Entrevista a Gustavo Lahoud del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP)
M.H.: La AFI espió a la comunidad mapuche antes, durante y después de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, buscaron vincular a la resistencia ancestral mapuche Ram con el kirchnerismo y utilizaron la figura de la actual ministra de Mujeres, género y diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para relacionar a la Ram con Milagro Sala. De acuerdo con esos informes secretos los mapuches tuvieron apoyo y financiamiento de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, vínculos con el anarquismo internacional, los movimientos de apoyo a los rebeldes de Kurdistán y entrenamiento de las FARC y separatistas de ETA.
G.L.: Tuve la posibilidad en estos días de leer sobre esto y no podía salir del azoramiento, la sorpresa, de leer semejante locura. Haciendo referencia a lo que son las maniobras que el macrismo ha instalado en sus cuatro años de gobierno que remiten básicamente a espionaje político puro y duro. Como dijo el juez de Lomas de Zamora, Auge, que ha decidido el procesamiento de la señora Majdalani, la ex agente 8, la vice de la AFI y del señor Arribas que dirigía la Agencia Federal de Investigaciones y que es una imputación que se hace en virtud de la propia Ley de inteligencia, una violación manifiesta ya que todo funcionario o empleado público que realice tareas de Inteligencia que están reñidas con lo que la ley marca se le imputa semejante comportamiento.
Esto que vos comentabas respecto a este conjunto de actividades ilícitas realizadas en el marco de fuerzas de seguridad como hemos conocido, el caso de Gendarmería, llevando a agentes de la seguridad pública a realizar todo tipo de tropelías y violando cualquier registro adecuado de normas de las fuerzas en la realización de tareas, tiene en parte nombre y apellido, es este señor Pablo Noceti que era el personaje que llevó adelante los procedimientos, los fatídicos días ligados a lo que terminó ocurriendo el 1° de agosto de 2017 con la desaparición forzada de Santiago Maldonado y todo lo que posteriormente ocurrió hasta que el 17 de octubre se dio con su cuerpo.
Sabemos ya en qué condiciones y todo lo que ocurrió después. Desde mi óptica, en el esquema de descomposición orgánica en la que han entrado los servicios de Inteligencia, otras veces hemos hablado que desde 1983 en adelante ningún gobierno democrático intentó poner en marcha un redimensionamiento o un rediseño de estos sectores, por el contrario, más bien como ocurrió desde el Menemismo en adelante fueron utilizados en función de objetivos propios violando toda norma existente.
Pero no dejo de sorprenderme por la peligrosidad del delirio que está detrás de las acciones en las que incurrieron. Este tipo de grupos y las imputaciones a Madres de Plaza de Mayo, la existencia de grupos anarquistas, ex miembros de las FARC, agentes activos o ex militantes activos que habrían participado en la ETA. Este conjunto de cuestiones solamente pueden desarrollarse en un contexto de altísima impunidad garantizada. Y marca incluso la pérdida absoluta de profesionalismo en las fuerzas dedicadas al relevamiento, la reunión y la recopilación sistemática de evidencia y su debido análisis y nos pone ante una situación en la que uno puede decir “el rey está desnudo” en referencia a la administración del actual ex presidente Macri que ahora la está pasando bien en territorio suizo.
Y creo que nosotros seguimos viendo ligado a toda esta barbaridad que me acabás de describir, un conjunto de cuestiones que tiene que ver con cómo están logrando operar sobre la justicia federal en Comodoro Py sobre el propio jefe de los fiscales, el procurador Casal, que ha actuado en las últimas horas amedrentando a la fiscal que estaba llevando a cabo las investigaciones por el fraude del Correo Argentino y un conjunto de otras cuestiones ligadas a la garantía de impunidad y que hacen que nosotros veamos cómo estos factores de poder en esta trenza judicial, policial y mediática, actúan delante de todos y me pregunto y todavía no tengo respuesta, si todas las acciones que la doctora Cristina Camaño como interventora de la AFI, están debidamente consideradas en las más altas esferas del poder político en términos de lo que significa operar de esa manera. Porque siguen operando legal e ilegalmente.
Un último dato que sirve para completar este cuadro de desmadre y descomposición de estas fuerzas es que como ya algunos sospechamos a partir de lo que dice el Juez Auge de Lomas de Zamora ante el procesamiento contra Arribas, en el seguimiento al Instituto Patria han operado miembros activos de la Policía de la CABA y sabemos que también han estado involucrados en la represión del 1° de agosto pasado. Que fue realmente lamentable, mientras se desarrollaba una manifestación de los llamados “anti cuarentena” estaba ocurriendo un acto simbólico llevado adelante por Sergio Maldonado y grupos de Derechos Humanos recordando el fatídico día en que desaparecieron a Santiago y nos encontramos con esa acción impune, infame de una policía y el silencio de buena parte de los medios.
Tenemos que salir de la extorsión permanente de las empresas eléctricas y gasíferas sobre el conjunto de los argentinos
M.H.: Denunciado en la Legislatura por Miriam Bregman, que aprovechó el informe de Miguel, jefe de Gabinete para plantear este tema.
Se derogó el Decreto de necesidad y urgencia 1053/18 que obtuvo media sanción en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados y también ingresó un Proyecto de ley que busca derogar el artículo 7 de ese DNU. Ese decreto lanzado en noviembre de 2018 obligaba al Estado a absorber el riesgo empresario de las petroleras y distribuidoras de gas que además obtuvieron ganancias extraordinarias en los últimos años producto de la dolarización de las tarifas que derivó en brutales aumentos a los usuarios. De esta forma el Estado podría ahorrarse unos 23.707 millones de pesos lo cual podría provocar también un estallido de furia en las petroleras productoras de gas. ¿Qué podés comentar?
G.L.: Cuando me enteré de esta noticia me alegré mucho porque era una de las manifestaciones que el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, había hecho muy apropiadamente, dando a conocer que una de las cuestiones que había que resolver en el marco del funcionamiento de la industria gasífera y que fue generado este problema desvergonzadamente por la administración Macri, en el marco de un precio mayorista de gas dolarizado, el fenómeno que empezamos a vivir desde abril de 2018 cuando a la Argentina se le cortó el crédito internacional y estalló la crisis económica vía finanzas, empezamos a vivir un escenario de devaluación constante. Entonces estos precios atados al escenario devaluatorio empezaron a subir y se generó un desfasaje en los contratos firmados entre las empresas distribuidoras de gas con las productoras, que son los mismos grupos. Este gran conglomerado que actúa oligopólicamente y que tiene gran presión sobre el Estado.
Lo que resulta de esto es que Macri dicta en noviembre de 2018 un decreto por el cual el Estado se iba a hacer responsable del pago de ese desfasaje acumulado entre abril y octubre, en ese período de 2018 que superaba los 20.000 millones de pesos. Pero previamente se había intentado cargar a los usuarios. Hay que recordar que ese dinero con una resolución que dictó el señor este que ésta altamente comprometido con la justicia ahora, Javier Iguacel que fue el que reemplazó a Aranguren cuando el ex ministerio de Energía se volvió a convertir en Secretaría, y él intentó esa maniobra y la reacción que hubo y la propia opinión desfavorable del propio Enargas, manejada por ellos mismos, hizo que retrocedieran y decidieran en noviembre sacar este decreto. Cuando Macri se va en diciembre de 2019, habían decidido hacerle un pago, que en 12 cuotas se iba a empezar a realizar a partir de diciembre.
M.H.: De 87 millones de pesos.
G.L.: Esos montos se les iban a pagar a cada una de las petroleras por la producción de gas en cómodas cuotas. Y había sido reconocido legalmente en el marco de ese decreto. Cuando llega el nuevo gobierno, y hay que recordar que Federico Bernal se hace cargo en marzo recién de la intervención del Enargas, o sea que pasaron 3 meses de esa medida tomada por Lopetegui, que fue el último secretario de Energía de Macri. Federico Bernal recomienda al secretario de Energía y por ende también al ministro Kulfas, que esta situación debiera desconocerse porque es abiertamente ilegal en función de los marcos regulatorios existentes. Por ende es lo que se hizo.
Y el Congreso dictaminó la nulidad de ese DNU de Macri y a partir de allí las petroleras empezaron a generar todo tipo de maniobras sobre el Estado. Y ahora, y esto puede que lo veamos en los próximos días, las petroleras están presionando al gobierno para que ponga en marcha un nuevo esquema de incentivo a la producción de gas no convencional, algo así como un nuevo Plan Gas, y que tiene que ver con garantizarles un precio diferencial en un esquema en que el gobierno reconoció que una de las primeras cuestiones que había para rever era salir del esquema dolarizado del precio mayorista de la energía.
Están presionando fuertemente con eso y puede que le quieran cambiar una figurita por otra, que sería dejar de lado esta demanda a cambio de beneficios para tener un precio extra garantizado. Y se hablaba de un precio de 3,5 a 4 dólares de dólares por millón de BTU cuando la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, que hace compras en subastas de gas natural para destinarlo a las compañías generadoras eléctricas, estuvo comprando gas en todos estos meses a 1,5 dólares por millón de BTU.
Las gasíferas están presionando al gobierno que están a su vez vendiendo al precio que sea porque la demanda se cayó a pedazos, están presionando por otro lado para que en este contexto de pandemia el gobierno vuelva a darles un nuevo subsidio encubierto que puede estar entre 1.5 a 2 dólares por millón de BTU por el gas nuevo extraído. Esto hoy está en discusión.
M.H.: En la provincia de Buenos Aires hubo 358 casos de diversos problemas en el servicio de electricidad en lo que va de este año y en la Ciudad 127. Más del 70% de los barrios populares que están censados en el RENABAP no cuentan con el servicio formal de electricidad porque las empresas Edesur y Edenor no quieren invertir en esos barrios porque no es rentable, que ellos sean usuarios de la red formal de electricidad.
G.L.: La verdad es la crónica de una muerte anunciada respecto de la visión de estas empresas. El caso de Edesur es gravísimo, porque los incumplimientos de Edesur son de muy larga data, está en una peor situación de operación y mantenimiento de redes que Edenor y además en estos meses, como las tarifas se han vuelto a congelar desde la Ley de emergencia dictada el año pasado por el nuevo gobierno, inmediatamente optaron por dejar de invertir lo que habían comprometido en las jornadas de fines de 2017 cuando se acordó la inversión tarifaria integral que iban a hacer durante los próximos 5 años.
Y las audiencias sobre el servicio eléctrico se terminaron en el 2017 porque ahí se determinó la llamada revisión tarifaria integral con el nuevo precio mayorista y para el resto de los segmentos que rige por cinco años de acuerdo a los contratos vigentes de los marcos regulatorios de los 90.
Se da una situación perversa, porque los primeros que incumplen lo acordado por ellos mismos son las propias empresas cuando ven congeladas nuevamente las tarifas. Entonces ellos dicen que los marcos regulatorios están de su lado, porque si el gobierno toma la decisión de intervenir sobre los precios de mercado, entonces están en condiciones de no garantizar las inversiones. Y este es el nudo que nos tiene entrampados hace tres décadas a todos los argentinos. Tenemos que salir de esta extorsión permanente en la que las empresas eléctricas y gasíferas trabajan sobre el conjunto de los argentinos.
Y ni que hablar lo que se armó durante el macrismo, que fue la otra gran estafa, de lo que se llamó “tarifa social” que no resuelve la falta de acceso a la energía, al contrario, da una mínima cobertura, como ya se demostró que no sirve ni para garantizar un mínimo acceso con cierto confort para el conjunto de los hogares con ingresos más bajos; y además deja sin resolver el problema que se denuncia permanentemente que es que nuestros barrios populares en el AMBA jamás han tenido un servicio eléctrico formal garantizado por estas empresas. Y ningún gobierno se ocupó de exigirlo.
Entonces ahí tenemos un conjunto de cuestiones en donde estos tipos operan en un escenario de presión permanente y donde además hay cientos de vecinos colgados del servicio, en condiciones de seguridad paupérrimas y por último, a Edenor durante el macrismo se le ocurrió hacer otra cosa, desvergonzada e ilegal, que fue poner servicios prepagos de electricidad, al modo de las tarjetas telefónicas prepagas.
M.H.: ¿Hay que quitarle la concesión a Edesur?
G.L.: Se han dado todas las condiciones hace tiempo ya, a partir de estos incumplimientos manifiestos, y esa es una de las razones que obran en los contratos para poder proponer la rescisión, para que esto se dé efectivamente. Pero te digo otra cosa, si se propone como salida la rescisión de los contratos por los incumplimientos acumulados en el tiempo, como es un servicio público fundamental, tenés que tener una hoja de ruta de salida muy clara armada. Y acá es donde yo no veo que se haya trabajado en todo este tiempo en un armado de una hoja de ruta concreta como para evitar que la Argentina pueda ser llevada a partir de esta salida.
La empresa que controla a Edesur es el Ente Nacional Italiano de la Energía, a través de distintas empresas. Nosotros tenemos una Ley de garantías de inversión con el Estado de Italia, como las tenemos desde los 90 con otros países. Más de 50 leyes que garantizan los llamados “tratados bilaterales de inversión” por ese marco legal ENEL, donde el Estado Italiano tiene un capital accionario controlante y fundamental, podría llevar al Estado argentino a un nuevo juicio ante el Banco Mundial. Lo que quiero decir es que nosotros no hemos desarmado todos los instrumentos a través de los cuales desde los 90, hacen que una salida soberana tenga que ser estudiada adecuadamente porque implica que la Argentina es expuesta ante tribunales extranjeros y entra en un litigio de largo aliento mientras a la vez tiene que asegurar un servicio básico a la población y garantizar que se preste adecuadamente.
Finalmente te diría, la implicación del gremio Luz y Fuerza, que es otra cuestión escandalosa. ¿Dónde está Luz y Fuerza? Hace años lo venimos diciendo, denunciando la tercerización y el permanente deterioro de la fuerza laboral tanto de Edenor como de Edesur. Hay un conjunto de razones que explican que una salida de rescisión tiene que ir de la mano de un plan integral que nos permita resolver estos problemas también. Por eso es para estudiarlo con mucha profundidad.
Mario Hernandez
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