En el banquillo de los acusados se encuentran solamente un puñado de los involucrados. Ellos son el exjuez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, la exgerenta del Belgrano Cargas Susana Rita Planas, el excontador y vicepresidente del Belgrano Cargas Ángel Stafforni y Luis Ameghino Escobar, el empleado a cargo del sistema informático para el sorteo de jueces. Podría decirse que los actores principales quedaron fuera de escena, por fallecimiento, como en el caso de José Pedraza y del exagente de inteligencia José Riquelme, o por sobreseimiento, como ocurrió con el excamarista Eduardo Riggi, ahora jubilado. No es casual por lo tanto que recién ahora se produzca el juicio oral. Se sucedieron, en el medio, numerosas dilaciones, especialmente entre los jueces que debían impulsar el caso, pues la mayoría alegaba relaciones de amistad o cercanía con los funcionarios judiciales involucrados.
La causa se inició cuando, a raíz de las intercepciones telefónicas que ordenaron la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño, se detectaron maniobras orquestadas por Pedraza y sus allegados de la Unión Ferroviaria para liberar a su patota, que había sido detenida poco después del crimen de Mariano, en medio de una gran conmoción popular. De ese modo, Pedraza pretendía asegurar su propia situación. El resultado fue el contrario, pues las escuchas dieron cuenta de que actuaba para entorpecer la investigación de manera alevosa, lo que precipitó que se le impusiera la prisión preventiva. Así fue que llegó a juicio detenido, donde recibió una pena de 15 años de prisión por su “participación necesaria” en el homicidio. La familia de Mariano está representada en el juicio por los abogados del CELS.
El exagente de Inteligencia Riquelme era el nexo entre los jueces y funcionarios judiciales con Pedraza y los suyos. En los audios que formaron parte de la causa principal, se lo escucha reiteradamente transmitiendo mensajes del “amigo Eduardo” y otros magistrados, hacia los cuales el empleado Ameghino Escobar derivaría el sorteo para asegurar que llegara a manos de la sala escogida la apelación de las prisiones preventivas. El dinero sería entregado por el contador Stafforini al exjuez y secretario de la Cámara de Casación Aráoz de Lamadrid. La pesquisa siguió la ruta del dinero hasta que fue hallado en el estudio jurídico de éste, en un sobre rubricado para “Octavio”.
Como se dijo más arriba, Pedraza y Riquelme fallecieron antes de que se celebrara este juicio. Los jueces de Casación que habían acordado formar parte de la frustrada maniobra, fueron sobreseídos o beneficiados de distinta manera por el fallecido Norberto Oyarbide, otra “joyita” de Comodoro Py, exactamente el mismo día de su retiro, como un último gesto hacia la ´familia judicial´ que lo acogió en la impunidad durante toda su carrera. Los verdaderos protagonistas convivieron y se congraciaron con los gobiernos ´nacionales y populares´ del kirchnerismo. Actuaron al amparo del poder político. En el caso de Pedraza, era defendido como ejemplo del “sindicalismo que construye” por la señora Cristina Fernández, en oposición a los luchadores. Pedraza amasó una fortuna participando de los negociados de la tercerizaciones ferroviarias, explotando a los mismos obreros que se suponía debía defender como sindicalista. La emboscada mortal de la patota tuvo como propósito asegurar ese negocio contra los reclamos de los trabajadores de las tercerizadas, que protestaban porque desarrollaban tareas de convenio pero cobraban un tercio del salario de un trabajador de planta y tampoco tenían sus beneficios. La burocracia sindical se ha convertido definitivamente en una casta servil al poder político, del cual depende para asegurar su posición social. Teme como a nada a la acción independiente de los trabajadores. Esto es lo que explica la sumisión de los burócratas peronistas al patrón liberticida de la Casa Rosada.
Este juicio demorado no es la única causa ´paralela´ que se desprendió de la investigación del crimen de Mariano. También se formó otra que debía investigar los delitos económicos que se verificaron antes, durante y después del juicio a Pedraza. Es la más delicada de todas, pues involucra a los empresarios que gestionaban el sistema ferroviario ´estatizado´ por Néstor Kirchner. En el ferrocarril Roca se desarrollaba, a pequeña escala, una cartelización del reparto de las obras ferroviarias similar al que se configura en la “causa de los cuadernos”. De ese botín abonado con fondos públicos participaba Pedraza y contaba con la anuencia de la Secretaría de Transporte de los gobiernos K.
Esa causa todavía duerme en el escritorio del juez Ariel Lijo, el frustrado candidato de Javier Milei a la Corte Suprema.
Jacyn
23/08/2025
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