Aceiteros, recibidores, portuarios: por una huelga de todo el Cordón para ganar una lucha estratégica

Sin lugar a dudas, la huelga aceitera se ha transformado en una pulseada decisiva entre la clase obrera, de un lado, y la patronal más poderosa de Argentina, el complejo sojero industrial, por el otro. Es una confrontación acerca del destino mismo del ‘ajuste’ que impulsan el gobierno y el FMI, y un punto de inflexión a favor o en contra del conjunto de la clase obrera. Las burocracias sindicales oficialista, tanto la CGT como el grupo Moyano, le han dado soberanamente la espalda, en el afán de asegurar el ‘éxito’ del gobierno a expensas de los trabajadores. Por estas razones, la victoria de la huelga (que los últimos comunicados de los sindicatos del aceite califican como “indefinida”) depende de una movilización que atraiga a la lucha a nuevas franjas de la clase obrera. Las últimas ‘ofertas’ de la patronal, plagadas de aumentos dilatados en cuotas y carácter no remunerativo, se encuentra a distancia sideral de las reivindicaciones planteadas por los sindicatos. Concretamente, un salario básico, igual al costo de la canasta familiar integral, de 90 mil pesos. 

 El martes 22, la totalidad de los gremios de los puertos, organizados en la Intersindical Marítima Portuaria del Cordón Industrial de Rosario, inició una huelga de 36 horas, desde las 6 de la mañana. Con un pliego de reivindicaciones propio, se incorpora a la coordinación de la lucha. Los once sindicatos mantienen parada la actividad portuaria; más de un centenar de barcos cargados de granos para procesar se amontonan en el puerto. Es necesario que lance la huelga indefinida. La huelga crece y se suman los piquetes. 

 Las cámaras patronales intentan tirar lastre. Ahora reconocen a medias que correspondía un aumento de salarios al vencimiento de la cláusula de revisión en la paritaria anterior. De cualquier modo, la propuesta salarial que ahora formulan está por debajo tanto del reclamo de los aceiteros de la Federación como de los del SOEA de San Lorenzo. Proponen una cláusula de revisión del 10% (4% en noviembre y 6% en diciembre), en calidad de suma fija no remunerativa; pasaría al básico recién a partir de enero 2021. . La cuestión nodal es un salario básico equivalente a una canasta familiar, que era, al 31 de agosto, de $81.670 pesos, y hoy supera los 90 mil. El básico que está cobrando es de $68.678. Las patronales, que incumplen lo convenido en la paritaria anterior, pretenden resolver dos paritarias juntas con una propuesta del 25% de aumento en tres tramos hasta julio (13% enero, 6% abril y 6% julio), con un sistema de salarios básicos diferidos. 

 La Cámara de la Industria Aceitera incluye, en la propuesta, un bono anual y un bono por la pandemia, por única vez, no remunerativo, de $60.000 en cuotas mensuales, algo que está por detrás de lo que ya paga la exportadora Cofco desde marzo como bono pandemia. Las patronales han buscado aprovechar las cercanías de las Fiestas para extorsionar a los sindicatos y a los trabajadores, con el no pago de los días de huelga, que ahora se suma como otra reivindicación central de esta lucha. 

 El conflicto ha dejado expuesto de qué lado se encuentra el gobierno ‘nacional y popular’. El ministerio de Trabajo ha homologado, en un ciento por ciento de casos, los pagos en cuotas y las cláusulas no remunerativas que eximen a las patronales de la contribuciones previsionales y de salud – mientras se llena la boca con el déficit del sistema jubilatorio, y en medio de la mayor crisis sanitaria que se conozca. Las grandes cerealeras han ganado más con el aumento del 70% del precio de la soja que con cualquier devaluación, y han impuesto un diferencial a favor de ellas entre las retenciones a la materia prima y el producto elaborado que exportan. 

 Repetimos: es una lucha estratégica, porque opone la revalorización del salario a la política del gobierno y las patronales, que han producido una devaluación gigantesca de la fuerza de trabajo, por medio de la pandemia. Las mismas patronales del FdT admiten en público que el salario en dólares es el más bajo de la historia. 

 Llamamos a extender los piquetes en la semana de fin de año y a organizar una huelga general de todo el Cordón, resuelta en asambleas, plenarios y congresos de los sindicatos del Departamento de San Lorenzo. 

 Juan Ferro 

 26/12/2020

Plomo en sangre

¿Qué pasó en los 70 en Argentina?

La nueva cepa del coronavirus impacta en una Europa en estado crítico

La “segunda ola” arrecia junto con crisis políticas y económicas. 

 Cuando la llamada segunda ola del coronavirus aun no encontró sus límites en los estragos que está causando entre los europeos, el descubrimiento de una nueva cepa del virus, que tendría su epicentro en Inglaterra, encendió todavía más las alarmas en el viejo continente. 

 Es que la nueva variante tendría una tasa de contagio más elevada (de hasta un 70% mayor que las existentes hasta el momento), lo que sin embargo es motivo aun de debate entre los especialistas ya que muchos aducen que los mayores contagios se deben al mayor movimiento y concentración de la población por la cercanía con la navidad y el año nuevo. 

 Empero, once países europeos cerraron sus fronteras con el Reino Unido y otro tanto solo permite el retorno de los naturales de cada país con un testeo previo. El impedimento para salir o ingresar a la isla de Gran Bretaña sin contar con un test negativo provocó un verdadero descalabro a ambas orillas del Canal de la Mancha con miles de camiones varados durante días y una crisis política en regla. El aislamiento sanitario que Europa dispuso respecto al territorio británico se da en el contexto de las tensas negociaciones sobre el Brexit y ha sido visto como una represalia, así como un anticipo, de la política que dispondría Bruselas ante una salida intempestiva de Londres de la Unión Europea. 

 El gobierno de Johnson ha debido dar marcha atrás con la liberalización irresponsable de su política de contención de la pandemia y ha decretado para la capital y otras regiones del sureste una cuarentena estricta, lo que conlleva la imposibilidad de las reuniones para el festejo de la navidad. Las autoridades del Servicio Nacional de Salud han solicitado que se conserve un trabajo común con las autoridades sanitarias de la UE para combatir al coronavirus, habida cuenta que, con 19 mil internados, la situación es similar al peor momento de la «primera ola» (Deutsche Welle, 23/12). El Reino Unido ha sufrido más de 68 mil muertos por la pandemia. 

 En el continente la situación dista de ser mejor. Alemania, país que hasta el momento era mostrado como ejemplar en su manejo del virus, se encuentra en su peor momento, registrando hasta 30 mil casos diarios nuevos. El fracaso se debe a la política orquestada por los distintos gobiernos, tanto nacional como a nivel estadual, de buscar no poner obstáculos a la «recuperación» económica así como a no querer enfrentar a los movimiento anti cuarentena. La pandemia ha vuelto a mostrar la diferenciación social al interior del estado germano y la naturaleza parasitaria de la reunificación de la que se cumplen 30 años: las regiones orientales como Turingia o Sajonia duplican la tasa de incidencia del promedio nacional (La Nación, 18/12).

 En Francia, a pesar de llevar más de un mes de toque de queda (imposibilidad de transitar pasadas las 20 horas), la pandemia está lejos de estar bajo control, con lo que las medidas de aislamiento social que incluyen el cierre de las actividades culturales así como bares y restaurantes permanecerán durante las fiestas. En el país galo, cuyo presidente Emmanuel Macron se encuentra enfermo por coronavirus, la pandemia se ha cobrado hasta el momento más de 60 mil víctimas. En Italia, el gobierno de Conte ha dispuesto un confinamiento «duro», pero solo para los días de las festividades, cuando los informes arrojan la escalofriante cifra de 600 fallecidos diarios. España atravesará las fiestas con un toque de queda nocturno y un limite de diez personas para las reuniones sociales, en un contexto de fracaso de la política del gobierno PSOE-Podemos de cierres y cuarentenas parciales, habida cuenta que los nuevos contagios diarios superan en promedio los 15 mil. 

 Las bolsas del continente sufrieron un retroceso general a raíz del cuadro descripto y de la llegada de la nueva cepa; las previsiones que indicaban un cierre del 2020 con un 10% de desempleo a nivel continental en el caso de una contención del covid-19 deberán ser recalculadas al alza. El fin de los programas de sostenimiento estatal a las empresas provocará un número ingente de quiebras (eleconomista.es, 15/10). 

 A la espera aun del comienzo de la distribución de la vacuna (cuya creación y producción se dio a través de la competencia capitalista, es decir con el objetivo de la ganancia), el manejo de la pandemia por parte de los gobiernos burgueses de Europa arroja como balance un fracaso rotundo. El continente es la región del mundo con más fallecidos a la fecha superando los 500 mil, lo que es la consecuencia de años de «austeridad» y destrucción de los sistemas de salud, así como de la no afectación de los intereses empresariales para hacer frente a la enfermedad. Las medidas de cuarentena en curso en este periodo en ningún caso suponen la suspensión de las actividades económicas no esenciales ni la centralización de los recursos sanitarios de cada país. 

 Los trabajadores de Europa mediante su intervención independiente deberán hacer que los gobiernos y los capitalistas rindan cuentas ante el verdadero crimen social que constituyen las muertes por coronavirus.

 Leandro Morgan

Cine Fake

La cultura de las falacias es una pandemia... también 

 Abunda en la industria cinematográfica la tendencia “Fake”, no pocas veces disfrazada de “ficción” e incluso de “documental”. “Todos mienten” dice el Dr. House en la “teleserie” con el mismo nombre. Eso incluye a la catarata de “series televisivas” de moda. Si hubiese una auditoría ética para la producción cinematográfica, en la que primara el […] 

 Abunda en la industria cinematográfica la tendencia “Fake”, no pocas veces disfrazada de “ficción” e incluso de “documental”. “Todos mienten” dice el Dr. House en la “teleserie” con el mismo nombre. Eso incluye a la catarata de “series televisivas” de moda. Si hubiese una auditoría ética para la producción cinematográfica, en la que primara el rigor de la verdad, basado en evidencias y documentos certificados, quedarían en pie muy pocas “realizaciones” industriales o “independientes”. No caben aquí los nombres de los productores y directores cómplices de esta pachanga. Manipulación simbólica en pantalla. Sálvense todas las excepciones, que las hay y muy honrosas. 

 Buena parte del negocio basado en hacer películas pertenece a la maquinaria de guerra ideológica responsable de infestar audiencias con el “sentido común” de la mentalidad burguesa. A esa identidad pertenece casi toda la producción de cine bélico, las historias fílmicas de “vaqueros contra indios”, cierta retahíla de “biografías fílmicas” y, desde luego, el “american way of life” en comedias, relatos románticos o “trillers” con su siempre “Fake” de idolatría por la “justicia”, los tribunales, los detectives y la policía. Sin faltar la industria del “porno”. 

 No se cometerá aquí el improperio de reducir todo cine (o toda realización artística) a un amasijo de falsedades condenando la imaginación libre a una pataleta “conspiranoica”. Muy lejos de esa emboscada. Todo lo contrario, es necesaria una reivindicación emancipadora de las herramientas de producción creativa y de las relaciones de producción para la imaginación, sin la dictadura semántica de la ideología dominante. Tampoco se perpetrará aquí la insolencia de culpar a las víctimas que “consumen” la industria cinematográfica “Fake”, sin tener a mano los dispositivos críticos necesarios que la Educación Pública debe proveer y que hasta hoy, dicho con suavidad, es escandalosamente insuficiente. 

 Se trata de poner al desnudo el andamiaje ideológico, subordinado por la lógica mercantil, para adulterar toda relación con la realidad -desde los procesos del conocimiento hasta su enunciación- en los soportes de la “cultura de masas”. Y ahí reina la mentira. Hay que recordar siempre que el capitalismo es un sistema económico e ideológico basado en mentirle a los trabajadores sobre la producción de la riqueza. La plusvalía es una realidad pasteurizada por la lógica “Fake” del sistema. El reformismo es una “fake” sistematizada para esconder la lucha de clases que es “el motor de la historia” y la madre de todas las batallas.

 Son unos cuantos los dueños de la industria cinematográfica dominante. (“…Algunos empresarios, como Adolf Zukor y Marcus Loew (fundadores de la Paramount), comenzaron su carrera explotando salas de exhibición, antes de volverse productores. Los que siguieron absorbieron simultáneamente las redes de distribución y de explotación. Esta combinación entre el star system y la integración vertical dio nacimiento a los grandes estudios de Hollywood (Metro Goldwyn Mayer, Warner Bros., 20th Century Fox, Paramount, United Artists, RKO, etc.).”[1] Añádase Netflix y sucedáneas. De sus “modelos de negocio”’ salen los “guiones” que filmarán escenas de todo género, adaptadas a los intereses del negocio y del “sistema”. Ahí se decide cómo se tratará el amor y el desamor, la riqueza y la pobreza, la justicia y el delito. Ahí se eligen -e imponen- los estereotipos “raciales”, laborales, religiosos y sexuales. Quién gana y quién pierde. Ahí se estudian las “audiencias” o “target”, y también los ritmos de la circulación de la obra en las salas cinematográficas que están monopolizadas. Ahí se decide la “verdad” y la mentira. Sus disfraces y sus retruécanos. Mientras comemos “pop corn” o “nachos”. Un cantante mexicano, paladín de la cursilería, de quien aquí no se hará publicidad, compungía la voz para decir melodiosamente: “miénteme más que me hace tu maldad feliz”.

 No diremos que la “pandemia” de “Fake” ocurrió sin darnos cuenta. Ha sido un proceso largo. Hace tiempo que se ensayan los mecanismos de infiltración y se han desarrollado todas las estrategias, que el talento opresor ha tenido, para sembrarnos en la cabeza falacias que se hicieron “verdades” a fuerza de repetirlas e invisibilizarlas. Muchas de ellas llegaron a nuestras vidas en forma de “entretenimiento”. Aceptamos los dichos de las “autoridades” (religiosas, gubernamentales, militares y académicas) como verdades; aceptamos que nadie somos para poner en duda el relato hegemónico y que más nos vale ser dóciles ante el discurso del poder si queremos llevar “la fiesta en paz”. Entramos a la era de la “pos-verdad” arriados por los perros pastores mediáticos. Entramos al campo del disfrute por el engaño porque interpelar a “la voz del amo” exige esfuerzos, compromisos e incomodidades ajenas, sensiblemente, al confort del rebaño. Y nos derrotaron, a punta de falacias, también. “Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza”[2] dijo Simón Bolivar. 

 Llegamos al punto, necesario, de tener que generar un movimiento planetario para frenar a pandemia de falsedades generadas por la industria de las mentiras. En todas sus modalidades. Pero lo asimétrica que es la batalla contra las “Fake” no impide advertir sobre su necesidad en los terrenos más patentes y más latentes. En lo que se ve y en lo que no se ve. En las superficies y en las profundidades. En la diversidad de todo engaño y en la abundancia de técnicas desplegadas para eso. La lucha no es sólo contra casos aislados, la lucha es contra una sistema de mentiras diseñado para dominar la economía y la ideología. En su tratado de Semiótica General, Umberto Eco la define como “la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir” pero necesitamos, además de estudiar las falacias, combatirlas. No podemos dedicarnos sólo a desactivar casos específicos, hay que ir a las fuentes teóricas y prácticas de los fabricantes de “Fakes”. Y no hay punto de reposo. De verdad. 

 Fernando Buen Abad Domínguez | 02/06/2020 

 [1] https://www.insumisos.com/diplo/NODE/686.HTM

 [2] http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article9987

20 años del Polo Obrero // La lucha revolucionaria contra el hambre y por trabajo genuino

Ferroviarios: paro fraternal, bronca en ascenso

La Fraternidad comenzó un paro por 24 horas en reclamo de una deuda que el Estado mantiene con la obra social ferroviaria (Osfe), pero apenas transcurridas algunas horas de la mañana del martes, el sindicato acató la conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo. 

 El gremio ferroviario se encuentra reclamando una deuda de alrededor de 140 millones de pesos. Es por el sistema único de reintegros , es decir, dinero que ya se desembolsó para atender la salud de los afiliados y sus familias. “Antes de la pandemia el pago era de aproximadamente $14.000.000, pero luego solo se reconocieron aproximadamente $ 3.000.000. Es decir, redujeron a un 20%", señala una parte del comunicado que emitió el gremio. Desde el gobierno, sin embargo, sostienen que esa deuda es de sólo $86 millones, pero pretenden reconocerla… a valores del año 2017. Según Maturano, dirigente de La Fraternidad, a obra social del gremio se encuentra al borde de la quiebra. 

 «Muchas de esas obras sociales subsidiadas se habían declarado en convocatoria de acreedores. Y también hay compañías privadas y sellos de goma de empresarios que son beneficiadas con importantes sumas de dinero, al igual que las prepagas», subrayó (lineasindical.com.ar, 22/12). Una de las demandas de los gremios es compartir con el Estado los gastos que implica la cobertura por discapacidad, que son indispensables para asegurar tratamientos, transporte y educación adecuados. Según la directiva, esas erogaciones, sumadas a los medicamentos para enfermedades complejas, como la fibrosis quística recientemente incorporada al PMO, y al “gasto covid”, han puesto al sistema al borde del colapso (ídem). Una parte de la burocracia, además, recela del acercamiento del gobierno a los Moyano, en vísperas del recambio de autoridades de la CGT previsto para 2021. 

 La huelga nacional que se había declarado para hoy fue la consecuencia del fracaso de una serie de reuniones con la Superintendencia de Servicios de Salud que tuvieron lugar la semana pasada, en la que no arribaron a ningún acuerdo. Una vez conocida decisión del sindicato, el gobierno dispuso micros en las principales estaciones para paliar el impacto de la medida de fuerza, que de todos modos se hizo sentir en las primeras horas de la mañana. Alrededor de las 9, una vez que el gobierno dictó la conciliación obligatoria, más allá de que el ´fraternal´ Omar Maturano había declarado que no iban a “levantar el paro”, el gremio terminó acatando y el servicio empezó a reestablecerse en las horas del mediodía. Se abren ahora quince días de negociaciones.

 La temperatura en el ferrocarril está en ascenso. Este conflicto con el gremio de los conductores de trenes se mezcla con el malestar que generó entre los ferroviarios la firma del 7% de aumento -rápidamente devorado por la inflación- de la burocracia sindical con el gobierno, sin ningún tipo de consulta a los afiliados. El descontento se manifestó en concentraciones en la sede central de la Unión Ferroviaria, luego en un acto en Castelar con más de 200 compañeros del Sarmiento, San Martín, Roca y Mitre, entre otras líneas, y el 20 de noviembre en una caravana al Ministerio de Transporte -convocada desde el Cuerpo de Delegados de la Seccional Oeste de la UF- en la que participaron unos 400 compañeros y compañeras. 

 Es necesario asociar el reintegro del dinero de la obra social con la defensa del salario. Las asambleas en cada línea deberían dar lugar a mandatos y plenarios de delegados que se pronuncien por un programa que parta de la defensa de la obra social y la apertura de las cuentas de la OSFE para que estén sometidas a la fiscalización de los trabajadores, junto con la reapertura de la paritaria y el reclamo un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. 

 Mariano Hermida 

 23/12/2020

La lucha obrera en las agroexportadoras se extiende y se afianza

En la tarde del lunes, se reunió la Intersindical de la zona San Lorenzo-Puerto Gral. San Martín-Timbúes (I.M.P.A.C.I) y lanzó un paro de 36 horas desde las seis de la mañana del 23. 

 De esta Intersindical, conformada hace poco tiempo, ya estaban de paro URGARA, SOMU y Patrones de Cabotaje. La huelga -que cumple 14 días-, tiene como protagonistas a la Federación Aceitera (FTCIODyARA), el SOEA San Lorenzo y URGARA, que han paralizado las actividades de producción y en todos los puertos de exportación. Ahora, se suman con esta medida las siguientes organizaciones: Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos de la República Argentina (SEAMARA); Sindicato Único de Serenos de Buques (SUSB); Sindicato Unido de Trabajadores de la Vigilancia Privada (SUTRAVIP); Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de San Lorenzo; Carga y Descarga; Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Marina Mercante (AJEPROMM) y la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). 

 Las patronales del sector agroexportador, nucleadas en CIARA (Industria aceitera) y CPEP (puertos privados) están en una posición de negar los reclamos y derrotar al movimiento obrero. Hasta ahora, lo único que han logrado es que una mayor cantidad de gremios se sumen a la huelga. 

 Las recientes declaraciones de Gustavo Idígoras, presidente de la CIARA, no dejan lugar a dudas del impacto que tiene esta huelga generalizada: más de 120 barcos varados en el Paraná y Río de la Plata. Cada barco que pierde el turno en los puertos, les representa a las patronales entre U$S 25.000 y U$D 30.000 ¡por día!. Vale decir que tienen que pagar aproximadamente U$D 3, 5 millones diarios. Fernando Turín, de Agroentregas -compañía dedicada al control de entregas, recepción y embarque de cereales, oleaginosas y subproductos-, confesó su estupor porque en este fin de semana no entraron camiones, en plena cosecha de trigo y cebada, debido a la contundencia de la huelga. En diciembre solamente pudieron entregar un 14% de harina, pellet y aceite de soja y un 38% de maíz, en relación a lo que tenían programado. El mismo Idígoras “corrige” que son operaciones detenidas, pero que luego realizarán. La patronal acusa el impacto sin resignar sus posiciones. Pero la huelga se mantiene firme, con una fuerte participación de la base obrera. 

 La huelga se cuela en la crisis política y los choques entre las patronales y el gobierno. A nadie escapa que las patronales buscan arrancar una nueva rebaja de retenciones y una nueva devaluación. Pero el elemento central de esta crisis es que en la pulseada de intereses ha salido a terciar la clase obrera, con sus reivindicaciones urgentes.

 La huelga de las agroexportadoras es un cachetazo a todo el proceso de paritarias “con cepo” que las burocracias sindicales admitieron durante el año pandémico, y que deja a los salarios indefensos en medio de una inflación galopante. 

 Este miércoles se producirá en el Cordón Industrial una gran concentración de los gremios de la Intersindical que luego darán el presente en AGD Timbúes. Amplificado por la unidad de numerosos gremios, la huelga superará a la del 2015. 

 Esta pelea la deben y pueden ganar los trabajadores. ¡Todo el apoyo y solidaridad! ¡Si ganamos esta pelea, ganamos todos! 

Cacho Calarota 

 23/12/2020

Causa FUBA: dictan “falta de mérito” a la acusación contra Julián Asiner y Adrián Lutvak

El juzgado federal número 5, tras un primer fallo, ha anunciado la “falta de mérito” en la vergonzosa causa de “administración fraudulenta” contra los ex presidentes de la FUBA. No es la primera vez que el denunciador serial Ricardo Monner Sans revolea acusaciones sin respaldo probatorio alguno. Su 'aporte' a la justicia fue presentar operaciones periodísticas de los canales de Sergio Szpolski, que el fiscal Guillermo Marijuán completó con “discretas tareas de inteligencia”, completamente ilegales, realizadas al interior de la Universidad por agentes de la Policía Federal. Frente a las acusaciones de “usurpación de espacios” y “desobediencia a funcionario público”, se ha resuelto el sobreseimiento.

 Franja Morada estuvo detrás de la denuncia y la utilizó para una campaña de infundios. El fallo desautoriza por completo a la Franja. Al momento de abordar el rechazo de la FUBA a la injerencia de la Inspección General de Justicia (IGJ) en sus asuntos, el fallo sostiene que “las razones se trataron de cuestiones políticas en donde nada tiene que hacer la justicia penal”. A su vez, se señala el carácter ridículo de la acusación penal hacia Asiner y Lutvak, considerando que cuando la FUBA recuperada, en el año 2001, decidió poner fin a los negociados de la Franja Morada y deslindarse de la IGJ, Julián y Adrián se encontraban cursando… la primaria. Por todo esto el fallo del juzgado representa un avance en la lucha por el cierre definitivo de la causa y el sobreseimiento completo de los ex presidentes de la FUBA. 

Es importante señalar que la “falta de mérito” habilita todo un compás de espera al servicio de nuevas operaciones y manipulaciones. El juzgado solicitará a la UBA que brinde información acerca de “la modalidad de sesión de espacios físicos en sus diferentes sedes, y en particular a aquellos que son destinados a los distintos centros de estudiantes de cada una de las facultades”. Redoblemos la lucha por la anulación de la causa contra Asiner y Lutvak y contra la injerencia del aparato judicial en los asuntos estudiantiles. 

 En momentos donde la administración capitalista de la pandemia amenaza con arrasar con la universidad pública, es imperioso retomar el hilo de lucha y organización independiente del movimiento estudiantil que dejó la experiencia de la FUBA.

 Fede Fernández 

 17/12/2020

El desafío del 2021: el optimismo se conquista

La pandemia no ha alterado solamente las celebraciones navideñas. También lo ha hecho con el hábito de ponerle una ficha al año que empieza. Las mutaciones que se han detectado en la plaga en los últimos días han acrecentado las incertidumbres, precisamente en el momento en que las vacunas emergen como salvavidas, aunque sin haber atravesado todas las fases de ensayos clínicos. Las vacunas, en un movimiento contradictorio singular han puesto en la superficie el conflicto entre los monopolios farmacéuticos y de otro lado entre los estados. O sea, crisis políticas internacionales. El libertario Lacalle Pou acaba de hacer votar el cercenamiento constitucional del derecho de reunión. 

 En un mundo atravesado por antagonismos sociales colosales, las perspectivas optimistas y pesimistas se condicionan dialécticamente. Añadamos a ellos los antagonismos nacionales, raciales, de género. La lista de muertes diarias sigue computando a los centenares de miles de personas que ven cercenadas sus expectativas en las aguas del Mediterráneo, huyendo de guerras a repetición fomentadas por las grandes potencias. Un economista londinense juguetón acaba de describir su visión para 2021 bajo la forma de una K: el vector superior refiere a las expectativas de ganancias en las bolsas internacionales, en especial Wall Street, el inferior a las condiciones de vida de la población trabajadora. La crisis humanitaria ha obligado a las consultoras a reclutar nuevas letras del abecedario y a reconocer algo inusitado para ellas, las perspectivas contradictorias entre las clases. 

 La irrupción de la pandemia ha puesto de nuevo en evidencia el agotamiento histórico del capitalismo, aunque, claro, en dimensiones más catastróficas. Los estudios científicos abundan en señalar que la catarata de epidemias de las últimas décadas se encuentra asociada al violentamiento de la naturaleza, que ha trastornado el hábitat de infinitas especies. El sistema de mercado se caracteriza por anunciar las catástrofes con posterioridad. El sacrosanto incentivo del lucro ha acentuado la tendencia a la destrucción de las fuerzas productivas sociales, que no sólo tienen lugar en ocasión de las crisis sino, por sobre todo, en las guerras de rapiñas y en la agresión al medio ambiente. El mantenimiento del régimen social presente y la aspiración a un retorno a una ‘normalidad’ que nadie conoce, se ha convertido en una contradicción en términos. 

 Es innegable que los estados y los gobiernos han eludido el cuidado de la salud en la pandemia, como lo prueba la ausencia universal de testeos. Más allá de la inverosímil insuficiencia de medios, como alegaron sociedades opulentas, esa desatención obedece a que la evidencia del nivel de contagios hubiera requerido una atención sanitaria que no existe o es inabordable económicamente. Son décadas de privatizaciones, de un lado, y de abandono del sistema público, del otro. Las larguísimas horas de atención dedicadas por el personal de salud, no solamente dejaron al desnudo la insuficiencia de su número sino también un régimen de trabajo esclavizante. La apuesta desesperada al mantenimiento de unidades de terapia intensiva, oculta los daños y fallecimientos ocasionados por la exclusión sufrida por otras dolencias relevantes. 

 El “retorno a la normalidad” es un oxímoron, porque de lo que se trata es de abandonarla por completo y de superarla históricamente. Una modificación radical capital-naturaleza es inviable, por razones prácticas y metodológicas. Las prácticas es que debería financiarla una masa de contribuyentes desposeída; las metodológicas es que debiera atender a las personas y a la vida, no al lucro privado. La humanidad asiste a una disputa por ese lucro privado entre las farmacéuticas rivales y los estados que las respaldan, en el momento más crucial de la pandemia. La extensión y el abaratamiento, e incluso la gratuidad de la atención sanitaria, no se encuentra en el horizonte de ningún agente ‘normalizador’ – ocurre lo contrario. No es el combate al hacinamiento lo que mueve al capital inmobiliario sino los proyectos en torre y los barrios privados. 

 La violencia de las contradicciones que dejó expuesta la pandemia se ha manifestado por sobre todo en la economía. En el día de ayer, republicanos y demócratas se han puesto de acuerdo, en Estados Unidos, para votar un paquete de u$s900 mil millones, para socorrer a las pymes, extender subsidios a desocupados y hacer frente a la pobreza y el hambre. Una migaja. Entre el gasto fiscal y los préstamos y garantías de la Reserva Federal, Estados Unidos ha oblado u$s10 billones. El salvataje al capital muy por delante de cualquier consideración social. Ese rescate monumental ha dejado en evidencia la precariedad financiera de la economía capitalista en su conjunto. Un ‘retorno a la normalidad’ significaría desnudar el estado de bancarrota de numerosos capitales. Es lo que confiesa la Bolsa, que cae cuando disminuye la desocupación y sube cuando el infortunio crece, porque con él crece el subsidio estatal. 

 En este cuadro, la obsesión del gobierno y sus opositores es cómo levantan la cotización de la deuda pública. Es, por otra parte, el objetivo de la renegociación con los fondos, de la dolarización de la deuda pesificada y de las tratativas con el FMI. Para eso atropella contra salarios y jubilaciones – paritarias a la baja, impuesto al salario, aumento de la desocupación. El empeoramiento social dantesco de las grandes masas, lo quiere arreglar con bonos, que no se compadecen con los regalos aeroportuarios al grupo Eurnekian, ni los subsidios gasíferos a Techint y a Black Rock (accionista de YPF), ni el rescate a Pescarmona y el apoyo a la patronal agroexportadora en la guerra que libra contra los aceiteros y recibidores de grano, sin importarle las divisas que esos grupos retienen en el exterior. La excepcionalidad del 2020, en Argentina, ha sido ‘normal’.

 Entonces: ¿pesimismo u optimismo? Librada a las fuerzas elementales de la economía y de la política, la perspectiva se presenta excepcionalmente negativa. Por el contrario, si la experiencia concreta desarrolla una comprensión universal de lo que se encuentra históricamente en juego, el horizonte cambia. Las rebeliones populares que recorren el mundo, abren esta perspectiva.

 Jorge Altamira 

 22/12/2020

Casi el 80% de los trabajadores cobra por debajo de la canasta básica

El 10% más pobre de la población solo accede al 1,5% del total de ingresos, mientras se perdieron 1 millón de empleos en un año.

 El Indec acaba de publicar un informe correspondiente a la distribución de los ingresos en el tercer trimestre del año, que arroja que casi un 80% de los trabajadores percibió ingresos por debajo del costo de la Canasta Básica Total, que en septiembre llegó a unos $47.215 y actualmente se ubica en $51.776. Se trata de una muestra del ataque a los salarios que, con complicidad de la burocracia sindical mediante, también se cobró más de un millón de empleos en un año. 

 Otro dato llamativo es el reconocimiento del gobierno de que al menos uno de cada cinco trabajadores no alcanzó el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, el cual por esas fechas se encontraba en escasos $16.875. 

 Se trata de las estadísticas referidas a unos 7.436.363 asalariados de las 31 principales concentraciones urbanas del país. Cuando tomamos los números de la población total –sin distinción de origen-, según el ingreso familiar per cápita, sale a la luz que el 10% más pobre de la población participa del 1,5% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentra el 32,1%. 

 Además de esto, la situación se agrava para las mujeres, en cuanto que tomados los ingresos de todo tipo, el ingreso promedio de las mujeres es sensiblemente menor que el de los hombres, ubicándose en una media de $29.578 contra $38.438. 

 El ajuste y la burocracia sindical 

Estas cifras dejan completamente expuestas las consecuencias de un año signado por las políticas de ajuste contra el pueblo trabajador. 

 A los planes previos de avanzar en una reforma laboral precarizadora se sumó el uso de la pandemia como un pretexto de las patronales, el Estado y la burocracia sindical para hacer pasar cientos de miles de despidos y condiciones laborales a la baja. 

 Un ejemplo de esto es que el índice de los salarios registró un aumento del 31,8% interanual para septiembre, produciendo una pérdida de casi el 6% del poder adquisitivo, como consecuencia de la inflación para el mismo periodo. 

 Cuando se hace una distinción entre los ingresos laborales y los no laborales se nota la brecha que separa a unos de otros, con una fuerte incidencia de los recursos volcados a los segundos; sin embargo, esto no ha servido para reducir los niveles de pobreza, preparando las condiciones para un nuevo salto hacia atrás cuando esos recursos “excepcionales” dejen de impactar en estadísticas debido a su progresiva eliminación. 

 Por otra parte, muchos de estos fondos han ido a los bolsillos de los patrones y capitalistas, manteniendo una elevada brecha entre la participación de los pobres y de los ricos en los ingresos totales. 

 El informe del Indec exhibe un ingreso salarial promedio de $34.206, con el 60% de los trabajadores por debajo de este monto, lo que debería más que preocupar a las direcciones sindicales de la CGT y las CTAs, llamadas al silencio y a la parálisis absoluta. 

 Quienes sí han recogido el guante han sido los compañeros del Sutna y el sindicalismo combativo, que el pasado 18 de diciembre pusieron en pie una importante movilización para manifestarse contra el ajuste, el saqueo a las jubilaciones, por la eliminación del impuesto al salario, reclamando un paro y un plan de lucha para derrotar la ofensiva patronal. 

 El mismo mensaje que ha sido colocado en la tribuna que montó el Frente de Izquierda Unidad frente al Congreso de la Nación, el pasado martes 22, denunciando el robo a los jubilados y las consecuencias de la orientación fondomonetarista de este gobierno y la oposición patronal, en vistas a una salida política de los trabajadores contra los gobiernos saqueadores y hambreadores. 

 Marcelo Mache

No son las fiestas, es la política sanitaria

Aumentan los casos en el AMBA. Argentina al borde del inicio de la segunda ola. 

 Luego de semanas de tranquilidad por la disminución en el número de casos diarios, el AMBA vuelve a estar en alerta. Sucede que, en tan solo una semana, la Provincia de Buenos Aires detectó un aumento del 50% de los casos y, la Capital, del 20%. Es uno de los aumentos más bruscos desde que inició la pandemia. 

 En este sentido, el ministro de Salud de la Ciudad Fernán Quirós dio en el reporte diario «tips» de cuidados para las fiestas sin sumar más que las medidas que ya conocemos: mantener el distanciamiento, usar barbijo y evitar las reuniones sociales en espacios cerrados y mal ventilados. Es decir, avisa la llegada próxima de la segunda ola, dice que hay que cuidarse pero no anuncia ninguna medida concreta de protección a la población. «Es una cuestión de cada uno de aportar algo al cuidado individual». Lo que esconde el discurso de Quirós es la vuelta de la llamada «responsabilidad individual», en la cual los trabajadores quedan a su suerte, siendo expuestos por el Estado y las patronales al coronavirus. 

 Si bien en un primer momento intentó ocultar la suba de casos constante y hace una semana hablaba de «meseta», hoy se hace difícil negar los números. 

 En la Provincia de Buenos Aires se ve un cuadro similar. Aunque el aumento de casos es de al menos tres semanas atrás, hace una el gobernador Kicillof anunció la autorización para fiestas de hasta 200 personas. Ayer volvió para atrás, en lo que solo puede verse como la improvisación de un gobierno que, luego de un año de fracasos en la política sanitaria, ya no sabe para donde apuntar. 

 La realidad es que es difícil evitar un rebrote cuando las medidas de control son nulas. Lo cierto es que la falta de políticas sanitarias acordes a la situación epidemiológica y de protocolos en los lugares de trabajo, sumado a la vuelta del turismo y la carencia en los testeos, son una combinación peligrosa para nuestro país.

 Incluso Quirós redobló la apuesta. «No podemos poner en cada lugar de trabajo, en cada domicilio, un policía» fue lo que dijo. El problema no es la presencia policial; como mostró la cuarentena, la militarización solo sirvió para multiplicar los casos de gatillo fácil y los abusos contra la población. Lo grave es que anuncia que el Ministerio no va a supervisar la implementación de ningún protocolo. Ya avisan la libertad que le darán a los capitalistas para sacar provecho de una etapa crítica como la que se viene. 

 A su vez, el Estado no ha hecho una inversión en el sistema de salud. Tampoco ha garantizado la contratación de más personal, sino que se ha basado en la superexplotación de sus profesionales bajo salarios de miseria y paritarias congeladas, ni los elementos de protección para el cuidado de quienes están en la primera línea contra el Covid-19. Ese es el camino que determina el crecimiento en los contagios. De hecho, esta orientación se profundiza sobre la base de la aprobación de los presupuestos tanto nacional como provincial y de la Ciudad, donde todos y cada uno de ellos contempla un recorte en materia de salud, como si la pandemia hubiese terminado. Ahora, en la puerta de la segunda ola, no anuncian el aumento necesario. 

 El camino de los trabajadores debe ser el opuesto. La lucha es hoy por la defensa del derecho a la salud, por protocolos bajo control obrero en todos los lugares de trabajo y, en caso de ser necesaria la vuelta a la cuarentena, la administración y discusión de esta por los trabajadores. Aumento de presupuesto en salud y de salario para los profesionales. 

 Lucía Miguez

El gobierno pisa el acelerador con el acuerdo porcino con China

Luego de la foto del presidente con la organización vegana, los funcionarios salieron a ratificar las tratativas y a redoblar las gestiones con capitales chinos para su desembarco en el país. 

 Luego de la difusión de la foto del encuentro que mantuvo en la Casa Rosada Alberto Fernández con la actriz Liz Solari y el titular de la Unión Vegana Argentina, Manuel Martí, en la que se ve al presidente con un cartel que cuestiona el acuerdo porcino con China, los funcionarios del gobierno salieron a refrendar las tratativas por la instalación de granjas industriales de cerdos y a pisar el acelerador para el desembarco de los capitales chinos. 

 Primero Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, se apuró a declarar ante los medios que «sigue en pie» la política oficial de avanzar en el acuerdo porcino. Luego, como representante de la embajada argentina en China, Sabino Vaca Narvaja se reunió con directivos de la empresa estatal China Animal Husbandry Group para acelerar el desembarco de las factorías en nuestro país. 

 Tras esa cita Vaca Narvaja salió a dar precisiones acerca del sistema de «granjas inteligentes», presuntamente sustentable, de «alrededor de 10.000 madres cada una». Independientemente del enorme impacto ambiental de estas megagranjas, es evidente que este tamaño, de gran escala para los campos argentinos, refuta cualquier «integración entre grandes y pequeños productores», ya que solo será accesible para grandes capitales. 

 El esquema es que grandes empresarios del agro local se asocien a pulpos chinos como CAHG. Como con diez o doce granjas industriales de esa magnitud se duplicaría la producción de carne porcina en el país, es probable que no solo se destine a la exportación sino que parte de la producción termine desplazando a otros competidores menores del mercado interno. Es decir que parte de las consecuencias de la puesta en marcha de este acuerdo será la concentración del mercado… en manos de capitales chinos. 

 Otra impostura de la embajada argentina en el país asiático es la afirmación de que los estímulos que representarán estas granjas industriales a la producción de maíz, para alimentar a los cerdos, permitirán «reducir la tendencia hacia el monocultivo de la soja». Es un fraude, porque en definitiva este acuerdo porcino no es más que otra de las garantías que se ofrecen en la mesa de negociación con el FMI para recaudar las divisas necesarias en función de cumplir con el repago de la deuda externa. En ese sentido, la soja sigue ocupando un lugar privilegiado en la política económica oficial, motivo por el cual Alberto Fernández en persona asistió a una planta del pulpo chino Syngenta para participar del anuncio de exportación de 1,2 millones de toneladas de porotos de la oleaginosa a China. En todo caso, los cultivos de maíz seguirán avanzando sobre la frontera agropecuaria, agravando la deforestación y las quemas.

 Esa será otra de la consecuencias ambientales de la asociación entre grandes capitales agroganaderos. Como el maíz que se produce es crecientemente transgénico, se intensificará el uso de agrotóxicos de los Bayer-Monsanto y Syngenta que atentan tanto contra la productividad posterior de suelo como contra la salud de la población. No puede ser de otra manera, cuando toda la rama está dominada por el gran capital, es su mayoría extranjero. Hay un claro avance de las inversiones chinas en este terreno, ya que -mucho más que las porcinas y que Syngenta- Cofco se convirtió en 2019 en la mayor exportadora del país, con un 15% de las ventas agroindustriales al exterior. Si se cuenta además al puñado de pulpos yanquis y europeos, la proporción de la venta de la cosecha en manos de multinacionales asciende hasta cerca de los dos tercios. 

 No es un dato menor que los funcionarios hayan reaccionado enérgicamente ante el disgusto que generó la foto de Alberto Fernández, para evitar que entorpezca la relación exterior con el gobierno de Xi Jinping. Es que las tratativas por la exportación de carne de cerdo no son más que un capítulo de toda una relación comercial subordinada y deficitaria, en la que se exporta producción primaria y se importa maquinaria, material eléctrico, reactores nucleares, calderas y productos químicos. Ahora el gobierno apuesta a incorporar a la Argentina en la Nueva Ruta de la Seda, con el objetivo primordial de sumar puntos para ligar créditos del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Como la guerra comercial enfrenta al gigante asiático con Estados Unidos, el gobierno compensa ello con nuevos gestos para congraciarse con el imperialismo yanqui, tal como reflejan las negociaciones con el Fondo y el acercamiento a Bolsonaro y Lacalle Pou. Es la antítesis de cualquier camino de independencia. 

 Por todo eso, el acuerdo porcino con China no representa el más mínimo avance en dirección a la tan patrocinada soberanía alimentaria, ni aún al presunto desarrollo nacional que pregonan los funcionarios. En realidad, como es conocido, los capitales del país asiático no solo se trasladan a Argentina porque sus costos de producción se reducen a la mitad, sino por el desastre sanitario ocasionado por la Peste Porcina Africana que obligó a sacrificar a un millón de animales solo en 2019. Es por esta orientación de fondo que la puesta en marcha de este convenio acarreará gravísimas consecuencias ambientales. 

 La propagación fulminante de la PPA responde en forma directa a la escala de la granjas industriales, los molinos procesadores de piensos para animales y las plantas de procesamiento de carne, que hicieron inmanejable la contaminación y los riesgos de emergencia de enfermedades. Por ese motivo el brote fue incontenible, y derivó en la quiebra de 40 millones de pequeños productores chinos en los últimos años. 

 Los cerdos son particularmente propensos a los contagios de cepas virales. De hecho, fue por las condiciones de cría industrial de porcinos que se propagó el virus Influenza A que ocasionó la pandemia de la gripe H1N1 en 2009 y 2010, que llegara a infectar al 15% de la población global. Con estos antecedentes es que las organizaciones socioambientales sostienen que la política del gobierno redundará en una «fábrica de pandemias». El riesgo sanitario, y el riesgo económico que conlleva, serían así asumidos en su totalidad por nuestro país; un botón de muestra de un rumbo colonial. 

 De hecho, es por esta propensión a la difusión de enfermedades en las granjas industriales de cerdos que este tipo de producción de carne insume una gran cantidad de antibióticos y antivirales. Esto lo que explica el interés del laboratorio de biogénesis Bagó en que se concrete este acuerdo; otro retrato de quiénes serán los beneficiarios reales y quiénes los perjudicados. Por otro lado, la instalación de estas granjas industriales generará un salto en la contaminación del aire, el suelo y el agua por el incremento de desechos, y además se estima que por cada kilo de carne de cerdo se consumirán 6.000 litros de agua. No hay nada de «sustentable», pero la única sustentabilidad que preocupa al gobierno nacional es la de la deuda, o más bien la de los acreedores internacionales.

 A partir de la difusión del rechazo a la instalación de estas megagranjas porcinas es que el gobierno nacional había resuelto que los primeros pasos de la puesta en marcha recaigan sobre convenios particulares de las provincias. El gobernador oficialista de Chaco, Jorge Capitanich, dio el puntapié al firmar con empresas chinas la apertura de tres de estos emprendimiento en la provincia. Es una vía factible, porque los gobernadores son los guardianes de los intereses de los pulpos de los agronegocios.

 Fue el cuestionamiento popular al anuncio realizado a mediados de año por el canciller Felipe Solá, sobre las tratativas para firmar el memorándum de entendimiento con China, lo que retrasó su aplicación. Las movilizaciones nacionales de fines de agosto, y en septiembre en la huelga mundial por el clima, hicieron recular a la Cancillería que comunicó la postergación del acuerdo confesando que no estaba previsto el menor estudio de impacto ambiental, y ni siquiera mecanismo alguno para garantizar el cumplimeinto de la normas ambientales ya vigentes. En noviembre y diciembre nuevas acciones de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, incluyendo acampes y festivales en la Plaza de Mayo, mostraron la vitalidad de este movimiento y la voluntad de mantener el rechazo en las calles hasta derrotar esta política del gobierno. Allí es donde se definirá este partido. 

 Desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero ligamos el rechazo al acuerdo porcino con un programa de reorganización productiva y social, que parte de la ruptura con el FMI y la reprimarización económica que es su consecuencia. Finalmente, para que el ingreso de divisas no redunde en una nueva fuga de capitales sino en un reinversión para favorecer un desarrollo nacional, es necesario nacionalizar el comercio exterior y dejar de pagar la deuda externa usuraria y fraudulenta. Con los resortes de la economía bajo control obrero y popular, será posible una planificación productiva que contemple las necesidades sociales a la par que las condiciones ambientales y sanitarias. 

 Iván Hirsch

La izquierda rechazó la reforma anti jubilatoria del gobierno

Diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista FIT-U) en Crónica HD

Mesa debate: Ante las maniobras en el Senado, Garanticemos que el aborto sea Ley - PDT (Tendencia)

Frederic y el cuento de “la herencia recibida”

El domingo a la noche, en el canal A24, la ministra de Seguridad Sabina Frederic hizo declaraciones sobre diferentes temas de su área, desde la “herencia recibida” de manos de su antecesora, Patricia Bullrich -en referencia a los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado-, pasando por la cuestión de la baja de edad de imputabilidad y las tomas de tierras hasta su relación con Sergio Berni. La ministra tejió un relato “progre” de un gobierno endeble, disimulando sus acciones represivas y el encubrimiento de las represiones del pasado. 

 Con relación a la violencia institucional que azota a la comunidad mapuche de Villa Mascardi, acusó que “la violencia que hay en Villa Mascardi la dejó Bullrich. En su gestión, en septiembre de 2017, se ocupa Villa Mascardi; en noviembre se hace el desalojo, dos días después hay una inspección y se descubre que la comunidad no había sido desalojada y en esa situación terminan matando a Rafael Nahuel". "Hoy tenés a la misma gente, al chico muerto -un mártir- y más terreno ocupado", concluyó. La ministra da rodeos, porque Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por un agente de Prefectura Naval, presumiblemente Javier Pintos, hace ya más de tres años, y el crimen sigue impune. 

 En cuanto a Santiago Maldonado, la ministra, nuevamente, apela a subterfugios: "Bullrich intentó proteger (a la Gendarmería) de una denuncia que luego tuvo derivas. Hubiera sido mejor que se ocupara de una investigación interna para ver qué había pasado en ese operativo y resolver hacia adentro la actuación de la Gendarmería", dijo la ministra, reivindicando el operativo de desalojo pero criticando su “falta de profesionalismo”. Ahora, ¿estamos ante un reconocimiento de que la muerte de Maldonado está efectivamente relacionada con el operativo de Gendarmería? El caso sigue impune, y la realidad supera al relato: en un año de gestión, el ministerio de Frederic, frente a la lucha incansable de la familia Maldonado para que haya una investigación en regla y al emplazamiento de la CIDH al gobierno para que dé respuestas, sólo presentó una denuncia contra Noceti –ex jefe de gabinete de Bullrich- y dos gendarmes por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, encubrimiento agravado y abuso de autoridad. Pero la denuncia no incluye una imputación contra Patricia Bullrich, dado que Noceti era su subordinado, ni a la totalidad de los efectivos de gendarmería que actuaron bajo las órdenes de un funcionario sin autoridad, ni les atribuye la causa de la muerte. La podredumbre de las fuerzas represivas es abonada por todos los gobiernos. A Frederic lo que le importa -y en esto coincide con Berni y Bullrich- es rescatar al aparato represivo para usarlo como ariete contra el pueblo trabajador, como en Guernica.

 Frente a la pregunta en relación a la división entre “garantistas” y “punitivistas”, sostuvo que es una discusión "pseudoideológica", y se distanció de Verbitsky y del CELS, a quienes se atribuye el lobby por su nombramiento. "No me puso Verbitsky en el Ministerio de Seguridad; me puso Alberto Fernández. (…). Sin embargo, Frederic abreva en la doctrina de Verbitsky-Garré de la “seguridad democrática`, donde los conceptos de ´prevención´, ´monitoreo´, patrullaje o “profesionalización” de la fuerza encubren un trabajo sofisticado de espionaje y fisgoneo sobre el movimiento popular. La inspiración de la “moderna” ministra debe encontrarse en las usinas de la DEA y otras agencias imperialistas. 

 Aunque la ministra calificó a la “doctrina Chocobar” de “doctrina Bullrich”, y dijo oponerse a la baja de la edad de imputabilidad, mostró su catadura represiva al referirse a Berni, de quien dijo “respetar la opinión y trabajar de forma coordinada”. De ese modo, echó tierra sobre el caso de Facundo Astudillo Castro, asesinado por la policía bonaerense de Berni. Como se ve, el gatillo fácil y la persecución contra la juventud tampoco respeta “grietas”, aunque pueda haber diferencias entre cómplices. 

 Ana Belinco 

 23/12/2020

Crisis política en Santa Fe: una asociación ilícita al amparo del Estado

La crisis política desatada con las investigaciones sobre delitos de juego clandestino en Santa Fe está lejos de encontrar un desenlace. 

 Ha quedado expuesto un entramado político y judicial con el objetivo de hacer la vista gorda y cajonear causas a cambio de suculentas sumas de dinero. 

 Por un lado, está el capitalista Leonardo Peiti, hoy “arrepentido”, quien despliega a lo largo del territorio el negocio de los juegos de azar. En la vereda de enfrente, están el ex fiscal regional que tenía bajo su competencia a la ciudad de Rosario y alrededores, Patricio Serjal, y un también depuesto fiscal de menor jerarquía, Gustavo Ponce Asahad. Los tres se encuentran imputados por orquestar una asociación ilícita, a la cual, a partir de sus testimonios, se ha incorporado el senador justicialista Armando “Pipi” Traferri. Según las investigaciones, Traferri oficiaba de garante político de la impunidad de estos fiscales, junto a un fallecido ex apoderado del PJ santafesino y eterno secretario de la legislatura, Ricardo Paulichenko. 

 Si bien el Senado votó en contra del desafuero de Traferri, aún existen posibilidades de que el proceso en su contra siga adelante, si se declara la inconstitucionalidad del artículo que impide el procesamiento penal de un legislador. Cualquiera que sea una resolución judicial sobre el mismo, cada día que transcurre el “Pipi” se ve más arrinconado. 

 Como si fuera poco, en esta guerra de carpetazos, Traferri argumenta que se trata de una persecución política del ministro Marcelo Saìn, y que éste actuaría bajo la orientación de Perotti. En más de un medio local se ha hecho referencia a la necesidad del gobernador de “domesticar” a la propia tropa, con las elecciones del 2021 a la vuelta de la esquina. Traferri y sus secuaces del “Nuevo Espacio Santafesino” -donde también milita la vicegobernadora- votaron el prepuesto del ex gobernador Lifschitz en 2019, cuando comenzaba el período 2019-2023, y, en la legislatura, hacen causa común con el Frente Progresista en otras iniciativas trascendentes. La fractura del gobierno parte de muy arriba. 

 Los últimos 20 años de la política provincial encuentran un derrotero común: corrupción y crimen organizado apañados por el Estado Provincial, de parte de todos sus poderes, en la prosecución de estos negociados multimillonarios y su impunidad. El entramado delictivo se encuentra entrelazado con todo el proceso capitalista de la provincia, signado por los puertos privados, el juego y la especulación inmobiliaria, todos ellos canales de la fuga de divisas y el lavado de dinero. 

 Son esos intereses sociales los que la clase obrera de la provincia enfrenta en estos momentos con una lucha histórica. Pican en punta los aceiteros, recibidores de granos y portuarios que desde hace semanas se encuentran en huelga mediante piquetes y asambleas por las reivindicaciones básicas que hacen a su sustento diario y que han puesto en vilo a toda la clase capitalista nacional e internacional. Del otro lado de esta lucha obrera, hay un régimen político hundido en la división y el fango.

 Agustín Fernández

 23/12/2020

Aborto legal: horas decisivas

Son horas decisivas para la suerte de la legalización del aborto en el Senado. De poco sirvieron la objeción de conciencia, la penalización, las concesiones que dio el gobierno por anticipado. El clero y los evangélicos suman escraches y amenazas mientras tapizan el país de afiches gigantes donde los fetos de 24 semanas parecen bebés a término. La Iglesia no le hace asco a nada: los curas villeros conspiran con el PRO (Clarín, 22/12). El Episcopado habla de una “febril obsesión por el aborto”.

 En tanto, el gobierno de Alberto Fernández no parece saber cuántos votos tiene ni cuáles serán los pases de última hora. Acusan a Macri de presionar a los senadores de Juntos por el Cambio, pero no controlan a los propios.

 Así como en 2018 un sector del kirchnerismo, sotto voce, prefería que cayera la ley con tal de no darle los méritos a Macri, hoy los macristas juegan a la derrota para no malquistarse con su electorado ni darle el triunfo al gobierno (Infobae, 22/12). Por el lado de los verdes, empieza a proliferar el fuego amigo. Aunque votó a favor, el senador "verde" por Río Negro, Alberto Weretilneck, ya anunció que pediría cambios en el proyecto (limitar la ILE a la semana 22 de gestación y “precisar” el alcance de “riesgo en la vida o la salud”). Hoy, algunos de los 11 senadores verdes de Juntos por el Cambio se entusiasmaron con la propuesta de Weretilneck. 

 “De concretarse la jugada, el Gobierno se vería en enormes aprietos para lograr la sanción de la ley”, afirma Clarín. Si las modificaciones no se aprueban, y por lo tanto los votos no alcanzan, el proyecto debe volver a Diputados. En el mejor de los casos, la discusión se postergaría para el año próximo. 

 El Frente de Todos no solo cruje entre los que quieren legalizar el aborto y lo que quieren mantenerlo clandestino. La señora que mandó a buscar empleo a “los cobardes” habría aclarado que no cuenten con su voto para desempatar y quedar expuesta a la furia clerical. Cerca del presidente, si no alcanzan los votos prefieren que no haya sesión y que el tema pase al año próximo “para evitar el bochorno de una derrota”.

 Como se ve, estamos ante el milagro de que, sean verdes o celestes, las paralelas se junten para mandar el proyecto a 2021, o cuando sea. En caso de que no se vote, un sector del PRO va por más e impulsará “un compromiso de todos los bloques de dejar pasar dos o tres años hasta volver a debatir una iniciativa sobre este tema”.

 ¿Y las mujeres qué?

 Lo que nadie discute a esta altura de las trapisondas es cuál es la situación de las mujeres. Se acabó el tiempo de la demagogia. Pero nosotras sabemos cuál es el costo del aborto clandestino para las mujeres trabajadoras.

 Desde 2012 a la fecha, según una investigación del CELS, hubo y hay no menos de 73 mujeres presas por abortos clandestinos y “otros eventos obstétricos” (partos inesperados sin atención médica en los que muere el bebé, abortos espontáneos, etc). Todas sin excepción son totalmente pauperizadas, muchas con otros hijos. Cada tres horas, una niña menor de 15 años tiene un hijo. Unas 3.000 por año.

 Alrededor de 60.000 camas hospitalarias son ocupadas por mujeres con secuelas de aborto ilegal, cada año. Cuando decimos que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito ya, nos referimos a que esa barbarie debe detenerse. Es hora de que la Campaña deje de lado el aire festivo y los twitazos y explique con franqueza la gravedad de la situación. Su subordinación al gobierno opera como un freno para una respuesta contundente de las mujeres. 

 Nuestra enorme fuerza debe expresarse esta semana. Hay que multiplicar las asambleas, presenciales y virtuales, en los lugares de trabajo, de estudio y las barriadas. 

 Las secretarías de Género de la CTA, de ATE, etc., acaban de sacar una carta de apoyo al proyecto oficial. Hay que exigirles un cese de tareas que permita una movilización masiva el día 29.

 ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO YA. 

 Que se vote en el Senado. A las maniobras y la injerencia clerical, opongamos nuestra fuerza. Ganemos las calles. 

 Olga Cristóbal 

 23/12/2020

El robo a jubilados, en la cámara de Diputados

Luego de dar media sanción en el Senado, el gobierno apunta a aprobar, en la sesión de Diputados del martes 29, el proyecto de reforma previsional que establece una movilidad atada en partes iguales a lo que recaude el ANSES y las variaciones salariales que registra el RIPTE. La reforma significa un verdadero despojo a los trabajadores, en la medida que desvincula a las jubilaciones de la evolución de la inflación en el preciso momento en que la propia política oficial propicia una escalada de precios y tarifas. La nueva movilidad consolida los despojos de las movilidades anteriores –el que perpetró este mismo gobierno en diciembre pasado y la reforma macrista de 2017. Su punto de partida es conocido: el 75% de los jubilados cobra la mínima, que se ubica en niveles de indigencia ($19.000). 

 Es claro que el proyecto de marras forma parte de las negociaciones en curso con el FMI, toda vez que la apunta a garantizar el repago de la deuda pública. Sin embargo, todo indica que el gobierno de Alberto Fernández deberá sudar la gota gorda para lograr su aprobación. Ese tratamiento parlamentario, sin embargo, no estará exento de maniobras, que se relacionan con la crisis política y las divisiones al interior del bloque oficial.

 El gobierno, en el Senado, reculó de la tentativa de descontar el incremento del 5% a los haberes en diciembre de la suba que tendrá lugar en marzo próximo, y que debería ser del orden del 12%. El proyecto oficial echa mano de un recurso ya empleado por el macrismo –omitir el cómputo de trimestres –en este caso el tercero de 2020- para atenuar el impacto de los aumentos. Sin perjuicio de ello, el macrismo no se priva de hacer demagogia y denunciar el “despojo” a los jubilados. El gobierno, en esas condiciones, está inmerso en distintas negociaciones para obtener el quórum. Se espera un toma y daca con otros bloques aliados al oficialismo. Según La Nación (21/12), para obtener el quórum necesario el gobierno estaría negociando con los gobernadores de Misiones y Córdoba a cambio de medidas impositivas y auxilio financiero para pagar las respectivas deudas de las provincias. En otras palabras: los gestores de las deudas externas ya se están disputando el botín del saqueo a los jubilados.

 Levantando algo de polvareda, la massista Marta Tundis -integrante del Frente de Todos y especialista en cuestiones previsionales- ha salido a plantear la modificación del índice tomado para el cálculo de la movilidad en el mes de diciembre, ya que el actual puede terminar desfavoreciendo a los jubilados aún en los casos que haya una mejora en la recaudación tributaria del ANSES. Luego, Tundis propone que se introduzca un “monto complementario a la movilidad” si la inflación supera los aumentos previsionales y que el índice RIPTE que se utiliza para medir las actualizaciones de los salarios se aplique en forma mensual y no trimestral (Clarín, 22/12). Las modificaciones parciales buscan salvar al propio proyecto –y al gobierno- del descrédito popular. 

 La complicidad de la burocracia sindical de la CGT y la CTA con este saqueo debe ser denunciada. La derrota de esta contra-reforma previsional es un motivo de sobra para declarar una huelga general. Luchemos por un aumento general de salarios y jubilaciones, por el 82% móvil, por el Anses dirigido por trabajadores y jubilados electos. 

 Emiliano Fabris 

 23/12/2020