Susana Beatriz Montoya, de 74 años, fue asesinada en su domicilio ubicado en Barrio Ampliación Poeta Lugones, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. La víctima es madre de Fernando Albareda, militante de H.I.J.O.S., que venía recibiendo graves amenazas desde hace meses. En la escena del crimen dejaron un mensaje sobre la pared “los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. Policía”.
Albareda encontró el cuerpo de su madre en la mañana del pasado sábado, la habrían asesinado en las horas del viernes producto de un fuerte golpe en la cabeza y un corte de arma blanca.
Fernando descartó que el crimen esté vinculado a una situación de robo. El fiscal del Distrito 4, Turno 3, Juan Pablo Klinger interviene en un caso que causó conmoción en Córdoba.
Fernando es hijo de Ricardo Fermín Albareda, militante del ERP, que trabajaba en la División Comunicaciones de la Policía de la provincia. La patota de la D2 lo secuestró y desapareció en 1979, en septiembre del mencionado año fue llevado al centro clandestino de detención instalado en el Chalet de Hidráulica o la Casa de la Dirección General de Hidráulica del dique San Roque, también conocido como El Embudo, bajo las órdenes del genocida Raúl Telleldí.
Fernando es un activo militante por el juicio y castigo a los genocidas de la última dictadura cívico militar, lo que le causo ser víctima de amenazas durante años. También desarrolló acciones para reparar el legajo de su padre. Tras la llegada de Javier Milei a la presidencia las amenazas recrudecieron. En diciembre del año pasado, Fernando recibió el siguiente mensaje: “Se te terminaron los amigos en la Policía. Te vamos a juntar con tu papito. Vas a morir”.
En una entrevista a Cba 24, Fernando aseguró que el crimen de su madre fue un “asesinato”. Y ante la consulta sobre alguna sospecha, Albareda expresó: “Desde el advenimiento de la democracia, al no haberse depurado nunca la fuerza policial, sospecho de todo el mundo”.
Así las cosas, el crimen de Susana Beatriz Montoya se da en un cuadro de reiteradas amenazas, incluso con simbología nazi. A lo que hay que agregar el discurso negacionista que emana desde el Poder Ejecutivo, las visitas de diputados nacionales y funcionarios a los genocidas, que persiguen el intento de liberarlos. Esto junto a una orientación de criminalización de la protesta, y persecución a las organizaciones de lucha da cuenta de un régimen abiertamente represivo que desconoce las libertades democráticas.
En este marco, es necesario la unidad en la lucha contra el ajuste, la represión y la impunidad. Exigimos que se esclarezca lo sucedido y la cárcel efectiva para todos los culpables. El Estado es responsable.
Desde el Partido Obrero abrazamos a familiares y amigxs de la víctima en estas horas de profundo pesar. Será justicia.
Osvaldo Nin
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