Con una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, quedaron ´inauguradas´ el último miércoles las negociaciones por la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El kirchnerismo planteó la destitución de los tres jueces actuales. El gobierno dejó correr la reunión, pero no ha manifestado aun la intención de acompañar la iniciativa.
La primera sonda exploratoria fue lanzada por un aliado del gobierno, el exgobernador salteño Juan Carlos Romero, quien presentó un proyecto orientado a elevar a 7 el número de supremos. Otras iniciativas postulan 9, 13 y hasta 15 miembros. Romero fue enfático en señalar la necesidad de alcanzar un acuerdo político entre los bloques, después del fracaso de la tentativa de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. La Corte ha quedado reducida a la mínima expresión de tres jueces –encima divididos-. Esto obliga a sortear conjueces para integrar el tribunal en caso de no haber unanimidad. Encumbrada como árbitro constitucional y organismo de último recurso, el vaciamiento de la Corte crea una situación de peligro cuando tiene que decidir acerca de condenas que afectan políticamente a Cristina Kirchner. El Senado tiene pendiente, asimismo, la designación de 220 cargos, entre jueces y fiscales federales, defensores y hasta el puesto de procurador de la Nación, ocupado todavía ´provisoriamente´, desde 2017, por el macrista Eduardo Casal.
El kirchnerismo pretende la remoción de los tres jueces actuales, a quienes asigna la intención de sacar a CFK del ruedo político y confinarla a una prisión que, por su edad, sería domiciliaria. La exmandataria busca refugio en los fueros legislativos que podría obtener en las próximas elecciones. La cuestión de su proscripción judicial figura en las negociaciones con Axel Kicillof y los intendentes del Conurbano.
El Poder Judicial es un poder político, revestido de la apariencia de imparcialidad, aunque no hay día que la prensa no informe sobre sentencias arbitrarias, seguidas de apelaciones inciertas o demasiado descontadas. Los negociados de Macri y el juicio por el viaje de magistrados en activo a Lago Escondido, la propiedad extraterritorial del inglés Joe Lewis, son apenas los casos de mayor relieve. La trayectoria del trío actual de la Corte lo presenta como funcional al régimen de gobierno por decreto de la camarilla Milei-Caputo. El kirchnerismo, manifiestamente, sigue una línea de compromisos con el oficialismo, aunque poco correspondida. Para los liberticidas, se trata, de todos modos, un asunto serio, porque todo el andamiaje de su política económica está afectado por una incuestionable ilegalidad. La solución de esta crisis será determinada por el derrumbe inevitable del endeudamiento irrefrenable de esta camarilla y por la intervención, más inevitable aún, de las masas empobrecidas.
Jacyn
30/05/2025
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