguay es tanta que el ambiente ya no puede degradarlo en su totalidad” (Ídem). 

 Los humedales, también afectados

 En simultáneo a este problema de contaminación grave del Gualeguay, debemos agregarle la afectación que sufren los humedales del delta a partir de este tránsito del glifosato y plaguicidas a través del río entrerriano que descarga en el Paraná. El impacto que sufren está en lo que no vemos: en cómo, por ejemplo, las plantas acuáticas son superadas en la capacidad de carga filtrante para este tipo de moléculas. Uno de los roles fundamentales del humedal consiste en filtrar el agua. El ecosistema funciona como un riñón que limpia de manera natural los contaminantes inorgánicos y orgánicos. Sin embargo, los humedales están recibiendo estas sustancias con lo que, sumado a la degradación que vemos en estos días, ya no son capaces de purificar el agua. 

 Lo peor de todo es que el escenario puede ser catastrófico si no hay un cambio radical en los esquemas de producción que predominan en aquellos territorios que, como en el caso de Entre Ríos, albergan cuencas hídricas extensas y humedales. Por lo que la destrucción que sufren los humedales por efecto de los incendios y las modificaciones de suelo para el desarrollo de actividades contaminantes están muy cerca de afectar de forma irreversible las principales fuentes de agua. 

 Los resultados publicados por los profesionales de la universidad platense ratifican a los cuantiosos estudios encomendados por las comunidades afectadas por las fumigaciones con agrotóxicos, en los cuales el cien por cien de los casos ha dado positivo respecto a la presencia de herbicidas en el suelo y fundamentalmente en todos los cursos de agua de esos distritos. Urge la tarea de reimpulsar un fuerte movimiento socioambiental para enfrentar al régimen político del agronegocio y fortalecer los reclamos de los pueblos contra los capitales del agro y exigir una verdadera Ley de Humedales con el consenso de los colectivos independientes de lucha.

 Gastón Fernández

Represión y enfrentamientos en Irak

Más de 30 muertos. 

 Seguidores del Movimiento Sadrista iniciaron el lunes una serie de acciones de protesta en Irak, luego de que su líder, el clérigo chiíta Moqtada al-Sadr, anunciara su retiro de la política y reclamara también la renuncia a sus cargos de “todos los partidos”, profundamente desacreditados ante la población. Hubo 35 muertos y decenas de heridos en el curso de la represión y los enfrentamientos.

 En el mes de octubre, Irak efectuó elecciones parlamentarias, pero lleva más de diez meses sin lograr la formación de un gobierno. El grupo de al-Sadr obtuvo la mayor cantidad de bancas, pero sus rivales del Marco de Coordinación, bloque de partidos apoyado por Irán, bloqueó su llegada al poder. A fines de julio, los seguidores de al-Sadr tomaron el parlamento y pasaron luego a mantener una sentada frente al edificio, en alerta por la posible designación de un adversario como nuevo primer ministro. 

 El régimen político iraquí surgido tras la caída de Saddam Hussein se basa, al igual que el de Líbano, en un reparto del poder entre los distintos grupos confesionales. A los chiítas les corresponde el primer ministro, a los sunitas la jefatura del parlamento, y a los kurdos el presidente. Este esquema parece agotado, repudiado por una población hastiada de la pobreza y la corrupción.

 Como parte de las medidas de protesta de este lunes, los sadristas tomaron un edificio de gobierno en la Zona Verde de Bagdad, donde se concentran oficinas estatales y diplomáticas, entre ellas la embajada norteamericana. En Basora, ciudad ubicada en el sur, fue rodeada una refinería de petróleo. Las autoridades dictaron un toque de queda a nivel nacional. 

 Los manifestantes habrían sido atacados durante el mismo lunes por miembros de una de las milicias chiítas adscriptas al Ejército (Unidad de Movilización Popular), próximas a Irán. Y, en ese cuadro, se habrían movilizado también integrantes de la milicia armada del sadrismo, llamada Saraya al-Salam (Al Jazeera, 30/8). En medio de los choques fatales, Teherán cerró sus fronteras.

 El martes, al-Sadr emitió un sorprendente mensaje llamando a sus seguidores a desmovilizarse, e incluso les lanzó críticas por los hechos de violencia. De todos modos, la orden del clérigo fue cumplida. El primer ministro interino iraquí, Mustafa al-Kadhimi, saludó el gesto de al-Sadr. No queda claro qué quería lograr este último con el planteo de su renuncia.

 Al-Sadr goza de una gran influencia en sectores empobrecidos de la población, en particular de Bagdad y el sur del país. Es un crítico de la injerencia norteamericana y, pese a ser chiíta, también de la iraní -aunque muchos sostienen que en menor medida. Tras el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003, formó una milicia (Ejército de Al Mahdi) que enfrentó a los estadounidenses y llegó a contar con 60 mil hombres.

 En 2018 concurrió a elecciones aliado con el Partido Comunista. Si bien nunca integró personalmente un gobierno, miembros de su partido habrían estado a cargo de ministerios en algunas gestiones, como el de salud (ídem). 

 Ante la rebelión popular de 2019, desatada por el estado ruinoso del sistema eléctrico y de agua potable, apoyó inicialmente las protestas, pero luego llamó a ponerles fin (La Nación, 30/8). Estos vaivenes no le impidieron liderar la fuerza más votada en las elecciones de 2021, aunque en un marco de enorme abstención (60%). 

 La combinación de la crisis política y social, en un país que nunca se recuperó de la devastación causada por la invasión del imperialismo, plantea la posibilidad de un nuevo levantamiento. 

 Gustavo Montenegro

La Cámpora apoya públicamente el “Plan Massa-Rubinstein”

Andrés "Cuervo" Larroque. 

Sin disimulo, a través de Larroque, el kirchnerismo se alinea al ajuste del FMI. 

 El dirigente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, en una entrevista radial, explicitó su apoyo al arribo de Sergio Massa al gabinete. De este modo, se ocupó de dejar en claro, en las vísperas del viaje de Massa a Washington para reunirse con las autoridades del FMI, que el reforzamiento del ajuste que viene comandando el nuevo ministro cuenta con el respaldo del kirchnerismo. 

 El funcionario bonaerense señaló que “hemos perdido mucho tiempo, hoy tenemos ministro de Economía después de más de tres años gobierno, en ese sentido no hemos funcionado bien y lo hemos planteado de todas las formas”. Luego agregó “hoy estamos en una situación muy delicada y compleja producto que quien un día para el otro abandonó su lugar al frente de la cartera económica y generó una crisis que que es más de carácter financiero (en alusión a Martín Guzmán)”. 

 Resulta curioso que los mismos que antes desplegaban una demagogia antiajuste, intentando despegarse de las consecuencias ruinosas del pacto con el Fondo pero sin sacar los pies del plato, hoy plantean que el motivo de su supuesta divergencia con el rumbo oficial no era la agenda ajustadora del gobierno sino que no había aparecido aún un ministro de Economía que inspirara suficiente confianza en el mercado y que por eso las cosas funcionaron “mal”. Entonces, para el kirchnerismo, con la asunción de Massa ese problema estaría resuelto ya que en teoría reúne mejores condiciones políticas para aplicar el programa del FMI.

 El kirchnerismo abandonó su pose opositora al ajuste una vez que la corrida hizo tambalear el acuerdo con el FMI y se aprestó a rescatarlo. En eso consistió el acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente para designar a Massa al frente de Economía, considerando que por sus vínculos con la embajada yanqui y el gran capital era el indicado para apuntalar la hoja de ruta del Fondo. 

 Los dichos de Larroque son la confesión de que el kirchnerismo nunca buscó enfrentar ni proponer un rumbo alternativo al ajuste fondomonetarista. Solo pretendía no pagar los costos políticos de su aplicación, a sabiendas de que se trataba de un acuerdo destinado al fracaso, y, por otra parte, reservarse como relevo de cara a 2023, en caso de que recrudeciera la crisis y la lucha de clases y la burguesía precisara una variante de contención. 

 Ahora, el kirchnerismo se alinea públicamente con el plan Massa-Rubinstein, cuyos primeros pasos fueron los recortes en educación, salud y vivienda, el ajuste canallesco en Discapacidad, la suba de tarifas recargada en los servicios públicos y los guiños destinados a las patronales del agro y a los pulpos mineros. En línea con su talante más abiertamente ajustador, La Cámpora se encuentra haciendo campaña sin tapujos por la eliminación de las discusiones paritarias y su reemplazo por aumentos salariales a suma fija para asegurarse que estos continúen perdiendo contra la inflación. La subordinación “nacional y popular” a los dictados del Fondo es total. 

 No casualmente Larroque realiza estas declaraciones en la antesala del viaje de Massa a Washington; quiere dejar claro ante el imperialismo yanqui y el capital financiero internacional que todas las alas del Frente de Todos avalan la agenda antiobrera que reclama el Fondo Monetario. En consonancia con la señal que brindó Wado de Pedro, otro líder camporista, quien endulzó los oídos del empresariado estadounidense en la cena previa al Council of the Americas, celebrada en el Hotel Alvear de Buenos Aires. 

 Dicho esto, es preciso denunciar el intento de Larroque de engañar a la población estableciendo un signo igual entre la asunción de un ministro como Massa que cuenta con apoyo del establishment, estabilidad económica y bienestar de las mayorías. En primer lugar, su nombramiento no proporcionó ninguna estabilidad ya que se abraza a un acuerdo con el FMI a todas luces incumplible; así las cosas, la brecha cambiaria no baja del 100%, la estampida inflacionaria continúa, las reservas líquidas se hallan en rojo y el riesgo país sigue en alza. Por eso hay que desmentir la versión manipulada de que la renuncia de Guzmán habría desencadenado la corrida cambiaria; lo cierto es que la corrida contra los bonos en pesos y la salida del exministro tienen a la inviabilidad del programa fondomonetarista como telón de fondo.

 Por otra parte, el esfuerzo de Massa por “tranquilizar los mercados” no persigue el objetivo de beneficiar a todos por igual, sino de otorgar cada vez más concesiones a los capitalistas en detrimento de la clase trabajadora; las primeras medidas que tomó al frente de Economía así lo indican. No olvidemos que el plan del FMI al cual aboca su gestión significa más ajuste, inflación y recesión; es decir, lejos de resolver, promete hundir las condiciones de vida de los sectores populares.

 Una orientación de hambre y miseria a la cual suscriben todas las variantes del peronismo. Por eso, debemos derrotarla por medio de la lucha y pelear para que el movimiento popular se deshaga de banderas que le son ajenas y levante las del socialismo.

 Sofía Hart

La Fuga de Rawson y la Masacre de Trelew por Fernando Vaca Narvaja

La devaluación en ciernes y la cuestión de la huelga general

La puja por los vallados en torno del departamento porteño de Cristina sirvió para pasar a segundo plano otra crisis – la que comienza a tejerse en torno de la devaluación del peso y sus consecuencias inflacionarias devastadoras para la población trabajadora. 

 A través de un audio, el viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein, tuvo que desmentir la versión de que el gobierno anunciaría una devaluación este jueves. El trascendido fue lanzado por el kirchnerista Verbitsky, el mismo que se cargó a Ginés García después de sacar a la luz el vacunatorio VIP. Pero en este caso, nadie se escandalizó: es que la devaluación de la moneda está en la agenda de Massa-Rubinstein y de todo el gran capital, después del evidente fracaso de los intentos oficiales por posponerla. En los últimos meses, economistas de toda laya repitieron como loros que una devaluación sólo resultaba viable en el marco de un ajuste fiscal y de un ingreso previo de divisas. El cimbronazo cambiario que hoy se discute, sin embargo, no es porque ese plan “preparatorio” haya funcionado, sino más bien por lo contrario. La devaluación selectiva para el agro -´dólar soja´- resultó un fiasco, como los otros incentivos para que los capitalistas ingresen dólares. El gobierno ha logrado comprar divisas sólo después de reforzar el cepo a las importaciones y de desalentar al mercado paralelo subiendo la tasa de interés. A cambio de ese magro resultado, impuso un ´frenazo´ recesivo a la actividad económica, que se redoblará con los recortes a la obra pública y a los gastos en educación y salud. De todos modos, este ajuste de gastos es irrisorio al lado de la emisión necesaria para “honrar” la deuda del Tesoro y la del banco Central.

 Pero el mayor de los fracasos del “pretendido” plan Massa es el intento de lograr un préstamo internacional, que no apareció por ningún lado. Los eventuales prestatarios han reclamado garantías leoninas, teniendo en cuenta la fantástica desvalorización de la deuda argentina. Ahora, le han invertido la secuencia a Massa: la condición para un préstamo es la previa devaluación de la moneda. Los funcionarios discuten si debe estar acompañada o no por un desdoblamiento cambiario, y ese es el acuerdo que Massa gestionaría los próximos días con el FMI en Estados Unidos. Ese ´consenso´ torno de la devaluación es el pasaporte para que el FMI apruebe la “segunda revisión” del acuerdo, el cual, en lo que respecta a la “acumulación de reservas”, el gobierno no tendrá condiciones de cumplir.

 Rodrigazo

 La discusión devaluatoria tiene lugar cuando las estimaciones de inflación para agosto se ubican entre un 6,5 y 7%, tirando abajo la versión de que julio dio un índice alto a causa de los “cambios de gabinete”. Pero una inflación que se calcula entre el 100 y 110%, incluso antes de cualquier devaluación, hace mover la estantería de los que están pergeñando el horizonte devaluatorio. Algunos observadores estiman que el 60% de los precios “todavía siguen como referencia al dólar oficial” – si ese dólar se lleva a 200 pesos, “la inflación pasará a contabilizarse en dos dígitos mensuales” (Infobae, 30/8). Principalmente, una devaluación golpearía sobre los precios de los alimentos. En septiembre y octubre, además, se pondrán en vigencia las nuevas tarifas de gas y luz para todos aquellos que no cuenten con tarifa social. 

 Una devaluación encenderá una mecha sobre la deuda en pesos que está ajustada al dólar o a la inflación, y planteará un “reperfilamiento” que se hace cuesta arriba para un régimen político fracturado. Es natural, por ello, que la devaluación agite el avispero de la interna oficial –de allí, el destape de Verbitsky. El kirchnerismo teme al fantasma de la rebelión popular y a que la demolición del “plan” económico oficial arrastre a todas las facciones del gobierno. Por cierto, las contradicciones en gestación son más fuertes que la “unidad peronista” que se teje adentro de los vallados de la Recoleta.

 El escenario hiper inflacionario que desataría una devaluación sacudirá al conjunto del movimiento obrero, desde los trabajadores bajo convenio hasta los precarizados y desocupados. Por lo pronto, ya existen hoy un conjunto de paritarias que se encuentran en crisis, porque la carestía en ascenso se ha adelantado por mucho a las “cuotas” pactadas por las burocracias sindicales. Por ese motivo, hay huelgas docentes en ocho provincias y conflictos en puerta en varios sindicatos industriales, como ocurre con la rama siderúrgica de la UOM. Indirectamente, la cuestión salarial también rodea a la lucha del sindicato del neumático, por el pago al 200% de las horas extras de los fines de semana. El precario equilibrio que las patronales, la burocracia sindical y el gobierno -a través de las conciliaciones obligatorias- intentan sostener, en medio de la actual carestía, sería definitivamente barrido por una devaluación en regla.

 Desde hace algún tiempo, el gobierno viene meneando su “salida” salarial para el caso de un rodrigazo: un aumento de suma fija que patee para el 2023 cualquier otro reajuste paritario, ello, cuando los precios y tarifas redoblarán su marcha al compás del dólar. La burocracia sindical discute su apoyo a este paquete en un marco más amplio, donde se incluye a las quebradas obras sociales de los trabajadores. La CGT reclama un socorro financiero para ese vaciamiento y, en simultáneo, un régimen de recorte de las prestaciones. Al ajuste de los salarios, la burocracia le añade otro ajuste en la salud obrera. El gobierno ya ha puesto en marcha un parte de ese recorte, en lo que respecta a las prestaciones para las personas con discapacidad.

 ¿Qué nos indica el escenario que tenemos por delante? El escenario superinflacionario que sucedería a una devaluación planteará, a la escala de todo el movimiento obrero y piquetero, la cuestión de la huelga general, es decir, de una acción obrera decidida en defensa del salario, de las jubilaciones y del derecho al trabajo. La necesidad de una huelga indefinida se anticipa, por otra parte, en las luchas que se encuentran en curso, y que han agotado la instancia de los paros parciales. Pero la huelga general está fuera del horizonte de la burocracia sindical, la cual, en sus diferentes vertientes, ya está discutiendo con el gobierno cómo hacerle tomar al movimiento obrero la cicuta de una devaluación. La necesidad de una huelga general para enfrentar el rodrigazo que se viene plantea, con más fuerza que nunca, la necesidad de un congreso obrero impulsado por organizaciones de lucha, activistas y delegados. 

 Marcelo Ramal 

 30/08/2022

Alicia Kirchner homenajea las huelgas de 1921 y persigue las huelgas actuales

Marcha docente en Santa Cruz

 En una nota de un diario de la capital santacruceña se refleja la participación de Alicia Kirchner en un acto sobre la huelgas patagónicas de 1920 y 1921. El mismo se desarrolló en el salón azul del Congreso de la Nación y la gobernadora intervino vía zoom para decir, entre otras cosas, que “aquí hubo gente capaz de levantarse y luchar por sus derechos”, y podríamos decir que es parte de la demagogia kirchnerista porque ha sido su gobierno el que le ha confiscado a las y los trabajadores de Santa Cruz infinidad de derechos, pero en esta ocasión no hay necesidad, porque mientras la gobernadora del Frente de Todos hacia demagogia desde la casa de gobierno, del otro lado del portón (un portón y una reja que instaló Alicia Kirchner para que los que luchan no lleguen a la puerta de la casa de gobierno) la docencia santacruceña, que llegaba de muchas localidades de la provincia algunas a más de 1.000 kilómetros de la capital, reclamaba que abran la paritaria de una vez por todas y que paguen salarios que nos saquen de la pobreza. 

 Salvando las distancias, el rol que la historia le asignará a Alicia Kirchner será el mismo que ocupó Correa Falcón y a los Fernández el mismo que ocupó Hipólito Yrigoyen. Ellos fueron y son la representación política de la burguesía, jamás podrán presentarse frente al pueblo como un gobierno de trabajadores. Tanto es así, que al mismo tiempo que escribimos estas líneas, nos enteramos que la multinacional que opera en Cerro Moro despidió a un trabajador minero por ser el organizador de la marcha en el pueblo de Puerto Deseado en apoyo a sus compañeros que desarrollaban la huelga en el yacimiento por mejores condiciones laborales y salariales. De este hecho Alicia Kirchner no dijo una palabra, defiende a los capitalistas extranjeros como lo hacía Correa Falcón en 1920. 

 Tampoco mencionó el procesamiento de 16 trabajadores mineros que lucharon contra los 800 despidos de la intervención de Zeidán en YCRT. Será que, como dice Cristina, si se tira del ovillo van todos presos. Resulta que Zeidán tiene una causa por corrupción bajo su gestión en YCRT y es mejor desviar el foco y perseguir a los luchadores, total después habrá tiempo para recordarlos como héroes en algún acto vía zoom en el futuro.

 La gobernadora santacruceña también se olvidó de mencionar que ella misma impulsa el procesamiento y condena contra cuatro trabajadores por reclamar que se les pague el salario adeudado.

 A los huelguistas de 1920 y 1921 los honramos los trabajadores continuando su lucha en las calles, no la demagogia kirchnerista. Ustedes pasarán a la historia como los Correa Falcón y los Yrigoyen de esta época, intentando acallar voces, desconociendo reclamos justos, gobernando para los amigos y para las multinacionales. En resumen un gobierno antiobrero para defender los intereses capitalistas.

 Juan Manuel Valentin

Megacausa Bahía Blanca -día 27- 29 de agosto 9:00 horas

"Rechazamos la represión de todos los gobiernos no tenemos doble moral" // Gabriel Solano

Massa prepara el viaje a Estados Unidos con nuevos beneficios a las mineras y ¿al agro?

No recomponen las arcas del Central y ni siquiera despejan las presiones por una mayor devaluación. Sergio Massa quiere llegar a Estados Unidos con herramientas para tentar al gran capital y mostrarle al FMI un plan de recaudación de divisas. En ese sentido, luego del fracaso del dólar soja para que el agro liquide la divisas, ahora anticipó que presentará en septiembre un decreto con fuertes incentivos cambiarios para el sector minero, muy similar también a los últimos impulsados para las petroleras, pero que tampoco destraban la huelga de inversiones hasta el momento. Estos beneficios al gran capital no recomponen las arcas del Central y, por lo tanto, ni siquiera despejan las presiones por una mayor devaluación.

 Según esta agenda, las empresas mineras tendrán acceso libre al dólar por hasta un 25% de sus exportaciones, a cambio de cumplir requisitos de inversiones y agregado de valor en un programa de desarrollo de proveedores, y podrían sumarse algunos beneficios fiscales. Con esto, el gobierno espera un aumento de las inversiones en litio y del nivel de exportaciones. En esa misma línea es que Massa se reunirá en USA con mineras como Livent, que explota el Salar el Hombre Muerto en Catamarca en busca de litio y fue denunciada por subfacturar exportaciones por debajo del 20% de su valor real y de los registrados en la provincia de Jujuy, y a la cual le ofrecerá beneficios impositivos. Esto demuestra que poco le importa al gobierno penar la evasión fiscal y la fuga de divisas. La contracara de estas exenciones impositivas es el recorte presupuestario que anunció el ministro de Economía en esferas vitales para la población como es la salud, la educación, la vivienda y obras hídricas, entre otras. Queda claro que el déficit fiscal que impone el Fondo será pagado por los trabajadores con sus condiciones de vida.

 Beneficios similares se promovieron para los hidrocarburos, como el llamado “Régimen de Acceso a Divisas para la producción incremental de petróleo” y que, lejos de reportar los resultados esperados, solo impulsó un aumento en el precio de los alimentos, acrecentó la fuga de divisas por parte de las multinacionales, en un marco de récord de exportaciones de gas. Otro caso similar es el dólar soja, un desdoblamiento cambiario que se configuró como una devaluación camuflada y tenía como objetivo el ingreso de divisas por parte de las patronales agrarias. El mismo prometía un ingreso de 5 mil millones de dólares pero no cumplió con el objetivo, la liquidación de agosto de este año fue mucho menor a la del mismo mes del año anterior. 

 Los pulpos del agro prefieren seguir presionando por una devaluación en regla, al igual que el resto de las patronales, lo que les sería mucho más redituable, o una rebaja en las retenciones. Esto último sería contrario al camino de ajuste fiscal que demanda el FMI. El gobierno, por su parte busca otra alternativa que incluya mayores beneficios para el sector con el fin de impulsar la liquidación de divisas, puesto que una devaluación amenazaría con una corrida cambiaria que el Central no podrá contener por la escasez de reservas y no se sabe donde terminaría. Además encarecería los costos de obras como el gasoducto, claves para la rama energética (otro sector en el que el imperialismo tiene puesto el ojo) y acrecentaría la ya impagable deuda en dólares. 

 Mientras tanto, se restringe el acceso a dólares para todos aquellos que perciban una tarifa social dentro de la segmentación tarifaria, atentando contra la capacidad de ahorro de las familias, al tiempo que refuerza el control sobre los dólares para la importación, lo que contribuye a la aguda tendencia recesiva y no termina de impedir que las empresas se beneficien con la brecha cambiaria mediante diferentes maniobras. La presión por una devaluación es cada vez mayor y la encerrona en la que se encuentra el gobierno la posiciona como el único rumbo. A su vez, un desdoblamiento cambiario impactará de lleno en los costos de toda la rama productiva, lo que se trasladará a los precios. Esto impactará de lleno en los ingresos de los trabajadores y en su capacidad de consumo, alejando a los salarios cada vez más de la canasta básica y echando leña al fuego inflacionario. 

 En esa línea es que se encuentra el documento difundido el domingo pasado, atribuido al viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, con un supuesto programa de estabilización para arrancar cuánto antes que propone un desdoblamiento cambiario y una devaluación del dólar oficial del 50%, además de una suba promedio del 100% de las tarifas de gas, luz y transporte y sólo subsidios para la población muy vulnerable (tarifa social), la eliminación de transferencias discrecionales a las provincias y recortes lisos y llanos en inversión pública. Un ajustazo aún más brutal. 

 Es necesario colocar el ahorro nacional al servicio de los intereses de la mayoría de la población, para eso la nacionalización de la banca y del comercio exterior, bajo control de quienes viven de su trabajo y no de los que especulan y se enriquecen del trabajo ajeno, son pasos claves en esa dirección. 

 Camila García

La presión de Aluar frena la presentación de un documental en Puerto Madryn

Entrevista a Lucía Levis Bilsky, directora de “El encanto de la mosca”, que denuncia la contaminación de la empresa. 

 El documental “El encanto de la mosca”, que propone abrir preguntas respecto a la contaminación ambiental de la planta de aluminio Aluar, ubicada en Puerto Madryn, fue rechazado por el Patagonia Eco Film Fest (PEFF), un festival de cine ambiental que ocurre en la misma ciudad. A raíz de ello, entrevistamos a una de sus directoras, Lucía Levis Bilsky. 

 ¿Qué fue lo que ocurrió con el estreno de la película en Puerto Madryn? 

 La película fue rechazada por los espacios oficiales de la ciudad, lo cual no nos sorprende, justamente por la capilaridad del poder que perpetúa el silencio y la complicidad en el seno de la sociedad madrynense. “El encanto de la mosca” aborda la contaminación ambiental en la ciudad de Puerto Madryn generada por la fábrica de aluminio Aluar, y la manera en que se construye el silencio colectivo, el entramado de complicidades. El rechazo de los espacios oficiales de cine reactualiza la película por fuera de la pantalla, reforzando la denuncia misma.

 ¿Cómo fue el acercamiento hacia el Patagonia Eco Film Fest? 

 En diciembre del 2021, cuando presentamos “El encanto de la mosca” en forma online en el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires (FIDBA), en el que ganamos como mejor ópera prima, el director del Patagonia Eco Film Fest (PEFF), Joel Hume se comunicó con nosotros, felicitándonos por la película, y dando a entender que podría llegar a ser presentada en el festival. Durante un tiempo se mantuvo en contacto, felicitándonos por las publicaciones que hacíamos en donde anunciábamos proyecciones en Buenos Aires, y de golpe se alejó. Ahí comenzó mi sospecha. 

 En mayo y junio escribimos al correo del festival, consultando por los resultados de la selección pero no obtuvimos respuesta. Hace unas semanas atrás, nos notificaron sin explicación alguna, fría y protocolarmente, que no habíamos quedado seleccionados. No es un rechazo cualquiera: la película aborda el principal problema ambiental de la ciudad de Puerto Madryn, invisibilizado, tabú por las influencias y complicidades que Aluar se ocupa de construir. ¿Cómo puede ser que el festival de cine ambiental que se realiza en Puerto Madryn rechace una película que aborda la principal problemática socioambiental de la ciudad? Cualquier lectura ingenua es inadecuada. Esperábamos que algo así ocurriera. El poder de Aluar atraviesa todas las esferas sociales y culturales de la ciudad. Se vuelve urgente abrir los ojos, despertar del hechizo, del encantamiento que la mosca genera. 

 La película se presentará el 15 de septiembre a las 20horas en Puerto Pirámides (Multiespacio Cultural La Puerta), el 17 de septiembre a las 19 horas en Puerto Madryn (Usina Cultural de la Escuela de Gestión Social La Namunkurá) y pronto se anunciarán las proyecciones en Trelew y Rawson. 

 Julieta Rusconi

La noche de la Lealtad en Recoleta

Vayan a descansar - del trabajo a casa y de casa… 

 La noche de la Lealtad en Recoleta Las epopeyas en Argentina siguen la cotización del peso paralelo. Anoche, con la temperatura en descenso, nadie necesitó mojar los pies en una fuente, por otra parte inexistente. Rodríguez Larreta, el general Ávalos de los tiempos pos modernos, sólo necesitó recurrir a la policía de la Ciudad para obtener del oficialismo la orden de desalojar las calles que circundan el domicilio de la Vicepresidenta de la Nación. Es cierto que el kirchnerismo promete llenar plazas hasta el aniversario del 17 de Octubre, pero esto no depende de él sino del podador del gasto social, el dúo Massa-Rubinstein. Cristina Kirchner reivindica un poder que ha dejado en manos de un señalado gestor de los fondos internacionales que quieren cobrar sus créditos y reclaman una devaluación. Antes que la Cámpora organice sus columnas, miles de trabajadores descenderán a las calles para reclamar por sus salarios, por trabajo y por asistencia social. “No es la hora de reclamar por los salarios”, dijo un entrevistado por el móvil de un canal de TV, “es la hora de apoyar a la jefa que defiende los salarios”. Este portavoz excelente de la política oficial, no necesitó recurrir al lenguaje inclusivo para enunciar esta falacia. 

 En un escenario más fiel a los trabajadores, como el que alberga a las industrias más poderosas de Argentina, se desarrollaba desde varios días antes un accionar verdadero de activistas y obreros, frente al que se protagonizaba en el distrito donde Juan Domingo Perón no pudo ganar una sola elección. Pero esta lucha fue olímpicamente ignorada en la noche de la Lealdad del barrio norte, donde la Vicepresidenta exhortaba a enfundar. Los obreros de Fate estaban luchando contra una patronal que, por esos días, había avanzado, sin eufemismos, en el propósito de proscribir la organización sindical en la fábrica. Con la intrepidez de un 17 de Octubre; de un 29 de Mayo (Cordobazo); de un 2 de Junio (la huelga general contra el rodrigazo, en 1975); de un 30 de Marzo (el combate de 50 mil obreros convocados por la CGT contra la dictadura de Galtieri); y de un 20 de diciembre (la pelea contra los grupos de tareas para llegar a Plaza de Mayo en el Argentinazo); con esa intrepidez bloqueaban las entradas y salidas del obsoleto pulpo de los Madanes, para aumentar la remuneración de las jornadas de fin de semana, defender el convenio colectivo de trabajo y dar la pelea contra los descuentos brutales de salarios por los días de huelga. En medio de un palabrerío vacío acerca de la Constitución y el estado de derecho, esos luchadores salieron a la defensa del derecho de huelga, la única sombra de derecho de una Constitución que pone el derecho del capital por encima del derecho a la vida. Los descamisados del 45 están de vigilia, pero en los portones de los monopolios del Neumático. 

 El recorrido de la pugna contra el reclamo de condena a Cristina Kirchner, no está trazado por el cronograma de actividad que diseña Máximo Kirchner, al cual la prensa le ha descubierto un sentido discutible del humor. La Lealtad no se cotiza en el mercado local sino en Wall Street y, según parece, en Houston, la capital de las petroleras y mineras norteamericanas. Massa pretende obtener un préstamo internacional que sostenga una estabilidad del peso, mediante una kermesse que subaste los recursos del subsuelo – en plena guerra imperialista por los yacimientos y ductos del petróleo y del gas. Estamos muy lejos de una confrontación Marc Stanley versus Cristina Kirchner, como la que sustentó la Lealtad hace 75 años. La expectativa de la Vice es, por el con-tra-rio, que los ajustes brutales de Massa tengan éxito; que el tarifazo quede indexado a la inflación; que el Presupuesto 2023 sea apoyado por el FMI y votado por los seguidores de Larreta y Bullrich; que Massa obtenga el deseado préstamo internacional, aun sabiendo que sus cláusulas de garantía consisten en una devaluación del 50% del peso. El dilema no es reservas versus devaluación sino financiamiento de una devaluación. 

 Otra analogía políticamente instructiva tiene que ver con la indumentaria – la de antaño vestía alpargatas. Los militantes y funcionarios que eligieron pasar un sábado a la noche en modo histórico declaran usar una ropa diferente, al menos en su interior. Se reivindican soldados de Perón, o sea que no han aprendido nada. El Oktubre que imaginaron en el 72 – el retorno de Perón al gobierno -, condujo a la mayor derrota de la clase obrera en el siglo pasado – primero la Triple A, la militarización del área del Paraná de San Nicolás a la santafesina San Lorenzo, pasando por Villa Constitución; el “aniquilamiento’ de la subversión, y finalmente el golpe militar. Calzar fajina de nuevo, esta vez inocua, por el gobierno que legitimó la deuda de Macri con el FMI; avanzó en la destrucción de las jubilaciones; declara la guerra al movimiento piquetero; se codea con Larry Fink (BlackRock) y el fondo Pimco; y ha largado un ajuste que supera al de Toto Caputo y Dujovne; es un despropósito. Es convertir la tragedia de muchos luchadores de aquellas épocas, en una farsa que no divierte.

 La fiebre de este sábado a la noche ha tenido el efecto de proyectar a CFK a una candidatura a la Presidencia, cuando se había relegado hasta ahora a la gobernación de Buenos Aires, y Máximo K se estaba anotando para disputar en Santa Cruz. Es obvio que es más difícil ‘dar la vida’ por una eventual gobernadora. Pero la lógica de este proyecto conflictúa con la de la designación de Massa como “superministro”, que tiene por meta el mismo sillón. Si Massa acabara como Guzmán y Batakis, sería el fin de las candidaturas del FdT y del mismo Frente de Todos. Este impasse ‘electoral’ ha llevado a la superficie la anulación de las pasos, lo cual requiere una mayoría para que se convierta en ley. El desarrollo del juicio de Vialidad aportará un nuevo caudal a la crisis política, simplemente porque podría traer al conocimiento público mayores novedades acerca del mundo oscuro de los contratos de obras y servicios que han servido a la ‘prosperidad’ de la burguesía argentina y de sus gestores políticos.´

  No asistimos a ninguna epopeya. La épica de la burguesía nacional ha quedado enterrada en el pasado. Las irregularidades manifiestas que se evidencian en el juicio son asuntos secundarios con relación al conjunto de la situación nacional, donde sus protagonistas están unidos en una política de confiscación de la fuerza de trabajo, de la miseria social y de la entrega de la autonomía política. Una denuncia del fraude judicial debe consistir en el desenmascaramiento político, en primer lugar del estado capitalista y el régimen político, y en segundo lugar del rol reaccionario y antidemocático de acusadores y acusados en la crisis nacional. Debe ser una escuela política que muestre a los trabajadores los intereses de clase de jueces e imputados y el carácter corrupto de sus métodos de gobierno. Debe servir, por medio de esta política antagónica al capital y sus instituciones, para preparar a los trabajadores para la lucha por construir su propio gobierno.

 Jorge Altamira

 28/08/2022

La provocación represiva de Larreta en Recoleta

La provocación represiva del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta el sábado frente al departamento de Cristina Fernández, en Recoleta, dejó tela para cortar. Atacados con gas pimienta, golpes y camiones hidrantes, los militantes y funcionarios kirchneristas recibieron este sábado el tratamiento que trabajadores, luchadores y vecinos sin techo han padecido en innumerables ocasiones, por parte de la administración macrista en CABA o de ´la Bonaerense´ que comanda Berni del otro lado de la General Paz. 

 La operación policial de H.R.L. no tuvo otro propósito que el de posicionarse en la guerra de camarillas que sacude a Juntos por el Cambio. No tuvo nada que ver, desde luego, con el ordenamiento del tránsito o ´la tranquilidad de los vecinos´. La movilización K fue módica -5.000 manifestantes-, algo que, de paso, puso de manifiesto la escasa disposición del aparato del pejota, los intendentes y la burocracia de la CGT a dirimir los asuntos judiciales de CFK ´en la calle´. El ´clamor´ no se dejó ver más allá de la propia facción. Esa presencia módica facilitó el acuerdo que tejieron Wado de Pedro y Aníbal Fernández con los emisarios de Rodríguez Larreta, para retirar a La Cámpora de las inmediaciones del departamento de la Vicepresidenta a cambio de correr el vallado. “Vayan a descansar”, ordenó ´la jefa´ a sus huestes. 

 En este cuadro, el dispositivo ordenado por el gobierno de la Ciudad y las agresiones a los manifestantes tuvieron todas las características de una provocación. La ´demostración´ larretiana, sin embargo, no calmó las aguas en Juntos por el Cambio, sino que acentuó los choques internos. Patricia Bullrich castigó públicamente a Larreta, jáctandose de sus propios desalojos y vallados en los accesos a la Ciudad durante la gestión Macri. Del otro lado, los larretistas acusaron a Bullrich de ser “funcional al kirchnerismo” por sus críticas internistas. 

 Luego de la represión en Recoleta, el kirchnerismo parece haber diferido la movilización callejera para el 17 de octubre, dentro de un mes y medio. Será una escenificación condicionada, de un lado, a un acuerdo entre los aparatos del peronismo; del otro, por la marcha imparable de la crisis. 

 Jacyn 

 29/08/2022

Ajuste, corrupción, entrega y fuertes luchas en el neumático y en la docencia

Finalmente el lunes 22 Gabriel Rubinstein, un partidario a rajatabla del ajuste fiscal y un desdoblamiento cambiario para acelerar la devaluación, terminó siendo aceptado como viceministro de Sergio Massa, a pesar de sus tuits y memes contra CFK y Alberto Fernández. Es que el “superministro” de Economía prepara su viaje a Estados Unidos para negociar un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin haber completado las metas. Massa necesita además acelerar desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), e incluso un nuevo préstamo del Fondo. Todavía no pudo resolver la falta de reservas en el Central y las presiones devaluatorias se acrecientan, las cuales como mínimo provocarán un salto de inflación a híper.

 El gobierno resolvió mejorar la “oferta” a los tenedores de dólares para que larguen algo, a la vez que pone más límites para que los trabajadores accedan al dólar como forma de ahorrar. Mientras tanto avanza sin tapujos en un ajuste en regla. El mismo lunes se hizo efectivo un recorte de 210.000 millones de pesos que afecta al presupuesto de salud, educación, obras públicas, vivienda, transferencias a las provincias, entre otros. Para completarla ese día el Consejo del Salario con el voto de la CGT llevó el salario mínimo a $51.200, menos de la mitad de la canasta de pobreza. Por otro lado se anunciaron nuevos aumentos de tarifas, subió la nafta y Larreta se mandó un aumento del 40% en el boleto del subte, que desde 2020 tuvo un incremento del ¡159%! 

 La gravedad de los anuncios del ministro y de la situación económica salió del centro de la escena, porque ese mismo lunes el fiscal Luciani, a cargo de la causa llamada Vialidad que investiga los negociados con la obra pública en Santa Cruz, pidió una condena de 12 años de cárcel para Cristina Fernández y Lázaro Báez y penas diversas para los otros imputados. El pedido de condena desató un tembladeral político que sigue ocupando la agenda diaria. 

 La vicepresidenta y el kirchnerismo se victimizaron aprovechando las evidencias de la manipulación del proceso judicial para dejar fuera la corrupción durante el macrismo e incluso la confluencia entre ambas. Las arbitrariedades del fiscal y el tribunal no pueden ocultar que existe una corrupción innegable en la que CFK y sus funcionarios estuvieron involucrados. Esta convivencia entre corrupción y persecución la pusimos de manifiesto en nuestro primer comunicado, porque hay un operativo político en marcha para desvincularlas. 

 La propia Cristina en su defensa a través de Youtube reconoció la corrupción, pero dijo que era parte del modus vivendi nacional (“en Argentina las cosas son así”), llegó incluso a exponer al propio Néstor por el acuerdo con Clarín en 2007. El ventilador que prendió CFK no busca terminar con la corrupción, sino dejar de usarla para condicionar el proceso político vía la justicia, lo cual es pedir peras al olmo: el poder judicial es una pieza clave en la lucha por los negocios entre las distintas facciones patronales. Cristina terminó dándonos la razón cuando en 2016 sacamos una tapa de Prensa Obrera con la leyenda “Son todos López”.

 La oposición macrista presionada a colaborar con el operativo Massa por el propio embajador yanqui está viendo peligrar sus posibilidades para 2023 ya que el programa del ajuste es asumido por el Frente de Todos. Como señala Gabriel Solano, el macrismo “necesitaba imperiosamente una bandera para mantener una delimitación con el gobierno. El juicio contra Cristina Fernández de Kirchner tenía y tiene esa función. La virulencia verbal y las denuncias cruzadas se fueron acentuando en relación inversa a que tienden a atenuarse las divergencias en el terreno económico”. 

 Desde la otra vereda la burocracia sindical tomó la bandera de la defensa de Cristina con el mismo fervor con que se opone a enfrentar los ataques del gobierno al salario, o a los recortes y el ajuste. Yasky es el abanderado de la defensa de la vice cuando los docentes salen a la lucha en las provincias como Santa Fe, donde hay un paro de estatales en su quinta semana, o en Córdoba donde el movimiento autoconvocado le impuso la convocatoria al paro. Mucho menos ha abierto la boca frente al decreto de Massa que le quita 30.000 millones de pesos a la educación. Tampoco los motiva la situación de los docentes universitarios cuya paritaria salarial ha sido abandonada. La conducción k de la facultad de Filosofía de la UBA creyó necesario pronunciarse por CFK pero no dice nada frente al hecho de que un ayudante de primera de la UBA gana ¡23.000 pesos!

 La presión del kirchnerismo para colocar en el centro de la escena las arbitrariedades del fiscal, y así de paso exculpar a la vice por la corrupción y disimular su acompañamiento al ajuste y la entrega, ha impactado en la izquierda y dentro del propio FIT-U. El PTS ha tomado el papel de abogado y asesor legal de la vice colocándose en la misma sintonía que el kirchnerismo. Hemos salido a delimitarnos fuertemente de esta posición que cuestiona al FIT en lo que lo caracteriza: la independencia política. Le hemos planteado al PTS un “debate serio y honesto” en el seno del FIT-U sobre el tema. 

 Para nosotros la tarea central es organizar la lucha contra el ajuste del gobierno peronista, así lo hemos desarrollado en el editorial de este jueves 25.

 La campaña por el paro nacional y el plan de lucha está más vigente que nunca frente a las agresiones que viven los trabajadores. En Córdoba se acaba de realizar un plenario de ocupados y desocupados organizado en conjunto por ATE, el Polo Obrero y la CSC que se ha pronunciado en ese sentido. 

En el terreno de la acción de los trabajadores ocupa un lugar destacado la fuerte lucha de los trabajadores del neumático que ya lleva más de tres meses. El Sutna organizó esta semana permanencias en las puertas de las tres plantas (Fate, Pirelli y Bridgestone) durante 72 horas, que fueron muy contundentes. La lucha cala en el resto de los trabajadores: los trabajadores de seguridad privada pararon cuando la patronal de Fate pretendió que controlaron el trabajo de los obreros, ¡un ejemplo de hermandad de clase!

 Nos concentramos en estas tareas y rechazamos la maniobra que pretende dividir a los trabajadores atrás de una u otra facción aprovechando el pedido del fiscal Luciani, lejos de ello aprovechamos la visualización y exposición ante los trabajadores de la pudrición del régimen para que rompan definitivamente con el peronismo y en particular el kirchnerismo, ejecutores del ataque a los trabajadores. Esta semana con un acto en Jujuy, con la presencia de Gabriel Solano, y una numerosa charla en Santa Fe Capital a cargo de nuestra compañera Carla Deiana, seguimos con nuestra campaña por poner en pie un movimiento popular con banderas socialistas. 

 Buen domingo. 

 Eduardo Salas

Repudiamos la represión a los manifestantes frente a la casa de CFK

Operativo policial frente a la casa CFK 

Esta tarde del sábado 27 la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió a los manifestantes kirchneristas que se habían congregado frente a la casa de Cristina Fernández en el barrio de Recoleta para darle su apoyo. Como resultado de la acción policial hubo heridos y cuatro detenidos que luego fueron liberados.

 Expresamos nuestro repudio a la represión del gobierno de Larreta y del impedimento a manifestarse a los partidarios de la vicepresidenta. Lo hacemos en defensa del derecho a la protesta y la manifestación, incluso de nuestros opositores, y rechazamos la represión venga de quien venga, sea llevada adelante por el gobierno de Larreta o el de la Nación o de las provincias independientemente de su color político. Actuamos de la misma manera cuando el gobierno de Kicillof a través de Berni reprimió en Guernica, por ejemplo, y ante cada hecho de represión institucional; actitud que no tienen ni el kirchnerismo ni Juntos por el Cambio cuando la represión alcanza a los trabajadores o a quienes se levantan contra el ajuste, el ataque a las condiciones de vida o simplemente reclamando comida. 

 El legislador del PO -FITU, Gabriel Solano, como presidente de la Comisión contra la Violencia Institucional de la legislatura porteña, va a presentar un pedido de citación al Ministerio de Seguridad de CABA para que responda las preguntas de los diputados.

 Prensa Obrera

Paraguay: crisis política y podredumbre institucional

Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez 

La incorporación del vicepresidente paraguayo Hugo Velásquez y del exmandatario Horacio Cartes en un listado de “corrupción significativa”, elaborado por los Estados Unidos, ha desatado un tembladeral político en la nación guaraní. 

 Al conocerse las denuncias, Velásquez anunció su renuncia, pero luego se arrepintió, por lo que sigue en el cargo. El vice sí se retiró de la precandidatura a la presidencia para las elecciones de abril de 2023. Se lo acusa de haber ofrecido un soborno cercano al millón de dólares para bloquear una investigación en su contra. 

 Unas semanas antes, Washington había incluido en la misma lista a Cartes, sobre el que pesan distintas acusaciones, como contrabando de cigarrillos y lavado de dinero (el expresidente es dueño de la tabacalera Tabesa), y omisiones en su declaración jurada (no declaró una empresa hasta que los Pandora Papers deschavaron el caso). 

 Velásquez y Cartes pertenecen a dos facciones enfrentadas del Partido Colorado. El primero estaba, al menos hasta el estallido de este escándalo, alineado con el presidente Mario Abdo Benítez y era su delfín para las internas presidenciales de diciembre de este año y las generales de abril de 2023. Esta corriente se llama Fuerza Republicana y busca ahora un nuevo precandidato. Cartes, en cambio, lidera Honor Colorado, que promueve sus propios referentes. 

 Marcar el terreno

 La denuncia de los yanquis marca la cancha en un territorio que tratan como propio. En el mes de mayo, el avión venezolano de Emtrasur (ahora incautado en Argentina) estuvo en Paraguay, de donde se llevó días más tarde un cargamento de cigarrillos perteneciente a Tabesa, la empresa de Cartes. Poco después, surgieron denuncias de que el viaje encubría operaciones iraníes en el país guaraní, al estilo de la campaña que el imperialismo instigó en Argentina y llevó a la incautación de la nave y al accionar del FBI en Ezeiza, por autorización expresa del gobierno de Alberto Fernández. 

 El vice Velásquez, en tanto, había sido acusado en 2016 por congresistas norteamericanos de presuntos vínculos con el grupo libanés Hezbollah -que Washington cataloga como terrorista-, a raíz de un viaje por el Líbano del entonces diputado, y de una foto del mismo con presuntos referentes de la organización. 

 Esta semana, el subsecretario de Estado yanqui para el Cono Sur, Mark Wells, llegó a Asunción a reunirse con funcionarios. Los yanquis presionan y se manejan como si Paraguay fuera una colonia. Esto lo reconoció, despechadamente, el senador colorado “Beto” Ovelar, cuando afirmó que Estados Unidos “hace lo que quiere” y trata al país como una “república bananera”. Aunque esas palabras, cabe aclarar, fueron para defender al vice, sobre el que dijo que no hay pruebas en su contra en cuanto a las acusaciones de soborno (ABC Color, 23/8). 

 Con este mar revuelto, la interna colorada se ha recalentado en los últimos días. O, valga la metáfora, está al rojo vivo. El presidente del partido, que responde a la facción de Cartes, acusó al presidente Abdo Benítez de financiar su campaña política con dinero del narcotráfico y de la organización libanesa Hezbollah.

 Mientras tanto, los dos bandos se disputan la interlocución con el amo yanqui. Ante la visita al país de Wells, uno de los senadores de Honor Colorado acusó al Ejecutivo de excluir a su fuerza de los encuentros (La Nación de Paraguay, 24/8). 

 Crimen y narcotráfico 

Con independencia de las acusaciones cruzadas entre las facciones del Partido Colorado, y de los intereses y las operaciones políticas de los yanquis en la región, la corrupción y el crimen organizado están creciendo en Paraguay y esto es inconcebible sin la participación y la complicidad del Estado. En febrero, el ministro del interior Arnaldo Giuzzio fue destituido del cargo por nexos con el narcotráfico. 

 La hidrovía Paraná-Paraguay se ha transformado en una importante ruta de traslado de cocaína hacia Europa. Además, Paraguay ya no solo sería un lugar de transporte sino que también se elaboraría la droga en laboratorios manejados por la banda brasileña Primer Comando Capital (La Nación, 16/6).

 La trama del reciente crimen en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci tiene como principal sospechoso al uruguayo Sebastián Marset, actualmente prófugo. Marset es señalado como uno de los responsables del flujo de la cocaína por la hidrovía (ídem). El deficiente control en los puertos facilita el trabajo.

 En el país charrúa ha estallado una crisis, porque Marset logró escapar de Emiratos Arabes Unidos en 2021 -donde estaba detenido por tener documentación paraguaya falsa- gracias a un pasaporte a distancia emitido por autoridades del gobierno de Luis Lacalle Pou. Por esta razón, la oposición reclama la renuncia de dos ministros. En Paraguay, en tanto, el gobierno de Abdo Benítez es denunciado por haber brindado refugio a Marset (La Nación de Paraguay, 9/8). 

 Toda esta podredumbre reclama una intervención de los trabajadores.

 Gustavo Montenegro

La condena judicial a Cristina Kirchner

Panorama político

 La atención política será acaparada, a partir de los primeros días de septiembre, por el desarrollo del juicio oral y público del caso Vialidad. La defensa de Cristina Kirchner y la del resto de los imputados se esmerará en refutar la acusación de los fiscales, que han pedido diversas penas por los delitos de defraudación al Estado y asociación ilícita. De acuerdo a lo que han ventilado voceros y periodistas del riñón oficialista, presentarán pruebas, testimonios y peritajes que invalidan que la obra pública realizada por Austral Construcciones, de Lázaro Báez, haya violado el sistema licitatorio, incumplido con los pliegos correspondientes o incurrido en sobreprecios.

 El debate acerca de la asociación ilícita para defraudar al erario público ocupará un lugar fundamental, tanto en cuanto a las pruebas que se exhiban como a la doctrina. Los defensores insistirán en que la equiparación de un gobierno constitucional con una banda para delinquir es un absurdo conceptual. El debate no quedará circunscripto a la Acusación, por un lado, y a la Defensa, por el otro. El escenario será copado por los medios de comunicación y por las manifestaciones políticas de un lado y del otro, y también por terceros. Tres mandatarios latinoamericanos, de los más significativos, han tomado posición a favor de Cristina Fernández – el mexicano López Obrador, el flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Luis Arce de Bolivia. El ex gobernador republicano Ted Cruz, una de las principales espadas de Trump, salió en punta a una campaña continental a favor de la condena a la ex Presidenta. Se descuenta que el juicio ocupará un lugar relevante en la campaña presidencial en Brasil, en especial por parte de Bolsonaro, que no perderá ocasión para ligar a Lula con la delincuencia institucional. 

 Las posiciones están jugadas. El tratamiento que los medios han dado a la entrevista a Alberto Fernández en A Dos Voces es la señal inequívoca que agotarán todos los recursos para obtener la condena pedida por los fiscales. La Nación llevó su editorial condenatorio de Alberto Fernández a la tapa de la edición del viernes 26. El vocerío mediático atribuye al Presidente una analogía entre los fiscales de Vialidad y el fiscal Nisman, que tuvo a su cargo la investigación del atentado a la AMIA y la denuncia del Memorando de Entendimiento con Irán. La conexión entre la muerte de Nisman y las medidas de seguridad pedidas por la Corte para Luciani y Mola, fue introducida por los entrevistadores. Alberto Fernández advirtió que el asesinato de Nisman no ha sido probado, lo cual es cierto. JxC, con la excepción de los radicales Manes y Morales y del ex kirchnerista Pichetto, han presentado la iniciativa de un juicio político al Presidente, alegando una injerencia en el juicio en trámite, que violaría una norma constitucional. Alberto Fernández, sin embargo, no reclamó los expedientes del juicio ni interviene en su desarrollo, que es lo que prohíbe en forma taxativa la Constitución. Contrariamente a lo que dice el macrismo, si el Presidente omitiera su juicio sobre un pedido de condena de la Vicepresidente, podría ser cuestionado como cómplice de un golpe de estado. La ofensiva contra Alberto Fernández ha ido más lejos, porque se lo vuelve a identificar como un agente de la diplomacia de Rusia y de China. Para redondear el relato, sectores de JxC han reclamado la reapertura de dos juicios, el memorando con Irán y la causa Los Sauces, en los que la Vicepresidenta fue sobreseída. El kirchnerismo, por su lado, anuncia un “quilombo” en caso de condena y reclama la movilización del PJ para hacer frente a lo que llama un intento de destruir al peronismo. 

 Para el oficialismo, la condena “está escrita”. La intimidad entre el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu, así como la filiación macrista de Gorini, otro de los jueces del tribunal, confirmaría aquella suposición. En la campaña anti-kirchnerista se advierte una intención de que una condena sirva para separar al ‘verdadero’ peronismo del destino de CFK. La Cámpora y sus aliados, del otro lado, prometen “armar”, en caso de un desarrollo desfavorable del juicio, un gran “quilombo”. El desarrollo del juicio no está condicionado, sin embargo, por toda esta confrontación. En forma paralela, Sergio Massa necesita con urgencia obtener nuevo financiamiento internacional para evitar una nueva corrida cambiaria y una corrida bancaria. Ese financiamiento depende, eventualmente, de un compromiso de devaluar el peso, a 200 por dólar. 

 Massa intenta contemporizar mediante la oferta de tipos diferentes de cambio a cada sector de la economía; el vice de Economía, Gabriel Rubinstein, aboga por un desdoblamiento cambiario – uno comercial, otro financiero. Dado el impacto que tendrá en la deuda pública y en el agrandamiento del déficit financiero del Tesoro y la inflación, cualquiera de estas variantes llevará a una mega devaluación del peso y a una conmoción social y política. El juicio de Vialidad está sentado sobre un volcán. Los grandes intereses capitalistas en juego no dejarán de incidir en su desenlace y, alternativamente, en una salida arbitrada. Argentina asiste a un delineamiento de fuerzas políticas como pocas veces antes. Tiene lugar un debate excepcional acerca del poder en todos los planos – no sólo ni principalmente desde Comodoro Py, sino por sobre todo en una lucha de clases creciente incentivada por el derrumbe de la economía y la política.

 La mayor dificultad que tendrá el tribunal en imponer “la condena escrita” está referida a la acusación de asociación ilícita. La objetan personajes representativos del escenario político oficial como el macrista Pichetto, el periodista Carlos Pagni, el constitucionalista Gil Domínguez y una tanda de círculos jurídicos. Sería un hueso duro de tragar para la Corte cuando el expediente le llegue en la apelación. Se plantea entonces la variante de una condena por defraudación al Estado, y un desistimiento de la asociación ilícita. Sería, al menos en principio, una derrota para ambos lados de la ‘grieta’. Las posibilidades que ofrece el recurso apelatorio podría dilatar una sentencia definitiva, de un tipo u otro, hasta 2026. Lo que muchos denuncian como un reaseguro para la libertad de CFK, sería también un escenario de agitación permanente. El tránsito a las elecciones de agosto/octubre del año que viene se encuentra totalmente trastocado, en especial para las dos pseudo coaliciones mayoritarias.

 Este panorama político deja en claro que en Argentina se desarrolla una crisis de poder y una lucha de poder. Que la crisis envuelve al gobierno, al régimen político y al Estado. Que la cuestión estratégica domina el escenario político. El patrón de Fate y de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, acaba de declarar que “lo que se está discutiendo”, en el conflicto por el pago del 200% por la jornadas de fin de semana, “es quién conduce la planta, si la empresa o el gremio”. El propósito de la patronal de destruir la organización del sindicato en las fábricas es condensado como un conflicto de poder. El diario La Nación, que reproduce estas declaraciones, advierte además que la importación de neumáticos, para compensar las pérdidas que ocasiona el conflicto, llevaría el precio a las nubes, debido al mayor costo de la producción extranjera. “Los de arriba” ya no pueden gobernar ni producir como lo venían haciendo, y “los de abajo” tampoco toleran más la precariedad laboral y la miseria social que han venido sufriendo. 

 Jorge Altamira

Scapolan: Sandra Arroyo Salgado denuncia una asociación ilícita en las dos orillas de la "grieta"

La denuncia de la jueza Sandra Arroyo Salgado en LN+ en el caso del fiscal Scapolán, cobijado por sectores del gobierno y de la oposición, caracterizados por la jueza como “socios del narcotráfico”, muestra los sólidos vínculos entre ambos lados de la ‘grieta’, y con el Poder Judicial. 

 Claudio Scapolan es un fiscal, ahora suspendido, de San Isidro a cargo de los delitos referidos al narcotráfico. Es denunciado por estar a la cabeza de una banda de funcionarios judiciales y policías que se quedaban con parte de los cargamentos secuestrados en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Todo esto acompañado de la coacción de personas, sustracción de pertenencias de personas allanadas y plantaciones de pruebas. Junto a él fueron procesados otros 50 funcionarios. 

 Scapolan es protegido por Julio Novo, vinculado a Massa y descrito por Elisa Carrió como el “encubridor del narcotráfico”. Novo había presentado su renuncia en 2017 luego de ser denunciado por encubrimiento agravado en una investigación referida a asesinatos del narco. El abogado de Scapolan es Marcelo D´Angelo, socio de Cristian Ritondo y ex funcionario de Vidal. Arroyo Salgado denuncia que el lobby que opera para apartarla de la causa incluye gestores del massismo y del servicio de inteligencia, como Dario Richarte y especialmente del juez camarista Borinsky. 

 Esta nueva catarata de denuncias e implicancias vuelven a hacer mella en el señalado ´panperonismo´. Se refiere al vínculo entre un sector del gobierno, encabezado por Massa, y buena parte de Juntos por el Cambio. La denuncia de estos nichos delictivos responde a una presión de los Estados Unidos y de los organismos que supervisan “el terrorismo, la corrupción y el narcotráfico”. El narcotráfico por un lado y la obra pública por el otro son dos de los pilares del dinero negro y del lavado de dinero. El sistema procesal de la Justicia permite manipular los tiempos y apostar a la prescripción del delito. Para La Nación esto es una advertencia en el caso de Vialidad, donde las relaciones irregulares entre fiscales y jueces y de estos con el macrismo, y el recurso que ofrece para repetidas apelaciones llevaría a la nulidad de lo actuado y a la vuelta a fojas uno. 

 Federico Fernández 

 26/08/2022

Macron en Argelia: el imperialismo de hoy, el colonialismo de ayer

Macron y el presidente argelino Abdelmajid Tebbune 

El presidente galo Emmanuel Macron se encuentra en Argelia como parte de una visita que busca mejorar las relaciones bilaterales. Dos son los puntos principales de la agenda: el pasado colonial francés y los negocios energéticos, en medio del impacto dislocador causado por la guerra en Ucrania.

 Francia fue la potencia ocupante de Argelia durante 130 años. En 1962, el país africano consiguió la independencia, después de ocho años de guerra civil en que las fuerzas francesas y el grupo paramilitar Organización del Ejército Secreto (OAS, por sus iniciales en francés) dejaron más de un millón de muertos, según los historiadores argelinos. 

 Macron ha mantenido un discurso sinuoso en relación al tema. En 2017 calificó de “crimen contra la humanidad” el pasado colonial francés y ensayó un pedido de disculpas, pero en enero de 2021, cuando se reunió con el historiador Benjamin Stora, autor de un informe sobre la guerra, su oficina planteó que “no habrá arrepentimiento ni disculpas”.

 El año pasado, el jefe de Estado puso en duda en un encuentro con veteranos de guerra la existencia de una nación argelina antes de la ocupación francesa, lo que desató un roce diplomático con Argel. Por esos meses, Francia redujo los visados para argelinos y el país africano retiró su embajador en París, además de suspender el uso de su espacio aéreo a las naves galas que se dirigían a abastecer la Operación Barkhane en Mali. Pero el gobierno de Abdelmajid Tebbune levantó estas represalias al poco tiempo, prosiguiendo su cooperación con la ocupación imperialista en la región. 

 Negocios

 El planteo de Macron de una “reconciliación de las memorias” busca despejar un obstáculo para el desarrollo de los negocios capitalistas en la zona. Vale señalar que el mandatario es acompañado en su visita por una comitiva de empresarios.

 Uno de los puntos cruciales es la cuestión energética, dado que Argelia es un importante productor de gas y petróleo, más importantes que nunca ante el estallido de la guerra en el este europeo. París importa en la actualidad crudo desde el país africano, y aunque lo relativice, seguramente está interesado también en el gas. 

 Llegados a este punto, algunos medios hablan de una disputa entre los países europeos por ese producto. El gobierno de Tebbune suscribió recientemente un acuerdo con Italia para incrementar la provisión. Roma se habría cortado sola, dado que el gasoducto impulsado por España para conectar el territorio del norte africano con el continente está paralizado, en parte por los reparos del palacio del Elíseo. 

Argelia explota sus recursos naturales a través de la compañía estatal Sonatrach y de acuerdos con compañías extranjeras, como la italiana Eni. El petróleo y el gas han enriquecido a capitalistas extranjeros y a una minoría local, mientras las grandes masas argelinas están sumidas en la pobreza. 

 Además de discutir el problema energético, en las vísperas del invierno europeo, Macron intentará poner coto a la injerencia rusa en su “patio trasero”. Moscú abastece de armas a Argelia y viene ganando posiciones en el Sahel, donde París está en retroceso. Tras un empantanamiento militar de varios años y tensiones con la junta castrense que tomó el poder en el país, retiró sus tropas de Mali -aunque redirigió parte de ellas a Níger y Chad. 

 El FLN 

El Frente de Liberación Nacional (FLN), la fuerza que enfrentó a los franceses en la guerra de independencia, se fue transformando con el tiempo en colaboradora del imperialismo, al punto de brindar apoyo logístico a la misión francesa en el Sahel, como ya señaláramos previamente. Los roces con París por el pasado colonial son usados por el régimen para recuperar una autoridad política perdida. 

 En 2019, una rebelión popular derribó al gobierno de Abdelaziz Bouteflika, aunque no pudo quebrar el dominio político de las fuerzas armadas. Un proceso electoral amañado, de escasa participación, le dio la victoria electoral ese año a Tebbune, un hombre del régimen, quien impulsó más tarde un referéndum de modificación constitucional, también con poca asistencia a las urnas. 

 Tebbune ensayó una política de cooptación y represión del Hirak, el movimiento que estuvo a la vanguardia del levantamiento y que boicoteó los posteriores comicios presidenciales y constituyentes. No pudo acercar a los activistas, pero hizo un tremendo daño con las detenciones masivas, a lo que se sumó el impacto de la pandemia. Esto ha llevado a un fin de las movilizaciones callejeras. 

 La visita de Macron a Argelia se encuadra en una agudización de las disputas entre las potencias a nivel global. A ambos lados del Mediterráneo, los trabajadores tienen la tarea de enfrentar sus regímenes políticos y la guerra imperialista. 

 Gustavo Montenegro

La inflación en la cultura, otro golpe a los trabajadores

La inflación en recreación y cultura fue récord en julio

 El rubro que marcó el nivel más alto en la suba de precios en julio, según el Indec, fue el de recreación y cultura, con 13,2% (el promedio general fue de 7,4%). Esta categoría engloba los servicios recreativos y culturales, periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería. 

 No ha habido grandes análisis de los motivos del alza, aunque algunos medios han indicado que influyó el período vacacional, con los consecuentes aumentos en los servicios asociados al turismo. 

 En lo que va del año, la inflación del sector trepa al 44% y a un 70% interanual (julio 2021-julio 2022), números que se asemejan a la inflación general.

 Uno de los rubros en que es más notable el encarecimiento es el de los libros. Un artículo de Infobae (4/8) brinda algunos ejemplos: el libro “Todo Mafalda”, de 600 páginas, con las historietas de Quino, pasó en un año de 3.370 a 8.950 pesos (166% de aumento). “Nuestra parte de la noche”, novela de Mariana Enríquez, trepó en el mismo período de 1.795 a 4.150 pesos. Y “Las tres vanguardias”, ensayo de Ricardo Piglia, saltó de 1.200 a 2.400 pesos.

 Las editoriales argumentan que parte del papel se importa y que el papel local es más barato, pero escasea. Desde la Federación de la Industria Gráfica (Faiga) rebaten que el problema está “en la distribución y en la venta de librerías” (ídem). Pero lo más probable es que las dos industrias sean responsables del incremento, además del gobierno, que habla para la tribuna del control de precios mientras deja pasar todas las remarcaciones.

 Quienes lo sufren son los sectores populares, a los que se les hace cada vez más difícil acceder a la cultura. Un informe de la consultora Management & Fit de julio-agosto señala que ocho de cada diez encuestados afirman haber modificado sus consumos debido a la inflación, recurriendo a segundas marcas y a un recorte de los gastos en ocio y cultura (ídem, 15/8). 

 El cóctel de salarios devaluados, precarización laboral e inflación desatada, dispara la pobreza y acentúa la brecha en el terreno de la educación y la cultura.

 La salida es organizarse y luchar. 

 Gabriel Martinez

Cristina, Clarín y el “negocio más importante que cualquier obra pública”

 Hector Magnetto y Néstor Kirchner. Todos unidos lucraremos.

 En su discurso para ampliar su indagatoria en la causa de Vialidad, la vice Cristina Fernández se “defendió” de la acusación acerca de las visitas que recibía por parte de empresarios durante su mandato,retrucando que Héctor Magnetto, CEO de Clarín, frecuentó la Quinta de Olivos “durante toda la gestión de Néstor y cuando él estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cablevisión con Multicanal; el negocio más importante junto con Telefónica” (queriendo referirse a Telecom). Efectivamente, ese terminó siendo un importante capítulo de un proceso de concentración oligopólica de los medios de comunicación, que llegaría a niveles sin precedentes y daría lugar al mayor operador de cable en Argentina y a uno de los principales del continente.

 La autorización para que Cablevisión adquiera a la empresa televisiva Multicanal ha sido uno de los últimos actos de gobierno de Néstor Kirchner, tuvo lugar el 7 de diciembre de 2007. Fue una movida que contó con la participación del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y del actual presidente del país, Alberto Fernández, en ese momento Jefe de Gabinete. Los popes de Cablevisión presentarían después su millonario plan de inversiones al Ejecutivo comandado por Cristina. De esta manera, se le otorgaba al Grupo Clarín un lugar dominante en el universo de los medios; pasó a concentrar el 47% del mercado de la televisión por cable, donde había cerca de seis millones de suscriptores. 

 El kirchnerismo, que se muestra como perseguido po representar a los trabajadores, aportó lo suyo a una larga historia de engorde de “la corpo” gracias al Estado. La dictadura entregó a la compañía el monopólico negocio de Papel Prensa, mediante el terrorismo y todo tipo de estratagemas ilegales; y el duhaldismo la rescató con la ley de “bienes culturales” y la pesificación de su deuda en dólares a la salida de la convertibilidad. Bajo el gobierno de Mauricio Macri se autorizó la fusión entre Cablevisión y Telecom, lo que hiperconcentró el monopolio del grupo en las telecomunicaciones, ya que antes había comprado Nextel. Así, el Grupo Clarín se convirtió en la primera empresa en condiciones de brindar lo que se llama “cuádruple play” (telefonía fija y móvil, televisión y banda ancha), pasando a controlar una porción sustancial del mercado. 

 Estos procesos de concentración y centralización de capital trajeron consigo despidos y ataques contra los trabajadores que ejercían tareas en esas empresas. En 2015, tras la adquisición de Nextel por parte de Cablevisión, se produjeron cientos de despidos y cierres de edificios. Asimismo, la fusión Telecom-Cablevisión se desenvolvió mediante una ofensiva en regla contra los trabajadores, lo que incluyó cesantías y un avance en la flexibilización laboral. Con los “nacionales y populares” en el poder y la fusión Multicanal-Cablevisión ocurrió lo mismo.

 En paralelo a los despidos y al aumento de la precarización laboral, se incrementó como nunca el poder del capital sobre las redes de distribución y comercialización de la comunicación y la información; el Grupo Clarín concentra hoy una vasta gama de medios, lo que incluye canales de TV, revistas, diarios, radios y portales. En junio de 2021, el 44,3% del mercado estaba en manos del Grupo Clarín-Telecom Argentina, “seguido por Telefónica (14%), Telecentro (12,4%) y Supercanal (7,05%)” (BNAmericas, 11/6/21), mientras que los pequeños operadores alcanzaron en conjunto una participación mercantil del 23%. 

 Como se ve, los negociados no se restringen a la esfera de la obra pública, donde bajo el kirchnerismo quedaron expresados en los negocios de Techint, el vaciamiento del transporte público, los bolsos de José López o en el escándalo del exvicepresidente Amado Boudou y el caso Ciccone. Bajo Macri han tenido lugar sucesos similares, como los negociados alrededor de los parques eólicos, los que ha desarrollado “Nicky” Caputo con la obra pública o los casos de sobreprecios en el mismo ámbito que envuelven a Ángelo Calcaterra, primo del exmandatario. 

 La “reconstrucción de la burguesía nacional” apuntalada desde el Estado fue planteada como meta estratégica por Néstor Kirchner al asumir, y terminó en este fiasco. La declaración de Cristina retrata de forma categórica el carácter de clase del “Estado presente” que reivindica el kirchnerismo, el cual tiene un rol de salvataje de un régimen parasitario de negocios y de expoliación de la clase obrera. Esto, sin embargo, ha arrastrado a la quiebra al propio Estado y a la economía nacional, revelándose como una orientación antagónica a cualquier desarrollo del país. 

 Solo un gobierno de trabajadores puede poner fin a este régimen en descomposición. 

 Nazareno Kotzev