Los incendios en el Delta y el debate en torno a una normativa.
La sojización o agriculturización de la zona pampeana produjo un notorio desplazamiento de la actividad ganadera fundamentalmente hacia el norte del país, y también -en menor escala- hacia el Delta bonaerense y entrerriano. Es el conocido avance de la frontera agropecuaria. Este es el proceso que está detrás de la devastadora quema de pastizales en las islas que inunda de humo las ciudades del litoral y hasta el Área Metropolitana.
En el Delta bonaerense se crearon cerca de 50.000 hectáreas de sistemas silvopastoriles (forestaciones + ganadería), mientras que en el Delta entrerriano se pasó de una dotación normal de ganado cercana a las 200.000 cabezas a dos millones, lo que hace que las quemas estén al orden del día para habilitar nuevas tierras para el pastoreo. La vegetación típica de esta zona es por lo general herbácea (más del 80%), siendo un porcentaje mínimo de árboles nativos (4%).
Si bien las quemas localizadas son una práctica desde hace mucho tiempo, la mayor demanda de superficies de pastoreo y la seca impresionante que se registra en este año en particular, con innumerables cursos de agua totalmente secos (bajante sin precedentes del Río Paraná), hicieron que la situación se desmadrara. Es enorme la gravedad de los incendios, que devoran cerca de 90.000 hectáreas donde la quema afecta a la totalidad de la vegetación herbácea, genera pérdida de biomasa vegetal almacenada en el suelo -que tarda un centenar de años en formarse-, de mucha biodiversidad (flora y fauna) y la emisión de gran cantidad de dióxido de carbono -principal gas causante del efecto invernadero. Llevamos siete meses con incendios.
El cuarto corte sobre el puente Rosario-Victoria, con 5.000 personas diciendo al unísono “¡basta de quemas en las islas del Delta!”, liderada por la movilización de la juventud, los trabajadores y los partidos de izquierda, merece una respuesta. Lo mismo el perjuicio que sufren las poblaciones que día a día absorben el nivel de toxicidad del humo y las cenizas que contaminan todo, en plena pandemia. Por lo demás, los servicios ambientales que prestan estos humedales están desapareciendo, y con ello se perjudica a la población en general.
En este contexto crecen los reclamos por la sanción de una ley para la protección de los humedales. Estos representan una cuarta parte del territorio nacional, siendo cerca de 600.000 km2 de ecosistemas naturales que proveen calidad de vida tanto a los pobladores locales como a los habitantes de áreas vecinas. El punto de partida para revertir la situación debe ser una prohibición inmediata de las quemas, para luego establecer los niveles de protección de los distintos tipos de humedales, excluyendo actividades económicas, en base a una elaboración de las organizaciones que luchan contra la depredación capitalista. Las asambleas ambientales tienen que participar en estos procesos, son la única garantía de preservación de estos ambientes. La organización de los vecinos es entonces fundamental, para triunfar hay que redoblar el reagrupamiento independiente y combativo de la población trabajadora.
Por el contrario, esta catástrofe ambiental es amparada por los gobiernos de Omar Perotti y Gustavo Bordet, de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente, que se pasan la pelota uno al otro con amparos judiciales mientras permiten la continuidad de los incendios. Al igual que el gobierno nacional, reaccionan frente a los hechos consumados, pero son culpables por no actuar frente a prácticas que son habituales todos los años. Esto también es un limitante a la efectividad de una ley de humedales, si tenemos en cuenta la experiencia de conflictos que se desarrollan en torno a la Ley de Bosques nativos y su Ordenamiento Territorial a cargo de las provincias, que ceden a la presión de los capitalistas para avanzar sobre las áreas protegidas.
Actualmente hay seis proyectos en la Cámara de Diputados y tres en el Senado, que a raíz de las quemas en el Delta han cobrado actualidad y está previsto que se traten en el corto tiempo. Mientras tanto, la Comisión de Recursos Naturales de Diputados lleva dos semanas en reuniones con la participación de gente que vive en esos ambientes, otros que tienen producciones, y técnicos de distintos organismos que hablan sobre la importancia de su preservación. De los proyectos en debate en la comisión, cinco son leyes de protección de humedales y uno es la declaración de reserva natural.
Suponiendo un rápido tratamiento parlamentario, la sanción no se alcanzaría antes de fin de año. Luego vendría la reglamentación a cargo del Poder Ejecutivo, que podría tranquilamente estirar la entrada en vigencia un año más. Recién ahí empezarían a realizarse inventarios nacionales, que los proyectos establecen con plazos de entre 2 y 5 años. Estos tiempos no ofrecen respuesta a la situación que estamos atravesando. ¿Quedará algo de los humedales actuales para cuando entre en vigencia una ley que los proteja?
Ningún proyecto establece prohibiciones, solo plantean que el Estado regule las actividades que puedan realizarse sin afectar la preservación de esos ambientes. Fijan un fondo nacional, que va de un 0,3% a un 0,5% del presupuesto, lo cual sería totalmente insuficiente -incluso cuando los presupuestos mínimos de la Ley de Bosques se subejecutan en su mayor parte. Recordemos que para el pago de la deuda se asigna el 8,8% de presupuesto público nacional. Por último, pero muy importante, ningún proyecto plantea una moratoria en las quemas, es decir el cese inmediato de los incendios, cuando los gobiernos aún no han sofocado el fuego que se expande hasta el norte de Santa Fe en la frontera con Chaco.
Urge pelear por la prohibición de las quemas. La necesaria ley de humedales no puede dejar en manos de los gobernadores la protección de estos ambientes, ni bajo la dependencia del gobierno que ajusta para pagar a los bonistas y el FMI. El Ordenamiento Territorial debe ser ejecutado bajo control de técnicos y de la población trabajadora de las zonas afectadas, los únicos que ponen un freno a la rapacidad capitalista.
Raúl Stevani
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