En junio pasado, durante un peritaje al celular de María Cantero, secretaria del ex presidente, en el marco de la investigación por las contrataciones irregulares de seguros con fondos del Estado nacional durante el gobierno de Alberto Fernández, se descubrieron mensajes y fotografías que daban indicios de múltiples episodios de violencia contra Yáñez por parte de su marido, el exmandatario, en la residencia de Olivos. Esos mensajes llevaron al juez Ercolini a abrir un legajo reservado que envió a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ercolini decidió convocar a Yáñez para preguntarle si deseaba presentar una denuncia penal contra Fernández. En un primer momento, Yáñez desestimó esa posibilidad, lo que llevó a que el expediente fuera archivado. Sin embargo, esta información se filtró y fue difundida en calidad de rumor por los medios. Es la propia involucrada quien decidió poner fin a los rumores y presentar la denuncia formal. El impacto político ha sido formidable porque ha servido al Gobierno y al macrismo para golpear a la principal oposición parlamentaria y porque les ha servido también para esgrimir la violencia de género contra un rival largamente empeñado en la demagogia feminista.
Luego de la denuncia se han revelado decenas de datos relacionados con los episodios de violencia ocurridos en la Quinta de Olivos, desde “hostigamiento psicológico”, persecución y maltrato físico, antes, durante y posterior al embarazo de Yáñez. La denuncia incluye la vigilancia permanente de un policía de la Federal contra Yáñez “para evitar que se vaya” (Radio Mitre, 7/8). Entre los mensajes peritados, habría un mensaje de Yáñez a una ex ministra de Mujeres, sin decir cuál de las que ocuparon el cargo, solicitando ayuda, quien habría respondido: “No se puede hacer nada, ya va a pasar” (LPO, 6/8). La ex ministra Gómez Alcorta había presentado la renuncia en octubre de 2022, luego del operativo del Gobierno contra mujeres mapuches que fueron reprimidas, desalojadas, trasladadas al penal de Ezeiza e incomunicadas; una de ellas fue obligada a parir en prisión. Ante esta andanada de acusaciones, Alberto Fernández emitió un comunicado mediante sus redes sociales en el que dice que la “realidad de los hechos fue otra”, y se ha comprometido a demostrar que las acusaciones son falsas ante la Justicia. Ercolini, por su parte, ordenó a los fiscales desarrollar la investigación, dictó la prohibición de abandonar el país a Alberto Fernández, además de cualquier acercamiento acercamiento o contacto con Yáñez.
El hecho ha tomado trascendencia internacional dada la relevancia de la figura política de Fernández y produjo conmoción en un sector de la población.
Las voceras femeninas del gobierno de Javier Milei, o sea, las enemigas de los derechos de la mujer, no han desaprovechado la oportunidad para atacar al movimiento de la mujer, que lucha contra la violencia de género y contra todo lo que sea una doctrina de género o una doctrina socialista en relación a la mujer. Las feministas de ultraderecha que alzan su voz ahora pertenecen a la corriente política que apoyó a la dictadura militar, es decir a los represores, genocidas, violadores y asesinos.
También se vieron obligadas a pronunciarse algunas ex funcionarias y militantes de las filas de Fernández. Si las pruebas contra Fernández se prueban en sede judicial, estaríamos ante el caso más flagrante del fracaso y de la hipocresía acerca de la protección estatal de la mujer, en la misma sede del Poder Ejecutivo. El frondoso andamiaje de leyes, observatorios, secretarías y emergencias con que el estado que defiende la opresión social pretende declararse solidario con la mujer trabajadora, se ha ido por la cloaca. La herramienta fundamental de la mujer trabajadora sigue siendo la lucha independiente. Esa independencia servirá para remover la división de género en la clase obrera y forjar una conciencia socialista común.
Violeta Gil
08/08/2024
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