Las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier sobre el aumento de la morosidad constituyen un nuevo intento del gobierno de Javier Milei por descargar sobre los trabajadores las consecuencias de su propia política económica. Según el funcionario “a veces la gente misma se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”, pretendiendo convertir a las víctimas del ajuste en responsables de una crisis que el gobierno profundiza.
Según datos del Banco Central, la cantidad de préstamos renegociados se duplicó en apenas seis meses y alcanzó un récord histórico. No se trata de un problema de falta de educación financiera, sino del derrumbe de los ingresos populares y de los trabajadores. Cuando el salario y las jubilaciones pierden sistemáticamente contra la inflación no existe administración doméstica capaz de compensar semejante saqueo.
Las familias no se endeudan porque desconozcan cómo manejar una tarjeta de crédito, se endeudan para comer, para pagar un alquiler, para afrontar una factura de luz o de gas que se multiplicó por los tarifazos, para comprar medicamentos o simplemente para llegar a fin de mes. La expansión del crédito al consumo en estas condiciones no expresa una mejora en el bienestar sino un recurso desesperado para cubrir necesidades básicas que antes podían solventarse con el ingreso corriente.
El gobierno nacional es responsable directo de este proceso: mientras celebra una desaceleración de la inflación, oculta deliberadamente que los rubros que más pesan sobre el presupuesto obrero siguen aumentando por encima del promedio, con un IPC que cerró en junio en un 1,9%, donde los servicios aumentaron 2,9%. Los servicios regulados, impulsados por los tarifazos, continúan erosionando el poder adquisitivo de los salarios. A esto se suman alquileres cada vez más elevados y un mercado laboral devastado por despidos, suspensiones y una creciente precarización laboral.
Quien se endeuda para compensar una pérdida de ingresos puede sostener esa situación durante un tiempo. Pero si esa pérdida continúa profundizándose mes tras mes, llega un momento en que la deuda se vuelve impagable. No hay "buena administración" que pueda revertir una ecuación donde los ingresos reales caen mientras las obligaciones financieras aumentan.
Esta realidad golpea con especial dureza a los sectores más precarizados. Miles de jóvenes sin empleo formal sobreviven mediante aplicaciones de reparto o changas, financiando sus gastos cotidianos con créditos personales o directamente con préstamos ofrecidos por las propias plataformas. Lejos de representar una inclusión financiera, estos mecanismos profundizan un círculo de endeudamiento permanente, con tasas usurarias y crecientes dificultades para cancelar las obligaciones impuestas.
También resulta cínico que Ravier remita la solución a las refinanciaciones ofrecidas por los bancos o a una eventual baja futura de las tasas de interés. El esquema financiero promovido por el propio gobierno les garantiza a los bancos ganancias extraordinarias mediante la especulación con la deuda pública y los instrumentos de absorción monetaria. Mientras el Estado remunera generosamente la bicicleta financiera, las entidades trasladan al crédito para consumo tasas que resultan asfixiantes para cualquier trabajador.
La orientación económica del gobierno de Milei privilegia la valorización financiera por sobre la actividad productiva. La economía no genera empleo ni salarios capaces de sostener el consumo, mientras el sistema financiero obtiene rentabilidades extraordinarias alimentando el endeudamiento de una población cada vez más empobrecida.
La apelación a la “responsabilidad individual” constituye un viejo recurso ideológico de todos los gobiernos ajustadores. Antes fue el “vivieron por encima de sus posibilidades”; ahora es la supuesta falta de educación financiera de quienes ya no llegan a cubrir la canasta básica. El objetivo es el mismo: ocultar que el origen de los récords de morosidad reside en una política consciente de transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia los grandes grupos económicos, los bancos y el capital financiero.
La creciente morosidad no es una anomalía de una economía que “recupera el crédito”, es la consecuencia directa de un programa económico que destruye salarios, licúa jubilaciones, multiplica los tarifazos y convierte al endeudamiento en el único salvavidas de millones de familias. Hay que derrotar a este gobierno para terminar con este rumbo. La responsabilidad no es de quienes ya no pueden pagar: es de quienes gobiernan para los bancos, los acreedores y los grandes capitalistas.
Marcelo Mache
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