¡Chau Roca! Osvaldo Bayer en la Legislatura 21-05-2012

Identificaron a los asesinos de Mario Gershanik en 1975 y de Horacio Urrera en 1976

Acusados: Carlos Castillo (a) el indio, Fernández Supera (a) El Misto, Jacek Piechocki (a) el alemán, Juan José Pomares (a) pipi.

Un ex integrante del grupo de tareas identificó a los asesinos de Mario Gershanik en 1975 y de Horacio Urrera en 1976.
Al publicarse este artículo, el titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Arnaldo Corazza, tiene sobre su escritorio una declaración prestada ante escribano público por un testigo que incrimina a diez integrantes del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense en dos asesinatos cometidos por esa banda parapolicial, el primero de ellos en abril de 1975, y el segundo, en abril de 1976. El declarante, cuya identidad Miradas al Sur mantendrá momentáneamente en reserva, es un miembro de la patota que fue testigo directo de esos dos crímenes, por lo cual su declaración –que tiene valor legal al estar certificada por un escribano público, pero que puede ser ampliada si su señoría, como debe, decide interrogarlo en sede judicial– puede significar un avance de singular importancia en la causa, que por el momento permanece en estado letárgico por la inacción del juzgado.
La mayoría de los individuos nombrados por el testigo como participantes de esos crímenes ya habían sido identificados en las páginas de Miradas al Sur por los autores de esta investigación. Se trata de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Martín Sánchez (a) Pucho, Dardo Omar Quinteros, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, David Masota (a) Feiño, Jacek Piechoki (a) El Alemán o El Polaco o Pablo, Ricardo Walsh (a) Richi, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, y Néstor Causa (a) El Chino. De ellos, sólo Castillo y Pomares están detenidos por otras acciones criminales cometidas por la CNU.
Los asesinatos a los que se refiere son los del médico Mario Alberto Gershanik, perpetrado el 10 de abril de 1975, y del militante gremial Horacio Salvador Urrera, secuestrado la noche del 19 de abril de 1976 y asesinado pocas horas después junto a otras dos personas.

Un testigo fundamental.

La declaración del testigo, certificada por escribano público, fue presentada por el abogado Eduardo Soares, representante legal de las querellas entabladas por los familiares de Mario Gershanik y Horacio Urrera. Los autores de esta investigación están en condiciones de afirmar que se trata de un documento de vital importancia para el esclarecimiento de estos dos asesinatos y el avance general de las causas relacionadas con el accionar de la patota paraestatal de la CNU platense.
El testigo –cuyo nombre, se reitera, Miradas al Sur mantendrá momentáneamente en reserva– es un ex integrante de ese grupo de tareas, del que participó activamente entre noviembre de 1974 y fines de abril de 1976. Se trata de la misma persona que se presentó espontáneamente en el juzgado a cargo de Corazza en el segundo semestre de 2010 con la intención de prestar declaración ante el juez, pero fue disuadido de hacerlo en circunstancias que, por lo menos, cabe calificar de confusas.
Es también el mismo individuo al que se refirió el inefable secretario de Corazza, Ricardo Botto, en un diálogo que mantuvo con el hermano de una de las víctimas de la patota y que los autores de esta investigación relataron en el artículo “Una máquina de dormir causas”, publicado por Miradas al Sur el 26 de febrero de este año. Allí se decía: “A principios de este mes, otro querellante, cuyo hermano fue asesinado por la CNU en 1975, se presentó en el juzgado para aportar el domicilio de un integrante de la patota de Castillo. Lo atendió Botto. ‘No le prestó ninguna atención a la información. Ni siquiera quiso revisar el número de la causa. Sin embargo, nos dijo que uno de los canas que había sido miembro de la CNU de La Plata, que le había ofrecido entregarle a todos los miembros de la patota a cambio de su inmunidad, confesó haber participado de muchas de las operetas de la patota, y que se los quería entregar porque era el único que había quedado fuera de la repartija. Y nos explicó que por razones de ética (sic) había rechazado el acuerdo. Lo extraño es que a pesar de que este hombre le confesó su participación, no fue detenido ni en ese momento ni nunca’, relató a los autores de esta investigación”.
Las víctimas y los asesinos. En su declaración ante el escribano público Esteban Rafael Morcillo, el testigo se refirió específicamente a los asesinatos de Mario Alberto Gershanik y Horacio Urrera. Los autores de esta investigación pueden asegurar que si Corazza le toma declaración en sede judicial –y lo interroga a conciencia– no sólo logrará que amplíe sus dichos sobre esos dos casos, sino que estará en condiciones de obtener información de primera mano sobre por lo menos otros veinte crímenes cometidos por el grupo de tareas capitaneado por Carlos Ernesto Castillo.
Mario Alberto Gershanik fue asesinado la madrugada del 10 de abril de 1975, cuando se resistía a ser secuestrado en la casa de sus padres, por un grupo de tareas conjunto de la CNU y la Triple A, comandado por Aníbal Gordon (a) El Viejo. La información reunida por los autores de esta investigación sobre ese crimen fue publicada por Miradas al Sur el 3 de julio de 2011, en el artículo “Zona liberada para matar a un médico”.
Ahora, en su declaración notarial, el testigo identifica a nueve de los autores de ese asesinato. Se trata, según el escrito que acompaña a la declaración, de: “Carlos Ernesto Castillo (alias ‘El Indio’), Martín Sánchez (alias ‘Pucho’), Dardo Quinteros, Juan José Pomares (alias ‘Pipi’), Antonio Jesús (alias ‘Tony’), David Masota (alias ‘Feiño’), y a Jucek Piechocki (alias ‘El Polaco’ o ‘Pablo’) y Ricardo Wolf (alias ‘Richi’)”, y de otro individuo al que sólo identifica como “‘El Chino’ Causa”. Miradas al Sur está en condiciones de aclarar que el mencionado “Jucek Piechocki” es el abogado Jacek Piechocki, y que “Ricardo Wolf” es en realidad Ricardo Walsh. En cuanto al individuo identificado como “‘El Chino’ Causa”, se trata de Néstor Causa (a) El Chino, conspicuo integrante de la banda.
Horacio Urrera fue secuestrado de la casa familiar la medianoche del 19 de abril de 1976, en una de las últimas de las acciones de la banda paraestatal comandada por El Indio Castillo antes de ser desactivada por orden del jefe de Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti. Esa misma noche fueron también secuestrados Leonardo Guillermo Micheli y Carlos Alberto Satich. Pocas horas después, los cadáveres acribillados de las tres víctimas fueron hallados en las aguas del Arroyo San Antonio, en la localidad de Sarandí. Sobre el secuestro y asesinato de Urrera, los autores de esta investigación publicaron el artículo “Crónica de un asesinato anunciado”, en la edición de Miradas al Sur del domingo 16 de octubre de 2011.
Al referirse a este crimen en su declaración ante escribano público el testigo identifica a ocho de los autores: “Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares, Gustavo Fernández Supera (alias “El Misto”), David Masota, Antonio Jesús, Dardo Quinteros, Martín Sánchez, y a quien debe identificarse como ‘El Chino’ Causa”, según consta en el escrito presentado por el abogado Eduardo Soares.
Pedidos de detención. En la presentación que acompaña a la declaración notarial del testigo, las querellas solicitan la indagatoria de todos los nombrados. En la mayoría de los casos, el juez Corazza no debería tener dificultades para encontrarlos y tomarles declaración. Como se dijo, Castillo y Pomares ya se encuentran tras las rejas y a disposición del juzgado por otros crímenes.
Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto vive en la localidad de Olivos, donde también conduce la agrupación peronista “La Scalabrini Ortiz”. Por lo menos hasta el 31 de diciembre del año pasado figuraba como personal contratado en el Archivo General de la Nación (Contrato 0208B2011, del Ministerio del Interior). Los autores de esta investigación no han podido establecer todavía si este contrato fue renovado.
Antonio Agustín Jesús (a) Tony revistó como director de Referencia Legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires hasta mediados del año pasado, cuando debió renunciar (en realidad se acogió a una jubilación anticipada) debido a los artículos publicados por Miradas al Sur sobre su participación en la banda paraestatal de la CNU. Actualmente, goza de sus días libres en su casa de la localidad de City Bell, en las afueras de La Plata.
Jacek Piechocki (a) El Alemán o El Polaco o Pablo vive en Quilmes y dirige un estudio especializado en víctimas de accidentes de tránsito con sede en La Plata. Por tratarse de un abogado y para evitar errores de procedimiento, el escrito presentado por el abogado Soares ante el juez Corazza dice con claridad: “Pido en consecuencia la detención de Jucek (n. de la r.: Jacek) Piechocki a los fines ya mencionados arriba, estableciendo expresamente la salvedad de que –para el caso que se resuelva la detención en su Estudio Jurídico– se informe previamente al Colegio de Abogados donde se encuentre matriculado a fin de evitar posteriores nulidades”.
La CNU y la Bonaerense. Por otra parte, los querellantes le pidieron al juez Arnaldo Corazza que libre los oficios necesarios para que la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires informe si en la estructura de la ex Regional La Plata de esa fuerza revistaron, entre 1974 y 1976, las siguientes personas: “Un comisario de apellido González”, “un comisario de apellido Masuli”, “un personal con grado de oficial inspector de apellido Garachico”, y “un personal con el grado de oficial mayor de apellido Bilardo”.
Los autores de esta investigación están en condiciones de identificar al “comisario González” como el encargado de reclutar para el grupo de tareas de la CNU comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, a los policías Alfredo Lozano (a) El Boxer, Vicente Ernesto Álvarez y Roberto Antonio Storni. A fines de 1974, les ofreció a estos tres policías tener un segundo empleo como personal de seguridad de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, a cuyo cargo estaba el padre del Indio Castillo. Revistando en ese empleo fueron incorporados al grupo de tareas de la CNU.
El “comisario Masuli” es en realidad el ex jefe de la Unidad Regional La Plata de la Policía Provincia de Buenos Aires, comisario Carlos Alberto Masulli, encargado de coordinar desde la Bonaerense la liberación de zonas para que el grupo de tareas de la CNU pudiera perpetrar sus crímenes sin ningún tipo de interferencia.
El “oficial inspector de apellido Garachico” revistaba en 1974 y 1975 como oficial principal y su nombre completo es Julio César Garachico (a) El Gordo. Era el nexo entre la patota comandada por El Indio Castillo y la Policía Bonaerense para coordinar la elección de “blancos” y la liberación de zonas. Actualmente, se encuentra detenido a disposición del juez Corazza por su participación en los asesinatos de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata y militantes montoneros Marcelo Bettini y Luis Eduardo Bearzi, perpetrados en Tolosa en noviembre de 1976.
El “oficial mayor de apellido Bilardo” tenía en 1975 el grado de suboficial mayor y su nombre completo es Alberto Juan Bilardo. Era el segundón del Gordo Garachico en la coordinación de acciones con la CNU.
La hora del juez. Como señala el escrito presentado por la querella, ahora el titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata “tiene una oportunidad inmejorable para avanzar en la causa, requerir indagatorias con elementos concretos y llevar adelante medidas de pruebas a partir de datos e informaciones ingresadas a la causa en forma directa y legítima, sin que puedan cuestionarse de ninguna manera”, así como de “despejar cualquier duda –si las hubiere tanto por parte de la prensa como de algún sector de la opinión pública– respecto de la actuación del Tribunal en relación a la celeridad del proceso como así también en traer al estrado a declarar como imputados a quienes corresponda con estricto resguardo de sus derechos y garantías”.
Los crímenes que se investigan fueron cometidos hace más de 35 años, pero no hay prescripción posible para ellos, ya que se trata de delitos de lesa humanidad por haber sido cometidos al amparo del Estado. Con este testimonio en sus manos, el juez Arnaldo Corazza –cuyo accionar en las causas relacionadas con la CNU viene siendo duramente cuestionado– tiene muchas medidas para tomar.

Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal - dcecchini@miradasalsur.com - Fuente: Miradas al Sur

¿Quién teme a Ida Garberi?

No es simple poder quedarse a vivir en Cuba sin estar casada con un ciudadano cubano. Cuando no se ha nacido en la Mayor de las Antillas. Estoy de acuerdo con que los controles sean rígidos y severos: no tenemos que olvidar que el Caimán Verde está continuamente bajo presión debido a un enemigo muy poderoso, a solo 90 millas, y que no pierde la ocasión de atacar la patria de José Martí, por todos los medios, más o menos solapados, violentos o casi “pacíficos”.

“Cuando la hipocresía comienza a ser una mala realidad, es hora de comenzar a decir la verdad”.

Bertolt Brecht

El miércoles 25 de enero de 2012, mientras mi hermano de luchas cubano Manuel David Orrio y yo salíamos tranquilos de la Oficina de Inmigración en La Habana, situada en Calle Factor y Final, no pude imaginar que estaba empezando una pesadilla tan larga, que acabaría sólo el 16 de mayo de 2012. Ciertamente, no tuve muchos indicios. En efecto, la funcionaria que registró mi solicitud de cambio de residencia se portó muy cordialmente, admitiendo acordarse de una conferencia de Manuel David - ex agente de la seguridad del Estado- un jueves por la tarde, en el Ministerio del Interior, para adiestrar a las jóvenes reclutas del mismo.
Tengo que aclarar que yo poseo una residencia permanente en la República de Cuba, renovable cada 5 años, por tener una plaza laboral en Prensa Latina y ser voluntaria en Cubadebate: en los dos sitios web en italiano desarrollo el papel de jefa editora, y son ambos del Estado cubano.
No es simple poder quedarse a vivir en Cuba sin estar casada con un ciudadano cubano. Cuando no se ha nacido en la Mayor de las Antillas. Estoy de acuerdo con que los controles sean rígidos y severos: no tenemos que olvidar que el Caimán Verde está continuamente bajo presión debido a un enemigo muy poderoso, a solo 90 millas, y que no pierde la ocasión de atacar la patria de José Martí, por todos los medios, más o menos solapados, violentos o casi “pacíficos”.
El problema de deber cambiar residencia se debe al hecho de que Prensa Latina no tiene ninguna vivienda disponible para prestarme desde hace al menos 10 años; así que viví gracias a la ayuda de atentos amigos como Manuel David, quien me está prestando la casa de sus difuntos padres, mientras busco mi pequeño rincón, ahora que es legal para los residentes permanentes poder comprar una casa.
Quedé muy sorprendida cuando a la semana siguiente de la entrega de los documentos, me llamó a mi despacho la funcionaria de Inmigración. Con voz algo titubeante, me explicó que sería un poco difícil concederme el carné con la nueva residencia, porque no estaba casada con Manuel David. Quedé asombrada, al teléfono, y le pregunté si no se acordaba que le había explicado que estaba trabajando para el Estado cubano, que la otra residencia que tuve era en casa de una amiga (con la cual claramente no me casé, puesto que no me parece que en Cuba sean admitidos los matrimonios homosexuales, además soy una heterosexual convencida) y nadie tuvo inconvenientes.
¿Qué estaba sucediendo? ¿Acaso que mi sinceridad periodística está molestando a algunos burócratas corruptos?
Que se cuide el culpable, real y presunto. El presidente Raúl Castro advirtió a esos personajes de "cuellos blancos", en su discurso al final del año 2011, que “Puedo asegurarles que esta vez sí se acabarán los cuatreros en el país, como se acabaron los traficantes de droga, y no resurgirán, porque estamos decididos a hacer cumplir las instrucciones impartidas por el Gobierno y los acuerdos del Congreso del Partido. Lo mismo les digo respecto a aquellos burócratas corrompidos, con cargos obtenidos a golpe de simulación y oportunismo que utilizan las posiciones que todavía ocupan para acumular fortunas, apostando a una eventual derrota de la Revolución”.
Mi pesadilla continuó. Sin hacer caso a las insinuaciones de la funcionaria seguí “el papeleo”, pero cuando llegué al despacho de Inmigración me dijeron que la fotocopia de la propiedad de la casa, la cual reconoce a Manuel como propietario legal del inmueble, no es suficiente para poder permitirme vivir en la casa de Plaza de la Revolución: supuestamente, él tenía que hacer una declaración notarial para aceptarme en la casa; responsabilizándose por mí, desde todos los puntos de vista legales.
Una vez más, muy sorprendida. Sé que este documento ha de presentarse sólo en el momento de la solicitud de residencia en Cuba, lo cual hice al final del 2001. De la sorpresa, pasé al furor de la impotencia, cuando un reconocido notario confirmó que tengo todas las razones.
Volví al despacho de Inmigración y traté de explicar con toda calma que quizás había un error: por toda respuesta, fui práctica y verbalmente agredida por otra funcionaria, con un grado mayor, como si yo pudiera ser un elemento sospechoso. Quedé en silencio, con una gran rabia por dentro. Pero no quise perjudicar mi situación, sé que a veces la impulsividad es mala consejera.
En este punto tengo que explicarles a los lectores que la única acusación que pueden hacerme es la de ser una revolucionaria necia, dispuesta a todo para conseguir un mundo anti-imperialista honesto. ¿O quizás mi voluntariado en Honduras después del golpe de Estado no es una suficiente demostración de una entrega concreta?
¿La persona peligrosa sería, quizás, Manuel? Un hombre que estuvo infiltrado 11 años entre las filas de la prensa contra-revolucionaria, arriesgando todo, no sólo la vida física, también las amistades, los familiares, sus recuerdos, su pasado...... ..por cambiarse la piel, y meterse en aquella de un hombre egoísta, lacayo del materialismo mas perverso y que pareció terriblemente convencido que el capitalismo era la única solución por la isla antillana.
O mejor, como él mismo afirma sobre por qué decidió infiltrarse... “lo que aquí se discute no es un tema de ideologías, ni de socialismos o capitalismos. Lo que aquí se está discutiendo es nuestro derecho como pueblo a decidir sobre nuestros destinos, errores incluidos, sin injerencias de gobiernos extranjeros. Ése fue el sentido de mi lucha, y lo será durante toda mi vida”.
Fue tan convincente como contra-revolucionario que los servicios ocultos de los prepotentes, de los yanquis, no fueron capaces de detectarlo y su trabajo permitió que Cuba celebrara uno de los juicios más importantes de la llamada Primavera Negra de marzo-abril del 2003. Como cuenta el mismo Manuel, “allí se juzgaron 75 encartados como agentes al servicio de Washington. Negra, negra de verdad esa primavera...para los servicios especiales estadounidenses. De un golpe perdieron a toda una generación de “líderes disidentes”.
Después de meditar sobre el asunto, decidí componer el documento requerido, además de que Manuel David estuvo también convencido de que era mejor tratar de entender lo que estaba sucediendo, siguiendo la corriente.
Después de haber entregado el acta notarial, con enorme sorpresa (de sorpresa en sorpresa…¡puede ser que me quede para siempre con la boca abierta!) me localizó el mismo jefe del despacho de Inmigración, dos días después, porque él mismo quería explicarme el procedimiento que a su presunto juicio yo no había entendido todavía.
Otra vez hube de soportar una filosofía que no tiene sentido de existir si no es en la burocracia más ciega. Ahora el problema “era” que el módulo para el cambio de residencia que yo rellené no era suficiente. Debía escribir una carta dónde solicitara este cambio, explicar detalladamente los motivos de la misma y fotocopiar todo mi pasaporte para permitir al despacho de Inmigración conocer mis desplazamientos fuera del país en los últimos cinco años.
¡Quedé de veras atónita...como si cuando yo estuve en Italia por la muerte de mis padres o en Honduras para hacer voluntariado no hubiese tenido todos los permisos necesarios!
A la salida del despacho de Inmigración supe que mi paciencia había alcanzado el límite permitido.
Así, decidí pedir ayuda a un reconocido Diputado a la Asamblea Nacional cubana, para saber qué se esconde detrás de estas oscuras tramas de poder.
Casi por hechizo, después de un día y medio, me llamaron del despacho de Inmigración para avisarme que mi carné “ya” estaba listo ¿Coincidencia, o “rayo del Olimpo” que cayó sobre burócratas?
Justo después de 4 meses de lucha sin cuartel.
La enseñanza que aprendí es que siempre es necesario denunciar los abusos, porque solo con la verdad frente al mundo podemos vencer la batalla contra los corruptos y los oportunistas.
Primero que todo, no sé cómo agradecer a Manuel David por apoyarme y al Diputado por creer en mí y en mi conciencia revolucionaria…será que nací en el mismo año en que el Che Guevara escribió su ensayo "El socialismo y el hombre en Cuba"; será por este motivo que pienso que el Che tuvo y tiene todas las razones cuando afirmó sobre los intelectuales……“No debemos crear asalariados dóciles al pensamiento oficial ni «becarios» que vivan al amparo del presupuesto, ejerciendo una libertad entre comillas. Ya vendrán los revolucionarios que entonen el canto del hombre nuevo con la auténtica voz del pueblo”.
Esos revolucionarios, los seguidores del Che, son aquéllos que nuestro Presidente Raúl Castro describió cuando dijo al pueblo, al final de la Conferencia del Partido…. “Es preciso acostumbrarnos todos a decirnos las verdades de frente, mirándonos a los ojos, discrepar y discutir, discrepar incluso de lo que digan los jefes, cuando consideramos que nos asiste la razón, como es lógico, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y de forma correcta, o sea, en las reuniones, no en los pasillos. Hay que estar dispuestos a buscarnos problemas defendiendo nuestras ideas y enfrentando con firmeza lo mal hecho”.
Por esto, estoy aquí: ¡Presidente, ordene!

Ida Garberi

Sala Alberdi, cultura que resiste

En el marco de una disputa por el uso del espacio, estudiantes y participantes de las actividades culturales ofrecidas en la sala y otros espacios denuncian irregularidades en el proceso legal en el cual se exige la permanencia de este espacio por un lado, y el desalojo del mismo por parte del gobierno de la ciudad. Por ANRed

Por RedAcción - LP

Siendo fecha el 23 de junio de 2012, se inicia en la Sala Alberdi, espacio cultural emplazado en el sexto piso del centro cultural San Martín (Sarmiento 1551) una serie de actividades, desde danzas, clowns así como percusión orientadas a comunicar al público una problemática desconocida.
El reclamo principal: que este espacio público se mantenga abierto. La problemática data desde 2009, cuando Marcelo Birman, Director General de Enseñanza Artística (DGEART), disuelve la cooperadora, cierra más de la mitad de los talleres y traslada los demás cursos a otras dependencias. Tras este antecedente, alumnos y ex alumnos deciden tomar el espacio y autogestionarlo a partir del día 17 de agosto de 2010. Amparo de por medio y un fallo judicial que dictamina la inmediata reparación de la sala, no se oyó respuesta por parte del gobierno de la ciudad.
Casi dos años después, con un fallo judicial a favor emitido por la jueza Fabiana Schafrik, la situación no parece cambiar, puesto que tras este fallo la susodicha jueza dictamina ahora el traslado de la sala Alberdi a la sala Los Andes por medio de una accionar unilateral y sin dar aviso a la gestión de la Sala Alberdi.
Dicha disposición todavía está por efectivizarse, solo falta la firma de la jueza para que la sala deba trasladarse en un plazo no mayor a veinte días. Las desventajas son evidentes, la Sala los Andes tiene una superficie menor (400m2 en contra de los 558 de la Alberdi incluyendo escenario, oficinas, camarines, y platea), una capacidad de 100 espectadores mientras que la primera dispone de espacio para 250. Además, la Sala los Andes está ubicada en un edificio cuyo primer y segundo piso está ocupado por viviendas particulares, y en donde la Escuela Municipal de Arte Dramática lleva a cabo su carrera de Escenografía en plena crisis edilicia por falta de espacio. Además, desde 2006 el gobierno tiene un proyecto de transformar el edificio (del centro cultural San Martín) en un “espacio cultural multimedial” a partir de lo cual empezó a tratar de desalojar la sala.
Andy, estudiante de Artes audiovisuales en el IUNA, relata el uso que se le da al espacio público del centro cultural por parte del gobierno, alquilando las instalaciones a empresas para la realización de eventos. También nos menciona una problemática para pensar, “uno ve afiches del gobierno de la ciudad que promociona algún evento o banda, pero por otro lado se cierran espacios de producción cultural, y eso es lo que atacamos” –dice.
Esto aumenta el conflicto, puesto que uno ve la propaganda oficial sobre eventos culturales, y piensa que la movida cultural de la ciudad es vasta, cuando la producción, es decir, talleres y cursos abiertos van desapareciendo. Andy también cuenta que ante el desalojo de la sala se utilizará el espacio para establecer oficinas, una clara derrota para la accesibilidad a la cultura en contra de intereses privatizadores dentro del Centro Cultural más grande de Latinoamérica.
En este marco se mantiene la lucha por un espacio que debería ser de todxs, pero escapa a la vista de la mayoría, porque sobre los espacios que se nos cierran, cultura, es lo que falta.

De Tegucigalpa a Asunción

A tres años del golpe militar en Honduras, organizaciones sociales de todo el mundo se solidarizan con su pueblo, con los ojos puestos en Paraguay.

A tres años del golpe que destutiyó a Manuel Zelaya como presidente constitucional de Honduras, distintos sectores sociales en toda América Latina recuerdan aquél acontecimiento con la memoria viva de lo ocurrido hace apenas unos días en Paraguay. En El Salvador y Estados Unidos, distintas organizaciones se movilizaron para repudiar el golpe paraguayo y expresar su solidaridad con el pueblo hondureño. Allí, el actual gobierno de Porfirio Lobo -ganador de un polémico proceso electoral realizado por el gobierno de facto cinco meses después del golpe de Estado de 2009- está siendo acusado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, especialmente hacia los movimientos campesinos. En una entrevista realizada por Marcha hace pocos meses, la dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, explicaba que “contrariamente a lo que se quiere hacer creer, que en Honduras hay una normalización de la situación interna, la realidad es que desde el golpe de estado se incrementó la violencia política. Nos encontramos ante una sociedad que se debate ante una crisis social, política y económica. Como también ante el drama de la sistemática violación de los derechos humanos, que incluye asesinatos casi diarios. En el sector del Bajo Aguán los movimientos campesinos están siendo agredidos y asesinados, hay muchos compañeros secuestrados, torturados y desaparecidos. Se le ha dado luz verde al Ejército en esta política de secuestro, también la Policía opera allí como guardia privada de seguridad de los grandes oligarcas como es el caso de Miguel Facussé. Cuidan los intereses de las trasnacionales gringas. Hay absoluta impunidad que se ha ensanchado a partir de la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
En el mismo sentido se exprezaron diferentes organizaciones sociales con sede en Europa, conformadas por migrantes hondureños y periodistas exiliados. En un comunicado previo a la movilización que realizarán hoy en París, denunciaron que “en Honduras una persona es asesinada a balazos cada 74 minutos (…), el impacto de esta cifra no muestra la amplitud de una violencia política permanente que se suma a los estragos de la delincuencia cotidiana y de la infiltración del crimen organizado. Además, desde el año 2010 el territorio hondureño cuenta con un verdadero enclave militarizado: la región del Bajo Aguán, donde las comunidades campesinas padecen una represión continua en el marco de un conflicto agrario que las enfrenta a los terratenientes”.
Tres años después del golpe militar, diferentes organizaciones sociales de todo el continente movilizarán hoy, para repudiar todos los intentos de golpe en América Latina. En Buenos Aires, el capítulo argentino de los movimientos sociales hacia el ALBA, convoca a movilizar desde la embajada de Honduras hacia la de Paraguay, hoy al mediodía. Es que la relación entre estos dos hechos surge casi espontánea. El mismo presidente Lugo recalcó en una reunión que mantuvo hoy junto con el Frente Guasú, las semejanzas que residen detrás de los dos sucesos.”Aquello, en Honduras, fue un golpe militar y esto es un golpe parlamentario, pero, evidentemente, la vida en Paraguay nunca podrá ser igual después del pasado viernes 22 de junio, sobre todo en el futuro”.
En ambos casos, los movimientos sociales, y especialmente los campesinos, fueron la base fundamental para el sostenimiento de los procesos demócraticos llevados adelante por Zelaya y Lugo ante el hostigamiento de las fuerzas conservadoras, aún en sus fuertes contradicciones internas.
A estos dos ejemplos se suman los intentos golpistas en Venezuela en 2002 y en Ecuador en 2010, mientras que el gobierno boliviano volvió a denunciar un intento de desestabilización luego del que sufrió en 2008, durante el conflicto por la autonomía departamental y la reforma de la constitución nacional.
El caso de Paraguay ya cuenta con la fuerte condena de Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica y Brasil, que no reconocerán el gobierno de Federico Franco e impulsan diferentes sanciones comerciales -como es el caso de Venezuela con respecto al petróleo- y regionales -se rumorea con la expulsión de los representantes de Franco del Mercosur y Unasur-. De todas maneras, la resistencia concreta en ambos casos está planteada en las calles, donde los movimientos sociales continuan reclamando la vuelta a una democracia plena.

De militarización conocen los trabajadores

En distintos artículos hemos planteado que en la Argentina las clases dominantes han utilizado la violencia para resolver conflictos sociales, económicos y políticos, y que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha dedicado a atacar a los trabajadores, a sus formas de protesta y reclamos. Esta semana ambas cosas se han vuelto a repetir. En este artículo haremos un repaso de algunos de los tantos momentos de la historia en que distintos gobiernos recurrieron a las denominadas fuerzas de seguridad para intervenir en huelgas y en conflictos entre el capital y el trabajo.

Por ANRed - L (redaccion@anred.org)

"Ser gobernado es ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, encasillado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, estimado, apreciado, censurado, mandado por seres que no tienen ni título, ni ciencia, ni virtud. Ser gobernado significa, en cada operación, en cada transacción, ser anotado, registrado, censado, tarifado, timbrado, tallado, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, apostillado, amonestado, contenido, reformado, enmendado, corregido. Es, bajo pretexto de utilidad pública y en nombre del interés general, ser expuesto a contribución, ejercido, desollado, explotado, monopolizado, depredado, mistificado, robado; luego, a la menor resistencia, a la primera palabra de queja, reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acosado, maltratado, aporreado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado y , para colmo, burlado, ridiculizado, ultrajado, deshonrado. ¡He aquí el gobierno, he aquí su moralidad, he aquí su justicia." (P.J. Proudhon, Idea general de la revolución en el siglo XIX)

LO SUCEDIDO EN ESTAS JORNADAS

En distintos artículos en los últimos meses (1) hemos planteado que en la Argentina las clases dominantes han tenido desde siempre una vocación de utilizar la violencia para resolver los conflictos sociales, económicos y políticos. Y que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde hace un tiempo, se ha dedicado a atacar a los trabajadores, a sus formas de protesta y reclamos. Mientras tanto, tolera los negociados de grandes empresarios, de las mineras, banqueros de distinto pelaje, multinacionales del agro y popes de la UIA, entre otros. Mientras los ataques a los trabajadores continúan, Ella ha decidido ser complaciente y socia del capital y sus intereses.
Esta semana ambas cosas se han vuelto a repetir. Así vimos la movilización de la Gendarmería para enfrentar a los huelguistas, militarizar el conflicto entre los camioneros y los empresarios del transporte. Debemos sumar los pronunciamientos antiobreros de ministros, diputados y funcionarios del gobierno nacional y la judicialización de la protesta con la denuncia penal contra un dirigente sindical por convocar a una huelga de su sindicato.
Además, en el momento de mayor tensión con el gremio de camioneros, cuando la Gendarmería forcejeaba con los hombres de Hugo Moyano en la planta de YPF, en todos los regimientos del Ejército se recibió un plan de emergencia. Pasadas las 21 horas del miércoles 20 se envió un mensaje -radiograma en la jerga castrense- numerado 6912. Calificado como “urgente y reservado”, en ese despacho se ordenó confeccionar listas de conductores “con licencia nacional profesional, licencia para el transporte de mercancías peligrosas y licencia de transporte de carga general”. La orden del Gobierno era emplear a militares en lugar de los camioneros. Luego llegó otro mensaje con el pedido de camiones cisterna y de carga general que no fueron usados finalmente; pero un problema mayor se hubiese presentado en el escenario previsto: los camiones militares no están en regla. El año pasado, la Inspección General del Ejército había elevado un informe crítico sobre el estado de los vehículos, con la aclaración de que no cumplían las normas de tránsito nacionales como consecuencia de su antigüedad y, por lo tanto, tenían problemas con los seguros.
Por todo eso, es que haremos un repaso de algunos de los tantos momentos de la historia en que los trabajadores fueron movilizados militarmente, cuando distintos gobiernos recurrieron a la gendarmería y a las Fuerzas Armadas para intervenir en huelgas, en conflictos entre el capital y el trabajo.

PERON Y LA MILITARIZACIÓN DE LOS FERROVIARIOS

Durante el primer gobierno peronista, los sindicatos ferroviarios realizaron una huelga que comenzó en 1950 y recrudeció en 1951, en reclamo de aumentos salariales. El 24 de enero de 1951, Perón ante un conjunto de dirigentes sindicales declaraba: “No creí jamás que llegara a producirse en nuestros ferrocarriles una cosa como la que se está produciendo, que es el producto de mil o dos mil agitadores y de ciento cuarenta mil de indecisos. Voy a decretar la movilización militar de todo el personal que se niega a concurrir a sus tareas. Decretada la movilización, el que concurra a su trabajo está movilizado en él, el que no concurra tendrá que ser procesado e irá a los cuarteles, se incorporará bajo el régimen militar y será juzgado por la justicia militar de acuerdo con el Código de Justicia Militar”.
Se sancionó el decreto de movilización militar. La misma noche del 24 de enero la policía asalto centenares de hogares ferroviarios y de militantes de otros gremios, deteniéndolos y encarcelamiento, millares de obreros fueron cesanteados. La movilización militar y la tremenda represión desatada obligaron a los obreros a volver al trabajo. Se despidió y encarceló a los líderes de la huelga, y más tarde dispuso la detención de 2000 trabajadores, de los cuales 300 quedaron presos.

LA CGT, LOS TRABAJADORES Y EL PLAN CONINTES

La conflictividad social y política durante el gobierno de Frondizi había ido en aumento, con varias huelgas y el gobierno nacional se decidió por la represión y aprobó la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra y, en marzo de 1960, decretó la aplicación del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), que permitía dividir el país en zonas de operaciones. A partir de esa fecha los actos calificados de terrorismo podían ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares, mientras que el Articulo 15 preveía la aplicación de la ley marcial, que implicaba -previo juicio sumarísimo- el fusilamiento de las personas halladas culpables de actos de terrorismo. El plan fue un acuerdo general de ministros y nombraba como autoridades de ejecución a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y colocaba bajo su subordinación a las policías provinciales. Hubo más de 2000 detenidos, 500 condenados y se registraron numerosos despidos gremiales. Se produjo además una purga de activistas de base y depuración de delegados de las fábricas, al tiempo que comenzaron a circular las listas negras.
El 16 de marzo de 1960, el ministro de Interior Alfredo Vitólo manifestaba que "los tribunales castrenses pueden declarar zona de guerra y la autoridad militar puede tomar determinaciones serias y graves cuando la situación lo requiera". En esa ocasión, agregó además que "los responsables de la agitación eran los peronistas y comunistas especialmente". En verdad, lo que sucedía era que los trabajadores se habían puesto en pie de lucha contra el plan económico diseñado por el superministro de Economía de ese entonces, el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray.
La primera vez que Frondizi recurrió a las Fuerzas Armadas y de gendarmería para reprimir a los trabajadores fue a mediados de enero de 1959, durante la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre, cuando los obreros se oponían a la privatización de ese establecimiento y luchaban contra la política "antipopular y antiargentina" que llevaba adelante el gobierno desarrollista, según la calificación hecha entonces por la CGT y las 62 Organizaciones. En esa ocasión se utilizaron para la represión desde la infantería de la policía hasta tanques de guerra del Ejército.

LA MOVILIZACION MILITAR DE LOS FERROVIARIOS Y EL II ROSARIAZO

La dictadura del Gral. Ongania había intervenido “La Unión Ferroviaria”, anulando los convenios y conquistas y rebajando categorías y sueldos. Por haberse plegado a distintos paros, 116.000 empleados y obreros fueron castigados de diversas maneras. Se aplicó la Ley 17.401 de represión al comunismo, y se encarceló a numerosos dirigentes.
El 8 de septiembre de 1969, el Cuerpo de Delegados Ferroviarios de la Seccional Rosario del Ferrocarril Mitre y de la Comisión Coordinadora de la Unión Ferroviaria anunciaban que “se iniciaba una huelga de brazos caídos en los lugares de trabajo”, a causa de la suspensión del delegado administrativo Mario J. Horat por su negativa de notificarse de su suspensión a la adhesión a varios paros nacionales. Ese día, respaldaron el paro los 1500 trabajadores de los Talleres de Rosario y los 2500 de Pérez, de Villa Diego, personal administrativo y del Galpón de Alistamiento de Máquinas Diesel. Por la noche, en una numerosa asamblea se decide continuar la huelga, esta vez por 72 horas, con la adhesión de La Fraternidad.
La medida se extendió a las Secciónales de Arroyo Seco, Empalme, Villa Constitución, San Nicolás, Cañada de Gómez y Casilda. La empresa anunció suspensiones masivas, la CGT Rosario se declaró en estado de alerta y convocó a un plenario, mientras los delegados ferroviarios declaraban “la huelga por tiempo indeterminado” a partir del día 12.
En tanto la solidaridad del resto de los ferroviarios se extendía por todo el país a través de paros, la empresa amenazaba y el gobierno nacional por medio del CONASE (Consejo Nacional de Seguridad) advertía primeramente a los huelguistas y luego, por el decreto 5324/69, ordenaba la aplicación de la “Ley de Defensa Civil”, por el cual todo el personal ferroviario era movilizado, con convocatoria militar y les sería aplicado el Código de Justicia Militar.
Los diarios titulaban “Se dispuso movilización del personal ferroviario”, y el decreto entre otros conceptos planteaba que “el personal masculino convocado, mayor de 18 años, queda sometido a las disposiciones del código de justicia militar, a su reglamentación y por lo que el incumplimiento de las órdenes que reciba para la realización de las tareas y las demás infracciones delictivas o disciplinarias en las que incurriere será reprimido...”.
Las amenazas y los decretos no impidieron que la solidaridad ante el conflicto ya no provendría solo de los ferroviarios, sino que tras un plenario de la “CGT Unificada de Rosario”, con la presencia de 37 gremios y de 6000 ferroviarios, se resolvió “realizar un paro activo por 38 horas” los días 16 y 17. El II Rosariazo, el “hecho maldito de la historia rosarina”, estaba en marcha.

DESDE EL 73 AL 75: REPRESION A LOS GREMIOS Y LOS TRABAJADORES

Luego del 25 de mayo de 1973, tras la asunción del gobierno popular que encabezó Héctor Cámpora, toda la legislación represiva sancionada por el régimen militar fue derogada y se disolvió el fuero antisubversivo.
Pero esa primavera duró poco y dio comienzo una escalada represiva, iniciándose con el envió del Poder Ejecutivo a las Cámaras para reformar el Código Penal. La reforma fue considerada de la misma naturaleza que la legislación promulgada por el régimen militar que gobernó el país entre 1966-73.
La primera respuesta vino del Gral. Perón que advirtió que si la ley no era aprobada se apelaría a las mismas armas que se buscaba combatir. El 23 de enero de 1974 declaró al diario La Nación: “Nosotros vamos a proceder de acuerdo a la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley, también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer, no tenga la menor duda”.
Después se tomaron distintas medidas represivas. En septiembre de 1974 se aprobó la ley de represión del terrorismo, que penaba la difusión de información relacionadas con esos hechos y la obstrucción al trabajo cuando el conflicto era declarado ilegal. De acuerdo a esa ley, el Ministerio de Trabajo prohibió las huelgas por motivos salariales, los paros y ocupaciones de plantas y comenzó a intimar, amenazar y suspender personerías gremiales con más frecuencia que antes. En el mes de noviembre se implementó el estado de sitio en todo el país y se encarceló a cientos de activistas gremiales y políticos, abogados laboralistas, estudiantes.
Hasta ese momento la participación de las Fuerzas Armadas en forma abierta era evitada y la lucha era encabezada por grupos paramilitares “ejecutores del trabajo sucio”, a través de la Triple A.
Pero al poco tiempo, el Ejecutivo Nacional sancionó el Decreto Nº 261, en el que se anunció oficialmente que se había ordenado a las Fuerzas Armadas tomar intervención en la “lucha antisubversiva”, firmado por la presidenta María Estela de Perón y los ministros Rocamora, Ivanissevic, Vignes, Savino, López Rega, Gómez Morales, Otero. En el Articulo Nº 1 se decía que “El comando General del Ejercito procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos…”.
En octubre de ese año, se sancionó el decreto 2770, por el cual se creó el Consejo de Seguridad Interna, fijando sus atribuciones, y el Consejo de Defensa. Ese decreto llevó la firma del presidente provisional Italo Luder y los ministros Arauz Castex, Vottero, Ruckauf, Emery, Cafiero y Robledo.
La represión a la clase obrera apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975, en Villa Constitución, cuando las fuerzas conjuntas reclutadas por la SIDE incluían a la Policía Federal, Provincial, Ejército y Gendarmería, grupos de choque -entre los cuales iban armados los guardias blancos pagados por las acerías de Martínez de Hoz-, y miembros de la Triple A. Las órdenes firmadas por Rocamora, Savino y López Rega eran claras: ahogar en sangre a los obreros y activistas desde Villa Constitución a Puerto San Martín. Isabel de Perón, desde el gobierno nacional, denunció un "complot de características inusuales en la Argentina”.
En esos meses, muchos fueron los gremios intervenidos, los sindicalistas y militantes gremiales encarcelados, otros asesinados y perseguidos.

LA DICTADURA MILITAR DE CACERIA

Con el golpe del 24 de marzo de 1976, la sociedad toda fue militarizada, desde las fábricas, las escuelas, los medios de comunicación, hasta la vida cotidiana de todos los argentinos.
La clase obrera, desde un tiempo antes del golpe militar del 24 de marzo, venía soportando una dura represión, pero desde ese día se inició la mayor persecución desde sus orígenes en el siglo XIX. Nunca como en el período 1976-83 se alcanzó lo que ahora conocemos como terrorismo de estado, nunca como entonces se llegó al nivel de exterminio de miles de hombres, mujeres y niños. La sociedad argentina se vio sometida por la dictadura militar, que llevó al paroxismo la persecución política, la cárcel, la tortura y la desaparición de personas.

MENEM Y MARIA JULIA LO HICIERON

En la primera semana de enero de 1990, se movilizaron los telefónicos de Buenos Aires por el rechazo de la política salarial y contra la privatización de ENTEL. La medida fue tomada por los delegados después que la semana anterior Menem firmara el pase de la telefónica nacional a manos privadas.
El conflicto que enfrentaba a los trabajadores telefónicos con el Gobierno se encaminaba hacia una eventual militarización, al revelar que se estaba “coordinando” con los ministerios del Interior y de Defensa la participación de fuerzas policiales y de seguridad en la “protección” de los bienes de la empresa. Fiel a la línea marcada por el presidente Carlos Menem, quien había lanzado un ultimátum a los telefónicos en huelga, María Julia Alsogaray inició una ofensiva sobre los trabajadores y comenzó una tarea de ablande. Primero fueron declaraciones radiales en las que adelantó que pediría la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar "el ingreso a los edificios de ENTEL de todos aquellos que quieran trabajar".
“Militares en acción”, anticipaban los diarios. "Queremos que nos ayuden en materia de comunicaciones y también proteger a quienes quieran trabajar", dijo la Sra. Alsogaray al referirse al pedido de intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en el conflicto, que ingresaba así en un terreno peligroso y que no se registraba en la Argentina desde aquella noche de julio de 1985, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín envió un verdadero ejército policial a la fábrica Ford de General Pacheco ocupada por sus trabajadores. La respuesta de los trabajadores fue una masiva marcha de más de 5 mil trabajadores telefónicos que repudiaron los despidos.
El 6 de septiembre de 1990 fue un día que deben recordar todos los telefónicos: volvían las Fuerzas Armadas a copar los lugares de trabajo como durante la huelga del 57, como en el 76. Y nada menos que un 6 de septiembre, cuando los militares daban el primer golpe de la era moderna en el país en 1930. Como se preveía, la dureza del gobierno nacional se concretó cuando dispuso la anunciada intervención de fuerzas de seguridad en los edificios de ENTEL para “garantizar el normal funcionamiento del servicio”, mientras proseguía el envío de telegramas de despido y el paro por tiempo indeterminado de los trabajadores.
Una de las crónicas de esa jornada en las oficinas de los telefónicos llevaba como título “El día que los militares hicieron de telefonistas”, donde se comentaba que “A las 16 de ayer, elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad cumplimentaron el reclamo formulado en la antevíspera por la interventora en ENTEL, María Julia Alsogaray, ocupando algunas de las plazas dejadas vacantes por los cesanteados y huelguistas de la telefónica estatal. Ataviados con uniforme y en medio del repudio generalizado de los trabajadores apostados a la entrada del edificio Cuyo. Los enviados por el Ministerio de Defensa estuvieron 6 horas en ese local. Los ingresantes al edifico desde donde se opera el sofisticado mecanismo del Centro Internacional Buenos Aires, al parecer capacitándose en el manejo de las computadoras que controlan la emisión y recepción de las llamadas hacia y desde el exterior. Al retirarse del edificio los militares fueron apostrofados sin miramiento por los trabajadores (…) “De nada había servido el ardid de Ricardo Fox, asesor de la interventora, quien momentos antes había asegurado que los uniformados ya se habían retirado del lugar por una puerta lateral. Así, los militares debieron armarse de valor y emigrar del local con más rapidez que marcialidad”.
Si bien la decisión no estaba tomada, Menem la analizaba no tanto por la eventual prolongación del pleito telefónico sino ante la situación planteada por gremios como La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor, cuyos conflictos se hallaban encuadrados dentro de los términos de la conciliación obligatoria y cuyo curso de acción final era imprevisible. Los medios oficiales se aseguraban que, si tras los plazos de la conciliación se desataban conflictos en forma conjunta, sería la oportunidad de aplicar el ex Plan Conintes, que contemplaba “la intervención de fuerzas de seguridad y militares para reprimir actividades insurreccionales de carácter principalmente político y gremial".
Apremiado por estas circunstancias, el Presidente estaba dispuesto a desempolvar el Plan Conintes como manera de garantizar que los servicios públicos no sufran ninguna alteración en su funcionamiento y para demostrar que no toleraría ningún escollo que complicara el ajuste económico y las privatizaciones.
El conflicto telefónico, hacia el 11 de septiembre, ingresó en una nueva etapa por las resoluciones que adoptaría el gremio durante un plenario de delegados. El presidente Carlos Menem reiteró su postura inflexible frente al conflicto y el Sindicato de Buenos Aires continuaba reclamando la reincorporación de los cesanteados por la interventora María Julia Alsogaray.
El titular del Poder Ejecutivo insistía en la necesidad de que los telefónicos depusieran primero las medidas de fuerza para retomar las negociaciones y volvió a repetir su remanida muletilla de que "el que no trabaja no cobra", mientras exhortó a los dirigentes sindicales, políticos y empresarios a "trabajar para levantar definitivamente el país. El gobierno nacional no dialoga con quienes paralizan sus actividades".
Mientras tanto los efectivos de las tres fuerzas armadas designados para operar las comunicaciones internacionales continuaron desarrollando sus tareas, al tiempo que la policía y el personal de custodia privada, contratado por la intervención, impidió el acceso a los trabajadores en los edificios Ciha I y Ciha.
En medio del conflicto, cuando los militares se hicieron cargo de operar los equipos de las comunicaciones, sucedió este diálogo entre un militar que hacía de operador y un cliente:
Buenos días, quisiera saber si se puede hacer una llamada con cobro revertido a Babilonia.
Un segundito que le averiguo...
El diálogo, que bien podría haber sido el fruto de un absurdo intercambio de palabras entre un bromista y un infaltable desprevenido, tuvo sin embargo como protagonistas a un operador despedido del Centro Internacional Buenos Aires (Ciba I) y a uno de los militares que manejan las comunicaciones, con el implícito objetivo de poner a prueba la idoneidad de los militares-telefónistas.
Pero la proporción de la disparatada anécdota -relatada por un telefónico cesanteado- hubiera sido menor si el integrante de las Fuerzas Armadas no hubiera demorado largos minutos revisando planillas, para luego responder: "Babilonia no está en el catálogo". Más allá de las sonrisas que pueda despertar, el hecho reviste la seriedad que impone el alto costo de las comunicaciones internacionales. La presencia militar en Ciba I, denunciada como intimidatoria por los trabajadores, podría extenderse por tiempo indeterminado pese al rechazo de los operadores, los más castigados por la interventora de ENTEL, María Julia Alsogaray, con la andanada de telegramas de despidos.
“Usurpan nuestros lugares de trabajo y no lo vamos a permitir”, se quejó una delegada del personal del Cíba 1. Los telefónicos, que habían planteado como condición para retornar al trabajo el retiro del lugar de las fuerzas del orden, amenazaron en principio con no cumplir con sus tareas; pero finalmente una asamblea de los que aún conservaban su fuente de labor, desechó la medida.
Voceros de los trabajadores describieron como irrespirable el clima que se vivía en el edificio de ENTEL de Talcahuano y Rivadavia. “El personal de la seguridad privada nos acompaña hasta el baño y hay milicos por todas partes”, indicaron.
En un intento por refutar los elogios de la interventora de la empresa nacional de telecomunicaciones a la actuación de los uniformados ("lo están hacienda bien y pueden seguir"), los portavoces apuntaron que por ineficacia de los noveles telefónicos “el país pierde cuantiosas sumas de dinero, ya que, por ejemplo, en el caso de llamadas de cobro revertido no se realizan las verificaciones correspondientes cuando hay comunicaciones con cabinas públicas”.

LAS AMENAZAS O LA REPRESION NUNCA PARALIZARON A LOS TRABAJADORES

En su larga historia de reclamos, huelgas, conflictos y las más variadas formas de lucha, los asalariados fueron sancionados, suspendidos, despedidos, perseguidos, encarcelados, deportados, torturados, asesinados, reprimidos, desaparecidos, denunciados ante la justicia, les aplicaron planes económicos contra sus intereses, leyes represivas y movilizados militarmente para ir a trabajar para el capital.
Pero también es larga la resistencia obrera, es extensa la lista de gestas proletarias de enfrentamientos a las fuerzas de represión de las clases dominantes y a los grupos parapoliciales como la Liga Patriótica o la Triple A.
Por todo eso, es que por más que los reten o los amenacen desde el atril, saquen la Ley Antiterrorista, apliquen el Proyecto X, judicialicen la protesta, manden la gendarmería o las patotas que reprimen en “nombre de”, los trabajadores seguirán protestando en las calles, plazas, rutas o lugares de trabajo, protagonizando huelgas, y movilizándose.

Leónidas F. Ceruti, historiador.

Un cielo de banderas

En el día de ayer, pasadas las 19 hs, el acto principal que se realizó sobre la Av Pavón a metros de la Estación Darío y Maxi (Ex Avellaneda) convocado por el Frente Popular Darío Santillán, reunió las voces de los familiares de víctimas de la represión estatal.

Relatar la historia contemporánea desde una mirada reivindicativa de la lucha de los sectores populares es una tarea imprescindible en la construcción de -otro- sentido contrahegmónico en nuestra sociedad, con el fin de ampliar los recorridos que éste imprima en generaciones futuras.
En el día de ayer, familiares de luchadores sociales, de jóvenes que han dejado su vida en la calle , en esos territorios que como su lugar de identidad los unía a otros impulsando “los sueños y aspiraciones propias que construirían una sociedad mejor y más justa para todos”, se congregaron uniendo sus voces, frente a una multitud que cubría el cielo de banderas, durante el acto principal de la Jornada Cultural que se realizó en la estación Darío y Maxi, por los diez años de la Masacre de Avellaneda.
El 26 de junio de 2002, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki eran asesinados por la policía bonaerense en una manifestación y bloqueo del Puente Pueyrredón reclamando el aumento de un plan social. Darío tenía 21 años, y Maximiliano 22.
El 5 de abril de 2007, la Policía de Neuquén asesinaba al docente Carlos Fuentealba a los 41 años de edad cuando participaba de una protesta cortando la ruta junto a compañeros en reclamo de un aumento salarial.
El 31 de enero de 2009, desapareció Luciano Arruga en el barrio 12 de octubre en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, lo vieron por última vez en un destacamento policial luego de haber sido gopleado brutalmente por la policía. Luciano se negó a robar para la policía, tenía 16 años.
El 20 de octubre de 2010, Mariano Ferreyra es asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria en connivencia con las fuerzas de seguridad, durante una movilización de protesta contra la precarización laboral. Mariano tenía 23 años.
El 1° de enero de 2012, Jeremías Jonathan “Jere” Trasante, Claudio Damián “Mono” Suarez y Adrián Leonel “Patóm” Rodríguez son asesinados en el barrio de Moreno, por barrabravas y narcos que trabajaban en la Comisaría 15 de Rosario, con la complicidad de la Unidad Regional II. Jere tenía 17 años, el Mono 19 y Patóm 20 años.
La criminalización de la protesta social en donde los jóvenes son las víctimas de la connivencia de los gobernantes y funcionarios políticos con las fuerzas de seguridad y los sectores que pugnan por el poder, dejan visibilizado un marco de impunidad que año tras año se acrecienta.
En diálogo con Marcha los familiares de Darío Santillán, Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra y el Mono analizan qué significa continuar peleando, cuáles son las herramientas para enfrentarse al dolor y cómo se proyectan las reivindicaciones en la organización.

Unirse para luchar

“Nos une la lucha por seguir buscando justicia, y en seguir buscando que se sepa qué es lo que hace cada uno desde su lugar, es también la necesidad de dar testimonio de lo que sucedió el 20 de diciembre, el caso de Pocho, de Fuentealba, de los tres pibes de Rosario. Hoy esto aparece como un desafío para hacerle frente a la impunidad y a la ausencia de justicia.” (Leo Santillán, hermano de Darío Santillán)
“Lo que nos une en esta lucha es el enemigo, en el caso de la Masacre de Avellaneda a través de la orden de del presidente de aquel entonces y en el caso de los pibes, por orden de los narcos conjuntamente con la policía, quienes asesinaron a los chicos.” (Lita Suárez, mamá del Mono)
“Lamentablemente, en un primer momento, lo que nos unió el carácter de asesinato, los crímenes políticos cometidos contra nuestros familiares. Tanto el operativo de Darío y Maxi, como el caso de Carlos, aunque en distintos contextos políticos, tenían un mismo fin: el disciplinamiento de los desocupados, en el caso de los jóvenes, y en Neuquén el disciplinamiento hacia los docentes organizados, prácticamente la única oposición que había contra el poder. En un segundo momento, hoy, nos une el hecho de que no hay justicia completa. Y esa semana los episodios tornaron nuestra vivencia más rebelde –en referencia a las salidas de Poblete y el traslado de Fanchiotti a una cárcel de régimen abierto– nos avisó que no hay tregua. Pero también nos une el tipo de militante que fueron Darío, Carlos y los otros que recordaremos en esta fecha, nos une su compromiso de entrega.” (Beto cuñado de Carlos Fuentealba)
“Hay varios puntos en común, uno de ellos es la solidaridad entre los familiares de víctimas de asesinatos políticos, de violencia institucional y policial. Hay un sentimiento humano y de solidaridad que logra superar, a su vez, las diferencias políticas de los asesinados frente a un punto común: el abuso policial, para que no pase nunca más.” (Pablo Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra)

Hacer frente al dolor y construir la organización.

“La impunidad, la falta de justicia de muchos policías absueltos –mas allá de los casos emblemáticos- así como en los casos de gatillo fácil y los casos que no son visualizados, nos tiene que llevar a denunciar estos casos, y en los casos más visibles, acompañarlos y poder seguir estas causas que están estancadas como en el caso de Carlos Fuentealba. Después de su muerte lo que me pasó fue poder llegar a entender un montón de cosas que él decía, el primer tiempo fue muy difícil y me costó mucho pero también vi construirse mucho reflejado en lo que él hablaba: el tema del cambio, de luchar , de lo uno que va haciendo a medida que van pasando los años.” (Leo Santillán)
“El dolor lo convertí en lucha y junto a mis compañeros estamos pidiendo justicia y seguir adelante con el cambio social. Fui dando los pasos de la lucha necesarios en este proceso que es individual pero también colectivo; movilizando todos los primeros, yendo a los Tribunales, integrando la Comisión Investigadora y siendo querellante de la causa. Un gran avance la organización, fue el avance de la causa, los procesados que ya son cinco, y en este sentido se logró un fortalecimiento de la organización luego de la Masacre de los pibes.” (Lita Suárez)
“El dolor se enfrenta con una actitud militante. Los responsables no son solo los que apretaron el gatillo, sino los que dijeron que lo hicieran. El dolor, es mucho, es el que nos convierte a los familiares en compañeros y nos confiere un parentesco político y en ese sentido es que se puede construir un sentimiento colectivo transformador.
Hay que dar el ejemplo, porque los poderosos no pueden seguir practicando terrorismo de estado en plena democracia. Nos une la multiplicación de ese ejemplo. El abrazo contenedor es tan importante como el abrazo político, uno al lado del otro.No nos olvidemos de Teresa Rodríguez, de Luciano Arruga y otros jóvenes que vienen siendo asesinados por motivos políticos. Es necesario avanzar hacia la denuncia, pero también hay que lograr que se cumpla las conquistas.” (Beto)
“Está el duelo personal, el dolor se puede compartir, pero hay dolores propios. Por otro lado, está el desafío de estar preparado políticamente para visibilizar el caso, sostener una versión que no es la de los medios. Hay que articular esa muerte y ese dolor con algo más colectivo, transformarlos en resortes institucionales para los cambios que reivindicamos y a partir de ellos crear posibilidades de discutir y cambiar las cosas. Darío y Maxi, fueron quizá los primeros muertos de las primeras luchas que cambiaron la militancia y las prácticas políticas en la última década. Su muerte es un ejemplo de los ideales por los cuales luchaban, un ejemplo de ese compromiso.
En el caso de Mariano, recién empieza a repercutir en la discusión de una agenda sobre qué tipo de trabajo y dignidad laboral hablamos. Hay, claro, que darse una discusión sobre sistema judicial y la corrupción, y sobre la flexibilidad de las condenas; hay que señalar lo que no está bien, avanzar en esas causas. Y por último, desde su ejemplo, debemos discutir qué rol tiene el sindicalismo, cómo se da en la práctica la representación sindical, qué entendemos por representación de los trabajadores.” (Pablo Ferreyra)

Marcha

Por ahora, condena social

“No hay nada”, fue la respuesta del fiscal federal Miguel Osorio a Alberto Santillán, cuando le planteó el interrogante clave de la causa que investigó las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda. Fue en su último encuentro, antes de pedir el archivo del expediente, y luego de mostrarle una pieza con decenas de cuerpos del expediente y gráficos inmensos con los cruces de 220 mil llamadas. “Le pusimos todo el esfuerzo, pero no encontramos ningún teléfono importante”, repasa Osorio en diálogo con Página/12. Sin embargo, destaca que sí probaron una comunicación del mismo día de la represión entre el ex comisario Alberto Fanchiotti y alguien de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Por su parte, el ex juez Mariano Bergés, abogado de Santillán, está convencido de que la SIDE “convenció a Eduardo Duhalde de que estaba en marcha un golpe por parte de los piqueteros con información falsa”. Y asegura que el ex presidente es el responsable de haber dado la orden de reprimir con tal magnitud.
“Es cierto que hubo luz verde, zona liberada”, afirma Bergés a este diario al referirse a la ferocidad de la cacería de los militantes de los movimientos de desocupados que aquel 26 de junio intentaron cortar el Puente Pueyrredón en reclamo de alimentos y planes de empleo. “La policía fue cebada, con orden de reprimir, no de prevenir; en el juicio oral se demostró que fueron a buscar armas para meter balas de plomo”, recuerda. Bergés rescata la labor del fiscal Osorio y comenta su hipótesis de lo sucedido: cree que el gobierno de Duhalde temió ser víctima de “otro diciembre de 2001”, y por eso la orden era no permitir que los piqueteros entraran a Capital y llegaran a la Plaza de Mayo. “Esa decisión se toma en base a información falsa que aportó el entonces jefe de la SIDE, el fallecido Carlos Soria, sobre un supuesto plan de desestabilización, un presunto golpe de Estado del cual, en realidad, no había ninguna prueba concreta”, dice. Se refiere al legajo que se le pidió a la SIDE durante el juicio oral, cuya entrega por parte de los espías había sido autorizada por el ex presidente Néstor Kirchner. “Eran dos carpetas de recortes de donde no surgía el menor indicio, era papel pintado, el único dato era lo de Gatica”, apunta en alusión a la Asamblea Piquetera Nacional del 22 y 23 de junio de 2002 en el estadio Gatica de Avellaneda.
Cuando declaró en el juicio oral, el propio Soria dijo que había enviado a sus agentes para que tomaran nota de los discursos de esa asamblea, y con ese material elaboró un informe en el que sostenía que los piqueteros estaban infiltrados por las FARC, en referencia a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Allí se habló de revolución, toma del poder, caos y volver al 19 y 20 de diciembre”, dijo. Y explicó que tomó esa iniciativa porque el ministro de Justicia Jorge Vanossi le había solicitado precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podían configurar algún tipo de delito contra la Ley de Defensa de la Democracia”. De hecho, con ese material, el 27 de junio el gobierno de Duhalde dio instrucciones al procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”. A estos hechos se refieren los familiares cuando hablan de un plan político, que habría sido exitoso si las crónicas y fotos periodísticas no hubieran desbaratado la versión oficial de “se mataron entre ellos”.
La decisión del fiscal Osorio y del juez federal Ariel Lijo de archivar este expediente, concretada hace un mes, no puede ser revertida mediante una apelación. La única posibilidad de reactivarlo sería con la presentación de nuevos elementos de prueba y en esto trabajan los abogados de los familiares. Osorio y Bergés coincidieron en marcar que quedó un cabo suelto: ambos le pidieron al juez el allanamiento de la Secretaría de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, pero como la medida se hizo mediante un oficio y no con un operativo sorpresivo no hay garantía de que los espías provinciales no hayan ocultado algo. Las razones para buscar allí tienen que ver con que el propio Fanchiotti declaró que un día antes de la masacre los jefes de inteligencia fueron informados del plan “para aplicar represión con el objetivo de restablecer el orden con precisión quirúrgica”. Y en la causa está acreditado que la mañana del 26 los jefes policiales repasaron el operativo durante su desayuno junto a un agente de la SIDE al que conocían como tal, aunque no su identidad. El fiscal también cuestionó las respuestas que recibió de la SIDE, que calificó de “mediocres”, y agregó que no hubo un trabajo serio de Asuntos Internos de ese organismo. Sobre el contenido de la llamada que habría hecho “un empleado” de la SIDE a Fanchiotti, contestaron que había sido “para averiguar qué había sucedido” el 26 de junio durante la represión. El ex comisario declaró durante tres días como testigo en la fiscalía de Osorio, pero sonó a defensa tardía. Del contenido de las conversaciones de aquella jornada respondió con evasivas.
La causa 14.215 “Ruckauf y otros s/homicidio” del Juzgado federal Nº4 había sido iniciada por Mabel Ruiz, la madre de Maximiliano Kosteki, fallecida en septiembre de 2010. “Hubo una decisión de que no avanzara esta investigación, por eso a Duhalde le transmitimos la condena social por los asesinatos y lo escrachamos en cada uno de los lugares donde se presenta”, dice Federico Orchani, querellante en la causa y miembro del Frente Popular Darío Santillán.

Adriana Meyer

Paraguay: Un golpe largamente planeado

Un Parlamento en manos de los viejos partidos oligárquicos, un Poder Judicial funcional al capitalismo mafioso y un Presidente débil pero que acabó con seis décadas de reinado colorado' el plan de un golpe de Estado soft, al estilo del que en Honduras sacó del poder a Manuel Zelaya en 2009, estaba desde hace años a la espera del momento justo.
Justamente a fines de 2009 -a un año de la asunción de Fernando Lugo- se comenzó a hablar de un juicio político por parte del Congreso, en el que el Presidente casi no tiene representación, en complicidad con el vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico. En ese entonces escribimos un artículo - Paraguay, ¿una nueva Honduras? (www.rebelion.org/noticia.php?id=94901)- en el que dijimos: “Posiblemente, la derecha paraguaya haya aprendido de los gorilas hondureños que no es bueno sacar a Lugo en pijama, de madrugada, y enviarlo a algún país vecino en un ‘avión pirata’, pero eso no conduciría necesariamente a dejar de lado sus ambiciones desestabilizadoras sino, simplemente, a ser más cuidadosos”.
La política luguista del “Mbytetépe poncho jurúicha” (ubicarse en el centro, como la boca del poncho) no ahuyentó a los fantasmas que la burguesía paraguaya se hace sobre un tránsito de Paraguay hacia el “comunismo” de Chávez, Evo y Correa. En ese entonces, la razón en la que la derecha fundamentó el pedido de juicio político era tragicómica: que Lugo había afirmado que los ricos se oponen al proceso de cambio.
Lugo dijo exactamente: “Los que genuinamente quieren cambiar el país son los que no tienen cuentas bancarias, son los que no salen cada día en las páginas sociales de la prensa... Los que quieren seguir mirando el pasado en sus privilegios' en defensa de sus cajas de ahorros en bancos internacionales, ellos no quieren cambiar”.
¿Discurso inofensivo? Puede ser, pero no en Paraguay. Las reacciones fueron insólitas: el ex candidato presidencial Pedro Fadul, del partido Patria Querida, tildó de “criminal” el contenido del mensaje de Lugo debido a su carácter “confrontacional”, que “daña el alma y el espíritu”. Curiosa, en cualquier caso, la capacidad de indignación del “espíritu” de una élite que convivió sin la menor indignación con las peores desigualdades del continente.
Por su parte, el analista Carlos Redil comentaba: “Lugo hizo un discurso incendiario incentivando la lucha de clases y la oposición no podía quedarse callada”. Redil creía, “por ahora”, que no estaban dadas las condiciones para un juicio político. “Por ahora'”.
En ese entonces se conoció un mail del ganadero chileno Eduardo Avilés, residente en Paraguay hace más de 30 años, en el que pedía una contribución entre su pares empresariales para comprar armamento, formar escuadrones e identificar y liquidar comunistas . “Ya es la hora de ponernos los pantalones largos. Hasta cuándo tenemos que esperar para combatir a estos comunistas hijos de puta, que están queriendo destruir nuestro querido Paraguay, como lo hicieron los allendistas en Chile”, decía.
El anticomunismo es moneda corriente en Paraguay. El dictador Stroessner dijo que su país era “el más anticomunista del mundo” junto a Taiwán, uno de sus principales aliados. Los negocios -políticos y monetarios- entre ambas naciones están bien documentados en el apasionante libro El Paraguay de Stroessner, de Rogelio García Lupo, que contiene un largo detalle del anecdotario sangriento de las décadas de reinado del dictador.
Cualquier reforma social, por mínima que sea, activa el anticomunismo latente de una de las más rancias oligarquías de la región. Hacer un simple catastro de las propiedades agrícolas -para no hablar de una reforma agraria- ya es una medida revolucionaria en Paraguay, donde entre terratenientes nativos y brasiguayos (hijos de brasileños nacidos en Paraguay) controlan sus haciendas a punta de escopeta.
El momento de hacer el golpe de Estado llegó tras la masacre de 17 campesinos y policías el pasado 15 de junio. “La constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas, es un hecho inédito en los anales de la historia desde nuestra independencia hasta la fecha, en tiempo de paz”, decía una parte de los cargos para el juicio político exprés que busca, tras sacar al Presidente, restaurar el viejo orden apenas erosionado por la gestión de Lugo.

Pablo Stefanoni

Mariano Moreno: revolución dentro de la revolución

Abogado y periodista, fue el líder del ala más radical de la Primera Junta de Gobierno en Argentina, instaurada luego del 25 de mayo de 1810. La revolución en su estado de mayor profundidad fue su sueño eterno.
Mariano Moreno (1778-1811). Su figura no deja de impactar: “En pocos meses, aquel abogado circunspecto, cuyas batallas más importantes se desarrollaban, pluma en mano, en alegatos para clientes importantes, ese intelectual reconcentrado cuyos mayores peligros se producían en la polémica filosófica y jurídica, se ha transformado ahora en un revolucionario que entrega plenamente sus días a la causa de la ‘Libertad, la Igualdad y la Fraternidad’, que decide fríamente la necesaria represión sobre los enemigos del pueblo y que a altas horas de la noche abandona, sin escolta, su despacho para cruzar Buenos Aires resguardándose con dos pistolas bajo su capa. A ese hombre se le adjudica ahora la tarea de otorgarle un programa a la revolución, de formular la propuesta para instaurar el ‘nuevo sistema”.
La descripción la realiza el historiador Norberto Galasso, en el libro “Mariano Moreno. El sabiecito del sur”.
Radical y apasionado, de sangre fría y un pensamiento claro y lúcido, Moreno se transforma en el futuro en Rodolfo Walsh; corren por el mismo camino, de la inmovilidad hacia el riesgo temerario, como también lo hiciera Ernesto Guevara. Riesgo politizado y consciente que apuesta a un cambio estructural de la sociedad, a través del pensamiento y las ideas, como también en la defensa de la nueva sociedad desde las armas.
Ni locos aventureros, ni déspotas descarriados; los tres comulgan en la formación y desarrollo de la conciencia histórica, los análisis de los contextos que vivieron y en la convicción de cambio total del sistema.
El verbo y la pólvora como vehículo para la revolución, postura, como mínimo, respetable que todavía sigue abierta ante una realidad de explotadores y explotados.
Las citas en el libro de Galasso de otros historiadores -reaccionarios y conservadores- dilucidan y muestran la profundidad de las acciones y el temple de Moreno. Esos historiadores lo catalogan como un visionario frente a lo que después sería el marxismo.
Una de esas citas es de la obra “Las etapas de Mayo” y su autor es Federico Ibarguren, refiriéndose a la designación del abogado jacobino como Secretario de Gobierno y de Guerra en la Primera Junta: “A tres meses de aceptar el cargo, Moreno hubo de exacerbar quemando etapas -con distorsiones dialécticas de los hechos y adelantándose a las más modernas técnicas marxistas- el encono feroz...”.
Ibargueren se manifiesta de esta forma no sólo sobre el pensamiento morenista, sino con respecto al Plan de Operaciones, encargado a Moreno por la Primera Junta y donde delinea una política estructural para el país, que va desde la industrialización a la defensa de los recursos naturales, pasando por cuestiones administrativas para dar forma a un nuevo Estado.
El mismo autor escribe: “Cincuenta años más tarde nada menos que Karl Marx (que recién vino al mundo en 1818) escribirá también coincidentemente este pensamiento clave del comunismo actual”.
En el Plan de Operaciones, Moreno no hace concesiones con las clases poderosas que trababan los cambios en Argentina: “Es máxima aprobada que las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de lo grande de un Estado, no sólo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder de absorben el jugo de todos los ramos de un Estado, sino cuando también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad; demostrándose como una reunión de aguas estancadas, que no ofrecen otras producciones sino para el terreno que ocupan pero que si corriendo rápidamente su curso bañasen todas las partes de una a otra, no habría un solo individuo que no las disfrutase, sacando la utilidad que le proporcionase a la subsistencia política, sin menoscabo y perjuicio”.
Como el Libertador Simón Bolívar y posteriormente José Martí, Mariano Moreno fue atacado por oligarcas, terratenientes y contrabandistas. Y uno de los defensores del status quo en Argentina fue Cornelio Saavedra, el titular de la Junta de Gobierno que empujó a Moreno al destierro, al que ni siquiera llegaría debido a su extraña muerte en alta mar mientras se dirigía a Gran Bretaña.
Bolívar y Moreno, junto a Martí, Guevara y Walsh, son las figuras más intensas y clarificadoras de sus épocas. Revolución, destrucción de la reacción de derecha, práxis como motor de cambio y análisis precisos sobre la realidad son los mayores legados que dejaron.

Leandro Albani.

Nuestra posición ante los hechos de Paraguay

Frente a lo que consideramos un atentado institucional que se da a la mal llamada democracia paraguaya incluída en el conjunto de las democracias "progresistas" latinoamericanas", el Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo denuncia que esta es una lucha entre poderes que no están a favor de los intereses del pueblo, siempre postergado, reprimido y asesinado por las maniobras de estos sectores, hoy en pugna.
Es por eso que insistimos en la construcción de una verdadera alternativa unitaria, principalmente encabezada por los movimientos obreros y campesinos, responsables de la fuerza de producción nacional, sobre las cuales se sostienen estos dos grupos oligárquicos y explotadores, sin dejar de lado la nefasta participación las instituciones eclesiásticas que han sido parte responsable de este descalabro político.
Ambos sectores son gestores del ingreso de las empresas multinacionales mas poderosas del mundo como Monsanto, a la vez que han firmado una ley antiterrorista impulsada por el G20, como así también son los responsables de permitir la instalación de una base militar yanqui que velará por los intereses de dichas empresas y la desestabilización del resto del continente.
El Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo llama a la solidaridad con la lucha del pueblo paraguayo.

Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo

Ni con la burocracia sindical-empresarial ni con el gobierno siervo de los monopolios agrosojeros y mineros

Frente a la prepotencia del gobierno y las mafias burocrático-empresariales que lidera Moyano, el Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo propone un llamado a la reivindicación de los derechos de los trabajadores por encima de estos sectores que defienden intereses burocráticos y patronales.
Apoyamos al desarrollo de agrupaciones clasistas y combativas que puedan romper todas las estructuras establecidas que tanto daño han hecho a las conquistas logradas históricamente por nuestra clase.
Acompañamos todas las reivindicaciones justas que se plantean, y ademas sugerimos las siguientes:
- Eliminación del impuesto a las ganancias de los sueldos de los trabajadores.
- Apertura de paritarias con un aumento inmediato del salario mínimo que supere el valor de la canasta familiar real.
- Trabajo en blanco.
- Mejorar las condiciones de trabajo.
- 82% movil para los jubilados.
- No a la desocupación.
- Establecer una jornada de 7hs de trabajo
- Eliminación del IVA a los productos de la canasta familiar y de los medicamentos.
- Subsidios para el pueblo y no para las empresas.
- No al pago de la deuda externa ilegal y fraudulenta.
- No a la "ley terrorista contra el pueblo".

Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo

La coyuntura mientras el general Julio Argentino Roca queda gravemente herido

En una Argentina donde los representantes políticos de los que mandan pueden darse el lujo de hacerse trizas en las portadas; la construcción de un empeño político unitario, alternativo al capitalismo, está en pañales. Pero existe.
El Estado corporativo norteamericano, esta vez mediante la transnacional Monsanto (http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/22562-monsanto-golpea-en-paraguay-los-muertos-de-curuguaty-y-el-juicio-pol%C3%ADtico-a-lugo.html), prosigue su recomposición hegemónica en América Latina golpeando al pueblo paraguayo al estilo hondureño. Revela así a los desmemoriados, cómo el imperialismo se vale de tácticas adecuadas a los estados de la lucha de clases a escala mundial y continental para resolver la crisis capitalista en curso; la recuperación y ampliación de su tasa de ganancias a través del despojo sempiterno de los recursos naturales y la ubicación primario extractivista y agrominera a la que está condenada Latinoamérica en el sistema-mundo, en tanto no destaque por necesidad, argumento y fuerza una estrategia liberadora unitaria del pueblo trabajador que trascienda las fronteras impuestas por las clases dominantes locales, pura extensión subalterna de los intereses del imperialismo financiero.
¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un proyecto de inspiración popular y desarrollista –por descafeinado que sea, que ni para conquistar derechos básicos y democráticos de primera necesidad alcanza- con su enemigo de clase durmiendo con un ojo abierto en la misma cama? ¿Cuáles son los límites, los tiempos y la suerte de administraciones estatales aspirantes a ‘socialdemocracias para países periféricos’? ¿Es siquiera posible hablar de socialdemocracia en una América Latina integrada al movimiento del capitalismo mundial como ‘dadora de sangre’ irrecuperable para beneficio de los Estados tutelares del planeta? ¿No es acaso esa misma condición de dependencia y ubicación fundacional en la división internacional del capital la que obliga a Latinoamérica a convertirse en un territorio político y económico unido por abajo y por el medio y por arriba, por requerimiento histórico, lejos de todo romanticismo y anclado metálicamente al fin del bienestar objetivo de sus pueblos? ¿Por qué alguien puede considerar los apetitos de los Estados chino y ruso como una alternativa progresiva respecto del imperialismo norteamericano para privilegiar sus alianzas? ¿Existen imperialismos ‘mejores’ que otros o sólo existe imperialismo y sus pugnas internas?
Mientras Paraguay guevara, es decir, desbarata los espejismos –inocentes, pagados o simplemente imbéciles- provenientes del fetiche de las democracias representativas, en Argentina las luchas intraperonistas determinan la agenda palaciega. El peronismo de derecha encabezado por el proclamado candidato a las elecciones nacionales de 2015, el gobernador y empresario de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, se apoya, tanto sobre el dirigente sindical camionero Hugo Moyano, también empresario y transitoriamente ‘dueño’ de buena parte de la Central General de Trabajadores (CGT), como de fracciones del capital terrateniente, para moverle el piso a la administración más pirotécnica que efectiva de CFK. Desde la Casa Rosada, la Presidenta cobra mejor prensa en los foros internacionales que en país, en tanto el pueblo argentino todavía soporta el alza cotidiana del costo de la vida a punta de microcréditos de consumo con fecha de vencimiento. El trabajo ‘informal’ o ‘en negro’ –uno de los pilares de un modelo para multiplicar el plusvalor y que sabe a escala mundial que los empobrecidos permanecen más controlados socialmente con un mal trabajo que con ninguno- oficialmente está en un tercio de la fuerza laboral; la vivienda propia es un privilegio imposible para la mayoría; la industria del narcotráfico y la prostitución crecen como espuma; y la inseguridad (laboral, económica, y, en consecuencia, delincuencial), la violencia patriarcal y la corrupción, condimentan la comida china vendida por kilo y sustituta de las parrilladas. Para el país, de acuerdo a analistas de uno y otro lado, se avizora un nuevo ciclo recesivo debido a la contracción del crecimiento brasileño y chino, que se estaría larvando ahora mismo, pero que se expresaría con superior nitidez hacia fines de 2012; y la sensación térmica de los trabajadores y el pueblo aún es de incertidumbre, resignación o inquietante malestar. El trauma social provocado por la insubordinación popular devenida de la crisis de principios del milenio funciona contradictoriamente: para unos como eventualidad nuevamente sin conducción política popular, y para otros como terror paralizante.
Por abajo y a la izquierda, el sectarismo miope y maximalista hace nata. Ofrece luchas acotadas con marca registrada y, en muchas ocasiones, se da de puñaladas cortoplacistas –como si el enemigo principal fuera otra fracción del partido quebrado y no el imperialismo y las clases dominantes-. La cantidad de banderas que no dicen nada al pueblo trabajador se subdividen entre sí hasta el absurdo, y la sola ‘unidad en la acción’ opera como estrategia y no como táctica. En una Argentina donde los representantes políticos de los que mandan pueden darse el lujo de hacerse trizas en las portadas; la construcción de un empeño político unitario, alternativo al capitalismo y que como punto de llegada aspire a representar de manera concreta y desde el movimiento real de los trabajadores y el pueblo sus intereses históricos, está en pañales. Pero existe.

LA REUNIÓN ES LA ESTRATEGIA POLÍTICA

Casi como un pretexto para provocar acercamientos políticos que mañana cristalicen en una organización constelada, el 21 de junio terminó la primera parte de la Campaña Chau Roca con un acto cultural abierto y en la calle, donde se encuentra el monumento enrejado al general Julio Argentino Roca del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires y que persigue su retiro de allí. Roca fue uno de los ejecutores protagónicos de la llamada ‘Campaña del Desierto’ a fines del siglo XIX y comienzos del XX, donde fueron exterminados miles de indígenas con el objeto de usurparles tierra y entregárselas a los terratenientes de la época y ‘mejorar la raza’ con inmigrantes europeos. Fue la conquista sangrienta del ‘espacio vital’ de la clase dominante argentina. Posteriormente, como presidente de la nación, el general Roca fue el primero en reprimir y expulsar obreros en general, y a trabajadores y dirigentes anarquistas y socialistas del país, en particular.
Sobre la iniciativa, Mariano Rosa, Coordinador General de la iniciativa, señaló que “hemos logrado una fuerte instalación del objetivo con el historiador Osvaldo Bayer recorriendo universidades, con el dirigente originario Qom, Félix Díaz, y con una jornada cultural que agrega a la campaña a centenares de participantes. Es el momento ya de volverla una Campaña nacional.”
El actor y ex diputado de la Ciudad, Víctor Bidonde, entre el 2003 y el 2007 fue el primero en presentar legislativamente la idea de sacar al militar de un lugar de privilegio, esa ofensa para los humillados.
-Considerando los poderes que ostentan y mantienen los dueños de la tierra en Argentina, donde ni siquiera ha existido una reforma agraria simbólica o parcial (base a fin de cuentas de cualquier intento industrialista), la estatua, las calles, las plazas que llevan el rostro de Roca son expresión a lo largo de todo el país y no sólo del centro de la Capital, de esa fracción de clase dominante, ¿qué porvenir le ves a la caída del monumento?
“Cuando presenté el proyecto de ley el 2005, a instancias, ocurrencia y mérito de Osvaldo Bayer, no había condiciones de conciencia suficientemente intensas para que se concretara. Ahora es distinto. Hay mucho más respaldo y participación popular. Más vigor y organización. Más madurez respecto de la continuidad existente entre los viejos genocidas y esclavistas con los actuales.”
Juan, estudiante de 19 años, por su lado indicó que “Esto es importante para que se conozca la historia real del país. La Campaña del Desierto significó la embestida militar contra los pueblos originarios para apoderarse de su tierra. La antesala al mismo comportamiento del general Roca, esta vez como presidente de la nación, con sus políticas antiobreras.”
-¿Y tu generación cómo observa esta lucha?
“Contradictoriamente. Una parte está a favor de cambiar la sociedad y sus símbolos de clase; otra quiere que las cosas se mantengan tal cual; y hay una mayoría indolente. Sin embargo, la sensibilidad sobre el asunto es tangible.”
Entre los asistentes, hubo muchos migrantes. El boliviano de Potosí, Llanel dijo que “Hace poco me enteré que este tipo arriba del caballo fue un asesino. Y como se quiere cambiar la estatua por una indígena, estoy aquí.”
Con voz emocionada, Julio, peruano y miembro del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, recita el poema de su autoría ‘No te avergüences hermano’: “Si apenas te has educado y todo el tiempo sufrido / si siempre te han oprimido por ser un pobre paisano / la culpa la tienen otros / con bancos, cheques y minas / de todo tiene el patrón, nosotros nada tenemos /si sólo de sufrimiento se compone nuestro rumbo, ya no vayas de tumbo en tumbo / si rotoso y hambriento, en tu centro de trabajo, en tu barrio, en donde sea / hagan que todo el mundo vea a los de arriba y a los de abajo / no te tragues un carajo de tu mismo corazón”.
A la consulta sobre el sentido de la actividad, Antonio Célico, actor, director teatral y docente, fue directo al grano cuando señaló que “Me parece interesante que a través de una iniciativa fuertemente cultural puedan encontrarse personas de pensamiento diversos. Las dificultades que padece Argentina para que la propia izquierda dialogue pueden también combatirse de esta manera. De una desmonumentalización podemos caminar para pensar juntos qué país queremos. La reunión es la estrategia generosa que debería conducirnos hoy.”
Por último, el diputado anticapitalista que presentó nuevamente la iniciativa en marzo de 2012, Alejandro Bodart, informó que “Ahora en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires existen tres proyectos muy similares de otros bloques políticos, lo que significa que la campaña ha tenido un impacto político. Es importante que se sepa que el jefe de gobierno, el ultraderechista Mauricio Macri (que debe ser ídolo de Roca como representante político de esa clase social, y que me lo imagino por las noches subiéndose secretamente en el caballo estatuado), no tiene mayoría en la diputación; la oposición tiene mayoría. No es posible que en el centro de la Ciudad se erija un monumento al genocidio, al robo, a un sujeto que reimplantó la esclavitud en Argentina y que consideraba que los pueblos originarios y los trabajadores eran ‘sub razas’”.
-Para una parte de los argentinos, Roca es un héroe…
“El pueblo, como parte de su lucha larga, debe poner sus propios símbolos. Por eso Roca debe sacarse de aquí y colocarse la obra magnífica de la Mujer Originaria que está en construcción. La cara de Roca tampoco puede estar en el billete de más valor en circulación (el de 100 pesos). El verdadero héroe es la persona común que con su sacrificio construye el país día a día, mientras es condenado a la miseria y al despojo.”
-La mayoría de los asistentes al acto son jóvenes…
“Significa que los pocos de arriba no han podido borrar la historia. Es decir, existe futuro para la emancipación. Lo cierto, en todo caso, es que resulta perentorio unirnos para tener la fuerza que nos permita cambiar la realidad.”
-¿Cuáles son las condiciones para que un proyecto que atenta contra el imaginario de los poderosos se haga efectivo?
“Qué haya movilización popular real. Sin ella, en el gobierno de la Ciudad no ocurrirá nada. Y es preciso contar con una política amplia y unitaria, porque este no es mi proyecto: es una causa justa por sí sola. En estas actividades van creándose los lazos de la sociedad que todavía no existe, pero que hay que crear. Nadie cambia el mundo, cambiando una estatua, claro. Sin embargo, estas iniciativas generan ámbitos propicios para la reunión y la tarea grande de construir una herramienta política, una alternativa, para transformar la realidad entre todos quienes buscan una sociedad distinta. Ya no es posible que un pequeño grupo de personas viva a costa de la mayoría y de que todo esté gobernado por la ganancia. Para mí se trata de edificar una sociedad socialista. Otros le pondrán otro nombre. Eso hoy es lo menos importante.”

Andrés Figueroa Cornejo