En medio de su spot publicitario contra el Polo Obrero, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acusó a la organización piquetera del llamativo delito de “lavado de dinero”, que ni siquiera consta en la causa ni en el procesamiento del juez Sebastián Casanello. Misma actitud que asumió Capital Humano con un comunicado oficial. Paradójicamente el gobierno nacional promueve el lavado de dinero y los negocios del narcotráfico con el blanqueo de capitales, el encubrimiento y la entrega de los barrios con el vaciamiento de los comedores populares.
La ministra, en efecto, acusa en su video a las organizaciones piqueteras de “tener empresas” y “lavar dinero”, sin aportar ni una sola prueba al respecto, con el solo propósito de alimentar la confusión y desenvolver una operación política contra quienes resisten el ajuste en marcha.
La mención al lavado de dinero no es un hecho fortuito sino que busca desviar la atención de la responsabilidad oficial en el progreso y continuidad del delito organizado y el narcotráfico en el país, con la ministra Bullrich entre sus principales responsables.
El gobierno nacional se encuentra envuelto actualmente en medio de la crisis por la desaparición de Loan Peña, que parece indicar la existencia y funcionamiento aceitado de redes de trata de personas en el país. La propia Bullrich colaboró con el desvío de la investigación, dando crédito a la hipótesis poca fundada del “accidente de tránsito”, intentando, junto al gobernador Valdés, de no profundizar en la investigación e un crimen con varios funcionarios y el poder político implicados.
Además, el gobierno nacional acaba de habilitar una vía de lavado de dinero segura por medio de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, con el blanqueo de capitales, lo que garantiza que estos negocios oscuros del crimen organizado puedan “limpiar” sus frutos y colaborar con los objetivos fiscales del gobierno.
Bullrich acusa a las organizaciones sociales y piqueteras de una práctica que el gobierno favorece y encubre. En pocos días tres jueces, a instancias del gobierno, ordenaron casi 100 allanamientos sobre comedores populares y sus organizaciones: algo inédito que no ocurre en la misma escala contra los narcotraficantes ni contra el crimen organizado, como lo denunció Eduardo Belliboni en la reciente conferencia de prensa del Polo Obrero.
Mientras el gobierno y su ministra acusan al Polo Obrero de lavado de dinero, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, continúa desobedeciendo impunemente la manda judicial que la obliga a repartir los 6 millones de kilos de alimentos encanutados a los comedores populares.
Esta política de vaciamiento y liquidación de los comedores populares está allanándole el terreno a los narcos en los barrios, para que estos amplíen su poder territorial haciéndose cargo de lo que el Estado ajusta. Bullrich y Pettovello son partícipes necesarias de esta orientación en favor del narcotráfico y sus delitos asociados.
Los comedores populares son, muchas veces, quienes encabezan la lucha contra los narcos en los barrios, expulsando a los vendedores y organizando a las y los vecinos contra las zonas liberadas y la complicidad policial y de los funcionarios públicos.
Bullrich apunta con su dedo acusador cuando ella misma se encuentra en el ojo de la tormenta, atacando a las organizaciones piqueteras y los comedores populares mientras prolifera el crimen organizado. Los amigos de los negocios espurios están dentro del gobierno, no afuera.
Basta de perseguir a los luchadores y activistas. Que entreguen los alimentos a los comedores populares. Desmantelamiento del crimen organizado y las fuerzas policiales que lo integran. Fuera los encubridores y socios de los negocios turbios del gobierno.
Marcelo Mache
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