Adónde va Venezuela

Los seis millones de votos que obtuvo Maduro en la elección del pasado domingo implican un fuerte retroceso respecto a la elección constituyente del año pasado – con la reserva de que muchos observadores señalaron que sus datos estaban inflados. Incluso si se tienen en cuenta las cifras oficiales, la caída del domingo pasado fue superior al 30 por ciento. La abstención fue elevada – la menor participación desde 1958. Sobre el total del padrón, los votos por Maduro no superaron el 35%: el “chavismo plebiscitario” es un recuerdo lejano. El resultado es todavía más pobre si se considera el despliegue del clientelismo punteril, en un país asolado por la necesidad. A pesar de la instalación de 12 mil “puntos rojos” a la salida de los comicios, para escanear “los carnets de la Patria”, que permiten el acceso a una canasta de productos racionados, el chavismo hizo la peor elección de su historia.
Incluso con estos resultados, el ‘madurismo’ es el único poder existente en Venezuela. Es un poder en manos casi exclusivas del alto mando militar. La alternativa opositora de la MUD se ha desvanecido, como consecuencia, en primer lugar, de la incapacidad para ofrecer una salida a las fuerzas armadas. El mando militar se encuentra acosado por denuncias de corrupción, a nivel internacional, pero más allá de esto debe cuidar que una salida traumática a la inmensa crisis por la que atraviesa Venezuela, no desate un estallido social y destruya la cohesión militar.
La oposición de derecha debería ofrecer, como alternativa política, la seguridad de un plan internacional de rescate de la economía venezolana, que se ha calculado en u$s200 mil millones, cuando lo que tiene enfrente son acreedores y fondos buitres que se han coaligado para obtener el lucro más alto para cuando se produzca el deseado ‘cambio de régimen’. Al mismo tiempo, Venezuela es un sitio privilegiado de la guerra económica internacional, debido a la necesidad que tiene de reestructurar y reactivar sus recursos petroleros. La Cuenca del Orinoco es disputada por las compañías norteamericanas, de un lado, y las europeas, rusas y las chinas, del otro. La última decisión de Trump, de prohibir la venta de activos venezolanos en el exterior, apunta a evitar que Maduro entregue a Rosneft – la petrolera rusa – la red de Citgo, la expendedora de petróleo de Pdvsa, en Estados Unidos. El tamaño de la crisis de Pdvsa se mide en el hecho que, de acuerdo a los especialistas, la suba espectacular del precio del barril del petróleo en los últimos meses, obedece a la caída de la producción de Venezuela, de 2,5 a 1.5 millones de barriles diarios. Cuatro de las cinco refinerías de Pdvsa se encuentran fuera de servicio y el servicio de la deuda con proveedores está paralizado.

Economía y política

Entre 2014 y 2017 la economía venezolana acumuló una contracción del 33,4%, por un lado por la caída fenomenal del precio del petróleo en ese período, por el otro por el desmadre de la gestión burocrática de la petrolera y del Estado; las denuncias de una corrupción fabulosa, vienen de afuera como de adentro del régimen político. Las expectativas para este año no son mejores, incluso a pesar de la suba de los precios internacionales del petróleo, debido a ese desmadre. Venezuela tiene la tasa de extracción más baja del mundo: solo es capaz de comercializar cada año el 0,5% de sus reservas probadas, a pesar de haber firmado acuerdo de asociación con el 95% de los monopolios internacionales. Más todavía que en Brasil, estos acuerdos son insatisfactorios para los monopolios – incluidos los rusos y chinos – debido a que reservan el control operacional en manos de la petrolera estatal. Las negociaciones de Maduro con Rosneft, acerca de la explotación de la cuenca del Orinoco, apuntan a poner fin a esta situación – como ya ocurre en el Arco Minero, donde las privatizaciones son irrestrictas.
PDVSA posee incumplimientos por 3 mil millones de dólares y acaba de perder un litigio por la nacionalización, hace varios años, de la empresa Conoco Philips, por dos mil millones de dólares. La misma situación atraviesa la industria minera: se les deben 1500 millones a compañías por expropiaciones no pagadas, algo que en el caso de la minera Rusoro ya tiene dictamen favorable en tribunales; a Crystallex, una minera canadiense y a otras como Gold Reserve se les debe cerca de 3.000 millones más.
Los acreedores internacionales no han salido a plantear la “aceleración” de los contratos de deuda, o sea su pago integral, como consecuencia del ‘defol’. Esto la habilitaría a pedir el secuestro de propiedades y/o cargamentos de petróleo en el exterior, o incluso el embargo de los más de 40 mil millones de dólares en activos que posee Venezuela fuera del país. EEUU y la Unión Europea han prohibido la colocación de deuda de Venezuela en los mercados internacionales, pero no la negociación de la deuda existente. Aunque sorprenda a muchos, esta deuda se transa en gran volumen y a un precio que se estima elevado (subió de 25 centavos a 33 desde febrero), debido a las expectativas en una caída del gobierno, que se calcula “en meses”. Esto sobrevendría de un embargo o bloqueo del comercio exterior de Venezuela. De acuerdo al corresponsal de La Nación (23.5), el continuismo de Maduro “echar(on) por tierra los acercamientos secretos de los últimos meses con la administración republicana”. Como parte de estos “acercamientos”, Maduro postergó las elecciones de abril a mayo y alentó la presencia electoral de Henri Falcón, un ex del chavismo, y luego fundador de la MUD.

La derecha y el imperialismo

La derecha se encuentra en un estado de desorientación política. Es el resultado de los fracasos de las intentonas golpistas e intervencionistas del pasado, por un lado; y de la incapacidad de hacerse una base popular para vencer en las urnas al chavismo, por el otro. Henry Falcón se presentó como una falsa salida a este impasse.
Una nueva pista para la derecha venezolana podrá aparecer como consecuencia del derrumbe del madurismo. Desde antes de la campaña electoral, el gobierno dio indicios de una salida a la crisis monetaria (hiperinflación), cuando lanzó el petro – una moneda digital que tenía como garantía el barril de petróleo. Aunque los críticos la denunciaron como un intento de fugar dinero o de negociar la deuda pública a pesar de las prohibiciones, señalaba un planteo de dolarización de la economía, algo que enseguida sería el eje de campaña de Falcón. El reemplazo del bolívar por el dólar debía ir acompañado con el cese de la financiación monetaria del Tesoro, por un lado, y de los cortes de gastos sociales y la privatización integral del petróleo, por el otro. En los ambientes financieros, muchos se preguntan si el aseguramiento de la reelección de Maduro no es, precisamente, el paso previo a la dolarización. Es un punto en el cual Putin y Xi Jing Pin estarían por completo de acuerdo. El FMI y los Tesoros de los países principales serían llamados a financiar el cambio de moneda y la reestructuración del Banco Central. Sería la contraseña para un reingreso de la derecha a la cancha, pero dividida. La dolarización dejaría al desnudo la inmensa confiscación que han sufrido los trabajadores de Venezuela, a manos del gobierno ‘nacional y popular’. Es la salida que impulsa la derecha continental, que vería acompañada con una probable elección en un plazo a pactar. El ecuatoriano Correa, un K, conservó la dolarización impuesta al país por gobiernos previos, asesorados por Cavallo.

La clase obrera y la izquierda

A pesar de luchas cotidianas y peleas de todo orden, la clase obrera de Venezuela es la clase más alejada a la hora de ofrecer una salida política. La confusión que ha creado el chavismo en sus filas, a la que suma el proto chavismo de la totalidad de la izquierda, en el ‘período revolucionario’ del régimen, ha sido pagada muy caro. La transición política que iniciará el giro de la crisis, deberá crear un nuevo escenario y nuevos realineamientos políticos. Las organizaciones obreras independientes del Estado tienen el desafío de ofrecer un programa transicional para la nueva etapa y convocar en torno a él al conjunto de la clase obrera. La crisis en Venezuela se desarrollará en un nuevo cuadro mundial y latinoamericano, como lo demuestran las crisis de Brasil, por un lado, y Nicaragua, por el otro – así como el naufragio del macrismo y las luchas obreras en Argentina.
Es necesario, como nunca, una conferencia latinoamericana de la izquierda que lucha por la independencia política de los trabajadores y por la dirección política de la clase obrera. Servirá para ofrecer conclusiones de conjunto para las masas en lucha y para abrir una perspectiva antagónica al capitalismo y sus crisis.

Martín Sánchez y Jorge Altamira

Río Turbio: una huelga histórica logra la reincorporación de 174 despedidos

Toda la tarde duró la audiencia en el Ministerio de Trabajo entre la Intervención de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y la Intersindical de los 4 gremios de la empresa (ATE, Luz y Fuerza, Personal Superior y La Fraternidad) más la representación del ramal ferroportuario de Río Gallegos.
La audiencia fue convocada en el marco del procedimiento preventivo de crisis presentado por la Intervención de YCRT y viabilizado por el Ministerio de Triaca en tiempo récord. La Intersindical reclamó contra este encuadre y dejó planteada la impugnación del procedimiento.
En este marco controvertido y después de 4 meses de huelga, se discutió la reincorporación de unos 170 compañeros que no aceptaron el retiro voluntario. Desde el 24 de enero las instalaciones están ocupadas por los trabajadores. Cuando el gobierno, en marzo, intentó enviar la Gendarmería, una pueblada le cortó el paso en el puente de acceso a la cuenca sobre la ruta 40, hasta que después de horas de negociación los gendarmes decidieron retirarse.
Esta posición de fuerza, el apoyo de toda la comunidad, el viaje a Buenos Aires que instaló la lucha a escala nacional, las reiteradas movilizaciones en Turbio y también en Río Gallegos, explican este primer gran triunfo.
Como contrapartida la empresa logró bajo presión la salida de varios centenares de compañeros por medio de los “retiros voluntarios” y ha instalado en el Ministerio un ilegal “Preventivo de Crisis” que pretenderá usar para imponer la anulación de los convenios.
El sábado, una asamblea en boca de mina va a ratificar el acuerdo y probablemente el lunes se retomen las tareas. El próximo jueves 24 continuarán las negociaciones en el Ministerio
Este importante triunfo premia la firmeza de las medidas adoptadas por las sucesivas asambleas, el aguante del acampe a pesar de los temporales y del frío, así como la decisión de los 170 compañeros que bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con la liquidación final depositada en sus cuentas bancarias, aceptaron el despido.
La empresa intentaba poner la reincorporación como carnada para que los gremios aceptaran la rebaja del convenio y el preventivo de crisis, lo cual los trabajadores y la Intersindical han resistido durante toda una semana llegándose a este desenlace, que es un gran paso adelante (se les reconocen los sueldos caídos y se reincorporan a la misma situación laboral anterior al despido) en un conflicto que sin lugar a dudas no ha terminado.
Desde enero, el Partido Obrero y la CTA regional hemos reclamado que se convoque una Asamblea Popular Comunitaria, planteo que en las nuevas circunstancias está más vigente que nunca ante las tensiones que se vienen en la empresa y en el marco de un conflicto salarial de los gremios provinciales y municipales que han apoyado la causa de los mineros.
Vamos los mineros. Unidad de los trabajadores.

Miguel Del Plá

Protesta social: la posición fascistoide de unos panelistas de Intratables contra la clase obrera

“Se fue a Río”. Esa fue la acusación con la que intentaron ocultar el baile (argumentativo) que los militantes del Polo Obrero le habían dado a panelistas de Intratables como Paulo Vilouta, Ceferino Reato o Florencia Arietto, entre otros tributarios del ajuste que posan de periodistas -en una versión espejal del criticado y criticable 678, que justificaba las trapisondas del kirchnerismo, en versión amarilla Cambiemos-.
La miserabilidad de estos periodistas que rinden pleitesía al oficialismo se había expuesto de manera abrumadora no sólo durante la transmisión del programa Intratables, sino en el enfoque calumnioso llevado adelante al día siguiente contra una de los dos militantes del Polo Obrero que habían sido invitados para que explicaran la protesta que habían llevado adelante el miércoles, durante su jornada de lucha contra el ajuste del gobierno nacional, apoyado por los gobernadores peronistas, K y de los otros. Durante el programa, Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente nacional de la organización piquetera Polo Obrero, y Gabriela de la Rosa, referente de La Matanza de la misma agrupación, habían explicado cómo el ajuste y la baja de planes (40 mil bajas, dijeron) corría cada vez más a los sectores vulnerables desde la pobreza hacia la indigencia. Contaron por qué exigían que el gobierno garantizara el derecho al trabajo genuino y parara con los planes de miseria que paga a cambio de trabajo precarizado para los municipios, mostraron cómo los vecinos del tercer cordón del conurbano habían regresado al trueque y cómo pagaban la electricidad con tarjetas y por día. En los coquetos estudios del canal América en Palermo el testimonio de estos luchadores daba de bruces el operativo general de ensalzamiento del gobierno que realizan los panelistas, en general, del programa.
Pero la discusión volvió al tópico del tránsito y los cortes de calle, y su equiparación a la “extorsión”, es decir, la deslegitimación del derecho a la protesta. Florencia Arietto, que fungió como candidata a diputada de Sergio Massa, llegó a decir: “Había un piquetero de ustedes que subía a la autopista con su niño y su hijo no le importaba, no le importaba el hijo”. Arietto se había convertido en una versión vulgar de los conservadores de principios del siglo XX que acusaban a los luchadores de indolencia y monstruosidad, una ‘enfermedad que atentaba contra la higiene de la Nación’. “Los zurdos inmolan a la gente que arrean”, llegó a decir la ex candidata del massimo, mostrando el costado fascistizante que anida en la calaña de este tipo de panelistas, que encima se postulan a cargos políticos como representantes del pueblo en la Cámara de Diputados. “¡Ese es el lenguaje de Videla!”, respondió Belliboni ante la bajeza de la panelista. Arietto insistía, gesticulando: “¡Los zurdos inmolan a la gente, los mandan al matadero!”. El discurso de un patrón de estancia, con un dejo de acento barrial de por medio.
El impresentable de Ceferino Reato, operador de larga data, se dirigió a Gabriela y le dijo: “El Estado te paga 4.800 pesos y sos estudiante, ¿qué más querés? Te damos todos 4.800 para que estudies en un terciario”. Es imposible dilucidar en sus palabras la leve frontera entre el cinismo y la tontera. “¿No estás mejor ahora que con un trabajo genuino, que quizás no podrías estudiar?”, preguntó Reato. La estupidez no tiene límites.
Pero dolidos por la derrota conceptual que dos miembros de la clase trabajadora, que presentaron un programa contra la crisis para que sea pagada por los capitalistas y no por los obreros, Reato y Arietto usaron las redes para realizar una campaña de difamación contra Gabriela que, antes de haber sido despedida de su trabajo, pudo ahorrar para vacacionar en Río, tal como muestra su cuenta de Facebook pública, porque nada tiene que ocultar. Reato la acusó de vacacionar a Río de Janeiro con el dinero del Estado y Arietto se prendió en la operación, tuiteando: “Los zurdos no sólo son mentirosos, también viven del Estado burgués que dicen combatir. Preguntale a la compañera Gabriela qué tal la pasó en sus vacaciones en Río. Chantas”, le respondió al periodista Diego Rojas, que había resaltado la coherencia discursiva de los militantes del Polo Obrero en Intratables. Arietto no sólo reivindicaba el epíteto “zurdos” para referirse a los militantes de la clase obrera, sino que usaba la difamación. Arietto cuestionaba la posibilidad de que una laburante pudiera ahorrar los fondos necesarios para vacacionar, un derecho ganado por los trabajadores a lo largo de toda su historia en la Argentina. No sólo fascistoide, sino una “gorila” que se dice “peronista”.
Gabriela le cerró el pico a los dos agentes mediáticos del ajuste (Belliboni ya le había cerrado el pico a Vilouta diciéndole en vivo que como antes reclamaba el ajuste, ahora reclamaba represión). Publicó un tuit que decía desde su cuenta @DeLaRosaGabii:
A @ceferinoreato y @Florenciarietto @Intratables Como tantas jóvenes ahorré para hacer un viaje con el trabajo que tuve hasta que fui despedida y ahora cobro un plan de hambre y estudio arte para ser docente y tener una salida
Lo único raro es que usted se diga periodista.
La superioridad moral e intelectual de la clase obrera sobre los lacayos de la burguesía y el ajuste macrista se mostró una vez más en este episodio. Que quede como lección y aliciente para luchar contra el ajuste, hasta derrotarlo.

Antonia Torrebruna

Un nuevo saqueo

La gran operación de endeudamiento que perpetró el macrismo ha dejado al país a las puertas de una nueva quiebra nacional.
La “salida” del FMI y el gobierno para enjugar esta “convocatoria de acreedores” es un plan de despidos, de cercenamiento todavía mayor de las jubilaciones y liquidación de los más elementales derechos laborales.
El primer paso fue una devaluación del peso, que golpeará los ingresos de trabajadores, activos y pasivos. Y llevará a un nuevo salto a las tarifas, dolarizadas por el mismo gobierno.
Con este saqueo, el gobierno quiere rescatar a los banqueros del derrumbe de su propia política.
Pero este ataque a los que viven de su trabajo ni siquiera les servirá para gambetear la crisis de la política oficial. Por eso llamaron al Fondo Monetario, para asegurar que sean los trabajadores los que paguemos el muerto.
Para blindarse frente a la reacción popular, el gobierno ha convocado a un “gran acuerdo” a quienes ya le votaron más de 100 leyes antiobreras o aplicaron el ajuste en las provincias donde gobiernan. Es un intento por rescatar al gobierno de su propio derrumbe económico y político, y que sólo puede acentuar el desprestigio y la disgregación de estos seudo-opositores.
Lo mismo ocurre con la burocracia sindical: después de aceptar paritarias a la baja, los tarifazos y la devaluación, la CGT sólo atina a una mera pose opositora. Mientras se suceden las luchas por despidos, como la nuevamente reprimida Cresta Roja, el Inti, el Turbio y tantas otras.
Los trabajadores somos convidados de piedra. Tenemos que intervenir en esta crisis con nuestra voz y nuestros intereses.
Luchemos por un Congreso de delegados con mandato de bases de la CGT, la CTA y todos los sindicatos, para establecer un programa de salida a la crisis y una política para imponerlo, que debe partir de un paro activo nacional inmediato y un plan de lucha para que millones de trabajadores ganemos las calles contra el nuevo plan de guerra de Macri y el FMI.
1. Reapertura de las paritarias e indexación mensual de salarios y jubilaciones. Ni un despido. Ocupar las fábricas o reparticiones que cierren o despidan masivamente.
2. Anulación de los tarifazos desde comienzos de 2016, apertura de los libros y costos de las empresas privatizadas; nacionalización integral de la energía y el transporte bajo control de los trabajadores.
3. Impuesto extraordinario a bancos y al capital financiero, para que la bancarrota del Banco Central y el Tesoro sea enjugada a costa de quienes se beneficiaron con ella.
4. Desconocimiento de la deuda usuraria en todas sus formas -títulos, bonos, letras- en manos de la banca, los fondos especulativos y el gran capital. Nacionalización de la banca y el comercio exterior. Por un plan económico de la clase obrera, diseñado por un Congreso de Trabajadores.

Prensa Obrera

Supermartes de Lebac y después: una batalla no es la guerra

Macri afirmó el miércoles que “la turbulencia cambiaria la consideramos superada”. Después del “supermartes”, el dólar terminó la jornada del miércoles con una suba atenuada. Los costos de una calma cuya duración no está garantizada.
“La turbulencia cambiaria la consideramos superada”, afirmó el presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa. Con este término se refirió el presidente a la feroz corrida que forzó una depreciación del peso frente al dólar de 20 % en menos de un mes. Y que obligó al Banco Central (BCRA) a vender reservas por más de USD 9.000 millones en dos meses.
Resulta temerario realizar esta afirmación, considerando que ayer mismo el dólar concluyó la jornada con un ligero rebote alcista. Según el promedio de bancos y entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el dólar concluyó la jornada en $24,80, doce centavos por encima del cierre del martes. A principios del día había tocado mínimos de $24,48. En el mayorista, el valor de cierre ($24,22) fue también 22 centavos por encima del valor de cierre del martes.
La calma lograda después del “supermartes” podría resultar efímera. La situación internacional no ayuda a aplacar los ánimos.

“Victoria” pírrica

Resultaría exagerado llamar victoria a lo conseguido por el gobierno el martes, pero es lo más parecido a eso que el gobierno podía esperar a estas alturas. Superó la prueba del vencimiento de las Lebac, renovando el 100 % de los títulos que vencían y $5.000 millones adicionales. Pero para hacerlo convalidó una tasa de interés del 40 % anual (un mes antes había sido de 26,3 %).
Este aumento de la tasa no alcanzó por sí sólo para asegurar la renovación de Lebac. Así como antes no habían bastado para frenar la corrida las variadas intervenciones del BCRA, que desde el 25 de abril además de intervenir vendiendo reservas (lo que había comenzado a hacer en marzo para sostener alrededor de $ 20 la divisa) elevó la tasa de interés de referencia de la política monetaria de 27,25 % a 40 % anual, disminuyó de 30 % a 10 % las tenencias de activos en moneda extranjera permitidas a los bancos e inició intervenciones en mercados de dólar futuro. Además fue necesario que el BCRA comprara anticipadamente Lebac en el mercado secundario, y que Anses también aumentara la cantidad de letras del BCRA en su poder.
Pero además, el lunes el BCRA eximió a los bancos de constituir diariamente una reserva técnica de efectivo mínimo en relación a los depósitos (encaje) durante el mes de mayo. Esto liberó fondos que los bancos tenían inmovilizados, con un rendimiento de 0 %, y que ahora pudieron volcar a títulos del BCRA que rinden 40 % anual.
Por si esto fuera poco, el ministro de Finanzas Luis Caputo, coordinó con dos fondos de inversión internacionales, Templeton y Black Rock, la emisión de títulos que tienen plazos 5 y 8 años (BOTE 2023 y 2026) por USD 3.000 millones ($ 73.000 millones), lo que contribuyó para descomprimir el mercado cambiario.
Por otro lado, se trata, siendo muy benevolentes de un “triunfo” en la derrota: el BCRA, que empezó esta pulseada por intentar mantener el dólar por debajo de $21, jugó todo desde el lunes de esta semana a poner un techo en $25. Con el tipo de cambio ahora orbitando alrededor de $24 y $25, recrudecerá la inflación. Los aumentos de precios ya acumulan 9,6 % en lo que va del año. La depreciación del último mes, le agrega como mínimo 5 puntos porcentuales a una inflación que ya a comienzos de abril se mostraba orientada a superar el 20 % anual.
Una primer conclusión que podemos sacar es que el objetivo de que el alza de precios sea en 2018 inferior al de 2017 parece cada vez más inalcanzable. A pesar de que Sturzenegger afirmó ayer en conferencia de prensa que “nuestros proyecciones nos daban y nos siguen dando una baja de la inflación”, sólo un severo enfriamiento de la economía podría asegurar este objetivo.

Mirando al Fondo

Martín Redrado, quien fuera titular del BCRA durante parte de los años de gobiernos kirchneristas, estimaba ayer que el gobierno necesitaría 10 días como el de ayer, con movimientos atenuados de la cotización siguiendo los movimientos cambiarios de otras monedas de la región y sin intervención de la autoridad monetaria, para afirmar que la calma fue restablecida.
Pero ya empieza a haber otra fecha crítica, en la cual el BCRA afrontará otro vencimiento tan voluminoso como el del martes ($645.000 millones): el 21 de junio. De cara a esa fecha, podemos esperar más de lo mismo que vimos en la previa al 15 de mayo. Recompra de Lebac en el mercado secundario, y tasas altas para asegurar la permanencia de dólares.
Por eso, una segunda conclusión es que estas tasas elevadas llegaron para quedarse por un tiempo, a pesar del consenso de que a este nivel resultan inviables en el mediano plazo. Con ellas regresó con fuerza la bicicleta financiera, que aún con tasas más bajas había florecido. Sin bicicleta financiera, el país ya no puede asegurar siquiera una módica permanencia de capitales golondrina. La alta proporción de dolarización de activos de los residentes, que alcanza tres cuartos de los activos que estánn en moneda extranjera, reduce los márgenes para el BCRA. Entre paréntesis, digamos que estamos hablando mayormente de la riqueza fugada sobre todo por grandes empresarios que, como el ministro Juan José Aranguren, confían en la Argentina de Macri tanto como en la de Cristina Fernández. Gracias a estos, son mayores las exigencias que afronta la entidad monetaria para asegurar la permanencia en pesos de los tenedores del cuarto restante.
La suba de precios que impacta en el costo de vida, y la escalada del costo financiero, auguran un fuerte enfriamiento de la economía de acá a fin de año. A esto se agrega el refuerzo del recorte fiscal, que Macri anticipó ayer en conversación con los periodistas, cuando afirmó que “lo que pasó en estas semanas es que el mundo ha decidido que la velocidad con la que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no era suficiente”. La calma lograda, el gobierno la utiliza para mandar señales de que profundizará los objetivos de reducción fiscal, obligado por la corrida a recalcular sus planes de cara a las elecciones de 2019.
La “ayuda” del Fondo Monetario Internacional, que vendrá de la mano de este refuerzo del ajuste, cuyos números se seguirán especificando el próximo viernes cuando los funcionarios del gobierno se vuelvan a reunir con el staff del FMI. Este acuerdo, que podría aportar USD 30.000 millones de forma escalonada, es el puente con el cual el gobierno busca asegurar que se aplaque el temblor financiero. Los costos van a recaer sobre los trabajadores y sectores populares, mientras el presidente defiende a rajatabla los recortes de impuestos que beneficiaron a los sectores de mayores ingresos, y que junto con los pagos de intereses de la deuda pública explican gran parte del persistente déficit fiscal que ahora apuestan a reducir.
Es urgente rechazar el acuerdo con el FMI y los planes de ajuste que el Gobierno va a pactar, pero también exigir el no pago de toda la deuda ilegal e ilegítima, pagada década tras década a costa de las necesidades populares.

Esteban Mercatante
La Izquierda Diario

El Fondo Monetario Internacional, arma absoluta del capital financiero transnacional

I. En medio de una feroz ofensiva contra los trabajadores de todas las categorías y los jubilados, el Gobierno de Macri, al borde del abismo financiero, pide ayuda al Fondo Monetario Internacional.
Lo que es algo así como meter al zorro en el gallinero para que cuide a las gallinas.
Como ejemplo reciente puede citarse a Grecia, donde la intervención mafiosa y patotera de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) empobreció a la mayoría de la población hasta límites insoportables, llevó al desmantelamiento de los servicios esenciales (salud, educación, seguridad social, etc.) y al despojo de buena parte del patrimonio nacional, ahora en poder de grandes empresas transnacionales.
El Gobierno «progresista» de Tsipras capituló incondicionalmente pese a la opinión claramente manifestada por la mayoría del pueblo griego en una consulta popular.
No se puede esperar otra cosa para Argentina con la «ayuda» del Fondo Monetario Internacional, pues esta ha sido y es la política del FMI en los hechos desde su creación en 1944.

Veamos.

En julio de 1944 la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods acordó la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRD). Este último como parte del grupo del Banco Mundial.
Ya en 1943, cuando comenzaba a vislumbrarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses y los ingleses comenzaron a discutir las bases de la organización de la economía mundial en la posguerra.
John Maynard Keynes, encargado por las autoridades británicas de participar en las deliberaciones, propugnaba la creación de una cámara de compensación mundial (Clearing Unión) que permitiría hacer todas las transacciones internacionales a un tipo de cambio fijo referido a una moneda internacional emitida por la Clearing House, el "bancor". Se trataba de un verdadero sistema monetario internacional regulador de las finanzas internacionales, que conservaba la simetría entre las partes, con mecanismos de control y eventualmente de financiación para los países deficitarios y una participación de cada país en función de sus capacidades financieras. Sería una especie de Banco a escala internacional en el que los "clientes" serían los estados.
Pero esta propuesta no fue aceptada por los Estados Unidos, en ese momento en la cumbre de su poderío económico como único gran beneficiario de la Segunda Guerra Mundial, que impuso en Bretton Woods sus puntos de vista: un sistema de cambios fijos (con una elasticidad del uno por ciento en más o en menos sobre la paridad establecida entre las monedas) y la paridad establecida en relación con el oro o con el dólar de los Estados Unidos (artículo IV de los Estatutos del FMI, antes de la reforma de 1978).
Así es como en la práctica el dólar pasó a ser moneda internacional, obligando a todos los países a acumular reservas en dólares para hacer frente a las fluctuaciones de sus respectivas monedas, resultante del estado de su balance de pagos.
El sistema de Bretton Woods estableció pues un privilegio exorbitante a favor de los Estados Unidos en materia de pagos internacionales, que en los hechos, sirvió para que el resto del mundo financiara su déficit presupuestario.
Esta fue la base de un desorden creciente del sistema monetario internacional que se institucionalizó en 1975 con el abandono del sistema de tipos de cambios fijos (reforma, vigente desde 1978, del artículo IV de los Estatutos del FMI,).
Es decir, se abandonó un principio ordenador del sistema monetario (el sistema de cambios fijos) pero se mantuvo en los hechos al dólar como moneda internacional, de manera que todo el resto del mundo continuó subvencionando la economía de los Estados Unidos, pues los Bancos centrales de los otros países siguieron interviniendo para evitar la baja del dólar.
Ello permitió y permite a los Estados Unidos apropiarse de una gran parte del producto del trabajo y de los ahorros de los pueblos de todo el planeta.
Esta situación se refuerza por la circunstancia de que los dólares emitidos por la Reserva Federal (moneda fiduciaria, es decir sin respaldo de oro desde 1933) inundan todo el mundo para financiar el déficit presupuestario de los Estados Unidos. En setiembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó sin votación los acuerdos entre las Naciones Unidas, por una parte, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en tanto organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, por la otra.
En los hechos, los acuerdos constituyeron más una declaración de independencia de ambos organismos financieros que de cooperación con las Naciones Unidas.
En el debate sobre los acuerdos, realizado en el Consejo Económico y Social en agosto de 1947, el representante de Noruega dijo que el ECOSOC se apartaría de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas si los aprobara, agregando que su delegación no estaba dispuesta a reconocer al Banco Mundial como organismo especializado, sometiéndose a las condiciones impuestas por el mismo Banco. El representante de la Unión Soviética, por su parte, señaló en el mismo debate que ciertas disposiciones de los dos acuerdos violaban los artículos 57, 58, 62, 63, 64 y 70 de la Carta de las Naciones Unidas, referidos al funcionamiento de los organismos especializados y a las facultades del Consejo Económico y Social a ese respecto. El representante de Venezuela lamentó que los acuerdos hubieran ido más lejos de los que parecía necesario, en particular el párrafo 3 del artículo IV, que aconsejaba a las Naciones Unidas que evitaran hacer recomendaciones al Banco con relación a los préstamos o a las condiciones o circunstancias de su financiamiento [1].
En 1997 participamos, en representación de una ONG, en la reunión del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí tuvimos ocasión de intervenir y formularles preguntas a los representantes del FMI y del Banco Mundial.
Las conclusiones que pudimos extraer de dicho diálogo las comunicamos a la Comisión de Derechos Humanos en una intervención oral durante sus sesiones de marzo de 1997. En síntesis dijimos que el FMI no se ocupaba del desarrollo ni del pleno empleo, que figuran entre las funciones que le atribuyen sus Estatutos. En cuanto a la política monetaria, dijimos que el FMI era incapaz de evitar la anarquía financiera internacional y sola desempeñaba el papel de bomberoen situaciones tales como la crisis mexicana o prestaba dinero por razones políticas como lo había hecho con Rusia en vísperas electorales. En cuanto a la deuda, afirmamos que el papel del FMI consistía básicamente en mantener la presión sobre los países deudores e imponerles políticas contrarias a los intereses nacionales y populares.
En el período de sesiones de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en julio-agosto de 2001, dos de sus miembros, la señora Udagama y el señor Onyango, presentaron un informe sobre la mundialización[2].
Los autores decían en el informe que si bien la protección y promoción de los derechos humanos es primordialmente una obligación de los estados, otras entidades tales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no están de manera alguna exceptuadas de responsabilidad en ese terreno. Afirmaban que las instituciones internacionales multilaterales “tienen la obligación de no tomar medidas que afecten la situación social de un país dado”.
En el debate que se suscitó en la Subcomisión, el representante del FMI afirmó que dicha institución no tiene mandato para tomar en cuenta los derechos humanos en sus decisiones y que no está obligada por las diferentes declaraciones y convenciones relativas a los derechos humanos [3].
Esta declaración del representante del FMI provocó vivas réplicas de varios miembros de la Subcomisión, afirmando uno de ellos que “no es admisible que el FMI no se someta al derecho internacional” y otro miembro sugirió que la Subcomisión “debía adoptar una posición clara indicando que los sistemas comerciales y financieros están sometidos al derecho internacional y por lo tanto tienen la obligación de proteger y respetar los derechos humanos”.
En el seno del FMI, el poder de decisión pertenece a los cinco países que reúnen la mayoría de las cuotas, pues el artículo XII sección 5 de sus Estatutos establece el voto ponderado en los órganos de dirección (Consejo de Gobernadores y Consejo de Administración). Además, un solo país, los Estados Unidos, puede bloquear ciertas decisiones importantes (por ejemplo el restablecimiento de un sistema internacional de cambios fijos) porque dispone de un porcentaje de votos superior a la minoría de bloqueo, que es del 15 por ciento.
De modo que un pequeño grupo de países, muy poderosos económicamente, impone al resto del mundo las orientaciones de la política económica. Y en el caso particular de la deuda externa y de las políticas de ajuste sucede lo mismo. De manera que las "recomendaciones" y "principios directores" del FMI no son otra cosa que la coacción ejercida sobre los países que quieren renegociar la deuda u obtener préstamos del sistema financiero internacional, a fin de que adapten su política económica y financiera a los intereses del gran capital transnacional: privatización de los servicios públicos, reducción del gasto social, aumentos de las tarifas de dichos servicios, congelación de los salarios, apertura incondicional de las fronteras a los productos y servicios extranjeros, etc. Son las llamadas “condicionalidades”.
En los hechos, las instituciones de Bretton Woods tienen un poder de decisión excepcional sobre las orientaciones de las economías nacionales de los países menos desarrollados, como mandatarios de los países ricos, sin base alguna en el derecho internacional vigente. Por el contrario, no tienen ningún poder sobre las orientaciones económicas de los países ricos, pese a que la enorme deuda externa e interna de algunos de ellos justificaría ampliamente la aplicación de una política de ajuste estructural, de acuerdo a las concepciones del Fondo. Ni el Fondo ni el Banco Mundial, pese a que las grandes potencias dicen que son los "únicos organismos competentes" del sistema, tienen una política mundial económica y/o financiera. Tal política va a la deriva de los intereses coyunturales del capital financiero e industrial transnacional.
Todo esto confirma que el FMI y el Banco no son en la práctica organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, como está previsto en la Carta de la ONU, sino meros instrumentos y mandatarios de las grandes potencias y del gran capital.
De modo que el Estado que quiere tener acceso al crédito internacional debe ajustarse a los "principios directores" del FMI que, de manera general, son los siguientes:
1)..."apertura de los sectores que han estado protegidos frente a la competencia del mercado y la eliminación de subvenciones..."
2)..."reducir las presiones inflacionarias, alentar la repatriación del capital y fomentar la inversión extranjera directa..." (Comunicado del Comité Provisional de la Junta de Gobernadores del FMI, Comunicado de Prensa Nº 89/44, del 25/9/89);
3)..."contener la demanda global..."
4)..."saneamiento de las empresas públicas..."
5)..."flexibilización del control de precios y de las restricciones comerciales" (acuerdo con Mauritania)
6)..."revisión de la escala de derechos de importación y de los precios agrícolas..." (Acuerdo con Costa Rica, Bulletin du FMI, 5 juin 1989, p. 174).
Etc.
Estos "principios directores" se han incluido en los acuerdos celebrados con numerosos países.
Las llamadas políticas de ajuste son económicamente recesivas y socialmente regresivas, pues el único objetivo real del Fondo es que los deudores paguen los servicios de la deuda a los acreedores. Con tales políticas la espiral de la deuda sigue creciendo porque la economía de los países deudores permanece estancada o crece lentamente, con lo que se les hace aún más difícil cumplir con los acreedores, y se deben contraer nuevos préstamos para pagar los servicios de los préstamos anteriores. Así la deuda externa no deja de crecer y se convierte en deuda eterna[4].

II. El caso argentino

La otra cara de la medalla de la dictadura del capital financiero transnacional es la estructura económico-financiera capitalista integrada al capitalismo mundializado de los países que, como Argentina y casi todos los países del mundo poco desarrollados o semidesarrollados, incluidos los que cuentan –o han contado hasta hace poco- con Gobiernos “progresistas”.
Estructura que ha permanecido intocada en todos los casos y que los hacen dependientes del gran capital industrial y financiero transnacional y por lo tanto expuestos a su voracidad.
En cifras redondas, la deuda externa argentina sufrió la siguiente progresión desde 1966 hasta ahora.
Cuando se produjo el golpe militar de 1966 rondaba los 3200 millones de dólares. Al restablecerse en 1973 los gobiernos constitucionales había aumentado a 4800 millones es decir un 46%. Durante los Gobiernos de Cámpora, Frejuli e Isabel Perón (1973-76) aumentó a 7800 millones (62%). Durante la dictadura 76-83 aumentó a 45000 millones (465%). Con Alfonsín aumentó a 65000 millones (44%) y con Menem a 191000 millones (123%).
Con los Kirchner (2004-2015) se mantuvo estable en torno a esa cifra.
Con Macri actualmente la deuda ronda los 300.000 millones. Es decir que aumentó unas CIEN VECES desde 1966. Existe una abundante bibliografía sobre todo ese período con sus distintas particularidades, a la cual me remito en homenaje a la brevedad.
Pero merece un breve comentario el hecho de que la deuda no haya aumentado en los doce años de gobierno kirchnerista.
En efecto, la deuda no aumentó porque durante ese período se hicieron pagos a los acreedores por 190.000 millones de dólares con las reservas de ANSES y del Banco Central acumuladas durante la fiesta de la soja y contrayendo nuevas deudas. El resultado fue que pese a ese astronómico reembolso cuando terminó el mandato de CFK se seguía debiendo lo mismo que en 2004: unos 190.000 millones. Sumado lo que se pagó durante los Gobiernos K más lo que se seguía debiendo en 2015 da la bonita suma de 380.000 millones de dólares.
Este proceso de “pago serial” (CFK dixit) de la deuda estuvo en buena parte centrado en la ley llamada “del pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina” de 2014 que analicé en un artículo que se puede encontrar en http://www.argenpress.info/2014/10/acerca-de-la-ley-llamada-del-pago.html donde concluyo escribiendo: Esta ley, en lugar de llamarse ley “Del Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina”, debería llamarse “ley de sumisión al capital financiero transnacional”.
Pero más importante aún es que durante los Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se mantuvo invariable en Argentina – y aun se agravó- la tendencia general a escala mundial que indicábamos al principio del Párrafo II de esta nota: el mantenimiento de la estructura económico-financiera capitalista integrada al capitalismo mundializado. Al respecto me remito a mi nota Marcha federal ¿unidad de acción?-Balance de 12 años de kirchnerismo: un proceso de recolonización sin precedentes(https://www.alainet.org/es/articulo/180117).
De modo que la lucha contra la sumisión a los dictados del Fondo Monetario Internacional no debe limitarse a propuestas más o menos coyunturales sino a un proyecto alternativo generado en los lugares de trabajo, de estudio y de investigación que incluya un estudio pormenorizado de toda la deuda externa desde que ésta comenzó a crecer exponencialmente para determinar qué parte es legítima y exigible y qué parte no.
Y sobre todo que incluya reformas estructurales económicas y financieras de fondo tendentes a romper las ataduras esclavizantes con el capital transnacional, lo que presupone (como se señala de alguna manera en el documento de la CEPAL citado más arriba en la nota 4) una auténtica y profunda redistribución del producto nacional en beneficio de los trabajadores y jubilados y la nacionalización de los principales recursos naturales y de los servicios esenciales.

Alejandro Teitelbaum
Alainet

Notas:

[1] Actas resumidas de la reunión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, agosto de 1947.
[2] La mundialización y sus consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos, E/CN/.4/Sub.2/2001/10, 2 de agosto de 2001. El informe final fue presentado en 2003: E/CN.4/Sub.2/2003/14.
[3] Cf. Communiqué de presse du 8 août 2001, HR/SC/01/11 y 12.
[4] Véase la publicación de la CEPAL La ineficiencia de la desigualdad, Mayo de 2018. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43442/1/S1800059_es...

Llegó el Día D: megavencimiento de Lebacs, la pulseada contra el dólar y la deuda

Hoy se vencen casi U$S 30.000 millones de las Letras del Banco Central. La mitad de las reservas de la autoridad monetaria están en juego. Se viene más endeudamiento, y ajuste de la mano del FMI.

Martes intenso para el Gobierno, que afronta un gran vencimiento de Lebacs por U$S 30.000 millones. Una cifra que representa casi la mitad de las reservas del Banco Central.
Ayer el dólar no dio tregua y cerró a $ 25,51, según el promedio de bancos y entidades financieras que elabora el BCRA. La divisa creció aunque la autoridad monetaria salió a ofrecer U$S 5.000 millones en $ 25 a modo de mostrar que mantendría ese valor. Techo (otra vez) perforado.
En tanto, continúan las negociaciones con el Fondo. Este viernes habrá reunión del Directorio Ejecutivo del FMI sobre Argentina para tratar el nuevo préstamo.
La maldita deuda y el organismo vuelven a atravesar los debates nacionales, así como se discute cuál es la salida para evitar la debacle que preparan. El no pago de la deuda está a la orden del día.

La bomba de tiempo de Sturzenegger

El Banco Central enfrenta hoy el vencimiento por U$S 30.000 millones (alrededor de $ 645.000 millones) que significan casi el 50 % del stock total de estas Letras emitidas por la autoridad monetaria, que es mayor a U$S 60.000 millones.
De la totalidad de los vencimientos de Lebacs, entre los bancos y organismos públicos y entes descentralizados, como la Anses, tienen en sus manos el 60 %. El Banco Central viene negociando con los bancos para que renueven las Lebacs con guiños que la tasa será mayor al 40 %.
Además, el BCRA eximió a los bancos comerciales del cumplimiento del efectivo mínimo de los depósitos en pesos durante mayo, para que puedan adquirir más Lebacs en pesos. El Banco Central también limitó la tenencia de los dólares por parte de los bancos.
Por su parte, el 40 % de las Letras que vencen están en manos privadas. Los inversores no residentes tienen en sus manos casi el 5 % de lo que vence.
Alejandro Henke, de Proficio Investment, explicó al diario La Nación que la renovación de Lebacs sería del 70 % del stock.
El especialista afirma que "más de un tercio de lo que caduca mañana está en cartera de los bancos, que como no tienen escape al dólar tienen alto incentivo a reinvertirlas" y agregó que “estima que el vencimiento real puede ser menor aun por las reservas que vendió el BCRA en las últimas semanas, lo que equivale a preesterilizar".
Habrá que ver si efectivamente subiendo las tasas es posible que la autoridad monetaria obtenga un porcentaje elevado de renovación. Si se considera el mejor de los casos, que plantean los especialistas, donde el Banco Central logre renovar $ 500.000 de los $ 645.000 millones que vencen, la incógnita, como advierte Fernández Canedo en Clarín es “adónde irían los $ 100.000 o $ 150.000 que puedan quedar liberados”.
Si se toma el dólar a $ 25, $ 100.000 millones representan U$S 4.000 millones, un monto cercano a lo que ofreció ayer el Banco Central para fijar un techo a la divisa. En caso de no renovarse las Lebacs esos inversores se dirigirán al dólar y presionarán al alza el tipo de cambio.
Las Letras del Banco Central crecieron exponencialmente desde la asunción del macrismo. En diciembre de 2015 el stock de las Lebacs era por $ 316.550 millones. Ahora cada 35 días hay vencimientos de títulos a tasas que no fueron inferiores al 20 %. Así, las Letras que tiene que renovar el BCRA son cada vez mayores.
La tensión de los inversores ronda entre la competencia dólar y tasas. Por este motivo, la autoridad monetaria incentiva la bicicleta financiera para evitar que los pesos se vuelquen al dólar.

Que las Lebacs no tapen el bosque

Mientras las turbulencias persisten en Argentina, los dólares que espera ansioso Macri del FMI siguen en negociaciones.
Este viernes habrá reunión del Directorio Ejecutivo del organismo para tratar el préstamo de Argentina. Gerry Rice, el vocero del organismo, sostuvo que "el personal del FMI continúa el diálogo con las autoridades argentinas con el fin de lograr un programa respaldado por el Fondo. Nuestro objetivo común es llegar a un rápido acuerdo en estas negociaciones”.
Más allá de lo que suceda el “supermartes”, lo importante es qué ocurrirá luego de este día. El Gobierno en el mejor de los escenarios puede sortear la renovación de Lebacs, pero las Letras son una bola de nieve que sólo se patea para más adelante.
El plan del macrismo es continuar el endeudamiento para capear el crítico déficit de cuenta corriente y el fiscal. Pero solicitar fondos al FMI no vendrá sin imposiciones sobre la política. Mayor devaluación sería uno de los “pedidos” del organismo para aliviar el déficit. Pero más devaluación implicará mayor inflación y esto golpea de manera directa sobre el poder adquisitivo. El debate de fondo es si Argentina tiene que seguir endeudándose.

La utopía de seguir el camino del endeudamiento

La historia de Argentina demostró que tomar deuda para pagar más deuda fracasó. El espiral de endeudamiento estalló en 2001, que provocó gran miseria para el pueblo trabajador.
Por su parte, el kirchnerismo se jacta de haber pagado la deuda, “pagadores seriales” como afirmó en reiteradas ocasiones Cristina. Sacar al FMI a “billetazos” no fue una muestra de combatir al capital.
El Gobierno anterior pagó U$S 200.000 millones de deuda pública, recursos que podrían haberse destinado a salud o a educación. La ausencia de dólares a finales de la gestión de Cristina se volvió a sentir y sus intenciones de “volver al mundo” para endeudarse fracasaron por el conflicto con los fondos buitres.
La discusión entre Cambiemos y las variantes patronales peronistas es si la deuda sigue o si buscamos “mejores prestamistas”, pero ninguno cuestiona que hay que dejar de pagar la deuda para terminar con la hipoteca del país y dejar de beneficiar al capital financiero.
Utópico es creer que pagando la deuda, Argentina se liberará de las trabas de sumisión al capital. La salida es la que propone el Frente de Izquierda, no hay que pagar la deuda externa, que es fraudulenta e ilegítima. Esos recursos se tienen que destinar a la salud, educación, vivienda y obras públicas, no para los especuladores.

Mónica Arancibia
@monidi12

El ajuste y las reformas estructurales bajo dos presiones

El dólar cotiza a $24 y nadie sabe cuál es el límite en el corto plazo, con especulaciones que lo llevan a 30, 40, o más pesos por dólar.

Cierto razonamiento señala que luego de la convertibilidad la divisa pasó de $1 a $4, por lo que ahora, los 20 pesos por dólar antes de la corrida podrían ser 80 pesos por dólar, y así equiparar aquel proceso de devaluación.
Los próximos días podrían sorprendernos al respecto, máxime si entre las condicionalidades del FMI se sostuviera un mayor nivel de corrección cambiaria para hacer competitivas las exportaciones locales y modificar el saldo negativo del comercio internacional, proyectado en torno a los 11.000 millones de dólares para el 2018.
Más allá de la cotización de la divisa, el BCRA estuvo vendiendo dólares “baratos”, sostienen en el mercado, para evitar el alza desmedida en la cotización. Ha sido poco eficiente la medida, máxime cuando se verifica una pérdida de reservas de casi 9.000 millones de dólares entre el máximo acumulado el 11 de enero y el 9 de mayo, de 63.906 millones de dólares a 55.196 millones según el sitio en internet del BCRA.
Resulta interesante constatar que a comienzos de enero la Argentina toma deuda externa pública por 9.000 millones de dólares, los que ingresaron al BCRA y sirvieron en este periodo para financiar la especulación cambiaria y elevando, por ende, la necesidad de financiamiento estructural a la que debía servir ese y otros préstamos asumidos por el gobierno en lo que va del año.
Por eso no alcanzan con los 9.000 millones de deuda de enero, que eran parte de unos 30.000 millones de dólares de necesidades de financiamiento externo según afirmó oportunamente el Ministro de Finanzas.

¿Cuántos dólares necesita la Argentina para hacer sustentable la política económica del macrismo?

Los déficit son varios y se anotan más de 10.000 millones de dólares por déficit comercial y otro tanto por saldo negativo de turismo exterior, más cifra similar por remesas de utilidades al exterior.
A ello debe sumarse la dolarización del excedente, lo que se manifiesta como demanda de dólares por inversores de diverso tamaño, estimado en 20.000 millones anuales.
Todo suma por lo menos 50.000 millones de dólares. Al parecer, el mercado mundial vuelve a cerrarse para la Argentina, con base en el temor del impago de los compromisos externos. La solución de última instancia es el FMI, donde la decisión de sostenimiento financiero requiere de una faceta técnica y otra política.
La primera la procesan los funcionarios del FMI, que anticipan fuertes presiones para bajar el déficit fiscal y avanzar en reformas estructurales, básicamente las reaccionarias reformas laborales (a lo Brasil) y previsional (aumento de la edad de jubilaciones y achatamiento mayor de la pirámide de ingresos previsionales).
En el plano de la política pesan los accionistas del FMI, especialmente EEUU que tiene el paquete mayoritario en las decisiones en el Directorio. Desde el Tesoro estadounidense ya dieron el acuerdo y se espera una conversación entre Macri y Trump que el gobierno argentino descuenta favorable. En el mismo sentido se inscriben las conversaciones amigables con Christine Lagarde, Mariano Rajoy y otros jefes de Estado.
Se especula con la economía y también con la política. Resulta impensable para el empresario gobernante con política liberalizadora y profesión de fe por el capitalismo, a cargo de la coordinación del G20, un rechazo de la asistencia financiera del organismo rector de las finanzas globales. Resulta una especulación por afinidad ideológica.
Como el FMI no alcanza, las gestiones se extienden a otros organismos del sistema mundial, con la pretensión de obtener un blindaje que actúe ante eventuales corridas más allá de la actual.
La economía argentina tiene ciertos problemas estructurales que la hacen inviable sin el ingreso de capitales.
De un lado, los inversores productivos presionan ante esa necesidad para reducir el costo de producción y disciplinar el conflicto social, una tradición local derivada de la histórica organización social y popular de la Argentina, en muchos casos evidenciada en legislación laboral y social sustentando derechos.
Por su parte, los prestamistas se entusiasmaron con el arreglo con los buitres y otros mecanismos de liberalización en la circulación de capitales y liberaron recursos a tasa de interés más alta que otras colocaciones en el mundo. Incluso prestaron 2.750 millones de dólares al 7,91% y a 100 años.
Esa voluntad de crédito se frenó con el correr del presente año ante las dificultades de cumplir con los compromisos financieros y muy especialmente ante los límites que el macrismo ofrece para el logro estratégico demandado por reducir el costo laboral y disciplinar al movimiento sindical y social.

Imaginarios en danza y presión de pinza

La presión por la devaluación existe desde los grandes exportadores, pero también existe pensamiento profesional de consultores al respecto y muy probable sea contenida como sugerencia entre las propuestas en negociación con el FMI.
En cierto imaginario intelectual, la devaluación supone comienzo de la recuperación económica, algo verificado recientemente entre 2002 y 2007, e incluso sostenido en el tiempo. Devaluaciones importantes ocurrieron en enero del 2014 y al comienzo del gobierno Macri a fines del 2015.
Aun así, el otro supuesto importante que fue condición de posibilidad del crecimiento desde 2002 fue la suspensión de los pagos de la deuda entre fines del 2001 y hasta la renegociación del 2005, del 2010 y el acuerdo con los buitres en el 2016.
Más de uno piensa en ambas medidas en la coyuntura: suspensión transitoria de pagos y mega devaluación. Todo para lograr competitividad del capitalismo local y reanimación económica sin modificar el modelo productivo y de desarrollo, lo que llevaría en un tiempo corto a nuevos problemas de sustentabilidad.
Claro que la suspensión de pagos es imposible de pensar bajo el macrismo y la hegemonía parlamentaria actual, mientras que la devaluación exacerbada es siempre un escenario posible para la hegemonía económica y política en la Argentina contemporánea.
Lo real es una doble presión ejercida para el ajuste y las reformas estructurales. De un lado el gobierno, aun cuando viste su discurso de gradualismo. Por otro lado, los empresarios más concentrados, especialmente aquellos con disposición a invertir en infraestructura, energía, comunicaciones, la industria automotriz y otros sectores estratégicos definidos desde el gobierno y el capital transnacional.
El FMI cristalizaría esa presión avalando una profundización del ajuste y las reaccionarias reformas estructurales. Desde el poder mundial se presiona con el organismo internacional intentando superar la aversión social de la población por los históricos resultados regresivos de la intervención del FMI en la Argentina y otras partes del mundo.
La gran incógnita es la respuesta popular, no ya por los anuncios o sugerencias anticipadas, sino a partir de la aplicación de las medidas luego del acuerdo del gobierno Macri con el FMI.
Una cosa fue hablar del aumento de tarifas y otra muy distinta cuando empezaron a llegar las facturas de los servicios públicos. La reforma previsional solo pudo discontinuar la fórmula de actualización de ingresos y ante la protesta social se contuvo en continuar con otros objetivos más profundos y reaccionarios, tanto como postergar la mentada reforma laboral.
El efecto inmediato resulta en encarecimiento de la vida cotidiana, lo que genera mal humor social, que puede escalar en protesta, organización y movilización por un cambio, no en el sentido pensado por el marketing gubernamental. Ello juega, claro está en la perspectiva de renovación política del 2019 y en las posibilidades de pensar en construcción política de contenido alterativo.

Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, Argentina.

Ellos o nosotros

Siempre se supo que Macri gobernaba para los ricos y que su modelo económico desembocaría en una gran crisis. La primera afirmación quedó corroborada por la redistribución regresiva del ingreso perpetrada en los últimos dos años. La segunda comenzó a verificarse con la corrida cambiaria de la última semana.
Está temblando un modelo neoliberal asentado en enormes desequilibrios externos y fiscales solventados en el endeudamiento externo. Todos imaginaban que la financiación iba a durar hasta el 2019, pero el fin de la película se adelantó en forma imprevista.
Wall Street anunció en marzo que no aceptaría más bonos. El gobierno maquilló esa negativa con un engañoso anuncio de mayor financiación local, pero los capitales golondrinas captaron de inmediato el significado de la sequía. Emitieron la orden de retirada y comenzó la incontenible trepada del dólar.
La financiación se ha cortado por la desconfianza de los acreedores. Intuyen la futura insolvencia del deudor argentino. Por eso las calificadoras bajaron el pulgar, el riesgo país aumenta y la prensa especializada describe escenarios dramáticos.

UNA CONSECUENCIA DEL MODELO

La fragilidad del sector externo es el punto más crítico del esquema actual. Los bancos retiraron los créditos, al notar la ausencia futura de los dólares requeridos para sostener el endeudamiento. Observan la magnitud el déficit externo, que el año pasado superó los 30.000 millones de dólares (5% del PBI).
El bache central se localiza en la esfera comercial. El desbalance de 8000 millones del 2017 marcó un récord histórico. Ha sido generado por las fantasías librecambistas del oficialismo, que abrió el mercado a todo tipo de importaciones.
Mientras que en el mundo impera una dura negociación de aranceles, Argentina se ha transformado en un depósito de cualquier excedente. Para colmo, las exportaciones se frenaron, como resultado de la apreciación cambiaria que genera el ingreso de capitales especulativos.
El desbalance en el plano financiero es igualmente dramático. La salida de divisas acompaña a Macri, desde el mismo día que imaginó la incumplida la lluvia de dólares. La remisión de utilidades ha sido tan sostenida como la fuga de capital. Ese drenaje es congruente con la eliminación de todas las regulaciones a la actividad financiera. Los controles en el circuito bancario fueron desarmados, con la misma velocidad que se anuló la obligación de liquidar los dólares de la exportación .
En la misma desprotección se asienta la bicicleta financiera de los fondos que lucran con la altísima rentabilidad de los bonos argentinos. Las delirantes tasas de interés que aseguran ese negocio, destruyen cualquier posibilidad de inversión productiva. El malgasto de las divisas ha incluido también el despilfarro en el turismo. Esa hemorragia fue incluso celebrada por varios ministros como un maravilloso ejemplo del “retorno al mundo”.
El agujero fiscal es también impresionante. Bordea el típico porcentual del PBI (6-7%), que tradicionalmente precipitó los grandes terremotos de la economía. El gobierno resalta la envergadura de ese déficit y lo presenta como un mal ajeno que debe administrar. Con gestos de compasión, afirma que debió mantenerlo para financiar el gradualismo y evitar mayores sacrificios de la población. Pero oculta que todos los desequilibrios derivan del modelo en curso y no del ritmo de su implementación. Si hubiera apretado el acelerador del mismo combo neoliberal, el desastre sería infinitamente superior.
Cuando los funcionarios despotrican contra la costumbre de “gastar más de lo que ingresa”, ubican todas las desgracias en el primer componente. Olvidan que la recaudación quedó seriamente afectada por la reducción de los impuestos a los exportadores. Tampoco señalan que el blanqueo no revirtió la evasión. Argentina figura en el quinto puesto mundial de ese flagelo y la moda oficial de proteger patrimonios en empresas “off shore”, ilustra quiénes son promotores de la estafa al fisco.
El oficialismo también olvida registrar cómo el pago de intereses deteriora las cuentas públicas. Sólo en el primer trimestre del año esas erogaciones aumentaron 107% en comparación al 2017.
El modelo neoliberal genera descalabros que el gobierno no puede encarrilar. El desastre en curso no fue desencadenado por la nueva alícuota del impuesto a las ganancias sobre los títulos, sino por la aterrorizada reacción del Banco Central. En pocos días incineró varios manuales de política monetaria. Recurrió a todos los instrumentos conocidos para frenar una corrida y no acertó con ninguno. Incluso apeló infructuosamente al judicializado mercado del dólar futuro.
La crisis internacional no ha sido hasta ahora determinante del temblor argentino. Persiste la liquidez financiera global y n o se observa una repetición del “efecto tequila” sobre las economías latinoamericanas. Ciertamente el incremento de las tasas de interés de Estados Unidos altera todas las inversiones en el mundo. Pero ese reacomodamiento tiene por el momento efectos acotados.
Si Argentina padece ese resfrío como una grave neumonía es por el pánico que suscita su alocado endeudamiento. El país encabezó en los últimos dos años el tablero mundial de colocación de títulos y es penalizado por ese descontrol. Pero el grueso de la población no es responsable de ese desmanejo. El culpable es Macri y los CEOs de su gabinete, que engrosaron los caudales de la clase capitalista. Para ocultar ese delito los comunicadores del oficialismo achacan a todos los “argentinos”, un desfalco consumado por esa minoría de privilegiados.

RETORNO AL MISMO FONDO

Las cifras de mayo retratan la gravedad de la crisis: devaluación del 20%, tasas de interés del 40%, pérdidas de 8.000 millones de dólares de las reservas. El temor por un dramático desenlace se acrecienta, con algunos síntomas de traslado de esa tensión a los bancos.
El gobierno se burla de la población emitiendo mensajes de tranquilidad. Pretende crear la ilusión de una simple corrección de la flotación cambiaria, sin consecuencia alguna. Todavía repite que el nivel de endeudamiento es “bajo en comparación al PBI”, como si esos genéricos porcentuales (y no la capacidad efectiva de pago del deudor) determinaran la actitud de los acreedores.
Mientras el discurso oficial minimiza la crisis, los financistas del exterior no cuidan las formas, en sus convocatorias “a escapar de la Argentina” (Forbes). La tranquilidad del gobierno es una burda estrategia, para evitar el despertar colectivo frente a la grave situación.
La decisión de volver al FMI confirma el dramatismo de la coyuntura. Es una medida desesperada que sorprendió a los propios popes del Fondo. Ilustra el pánico de un gobierno que busca blindajes a cualquier precio para frenar la corrida. La decisión fue tan imprevista, que anunciaron el retorno sin programa, ni cambio de ministro.
Los funcionarios peregrinan por Washington desconociendo las condiciones de los préstamos que mendigan. En el contexto de bajas tasas internacionales y cierta recuperación de la crisis del 2008, muy pocos países recurren al FMI. Los que eligen esa salida no tienen otro refugio.
Es totalmente ridículo imaginar la existencia de “otro FMI”. Esa institución es manejada por los mismos expertos en demoler conquistas populares. Los países atados a su tiranía atraviesan por el peor de los mundos. Es el caso de Grecia que no pudo desembarazarse de la auditoría del Fondo.
Los helenos ya padecieron cuarto rescates de sus bancos y tres agudas recesiones que retrotrajeron un 25% la renta nacional. La tasa de desempleo bordea ese mismo porcentaje, la deuda pública ha trepado al 180% de PBI y las pensiones sufrieron 14 recortes.
Argentina afronta las mismas perspectivas. El FMI será durísimo con el país. De las tres variantes crediticias que tiene disponibles sólo ofreció la versión más intragable. Descartó la línea flexible (que recibieron Colombia y México) y la modalidad de precaución (utilizada por Macedonia y Marruecos). A la Argentina sólo le otorgarán el conocido stand by por un monto aún desconocido.
Los 30.000 millones dólares que pide el gobierno superan todo lo asignado a los 13 países con planes de estabilización. La suma final llegará igualmente a cuenta gotas, para evitar su rápida conversión en divisas fugadas al exterior.
Cada porción utilizada de ese crédito será rigurosamente auditada por los enviados del Fondo. Esa revisión simboliza el brutal retorno a los años 90. Los expertos del FMI volverán a desembarcar trimestralmente para constatar su insatisfacción y exigir mayores ajustes.
No hay ningún misterio en los reclamos inmediatos de esa delegación. En diciembre pasado elaboraron un detallado ultimátum de reducción del gasto social, con mayor flexibilidad laboral, reforma previsional y despidos de empleados públicos. La paulatina privatización del ANSES y el drástico recorte de los presupuestos provinciales figuran al tope de esa agenda. En las conversaciones actuales habrían añadido un nuevo blanqueo y sobre todo una mega-devaluación con recesión que permita efectivizar la mejora real del tipo de cambio.
El ritmo y la aplicación de ese paquete dependerán de la intensidad de la crisis, que será testeada el próximo martes. Ese día el Banco Central afronta un enorme vencimiento de títulos (LEBACS). El volumen total de esos bonos equivale al monto de las reservas y al total del circulante. Si una parte de sus tenedores resuelve liquidarlos para refugiarse en el dólar, la corrida puede alcanzar otro pico de tensión.
Si por el contrario esa emergencia queda superada con la aterradora tentación de cobrar un 40% de interés, las mismas disyuntivas reaparecerán en los próximos meses. Como la cotización de todos los bonos argentinos se encuentra en franca picada, ya es evidente la gran desvalorización de activos que sufrirán las instituciones oficiales (empezando por el ANSES), que atesoran esos títulos.
En cualquier escenario el pacto firmado con el diablo del FMI empuja a la economía argentina al precipicio. Ya se avizora el círculo vicioso de ajustes que contraen la actividad productiva, deterioran la recaudación, potencian el déficit fiscal y desembocan en nuevos ajustes. El espejo de Grecia está a la vista, con eventuales elementos de estanflación.
Los anticipos de ese cuadro despuntan en el nuevo piso de inflación anual del 30%. Si la tasa de interés no baja rápidamente la recesión será inevitable. El gobierno cortó 30.000 millones de pesos de la obra pública, pero el FMI exigirá una paralización total. En los próximos meses nadie recordará la ficción estadística de menor pobreza que difundió el gobierno. Basta observar la pavorosa expansión de la mendicidad en las calles, para observar cuál es el panorama social que afronta el país.

REACCIONAR A TIEMPO

El manejo de la bomba que ha plantado el gobierno dependerá de la memoria y capacidad de reacción popular. El rechazo total al acuerdo con el FMI fue anticipado por las encuestas previas a la negociación. Entre el 75% de los consultados que rechaza el convenio figura la gran mayoría de los votantes del Cambiemos.
El retorno al FMI tiene un significado emotivo enorme. Recrea todo lo sucedido en el 2001. Por eso ya se difunden tantas analogías con el blindaje De la Rúa. Es imprescindible trasformar ese bagaje en rechazo activo, movilización y propuestas alternativas.
El punto de partida es ganar la calle para generar una drástica reversión del curso actual. El clima de tácita aceptación de las desregulaciones -que propagan los grandes medios de comunicación- desguarnece a la economía. Para evitar el agravamiento de la crisis hay que reintroducir todas las regulaciones eliminadas por oficialismo. Son medidas básicas frente a la emergencia.
El control de cambios es tan urgente como la prohibición al libre ingreso y salida de los capitales. Los depósitos de los pequeños ahorristas deben ser protegidos, mientras los grandes bancos y tenedores cargan con las pérdidas de los bonos desvalorizados. Hay que erradicar todos los mitos sobre la adversidad de un “cepo cambiario”. Los dólares no son un bien privado de libre disponibilidad. Sin controles a su atesoramiento y circulación no hay forma de lidiar con las corridas.
En lugar de volver al FMI corresponde investigar la deuda contraída en los últimos años y enjuiciar a los responsables de esa aventura. Caputo, Dujovne y Sturzzeneger deberían estar desfilando por los Tribunales. Mientras se revisa el estado real de las cuentas públicas hay que frenar la hemorragia de divisas que impone el pago de los intereses. La crisis actual empezó con el sometimiento a los fondos buitres y no puede resolverse sin ajustar cuentas con los depredadores del tesoro nacional. El manejo estatal del sistema financiero es una condición para emerger de la delicada situación actual.
Sólo por ese rumbo el costo de la crisis recaerá sobre sus causantes y no sobre la mayoría popular. Ese camino requiere una frontal batalla de ideas con todos los economistas de la derecha que han copado la televisión. Ensalzan el acuerdo con el FMI como una nueva justificación del mega-ajuste y lo presentarán como una necesidad para “cumplir con el mundo”. El mismo atropello que el oficialismo preparaba para después del 2019 será expuesto como un acto de responsabilidad hacia los acreedores.
Pero la factibilidad de esa maniobra se ha reducido drásticamente. El escenario político ha cambiado y las elecciones han quedado situadas muy lejos de la urgencia actual. Macri intentará golpear con el garrote y la zanahoria. Prepara el veto a la ley de restricción al tarifazo y buscará copiar el modelo brasileño de gobierno para-institucional.
Pero es consciente de su debilidad y recurrirá a los gobernadores y al PJ para lograr el mismo aval hacia el FMI, que obtuvieron para concertar el acuerdo con los fondos buitres. Sus socios ya le tendieron una mano en el Congreso al negarse a repudiar el retorno al FMI, aprobando una ley de liberalización del mercado de capitales en plena tormenta financiera.
La intensidad de la movilización definirá quién gana la partida. En pleno desconcierto popular frente al temblor financiero, esa reacción es por ahora limitada. Está pendiente la reaparición de gran fuerza lograda en calles durante diciembre. Esa potencia de la lucha podría recuperarse en las batallas contra el tarifazo y el techo a las paritarias. Pero el rechazo al FMI ocupa ahora el primer lugar de cualquier demanda.
Es urgente frenar la mayor agresión contra las conquistas populares de los últimos años. El tan anunciado mega-ajuste finalmente se avecina. Frente a la artillería que prepara el gobierno, el FMI y los capitalistas hay que erigir las defensas populares a toda velocidad. Como ya ocurrió en el pasado nuevamente son ellos o nosotros.

Claudio Katz. Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

"Hay que impugnar este proceso de deuda" // Marcelo Ramal en A24

Esteban Mercatante en C5N: #Dolar -"Llegan demasiado tarde"-

Educación Sexual para decidir, fuera la Iglesia de los planes de estudios

Presentamos en la Legislatura un proyecto de ley para garantizar Educación Sexual Integral en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

Desde la banca del FIT en la Legislatura de la Provincia, que ejerce Guillermo Kane, presentamos un proyecto modificando la Ley 14.744, de Educación Sexual Integral.
Nuestro proyecto le otorga el protagonismo en la aplicación de la ley a los centros de estudiantes, a los sindicatos docentes y a las organizaciones del movimiento de mujeres y de minorías sexuales. Son quienes deben jugar un papel central en la elaboración de contenidos y en la forma que debe asumir su dictado de la materia, asegurando el debate colectivo y democrático. Para ese fin, consideramos la creación de una comisión compuesta por dichos actores y la DGCyE, que se constituya como Autoridad de Aplicación y la instauración de dos horas-cátedra semanales destinadas específicamente al dictado de educación sexual, que garanticen el trabajo de contenidos y la reflexión crítica sobre estos temas.
Según encuestas, actualmente sólo 2 de cada 10 estudiantes de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires afirman haber recibido contenidos vinculados a la educación sexual. Estudios revelan además que quienes sí recibieron, lo hicieron un promedio de dos horas al año. Esto, a 12 años de la sanción de la ley nacional de ESI y 3 años de la ley provincial. A su vez, en las pocas instituciones donde se dicta se aborda la temática desde una perspectiva biologicista.
Las consecuencias de esto están a la vista. En la Provincia de Buenos Aires se hallan los índices de embarazo adolescente más altos del país, con un 11,3% según las últimas cifras oficiales publicadas por el ministerio de Salud en 2016. Otro dato preocupante es el descenso de la edad de las niñas que atraviesan embarazos no deseados a la franja de entre 10 y 14 años. Según los números vertidos por el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, 7 de cada 10 adolescentes de 15 a 19 años que tiene un hijo reporta que ese embarazo no fue buscado, y a su vez un 30% de las adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad.

Lucha contra el clero

La razón de fondo de esta situación es que el dictado de educación sexual integral, científica, laica, con perspectiva de género, respetuosa de la diversidad y libre de prejuicios, es incompatible no solo con la jerarquía jurídica y política con la que cuenta la Iglesia Católica, sino con la naturaleza de clase del Estado, resorte último y principal para preservar un orden social basado en la explotación, la opresión, la violencia y la discriminación.
Un brutal ejemplo de los obstáculos puestos a que se avance en el dictado de educación sexual es el reciente mensaje del Arzobispo de La Plata, el repugnante monseñor Aguer, dirigido “a los representantes legales y directivos de todos los colegios católicos de la Arquidiócesis” pidiendo que “todos los jóvenes sean instruidos sobre el tema con claridad” para “evitar la confusión” sobre lo que la Iglesia concibe como un “crimen abominable”. De paso, insta a las escuelas confesionales a “que inviten a las familias a participar de la Marcha por la Vida” del próximo 20 de mayo. En la movilización pro aborto clandestino del pasado 25 de marzo, el Arzobispado de La Plata puso más de $150.000 (que saca de los subsidios que recibe del Estado) para ofrecer micros a quienes quisieran asistir. En esa marcha también estuvo el ministro de Gobierno de Vidal, Joaquín De La Torre, agente del Opus Dei y quien promoviera junto al ahora Procurador General de la Provincia, Conte Grand, el veto al protocolo para la implementación del aborto no punible.
Si el reclamo por la implementación de la ESI se topa con esta resistencia, una educación sexual integral –es decir crítica de este orden social y las relaciones sociales que le dan sustento- nunca podrá venir de la mano de éste Estado, sino que deben tener centralidad en ella los animadores principales de la enorme lucha que conmueve a la Argentina por los derechos de las mujeres y la disidencia sexual, en particular por el derecho aborto legal, seguro y gratuito.

Movilización

En los últimos años, el movimiento estudiantil secundario viene reclamando con insistencia la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en la Provincia. Dicho reclamo motivó la organización de comisiones estudiantiles de género en las escuelas y abrió procesos de deliberación en muchos ámbitos educativos. Allí, se discute por ejemplo acerca de carácter represivo y misógino de los códigos de convivencia y vestimenta, dando lugar a “pollerazos” y “besazos” en rechazo. Ante las prácticas escolares binarias, que llevan a la invisibilidad de la heterodisidencia, la homosexualidad, las infancias y adolescencias trans, y problemáticas como el aborto y el embarazo adolescente, los y las estudiantes denuncian la falta una educación sexual que abarque todas estas cuestiones de manera crítica, científica y con perspectiva de género. Este debate está presente también en las deliberaciones estudiantiles en institutos y facultades, e incluye a la docencia de los distintos niveles.
Este proyecto es un aporte a la lucha que encabezan el movimiento estudiantil y el movimiento de mujeres. La UJS y el Plenario de Trabajadoras se lanzan a una campaña en toda la Provincia, para llegar a los colegios, facultades e institutos con este planteo, en busca de pronunciamientos y acciones para conquistar la aprobación de esta modificación a la Ley 14.744. Será también un impulso a la pelea que recorre todo el país para arrancarle a este régimen el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Ivan Hirsch

La Argentina de Macri tocó fondo

¿Y ahora qué?

La corrida cambiaria siguió imparable en Argentina, con un aumento de la cotización del dólar de siete por ciento en la semana -27% en lo que va del año y 51% desde mayo de 2017-, y el Banco Central sacrificó otros 1102 millones de dólares de las reservas internacionales para morigerar el salto.
En un clima generalizado de tensión y angustia de la población, el presidente Mauricio Macri se reunió con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recién llegado de Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), de las que no se informó ni al Congreso ni a la población.
Luego se reunió con empresarios, y tras ese cónclave el ministro de Producción, Francisco Cabrera, ofreció una conferencia de prensa, en la cual aseguró que el tema del alza del dólar frente al peso argentino no se trató, porque “para nosotros no es un problema“.
Nadie informó nada desde un gobierno que aun mantiene en el secretismo las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre Mersocur y la Unión Europe , pero trascendió que el FMI se inclinaría por una flotación cambiara sin injerencia oficial, en momentos en que el país registra un déficit récord de cuenta corriente.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo –otro de los funcionarios denunciados por mantener cuentas offshore–, dijo que el acuerdo con el FMI permitirá asegurar los créditos hipotecarios y los planes sociales, lo que provocó una indignada reacción entre analistas y en las redes digitales, donde lo tildaron de mentiroso serial como el presidente y su gabinete, recordándole todas las crisis y tragedias del país bajo el control del FMI.
Las críticas por la falta de información oficial no sólo fueron de la oposición. La diputada Elisa Carrió, dirigente de la Coalición Cívica, integrante de la alianza gobernante Cambiemos, reprobó a los productores del campo, a quienes Macri suspendió el pago de impuestos sobre la exportación de soya y otros cultivos y les permitió colocar sus dólares donde quisieran, por lo que han retenido los pagos de exportaciones, especulando con el aumento del dólar y creando un fuerte déficit, al igual que las mineras trasnacionales.
Como si fuera poco, el drama viene vestido con el pedido de “ayuda” al FMI, esa nefasta entidad identificada con lo peor del actual mundo capitalista. Con lo cual por fin tendremos “una división de poderes”, ésta es más real que la que hoy conocemos y será entre el FMI que dará las órdenes y el gobierno que deberá cumplirlas, señala el analista Juan Guahán..
De la mano de las “condicionalidades” que acompañarán al stand by del FMI se crearán las circunstancias para que, en un futuro más o menos inmediato, florezca el fenómeno de la estanflación. La inflación con estancamiento parece ser una consecuencia irremediable de lo que ahora están discutiendo con el FMI.

Banco Central insolvente

Pero la atención del mercado esta puesta principalmente en el martes próximo cuando el BCR A monetaria debe convencer a inversores con 674 mil millones de pesos en Letras del Banco Central (Lebac) - unos 30 mil millones de dólares-, de renovar esta deuda y no ir a comprar dólares, en medio de expectativas de devaluación en alza cuando las reservas cerraron en 54.419 millones de dólares, con un caída –sólo el viernes- de 1903 millones y de casi 10.000 millones en lo que va del año.
Las reservas del Banco Central se dieron en garantía a la tenencia de Lebac. Ya el 12 de diciembre de 2017, la deuda por esas letras alcanzaba cifras muy superiores a las reservas. En 2018, si tomamos un dólar a 23, la deuda llegaría a 78 mil millones de dólares, es decir, superaría por lejos el monto de las reservas existentes, analizó Óscar Natalich, del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales.
Natalich sostiene que bajo esos datos, los inversores en Lebac, -bancos, fondos buitres y empresas monopólicas-, no podrían recuperar la inversión, pues ese importe supera en 20 mil millones de dólares a las reservas existentes. O sea, no podrían transferir a sus cuevas ese monto, salvo que aparezca alguien que se lo preste al Estado. Ese alguien es el FMI, pues es un organismo que responde en gran parte al gran capital financiero.
Según el JP Morgan hay temores que, por ese motivo, haya “desórdenes en el peso”. Las tasas de interés que se pacten en las renovaciones dará una idea del futuro.

Lo que vendrá

Hasta hace algunas semanas, el sistema mediático y político parecía atravesado por una “grieta” que partía en dos a la sociedad: los que estaban seguros que todo iba bien o se podía enderezar porque el país estaba gobernado por gente capaz, reconocida por los grandes dirigentes mundiales, y los que desde hace dos años están seguros que “todo está mal” y lo que todavía no lo está, ya lo va a estar.
Hoy, quienes pensaban lo primero solo tienen una certeza: en el gobierno no saben dónde están parados. Ven que el “equipo de primera” del gobierno resultó ser un rejunte de muchachos caprichosos, engreídos y asustadizos, que buscan el apoyo cómplice del hermano mayor que está al costado de la cancha. Entre otras “burradas” se abre al mundo en momentos que la principal economía, la estadounidense. promueve un creciente proteccionismo.
Los otros, los que estaban más cerca de lo cierto con aquello del “todo está mal”, tienen otra preocupación. ¿Qué va a pasar? Porque el gobierno puede perder las elecciones e incluso irse antes de tiempo, por su cuota de responsabilidad por lo que está ocurriendo.
Lo que no saben es cómo afrontar lo que se viene si de nuevo les toca gobernar. Sobre todo ahora que los propagandistas del sistema dominante nos han convencido que las “inversiones extranjeras” son nuestra salvación. Por eso cuando la economía norteamericana absorbe recursos, a nosotros se nos complica la existencia.
Ese es uno de los dramas de este país, con una economía donde los bienes comunes o recursos naturales son la clave de su integración al mundo. Quienes gobiernan en tiempos de crisis, generalmente de precios internacionales bajos, ahondan el drama de la dependencia y el endeudamiento. En los tiempos de “vacas gordas”, cuando suben los precios de los commodities y con gobiernos medio progresistas, distribuyen esas riquezas.
Cuando vuelven a bajar esos precios internacionales reaparece la crisis y empieza de nuevo el mismo círculo vicioso, ya que unos y otros no logran desplegar alternativas distintas a este modelo agroexportador que impusiera la generación del 80´ y hasta hoy rige el sistema económico.
Nuestra cultura clase mediera –alcahueta del poder oligárquico, que mira hacia arriba y afuera, en lugar de hacerlo hacia adentro y abajo-, queriendo imitar a los poderosos, hace que nos creamos más de lo que somos y nos impulsa a consumir más de lo que producimos y el endeudamiento es cada día mayor. Claro, lo hace a expensas de los sectores más humildes y para beneficio de los de arriba. Por eso la pobreza estructural crece y 35 años de esta democracia exponen el doble de la pobreza que nos dejó la genocida dictadura militar en 1983, señala Guahán.
La potencialidad de la crisis de 2018 encuentra puntos de contacto con la de 2001, cuando el pueblo exigió “que se vayan todos” y el presidente Fernando de la Rúa fue evacuado en helicóptero. Este gobierno va como una locomotora rumbo a un paredón, como volvió a evidenciarse en otra jornada de zozobra para los argentinos, que miran absortos cómo el desgobierno de Cambiemos permite que le metan la mano en el bolsillo con total impunidad, dice Página 12.
La corrida de urgencia del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne al Fondo Monetario Internacional fue un intento desesperado por evitar un estallido. Un ajuste del gasto público de 300 mil millones de pesos en 18 meses, el aumento de la edad jubilatoria, el despido de miles de empleados públicos de la Nación y las provincias, la paralización de obras de infraestructura, el salto de la inflación a niveles del 30% como piso, llevaron al Fondo.
Súmele una suba de la desocupación que hoy alcanza los dos dígitos, el barrido de derechos básicos de los trabajadores, la desaparición de miles de pymes, la caída acelerada del poder adquisitivo del salario, el achicamiento de las jubilaciones y las asignaciones de la seguridad social, el fuerte incremento de las tasas de pobreza e indigencia.
Un nuevo documento del FMI publicado el viernes 11, ofrece un anticipo de un cuarteto de condicionalidades asociadas al préstamo stand-by que busca Argentina: reducción del déficit fiscal, mayor apertura comercial, liberalización financiera y profundización de las reformas estructurales. El informe advierte además sobre las consecuencias que podría tener una victoria de Lula da Silva, o el PT y sus aliados, en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil. “El aumento del populismo supone riesgos para la ejecución de reformas muy necesarias en muchos países de la región”, sostiene el documento.
Pero los burócratas del FMI tampoco se jugaron por el gobierno de Macri (“el informe fue cerrado a principio de marzo y no refleja los últimos acontecimientos en Argentina”) y de hecho, advierte la “vulnerabilidad de los países que dependen del financiamiento externo cuantioso, como Argentina, a los cambios en la actitud de los inversores extranjeros”. Claro, olvida el total respaldo ofrecido por el FMI al modelo económico y las reformas del gobierno de Macri desde 2015: el proceso de liberalización cambiaria y financiera que catapultó la vulnerabilidad externa del país.
Es bueno tener presente que Macri ya fue, más allá del día exacto que deje su gobierno. Ya es tiempo de que los argentinos se pregunten y preocupen por su futuro. ¿Y ahora? Ese seguirá siendo el tema del futuro.

Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo uruguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

La marchita de la burocracia cegetista

Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros de la CGT, y la burocracia de varios sindicatos protagonizaron esta mañana una marchita intrascendente por el centro porteño “contra el tarifazo” y para mostrar “el repudio a pedir un salvataje al Fondo Monetario Internacional” (sic). Ningún trabajador fue convocado a marchar. La “marchita” burocrática estuvo encabezada por un grupo de actores caracterizados, para darle “color” al desabrido evento.
Se trató de esconder su colaboración con la política de ajuste del gobierno. Mientras tanto, a la misma hora, los jefes de los bloques del pejota se reunían con Macri para transmitirle su “apoyo” en las tratativas con el Fondo y negociar con el gobierno la postergación por tiempo indeterminado de la ley contra el tarifazo, que Diputados dio media sanción la semana pasada.
La burocracia, repudiada por sectores cada vez más amplios de trabajadores, no puede ofrecer más que una versión farsesca de movilización. En el cuadro de crisis actual, deberíamos estar preparando un gran paro activo nacional con abandono de los lugares de trabajo para movilizarnos a Plaza de Mayo. Es evidente que el ajuste y la entrega al FMI solamente se podrá frenar con millones de trabajadores en la calle.
La parálisis de la burocracia tuvo su traducción en el acto de cierre cuando, a pesar de la escasa concurrencia, un grupo de participantes comenzó a reclamar una medida de fuerza. Ante esto, Schmid sacó de la galera el planteo de que “la CGT debe convocar un paro” en “rechazo al acuerdo con el FMI, al cuadro tarifario”, para inmediatamente enviarlo al limbo, porque antes “hay que organizarlo y ganarnos a la ciudadanía”.
Schmid planteó, además, que el mismo debería servir para que no se discuta “absolutamente nada sobre los convenios y legislación laboral”. Esto cuando son los propios burócratas los que negociaron la reforma laboral con el gobierno y que ahora mismo están cerrando modificaciones en los convenios que liquidan conquistas históricas de los trabajadores.
Pero, además, el triunviro “olvidó” entre las reivindicaciones de una eventual medida el reclamo de la reapertura de las paritarias que, en una enorme cantidad de casos, han sido suscriptas por las burocracias de todos los pelajes (tanto de la CGT como de las CTA), aceptando el tope oficial del 15 por ciento.
La burocracia logró la proeza de hacer un acto 'simbólico' sobre las consecuencias del tarifazo sin mencionar los topes salariales del 15% que ha firmado con el gobierno y que son una de las grandes razones por las cuales los trabajadores padecen el ajuste económico.
La CGT ha demostrado que no va a organizar esta lucha ni ninguna otra.
Los trabajadores debemos organizarnos con asambleas en todos los sindicatos para impulsar una salida de la crisis en defensa de nuestros intereses, que son los que pueden evitar una nueva quiebra nacional. En esa campaña está empeñado el Partido Obrero-Frente de Izquierda.

Juan Manuel Cicala

Río Turbio: 100 días de ocupación y una nueva etapa del conflicto

La huelga de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) sigue firme, desde la mina hasta el puerto de Loyola.

La empresa ha presentado un ilegal “preventivo de crisis” y el Ministerio de Trabajo de Jorge Triaca le ha hecho lugar, para viabilizar la anulación de los convenios –algo que es rechazado por los trabajadores.
En este marco, la intervención macrista a cargo de YCRT informó la reincorporación de unos 160 despedidos -que son los que siguen resistiendo desde que comenzó el conflicto- y ha intentado retomar las actividades. Pero se encontró con una fuerte reacción de las asambleas, que exigieron notificaciones formales de las reincorporaciones y ratificaron el rechazo al encuadre legal del preventivo de crisis.
El lunes 14 los mineros marcharon a la administración, luego de que el Ministerio de Trabajo notificase a la Intersindical de su resolución y citase a una audiencia el jueves 17; se ha abierto una tensa negociación alrededor de la forma legal que adquirirían las reincorporaciones.

Reincorporación sin condicionamientos

Después de tres meses y medio de lucha -las instalaciones de YCRT están ocupadas desde el 24 de enero- la reincorporación de 160 compañeros es un gran logro, siempre y cuando no se acepte el encuadre ilegal del preventivo de crisis. La Intervención ya ha logrado reducir el personal en una cifra indeterminada de entre 600 y 900 trabajadores por medio de los “retiros voluntarios” y ahora va por el convenio laboral, en una reforma laboral salvaje.
Se entra así en un terreno de maniobras, negociaciones y pelea legal, donde la Intervención pretende normalizar la actividad de la empresa, mientras los obreros exigen la reincorporación sin condicionamientos.
Las próximas horas serán muy importantes, en una lucha que el gobierno no ha podido quebrar y donde el activismo está a un paso de recuperar sus puestos de trabajo.
Viva la huelga minera. Reincorporación ya. Plena vigencia de los convenios.

Miguel Del Plá

Tres razones urgentes para exigir el llamado a un paro general

El Gobierno negocia con el FMI un crédito que implica mayores padecimientos para la población. La corrida del dólar continúa. Cambiemos, en acuerdo con empresarios, confirma que no habrá control de precios e insiste en el techo paritario. Las centrales sindicales tienen que llamar a un paro nacional.

El cinismo del gobierno nacional no tiene límites. Desfilan sus ministros por las cámaras de televisión, con cara de póker, diciendo que el acuerdo con el FMI no implicará ningún problema, que es “preventivo”. El ministro de Hacienda viaja a New York (sede del Fondo) para que apuren la primera partida del crédito stand by, la línea crediticia más dura de ese organismo imperialista que practica la usura a escala mundial.
Esto en medio de que la corrida contra el peso -la única moneda de la que disponen la mayoría del pueblo trabajador– no se detiene, devaluación mediante.
En ese marco, el gobierno se reúne con los principales empresarios del país y anuncia que no hará ningún control sobre los precios. Eso equivale a decirles "siéntanse en libertad de aumentarlos".
Mientras insiste con paritarias al 15%, que están firmando la mayoría de los gremios cuando todas las consultoras, hasta ahora, pronostican una inflación anual de entre un 23 y un 25%.
Hay que sumar a esto los tarifazos y tenemos el plan de guerra del gobierno contra los trabajadores. Macri ya aclaró que incluso vetará la ley aprobada hace pocos días en Diputados, si el Senado le da la media sanción que falta. Se trata de una norma bastante moderada que limita los tarifazos pero no cuestiona el esquema de las privatizadas.

A dónde está que no se ve esa famosa CGT

La única aparición de la central obrera, frente a esta situación, fue una declaración firmada por el tridente dirigente (que venía debilitados por sus internas). Frente a un diagnóstico acertado de lo que implica el acuerdo con el FMI, la inflación y el largo etc., para la clase trabajadora, la salida que propusieron fue...pedir la convocatoria a “un verdadero diálogo social”
Como ya se señaló, las condiciones que impondrá el FMI para otorgar el crédito serán durísimas. Allí podrá incluirse el recorte de gasto público, la reforma laboral y nuevos ataques contra los jubilados.
Además, solo en la última semana y por la subida del dólar, la devaluación del peso fue de un 7%. A esta altura las paritarias firmadas al 15 % son burla descarada. Solamente se puede enfrentar estas medidas con el llamado a un gran paro nacional y un verdadero plan de lucha que ponga en movimiento, de conjunto, la fuerza de la clase trabajadora.
Es urgente que la CGT llame a un paro general, donde se pueda expresar esa bronca que hoy recorre los lugares de trabajo. El descontento generalizado que vienen expresando las encuestas, con la caída en los niveles de popularidad de Macri, tiene que pasar al terreno de la lucha de clases. La CGT tiene la responsabilidad de pasar de las declaraciones a los hechos. Se torna vital para el conjunto del pueblo trabajador.
La dirigencia sindical kirchnerista, como Baradel y Yasky, habla por estos días de la posibilidad (siempre en potencial) del llamado a un paro si el gobierno veta la Ley de tarifas de la oposición. Pero al mismo tiempo mantiene aisladas las luchas en curso contra los despidos.
Moyano aparece más preocupado por las causas judiciales que por esta realidad.
Quedó plasmado en las jornadas del 14 y 18 de diciembre último contra la “reforma” previsional, que voluntad de lucha hay. Durante ambos días decenas de miles de trabajadores se movilizaron, incluso soportando varias horas la brutal represión de las fuerzas comandadas por Patricia Bullrich.
Imaginemos por un momento lo que significaría que las fábricas paralicen la producción por las medidas de fuerza del movimiento obrero; que los bancos frenen las transacciones por el paro de los trabajadores bancarios; que las mercancías no puedan moverse por una huelga de camioneros y el conjunto de los transportistas; que los docentes junto a la comunidad educativa puedan dar lecciones de lucha. Toda esa fuerza es la única que puede frenar la política de Macri y su gobierno.
Son momentos en los cuales las declamaciones no sirven. O se está con el gobierno, las grandes patronales, el FMI, o con los trabajadores y el pueblo pobre.

Mirta Pacheco