domingo, 27 de junio de 2021
sábado, 26 de junio de 2021
Quién le pone el cascabel a la desocupación en masa
Las cifras oficiales indican que en los últimos tres años el desempleo en la Argentina creció un 50% - 4,5 millones de desocupados. En estos últimos tres años aumentó en 641.000 personas. El número de subocupados creció en 628.000 en los últimos dos años de Macri y en el de Alberto Fernández en 184.000 (Clarín, 12/6). Al menos el 32% de los trabajadores se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y el salario mínimo está por debajo de la línea de indigencia.
El viernes se conocieron los datos oficiales que muestran que el año pasado hubo “4.548.000 personas activas con problemas de empleo” (ídem, 12/6), o subocupadas (2.648.000 que hacen “changas” o no llegan a cubrir una jornada laboral semanal promedio). El número total en estas situaciones subió en 1,5 millones sólo en los últimos tres años. La desocupación bien calculada es mucho mayor, porque afecta a quienes han abandonado la búsquea de empleo y a quienes no tienen los medios para buscarlo.
Crece el desempleo y la subocupación
Mientras que la población urbana aumentó en esto últimos tres años (2018-2020) en 897.000 personas, el número de ocupados se redujo en 587.000 personas. En ese mismo período hubo un incremento de la subocupación en 812.000 personas y los ocupados informales o cuentapropistas cayeron también en una cifra de 1.399.000 personas. En el mismo período, debido a “cesantías, retiros voluntarios y jubilaciones, entre los ocupados disminuyó en 1.250.000 trabajadores el número de asalariados, lo que explica, en buena parte, el incremento del desempleo y la subocupación” (ídem).
Consecuencias: aumento de la pobreza e indigencia
“El balance indica que crecieron de manera continua el desempleo, el subempleo, la precariedad y la informalidad laboral con una fuerte caída de los salarios e ingresos de las personas y de las familias en un contexto de altísima inflación. Esto explica además, el fuerte aumento de la pobreza y la indigencia” (Clarín, ídem).
La cantidad de personas en situación de pobreza se incrementó en 1,5 millones en el último año. El pico de pobreza en 2020 (47,2%) se alcanzó en el segundo trimestre. Para el segundo trimestre de 2021 se espera una tasa de pobreza mayor a la del primer trimestre: “la expectativa no es muy alentadora para el primer semestre del año que podría terminar con una tasa de pobreza por encima de 44%” (https://politicaobrera.com/politicas/4756-pobreza-en-argentina-453-en-2020).
“En tanto la pobreza infantil (menores de 14 años) que en el segundo semestre de 2020 fue del 57,7% se desglosa en un 52,5% en el tercer trimestre y un 62,9% - 6.800.000 – en el final del 2020 (ídem). Por rango de edad, la pobreza entre los menores de 14 años es del 62,9%, entre los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años llega al 51,7%. Este sector de la población tiene los índices más elevados de desocupación, en especial entre las mujeres. En el conurbano bonaerense, el 51% (6.353.000 personas) en la segunda mitad de 2020 es pobre, se descompone en un 48% en el tercer trimestre y un 54% en el cuarto (6.727.000). Son 374.000 pobres más en el conurbano” (ídem).
Existe una opinión generalizada de que este derrumbe social no encontrará remedio por la vía de la llamada reactivación pos-pandemia. La experiencia macrista demostró que la concentración económica en pocos rubros neutraliza cualquier apertura al financiamiento internacional, que sólo encuentra rentabilidad en la especulación con la deuda externa. Soja, maíz, carne o biocombustibles no tienen entidad para demandar de cuatro a seis millones de empleos. Menos aún en la tecnología liviana de la información. Por otro lado, un vigoroso sistema de salud, de educación y de vivienda no es una prioridad del capital – al revés, lo considera ruinoso para sus intereses – en la medicina privada y en la valorización del suelo. La experiencia privatizadora de Chile, Perú y Colombia es ejemplificadora – los tres pican en punta en la rebelión popular.
La crisis capitalista en América Latina ha ingresado en un punto de inflexión, como lo demuestra que es la región del mundo más castigada por la pandemia. La alternativa de una planificación de carácter socialista supone el poder político de los trabajadores. Este es el horizonte que inscriben en la agenda las rebeliones populares.
Emiliano Monge
14/06/2021
La variante Delta se expande por Europa
Cuando los gobiernos europeos levantaban las últimas restricciones que quedaban ante el coronavirus, el desarrollo de la mutación delta -una variante más contagiosa que procede de la India- vino a poner en entredicho las declaraciones entusiastas de los mandatarios, como Emmanuel Macron, que anunció que Francia vivía “un momento feliz” ante el fin del uso de barbijos en los espacios públicos.
De acuerdo al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, la variante delta se está expandiendo y para fines de agosto explicará el 90% de los contagios en el viejo continente. Es lo que ya ocurre en el Reino Unido; mientras que en Lisboa, la capital portuguesa, el 70% de los casos corresponden a la nueva variante, a la vez que han aumentado las infecciones. A raíz de ello, ambos países debieron dar marcha atrás en sus planes de desconfinamiento.
Desde el comienzo de la pandemia, esa ha sido la dinámica: gobiernos empecinados en levantar y relajar medidas, en función de los lobbys empresarios (turismo, industria, etc.), y nuevas olas y recaídas que los obligaron a volver atrás.
A la falta de una política seria de prevención, se sumó la descoordinación entre los Estados. Cada uno actuó y actúa por su cuenta, tratando de salvar a su clase capitalista local. Ahora, por ejemplo, mientras la canciller alemana Angela Merkel y Macron han hecho un llamado a realizar esfuerzos comunes, algunos países imponen restricciones a los viajantes británicos y otros no (Portugal España), debido a que no quieren perder turistas.
Se estima que la variante delta progresará en el curso de las vacaciones de verano. Las vacunas, que han permitido un drástico descenso global de los casos en las últimas semanas, serían efectivas también ante esta contagiosa mutación, en caso de que haya dos dosis. Pero aquí entra en juego la demora en los calendarios de inmunización. El 30% de las personas mayores de 80 años y cerca del 40% de quienes tienen más de 60 “aún no han recibido un ciclo completo de vacunación” (Euronews, 23/6). La juventud se encuentra aún más desprotegida.
Los ritmos de las inyecciones se han visto condicionados por las disputas geopolíticas y de los laboratorios. La Unión Europea está enfrascada en una batalla legal con la británica AstraZeneca, que incumplió los plazos de entrega de 300 millones de dosis; en medio de las tensiones por las demoras, en un depósito italiano de la firma se encontraron vacunas con destino al Reino Unido. Dentro de la propia UE, también se cuecen habas. Berlín acusó a Francia de presionar a la Comisión Europea para incrementar las compras de la vacuna de la farmacéutica gala Sanofi, en detrimento de la de Pfizer (Clarín, 9/1).
Y, mientras tanto, el club de los 27 demora la aprobación de la Sputnik, debido a su rivalidad con Rusia. Por cuenta propia, algunos países (Serbia, Hungría, Eslovaquia) anudaron acuerdos de abastecimiento con Moscú.
El crecimiento de la variante delta nos advierte que el Covid no terminará de un día para otro, como fantaseaban Boris Johnson o Joe Biden, el primero con su “día de la libertad” (que, como ya vimos, debió ser postergado), y el segundo con su plan de declarar la victoria frente al Covid-19 el 4 de julio, en un nuevo aniversario de la independencia norteamericana; el virus seguirá presente, a lo sumo con menor intensidad, durante un largo tiempo, en buena medida debido al obstáculo que supone el abordaje capitalista de la crisis sanitaria, que antepone el lucro privado a la salud de las masas.
Frente a la negligencia de los gobiernos capitalistas, la clase trabajadora necesita dotarse de un programa para defender su salud y sus condiciones de vida: centralización del sistema de salud; comisiones obreras de seguridad e higiene en barrios y lugares de trabajo; abolición de patentes y estatización de la industria farmacéutica bajo control de sus trabajadores; prohibición de despidos y seguro al parado.
Gustavo Montenegro
“Todo lo que el poder odia”, la biografía de Viviana “La Negra” Avendaño
En junio del año 2000, el periodista Alexis Oliva conoció a Viviana Avendaño, una de las protagonistas del proceso de lucha que se abría curso con cortes de ruta del movimiento piquetero en la localidad cordobesa de Cruz del Eje, con foco también en otros lugares del país, como La Matanza, Tartagal y Cutral Co.
Al autor de “Todo lo que el poder odia” le bastó escuchar la retórica de Viviana, dirigida a una multitud de más de 5.ooo personas sobre la Ruta Nacional N°38, luego de una brutal represión estatal, para quedar atrapado por una figura que trascendió los umbrales de esa batalla puntual, hasta develarse como una parte activa de la historia más general de la lucha de clases en nuestro país.
El minucioso trabajo de investigación que reconstruye la vida de “La Negra” Avendaño comienza en 1931, año en que nace Pabla Teresa “Pituca”, mamá de Viviana, en San José de las Salinas, al norte de Córdoba, con una vida signada por su estirpe de madres solteras que se abrieron paso al mundo sorteando el lugar de sometimiento, los abusos y la pobreza. Así transcurrió el despertar de Viviana a la vida social y política durante la primera mitad de la década del ‘70, en el populoso barrio de Villa El Libertador, donde nació y creció; ante el encarcelamiento de su hermana Juana del Carmen, bajo los cargos de subversión, y el comienzo de la militancia organizada en la Juventud Guevarista del PRT-ERP cuando los conflictos fabriles impregnaban las barriadas de la zona sur y la juventud abrazaba la causa revolucionaria.
En el año 1975, con apenas 16 años, se convirtió en la presa política más joven de la dictadura. Fue detenida y torturada junto a sus compañeros; primero, en el Departamento de Informaciones D2; posteriormente, en el Pabellón 14 de presas políticas de la Unidad Penitenciaria (UP1). Luego de la irrupción del golpe de Estado en el ’76, fue trasladada a la Cárcel de Devoto en Buenos Aires. Durante los cinco años que permaneció en cautiverio, fue testigo de los fusilamientos encuadrados en la “Ley de fuga”, de todo tipo de vejaciones, torturas y, entre ellas, el especial ensañamiento contra las mujeres a través de abusos sexuales y el robo de bebés, como estrategia para quebrar la conciencia revolucionaria. En este período, mientras ella era presa política de la dictadura, su hermana Juana del Carmen fue desaparecida, torturada y asesinada en La Perla, el más grande centro de detención clandestino de la provincia.
El libro se encuentra rigurosamente acreditado en documentos, archivos, cartas, expedientes y testimonios que echan luz sobre un terrorismo de Estado que traspasó el accionar de las fuerzas armadas y el aparato represivo, involucrando de forma directa a las fuerzas políticas de la burguesía, a la Justicia y a la Iglesia, como pilares de una dictadura cívico-militar-eclesiástica en toda su dimensión, que se jugó a fondo en un plan sistemático de aniquilamiento de toda una generación de activistas y militantes de izquierda.
Luego de recuperada la libertad, la búsqueda permanente de pertenecer, hacer y construir lo colectivo guío a Viviana hacia su militancia orgánica en el Partido Comunista (PC), donde ocupó destacadas responsabilidades partidarias y llegó a formarse en 1987 en la universidad de revolucionarios del Komsomol Leninista en Rusia, años antes de la crisis que culminó en la caída del Muro de Berlín y la disolución del bloque comunista. En diversos pasajes del libro trasluce el adaptacionismo, las ambigüedades y el burocratismo que posteriormente llevaron a Viviana a alejarse de la militancia orgánica en el PC, aunque se mantuvo cercana en la relación con algunos compañeros de militancia y en el afán constante de organización.
Por si le faltara algo a la atrapante vida de Viviana, su orientación sexual fue también motivo de lucha bajo las banderas del feminismo, en épocas en que era una causa mucho menos visibilizada que en la actualidad. En el año 2000, en medio de proyectos de educación y poder popular, el movimiento de desocupados de Cruz del Eje se convirtió para ella en un campo fértil para el clasismo. Ese mismo año, con apenas 41 años, un dudoso e incomprensible accidente le arrebató la vida a ella y a su compañera Laura Lucero. La trágica muerte en un accidente vial, en el mismo lugar que fuera escenario de piquete en la Ruta Nacional N°38, precedida por las amenazas de la policía en el marco de un conflicto social que no tenía miras de cerrarse, abrió una incógnita insanable sobre las verdaderas causas de su muerte.
Todo lo que podía desafiar al poder en un régimen capitalista basado en la opresión y el sometimiento se concentra en la fascinante vida de “La Negra” Avendaño. Su condición de mujer, lesbiana y de izquierda, su origen humilde, hija de una madre soltera y hermana de una desaparecida, son las piezas de un rompecabezas y lo que ella quiso construir con todo eso. En este sentido, no creo que sea la historia de una heroína anónima porque implicaría limitar su trascendencia a lo singular, lejos de la dedicación incansable por lo colectivo que selló su vida entera. Es más bien, la historia de una “negra terrible” que supo encarnar los procesos de lucha obrera más importantes de nuestro país. Una expresión genuina de todo aquello que abrió curso a la unidad estratégica entre trabajadores ocupados y desocupados, al Argentinazo y a la lucha por una revolución obrera y socialista siempre vigente.
Por el compromiso con las causas justas, más que por los azares de la vida, este libro llegó a mí de manos de su propio autor, Alexis Oliva, al que estoy enormemente agradecida por haberme presentado a Viviana Avendaño, sus luchas y sus pasiones, que por supuesto, son también las mías.
Soledad Díaz García
El balance negativo de la Organización Mundial de la Salud
La mortalidad en América Latina fue de 1.251.000 hasta la fecha. Quedó demostrada la escasez de recursos e inversiones en Salud, compras y producción de vacunas, aunque se paga una deuda externa fraudulenta contraída por la burguesía. Argentina totaliza 92.000 muertes, por lo que no difiere del resto de países de la región.
Luego de proclamar la Salud Para Todos (año 2000), la OMS ofrece ahora el balance siguiente: “la promesa de lograr un mecanismo, por cierto muy ambicioso, de proveer vacunas a todo el mundo logrando equidad entre los países fracasó” (The Lancet: una hermosa idea: cómo Covax fracasó, 19/06/2021).
Los países ricos logran vacunar a buena parte de su población, que fabrican los laboratorios internacionales localizados también en países periféricos (ya en el año 2020). “Desconocen” que la inmunización en pocos países no menguaría el contagio internacional ya que nos encontramos frente a una pandemia, o sea una epidemia “global”. Se suman además las nuevas variantes que se reproducen debido a la inmunización parcial.
En mayo, la variante Delta, conocida como variante India (B1.617.2) es la cuarta variante de preocupación (VOC). Se constituyó en la cepa dominante en Gran Bretaña, desplazando a la variante alfa (Kent). Esta cepa, detectada también en América Latina, es muy peligrosa, ya que tiene 50 a 70 % más de contagiosidad, incluso para personas vacunadas (Resumen de la Región, 10/06/2021).
Asimismo, reafirma Marta Cohen, médica argentina que reside en Inglaterra, “esta variante afectaría al páncreas. Va a ser la variante que predomine en el mundo. Tiene un 40% más de contagiosidad que la británica”. “En la India causó gran cantidad de enfermos y muertos con saturación de hospitales”. En un estudio realizado en Reino Unido, se verificó que dos dosis de vacunas son efectivas para la variante Delta – una efectividad del 88% para la vacuna Pfizer- BioNtech y una 60 % para AstraZéneca.
Recientemente, apareció en la India “una prima de la Delta que llamaron Delta Plus o variante de Nepal (También Delta AY.1)”, de la cual “mucho no se sabe sobre su comportamiento biológico o si será más resistente a los anticuerpos”. (Clarín, 24/06/2021). Al analizar en hisopados nasofaríngeos, la secuencia del genoma, mostró que los vacunados que dieron positivos al menos siete días después de la 2° dosis, se habían infectado con la variante Beta (Sudafricana). Los que dieron positivo, dos semanas después de la primera dosis y hasta seis días después de la segunda dosis, con la Alfa británica (Hisopados hechos al personal de Salud, ídem). Estos individuos habían sido vacunados con la vacuna Pfizer.
Esto demuestra la variabilidad con que se maneja el propio virus, la susceptibilidad individual, y las restringidas posibilidades de la vacunación y lograr inmunidad de rebaño.
Aunque la cepa Delta es la dominante, “la plus” es más contagiosa y podría provocar más decesos en la frágil población no vacunada.
Paralelamente, la variante P5, fue descubierta en los últimos días en el Sur de Río de Janeiro, se suma a la cepa predominante en ese Estado, que es la de Manaos P1, (Gama), que había aparecido en la región amazónicas y se esparció por todo Brasil, y también Argentina (mdz, 23/06). Se desconoce la contagiosidad y capacidad de los mecanismos de esta variante para resistir a la vacunación previa.
El camino que hay que recorrer debe complementarse con los confinamientos necesarios. La vacunación completa, aún con la posibilidad de implementar una tercera dosis, requiere la protección del medio ambiente y la centralización pública de los recursos sanitarios y productivos esenciales.
Es lo que no puede proveer el capitalismo.
Silvia Carranza
25/06/2021
viernes, 25 de junio de 2021
Hidrovía del Paraná: una Bicameral para no estatizar
Tras la media sanción en Senadores y el dictamen favorable en dos comisiones de Diputados, avanza para convertirse en ley el proyecto que crea la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná, presentado por la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun. La iniciativa es la demostración de que el kirchnerismo ha renunciado a la pretensión de que la ruta fluvial más importante del país en materia de comercio exterior quede bajo control de un ente estatal. Pareciera existir un consenso en el bloque oficial de que tiene que haber una licitación internacional que dé paso a una nueva concesión privada. La única salvedad es que la tarea de supervisar dicha licitación quedaría en manos de esta comisión parlamentaria.
A tal punto el proyecto no modificará un ápice el carácter privado de la concesión del canal, que hasta contó con el apoyo de la oposición de Juntos por el Cambio. Clara señal por parte de los partidos patronales de que habrá una continuidad, gobierne quien gobierne, de la defensa de los negocios de la burguesía internacional, en este caso relacionados a las exportaciones locales. Tampoco la existencia de la Bicameral excluye la supervisión de la OCDE que estableció Alberto Fernández para cuando se efectúe la licitación, con lo cual, lejos está de ser una iniciativa en favor de la «soberanía» del país.
Es preciso señalar que del menemismo a esta parte, todos los gobiernos han mantenido la concesión privada de la hidrovía en manos del grupo belga Jan de Nul junto a capitales argentinos de la empresa Emepa, sociedad encargada del dragado, balizamiento y cobro de peajes en la ruta fluvial. La propia Cristina Kirchner prorrogó el contrato en el 2009, el cual vencía este año. Se trata de un enorme negociado puesto que a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que desemboca en el Río de La Plata, transita el 80% de las exportaciones del país y el 95% de las importaciones.
Las idas y venidas al interior del oficialismo en torno a una nueva licitación obedecieron a varios motivos. Por sobre todos, a la deriva de Argentina en la guerra comercial que enfrenta a las grandes potencias a nivel mundial. Recordemos que uno de los pulpos que se perfilaba para hacerse con la concesión era el gigante chino CCCC Shanghai Dredging, algo que puso rápidamente en alerta a Estados Unidos, que presionó para evitar que sea el país asiático quien quede a cargo de una ruta estratégica para el comercio exterior del país y la región.
Bajo la presión de Biden, Alberto Fernández resolvió dilatar el concurso y prometió que el mismo estaría bajo la tutela de la OCDE (es decir bajo supervisión directa del imperialismo yanqui). El empantanamiento de la política oficial en torno a este punto expresa su subordinación colonial a las grandes potencias; por un lado, el gobierno teje relaciones con China debido a que es nuestro principal comprador de materias primas, pero sin embargo debe congraciarse con Estados Unidos ya que pretende arribar a un acuerdo con el FMI.
La cuestión es que todo el complejo agroexportador de la ribera del Paraná está copado por multinacionales extranjeras, como las norteamericanas Bunge, Cargill y ADM, la francesa Dreyfus, y la china Cofco. Además de esta última, que es una de las principales exportadoras agroindustriales que opera en el país, capitales chinos también dominan gran parte del mercado de los insumos para el cultivo (semillas, agrotóxicos) a través de la empresa Sygenta.
Por otra parte, el debate alrededor del destino de la vía fluvial litoraleña está relacionado a que la misma es una usina de todo tipo de operaciones ilegales a manos de los pulpos exportadores, tales como la subfacturación de exportaciones, la fuga de capitales, la evasión fiscal y el contrabando utilizando embarcaciones con bandera extranjera. Sin ir más lejos, distintos informes estiman que el 20% de los granos que circulan por la hidrovía no están declarados. A su vez, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico ha puesto de relieve cómo la misma es un canal propicio para el narcotráfico.
La actual concesión, además, está fuertemente cuestionada luego de haberse visto involucrada en la «causa de los cuadernos». Allí salió a la luz que el titular de Emepa, Gabriel Romero, le había pagado a modo de coima 600 mil dólares a Cristina Kirchner cuando era presidenta a cambio de renovar el contrato de la hidrovía.
En un momento, incluso, Alberto Fernández se había hecho eco de un reclamo que anidaba en el ala «izquierdista» del kirchnerismo y que impulsaban, por ejemplo, los legisladores oficialistas Taiana y Fernanda Vallejos, sobre que el Estado nacional y las provincias debían encargarse de controlar la Hidrovía Paraguay-Paraná y no empresas privadas. El planteo fue rápidamente abandonado por el presidente, lo que constituyó un gesto hacia el capital internacional. De este modo, el sector del Frente de Todos autor de la proclama «Paraná Soberano» redujo su demagogia nacionalista a la conformación de esta Comisión Bicameral dedicada al seguimiento de una futura licitación, avalando así que la hidrovía permanezca en manos de empresas foráneas.
Este recule por parte del gobierno nos trae a la memoria lo que ocurrió con Vicentín, donde no solo Alberto Fernández prometió estatizarla y no lo hizo, sino que luego de que la cerealera cayera en default y se diera lugar a un concurso de acreedores, las multinacionales Cargill y Glencore absorbieron sus ventas al exterior. Es decir, la verborragia oficial en relación a la «soberanía nacional» presente en el caso Vicentín culminó en una mayor extranjerización de las exportaciones.
Más allá del desenlace, es preciso señalar los límites del planteo de nacionalización de la Hidrovía del Paraná como medida aislada. Taiana y compañía no cuestionan que todo el esquema del comercio exterior está en manos de pulpos internacionales. Para empezar, el transporte fluvial está monopolizado por empresas extranjeras como Hamburg Süd, Mediterranean, Maersk y flotas pertenecientes a las empresas granarias. Solo el 2% de las embarcaciones que utilizan esa ruta pertenecen a la Marina Mercante, el 80% de los buques que circulan tienen bandera extranjera. Es un enorme negociado en el que las empresas navieras extranjeras embolsan por realizar fletes 7 mil millones de dólares cada año.
Por otro lado, treinta de los puertos que se hallan a orillas del Paraguay y el Paraná son privados. Las exportaciones agroindustriales del país están concentradas en ocho puertos ubicados en la provincia de Santa Fe que pertenecen a las multinacionales dedicadas a exportación de granos como Cofco, Cargill, AGD, Dreyfus y Glencore. Los mismos facturan por arriba de los 3 mil millones de dólares anuales cada uno. Es decir, la fuente del saqueo nacional no es solo el control privado de la vía fluvial sino todo un complejo exportador monopolizado por grandes grupos internacionales.
El sector marginal del kirchnerismo que devaluó su planteo de nacionalización, conformándose con la puesta en pie de una Comisión Bicameral, es incapaz de plantear una salida de fondo a este régimen de saqueo. Su función es ofrecer una cobertura centroizquierdista a un gobierno que no está dispuesto a tocar este esquema de drenaje de los recursos del país, sino que lo refuerza ofreciendo mayores ventajas a los pulpos exportadores, fuente de divisas, en función de dar garantías al FMI de repago de una deuda externa usuraria.
Solo los trabajadores pueden llevar adelante medidas que terminen con el contrabando, la fuga de dólares y los desfalcos al Estado. Es necesario nacionalizar el conjunto del comercio exterior, los puertos, las rutas fluviales, la industria naval y agropecuaria bajo control obrero para dirigir esos recursos a un plan de desarrollo del país al servicio de las necesidades sociales. El repudio de la deuda externa y la ruptura con el FMI son pasos fundamentales en esa dirección. Esto forma parte de un programa que defendemos desde el Partido Obrero y Frente de Izquierda Unidad en función de que exista una salida a la crisis que priorice los intereses populares y nacionales.
Sofía Hart
¿Hay otra alternativa al pago de la deuda usuraria y la fuga de capitales?
Martín Guzmán presentó como un gran alivio para el país el acuerdo al que arribó con el Club de París, para la postergación del vencimiento de 2.400 millones de dólares hasta marzo de 2022 a cambio del pago de 430 millones como adelanto. Sin duda el gobierno sorteó así la eventualidad del default; pero en medio de un empobrecimiento generalizado de las familias trabajadoras y un desastre sanitario, semejante fuga de recursos del país mal puede ser aliviador. Efectivamente, con esta política de rescate de la deuda el gobierno nos condena a un saqueo sin fin.
La hipoteca con el Club de París es un fraude bochornoso. Este no es un organismo de crédito ni institución alguna, sino simplemente un «grupo informal de acreedores» compuesto por Estados imperialistas (especialmente europeos, pero también Japón, Estados Unidos, Israel, entre otros), que se asociaron a los únicos fines de contar con mayor capacidad de presión sobre los países deudores. La deuda de Argentina con este pool proviene de 1956, originada principalmente de garantías de créditos de exportación con algunas de esas naciones y luego fue abultada por algunos préstamos bilaterales para financiar compras -en muchos casos notoriamente fraudulentas, como el caso de dos aviones británicos que nunca llegaron. Pero en lo esencial deriva de sucesivas reestructuraciones que fueron incrementando el monto como una bola de nieve, a base de capitalizar intereses y punitorios.
La deuda se renegoció en nueve oportunidades. Por lejos, la más leonina de todas fue la de 2014, comandada por Axel Kicillof en sus tiempos de ministro de Cristina Kirchner, cuando acordó pagar 9.600 millones de dólares a una tasa del 9% anual en cinco años, para cancelar un impago de 6.300 millones. Pero aún ese monto de capital partía de reconocer ¡una tasa de intereses punitorios del 7,2% anual por cada año que estuvo defaulteada desde 2001! El vencimiento actual de 2.400 millones (incumplido desde mayo de 2019) era la última cuota de esta reestructuración usuraria, pero como vemos volverá a refinanciarse. Una deuda eterna. Con estos antecedentes, es evidente por qué habrá que poner la lupa sobre la letra chica del acuerdo comunicado por Guzmán, es decir qué es lo que deberá volver a negociar antes de marzo de 2022.
Si con lo dicho basta para ilustrar la necesidad de cesar el pago de esta hipoteca e iniciar una investigación, estamos solamente ante un botón de muestra del carácter fraudulento de toda la deuda externa que pesa sobre el país, y que el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa -como se encargó de enumerar el ministro de Economía en su conferencia de prensa- se propone rescatar. Veamos un poco más.
Fraude
Nada menos que el 9 de julio, Día de la Independencia, empieza a pagarse el canje pactado con los bonistas el año pasado. Más de la mitad de esa deuda viene también de las reestructuraciones que siguieron al quebranto de 2001. Un 40% proviene de los canjes de 2005-2010 bajo el kirchnerismo, que compensó la quita nominal con cupones atados al PBI y la inflación al punto de que los acreedores terminaron cobrando un 40 por ciento más (según cálculos del propio Guzmán en una columna publicada en The New York Times en 2016); otra quinta parte de la deuda viene del acuerdo con los fondos buitre del gobierno de Macri -con los votos peronistas en el Congreso-, un negoción de los que habían comprado títulos defaulteados por centavos y luego cosecharon ganancias del 1.000 por ciento, como Paul Singer.
Como se ve, la defraudación al país no se reduce a lo que acusa el gobierno, acerca de que el megacrédito del FMI financió la fuga de capitales y el pago de deuda externa durante el macrismo; una verdadera «querella criminal» debería sentar en el banquillo a todos los que gobernaron las últimas décadas y abrir curso a una investigación independiente del Estado.
Pero incluso aquella afirmación oficial sobre el préstamo del Fondo es autoincriminatoria, porque para seguir pagando puntualmente sus intereses y a otros organismos se «ahorra» en vacunas (en palabras del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero), se roba la movilidad a los jubilados, se cancela el IFE, se imponen paritarias a la baja, se ajusta en salud y educación, se recortan las transferencias a las provincias, se perpetúa la parálisis de la obra pública, y hasta se bloquean importaciones agravando la recesión industrial. Todo, incluso, con el changüí de un boom histórico de la soja ¿Se justifica semejante costo para rescatar un crédito ilegítimo?
El gobierno y la derecha ni siquiera se plantean esta pregunta. Dan por sentado que no hay otro camino que un nuevo programa fondomonetarista. Sin embargo, es prácticamente imposible que Argentina pueda devolver 50.000 millones de dólares en diez años -el plazo máximo-, por lo que en realidad nos llevan a un callejón sin salida de nuevas renegociaciones que extenderán la tutela del FMI por décadas. ¿No hay escapatoria?Contra lo que declaman los partidos patronales y los capitalistas, hay otra alternativa, que permitiría cortar con esa sangría de los recursos del país.
Sobre la supuesta falta de dólares (o el saqueo)
El punto es que se fabrica la idea de que faltan dólares para hacer funcionar la economía nacional, y que no queda otra que traerlos tomando deuda y promoviendo inversiones de capitales extranjeros. Un acuerdo con el Fondo es imprescindible para ambas cosas. Pero eso es falso.
Según un reciente informe del Indec, la economía argentina tiene una posición de acreedora neta internacional, cuyo saldo favorable pasó en el primer trimestre del año de 121 a 129.000 millones de dólares. Es decir que genera mucho más de lo que debe: los activos nacionales superan en un 50% a los pasivos (o sea la suma de las deudas externas del Estado nacional y las provincias, las empresas, entidades financieras, etc.). En efecto, lo que los residentes del país tienen invertido en el exterior o colocado fuera del sistema (cajas de seguridad, o «abajo del colchón») superó los 400.000 millones de dólares, un valor que es bastante mayor al equivalente de todo un PBI argentino y unas diez veces las reservas del Banco Central. El problema es entonces que impera un régimen de saqueo, cuyos resortes es imprescindible atacar.
El organismo oficial de estadística registra que solo en el primer trimestre de 2021 los capitalistas fugaron 7.500 millones de dólares, y eso que por definición no contempla lo que se gira hacia afuera por vías ilegales. Así, lo que se denomina la posición de inversión internacional de los residentes argentinos sigue mejorando ¿De dónde proviene esta riqueza? De lo que gana la burguesía nacional expoliando a los trabajadores. Buena parte es colocada incluso en bonos de deuda del Estado, convirtiéndose así en acreedora de la nación… lo que deriva a su turno en una factura que se carga de nuevo sobre los hombros de las familias obreras del país. ¿No es claro entonces por qué no solo los bloques políticos sino también los empresarios se resisten a cualquier investigación de la fraudulenta hipoteca nacional, y presionan por su pago íntegro?
Decimos que se trata de un régimen de saqueo porque involucra a todo el funcionamiento de la economía, en el cual los capitalistas criollos operan como socios menores de grandes compañías multinacionales. Un aspecto es la concentración del mercado exterior en manos de un puñado de pulpos mayoritariamente extranjeros. Lo atestiguan especialmente los agronegocios, que representan en estos momentos la mitad de las exportaciones del país, las cuales están abrumadoramente concentradas en una decena de empresas (de las cuales solo dos son de capitales nacionales) que cuentan con puertos privados para despachar directamente sus ventas. Como reflejó Vicentin, esta operatoria facilita todo tipo de maniobras de evasión y contrabando, aceitadas por la concesión también privada del corredor estratégico de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Lo mismo se expresó en el tironeo con la cadena cárnica, y sucede por igual con las mineras, etcétera. La nacionalización del comercio exterior es vital para cerrar el grifo de este drenaje de divisas y riquezas del país.
Otra manifestación del saqueo, que también reveló con nitidez el caso Vicentin, es el inmenso endeudamiento privado de las empresas, que supera los 80.000 millones de dólares. A menudo representan autopréstamos de filiales de las mismas compañías en el exterior, que incluso disimulan así sus inversiones, para por esa vía evadir impuestos y sortear obstáculos para el giro de dividendos a las casas matrices. Importa señalarlo porque, además de reflejar el parasitismo de la clase capitalista, refuta que la vía para el desarrollo de la economía nacional pase por otorgar facilidades e incentivos al gran capital, como hace el gobierno flexibilizando el cepo para que puedan girarse utilidades o prometiendo regímenes especiales a la agroindustria y las petroleras con la ilusión de revertir la huelga de inversiones. Este modus operandi tiene como pata fundamental a los bancos. Para combatirlo, es clave la nacionalización de la banca y el sistema financiero, y su concentración en una banca única nacional. Ello, junto con la apertura de los libros de las empresas al control obrero, para investigar las cuentas y las operaciones.
Una salida de los trabajadores
Se trata de quebrar un régimen de saqueo que impera desde hace décadas. Finalmente, si el kirchnerismo cuestiona al macrismo el destino dado al crédito del FMI, vale recordar que durante los mandatos de Néstor y Cristina se financió de todas formas una fuga de capitales de más de 100.000 millones de dólares (según el Banco Central) y el pago de 145.000 millones en deuda externa, solo que se hizo dilapidando el superávit comercial hasta que se secaron las reservas internacionales y terminó cumpliendo el «pago serial» a fuerza de cepo cambiario. En definitiva, ello obedece a que ambos lados de la grieta gobiernan y gobernaron para la misma clase social que lucra con el remate de la Argentina. Por eso no pueden escapar de las recurrencia en el default y la devaluación del peso, con sus trágicas consecuencias para los laburantes del país.
Por eso, las medidas que planteamos -investigación y no pago de la deuda externa, nacionalización de la banca y el comercio exterior, apertura de los libros de las grandes empresas- solo pueden ser llevadas adelante por los trabajadores, en función de poner los resortes de la economía argentina al servicio de las necesidades sociales y de un desarrollo nacional sobre nuevas bases. Es lo que plantea el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad como alternativa al rumbo fondomonetarista del gobierno y la oposición patronal, que nos conducen hacia un abismo.
Iván Hirsch
Rio Negro: no a la presencialidad en pandemia
Desde el inicio del año lectivo 2021, se suceden en la provincia periodos de suspensiones y habilitaciones de presencialidad escolar determinados, dejando reiteradamente al sistema sanitario provincial al borde del colapso. El mes de junio ha sido particularmente riesgoso: el día 6 Rio Negro pasó a ser, junto a Santa Fe, la provincia con mayor porcentaje de camas de UTI ocupadas (96%).
El 16 de junio, la gobernadora, a través de sus redes sociales, anunció la vuelta a la presencialidad a partir del 22, para las escuelas de todos los niveles y modalidades, exceptuando solo el nivel medio del departamento General Roca, que incluye a las ciudades más grandes de la provincia después de Bariloche, y donde el sistema de salud sigue muy comprometido. El Ministerio de Derechos Humanos y Educación cuenta con el aval del Ministerio de Salud, que mediante resolución define como “procedente el regreso a las aulas en función de los datos epidemiológicos”.
El licenciado en administración de empresas que ocupa el Ministerio de Salud desde 2014 -Luis Zgaib- “entiende” que se debe volver a las escuelas en pandemia, pero en siete años no ha comprendido la necesidad de salas UTI para el hospital de El Bolsón, Choele Choel o San Antonio Oeste, ciudades centros de una comarca y con aproximadamente 20.000 habitantes cada una. Hoy propone el regreso a las aulas en un contexto de permanente riesgo de colapso sanitario, atendiendo a pacientes en globas y trailers, con familiares pidiendo un respirador vía redes sociales o con traslados sanitarios de más de 700 km para acceder a una cama UTI, para atención de COVID o cualquier emergencia. La baja de contagios registrada es leve y nada asegura que se mantenga mientras se habiliten más actividades sociales.
La dirección de UnTER
Cinco días después de la orden de retorno a la presencialidad, el plenario de secretarios generales del sindicato docente provincial, UnTER, sesionó de modo virtual y definió por mayoría seguir exigiendo al gobierno un regreso a las aulas “cuidado”.
Antes de desarrollarse el plenario, la dirección del sindicato fue llamada a una reunión con el gobierno para el mismo día de regreso a la presencialidad en la provincia.
La convocatoria del gobierno no tiene temario, pero la dirección Azul Arancibia no vaciló en garantizarle la ´normalidad ´del retorno a las escuelas a costa de exponer al contagio a la comunidad educativa. Todo un grupo social que no está vacunado en su mayoría, que usa el transporte público, que vuelve a escuelas deterioradas en pleno invierno patagónico. La dirección del sindicato sigue hablando de ´presencialidad cuidada´ y cacarea que quiere vacunas, pero rechaza todas las iniciativas de protesta que llevaron al plenario las seccionales opositoras. Compañeras y compañeros fallecidos en el país por COVID nada importan, la dirección de UnTER no está dispuesta a exigir nada, sigue acomodándose a la presencialidad cuidada para no incomodar a la patronal, por eso se niega a llamar a un Congreso del sindicato y someterse a una exigencia de plan de lucha.
La situación de la comunidad educativa
El porcentaje de vacunados de la comunidad educativa es, en general, muy bajo, ya que solo se considera al personal que trabaja en las escuelas y no a familiares y alumnos; la mayoría de los vacunados aún no completan el esquema. Personal docente de nivel medio está siendo vacunado en estos días, con lo cual regresan a las aulas antes de los 15 días necesarios para adquirir alguna inmunidad. La secretaria de políticas Públicas de Salud indicó a los medios que la vacunación de estos grupos depende del avance de la vacunación en cada hospital, ya que en algunos centros se debe seguir atendiendo a personas con factores de riesgo. En el nivel inicial y primario la gran mayoría de las familias pertenecen a grupos etarios menores a los que son prioritarios en los planes de vacunación actuales.
Es necesario sacar conclusiones
En la provincia, como en todo el país, urge reclamar la suspensión de las clases presenciales en pandemia, que se garanticen los insumos para la virtualidad y un salario igual a la canasta familiar para todos los trabajadores.
Exigir a Unter un Congreso provincial para votar un plan de lucha hasta lograr que se completen todos los esquemas y se vacune a toda la comunidad educativa.
La realidad mantiene vigente la consigna “no a la presencialidad sin vacunas”; pero la docencia no puede quedarse esperándolas, tiene que luchar para conseguirlas, promover la formación de comités de luchas, de agrupaciones, asambleas por escuelas, debates virtuales entre trabajadores de la educación y familias. Superar a las direcciones sindicales cómplices de los gobiernos para profundizar la lucha por la salud y la vida.
Mali Quintillán
23/06/2021
jueves, 24 de junio de 2021
Variante Delta: lo que sabemos hasta ahora
¿Qué es la proteína Spike?
El SARS-CoV-2 es un virus envuelto de la familia de los betaCoronavirus. Cada partícula viral está conformada por el material genético del virus (ARN simple cadena), una cápside que lo envuelve formada por proteínas y una envoltura de lípidos y proteínas. Dentro de las proteínas de la envoltura, la glicoproteína S o spike (en inglés, espiga) presenta una importancia central en la infección viral. Está compuesta de dos subunidades S1 y S2 que cumplen funciones distintas. S1 interactúa con el receptor celular ACE2 para permitir el contacto entre el virus y la célula que va a infectar. S2 media la fusión entre la partícula viral y la membrana de la célula que infecta, permitiendo que el material genético viral (ARN) pueda ingresar a la célula y el virus pueda reproducirse (1).
¿Qué ocurre con la proteína Spike durante la infección por SARS-CoV-2?
Para que S1 y S2 puedan cumplir sus funciones respectivas, la proteína S debe ser clivada (dividida) previamente en S1 y S2. El SARS-CoV-2 presenta un sitio específico en su proteína Spike que facilita que una enzima proteica propia del ser humano, la furina, puede llevar a cabo esa división. Este sitio es característico del SARS-CoV-2 y no está presente en otros Coronavirus previamente conocidos. Se ha propuesto que este sitio podría ser el responsable de que el SARS-CoV-2 se transmita mucho más fácilmente que otros virus respiratorios (1). Distintos estudios de laboratorio demostraron la ventaja que implica para la infección del tejido respiratorio en seres humanos y para la infección de otras especies como los hurones (2).
¿Qué implica la mutación en el gen de la proteína Spike que se observó en la variante Delta?
Las mutaciones observadas en la cepa Delta se encuentran en el gen que contiene la información para fabricar la proteína viral Spike. Una de estas mutaciones estaría relacionada con el sitio sobre el que actúa la furina de la persona infectada para dividirla en S1 y S2 y que el virus pueda infectar las células del tracto respiratorio. Aunque aún se sabe poco, la evidencia reunida hasta el momento indicaría que la variante Delta presenta una mejora respecto a cepas anteriores para garantizar la supervivencia del virus en las células del tracto respiratorio, aumentando la infectividad.
¿Qué implica en términos sanitarios?
De acuerdo a los datos preliminares, registrados principalmente en Reino Unido, la variante Delta parece ser alrededor de 60% más transmisible que otras cepas anteriores como la Alpha o UK (identificada en este país a fines de 2020). Además, investigaciones realizadas en Inglaterra y Escocia sugieren que les pacientes infectades con esta variante tendrían el doble de probabilidad de requerir hospitalización, por la mayor severidad del cuadro clínico (3).
¿Qué pasa con las vacunas contra SARS-CoV-2 actualmente usadas?
La variante Delta presenta una resistencia moderada a las vacunas actualmente en uso. Un estudio realizado por la Agencia de Salud Pública de Inglaterra mostró que una dosis de las vacunas de AstraZeneca o Pfizer reduce en un 33% la probabilidad de infección por la variante Delta, mientras que para otras cepas tiene una efectividad del 50%. Con dos dosis de la AstraZeneca, la efectividad es del 60% respecto al 66% logrado para otras cepas. En el caso de Pfizer, dos dosis de la vacuna logran una efectividad del 88% frente al 93% alcanzado con otras cepas (4). Es decir que la nueva variante representa un riesgo mayor por la menor efectividad de las vacunas, particularmente para aquellas personas que recibieron una única dosis.
Las implicancias de la variante Delta a nivel mundial
La propagación de esta cepa ya está causando estragos en diferentes países, comenzando por la India pero siguiendo por otros países de Asia y África. Aquellos países con bajos porcentajes de vacunación, se encuentran en un mayor riesgo debido a la alta transmisibilidad de esta cepa y a la gravedad de los cuadros clínicos que genera. La inequidad sanitaria, económica y social bajo el capitalismo queda una vez más en evidencia. Aquellos países que poseen los recursos para garantizar la vacunación masiva podrán afrontar la propagación de la variante Delta sin mayores sobresaltos. Mientras tanto, países que presentan escasos recursos y baja tasa de vacunación quedarán a la merced de olas epidémicas con consecuencias catastróficas. Es lo que les científiques ya advierten respecto a los riesgos que esto implicará por ejemplo para África (4). Por otra parte, los datos publicados muestran que la estrategia de inocular con una única dosis no resulta viable por la reducción de la eficacia que implica esta cepa y sobre todo por el potencial surgimiento de nuevas cepas que muestren una mayor resistencia a las vacunas actuales.
La aparición de nuevas cepas de SARS-CoV-2 implica que el desarrollo de vacunas para Covid-19 será un proceso constante y dinámico. El retraso actual en la distribución de vacunas a los países pobres debería constituir una señal de alarma inmediata para revertir este crimen contra la humanidad que se encuentra en curso. La política de los Estados capitalistas de mantener el actual sistema de patentes para garantizar el lucro de las farmacéuticas y la privatización de la producción de vacunas y medicamentos son la causa directa e inmediata de la muerte evitable de millones de personas. La lucha para garantizar el acceso a las vacunas, tratamientos y atención médica a la par de la socialización de la producción actual se refuerza.
Lucía Ma
Bióloga
(1) Xia, S., Lan, Q., Su, S. et al. The role of furin cleavage site in SARS-CoV-2 spike protein-mediated membrane fusion in the presence or absence of trypsin. Sig Transduct Target Ther 5, 92 (2020).
(2) Peacock, T.P., Goldhill, D.H., Zhou, J. et al. The furin cleavage site in the SARS-CoV-2 spike protein is required for transmission in ferrets. Nat Microbiol (2021).
(3) https://www.nature.com/articles/d41586-021-01696-3
(4) https://www.gov.uk/government/news/vaccines-highly-effective-against-b-1-617-2-variant-after-2-doses
Paraguay: desastre sanitario y crisis social
Desastre sanitario
La reapertura general sin protocolos duplicó el ritmo de contagios y los hospitales colapsaron rápidamente. La ocupación de camillas y respiradores alcanzó el 100%, mientras que aún otras doscientas personas en estado crítico no pueden ser asistidas. A principios de junio, los trabajadores de la salud debieron movilizarse hasta el Ministerio, denunciado la falta de presupuestos para adquirir insumos y el pago salarial adeudado de seis meses. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue amenazarlos con juicios y despidos masivos si no volvían a sus puestos (Nodal, 9/6).
Por otra parte, la escasez de vacunas no se revierte. Solo el 6% de la población recibió la primera dosis y apenas el 1% la segunda. El calendario oficial del Ministerio de Salud espera alcanzar al 75% de la población recién en 2023. Sin inmunización ni plan de vacunación en el corto plazo, el gobierno forzó la vuelta a clases presenciales, pese a que ya han muerto 300 docentes. A su vez, las pocas dosis que llegan al país son absorbidas por los vacunatorios VIP: el gobierno está denunciado por vacunar a 500 empresarios, funcionarios y políticos sin turno, de manera confidencial, como es el caso de la senadora colorada, Mirta Gusinky, quien debió renunciar tras el escándalo (Télam, 4/5).
Situación social y elecciones fallidas
La situación social se caldea. Recordemos que, durante marzo, las calles se colmaron de trabajadores y campesinos que exigían la renuncia del presidente, bajo la consigna “ANRNuncaMás”, llegando inclusive a incendiar la sede central del Partido Colorado. La oposición (liberales y Frente Guasú) intentó institucionalizar ese malestar por medio de un pedido de juicio político, que de todos modos no prosperó porque las distintas fracciones del oficialismo terminaron cerrando filas detrás del mandatario.
En cierto modo, la bronca popular se manifestó ahora en las elecciones internas municipales del pasado domingo 20, ya que hubo una abstención superior al 60% en la del Partido Colorado. En la del Partido Liberal, en tanto, hubo un importante nivel de voto en blanco (ídem, 22/6).
Por otro lado, el candidato vinculado a Abdo Benítez perdió en Asunción frente al del expresidente Horacio Cartes, quien se prepara para las presidenciales de 2023. Esto muestra el desgaste del actual presidente, como fruto de la desastrosa gestión de la pandemia. Aunque compitieron en la capital paraguaya, el bloque del primer mandatario y el cartismo consensuaron listas en la mayoría de los distritos.
Por una salida de los trabajadores
Pese a que el desastre sanitario es responsabilidad directa del gobierno, éste insiste en que la culpa se debe a los paraguayos que vacacionaron en Brasil y “se relajaron con los cuidados” (ABC, 21/6). Busca un chivo expiatorio.
Las movilizaciones de trabajadores de la salud y de campesinos durante junio demuestran una situación social cada día más caldeada. La salida a esta crisis será de la mano de trabajadores y campesinos, retomando el camino de marzo, con un plan de lucha hasta echar al gobierno de Abdo Benítez.
Álvaro Chust
Juan Forn y Santucho: Todo o Nada
Ocurrió en el invierno de 1990 en las oficinas semioscuras y estrechas que la editorial Planeta tenía en la calle Lavalle, esquina Montevideo. Entré a su oficina con el manuscrito que había pactado con el anterior editor: una biografía, la primera de la serie que saldría sobre esa historia, sobre el jefe de la guerrilla guevarista del ERP, Mario Roberto Santucho. Juan tenía miedo de que ese texto fuera un panegírico tan trágico como había sido la historia y preguntaba y preguntaba sobre mi punto de vista. Indagaba con inteligencia y pasión sobre mi capacidad de distancia y critica en momentos en que la historia del setenta debía ser revisada. “Ni adjurar ni adular”, dijo. Estábamos de acuerdo: ni santos ni demonios. En lo personal, había masticado esa historia lo suficiente como para no temerle al desafío. Lo suficiente como para no traicionarme. “Ni adular ni negar”, le contesté. “Y no se trata solo de verbos, Juan”. Nos reimos. Se sabe: la risa al final de un diálogo siempre anticipa un acuerdo.
Unas semanas más tarde, exactamente el 19 de julio de 1990, volví para escuchar su devolución y llevarme el contrato de la editorial para firmar. Recuerdo con claridad - entre todo lo que hablamos- que preguntó con insistencia: ¿Foto de tapa? ¿Título? “La utopía en llamas”, dije. “No está mal, pero es muy largo”, dijo sin desecharlo. Nos quedamos un rato ensimismados, en silencio. Como intentando encontrar la piedra filosofal que identificara el corazón del libro, la palabra justa… Y cambiamos de tema. Seguimos hablando de la cantidad de páginas, de su salida, de cómo le había gustado el texto…de que sería el primer libro desde el regreso de la democracia que abordaría la historia de la lucha armada de parte de esa generación a través de una biografía para publicar en la colección que Juan dirigía, Espejo de la Argentina, y cuyo editor asistente había sido Alejandro Horowicz, con quien nos encontrábamos para seguir el curso de mi investigación y la estructura del libro.
Oscurecía. Así que pactamos vernos en unos días ¿La foto? Sara Facio había tomado una foto rara, extraordinaria, de la mirada del jefe guerrillero mientras, desde la clandestinidad, daba una conferencia de prensa en 1973 y que fue la única que se transmitió por televisión. De seguro, ésa sería la tapa. “El título, el título”, repitió Juan. Terminé el café, me levanté dándome por vencida, me dirigí a la puerta y Juan comentó: “La verdad que tu generación lo dio todo, ¿no?”, dijo intuitivo, como buscando una respuesta al enigma. Ya de salida le contesté, sin pensar, desde las tripas: “Era todo o nada…Juan”.
En una fracción de segundo, como si hubiéramos pronunciado el abracadabra que podía abrir el cofre del tesoro grité: “Lo tenemos Juan, lo tenemos: el título es Todo o Nada”. Juan saltó de su asiento: “Si, sí, es eso, es eso…” E hizo una especie de danza sobre sí mismo.
Porque Juan había dado el puntapié inicial con su reflexión para nombrar el corazón de mi libro. Porque se llamó finalmente Todo o Nada. Porque Juan ya no está pero su magia queda en cada rincón de las historias que nos contó y nos ayudó a contar. Entonces: No.
María Seoane
23 de junio de 2021
A sus 77 años, falleció Horacio González
Luego de batallar por poco más de un mes contra el Covid-19, falleció este martes Horacio González. El sociólogo de 77 años partió con una nutrida carrera como militante, ensayista, docente, director de la Biblioteca Nacional e integrante de Carta Abierta.
González fue un intelectual muy respetado en distintos ámbitos. Tal es así que Beatriz Sarlo lo despidió como su “interlocutor ideal”, porque estaban “en desacuerdo en casi todo”. Autor de diversos libros en los que perseguía una obsesión simétrica por las palabras que utilizaba, nunca se encerró en su rol como ensayista y como escritor. Se ganó también un prestigio sosteniendo debates sobre numerosos temas y como docente, concernido a estudiar fenómenos y sucesos muy peculiares.
Durante la década del 70 militó en la denominada “izquierda peronista”, primero en las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y luego en el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP). Esto le costó caer preso en dos ocasiones incluso previas al golpe militar, en los años del tercer gobierno peronista y el ascenso de la represión interna. Aunque finalmente “se decidió” por el liderazgo de Perón, alejándose de la izquierda peronista y pasando a las filas de la JP Lealtad luego del asesinato de Rucci, volvió a ser apresado bajo la dictadura militar por medio año, lo que lo llevó a exiliarse a Brasil.
Desde su regreso se dedicó de lleno a su carrera como docente en la facultad de Sociología de la UBA. Durante el menemismo, fue parte de toda una camada que consideró aquella década como una “traición” y no como un proceso que se gestó desde las entrañas del PJ. Así fue que formó parte del grupo “Renovación Peronista”. Para el estallido de la rebelión del 2001, integró la Asamblea del Parque Lezama y editó varios artículos y textos sobre los días que se atravesaban.
Ya para los años del kirchnerismo, González fue un hombre cercano al gobierno. Allí fue designado como director de la Biblioteca Nacional, donde impulsó varias jornadas y ciclos culturales. Pero fue a partir de 2008 donde su nombre cobró dimensión pública mayor. Fue impulsor de Carta Abierta, un espacio de intelectuales peronistas que ha tenido un rol de declaraciones y escritos en apoyo al kirchnerismo desde entonces.
Como se puede ver, tenemos grandísimas diferencias ideológicas, políticas y pragmáticas con la obra de González. Enviamos nuestras condolencias a su familia.
Prensa Obrera
miércoles, 23 de junio de 2021
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