Educ.ar, el portal educativo oficial, que depende de la Secretaria de Educación, entre 2017 y 2018, equipó con redes locales de Cisco Meraki a más de 40.000 escuelas de gestión estatal por medio del Plan Nacional de Conectividad Escolar. En noviembre de 2021 se llevó adelante la primera renovación de 209.828 licencias de Cisco Merakis. El adjudicatario de la misma fue la empresa Distecna S.A., al momento, representante de Cisco en la Argentina, por un monto de 16.864.496 dólares y la fecha de vencimiento se estableció para el 16 de noviembre de 2024. Es decir que “si se toma como referencia el valor anual que se desprende del total abonado, renovar el 100 % por tres años hubiera tenido un costo proporcional cercano a US$22.482.661.” (La Nación 27/07). Scatturice lo hizo por más de 70 millones de dólares.
Eduardo Roberto González fue designado en julio de 2024 como interventor de Educ.ar y estuvo en el cargo hasta el 31 de octubre del mismo año. El 4 de octubre Gonzáles se tomó licencia por una semana de su cargo y delegó su firma a quien se designó como gerente general a través de una resolución, Matias Hanono, quien el 10 de octubre haciendo uso de sus facultades otorgadas cerró un acuerdo con OCP Tech S.A., que en agosto de 2024 se presentó para renovar 223.828 licencias por 3 años, por un monto de 78 millones de dólares, presentación avalada por Cisco Systems Argentina que certificó a la empresa de Scatturice como la única autorizada en la Argentina como canal de reventa. OCP Tech se impuso a empresas como Dinatech y DTE S.A., que presentaron presupuestos en la licitación, por medio de una contratación directa por exclusividad. Según ha trascendido, las dependencias públicas que tenían que evaluar las distintas ofertas licitatorias no contaron con todos los presupuestos en competencia, una instancia necesaria en la gestión capitalista de los fondos públicos que permitan reajustar los precios. Sugestivamente, la Secretaria de Educación rubricó con Educ.ar un acuerdo de colaboración para llevar adelante el proceso de licitación, en el que se estableció “una cláusula de confidencialidad, por la cual quedó prohibida ‘la divulgación, ya sea en forma oral o escrita, a persona humana o jurídica, pública o privada, de la información que surja de las acciones derivadas del presente’” (Idem).
El 23 de octubre, antes de que fuera relevado de su cargo por decreto presidencial, González recibió una carta firmada por los síndicos de Educ.ar en la que le solicitaban la derogación del contrato y explicitaban que se debía convocar a una licitación pública, aduciendo que la firma delegada de Hanono de un contrato de esta magnitud invalidaba todo el proceso licitatorio.
A comienzos de noviembre de 2024 fue designado como interventor de Educ.ar al ingeniero Gastón Mariano Martín, que el 14 del mismo mes, “emitió un informe tras una revisión de informes técnicos, administrativo-financieros y dictámenes jurídicos, en el que concluyó que el procedimiento podía ratificarse.” (La Nación 30/07/2025) Pocos días después se ratificaba por parte del interventor la adjudicación a OCP Tech de la licitación por casi 80 millones de dólares.
Las estrechas relaciones entre Scatturice y el gobierno liberticida, se materializan en los más de 260 procesos administrativos que OCP Tech tiene con el Estado “en carácter de proveedor, contratista o representante legal de distintas sociedades” (ídem). Hay quienes sostienen que haya salido a la luz los vericuetos de este contrato con Educ.ar responden a un tiro por elevación contra Santiago Caputo, y se ha dejado deslizar que la opereta estuvo montada por Martin Menem y contaría con la injerencia operativa del entorno del ex SIDE, Horacio “Jaime” Stiuso. Los choques entre las camarillas que pululan en el gobierno se manifiestan en medio del proceso electoral, dando cuenta de la situación de crisis que atraviesa al régimen en su conjunto.
Lucas Giannetti
01/08/2025
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