El gobierno de Javier Milei presenta al sector energético como la gran demostración del éxito de su programa económico. La producción récord de Vaca Muerta, el crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas, el superávit comercial energético y las inversiones impulsadas por el Rigi son exhibidos como la prueba de que "la economía funciona". Pero ese supuesto milagro tiene beneficiarios muy concretos: las petroleras, los monopolios energéticos y los fondos de inversión, mientras los trabajadores del sector y el conjunto de la población pagan la cuenta.
Durante el primer semestre de 2026, la balanza comercial energética alcanzó un superávit cercano a los 6.000 millones de dólares, el mejor resultado en más de una década. El Rigi ya concentra 41 proyectos por más de 140.000 millones de dólares, consolidando un régimen de privilegios fiscales, cambiarios y regulatorios para las grandes patronales. Se trata de un esquema pensado para garantizar la rentabilidad del gran capital sobre la base de la entrega de recursos estratégicos.
Sin embargo, la realidad de quienes producen esa riqueza desmiente por completo el relato oficial. Una encuesta de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), junto al IAETES, investigadores de la UBA y la Fundación Rosa Luxemburgo, muestra que el 80% de los trabajadores del sector tiene algún tipo de deuda. Un tercio se endeuda para comprar alimentos, ropa y otros bienes básicos; el 27% para afrontar alquileres y expensas; y otro 26% para pagar las tarjetas de crédito.
El deterioro económico se refleja también en el peso creciente de las obligaciones financieras. El 37% de los trabajadores endeudados ya presenta atrasos en los pagos y uno de cada cuatro recibió intimaciones de estudios de cobranza. Incluso la Bonificación Anual por Eficiencia dejó de representar un ingreso extra: el 49% la destina directamente a cancelar deudas acumuladas. Mientras las empresas baten récords de ganancias, quienes sostienen la producción apenas logran sobrevivir.
La situación golpea además la salud de los trabajadores, con un 65% de los obreros que afirma que su salud mental empeoró durante el último año. Ansiedad, angustia, insomnio e irritabilidad aparecen como consecuencias directas del deterioro salarial y del sobreendeudamiento. Muchos debieron extender su jornada laboral o buscar un segundo empleo para sostener ingresos que ya no alcanzan, evidenciando que el crecimiento del sector no se traduce en mejores condiciones de vida.
La encuesta también revela un profundo rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno. El 59% de los trabajadores considera que su situación laboral empeorará mucho y otro 15% cree que empeorará algo. No se trata de una percepción infundada: la reforma apunta a abaratar el “costo laboral” y fortalecer el poder patronal, consolidando una ofensiva contra salarios, convenios colectivos y derechos conquistados. Los trabajadores petroleros ya tienen un recorrido en cuanto a la flexibilización laboral y sus consecuencias nefastas, con las reiteradas adendas a los convenios colectivos, que introdujeron sucesivas reformas precarizadoras y contrarias a los derechos obreros, particularmente en favor de las petroleras en Vaca Muerta.
Paradójicamente, ni siquiera las empresas parecen encontrar grandes ventajas inmediatas en las nuevas herramientas de flexibilización. Según un relevamiento de PwC, el denominado "salario dinámico" apenas es utilizado por el 1% de las firmas relevadas, los bancos de horas alcanzan al 9% y solo el 10% utiliza el régimen de incentivo a la formalización laboral. La reforma no impulsa la producción: busca sentar las bases para una mayor explotación futura.
El resto de la población trabajadora también financia este modelo en beneficio de un puñado de patronales. Los récords exportadores conviven con tarifazos en electricidad y gas, aumentos permanentes en los combustibles y un encarecimiento generalizado del costo de vida. La riqueza generada por Vaca Muerta no abarata la energía para los hogares ni impulsa el desarrollo nacional: alimenta las ganancias extraordinarias de un puñado de corporaciones.
El llamado "milagro energético" sintetiza así el verdadero contenido del programa libertario: socialización de los costos y privatización de los beneficios. El Estado entrega recursos, garantiza negocios mediante el Rigi y descarga el ajuste sobre trabajadores, jubilados y consumidores, mientras las patronales energéticas acumulan rentabilidades récord.
La salida no pasa por profundizar la entrega ni la flexibilización laboral, sino por enfrentar el ajuste de las patronales y del gobierno. La defensa de los salarios, de los convenios colectivos y de las condiciones de trabajo debe unirse al rechazo de los tarifazos y del saqueo de los recursos naturales, para terminar con el enriquecimiento de un puñado de capitalistas y que la energía y su explotación pase a estar al servicio de las necesidades de las mayorías trabajadoras.
Marcelo Mache
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