Ayer comenzó a circular la foto de familia de la comitiva de diputados nacionales de La Libertad Avanza que visitó a los genocidas presos en la cárcel de Ezeiza. En la imagen, se ve a los legisladores rodeados por una docena de represores condenados, entre ellos, Alfredo Astiz y Adolfo Donda, apropiador de su propia sobrina, Victoria Donda. El ex agente del Batallón 601, represor de Automotores Orletti y ex custodio de Raúl Alfonsín, Raúl Guglielminetti, le habría entregado en mano a los diputados el borrador de un proyecto legislativo de su autoría para beneficiar a los condenados por crímenes de lesa humanidad con la prisión domiciliaria.
El encuentro se produjo dos días después del desfile militar del 9 de julio que encabezaron Javier Milei y Victoria Villarruel. Fue organizado por el diputado entrerriano Beltrán Benedit. Participó también el bonaerense Guillermo Montenegro, espada de Villarruel. A muchos les llamó por eso la atención la ausencia de Alberto Eduardo González, el represor de la ESMA a quien se atribuye haber sido el mentor de la actual vice. La comitiva se trasladó en un vehículo oficial.
La visita forma parte de un proyecto muy vasto. Aquel desfile por el Día de la Independencia fue la escenificación de la aspiración del gobierno de devolverle protagonismo político a las Fuerzas Armadas. Acaba de enviar al Congreso el proyecto que habilita a los militares a intervenir en la represión interna en nombre de “la lucha contra el terrorismo”. Su intervención en materia de seguridad interior, por ahora, se encuentra reservada para el caso de ´conmoción interna´. La nueva legislación les permitiría patrullar y trabar combate. Los mandos militares han planteado sus ´reservas´ y reclaman garantías de impunidad. La visita oficial del bloque liberticida está vinculada a ese propósito. Hubo más visitas de diputados libertarios a los represores detenidos. El 15 de marzo, Benedit y la diputada porteña Alida Ferreyra fueron a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Una semana antes, “el ministro de Defensa, Luis Petri, había mandado a dos de sus hombres: el subsecretario Guillermo Madero y el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes. De ese encuentro, los funcionarios se llevaron un boceto de decreto para establecer que el plazo máximo para las investigaciones era de 25 años. El decreto circuló en el bloque de La Libertad Avanza (LLA). En base a esa propuesta se armó un proyecto de ley que establecía en 20 años el plazo razonable” (Página/12, 7/8). En una entrevista muy reciente, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libaronadeclaró que le parece “salvaje” que haya “más de 300 personas, muchos de más de 80 años que están enfermos y están todos presos. Eso no es justicia. Es venganza” (La Nación, 5/8). Los voceros de un gobierno caracterizado por su inhumanidad, han abrazado la ´causa humanitaria´ de los genocidas.
La impunidad de los represores ha estado en la agenda de todos los gobiernos, desde las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Alfonsín, los indultos de Menem, la reapertura de los juicios 30 años después del golpe, el nombramiento de César Milani -sindicado como partícipe de la represión- al frente del Ejército por los K y el 2x1 de la Corte durante el macrismo; asociada a la pretensión de conquistar el apoyo de los militares. La ´democracia´ patronal nunca se despojó de su militarismo a ultranza, a pesar de la bancarrota política de los milicos luego de la dictadura y del fracaso de Malvinas. Asimismo, estas tentativas ha sido motivo de crisis políticas y de grandes movilizaciones populares. Las cifras desmienten el ´fin de la impunidad´: los datos oficiales indican que hay únicamente 32 personas por crímenes contra la humanidad con sentencia firme en las cárceles, mientras que el 80 por ciento de los detenidos están en prisión domiciliaria. Los represores llevados a la Justicia, sumando procesados y condenados, nunca alcanzó el millar, cuando los campos de concentración relevados en todo el país fueron al menos 900. Buena parte, además, murió durante el proceso, lo que algunos llaman “impunidad biológica”.
La movililización planteada contra este operativo para largar a los genocidas tiene profunda vigencia. El ´protocolo antipiquete´, el programa de ´seguridad productiva´ -para militarizar las ocupaciones y bloqueos de grandes empresas-, el reequipamiento militar, la impunidad de los represores y el incremento de los ´fondos reservados´ de la SIDE; forman parte de un dispositivo preventivo contra un eventual levantamiento popular. El kirchnerismo cacarea, pero se adapta a las condiciones que imponen los energúmenos del oficialismo, evitando confrontar con el protocolo de Bullrich.
La defensa de las libertades democráticas y del derecho a luchar se encuentra al frente de la agenda de todos los luchadores.
Jacyn
07/08/2024
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