La misma semana en que el gobierno confirmó el despido de más de sesenta trabajadores contratados de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), anunció una inversión de 1.200 millones de dólares para construir en Atucha, en un plazo de cinco años, el primer reactor ACR-300, de la mano de la empresa Meitner Energy. El anuncio tiene el mismo aire que la vieja promesa menemista del avión a la estratósfera: un plan grandilocuente que nadie con conocimiento real del sector nuclear cree que vaya a concretarse tal como se lo vende. La coincidencia entre el despido y el anuncio no es casual: expresa con crudeza el sentido del ajuste. Como en casi todos los capítulos del "achique" del Estado, el desguace de la CNEA tiene una contracara: mientras se desarman equipos formados durante décadas, avanzan negocios privados y extranjeros sobre áreas estratégicas del desarrollo nacional.
Los despidos se dan en un contexto de contratos renovados por períodos cada vez más cortos, salarios licuados, jubilaciones sin reemplazo y una presión creciente que empuja a profesionales altamente formados hacia el sector privado o al exterior. Y, como señaló Prensa Obrera en “Milei profundiza el vaciamiento de la CNEA: despidos, represión y entrega”, este vaciamiento no puede justificarse por una supuesta crisis económica del sector nuclear estatal: Nucleoeléctrica Argentina y Dioxitek cerraron 2025 con resultados financieros muy positivos.
La tecnología nuclear tiene aplicaciones que atraviesan la salud (como la producción de radioisótopos indispensables para diagnósticos y tratamientos oncológicos), la educación e investigación (como el Dan Beninson —entre la Unsam y la CNEA— o el famoso Instituto Balseiro). Áreas afectadas por la motosierra. En el caso de la CNEA, se suma una cuestión estratégica de enorme peso: el control sobre tecnologías nucleares, el ciclo del combustible y capacidades científicas que muy pocos países lograron desarrollar y que son objeto de una disputa creciente entre las grandes potencias.
Durante décadas, a partir del trabajo de científicos, técnicos y trabajadores formados en el sistema público, Argentina desarrolló capacidades nucleares excepcionales para un país dependiente: fabricación de combustible, tecnología de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu, producción de agua pesada y capacidad para diseñar y exportar reactores de investigación. Esa acumulación de conocimiento permitió avanzar en proyectos propios de enorme valor estratégico como el Carem-25, el primer reactor de potencia diseñado íntegramente en Argentina.
Argentina no es simplemente un país que utiliza energía nuclear. No es tampoco una potencia nuclear. La energía nuclear representa apenas una parte minoritaria (7%) de la generación eléctrica del país y la política energética siguió atravesada por la dependencia de combustibles, financiamiento y tecnología extranjera. Incluso durante los gobiernos que hicieron del "desarrollo nuclear argentino" una bandera, proyectos estratégicos quedaron sujetos a acuerdos con potencias como China y capacidades propias, como la producción de agua pesada, fueron abandonadas durante años.
Esas capacidades nunca alcanzaron para romper la dependencia energética del país, pero constituyen herramientas concretas para avanzar en ese sentido. El desmantelamiento de la CNEA viene a liquidar las capacidades propias que podrían permitir dejar de depender cada vez más de tecnología, insumos y capitales extranjeros.
Hacia fines de 2024, el Carem-25 acumulaba un avance físico muy importante, pero a principios de 2025 la CNEA suspendió los trabajos de construcción y concentró los escasos recursos disponibles en sostener tareas de ingeniería y desarrollo de componentes. Mientras el Estado congela un proyecto estratégico propio, buena parte de los profesionales que lo sostenían terminan absorbidos por iniciativas privadas. Ahí aparece Meitner Energy.
Meitner Energy: el negocio detrás del "reactor argentino"
Meitner Energy es una sociedad constituida en 2024 en Delaware, Estados Unidos, un estado que funciona como paraíso fiscal dentro del propio territorio norteamericano por la opacidad y las facilidades que ofrece para registrar sociedades. Del capital de la empresa, el 60 por ciento pertenece al Grupo Ansari, liderado por el magnate estadounidense de origen iraní Hamid Ansari, un inversor sin antecedentes en el sector nuclear. El 40 por ciento restante está en manos de Black River Technology, una filial estadounidense de Invap, la empresa estatal rionegrina que participó del diseño del reactor. Es decir: la compañía pública argentina participa como socia minoritaria de un vehículo financiero radicado en el exterior para explotar una tecnología que ella misma ayudó a desarrollar.
¿La patente es argentina? Invap patentó un diseño conceptual del ACR-300 y sobre qué pasó con esa patente el hermetismo es total: Meitner Energy mantiene bajo estricta confidencialidad los términos de su propiedad intelectual, algo llamativo para un desarrollo que partió de fondos y capacidades públicas. Trascendió, sin confirmación oficial, que esa patente habría sido vendida a la propia Meitner Energy a mediados de 2025; ni el gobierno ni la empresa lo desmintieron ni lo confirmaron. Le pidieron precisiones al gobierno sobre este esquema, sin obtener por ahora ninguna respuesta clara sobre a quién pertenece hoy la propiedad intelectual del ACR-300 ni en qué condiciones se transfirió.
Hay además un dato que el gobierno prefiere no explicar. El licenciamiento del predio de Atucha donde se instalaría el nuevo reactor fue tramitado para un proyecto distinto, conocido como Atucha III. Pero en la industria nuclear cada licenciamiento se otorga para un reactor específico, con su propia ingeniería y sus propios sistemas de seguridad: no es una habilitación general de terreno que después se pueda "recalibrar" para meter otro diseño. Hablar de terminar el ACR-300 sobre ese licenciamiento es directamente una mentira.
El control sobre la minería de uranio
Es posible, incluso, que el reactor "en cinco años" nunca llegue a construirse: buena parte de este tipo de anuncios funciona más como una aventura financiera especulativa —vaya a saber cuán sólida— que como un proyecto de ingeniería real. Pero detrás de la falopa discursiva hay algo bien material y de un interés particularmente guerrerista: el control sobre la minería de uranio. El uranio no sirve solamente para alimentar reactores de potencia; con distintos niveles de enriquecimiento, el mismo mineral es la base de las armas nucleares. Quien controla las minas, el ciclo de enriquecimiento y la cadena de decisiones sobre ese recurso no está apostando únicamente a un negocio energético.
Meitner Energy empezó a contratar en los últimos dos años a decenas de profesionales formados en Nucleoeléctrica, en la CNEA y en el propio equipo del Carem, aprovechando los salarios pulverizados del sector público: no es una fuga espontánea, es el resultado directo de desarmar un organismo estatal para alimentar, con ese mismo capital humano, un negocio privado. El proyecto buscará además calificar para el Súper RIGI, el régimen de incentivos que otorga treinta años de estabilidad fiscal y cambiaria a inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.
Por una lucha de conjunto contra el vaciamiento
Hay que ir a una pelea a fondo por la reincorporación de cada trabajador despedido en Ezeiza, Bariloche y Constituyentes. La ocupación de la sede central el día de los despidos, desalojada por Gendarmería, logró poner el conflicto de la CNEA en la agenda. Sin embargo, desde entonces las conducciones de ATE no convocaron a un paro ni a una lucha de conjunto. La mesa de negociación abierta tras la toma, presentada como una conquista, funciona más como vía de escape del conflicto: aunque los sindicatos firmaron una minuta reclamando las 61 reincorporaciones, la discusión se orienta a revisar caso por caso los perfiles de los despedidos para definir quién puede volver, y mientras “portarse bien” para que no se disuelva la mesa.
Voluntad de lucha sobra. Hubo olla popular en Bariloche, movilización dentro del Centro Atómico Ezeiza y acciones en la sede central. Lo que falta es unificar esa fuerza. ATE debe convocar a un paro nacional real de estatales y coordinar la pelea de la CNEA con las universidades, el Garrahan y todos los sectores golpeados por la motosierra. Tenemos que superar el bloqueo que imponen las direcciones de la CGT y las CTA, en la perspectiva de convocar a una huelga general. La lucha contra los despidos y la entrega de la CNEA es parte de la pelea por derrotar el plan de Milei y por una salida de los trabajadores.
Flor Sarmiento
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