El inicio de transición convulsiva
Mi pueblo no estuvo ausente, Ni mucho menos de espaldas A la trágica y amarga, Historia del continente. Fuimos un balcón al frente, de un inquilinato en ruinas -El de América latina frustrada en malos amores-, Cultivando algunas flores, Entre brasil y argentina.
Alfredo Zitarrosa
Introducción
La cita de marras del cantante popular uruguayo Alfredo Zitarrosa resume en buena medida el momento político-económico que transita Uruguay en el momento actual. Como se sabe, varios países de América Latina atraviesan una etapa de agudas crisis políticas, movilizaciones populares e incluso golpes de Estado. En una breve trayecto podríamos mencionar el golpe en Honduras en 2009, en Paraguay en 2011, en Brasil en 2016 y recientemente en Bolivia; pero también los sucesivos recambios políticos en Argentina, Perú, Colombia o México; las enormes movilizaciones recientes en Chile, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador y Haití y por supuesto, la honda crisis en Venezuela en medio de una ofensiva estadounidense. América Latina se encuentra en una convulsión histórica desde Río Grande a Tierra del Fuego.
El origen de este proceso radica en la crisis económica mundial que comenzó en 2007/2008, una crisis en dos actos cuyo primer episodio lugar una década antes con la crisis de los “tigres asiáticos” cuyo contagio fue global, con efectos devastadores en Latinoamerica (Rieznik, 2009; Marrero, 2019). Durante la primera década del siglo XXI, los gobiernos denominados progresistas en América Latina subieron al poder como resultado concreto de esta bancarrota capitalista y el hundimiento de diversos gobiernos neoliberales. Este ascenso coincidió con la suba de dos ciclos cortos de los precios internacionales de los productos exportables, el abaratamiento del crédito internacional y, en consecuencia, un fenomenal endeudamiento público y privado. Esta fue la base que permitió el desarrollo de programas sociales donde unas 40 millones de personas salieron de la pobreza absoluta. Por supuesto, las condiciones de retroceso de la pobreza estaban vinculadas al desempeño económico de la coyuntura. La constitución de una población cuya supervivencia dependía de programas de asistencia social no incorporados estructuralmente a la dinámica productiva de los países se configuró en extremo inestable. De otro lado, comercial y financieramente, América Latina continuó dependiendo de Estados Unidos, Europa y crecientemente de China. Las economías latinoamericanas también siguieron dependiendo en gran medida de la venta de materias primas (más del 60% de sus exportaciones), experimentando un desempeño económico convulsivo, expresado en fuertes caídas y auges, cuyas economías con bajo grado de autonomía (financiera, industrial y comercial) y altamente dependientes de las inflexiones del mercado mundial. (Coggiola, 2019).
Durante el período 2003-2007, América Latina recibió un volumen récord de inversión extranjera directa de más de US $ 300 mil millones. En parte, incluso compañías de Brasil, México, Argentina se lanzaron a mercados en la propia región, comprando activos importantes, en especial en países como Brasil, Argentina, México y Chile. El PIB de la región creció en un promedio de 5% anual entre 2003 y 2008, con un aumento promedio de más del 3% en la producción per cápita. Después de 2007/2008, las economías regionales experimentaron un breve ciclo de crecimiento impulsado por una combinación de circunstancias: la demanda de China de materias primas y la migración de capital especulativo parasitario o ficticio(2) de los países centrales, impulsada por la inyección de liquidez, esto es el aumento exponencial del capital en dinero como consecuencia de la política de la Reserva Federal y el gobierno de los EEUU de inyectar miles de millones de dólares para sostener a las instituciones financieras, como bancos y fondos de inversión, en quiebra. Desde 2013, la curva económica internacional ha vuelto a caer; con una caída internacional de los precios con un fuerte impacto en los países latinoamericanos. Desde finales de 2017, las salidas de capital de América Latina han aumentado debido al aumento de las tasas de interés internacionales y la guerra económica. Por su parte, China ha cambiado su papel como amortiguador internacionalde la crisis económica mundial y se enfrenta a la posibilidad de graves crisis financieras (idem).
De este modo, las perspectivas económicas y políticas de América Latina se encuentran condicionadas por el desarrollo de esta crisis. Por su puesto que juegan la particularidades nacionales en un contexto de fluctuaciones de los precios de las materias primas y alimentos así como de la importación de capital; aún no se asistió a una crisis de incapacidad de pagos externos, siempre se pagaron las utilidades de las IED y los intereses del capital financiero -por supuesto que en base a la pauperización de enormes capas de la población. Los virajes políticos marcan el tono de la etapa: en Argentina y México el peronismo y la centro izquierda sustituyen a los liberales, en Brasil triunfa la ultraderecha por una mayoría aplastante, en Paraguay y Honduras se retornó a una democracia recortada. En Chile, Nicaragua y Venezuela las movilizaciones populares ponen en jaque a los gobiernos, en el primer caso empujando hacia la izquierda cuestionando la vigencia de la mercantilización iniciada con la dictadura y en los dos segundos cuestionando elecciones dudosas.
En este contexto, algunos analistas señalaron que Uruguay era una “isla” pacífica en este desarrollo latinoamericano. Sin golpes de Estados recientes, conflictos de baja intensidad, estabilidad política y económica, una desigualdad social relativamente menor que en el resto de la región parecen mostrar una sociedad democrática y con una fuerte amortiguación social. La noción de la excepcionalidad del Uruguay se instaló para propios y ajenos como un lugar común. El fin de 15 años de gobiernos del Frente Amplio y el inicio de un gobierno derechista de coalición inauguran un nuevo período, de características excepcionales. Por tanto, se vuelve necesario desenvolver apreciación de conjunto del período histórico que transita Uruguay en el cuadro convulsivo de Nuestra América Latina.
De la “Suiza de América” al umbral del siglo XXI
Uruguay ocupó un lugar peculiar en el desarrollo histórico de América Latina. Su propio nacimiento como Estado se encuentra vinculado a la integración como semicolonia inglesa, un “Estado tapón” lo han llamado, entre Brasil y Argentina. Una renta agraria excepcional permitió a esta economía del Río de la Plata un alto registro de producción per cápita a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, junto a reformas institucionales (ley de 8 horas, nacionalizaciones de la banca, energía, comunicaciones, etc), le dio la apariencia de un país moderno cuando, al mismo tiempo, se consolidaban las raíces de una inserción subordinada en la división internacional del trabajo de características muy perdurables en el tiempo. La mirada histórica sobre Uruguay debe realizarse sobre el lente de su principal motor: la naturaleza específica de un capitalismo dependiente agroexportador y su particular integración al mercado mundial dominado por el capital financiero de los países centrales.
La debilidad de las clases dominantes nativas sufrió muy tempranamente, desde el siglo XVIII, la presión del mercado mundial. La eventualidad de una acumulación de capital de la burguesía local en función de un rol de intermediario con el centro de la economía colonial en el Alto Perú -donde Buenos Aires era el eje de esta intermediación- se vio rápidamente frustrada por las trabas paraadueaneras. Luego de las vicisitudes del proceso independentista, las posibilidades ulteriores de capitalizar la renta agraria enfrentaron los límites de un débil mercado interno, un resultado del régimen de la gran propiedad agraria (específicamente la ganadería bajo relaciones sociales capitalistas (3), con su correlato, la estancia, en el marco de una escasa población agraria). Esta limitación se manifestaría en la incapacidad de creación de una clase media agraria a partir de la inmigración en masa. La formación de capital nativo original se dio en el marco comercial y, tardía y limitadamente, en la explotación productiva del trabajo agrario. Si la integración de la Banda Oriental al mercado mundial fue prematura, la de la burguesía agraria, primero, e industrial, después, fue definitivamente tardía (Finch, 2005). El capital nativo no pudo encontrar un lugar propio en su anticipado intento por arrimarse al capitalismo mundial en su etapa de ascenso y llegó tarde cuando buscó superar su base agraria en la etapa de copamiento del mercado planetario por el imperialismo. No es una línea recta la que traza la explicación de lugar subordinado de Uruguay respecto de la economía mundial.
La apariencia de modernidad dio lugar, a mitad del siglo XX, al mote de la “Suiza de América”. Sin embargo, la imagen de subordinación se renovó con las crisis que comenzó a mediados de la década de los ‘50 y se prolongó durante las siguientes décadas, y en el umbral del siglo XXI, cuando Uruguay sufrió agudamente los efectos de la crisis mundial (al que Argentina y toda la región estuvieron envueltos). Fue a principios de este siglo, en ocasión de una profunda crisis de la economía nacional sin precedentes -resultado de lo que podemos considerar el primer acto del quebranto general de la economía internacional, al cual todavía asistimos.
Esta breve historia tiene otros condimentos. Durante la década de los ‘90 en Uruguay los gobiernos de los partidos Nacional, primero, y Colorado, después, intentaron aplicar los llamados principios del Consenso de Washington, al igual que en Argentina lo encarnó el peronismo con Carlos Menem. El “neoliberalismo” criollo se expandió en un momento de euforia internacional, con George H.W. Bush (presidente de Estado Unidos entre 1989 y 1993) en la Casa Blanca. El capitalismo mundial celebraba lo que suponía una suerte de victoria definitiva: la restauración del capitalismo que se extendía sin freno en la disuelta Unión Soviética y en China, bajo la tutela de un igualmente restaurado Partido Comunista.
El credo “neoliberal” en Uruguay que consistía en apertura comercial, privatización de los servicios y empresas estatales, desregulación de los mercados y, en particular, flexibilización y precariedad laboral fue contenido relativamente por el movimiento sindical -que logró parar la privatización de los servicios públicos, pero el gobierno avanzó con desarmar la negociación colectiva y el capital instauró un régimen de precariedad laboral que arrasó con muchas décadas de conquistas.
En esa década de los ‘90 la economía mundial conoció sucesivas bancarrotas: la crisis mexicana de 1994-95 y el tsunami económico que se desató en el sudeste asiático en 1997 acabaron por recalar en Brasil, luego en Argentina y finalmente en Uruguay, provocando una depresión prolongada desde 1999 que culminó en una crisis generalizada en 2002, luego de la quiebra Argentina. La crisis económica dio paso a la pulverización de los partidos tradicionales (en el año 2000 había asumido la presidencia Jorge Batlle del Partido Colorado) y sólo lograron sostenerse por el compromiso del Frente Amplio de desarrollar una salida en las urnas y no en las calles, como había sucedido con la caída del gobierno de De la Rúa en Argentina en diciembre de 2001.
En Uruguay, durante el período neoliberal se consolidó una matriz de acumulación capitalista que había iniciado, al menos, dos décadas antes con la dictadura militar en 1973. Bajo las dictaduras los sectores de la burguesía agro-exportadora y financiera fueron beneficiados con el impulso de políticas que desregularon las finanzas(4) y liquidaron los mecanismos de protección social, al tiempo que desataron fuertes políticas represivas que incluyeron el encarcelamiento, la tortura, asesinato y desaparición de militantes de organizaciones populares y de izquierda. La reorientación de la acumulación capitalista a partir de los ‘70 se centró en a) la desvalorización de la fuerza de trabajo; b) apertura al mercado de capitales y c) reorientación exportadora. El primer aspecto combinó la extensión de la jornada laboral y la reducción del poder de compra -un 60% de 1971 a 1984 (Oyantcabal, 2016). Según Fleitas y Roman (2010) el deterioro salarial movilizó el ejército industrial de reserva mediante la expansión absoluta y relativa de la fuerza de trabajo femenina y la proletarización de productores mercantiles agrarios. El segundo aspecto permitió la atracción de inversión extranjera directa a partir de “estímulos” como la aprobación de la Ley de Inversiones Extranjeras en 1974 -aunque la ley nunca se aplicó, pues la liberalización del movimiento internacional de capitales aprobada a mediados de 1975 la superó- y un enorme endeudamiento (público y privado) que se multiplicó por 9 entre 1973-1985 (478 millones a 3.919 millones de dólares). Finalmente, la desvalorización de la fuerza de trabajo tuvo como consecuencia la retracción del mercado interno y la reorientación hacia la exportación de materias primas (pesca, leche, arroz y ganadería) posibilitada por un breve auge de los precios internacionales y los bajos salarios que elevaron la tasa de ganancia del capital.
Esta llamada “reestructuración capitalista” en Uruguay atravesó sucesivos períodos de recesión que se manifestó entrado los ‘80, con las crisis de deuda en 1982 y el inicio de lo que luego a nivel latinoamericano se denominó como la “década perdida”. La caída de las exportaciones y del ingreso de capital-dinero que financiaba el ciclo de endeudamiento fue la base para la quiebra del esquema económico montado por la dictadura que estalló con una megadevaluación. En medio de una crisis económica y de profundas luchas populares se inició el período de transición democrática a partir de 1985, con el desarrollo de elecciones y el triunfo del Partido Colorado(5). Durante las décadas siguientes, se profundizará el tipo de inserción subordinada de Uruguay en el mercado mundial y la forma de acumulación capitalista: dependiente de las exportaciones de commodities -en especial de la soja y la celulosa y la creciente importancia relativa de China hasta ser el principal comprador- bajo la égida del capital financiero y una precarización estructural de la fuerza de trabajo (Marrero, 2017).
El preludio al inicio de los gobiernos del Frente Amplio en 2005 fue la prolongada crisis que inicia en 1999 y tiene su momento de estallido en 2002. En ese período el PBI cayó 15%, las exportaciones un 33%, el salario real se retrajo un 27%, la tasa de desempleo llegó a la cima histórica de 16%. El colapso incluyó, especialmente, al sistema bancario que perdió en poco tiempo el 48% de los depósitos; cuatro grandes bancos privados (Galicia, Crédito, Comercial, Montevideo y Caja Obrera) dejaron de tener actividad; la banca pública debió reprogramar la devolución de sus depósitos hasta a tres años, con todo lo cual decenas de miles de personas fueron afectadas en sus ahorros. La deuda externa superaba el 100% del PIB y su pago entró en “default” -la deuda se “reestructuró” luego de la mano del FMI.
La política económica del entonces gobierno del Partido Colorado (Jorge Batlle) que siguió a la explosión social y económica se mantuvo en los cánones clásicos de una política de ajuste. En primer lugar, se procesó una devaluación del 300% durante el 2002. Los efectos inflacionarios de esta megadevaluación fueron contrarrestados, en un principio, por una demanda deprimida hasta límites nunca alcanzados en el país. Toda devaluación tiene, más allá de sus objetivos formales y mentirosamente declarados, dos funciones básicas: devaluar los salarios y devaluar el gasto público como condición necesaria para recrear las condiciones de rentabilidad del capital. Es una variante de las políticas de ajuste clásicas del “liberalismo”. No se trató entonces de un problema del “tipo de cambio”, porque como la devaluación es una consecuencia del vaciamiento provocado por el capital financiero, era una manera de sancionar su resultado en lugar de sancionar a los que habían lucrado con ese mismo vaciamiento, y disponer un plan de reconstrucción económica orientado por los intereses de la mayoría -claro que se trata de una alternativa que supera los límites de una variante capitalista. Con la devaluación se procuró una salida capitalista apoyada en la desvalorización general de los salarios y activos y en la capacidad ociosa creada, pero que, además y fundamentalmente, encontró una oportunidad en la reversión del ciclo económico mundial que se planteo desde 2003, con un crecimiento progresivo y en flecha del precio de los commodities que dominan la pauta de exportación del país.
De modo que, desde 2003, la actividad económica comenzó a repuntar impulsada por los negocios del comercio exterior. En circunstancias de un excepcional freno a las importaciones provocada por la megadevaluación y la crisis, dio lugar a un superávit en la balanza comercial del sector externo inédito en el país. Esto fue acompañado por un superávit fiscal que se apoyó en la ya señalada devaluación de los gastos y, específicamente, de los haberes jubilatorios que habían llegado a concentrar una proporción enorme de la erogación fiscal.
Crisis mundial, ascenso y caída del “progresismo”
En este contexto de incremento de la pauperización social, descalabro económico e inicio de una lenta recuperación económica se produjo el hundimiento de los partidos tradicionales uruguayos (Partido Colorado y Nacional) y el triunfo del Frente Amplio en 2004 con el 50,5% de los votos y mayoría absoluta en el parlamento. Se inició una período, de una década y media, donde el FA gobernó con mayorías parlamentarias, frente a una fragmentada oposición política -por derecha y por izquierda.
El ‘progresismo’ frenteamplista asumió el gobierno conservando el núcleo de la forma de acumulación capitalista heredada de las décadas anteriores pero en un nuevo contexto nacional e internacional. Esto es a) auge de los precios internacionales de las materias primas, b) caída de las tasas de interés internacionales que impulsó el ingreso masivo de capital ficticio e inversión extranjera directa y c) salarios enormemente deprimidos y una extendida precarización laboral. La acumulación capitalista despegó en base a estos ‘motores’ entre 2004 a 2012.
Todo esto permitió que se incrementaran los ingresos por concepto de exportaciones, pero también que se iniciara un nuevo ciclo de endeudamiento (Dufrechu, H. 2015) -que llevó la deuda externa bruta de 13.717 millones en 2005 a 41.651 millones de dólares en 2019- y se desenvolvieran megaemprendimientos productivos que afectaron el medioambiente, como lo fue la instalación de las mayores plantas productoras de celulosa o la extensión del cultivo soja. La IED acumuló entre 2005-2016 22.151 millones de dólares de los que 61,4% correspondió a aportes de capital, lo que da cuenta de la relevancia de la plusvalía acumulada fuera del Uruguay. En el caso de la renta de la tierra agraria “entre 2005 y 2016, sumando la apropiada por los terratenientes y la apropiada por otros sujetos por sobrevaluación del tipo de cambio, se multiplicó por 10 acumulando 34.222 millones de dólares” (Oyhantcabal, 2019:14). De modo que el capital ficticio o especulativo aceitó, vía endeudamiento público y privado, la inversión rentística. La cuestión de la deuda aparece en el centro de esta dinámica.
De otro lado, la transición política que se inició con el ascenso del Frente Amplio al gobierno afectó a todas las clases sociales, y aunque instaló en la cúpula un régimen de colaboración entre clases, el carácter de sus gobiernos fue de factura netamente capitalista. La articulación entre distintas fracciones capitalistas (agrarias, industriales, financieras) y la clase obrera fue aceitada por la coyuntura relativamente favorable que culminó al inicio del tercer gobierno del FA en 2015. En momentos de agudización de la crisis internacional a partir de 2007-2008, los gobiernos ‘progresistas’ del Frente Amplio buscaron estimular la acumulación de capital profundizando el andamiaje legal heredado del período de los ‘neoliberales’. Se aprobaron leyes para atraer inversión local e internacional, se modificó la legislación tributaria (2007) reduciendo impuestos a las ganancias (de 30% a 25%), se aprobó la ley de Participación Público-Privada (2011) que promueve los contratos entre el capital y el Estado (que traslada los costos y el riesgo fundamental hacia el Estado), se aprobó la ley de Minería de Gran Porte (2013) que permite los emprendimiento de mega-minería a cielo abierto, y además se reglamentó la Ley de Promoción de Inversiones de 1998 aumentando las exoneraciones, la creación de nuevas Zonas francas y los tratados Bilaterales de Inversión. Todo esto acentuó la extranjerización y centralización de los principales medios de producción, especialmente en la agroindustria, incrementando el flujo de ganancias que se remitieron al exterior junto al pago de intereses de la deuda externa que operó como mecanismo de transferencias de excedentes. En este escenario, se consolidó el tipo de inserción en la economía mundial a partir de la producción de bienes agrarios de bajo valor agregado; el perfil de las exportaciones muestran que cerca del 70% de los productos son commodities de origen agropecuario encabezados por la soja, la carne bovina, el arroz, derivados de la leche y pasta de celulosa, al tiempo que en materia comercial, la principal novedad del período fue la aparición y dependencia de China que pasó a ser el principal socio comercial del país en 2013 (Marrero, N., Mañan, O.; 2014).
La colaboración de clases bajo la era del Frente Amplio se caracterizó por una nueva orientación de la intervención del Estado en el conflicto capital-trabajo: por un lado a partir, de las leyes de negociación colectiva y libertad sindical cuya utilización permitió un fortalecimiento numérico y organizativo del sindicalismo (Marrero, 2017); y por otro lado, mediante restricciones a esa libertad sindical y negociación colectiva, a partir de la aplicación del decreto denominado de “esencialidad” contra diferentes procesos huelguísticos (sindicatos docentes, estatales, etc.), aprobación de la ley “antipiquetes”, de la ley “anti-terrorista” que coarta la libertad de expresión y movilización, y la propuesta de modificación (¿o liquidación?) de la negociación colectiva que elimina la ultraactividad en los convenios colectivos y la negociación por rama, entre otros cambios regresivos(6).
Este carácter aparentemente contradictorio de la intervención de los gobiernos del Frente Amplio en el conflicto capital-trabajo se explica por el carácter del propio Estado, que en la sociedad capitalista se orienta a garantizar el proceso de acumulación del capital, es decir, a establecer las condiciones económicas y sociales para que la ganancia capitalista no sea cuestionada y permitir, de este modo, la legitimación de la apropiación del excedente económico que producen los trabajadores. Este fue el norte de intervención del Estado bajo los gobiernos del Frente Amplio, tanto en los momentos de expansión de la acumulación de capital como en los de ajuste.
En una primera etapa la intervención estatal del conflicto capital-trabajo coincidió con el nuevo contexto internacional favorable dado por la expansión de la demanda internacional de materias primas y por la expansión de masas de capital ficticio que ampliaron el crédito y las posibilidades de crecimiento de esa demanda. De este modo, la acumulación de capital tomó forma en una serie de políticas impulsadas desde Estado que buscaron articular la dinamización de la inversión privada con políticas que establecieron techos a la expansión salarial -a través de las pautas restrictivas en la negociación colectiva. Bajo estas condiciones, el salario real creció un 56% de 2004 a 2016 -un 20% desde 1999 año de comienzo de la última crisis-, aunque sólo recuperó niveles de comienzos de los ’70 luego se estancó y comenzó a descender a partir de 2017. En este cuadro, el poder de compra de los salarios en 2019 se ubicó por debajo de su nivel en 1971. Asimismo, el desempleo tuvo una curva descendente hasta 2013 (6,3%) y luego empezó a crecer ininterrumpidamente hasta 2019 (9.8%).
Luego del ciclo corto de ascenso de los commodities en 2010-2013, se abre una etapa de reversión de las condiciones favorables (excepcionales) que habían operado en el período precedente. El ascenso de Trump, el Brexit y desintegración de la Unión Europea, pusieron en el tope la agudización de la guerra comercial (como expresan los choques entre EEUU-China) y constituyeron una manifestación ulterior de la crisis mundial iniciada en 2007-08. La bancarrota capitalista puso en crisis la internacionalización capitalista y produjo un repliegue nacional, entendido como instrumento de guerras comerciales, fiscales y financieras -en definitiva, guerras ‘tout court’. El repliegue nacional se manifiesta en la reducción de la inversión transfonteriza, el comercio mundial, los préstamos bancarios y la cadena de suministros (The Economist, 25/01/2019). El inicio de esta transición convulsiva a nivel internacional y en América Latina, coincidió con el ascenso del tercer gobierno del Frente Amplio y la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. En este cuadro Vázquez buscó, infructuosamente, la firma de Acuerdos de Libre Comercio (con China y EEUU) que dado el contexto internacional no podía dar ninguna salida de fondo a la caída de las exportaciones (en volumen y precio) producidas por la desaceleración y/o recesión económica de los principales socios comerciales de Uruguay (China, Venezuela, Argentina y Brasil) y la reducción del flujo de IED -la contracción de la inversión en capital fijo desde 2014 fue de ¡32%!, mayor incluso que la de Brasil. El escenario internacional agregó un nuevo condimento: toda América Latina se convirtió en el campo de orégano de renovadas disputas internacionales por la apropiación de la renta y su control político como patio trasero del imperialismo yanqui, desatando con ello enormes crisis políticas, e incluso potenciales procesos revolucionarios (y contrarevolucionarios). De este modo, toda la política económica del ‘progresismo’ encontró su límite en la crisis mundial en curso, mostrando con ello que la expansión o ‘coyuntura favorable’ de la economía fue un episodio de la bancarrota capitalista.
En este contexto, a partir de 2015 se asistió a una relentización de la acumulación capitalista y del salario real, crecieron las distintas formas de superpoblación relativa y se impulsaron desde el gobierno medidas de corte ‘neoliberal’ para desindexar los salarios de la inflación y la reducción del gasto público (Marrero, 2018; Notaro, 2015).
Tanto en el período de expansión económica, como ahora en su declive, la acumulación del capital tuvo como una de sus bases principales la precarización estructural del trabajo o superexplotación en sectores de la industria, la agricultura, el comercio y en el propio Estado. Algunas dimensiones de esta precarización de la clase obrera se encuentran vinculadas al uso discrecional de la fuerza de trabajo por parte de las empresas, como la polivalencia que expresa en general la ausencia de definición de categorías y tareas, así como la rotación de funciones entre diferentes puestos de trabajo, sin enriquecimiento de las calificaciones (Marrero, 2017). En el terreno de las condiciones de trabajo la flexibilidad en el horario de trabajo y el aumento de la jornada laboral se manifestó en amplios sectores de trabajadores. Las tercerizaciones se han transformado en un problema de primer orden para el movimiento sindical en todos los sectores de la economía y el Estado, siendo utilizado como una política para reducir el precio de la fuerza de trabajo y dividir la organización colectiva de los trabajadores. La precarización del trabajo también se manifiesta en que una enorme proporción de la clase obrera percibe salarios por debajo del valor de su fuerza de trabajo.
De este modo, el Frente Amplio intentó conjugar una peculiar conciliación entre la clase trabajadora y la clase capitalista bajo políticas que facilitaran la ampliación de la acumulación de capital a la vez que un incremento relativo del salario directo e indirecto. Esta política económica se agotó junto con el fin del auge de la renta internacional, del ingreso masivo de capital ficticio y de la inversión extranjera directa en el que estaba inscripto.
Así como en su momento los neoliberales se derrumbaron en el cuadro de la bancarrota del 2002, el ‘progresismo’ que emergió como respuesta a esa crisis encuentra su límite en el marco de esa misma crisis. Esto porque neoliberalismo y progresismo son también una expresión del ciclo más amplio de la economía mundial bajo la hegemonía del capital financiero. Frente a una expansión del capital a préstamo y de un creciente y explosivo desarrollo de capitales ficticios que buscaban multiplicar las oportunidades de ganancia sin contrapartida en el crecimiento de la actividad productiva, los países "emergentes" fueron parte del mecanismo de absorción de tales recursos. Es un hecho, sin embargo, que toda inversión o crédito extranjero exige en algún momento la repatriación de ganancias e intereses, como es un hecho también que toda bancarrota implica la utilización de fondos que anteriormente circulaban en ámbitos de los cuales son sustraídos para procurar el salvataje de los capitales en quiebra en dificultades en los países dominantes. Uruguay y los países de América Latina se adaptan a esas manifestaciones cambiantes del ciclo capitalista en el mercado internacional con políticas igualmente cambiantes, que deben ser apreciadas de conjunto en relación con los espasmos de la economía global. Es en este sentido que neoliberalismo y progresismo se articulan e incluso se complementan de un modo que sería incomprensible fuera de la apreciación del proceso económico como un todo. Dicho de manera más simple: los liberales crearon una enorme hipoteca en los noventa como agentes del gran capital y el FMI; los progresistas pagaron la factura, sin alterar, por supuesto, la lógica general de la gestión social del metabolismo productivo por el capital, que es la cuestión esencial. Por tanto, el llamado progresismo fue funcional al sistema capitalista viabilizando la acumulación capitalista, con el agregado de su función en la control del conflictos sociales/sindicales. Bajo la apariencia de políticas económicas opuestas se oculta la función común de planteamientos que deben ser integrados en una comprensión integral de los vaivenes de la economía capitalista nacional e internacional (Rieznik, 2009).
Lo que viene: cambio de régimen en una transición política convulsiva
Comprendida esta mirada global con foco en las contradicciones abiertas es posible comprender el recambio político que se está operando en Uruguay. En 2019 se realizaron las elecciones nacionales que dieron el triunfo en el segundo turno a Luis Lacalle Pou del Partido Nacional por escaso margen, en una coalición que integró al Partido Colorado, al Partido de la Gente, Partido Independiente y al ultraderechista-militar Cabildo Abierto (cuyo candidato fue el jefe de la Fuerzas Armadas, bajo el último gobierno del Frente Amplio).
Uruguay se suma al proceso de recambios políticos derechistas que, con vaivenes, marca el proceso político latinoamericano desde hace un lustro en un contexto de larga declinación de la economía, un déficit fiscal que crece, coronado por una elevada cuenta de intereses de la enorme deuda externa.
Ahora bien, ¿Qué factores condujeron al recambio político derechista?
Ocurre que cuando las condiciones económicas comenzaron a cambiar a partir de 2015, el gobierno comenzó un persistente proceso de ajuste sobre las condiciones de vida de las clases populares. Las cámaras empresariales, y especial la burguesía agraria, comenzaron a presionar al gobierno exigiendo recortes de gastos sociales, rebajas salariales y devaluación de la moneda. Los acreedores financieros condicionaron el financiamiento público a los recortes presupuestales, al cual el Frente Amplio fue estirando en pequeñas dosis. Finalmente, luego de sucesivos choques, una buena parte de los empresarios rurales, industriales y comerciales se pasaron a la oposición política confiados en que la derecha política podrá comandar una suerte de guerra de clases contra los de abajo. Nuevamente, pasada la bonanza internacional, los conflictos sociales generados por los intentos de recuperar niveles aceptables de la tasa de ganancia –centro del sistema- ocupan nuevamente el primer plano. Difícil escenario para un gobierno declaradamente defensor del capitalismo.
A su turno, los trabajadores, cooperativistas, estudiantes, el movimiento de la mujer y los movimientos ambientalistas desarrollaron importantes luchas frente al estancamiento y deterioro de los salarios, de la inversión en vivienda, por presupuesto público que permitiera viabilizar la política de derechos conquistada o contra la instalación de megaemprendimientos. Durante la década y media de gobiernos del Frente Amplio se procesaron diversos conflictos sociales que horadaron su legitimidad política y la expectativa de que era un canal de transformación social, así como ocurrió con otros gobiernos latinoamericanos.
La coalición “multicolor” que conquistó el gobierno y las mayorías parlamentarias asumirá en un cuadro de agudización de las contradicciones económicas y políticas precedentes.
En el terreno económico una cuestión central que dominará la agenda es la deuda pública y, en particular, la deuda externa. La situación financiera del Estado se ha agravado, con un déficit fiscal que pisa los cinco puntos cubierto en parte con emisión monetaria y, en mayor medida, con emisión de deuda. Si se analizan los informes del BCU, el pago de intereses de deuda y los subsidios al capital más un voluminoso déficit en las jubilaciones y pensiones militares explican el aumento del déficit fiscal. La emisión de deuda a tasas crecientes (notas del tesoro y en especial letras de regulación monetaria) para el financiamiento de los gastos corrientes y la absorción del ‘exceso’ de fondos especulativos circulantes ha encarecido enormemente el costo financiero del Estado, acentuando el desequilibrio económico-financiero estatal. Se proyecta que la deuda del gobierno alcanzara un 66% del PIB en 2019 (sin incluir los miles de millones de se deberá contraer para los compromisos con UPM) -incluidos los bonos para recapitalizar al banco central. Un 53% de la deuda se encuentra nominada en dólares (y, dada la libertad cambiaria, los pagos de la denominada en pesos de inmediato presionan por divisas), por lo que la devaluación exigida por los exportadores afectaría la capacidad de pago. De acuerdo a lo proyectado en la última Rendición de Cuentas, para 2020 las necesidades de fondeo del gobierno central se estiman en U$S 3.581 millones (U$S 1.660 millones son para el pago de intereses de deuda, U$S 1860 millones para amortizaciones de bonos y préstamos, y U$S 50 millones para déficit primario). Para cubrir la factura el gobierno ‘multicolor’ deberá recurrir al financiamiento internacional, local (AFAP’s)(7) y al uso de reservas del BCU. Sin embargo, el capital financiero(8) ya condicionó este financiamiento a un ajuste mayúsculo en el presupuesto público de U$S 1.500 millones, reformas que flexibilicen (abaraten) los salarios, privatización de las empresas públicas (en especial la liberalización del combustible) y la reforma de la previsión social que aumente la edad de retiro y rebaje las jubilaciones. Este programa ya fue recogido en el documento “Compromiso por el País” firmado por los partidos de la ‘coalición multicolor’ antes del 24 de Noviembre y también por las Cámaras Empresariales (Elías A., 2019). El ajuste incluiría, posiblemente, un re-diseño del esquema de subsidios a sectores de la burguesía nacional. Como en toda crisis capitalista, exigen la liquidación del capital sobrante y la rebaja del precio de la fuerza de trabajo en todos sus aspectos.
De este modo, la coalición gobernante derechista recurrirá al viejo libreto de la economía política neoliberal que el país conoció previo a la crisis de 2002 manteniendo o profundizando aspectos centrales de la “economía política progresista”, como la rebaja impositiva al capital, la legislación de inversiones o la apertura al capital extranjero (UPM2) -e incluso la modificación de los Consejos de Salarios ya enviada al parlamento por el Frente Amplio. En definitiva, agotados los motores del ingreso de capital especulativo e inversión extranjera y de la renta internacional, la salida capitalista se orienta a una violenta depreciación del salario directo e indirecto para relanzar la acumulación del capital. Sin embargo, puestas en contexto continental la política de la derecha (Macri, Piñeira, Bolsonaro, Duque, Lenin Moreno, etc) viene naufragando estrepitosamente en medio de crisis políticas y ascenso vertiginoso de las luchas populares.
El armado del régimen político para ir a esta guerra de clases será, sin embargo, sumamente precario en medio de una enorme fragmentación de los partidos patronales. El nuevo gobierno deberá hacer frente al desafío de la ‘gobernabilidad’ con 5 partidos en el Poder Ejecutivo y la primera mayoría en manos del Frente Amplio en el parlamento(9). La publicitada Ley de urgente consideración (de la que nada se sabe aún) buscará cohesionar a la coalición derechista, y aprobar algunas reformas antes los conflictos internos puedan hacerla estallar por los aires. Sin embargo, ya existen divergencias en torno a cuestiones centrales, por ejemplo no han logrado hacer un acuerdo con relación con la reforma de seguridad social, Cabildo Abierto plantea rebajar en un 50% el IASS(10) que implicaría el aumento de 100 millones en el déficit previsional lo cual es rechazado por el Partido Nacional. Aunque la coalición gobernante tiene mayoría ficta en el parlamento, podría llegar a recurrir a los votos de sectores del Frente Amplio(11) para cuestiones claves.
De conjunto, la victoria electoral de la ‘coalición multicolor’ derechista pone de relieve algo fundamental: el derrumbe del Frente Amplio expuso la incapacidad de la burguesía para resolver la parálisis de las fuerzas productivas del país por medio de medidas y demagogias denominadas progresistas. En toda América Latina, con la salvedad de sus particularidades nacionales, el agotamiento de las experiencias progresistas ha dejado expuesta una enorme crisis de poder en el marco de una bancarrota capitalista internacional. Este marco convierte a las tentativas de salidas thatcherianas en recursos políticos anacrónicos; en recursos que carecen, comparativamente, de los medios necesarios para alcanzar plenamente sus objetivos.
En este escenario, las organizaciones sindicales, sociales y políticas de izquierda se aprestan a preparar la pelea para defender los derechos sociales y políticos. La experiencia del ascenso popular en Chile grafica un escenario posible de respuesta a las políticas de avance del capital. El “pacífico” Uruguay se suma al torrente latinoamericano.
El desenlace de la crisis dependerá del resultado de los grandes choques de clases que plantea la nueva etapa.
Nicolás Marrero
26/01/2020
Bibliografía
Bértola, Luis, Isabella, Fernando y Camilo Saavedra. El Ciclo Económico De Uruguay, 1998-2012. Documento On Line Nº 33. Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de la República, Montevideo: 2013. Coggiola, Osvaldo. De FHC a Bolsonaro. Elementos para uma História Economico-politico do Brasil (1979-2019). Ed. Liber-Arts, Brasil: 2019. Dufrechou, Hugo. Los lazos de dependencia del Uruguay a través de su Sistema Financiero. (Tesis Especialización en Estudios Latinoamericanos, Universidade Federal de Juiz de Fora), Brasil: 2015. Elias, Antonio. Análisis de una derrota esperada. Semanario “Voces” 19/12/2019.
Finch, Henry. La economía política del Uruguay contemporáneo. 1870-2000. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo: 2005. Fleitas, Sebastían y Carolina Román. “Evolución de la población económicamente activa en el siglo XX: un análisis de la estructura por sexo, edad y generaciones.” Boletín de Historia Económica, VIII (9): 41-64. 2010. Mañan, Oscar, Marrero, Nicolás. Uruguay y la Economía Progresista: la agenda pendiente en Sujetos colectivos, Estado y capitalismo en Uruguay y América Latina: perspectivas críticas, Acosta, Y., Casas, A., Mañan, O., Rodríguez, A., Rossi, V. (coords). Trilce. Montevideo: 2014. Marrero, Nicolás. Precarización laboral y revitalización sindical en Uruguay: los trabajadores de comercio y servicios (2017) Revista Colombiana de Sociología, Volumen 40, Número 2, p. 221-238. https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/66393/61011 Marrero, Nicolás. Crisis capitalista y precarización del trabajo: la mutación de la clase obrera en Miradas de la economía política sobre América Latina y el Uruguay actual, Elías, Alonso y Oyhantçabal (Coords.). Ed. INESUR y Fundación Trabajo y Capital. Montevideo: 2018. Marrero, Nicolás. De la restauración capitalista a la Gran Depresión del siglo XXI: Un nuevo escenario mundial de guerras y rebeliones populares. Ponencia presentada en el VI Simposio Internacional sobre Pensamiento Latinoamericano del 26 al 28 junio de 2019 Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara, Cuba, 2019. Notaro, Jorge. La economía del Uruguay 1998 – 2014. Caracterización e hipótesis explicativas. Acceso 2 de Noviembre de 2019, https://www.researchgate.net/publication/284174297_La_economia_del_Uruguay_1998__2014_Caracterizacion_e_hipotesis_explicativas Oyhantcabal, Gabriel. Economía Política del Uruguay progresista (2005-2016). Revista Latin American Perspectives 46(1): 122-136, Enero 2019. Rieznik, Pablo, Neoliberalismo, (anti)neoliberalismo y crisis (el caso argentino) en Revista En Defensa del Marxismo nº38, Buenos Aires: 2009.
Notas al pie
(1) Dirigente del Partido de los Trabajadores (Uruguay). Sociólogo y Docente de la Universidad de la República. (2) El capital ficticio es el resultado de la existencia generalizada del capital a interés. La razón de su carácter ficticio es que es resultado de la apropiación de una parte creciente de la plusvalía por el capital, que no encuentra oportunidades de acumulación en las actividades productivas y se utiliza en nuevas formas de operaciones de préstamo a través de nuevas instituciones y nuevas operaciones; por tanto, no contribuye en nada para la producción o la circulación de la riqueza, en el sentido de que no financia ni capital productivo, ni comercial. Esto incluye las acciones, bonos, deudas del estado o privadas. Consolida la imagen de un capital que se valoriza a sí mismo en el mercado de compra y venta especulativa (Carcanholo, R.; Sabadini, M., 2011). (3) Ver Proceso Económico del Uruguay (1971); Vivian Trías (1956); Maria Ines Moraes (2008) (4) Lo que implicó que se volvieran contra el capital local agro industrial y comercial desde 1980; sólo se benefició la banca trasnacional sostenida por una estrategia de supervivencia acordada con la dictadura; desde 1975 apareció el capital financiero como un cuarto socio en la distribución del ingreso, con poder creciente hasta que en 1980 era hegemónico (5) En 1984 los candidatos para la presidencia y la vicepresidencia de las cuatro principales agrupaciones políticas de Uruguay firmaron conjuntamente una Concertación Nacional Programática (CONAPRO). Los firmantes -partidos Colorado y Blanco, Frente Amplio y Unión Cívica, (escisión por la derecha del Partido Demócrata Cristiano, integrante del Frente)- alcanzaron acuerdos en materia de restablecimiento de todas las libertades, retorno de exiliados, vigencia de los derechos humanos, levantamiento de proscripciones, política de vivienda y salud, autonomía de la universidad e independencia del poder judicial. No alcanzaron consenso sobre la organización legal de la educación general, la futura legislación sobre relaciones laborales, la ley de seguridad del Estado y la amnistía para presos políticos. (6) En noviembre de 2019, luego de las elecciones primarias donde la derecha conquistó la mayoría de la representación parlamentaria, el gobierno envió al parlamento propuestas de cambios a la negociación colectiva de acuerdo a las recomendaciones dela OIT entre los que se destacan “El artículo 3º modifica el artículo 14, eliminando la posibilidad de negociar por rama de actividad cuando no exista organización de trabajadores en la empresa. El artículo 4º deroga el inciso segundo del artículo 17 que versa sobre la vigencia de los convenios, con lo cual se elimina la ultractividad de estos y se los somete a la propia negociación colectiva” (La Diaria, 31/10/2019). (7) Es importante mencionar que las las afaps no “tienen” fondos; en su enorme mayoría son títulos del gobierno, por lo cual tales “fondos” es un juego de transferencia de títulos. (8) Ver Calificadora Fitch, Comunicado de Prensa (02/12/2019) Fitch Ratings: New Uruguay Government Faces Fiscal, Growth Policy Test en https://www.fitchratings.com/site/pr/10103896 y Standard and Poor’s, Comunicado de Prensa (26/11/2019) Credit FAQ: What Challenges will the new administration in Uruguay face? En https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/191126-credit-faq-what-challenges-will-the-new-administration-in-uruguay-face-11256622 (9) En la nueva Cámara de Senadores (que tiene 30 senadores), el FA mantendrá 13 escaños, y el PN solo 10. El Partido Colorado (PC) tendrá cuatro senadores y el recientemente creado Cabildo Abierto (CA), tendrá tres. En la Cámara de Diputados (que tiene 99 diputados), el FA tendrá 42, en comparación con los 30 del PN, 13 para el PC, 11 para CA y tres para otros partidos. (10) Es un impuesto anual de carácter personal y directo que grava ingresos correspondientes a jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad uruguayas, independientemente de su naturaleza contributiva o no. (11) Astori ya anunció la necesidad de “defender la gobernabilidad” (Búsqueda, 20/11/2019)
viernes, 28 de febrero de 2020
Alberto Fernández y la construcción de un relato para el ajuste
La votación sobre las jubilaciones de privilegio fue un paso más en el desarrollo de un discurso que busca una mística para una política de ajuste fiscal. Como un equilibrista, el nuevo Gobierno intenta construir un relato que justifique la política actual pero que a la vez lo muestre distinto del Gobierno anterior.
“Ctrl Z”. Con esas letras y los colores de Cambiemos, una conocida cuenta de memes se reía de Mauricio Macri en los primeros tiempos de su Gobierno.
El chiste, que hacía referencia al comando para “deshacer” en una PC, tenía que ver con las repetidas idas y vueltas del macrismo, que de forma recurrente tenía que volver atrás cuando se pasaba de la raya en alguna medida que había anunciado.
En las últimas semanas, algunos analistas políticos han comenzado a observar un problema parecido en el nuevo Gobierno del Frente de Todos. Los dichos de ministros que se contradicen entre sí o el presidente desautorizando públicamente a su jefe de Gabinete respecto de algún anuncio importante, hicieron saltar a la luz estas “desprolijidades”.
Basta repasar lo sucedido desde la semana pasada con el debate sobre un posible aumento de la edad jubilatoria o con la confusa comunicación respecto de cuándo volverán los tarifazos, para tomar nota de que esto efectivamente está ocurriendo.
De promesas y realidad: un problema de origen
En el fondo de la cuestión está el hecho de que el Gobierno de Alberto Fernández tiene que lidiar con una contradicción que lo acompaña desde su origen.
Ganar la presidencia fue tarea sencilla: con el apoyo de casi todo el peronismo, bastaba con proponer en campaña electoral una orientación inversa a la de Mauricio Macri, que era visto por gran parte de la sociedad como el “Gobierno de los ricos” después de años de tarifazos, baja del salario y miles de despidos.
Pero lo difícil es gobernar después de haber hecho promesas que no se está dispuesto a cumplir.
Como un equilibrista, en sus primeros meses el nuevo Gobierno intenta construir un relato que justifique la política actual pero que a la vez lo muestre distinto del Gobierno anterior.
El arte para el oficialismo está en cómo hacer un ajuste fiscal afectando a millones de jubilados pero que parezca una medida “solidaria”; en cómo negociar seguir bajo los dictados del FMI aparentando una política soberana en la que supuestamente “nos dieron la razón”; en cómo beneficiar a los bancos sin tocar sus intereses o a las mineras y petroleras bajándoles las retenciones, simulando a la vez que el plan económico es para beneficiar a “los que menos tienen”; en cómo ser a la vez “feminista” y amigo de la Iglesia; o en cómo decirles a los militares que hay que “dar vuelta la página” pero ser rápido de reflejos para desdecirse y no romper con importantes referentes de los derechos humanos.
Este jueves fuimos testigos de dos nuevos pasos en ese sentido. Por un lado, bajo un discurso de que se están cuestionando privilegios, se dejaron intactos importantes beneficios de una casta de jueces, obispos, presidentes o funcionarios que seguirán cobrando cientos de miles de pesos por mes, pero siempre bajo un discurso de que se están cuestionando jubilaciones de privilegio.
Así, el jubilado que está siendo ajustado, o el trabajador al que se le rechaza la cláusula gatillo para defenderse de la inflación, debería entender su situación y ver que en realidad hay que darle tiempo al Gobierno está enfrentando a los poderosos. Pero la realidad, como denunció Nicolás del Caño, es que la sesión en diputados no fue más que una “cortina de humo” para cambiar algo sin que nada cambie para estos sectores poderosos.
Por otro lado, el Gobierno puso en escena una negociación con las patronales del campo. A última hora de la tarde, se supo que por ahora seguirán sin aumentarse las retenciones a la soja, hasta nuevo aviso. El oficialismo en este terreno posa de negociador duro ante este sector, cuando la realidad es que las retenciones están al mismo nivel que estuvieron con Macri en 2018 y es uno de los sectores que más ganaron con las últimas devaluaciones que pulverizaron el salario. A los bancos, las mineras o las petroleras, tampoco se les pide que sean solidarios.
Asimismo, mientras un bochornoso show tenía lugar en el Congreso Nacional, la policía del gobernador Axel Kicillof y Sergio Berni reprimía a los trabajadores de Cresta Roja que reclamaban sus puestos de trabajo. Un oficio que Berni ya sabe de memoria, con su larga trayectoria en reprimir luchas obreras como en Lear y tantas otras bajo el último mandato de Cristina Kirchner.
Desde la semana que viene, tendremos una nueva versión de este relato cuando vuelva la misión del FMI a la Argentina. Allí, bajo la cobertura de plantarse ante el Fondo y los bonistas privados, se estará reconociendo en realidad una deuda impagable que no es más que un mecanismo para el capital financiero siga saqueando el país a costa de las grandes mayorías.
No se puede vivir del relato
El Gobierno cuenta con la ventaja de que la “pesada herencia” que le dejó Macri es percibida por millones de personas, que están dispuestas a darle un tiempo al Frente de Todos para ver los resultados de su Gobierno.
Pero esa situación tendrá fecha de vencimiento. Como sostiene la izquierda, es imposible revertir la decadencia, el atraso y los altos niveles de pobreza sin un desconocimiento soberano de una deuda ilegal e ilegítima y medidas como la nacionalización de la banca, el comercio exterior o la expropiación de los grandes terratenientes y los servicios estratégicos, para poner los recursos en función de un plan favorable a las grandes mayorías y no de la ganancia de unos pocos.
Por más negociación “dura” que haya con el FMI o los bonistas, la moneda de cambio que ofrecerá el Gobierno es el ajuste fiscal, que seguirá cayendo sobre los jubilados, los trabajadores, la salud o la educación.
Tarde o temprano, millones de trabajadores, mujeres y jóvenes querrán ver cumplidas las promesas que se les hicieron en campaña. Desde la izquierda apostamos entonces a desnudar las mentiras de los poderosos, exigir a las centrales sindicales que se pongan al frente de recuperar lo que millones perdieron bajo el macrismo y sembrar las ideas para dar vuelta la historia.
Fernando Scolnik
@FernandoScolnik
Jueves 27 de febrero | 22:46
Diez claves para entender por qué el proyecto oficialista no elimina los privilegios
El proyecto aprobado en Diputados es una pantalla que busca ocultar el ajuste que significó la suspensión de la movilidad jubilatoria. Mientras se limita tímidamente las abultadas remuneraciones de funcionarios judiciales y diplomáticos, hay privilegios que para el Gobierno y la oposición de derecha son intocables.
El proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados apenas plantea algunas leves limitaciones a las insólitas sumas de dinero que ganan los funcionarios judiciales y diplomáticos. Mientras tanto la mayoría de sus actuales privilegios quedan intactos y tanto el oficialismo como la oposición se niegan incluso a discutirlos.
¿Qué cambia con el proyecto?La edad para jubilarse de los varones que se desempeñan en el Poder Judicial subirá hasta los 65 años de manera gradual, es decir: será de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.
Las remuneraciones se van a calcular aplicando el 82 % móvil sobre el promedio de las recibidas durante los últimos 10 años – actualmente solo se tomaba el último año- mientras que los aportes personales se incrementan en un 7 %.
Se elimina el inciso que permitía que magistrados y funcionarios jubilados pudieran ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.
Privilegios que quedan intactos y ni siquiera se debaten
Los jueces son y seguirán siendo vitalicios, es decir que se mantienen en funciones desde que son designados hasta el momento de su jubilación.
Seguirán siendo nombrados de acuerdo a una negociación entre los partidos mayoritarios, en vez de ser electos por el voto popular.
Además de mantener intactos sus elevadísimos sueldos, que llegan a superar los $300.000 según las palabras del ministro Moroni, seguirán sin pagar el impuesto a las ganancias que sí se le cobra al resto de los trabajadores y las trabajadoras.
Al momento de jubilarse accederán al 82 % móvil que se le niega a la gran mayoría de los jubilados que trabajaron durante toda su vida, de los cuales cerca del 70 % apenas percibe la mínima de $15.891,50.
Las jubilaciones de privilegio de quienes han sido presidentes, vicepresidentes y ministros de la Corte Suprema no se tocan, con básicos que rondan los 370.000 pesos y con el beneficio de jubilarse al 100 % gracias a una ley del menemismo que ni siquiera se discute.
Los miembros de la jerarquía de la Iglesia, como los arzobispos y obispos, seguirán cobrando un haber jubilatorio que actualmente está entre los 103.000 y 119.000 pesos por mes. Así lo establece el decreto n º 21540 -promulgado el 3 de marzo de 1977 por el dictador Videla y que ningún Gobierno derogó- el cual ordena pagar al Estado “una asignación mensual vitalicia” a los miembros de la alta jerarquía católica apostólica y romana que se jubilen “por razones de edad o de invalidez”.
Los privilegios de la casta política tampoco se ponen en discusión, razón por la cual funcionarios políticos como diputados y senadores seguirán gozando de sus actuales privilegios, con sueldos de bolsillo que superan los $150.000. Mientras tanto, el proyecto que fue presentado varias veces por Nicolás del Caño en el Congreso y que propone equiparar estos salarios con el salario de un docente ni siquiera es puesto a discusión.
La Izquierda Diario
El proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados apenas plantea algunas leves limitaciones a las insólitas sumas de dinero que ganan los funcionarios judiciales y diplomáticos. Mientras tanto la mayoría de sus actuales privilegios quedan intactos y tanto el oficialismo como la oposición se niegan incluso a discutirlos.
¿Qué cambia con el proyecto?La edad para jubilarse de los varones que se desempeñan en el Poder Judicial subirá hasta los 65 años de manera gradual, es decir: será de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.
Las remuneraciones se van a calcular aplicando el 82 % móvil sobre el promedio de las recibidas durante los últimos 10 años – actualmente solo se tomaba el último año- mientras que los aportes personales se incrementan en un 7 %.
Se elimina el inciso que permitía que magistrados y funcionarios jubilados pudieran ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.
Privilegios que quedan intactos y ni siquiera se debaten
Los jueces son y seguirán siendo vitalicios, es decir que se mantienen en funciones desde que son designados hasta el momento de su jubilación.
Seguirán siendo nombrados de acuerdo a una negociación entre los partidos mayoritarios, en vez de ser electos por el voto popular.
Además de mantener intactos sus elevadísimos sueldos, que llegan a superar los $300.000 según las palabras del ministro Moroni, seguirán sin pagar el impuesto a las ganancias que sí se le cobra al resto de los trabajadores y las trabajadoras.
Al momento de jubilarse accederán al 82 % móvil que se le niega a la gran mayoría de los jubilados que trabajaron durante toda su vida, de los cuales cerca del 70 % apenas percibe la mínima de $15.891,50.
Las jubilaciones de privilegio de quienes han sido presidentes, vicepresidentes y ministros de la Corte Suprema no se tocan, con básicos que rondan los 370.000 pesos y con el beneficio de jubilarse al 100 % gracias a una ley del menemismo que ni siquiera se discute.
Los miembros de la jerarquía de la Iglesia, como los arzobispos y obispos, seguirán cobrando un haber jubilatorio que actualmente está entre los 103.000 y 119.000 pesos por mes. Así lo establece el decreto n º 21540 -promulgado el 3 de marzo de 1977 por el dictador Videla y que ningún Gobierno derogó- el cual ordena pagar al Estado “una asignación mensual vitalicia” a los miembros de la alta jerarquía católica apostólica y romana que se jubilen “por razones de edad o de invalidez”.
Los privilegios de la casta política tampoco se ponen en discusión, razón por la cual funcionarios políticos como diputados y senadores seguirán gozando de sus actuales privilegios, con sueldos de bolsillo que superan los $150.000. Mientras tanto, el proyecto que fue presentado varias veces por Nicolás del Caño en el Congreso y que propone equiparar estos salarios con el salario de un docente ni siquiera es puesto a discusión.
La Izquierda Diario
A 40 años del secuestro de Marquitos Zuker
Marquitos Zuker y el mural de la cancha de Defensores de Belgrano.
Un desaparecido, una tribuna
En una biografía apresurada de Marquitos Zuker, el Pato, caben tantos perfiles como los sueños que acunaba. Detenido-desaparecido, militante revolucionario de la UES y Montoneros, compañero de Marta Libenson secuestrada el mismo día que él por un grupo de tareas, estudiante de derecho en la UBA, hincha de fútbol (de Defensores de Belgrano y San Lorenzo), hijo de Marcos, el gran comediante fallecido en 2003 y hermano de Cristina, que contó su historia en El tren de la victoria, un libro autobiográfico familiar. Este viernes 28 de febrero se cumplen 40 años de su desaparición en medio de la llamada Contraofensiva contra la dictadura iniciada en 1979 y habrá un acto homenaje para recordarlo.
Se realizará a las puertas de una tribuna en la cancha de Defensores. La que lleva su nombre desde el 25 de mayo de 2001. La única que rinde tributo en la Argentina a un cuadro político de los años 70 que murió combatiendo al régimen genocida. Sucederá en uno de los dos clubes que amaba, su querido Defe, donde muchas tardes compartió la techada con compañeros y amigos como Toti Ferrara, fana del Dragón y con los años, relator de las campañas de Boca. Los asistentes volverán a estar otra vez frente a la Ex ESMA, el centro clandestino de detención por el que pasaron 5 mil desaparecidos.
La mirada de Marquitos, franca, serena, fue retratada en un mural que completa la obra por el profesor de Bellas Artes Matías Morales. Es como si hubiera convertido al hincha –militante en un centinela que observa fijo hacia el centro de exterminio, hoy reconvertido en un espacio de memoria, verdad y justicia. El artista hizo propia una idea de los integrantes más jóvenes de la comisión directiva de Defensores.
Al acto en Comodoro Rivadavia 1450 convocan la agrupación Marquitos Zuker, el Partido Justicialista de la Comuna 13, el Espacio Memoria y Derechos Humanos y el propio club del Bajo Núñez. Se hará minutos después del partido entre Defensores y All Boys por el campeonato.
Al Pato Zuker lo secuestró un grupo de tareas en 1977. Fue liberado 46 días después por gestiones de Marcos, su papá y salió hacia Brasil en ómnibus. Continuó su exilio en España y regresó a la Argentina en el 79. Hoy se siguen realizando las audiencias del juicio por la Contraofensiva. En junio de 2019, durante la octava del proceso que prosigue hasta ahora, el ex cabo 1° Nelson Ramón González declaró por videoconferencia desde Neuquén y dio detalles de cómo fueron fusiladas cuatro personas. El Pato Zuker estaba entre ellas.
Gustavo Veiga
gveiga@pagina12.com.ar
jueves, 27 de febrero de 2020
Coronavirus, la verdadera "pandemia"
En cuestión de horas, la cuestión del coronavirus ha superado todos los anuncios pretendidamente “tranquilizadores”, para poner de manifiesto un desastre sanitario, social y económico de alcance mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) convoca ahora a prepararse para una pandemia, esto es, la propagación del virus de un modo perdurable e internacionalmente extendido. En China, ya se han producido más de 2.500 muertes, mientras que se registran 80.000 casos en el mundo. El virus ya se ha alojado en Italia y, por lo tanto, en Europa, mientras que los casos y la alarma se extiende a Irán y Corea del Sur, entre otros 37 países.
La tesis de la baja tasa de mortalidad del virus -del 3 al 4% en China- , que alimentaba los mensajes apaciguadores de las primeras semanas, comienza a mostrar sus falacias. Ocurre que el bajo porcentual de muertes debe contraponerse con la muy fácil propagación, debido a que el contagio tiene lugar antes incluso que las personas evidencien síntoma alguno. A término, esta difusión fulminante debe llevar a un aumento absoluto de personas muertas. Al mismo tiempo, la velocidad de contagio desborda las medidas de atención que apuntan a morigerar la enfermedad, lo que conduce a un mayor número de casos fatales.
La paralización económica que acompaña a la epidemia en China -y las medidas similares que comienzan a tomarse en otros países- han desatado un derrumbe de las bolsas mundiales, que se extiende hasta infectar a los títulos de la deuda pública norteamericana. El valor bursátil de las sociedades que cotizan en las bolsas europeas sufrió una pérdida de 400.000 millones de dólares en los últimos días. Lo mismo ocurre con los precios del comercio internacional, comenzando por el petróleo. Los especuladores descuentan un agravamiento de la catástrofe y de sus consecuencias. Pero el pulgar hacia abajo es, en este caso, un veredicto respecto de todo un régimen social.
El virus está adentro
Un artículo publicado por el New York Times días atrás, con la firma del Dr. Michael Osterholm, infectólogo de la Universidad de Minessota, pone de manifiesto los límites de las medidas adoptadas hasta hoy. Por empezar, caracteriza a los bloqueos y cuarentenas como “tácticas dilatorias” de la propagación de la enfermedad. La dilación, señala, puede ser valiosa, a condición de que exista “un sólido sistema de salud”. Pero en su valoración, la propagación del virus terminará desbordando “rápidamente todos los recursos, tanto en China como en Estados Unidos”. La explicación del autor no admite ambigüedades: estamos “en un mundo mal preparado para enfermedades potencialmente mortales y de fácil transmisión”. Y señala luego que la primera ausencia de preparación se relaciona con el mundo del trabajo: “la prioridad número uno de todos los países debería ser proteger a sus trabajadores de la salud”. En el corazón de la epidemia, en la provincia china de Hubei, se han registrado 1.500 casos de médicos infectados.
Los autores recomiendan el desarrollo de “instalaciones ad hoc de emergencia” -carpas en grandes playas de estacionamiento- ante el evidente desborde de los hospitales públicos. En efecto: los dispositivos de emergencia que se han adoptado en diferentes países están centrados en los hospitales estatales. Pero tropiezan con los límites crecientes de este tipo de atención, en el marco de un progreso general de la privatización de la salud. Un reciente informe de la OMS señala que “en los países de ingresos bajos y medianos, los nuevos datos sugieren que más de la mitad del gasto sanitario se dedica a la atención primaria de la salud. Sin embargo, menos del 40% de todo el gasto… proviene de los gobiernos”.
El Dr. Osterholm añade luego que los implementos sanitarios de protección –barbijos y otros- se están “agotando rápidamente” en los hospitales norteamericanos, lo que coloca a enfermeras y médicos en la desprotección. Recomiendan entonces que “las cadenas de fabricación y distribución de medicamentos y otros productos vitales, como agujas y jeringas, no deben interrumpirse y, dada la naturaleza global de esa industria, para eso es necesaria la cooperación internacional”. Sugieren, en definitiva, una gigantesca articulación mundial que, claramente, es antagónica con el lucro privado y la competencia entre monopolios capitalistas. “Los países no deberían ser aislados”, señala el autor, y alude, sin mencionarlo, a los choques relacionados con la guerra comercial y la crisis mundial.
En su paneo sobre este desastre “sanitario”, el especialista termina abordando un punto neurálgico: anticipa una crisis “farmacológica”, relacionada con la posible escasez mundial de medicamentos genéricos, que tiene como principal productor a la paralizada industria china. Tanto para superar esa penuria, como para producir los medicamentos necesarios para enfrentar el coronavirus, la sociedad choca con las barreras impuestas por las patentes farmacéuticas, el derecho de propiedad sobre un conocimiento que, sin embargo, suele originarse en universidades y centros de investigación de carácter público.
El revelador diagnóstico de Osterholm conduce a una conclusión de fondo: un abordaje integral de la pandemia del coronavirus colisiona con el orden social existente. Al socializar la producción e integrar en conjuntos gigantescos y multitudinarios a la humanidad, el capitalismo ha facilitado las condiciones para una recreación y multiplicación de las dolencias virales o contagiosas. Pero la lucha por el beneficio privado, a escala planetaria, es un bloqueo definitivo para la resolución de esos males. Incluso cuando el trabajo humano -en la cabeza de científicos e investigadores- ha creado los principios activos para su tratamiento.
El desastre del coronavirus nos exige un programa, que debemos “propagar” y debatir, con los trabajadores de la salud de todo el mundo:
-Protección integral sanitaria –con implementos y medidas de prevención adecuadas, para médicos, enfermeras y demás trabajadores. Control obrero de las condiciones sanitarias, en hospitales y todo lugar de trabajo.
-Expropiación de predios vacantes para la instalación de predios sanitarios de emergencia.
-Nacionalización de la industria farmaceútica y abolición del régimen de patentes, para asegurar la provisión de medicamentos al conjunto de los afectados.
-Gobierno de trabajadores, para planificar y coordinar una acción sanitaria que exige la solidaridad universal, no la rapiña capitalista.
Marcelo Ramal
26/02/2020
Un nuevo crimen patronal
Eloy Menéndez, trabajador de mantenimiento murió el sábado pasado en la planta de La Serenísima-Armonía, en General Rodríguez, tras la caída de un montacargas. Hace unos meses ya había ocurrido algo similar, pero en esa oportunidad el compañero sobrevivió, aunque sigue en una extensa recuperación. La conocida empresa láctea, en oportunidad de aquel accidente, no invirtió un peso para que no se repita. La muerte de Eloy Menéndez no es un accidente laboral, sino un crimen.
La desidia patronal de La Serenísima en invertir en la seguridad de sus trabajadores es parte de una orientación general de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores del Grupo Arcor, su principal accionista: desde el cierre de plantas, a despidos masivos y suspensiones. Mientras avanza sobre los trabajadores, el Grupo Arcor logró la aprobación del Gobierno de Alberto Fernández para la fusión entre Cartocor y Zucamor, las dos principales empresas de flexibles del país, lo que lo convierte en un monopolio de otro rubro más.
Una empresa que invierte millones
Desde la llegada de Arcor a La Serenísima se han invertido millones de dólares en modernizar máquinas y procesos, no hubo prácticamente una sola inversión que apunte a mejorar las condiciones edilicias y de seguridad de los empleados. Entre máquinas modernas totalmente automatizadas y paredes, techos y estructuras que se caen a pedazos, los trabajadores se ven obligados a cumplir con su jornada laboral. Las inversiones en La Serenísima apuntan únicamente a la reducción del personal y al aumento de la producción.
La respuesta de Atilra en La Serenísima no ha puesto un freno a los avances patronales del grupo de Pagani. No hubo respuestas al accidente anterior, del que el trabajador todavía se está recuperando. Un sindicato que "deja hacer" al Grupo Arcor, y que no ha llamado aún a una sola medida, tiene su parte de responsabilidad en la muerte de Eloy Menéndez.
Las muertes obreras se repiten día a día; las empresas desinvierten en seguridad y los sindicatos dejan hacer. En promedio, murieron dos obreros por día a causa de accidentes laborales -crímenes patronales- en 2019. Es necesaria una respuesta obrera: por comisiones obreras de seguridad del trabajo, electas en asamblea, con fueros y con potestad de detener la producción. Por el esclarecimiento del crimen de Eloy Menéndez y la cárcel a los responsables.
Pablo Busch
26/02/2020
La desidia patronal de La Serenísima en invertir en la seguridad de sus trabajadores es parte de una orientación general de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores del Grupo Arcor, su principal accionista: desde el cierre de plantas, a despidos masivos y suspensiones. Mientras avanza sobre los trabajadores, el Grupo Arcor logró la aprobación del Gobierno de Alberto Fernández para la fusión entre Cartocor y Zucamor, las dos principales empresas de flexibles del país, lo que lo convierte en un monopolio de otro rubro más.
Una empresa que invierte millones
Desde la llegada de Arcor a La Serenísima se han invertido millones de dólares en modernizar máquinas y procesos, no hubo prácticamente una sola inversión que apunte a mejorar las condiciones edilicias y de seguridad de los empleados. Entre máquinas modernas totalmente automatizadas y paredes, techos y estructuras que se caen a pedazos, los trabajadores se ven obligados a cumplir con su jornada laboral. Las inversiones en La Serenísima apuntan únicamente a la reducción del personal y al aumento de la producción.
La respuesta de Atilra en La Serenísima no ha puesto un freno a los avances patronales del grupo de Pagani. No hubo respuestas al accidente anterior, del que el trabajador todavía se está recuperando. Un sindicato que "deja hacer" al Grupo Arcor, y que no ha llamado aún a una sola medida, tiene su parte de responsabilidad en la muerte de Eloy Menéndez.
Las muertes obreras se repiten día a día; las empresas desinvierten en seguridad y los sindicatos dejan hacer. En promedio, murieron dos obreros por día a causa de accidentes laborales -crímenes patronales- en 2019. Es necesaria una respuesta obrera: por comisiones obreras de seguridad del trabajo, electas en asamblea, con fueros y con potestad de detener la producción. Por el esclarecimiento del crimen de Eloy Menéndez y la cárcel a los responsables.
Pablo Busch
26/02/2020
La reforma de las jubilaciones judiciales es una farsa
El gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que dispone un aumento graudal de la edad jubilatoria de 60 a 65 años, un aumento de los aportes previsionales de los magistrados y un cambio en la forma de cálculo de la jubilación –en vez del haber percibido el último año, se lo establecerá sobre el promedio de los últimos diez. Seguirán ‘gozando’ de jubilaciones privilegiadas. En medio de una ola creciente de criticas al poder judicial, incluido el reclamo de una reforma constitucional, desde el propio oficialismo, para poner fin al carácter vitalicio de los jueces y proceder a la elección popular periódica, este proyecto hace las veces de un salvoconducto al sistema y una ratificación de su carácter anti-democrático. Porcentajes de jubilación aparte, los jueces continuarán siendo designados por medio de una componenda en el Senado y en el Consejo de la Magistratura. Los jueces seguirán cobrando jubilaciones de privilegio un poco inferiores y la Corte seguirá manejando el presupuesto del poder judicial.
El propósito pomposo de eliminar ‘regímenes especiales’ y de privilegio está ligada obviamente a dar apoyo a la liquidación de la movilidad jubilatoria para los trabajadores, y el avance que representa en convertir al sistema previsional en un régimen de cuidado a la vejez. Basta esta caracterización para plantear un repudio político al intento de los Fernández.
La corporación judicial bate el parche en contra con un viejo argumento, a saber, que cualquier disposición de los otros poderes que afecte el poder judicial, ataca su “independencia”. Esa independencia escasea como el agua en el desierto, y cuando aparece un oasis es para preservar los grandes intereses capitalistas y la tutela de los grandes estudios de abogados. Mediante apelaciones sucesivas, una decisión que haga realmente justicia en un litigio, queda en manos de la Corte. En un número de casos, los gobiernos han desconocido en la práctica incluso estos fallos, sin que la Corte haga nada para imponerlos. Los legisladores que se aprestan a votar el proyecto oficial, tienen ellos mismos dietas y jubilaciones monumentales. Lo que no les falta es la vergüenza de votar en contra de la movilidad de las jubilaciones que corresponden a los trabajadores, ni de tolerar el vaciamiento del FGS de Anses, para pagar la deuda externa.
De entrada, los llamados ‘medios hegemónicos’ advirtieron que la intención del gobierno era promover renuncias masivas de jueces, que buscarían jubilarse de inmediato con el objetivo de cobrar de acuerdo al régimen actual. El oficialismo llenaría esas vacantes con personeros adictos. El macrismo se subió, al menos en su mayoría, a la denuncia ‘hegemónica'. En su afán de ‘cerrar la grieta’, para que el acuerdo sobre la deuda externa sea aprobado sin fisuras por el parlamento, el gobierno estaría dispuesto a modificar el proyecto, para preservar para los actuales jueces las condiciones presentes, y aplicar la ley a quienes sean nombrados después de la sanción del proyecto de marras.. Una solución jurídica que data de la época de Salomón, hace tres mil años, y que dejaría todo como está.
El sindicato de judiciales se ha opuesto en principio al proyecto, porque su régimen jubilatorio se encuentra vinculado al presupuesto del poder judicial. La burocracia del sindicato judicial ha ofrecido aumentar el porcentaje de aporte jubilatorio de los trabajadores y la edad de retiro, a cambio de mantenerse dentro de régimen presente. El proyecto también apunta contra los ‘privilegios’ del personal administrativo y tareas generales.
Hay otros regímene llamados ´régimenes especiales(docentes universitarios, insalubridad), también cuestionados en nombre determinar con privilegios`. Los Fernández-Kristalina van por ellos.
Los socialistas planteamos la elección y revocabilidad popular de jueces y fiscales y un salario que no supere el nivel medio de un trabajador calificado. Esto no es lo que votará ningún Congreso patronal sino que será impuesto por un gobierno de trabajadores.
Marcelo Ramal
26/02/2020
«El FMI es la muerte»
Entrevista a Carlos Aznarez, director de 'Resumen Latinoamericano'
C.A.: […] no es casual que este gobierno, o que este Parlamento unificado excepto por el voto de dos diputados del FIT votaron las dos cosas a la vez, la renegociación de la deuda y el permiso para dejar entrar para el ejercicio conjunto a tropas norteamericanas y de otros países vinculados a la derecha. Eso es lo que denunciamos el martes 11 en el “Juicio popular a la deuda y al FMI” y que seguiremos denunciando porque esto recién empieza.
Al día siguiente hubo movilizaciones en todo el país y también en CABA en esa línea, “la deuda es con el pueblo” más allá de las diferencias que tengamos los militantes y las organizaciones, tenemos que unificarnos en un “Fuera al FMI”, el FMI es la muerte, porque detrás de todo esto está la muerte. Se nos están muriendo los chicos todos los días por desnutrición en Salta y eso también es el FMI. Más allá de la complicidad de los Gobernadores, como Urtubey, pero todo esto es el despojo que genera esta política imperial de miseria.
M.H.: A mí me alentó mucho esa declaración que suscribís con una serie de compañeros de las más diversas procedencias políticas. Perdía, Esteche, Gambina, Claudio Katz, Eduardo Lucita. Creo que ese es el camino que deberíamos tomar. Me preocupa que hubiera dos movilizaciones contra la llegada de la misión del FMI.
C.A.: Hubo tres o cuatro. Lamentablemente seguimos con la fragmentación y eso no nos hace nada bien para enfrentar a un enemigo poderosísimo como el que estamos enfrentando.
M.H.: Ayer recordaba por estos micrófonos que en 1976 cuando se dio el golpe de la dictadura genocida, la Argentina debía 5.000 millones de dólares, parece un chiste.
C.A.: Lo que pasa es que cuando hablamos de investigar esta deuda nos estamos remitiendo solo a esta última etapa, hay algunos que se quedan en ella. Esta etapa del macrismo fue tremenda y la deuda pegó un salto cuantitativo, pero viene desde mucho antes. Si hay una fecha que pone claridad sobre cuándo se empezó a despojar vorazmente a nuestro país fue con Martínez de Hoz. O sea con la dictadura del 76. A partir de ahí todo ha sido en contra, porque se acumulan intereses. Ahora, en la mejor de las circunstancias, se suspendería el pago de intereses. Pero incluso eso es tremendo, porque suspender el pago no significa que no se acumulen los intereses y el capital sigue ahí. Entonces cuando pasen estos dos, tres o cuatro años, si se diera, vamos a tener más y más deuda. Ponele que este gobierno se vaya o que haya una reelección y el problema continúe. Entonces, qué viviendas vas a construir, qué posibilidades salariales va a tener la gente, cómo incluís a los millones que están fuera del cordón de la normalidad salarial o laboral. Con esta deuda no hay posibilidades y eso está claro.
M.H.: Tuve la oportunidad de entrevistar a James Petras, y vislumbra una negociación dura.
C.A.: Muy dura.
M.H.: No es como nos han presentado el tema.
C.A.: En el juicio popular puse el acento en decir que se puede enfrentar esto de otra manera. Hemos perdido 4 años lamentablemente en no radicalizar más la protesta. Lo que está ocurriendo en Chile, lo que ocurrió en Ecuador, inclusive lo que está ocurriendo en Colombia, nos está demostrando que la mejor receta para enfrentar esto es el pueblo en la calle. El pueblo en la calle luchando, porque es un problema de autodefensa popular lo que impone este ataque del imperio a través del FMI. Y Chile con 4 meses de lucha sostenida, continua, nos está dando un camino. Lo que pasa es que dependerá mucho de las dirigencias que prefieren acomodarse en puestos y cargos y esto hace que se olviden que la verdadera batalla está en las calles.
Chile es un proceso horizontal conducido por el pueblo
M.H.: Mencionaste a Chile, y estuviste allí a fin del año pasado y principio de este. ¿Cuáles son tus apreciaciones del proceso político y popular chileno?
C.A.: Es un proceso realmente muy novedoso en el sentido de que es muy horizontal. La revuelta, a la que algunos llaman revolución, porque en realidad hay toda una revolución cultural acompañando la revuelta callejera, es un proceso horizontal, conducido por el pueblo, no hay líderes más destacados que otros.
Por supuesto que hay líderes en los barrios, hay asambleas barriales y se coordinan en una Coordinadora de asambleas que son las que están marcando la agenda de la protesta. Y hay una incorporación masiva de los jóvenes y las mujeres.
Es impresionante el rol que están cumpliendo las compañeras en los barrios, no solamente en la protesta, poniéndose la capucha que se ha convertido en un símbolo de lucha, así como la defensa de la pollera en Bolivia; hay cientos de canciones dedicadas a la capucha reivindicándola. Porque la capucha es lo que te permite que ese poder armado que tiene Piñera, que son los Carabineros, no te identifiquen; no evita que te peguen, que te saquen un ojo, que te dejen ciego en la represión, pero es un símbolo de la defensa que tienen los jóvenes para lanzarse a la calle.
Ahí hay mujeres apoyando todo eso, hay compañeras mayores, jubiladas que se ocupan de darle de comer a los que están en la primera línea. La “primera línea” son los que están en la primera línea de combate contra los Carabineros todos los días. El 11 hubo una movilización de compañeros con cacerolas en la Plaza de la Dignidad y fue reprimida con toda la violencia, como todos los días. Y esto no es solamente en Santiago, esto es en Antofagasta, Iquique, Puerto Montt, Valparaíso, hay muchísimas ciudades levantadas contra el mal gobierno.
Detrás de esto hay una revolución cultural impresionante, las paredes están mostrando lo que piensa la gente. Cuando nos preguntan cuál es el documento de esta organización que está en la calle, la respuesta está en las paredes, allí están las consignas, lo que ellos quieren, lo que desean que es terminar con el sistema.
Esto empezó por un aumento del subte, después se sumaron cosas, ninguna se logró, lamentablemente, pero ellos dicen que esta es una batalla de larga duración y lo que quieren es que se vaya el sistema, no que se vaya un Piñera para que venga otro, que se termine la partidocracia burguesa, la democracia burguesa, que está cuestionadísima, tanto los de derecha como los de izquierda moderada. La izquierda que transa con Piñera por debajo. No se pueden acercar a ninguna movilización esos políticos porque los expulsan, los escrachan y repudian.
M.H.: Yo aprovecho para recomendar rastrear la producción musical y poética de estos jóvenes en Resumen Latinoamericano.
Te quiero preguntar por el tema constituyente que me parece central.
C.A.: Detrás de ese tema está la trampa que intenta socavar y mermar esta revuelta. Porque el gobierno cedió ante el pedido y exigencia de la gente en la calle de una nueva Constitución, porque la que rige es la pinochetista y armó una mesa con partidos de derecha la mayoría, pero con algunos partidos de izquierda y sacó una convocatoria para el mes de abril para discutir y aprobar una nueva Constitución.
Esta discusión no contiene ni a los pueblos originarios ni a las mujeres. Se plantea una nueva Constitución excluyente. Y es repudiada por la calle, por la protesta popular que plantea otra Constituyente que integre a todos los sectores y, sobre todo, a los que se están manifestando.
Entonces hay toda una confusión en todo esto porque además los partidos de izquierda más ligados al sistema están haciendo la publicidad afirmando que llega la conquista de lo que se buscaba. Por otro lado, los compañeros y compañeras de las asambleas barriales, sin olvidar que hay 3.000 presos políticos en Chile, hay desaparecidos; todas esas coordinadoras que luchan por esos presos repudian ese llamado.
La trampa está otra vez en la complicidad de cierta izquierda burguesa, que estuvo con la Concertación, que bancó al gobierno de Bachelet, la represión a los Mapuches, que se calló la boca cuando se reprimía a los estudiantes en las movilizaciones, otra vez intenta, por vía del sistema, generar una salida para que este sistema se perpetúe y la calle le responde. Por eso la puja va a estar ahí y se anuncia un Marzo combativo, donde va a haber prácticamente todos los días movilizaciones de todos los tipos, contra las AFJP, por los mapuches, por las reivindicaciones de los y las trabajadoras. Marzo va a ser la pulseada frente a ese abril donde está la trampa.
Nosotros vamos a viajar en marzo para estar en la marcha del 8, que no es solamente la manifestación por la lucha de las mujeres, sino que a esa manifestación se van a sumar todas las reivindicaciones para generar la gran marcha de protesta contra Piñera. Y una huelga general el 9 de marzo.
M.H.: Entre el 22 y el 25 de enero se desarrolló en Caracas el Encuentro antiimperialista por la vida la paz y la soberanía. Me sorprendió que conversando contigo telefónicamente me comentabas que no pudiste viajar producto de un sabotaje de las líneas aéreas.
C.A.: Eso es tremendo, ya lo veníamos advirtiendo las últimas veces que hemos estado en Caracas. Incluso por la falta de vuelos hacia Venezuela producto del boicot que hace EE UU y que aprieta a las compañías aéreas, tuvimos que viajar de aquí a Quito y de allí en un chárter enviado por el gobierno de Nicolás Maduro. Y esta vez, que se planteó un encuentro antiimperialista de urgencia para condenar muchas cosas, entre ellas el asesinato de Qasem Soleimani en Irak y también la nueva vuelta de tuerca de sanciones contra Venezuela y el bloqueo de Cuba.
Se convocó un encuentro al que íbamos a ir alrededor de 800 personas de todo el mundo y 300 no pudimos viajar a consecuencia de que las compañías aéreas se negaron a vender los tickets, aun pagando al contado, al gobierno venezolano que invitaba a este encuentro.
El encuentro se hizo igualmente pero hubo 300 compañeros y compañeras que no pudimos llegar. Venezuela demuestra que a pesar de ese bloqueo, no van a poder parar el proceso revolucionario y todos los días hay movilizaciones, por ejemplo, hubo una de los trabajadores para condenar el boicot que se le está haciendo a la compañía aérea Conviasa, la línea nacional, que no se la deja salir del país prácticamente por el bloqueo generado por EE UU. La gente está en la calle defendiendo su revolución y también avanzando dentro de las posibilidades difíciles que vive un país bloqueado.
Hacerse los distraídos no condice con un gobierno Nacional y Popular
M.H.: Una de las resoluciones del Encuentro fue la jornada internacional de movilización en apoyo a la revolución bolivariana y contra el neoliberalismo el próximo 27 de febrero en todas las capitales del mundo. ¿Hay ya una iniciativa tomada en nuestro país?
C.A.: Sí. Todas las iniciativas que se hacen en favor de Venezuela se toman en torno al Comité de solidaridad con Venezuela en el que estamos un montón de organizaciones y gente autoconvocada y el 27 se hará una actividad, todavía la estamos definiendo porque estamos con muchísimas actividades, pero está claro que nos vamos a sumar.
Argentina es uno de los lugares que siempre ha demostrado solidaridad con Venezuela y también destacar que más allá de que el canciller Felipe Solá tiene cada tanto algunas declaraciones no convenientes respecto del proceso venezolano, y que Argentina debería estar agradecidísima y sobre todo la gente que integra este gobierno, de cómo se comportó Venezuela apoyando al proceso del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina. Más allá de eso hay expresiones como el viaje de Pablo Moyano unos días atrás a Venezuela dando el apoyo no solo del gremio de camioneros, sino para manifestar que hay gente que piensa distinto respecto de Venezuela y estamos dispuestos a solidarizarnos y apoyar a la revolución más allá de las políticas de Estado y de las nimiedades que asume la Cancillería en estos días, que realmente es vergonzoso, el viaje a Israel, atacar a Venezuela, no condenar el magnicidio de Soleimani, no condenar lo que está pasando en Palestina, hacerse los distraídos no condice con un gobierno Nacional y Popular.
M.H.: Muy fuertes las declaraciones de De Vido respecto de Solá.
C.A.: Sí. Felipe Solá está muy cuestionado por muchos sectores del Frente de Todos. Algunos se animan a decirlo públicamente y otros no, pero por debajo te aseguro que hay mucha gente que no ve con buenos ojos cómo se está moviendo la Cancillería argentina en cuanto a la política continental sobre todo, que coquetea en Brasil, con un gobierno dictatorial impuesto por los votos, pero dictatorial y fascista, y no se anima a respaldar a un proceso revolucionario como el de Venezuela.
Mario Hernandez
C.A.: […] no es casual que este gobierno, o que este Parlamento unificado excepto por el voto de dos diputados del FIT votaron las dos cosas a la vez, la renegociación de la deuda y el permiso para dejar entrar para el ejercicio conjunto a tropas norteamericanas y de otros países vinculados a la derecha. Eso es lo que denunciamos el martes 11 en el “Juicio popular a la deuda y al FMI” y que seguiremos denunciando porque esto recién empieza.
Al día siguiente hubo movilizaciones en todo el país y también en CABA en esa línea, “la deuda es con el pueblo” más allá de las diferencias que tengamos los militantes y las organizaciones, tenemos que unificarnos en un “Fuera al FMI”, el FMI es la muerte, porque detrás de todo esto está la muerte. Se nos están muriendo los chicos todos los días por desnutrición en Salta y eso también es el FMI. Más allá de la complicidad de los Gobernadores, como Urtubey, pero todo esto es el despojo que genera esta política imperial de miseria.
M.H.: A mí me alentó mucho esa declaración que suscribís con una serie de compañeros de las más diversas procedencias políticas. Perdía, Esteche, Gambina, Claudio Katz, Eduardo Lucita. Creo que ese es el camino que deberíamos tomar. Me preocupa que hubiera dos movilizaciones contra la llegada de la misión del FMI.
C.A.: Hubo tres o cuatro. Lamentablemente seguimos con la fragmentación y eso no nos hace nada bien para enfrentar a un enemigo poderosísimo como el que estamos enfrentando.
M.H.: Ayer recordaba por estos micrófonos que en 1976 cuando se dio el golpe de la dictadura genocida, la Argentina debía 5.000 millones de dólares, parece un chiste.
C.A.: Lo que pasa es que cuando hablamos de investigar esta deuda nos estamos remitiendo solo a esta última etapa, hay algunos que se quedan en ella. Esta etapa del macrismo fue tremenda y la deuda pegó un salto cuantitativo, pero viene desde mucho antes. Si hay una fecha que pone claridad sobre cuándo se empezó a despojar vorazmente a nuestro país fue con Martínez de Hoz. O sea con la dictadura del 76. A partir de ahí todo ha sido en contra, porque se acumulan intereses. Ahora, en la mejor de las circunstancias, se suspendería el pago de intereses. Pero incluso eso es tremendo, porque suspender el pago no significa que no se acumulen los intereses y el capital sigue ahí. Entonces cuando pasen estos dos, tres o cuatro años, si se diera, vamos a tener más y más deuda. Ponele que este gobierno se vaya o que haya una reelección y el problema continúe. Entonces, qué viviendas vas a construir, qué posibilidades salariales va a tener la gente, cómo incluís a los millones que están fuera del cordón de la normalidad salarial o laboral. Con esta deuda no hay posibilidades y eso está claro.
M.H.: Tuve la oportunidad de entrevistar a James Petras, y vislumbra una negociación dura.
C.A.: Muy dura.
M.H.: No es como nos han presentado el tema.
C.A.: En el juicio popular puse el acento en decir que se puede enfrentar esto de otra manera. Hemos perdido 4 años lamentablemente en no radicalizar más la protesta. Lo que está ocurriendo en Chile, lo que ocurrió en Ecuador, inclusive lo que está ocurriendo en Colombia, nos está demostrando que la mejor receta para enfrentar esto es el pueblo en la calle. El pueblo en la calle luchando, porque es un problema de autodefensa popular lo que impone este ataque del imperio a través del FMI. Y Chile con 4 meses de lucha sostenida, continua, nos está dando un camino. Lo que pasa es que dependerá mucho de las dirigencias que prefieren acomodarse en puestos y cargos y esto hace que se olviden que la verdadera batalla está en las calles.
Chile es un proceso horizontal conducido por el pueblo
M.H.: Mencionaste a Chile, y estuviste allí a fin del año pasado y principio de este. ¿Cuáles son tus apreciaciones del proceso político y popular chileno?
C.A.: Es un proceso realmente muy novedoso en el sentido de que es muy horizontal. La revuelta, a la que algunos llaman revolución, porque en realidad hay toda una revolución cultural acompañando la revuelta callejera, es un proceso horizontal, conducido por el pueblo, no hay líderes más destacados que otros.
Por supuesto que hay líderes en los barrios, hay asambleas barriales y se coordinan en una Coordinadora de asambleas que son las que están marcando la agenda de la protesta. Y hay una incorporación masiva de los jóvenes y las mujeres.
Es impresionante el rol que están cumpliendo las compañeras en los barrios, no solamente en la protesta, poniéndose la capucha que se ha convertido en un símbolo de lucha, así como la defensa de la pollera en Bolivia; hay cientos de canciones dedicadas a la capucha reivindicándola. Porque la capucha es lo que te permite que ese poder armado que tiene Piñera, que son los Carabineros, no te identifiquen; no evita que te peguen, que te saquen un ojo, que te dejen ciego en la represión, pero es un símbolo de la defensa que tienen los jóvenes para lanzarse a la calle.
Ahí hay mujeres apoyando todo eso, hay compañeras mayores, jubiladas que se ocupan de darle de comer a los que están en la primera línea. La “primera línea” son los que están en la primera línea de combate contra los Carabineros todos los días. El 11 hubo una movilización de compañeros con cacerolas en la Plaza de la Dignidad y fue reprimida con toda la violencia, como todos los días. Y esto no es solamente en Santiago, esto es en Antofagasta, Iquique, Puerto Montt, Valparaíso, hay muchísimas ciudades levantadas contra el mal gobierno.
Detrás de esto hay una revolución cultural impresionante, las paredes están mostrando lo que piensa la gente. Cuando nos preguntan cuál es el documento de esta organización que está en la calle, la respuesta está en las paredes, allí están las consignas, lo que ellos quieren, lo que desean que es terminar con el sistema.
Esto empezó por un aumento del subte, después se sumaron cosas, ninguna se logró, lamentablemente, pero ellos dicen que esta es una batalla de larga duración y lo que quieren es que se vaya el sistema, no que se vaya un Piñera para que venga otro, que se termine la partidocracia burguesa, la democracia burguesa, que está cuestionadísima, tanto los de derecha como los de izquierda moderada. La izquierda que transa con Piñera por debajo. No se pueden acercar a ninguna movilización esos políticos porque los expulsan, los escrachan y repudian.
M.H.: Yo aprovecho para recomendar rastrear la producción musical y poética de estos jóvenes en Resumen Latinoamericano.
Te quiero preguntar por el tema constituyente que me parece central.
C.A.: Detrás de ese tema está la trampa que intenta socavar y mermar esta revuelta. Porque el gobierno cedió ante el pedido y exigencia de la gente en la calle de una nueva Constitución, porque la que rige es la pinochetista y armó una mesa con partidos de derecha la mayoría, pero con algunos partidos de izquierda y sacó una convocatoria para el mes de abril para discutir y aprobar una nueva Constitución.
Esta discusión no contiene ni a los pueblos originarios ni a las mujeres. Se plantea una nueva Constitución excluyente. Y es repudiada por la calle, por la protesta popular que plantea otra Constituyente que integre a todos los sectores y, sobre todo, a los que se están manifestando.
Entonces hay toda una confusión en todo esto porque además los partidos de izquierda más ligados al sistema están haciendo la publicidad afirmando que llega la conquista de lo que se buscaba. Por otro lado, los compañeros y compañeras de las asambleas barriales, sin olvidar que hay 3.000 presos políticos en Chile, hay desaparecidos; todas esas coordinadoras que luchan por esos presos repudian ese llamado.
La trampa está otra vez en la complicidad de cierta izquierda burguesa, que estuvo con la Concertación, que bancó al gobierno de Bachelet, la represión a los Mapuches, que se calló la boca cuando se reprimía a los estudiantes en las movilizaciones, otra vez intenta, por vía del sistema, generar una salida para que este sistema se perpetúe y la calle le responde. Por eso la puja va a estar ahí y se anuncia un Marzo combativo, donde va a haber prácticamente todos los días movilizaciones de todos los tipos, contra las AFJP, por los mapuches, por las reivindicaciones de los y las trabajadoras. Marzo va a ser la pulseada frente a ese abril donde está la trampa.
Nosotros vamos a viajar en marzo para estar en la marcha del 8, que no es solamente la manifestación por la lucha de las mujeres, sino que a esa manifestación se van a sumar todas las reivindicaciones para generar la gran marcha de protesta contra Piñera. Y una huelga general el 9 de marzo.
M.H.: Entre el 22 y el 25 de enero se desarrolló en Caracas el Encuentro antiimperialista por la vida la paz y la soberanía. Me sorprendió que conversando contigo telefónicamente me comentabas que no pudiste viajar producto de un sabotaje de las líneas aéreas.
C.A.: Eso es tremendo, ya lo veníamos advirtiendo las últimas veces que hemos estado en Caracas. Incluso por la falta de vuelos hacia Venezuela producto del boicot que hace EE UU y que aprieta a las compañías aéreas, tuvimos que viajar de aquí a Quito y de allí en un chárter enviado por el gobierno de Nicolás Maduro. Y esta vez, que se planteó un encuentro antiimperialista de urgencia para condenar muchas cosas, entre ellas el asesinato de Qasem Soleimani en Irak y también la nueva vuelta de tuerca de sanciones contra Venezuela y el bloqueo de Cuba.
Se convocó un encuentro al que íbamos a ir alrededor de 800 personas de todo el mundo y 300 no pudimos viajar a consecuencia de que las compañías aéreas se negaron a vender los tickets, aun pagando al contado, al gobierno venezolano que invitaba a este encuentro.
El encuentro se hizo igualmente pero hubo 300 compañeros y compañeras que no pudimos llegar. Venezuela demuestra que a pesar de ese bloqueo, no van a poder parar el proceso revolucionario y todos los días hay movilizaciones, por ejemplo, hubo una de los trabajadores para condenar el boicot que se le está haciendo a la compañía aérea Conviasa, la línea nacional, que no se la deja salir del país prácticamente por el bloqueo generado por EE UU. La gente está en la calle defendiendo su revolución y también avanzando dentro de las posibilidades difíciles que vive un país bloqueado.
Hacerse los distraídos no condice con un gobierno Nacional y Popular
M.H.: Una de las resoluciones del Encuentro fue la jornada internacional de movilización en apoyo a la revolución bolivariana y contra el neoliberalismo el próximo 27 de febrero en todas las capitales del mundo. ¿Hay ya una iniciativa tomada en nuestro país?
C.A.: Sí. Todas las iniciativas que se hacen en favor de Venezuela se toman en torno al Comité de solidaridad con Venezuela en el que estamos un montón de organizaciones y gente autoconvocada y el 27 se hará una actividad, todavía la estamos definiendo porque estamos con muchísimas actividades, pero está claro que nos vamos a sumar.
Argentina es uno de los lugares que siempre ha demostrado solidaridad con Venezuela y también destacar que más allá de que el canciller Felipe Solá tiene cada tanto algunas declaraciones no convenientes respecto del proceso venezolano, y que Argentina debería estar agradecidísima y sobre todo la gente que integra este gobierno, de cómo se comportó Venezuela apoyando al proceso del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina. Más allá de eso hay expresiones como el viaje de Pablo Moyano unos días atrás a Venezuela dando el apoyo no solo del gremio de camioneros, sino para manifestar que hay gente que piensa distinto respecto de Venezuela y estamos dispuestos a solidarizarnos y apoyar a la revolución más allá de las políticas de Estado y de las nimiedades que asume la Cancillería en estos días, que realmente es vergonzoso, el viaje a Israel, atacar a Venezuela, no condenar el magnicidio de Soleimani, no condenar lo que está pasando en Palestina, hacerse los distraídos no condice con un gobierno Nacional y Popular.
M.H.: Muy fuertes las declaraciones de De Vido respecto de Solá.
C.A.: Sí. Felipe Solá está muy cuestionado por muchos sectores del Frente de Todos. Algunos se animan a decirlo públicamente y otros no, pero por debajo te aseguro que hay mucha gente que no ve con buenos ojos cómo se está moviendo la Cancillería argentina en cuanto a la política continental sobre todo, que coquetea en Brasil, con un gobierno dictatorial impuesto por los votos, pero dictatorial y fascista, y no se anima a respaldar a un proceso revolucionario como el de Venezuela.
Mario Hernandez
Estados Unidos ve “inevitable” la propagación del coronavirus y crece la preocupación global
Donald Trump nombró a su vicepresidente responsable del combate contra el virus, mientras nuevos casos se registran en Europa y América. Preocupación por el impacto en Estados Unidos.
La alerta por la expansión del coronavirus ya preocupa en el continente americano. La noticia del primer caso detectado en Brasil se conoce a un mes de los primeros casos detectados en China, cuando el virus ya se extiende por 44 países del mundo con 80000 contagios y 2572 muertes, hasta este miércoles.
Pero todas las miradas están puestas la llegada del virus a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses no se preguntan si el coronavirus afectará al país, sino cuándo y en qué cantidad. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) y el Instituto Nacional de Salud, advirtieron que la llegada del problema resulta “inevitable” y que la población se tiene que preparar para las consecuencias de esta crisis, que, como mínimo, van a suponer trastornos en el día a día.
El presidente estadounidense, Donald Trump, se dirigió al país este miércoles por la noche. En un breve discurso aseguró que el vicepresidente, Mike Pence, estará al frente de la respuesta del gobierno al coronavirus.
"Voy a poner a nuestro vicepresidente, Mike Pence, a cargo. Y Mike trabajará con los profesionales", dijo Trump durante su aparición en la sala de reuniones de la Casa Blanca.
El martes, funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron que el virus se propagaría inevitablemente en los Estados Unidos, incluso cuando un importante asesor económico de Trump dijo que estaba contenido en los Estados Unidos, describiéndolo como "hermético".
"No creo que sea inevitable", dijo Trump, separándose de los comentarios del funcionario de la CDC. "Pase lo que pase, estamos totalmente preparados" insistió Trump.
Hasta el momento las grandes potencias han centrado sus políticas contra la expansión del virus en medidas, hasta ahora ineficaces, como el cierre de fronteras o poner en cuarentena a ciudades enteras (siguiendo las medidas represivas instauradas en China), lo que no frenó al virus pero sí aumento la xenofobia.
La administración Trump solicitó al Congreso un total de 1.800 millones de dólares de fondos de emergencia para combatir el virus, lo que incluye 1.250 millones en nuevos recursos y transferencias de la investigación del ébola. En total, el Gobierno calcula un desembolso de 2.500 millones. Sumado a eso llamó a empresas y centros públicos a tomar medidas para evitar al máximo el riesgo de contagio. Por ejemplo, propone la sustitución de reuniones en persona por teleconferencias y favorecer el trabajo desde casa y, en el caso de las escuelas, la cancelación de grandes encuentros.
El secretario de Salud estadounidense reconoció este martes que el gobierno tenía una reserva de más de 30 millones de máscaras, pero que podría necesitar 300 millones para trabajadores de la salud.
Todas esas medidas parecen poco eficaces teniendo en cuenta que en Estados Unidos más de 30 millones de personas no tienen ningún tipo de cobertura médica, producto de los sistemas privados de salud.
Pero a pesar del optimismo del Gobierno, la llegada del coronavirus a Estados Unidos genera preocupación por el impacto en un país con un sistema de salud que deja sin cobertura a millones de personas, y por un impacto mayor a la economía global, ya golpeada por las perspectivas de una caída en la economía China.
Sitios especializados en economía, como el Financial Times, aseguran que el daño en China es grave y se afectaran seriamente las cadenas de valor global, partiendo de que China da cuenta de un 20% del PIB mundial (mucho mayor 4% que ostentaba cuando se dio la epidemia del SARS en 2003). A esto se debe agregar el efecto que generará en las economías de Japón, Corea del Sur e Italia. Pero el mayor temor se centra en la posibilidad de que el contagio realmente golpee a Estados Unidos.
El escenario más optimista que planean varios análisis económicos espera una recuperación rápida de China permitiendo niveles similares a los que se calculaban previamente al brote del virus.
La realidad es que esa expectativa sería de una tasa de crecimiento anual del orden de 2,5 al 4%, lo que sería una gran sorpresa para el crecimiento global y para otras economías.
El impacto en América Latina de la epidemia comienza a golpear fuertemente las economías de Chile y Perú. Los analistas estiman que los daños que está sufriendo ya la economía china por las cuarentenas de millones de trabajadores afectarán a estos dos países latinoamericanos que concentran el 40% de la producción mundial de cobre. Brasil también teme el efecto de la crisis sanitaria que sufre China, su primer socio comercial en la venta de mineral de hierro y soja.
El brote de coronavirus se suma a los choques negativos que golpearán la economía global este año, como el riesgo a que se intensifique nuevamente las tensiones entre Estados Unidos e Irán causando un aumento en los precios del petróleo o una escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China.
El brote del virus despierta la alarma sanitaria, pero también las que ven el riesgo de una recesión global.
Diego Sacchi
@sac_diego
Miércoles 26 de febrero | 20:38
miércoles, 26 de febrero de 2020
La suba de las retenciones a la exportación de soja
Finalmente, el gobierno procedería a incrementar los derechos de exportación de soja del 30% al 33%. El anuncio sería formalizado el viernes, tras el encuentro que sostendrá el ministro de Agricultura, Luis Basterra, con los representantes de la Mesa de Enlace.
Desde las entidades rurales han agitado las aguas para mostrar al gobierno un clima de tensión, asegurando que existe una fuerte presión “de sus bases” para proceder a medidas de fuerza contra la disposición oficial. En este cuadro, amenazan con ceses en la comercialización y cortes de ruta. El argumento que esgrimen las organizaciones empresariales del campo es que se está traspasando la tranquera de la rentabilidad y que esto llevará a la ruina al sector. ¿Es así?
Varias consultoras advierten que la suba de retenciones afectará sobre todo a las zonas de cultivo más alejadas de los puertos, y que se retraerá tanto la inversión (sea en maquinaria o infraestructura) como el área sembrada. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que podría haber una contracción de 400.000 hectáreas en la siembra de soja en la próxima campaña (La Nación, 26/2). El impacto del coronavirus en la economía mundial se hace sentir a su vez en una caída de los precios de las commodities.
Sin embargo, la realidad es que los productores de soja están bien preparados para afrontar este aumento de las retenciones, tan anticipado. Muestra de ello es que, en estos dos meses que el gobierno dejó correr desde la sanción de la Ley de Solidaridad (que habilita este aumento del 3% en los derechos de exportación), aprovecharon para vender anticipadamente el 26% de la cosecha. Incluso, hasta los insumos necesarios para la campaña fueron comprados con antelación, previendo que la devaluación los encarecería.
Por otra parte, los costos promedio de 2019 medidos en dólares fueron 11% más bajos que los de 2018 (Márgenes Agropecuarios, 9/2), a lo que se suman los superbeneficios por la megadevaluación. El inicio del 2020, además, arrojó un cierre de la cosecha fina que superó los pronósticos, y en el caso de Santa Fe la soja de primera se encamina a batir todos los récords.
En definitiva, los empresarios del campo cuentan con la ventaja que no cuentan los trabajadores argentinos, que es justamente la posibilidad de adelantar capital para explotar las mejores condiciones de mercado. Y viceversa, pueden proceder al acopio de granos a la espera de mayor rentabilidad, como lo demuestra el hecho de que todavía tienen retenidas más de 10 millones de toneladas de la campaña 2018/19 (Clarín, 28/1).
Todo esto explicaría la actitud “dialoguista” de los dirigentes de las entidades rurales, que se muestran abiertamente contrarios a desatar un conflicto como el que originó la Resolución 125 en 2008. Es un indicio de que consideran que el tema puede ser zanjado negociando algunas compensaciones. Una de las posibilidades barajadas por el oficialista Página 12 (26/2) es diseñar un cronograma de rebajas de 0,5% por año, hasta ubicarlos nuevamente en el 30%; sería nuevo estímulo a los acopiadores. Otros medios deslizan la posibilidad de que sea lubricado con una reducción de impuestos al trigo y al maíz (que proyecta la campaña más grande de la historia).
Otra variante es que la suba de los derechos de exportación pueda ser contrapesada con rebajas de otros tributos, en especial los aportes patronales. Estos vienen siendo utilizados por el gobierno como moneda de cambio, porque el costo final lo cargan los jubilados con el desfinanciamiento del sistema previsional.
Lo más importante, de todas maneras, es el hecho de que el gobierno de Alberto Fernández cosechó, antes de tomar esta medida tan anunciada, el apoyo del FMI. Tras la misión con la que supervisó las cuentas públicas del país, el Fondo habría dado el aval para que ejecute este incremento del 3%, en vistas a mostrar mejoras en la recaudación que sirvan de garantía en la mesa de la renegociación de la deuda externa. Ese es, en definitiva, todo el objeto de la llamada “solidaridad”.
Iván Hirsch
El Papa Francisco se negó a recibir a las víctimas de abuso del Caso Próvolo
Por medio de la Secretaría de Prensa del Vaticano, la Santa Sede respondió negativamente al pedido de audiencia pública que habían hecho las víctimas sobrevivientes de abuso del Instituto Próvolo y los representantes de las ONG Xumek y Ending Clergy Abuse.
Víctimas de abuso del estremecedor “caso Próvolo” se encontraban en Europa realizando una serie de actividades para difundir y denunciar los abusos que sufrieron a manos de curas y la falta de colaboración y encubrimiento por parte de los representantes de la iglesia católica dentro de la causa judicial que investiga los abusos sexuales en el instituto para chicos sordos, que también cuenta con denuncias por abusos y torturas en su casa madre, al norte de Italia, desde, por lo menos, 2010. Invitados por la ONG Ending Clergy Abuse (ECA), Daniel Sgardelis, Ezequiel Villalonga y Claudia Labeguerie difundieron denuncias de las que fueron víctimas, como ellos, centenares de niños hipoacúsicos.
En el marco de las actividades y una serie de reuniones, que las tres víctimas junto a sus abogados y familiares habían programado, solicitaron una audiencia pública con el Papa Francisco pero este se negó a recibirlos. En su lugar, a través de la Secretaría de Prensa del Vaticano, se les ofreció reunirse con una "persona de la Santa Sede en representación del Papa". Además propusieron que este encuentro sea privado, sólo podrían participar las víctimas y sus familiares, sin los representantes de Xumek y Ending Clergy Abuse. Las víctimas rechazaron esta propuesta con el argumento de que "es solo el Papa Francisco la autoridad a cargo de evitar el delito de encubrimiento y reparar a las víctimas por el daño ocasionado por sus sacerdotes", además plantearon que “una reunión privada sería contraria a la publicidad de los actos de gobierno de cualquier autoridad de un Estado moderno”. Tras el rechazo a ser escuchados por el Papa Francisco, hicieron llegar a la Santa Sede las denuncias y oficios contra el vicario judicial apostólico, Dante Simón, y contra el interventor designado por el entonces Bergoglio, Alberto Bochatey, por falta de colaboración en la causa y encubrimiento.
La lucha de las víctimas del caso Próvolo logró que ya fueran condenados a 45 y a 42 años los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi, como autores de los abusos,y al jardinero Armando Ramón Gómez a 18 años de prisión. En estas últimas semanas se consiguió que comiencen las audiencias preliminares para llegar al segundo juicio en las que hay nueve inculpadas, entre ellas, las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, además de la exapoderada legal del Instituto, Graciela Pascual.
El rechazo del Papa Francisco a reunirse con las víctimas debe entenderse como lo que es: un desprecio a las víctimas de abuso que organizadas y luchando ponen en jaque a una Iglesia que busca dominar en el ocurantismo, la perversidad y el terror. La propuesta de reunión privada, que fue categóricamente rechazada por las víctimas, es el mecanismo que usó la Iglesia, en particular en Estados Unidos, para arreglar a las víctimas por plata a cambio del silencio.
En la valiente lucha de las víctimas, respaldadas por la movilización de organizaciones de mujeres, derechos humanos y en defensa de los niños no hay vuelta atrás. Juicio y castigo a todos los curas abusadores y a sus encubridores. Separación de la Iglesia del Estado.
María Chuli
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