Milei y Villarruel en el desfile militar del 9 de julio.
El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en la seguridad interior del país para el caso de supuestos hechos calificados de “terrorismo”. Estamos ante un intento de reforzar un Estado represivo y la política de una “democracia de infantería” por parte de un gobierno que ha demostrado violentar todas las garantías y derechos constitucionales en la materia, y que apunta prioritariamente contra la movilización popular y no contra los narcos.
El proyecto plantea la intervención de las FF.AA. a pedido de un eventual comité de crisis, que se conformaría con las fuerzas de seguridad federales del Estado nacional y los gobierno provinciales, desde donde “deberán especificar las posibles acciones a desplegar, el área geográfica específica de actuación y el tiempo de duración” de las intervenciones militares, con amplias facultades discrecionales.
La iniciativa prevé calificar como “no punible” el accionar de los militares “en cumplimiento del deber” en tareas de seguridad interior, aunque esto sigue despertando dudas entre los sectores castrenses, quienes no se fían de que la volatilidad política nacional los deje luego mal parados y juzgados.
Por más que se intenta presentar esto como una medida “pragmática” y “desideologizada” para, supuestamente, combatir el narcotráfico, el proyecto viene de la mano de una fuerza política que actualmente protagoniza un escándalo por organizar visitas de respaldo político a los genocidas de la última dictadura militar y que no ha dudado en calificar como “actos terroristas” a las manifestaciones populares en contra de la Ley Bases y el ajuste oficial.
Desde el gobierno sugieren que esto se trataría de una “alternativa intermedia” entre la declaración del Estado de Sitio y la “normalidad institucional”, cuando en efecto se encuentran virtualmente abolidas las libertades democráticas y derechos constitucionales a peticionar ante las autoridades y manifestarse.
La ambigüedad de la argumentación oficial es manifiesta, al tiempo que no se aporta ningún informe oficial del fracaso de las fuerzas de seguridad en el supuesto combate contra el narcotráfico que daría lugar a intentar planteos de este tipo. Más aún cuando se mantiene indemne la libertad de acción de los puertos privados y la integración de funcionarios y jueces en el crimen organizado.
El propio ministro de Defensa, Luis Petri, señaló que “a partir de esta declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la patria, inmediatamente las fuerzas armadas van a realizar tareas de seguridad en el interior, como patrullajes y detención en flagrancia cuando se cometa un delito”, dejando en claro que estaríamos ante potestades discrecionales en manos de un gobierno antojadizo y represivo.
En menos de un año de gestión, el gobierno ha apuntado su artillería principal contra las organizaciones sociales y piqueteras y la movilización popular, con despliegues represivos enormes y reiterados, mientras ha mantenido intacto el negocio de los narcos. Esto dejó expuesto Eduardo Belliboni del Polo Obrero cuando ante los medios denunció que el gobierno y la Justicia llevan protagonizados casi 100 allanamientos contra militantes, activistas y comedores populares: una cifra holgadamente superior a lo que se conoce contra el narcotráfico, que se realiza a cuentagotas.
La iniciativa oficial busca volver a empoderar a las Fuerzas Armadas, en el marco de un crecimiento de la crisis social y económica, para habilitarlas en la represión interna contra los trabajadores, como ha quedo de manifiesto en las expresiones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el propio presidente Javier Milei, cuyo gobierno y Justicia adicta mantiene aún privados de su libertad a dos manifestantes contra la Ley Bases.
No existe –ni existirá- ninguna campaña real contra el narcotráfico, de la mano de los gobiernos capitalistas cómplices del crimen organizado, sino una clara política de blanqueo de las fuerzas represivas del Estado –a lo que se suma el reciente desfile militar del 9 de julio- para ejercer todo el monopolio de la fuerza física contra los trabajadores y sus reclamos.
Marcelo Mache
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