El gobierno nacional tiene en carpeta un proyecto de ley para que el Tesoro Nacional se haga cargo de los gastos de la Reparación Histórica que hasta el momento son financiados por el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Simultáneamente, se acordará la renovación de vencimientos de los préstamos a las provincias.
Las autoridades de ANSES sostienen que se agotó la recaudación del blanqueo. Este dinero estaba destinado a través del FGS a la ANSES para la cobertura de los pagos de la Reparación Histórica, como fue aprobado, en 2016, con la ley de “sinceramiento fiscal”. Por lo tanto, dice ANSES, se deberían vender activos del FGS a un precio inferior al que fueron comprados. El pago de la RH conlleva $10.000 millones mensuales y según los últimos informes de abril el FGS contaba con activos por 38.000 millones de dólares. Hace dos años era de 68 mil millones de dólares – el derrumbe obedece a la desvalorización de los títulos en pesos y la caída de la cotización de los nominados en dólares. Se ha saqueado el FGS, mediante la compra de deuda en manos privadas – el llamado ‘desendeudamiento’.
Además, este proyecto plantea que el FGS se haga cargo de la caída de los ingresos o recursos previsionales de la ANSES como consecuencia de la situación planteada por el covi-19.
Por su parte, el estado creará un Fondo Fiduciario Publico de “Inversiones Estratégicas” para la inversión en sectores claves de la economía administrado por el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior). El gobierno tomará para el nuevo fondo de inversiones el 3,5% del patrimonio del FGS, es decir 1.300 millones de dólares (al cambio oficial).
El proyecto anula el cobro de intereses sobre los créditos acordados, suspendidos por la pandemia. Cuando vuelva la normalidad, se seguirán pagando las cuotas. También plantea que la ANSES y el Ministerio de Economía deberán calcular la disminución de los recursos previsionales por la pandemia y estipular la suma resultante de estas pérdidas y afrontarlos con la cesión de los títulos públicos que posee el FGS. Serían excluidos del cálculo de pérdidas las reducciones de aportes patronales dispuestos por el Congreso y el Poder Ejecutivo y la postergación del pago de las cargas sociales. Tampoco se tomarán en cuenta los pagos del IFE o de una parte del salario de los trabajadores.
El proyecto plantea frente a las deudas de las provincias con el FGS un plazo de 90 días para que ANSES renegocie los contratos de préstamos a un plazo de 8 meses con la ventaja para las mismas de convertir el capital adeudado en un bono con plazos fijado por el poder Ejecutivo.
Este cuadro de situación evidencia que el manejo del dinero que pertenece al conjunto de los jubilados esta direccionado hacia los grandes negociados capitalistas, al pago de la deuda y al salvataje de las patronales. En los últimos años, el FGS se ha desvalorizado en millones de dólares, mientras la abrumadora mayoría de los jubilados cobramos $18.000 de haber mínimo. Somos las primeras víctimas de una política dirigida a defender a los intereses capitalistas por sobre la vida de trabajadores y jubilados. A su turno, este quebranto será esgrimido como razón para proceder a la liquidación del sistema de reparto y su sustitución por una pensión asistencial a la vejez, que los fondos de inversión ofrecerán “complementar” mediante la recreación de un sistema de capitalización.
Aumento de emergencia inmediato de $30.000 para jubilados y pensionados. PAMI y ANSES debe ser dirigido por sus afiliados y trabajadores.
Charly Petrillo – Jubilados Clasistas
23/08/2020
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