sábado, 26 de septiembre de 2015

Masacre de La Plata. El paso del tiempo asegura la impunidad



En un acto homenaje que se llevó a cabo ayer por la tarde en el centro cultural Islas Malvinas, organizado por la Comisión de Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, se recordó y se volvió a exigir justicia por los militantes del PST (Partido Socialista de los Trabajadores) Roberto Loscertales, Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Lidia Agostini y Ana María Guzner Lorenzo, quienes fueron secuestrados y cobardemente fusilados, cuando se dirigían con un fondo de huelga hacia la Petroquímica Sudamericana (actualmente MAFISSA). 40 años después, los homicidios siguen impunes.
Aunque el atardecer gris y lluvioso podía mermar la convocatoria, la sala del centro cultural estaba totalmente repleta. En el lugar se concentraron diversas organizaciones políticas, familiares de militantes desaparecidos, y también se hizo presente en el panel Nora Cortiñas, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), el periodista y abogado Pablo Llonto, y abogados y abogadas que se encuentran trabajando en las causas, tanto contra la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) como contra la CNU (Concentración Nacional Universitaria).
Desde el panel, todos los integrantes bregaron por una cuestión fundamental: “es necesario que los procesos judiciales se aceleren y así hacer justicia, ya que el paso del tiempo y la lentitud con que son llevadas las causas hace que los responsables intelectuales y materiales estén sueltos en la calle, o mueran con la misma impunidad con la que se manejaron en los ‘70”.
En el mismo sentido, Pablo Llonto aseguró que “a este sistema más que presionarlo, hay que casi asfixiarlo para que nos de justicia, ya que cada día que pasa en esta causa, son 40 años, no podemos esperar más”.
La lentitud con la que transcurren las causas fue motivo de repudio en el acto, ya que así “los responsables de la masacre están libres e impunes mientras nosotros seguimos exigiendo justicia por nuestros compañeros asesinados”.

La represión estatal antes del golpe

Las bandas parapoliciales, fuertemente vinculadas a la derecha del Partido Justicialista (PJ), que comenzaron a funcionar a comienzos de 1974, y cuyas actividades se masificaron junto a otros grupos de tareas con la ayuda del Estado para eliminar los focos “subversivos”, tuvieron un gran impacto negativo en el desarrollo de las organizaciones populares, ya que generalmente las desapariciones o asesinatos estaban muy bien planificados para eliminar a los mejores cuadros y organizadores políticos.
El cinco de septiembre de 1975 quedará marcado para siempre, por sobre todo en aquellos militantes que se organizaban el PST, ya que fueron secuestrados, desfigurados y asesinados por la Triple A: Roberto Loscertales, Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Lidia Agostini y Ana María Guzner Lorenzo.
La cronología de los hechos relata que luego de que terminaran de cenar, y decidir que llevarían el fondo de huelga que habían juntado en diferentes facultades para acercárselo a los trabajadores, el auto en que viajaban fue intervenido por el grupo de ultraderecha con el fin de desarticular y frenar el movimiento que se estaba gestando alrededor del conflicto obrero, donde participaban varios activistas de diferentes organizaciones políticas y sindicales.
A raíz de esto último, al otro día, la AAA secuestró y les quitó la vida a tres militantes del mismo partido. Oscar Lucatti, Patricia Claverie, Carlos Povedano habían decidido salir a pedir justicia en las calles por sus compañeros caídos, y a su vez repartir volantes con los hechos sucedidos, pero a los minutos fueron interceptados a plena luz del día y luego rematados por los mismos captores.

Nada de reconciliación, ni olvido ni perdón

Sobre el final del homenaje, y con respecto a la posible Justicia Transicional que se pueden dar a los juicios de lesa humanidad en nuestro país a partir del año que viene, “gane quien gane estas elecciones que vienen, las causas no van a tener ningún tipo de reconciliación, ni de olvido ni de perdón”, aseguró Llonto.
Asimismo Cortiñas agregó: “la justicia transicional, que actualmente se está ejecutando en Colombia, pero comenzó quince años antes en Sudáfrica, no sirve, los juicios tienen que seguir en la misma modalidad en la que se están haciendo, pero con más rapidez y eficacia. Queremos cárcel común, perpetua y efectiva para todos los represores”.
Cortiñas a su vez reiteró que jamás se efectuará “una reconciliación con los torturadores, asesinos y verdugos de nuestros hijos, del pueblo, de aquellos que se apropiaron los bebes recién nacidos para entregarlos a las familias de militares y civiles”.
Por último, y ya sobre el cierre del acto, también se hicieron presentes y tomaron la palabra Carlos Zaidman, miembro de la asociación de ex detenidos-desaparecidos e integrantes de la Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez, ex militante del PST secuestrada y asesinada en febrero de 1982, cuyo cuerpo fue encontrado por los vecinos de Punta Querandí (municipio de Tigre).

ANRED

Segunda Intifada: una historia de resistencia



Por estos días se cumplen 15 años del comienzo de la denominada “Segunda Intifada”, cuando el pueblo palestino se levantó contra las condiciones de vida extremadamente oprobiosas a las que era sometido por Israel, un Estado colonial. Tras el fracaso de los acuerdos de Oslo, que no habían constituido ninguna solución para los históricos reclamos palestinos, estalló el odio de las masas.

Una provocación digna de quienes se saben conquistadores, en septiembre del 2000, sólo ayudó a terminar de encender la chispa. Por aquel entonces el líder del Likud, que era el principal partido de centro derecha en el Estado de Israel: Ariel Sharon, realizó una “visita” a la explanada de la Mezquita Al Aqsa (el tercer lugar más importante para el islamismo). La presencia de quien fuera un halcón sionista, un asesino de palestinos, en esa explanada, fue interpretada por el pueblo palestino (musulmanes y cristianos) como un abierto desafío. Al día siguiente la policía israelí reprimió a jóvenes palestinos que indignados protestaban arrojando piedras a los israelíes que se encontraban en el muro de los lamentos. Esa represión termina con al menos 7 jóvenes árabes asesinados.
Pero este acontecimiento sólo sirvió para terminar de enardecer los ánimos de las masas palestinas.

Orígenes de la Segunda Intifada

La verdadera razón por la cual centenares de miles de palestinos salen a las calles en las grandes ciudades de Cisjordania y la Franja de Gaza, un mes después de este incidente - e incluso palestinos que vivían al interior del propio Estado de Israel- fue el odio acumulado contra la ocupación israelí. Ocupación iniciada en 1948, que provocó la Nakba (1). Pero también el hecho de que los acuerdos de Oslo, premeditadamente ambiguos, que en un primer momento habían sido apoyados por la gran mayoría de los palestinos, con el correr de los años mostraron ante sus ojos que no aportaban ninguna solución concreta para la vida de millones y su situación continuaba deteriorándose.
Estos acuerdos pactados en 1993 por Yasser Arafat (quien fuera un histórico líder palestino, dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina), el primer ministro israelí Yitzhak Rabin (dos años después es asesinado por un sionista de derecha), y el por entonces presidente de los EEUU, Bill Clinton, constituyeron migajas para las ansias de acabar con una ocupación que día tras día no hacía más que provocar miseria y muerte al pueblo originario de esos territorios. Sus principales puntos consistían en la promesa, por parte del Estado de Israel, de retirar su ejército de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Se creaba un autogobierno palestino (la Autoridad Palestina), en parte de esos territorios, con una policía propia (2).
Una zona quedaba bajo control completo de la Autoridad Palestina, otra con control civil pero continuando bajo el mando militar de Israel y la tercera división de ambos territorios hacía que una parte de ellos siguiera bajo el control Israelí. El status de la Autoridad Palestina sobre esos territorios, se volvería a discutir en cinco años. Un mal chiste, sino se hubiese tratado de la vida de millones que siendo un pueblo, le habían arrebatado a sangre y fuego su nación.
De manera pérfida EEUU y el Estado terrorista por excelencia ideaban este acuerdo que la clase dirigente palestina negoció, que en nada garantizaba los reclamos históricos de todo un pueblo. Sin duda esto opinaba la gran mayoría de los palestinos que hacía décadas venían sufriendo no sólo la expulsión de sus propias tierras, sino también asesinatos por parte de las fuerzas sionistas, aldeas arrasadas por sus tanques, incontables malos tratos y vejaciones cuando cientos de obreros palestinos pretendían día a día irse a ganar el sustento en el Estado de Israel y un largo etc. Recordemos que la clase obrera palestina constituye la mano de obra barata para la burguesía israelí.
Los acuerdos también dejaban explicitado las cuestiones que deberían revestir un carácter permanente como la posesión de Jerusalén oriental; los asentamientos israelíes; la seguridad y fronteras de los territorios de la Autoridad Palestina que quedaban excluidas.
Otro intento de Clinton de “pacificar” esa región del globo, fue la cumbre de paz de Camp David, que se desarrolló entre el 11 y 24 de julio del 2000, tres meses antes de que estallara la intifada. Tanto Barack (primer ministro israelí), como Clinton responsabilizaron a la parte palestina del fracaso de las negociaciones.

El tercer ejército del mundo necesitó 5 años para derrotar a la Segunda Intifada

Las dos consignas que unificaron a los palestinos y que dieron comienzo a esta segunda intifada (la primera tuvo lugar en 1987) fueron el rechazo a la ocupación y a los acuerdos de Oslo. Esta última demanda, ponía en jaque a la misma Autoridad Palestina, cuyo líder, como dijimos, era por esos tiempos Yasser Arafat (quien tenía una mano derecha: el hoy líder de la AP, Mahmoud Abbas). Arafat se encontraba en una situación de debilidad: por derecha era presionado por el imperialismo yanqui y el Estado de Israel para sostener los acuerdo de Oslo y por izquierda por un pueblo que comenzaba con movilizaciones masivas, huelgas, centenares de jóvenes que día a día enfrentaban, en sus ciudades y con piedras, a uno de los ejércitos más poderosos.
Tan es así que el 16 de diciembre del 2001, a un año de dar comienzo al alzamiento, Arafat llamó a detener todo enfrentamiento armado por temor a una guerra civil entre palestinos y porque esa traición a su pueblo podía significar que masivos sectores populares se alzaran contra él, dos días después, llama a retomar la lucha armada contra la ocupación.
Ya por ese año el alcance de la lucha y la fuerte represión israelí provocó la unificación de los nacionalistas e islamistas en un frente único denominado Fuerzas Nacionalistas e islamistas. Este frente tenía una dirección mayoritaria: Al Fatah (el partido militar de los nacionalistas árabes, cuyo líder era el mismo Arafat). Hamas (islamistas) era otra de las fuerzas que lo conformaban.
La intifada fue girando de las manifestaciones masivas callejeras a tácticas de guerrilla urbana y otras acciones militares.
Este enfrentamiento, muy desigual por cierto, duró casi 5 años y se cobró la vida de más de cinco mil palestinos. Mientras que del lado israelí el número de fallecidos ascendió a mil, de los cuales en su gran mayoría eran militares.
Ya para fines del 2001, el Primer Ministro del Estado sionista era Ariel Sharon (3), quien le gana las elecciones al partido Laborista, basado fundamentalmente en el sentir de los israelíes de más seguridad. Sharon observó la incursión guerrerista imperialista en Afganistán contra los talibanes (incursión de los EEUU basada en la “guerra contra el terrorismo que iniciara el por entonces presidente Bush) y dedujo de esto que era un buen momento para propinar un golpe mortal a la intifada palestina. Por un lado continúa la política de su predecesor - Ehud Barack - de asesinatos selectivos a los líderes y activistas, sumado a que las tropas israelíes dieron muerte a decenas y decenas de niños y civiles palestinos.
Israel cerró el aeropuerto de Gaza. Los gobiernos de Jordania y Egipto, dándole la espalda al pueblo palestino, impidieron que los heridos atraviesen sus fronteras y la ayuda humanitaria internacional (medicamentos, alimentos, etc.) fue bloqueada por las fuerzas de ocupación sionistas.
Desde hacía un año, más exactamente el 26 de octubre del 2000, la Franja de Gaza había quedado partida en dos por controles militares israelíes y el territorio reclamado por décadas por los palestinos, Jerusalén, fue cerrada al paso de Cisjordania.
Clausura de fronteras; abusos en los puestos de control; demolición de casas; arrestos masivos y la construcción de un muro del apartheid con el fin de arrebatarle a los palestinos las tierras más fértiles y las reservas de agua dulce cercanas al río Jordán, además de obstaculizar la comunicación entre las aldeas, convirtiéndolas en un sistema de bantustanes, mientras el ejército y los colonos controlaban los principales caminos y checkpoints. Este conjunto de medidas fueron parte de la batería represiva del sionismo.
La estrategia de Israel era doblegar a los palestinos, acabar con su resistencia y lucha armada y establecer una nueva relación de fuerzas definitiva a su favor, haciendo retroceder las aspiraciones del pueblo árabe sobre sus propias tierras. Pero las masas palestinas continuaron por cinco años sosteniendo su resistencia y levantamiento armado para acabar con la opresión israelí.
La segunda intifada fue derrotada vía el asesinato selectivo y la represión masiva a las manifestaciones del pueblo palestino, pero una nueva configuración política en las fuerzas palestinas se fue gestando. Ya en el 2006 la Autoridad Palestina comienza a gobernar por completo Cisjordania y Hamas gana las elecciones en la Franja de Gaza. Pero al día de hoy, quince años después, todavía el reclamo tan sentido por los palestinos como es el derecho al retorno de los refugiados, que ascienden a siete millones y medio entre quienes viven en campos de refugiados y quienes pudieron emigrar a otros países, sigue sin ninguna solución.
Basándose en esta derrota, Sharon lanza el “plan de desconexión de Gaza”, aislándola de Cisjordania. El mismo ejército israelí tuvo que intervenir para retirar a los colonos de ultra derecha que se negaban a dejar esas tierras. Esta separación de los territorios sienta las bases para el bloqueo a Gaza que termina de imponerse en el 2007.
En el año 2012 la ONU reconoció a Palestina como un Estado Observador no miembro. Esto significó una derrota política para el Estado, artificial, de Israel y para su socio mayor: Estados Unidos (4). Esta derrota diplomática se basó en el descrédito internacional del sionismo por su política guerrerista, que quedó explícitamente manifiesta tras la segunda guerra del Líbano en el año 2006.
Queda claro que en los hechos es imposible pensar en un Estado palestino con todas sus prerrogativas, con dos territorios separados entre sí por puestos militares israelíes y asentamientos de judíos. Esto sumado a que decenas de palestinos siguen siendo diariamente hostigados y hasta asesinados por el ejército del Estado sionista.
Como plantea Ilan Pappe, el reconocido cientista político israelí, “la historia de Palestina es ante todo la historia de una población originaria, a la que vinieron a incorporarse unos recién llegados”.
Ese pueblo originario que desde largas décadas viene sufriendo además del robo de sus territorios, asesinatos masivos y selectivos, millones de refugiados sin derecho al retorno, cárceles sionistas y un sinfín más de vejaciones, es un pueblo heroico, a pesar de las derrotas que el Estado terrorista de Israel, le ha infligido (siempre con el apoyo de su “mentor” el imperialismo norteamericano). Un nuevo aniversario de la segunda intifada, viene a recordárnoslo.

Mirta Pacheco

Notas:

1- Al Nakba: Tragedia o catástrofe. Cuando se constituye el Estado de Israel, mediante una votación de las Naciones Unidas (antecesora de la ONU), en 1948 centenares de pueblos fueron arrasados por las milicias israelíes y su recientemente creado ejército y cientos de miles de palestinos fueron expulsados de sus hogares, condenados a vivir en campos de refugiados o en la diáspora.
2- La Autoridad Nacional Palestina (ANP), creada a partir de los acuerdos de Oslo, entendida como entidad política y administrativa que controla las zonas de Cisjordania y Gaza, dirigida por aquel entonces por Arafat y su partido Al Fatah, terminó siendo cooptada por el Estado de Israel y el imperialismo norteamericano, como así también, las creadas por aquel entonces, fuerzas de seguridad palestinas.
La ANP estableció un sistema de impuestos a los palestinos, que son cobrados por Israel. Estos fondos luego vuelven a la ANP en un porcentaje menor. Este sistema manejado a discreción por el Estado judío de Israel provoca el ahogamiento, conjuntamente con el bloqueo económico a Gaza de millones de palestinos.
3- El viejo militar que supo participar de casi todas las incursiones militares israelíes para ganar y ocupar poblados palestinos, a costa de innumerables asesinatos a sus habitantes, quien fuera el que “supervisó” con su unidad el asesinato en masa por parte de las milicias falangistas del campo de refugiados Sabra y Shatila, él fue el encargado de vigilar todas las salidas de ese campo, para que ningún palestino pudiera huir de esa masacre.
4- En la actualidad el gobierno de Obama sostiene diferencias con Netanyahu (primer ministro israelí), ya que éste mantiene sus amenazas no solo sobre la Franja de Gaza, sino sobre Irán, en momentos en que EEUU necesita esa región relativamente estable. Otros “frentes” reclaman la atención del imperialismo yanky que no pudo salir muy airoso de Afganistan y de Irak. Su guerra contra el Estado Islámico y la situación de conjunto en Medio Oriente, convirtieron por ahora en disfuncional la política guerrerista de Israel. Lo cual no implica un cambio en la alianza estratégica de ambos países.

Termino de corregir y preparo la cena



El 78% en la docencia son mujeres, que tienen que correr de escuela en escuela para llegar a fin de mes. Luego del último campanazo la jornada laboral sigue en capacitaciones o con diversas tareas en las casas. Al fin de semana llegan cansadas, al fin de año, estresadas y luego de varios años "quemadas". Mientras los candidatos del ajuste proponen más disciplinamiento mediante evaluaciones y presentismo, el Frente de Izquierda contrapone reducir la jornada laboral incluyendo todas las tareas fuera de curso y jubilación a los 25 años de servicio sin límite de edad.

Este martes publicamos en La Izquierda diario la nota ¿Profesión? Docente, madre y ama de casa que tuvo una enorme repercusión en las redes sociales, en particular entre docentes, con más de 6000 interacciones. Cientos de personas debatieron las condiciones de las docentes, decenas de ellas narrando situaciones similares a la contada en la nota:
Cecilia: "¡Cuantas Lauras hay! ¡Y que poco se las valora! Empezando por el gobierno que deberia pagarle mucho más para que no tenga necesidad de dejar a sus hijos todo el día para traer el pan a su casa".
Valeria: "El sistema no reconoce el trabajo docente femenino y menos aún, como mujeres multitarea. Todo esto repercute en las relaciones familiares y no hay cuerpo que aguante".
Mariel: "Hubo una época en mi vida, mi marido sin trabajo aparecía en la escuela de la tarde a las 12:30 para que yo amamantara a mi hijo. Pasaba por el comedor con un taper que las auxiliares le llenaban para que mis otros hijos comieran".
Sandra: "¡Cada palabra que leo coincide totalmente con nuestro trabajo diario, como docentes, como mamá, y sobre todo como mujer!".
Esta repercusión no es casualidad, ya que es la realidad que viven cientos de miles de mujeres en nuestro país, que son sostén de sus familias pero también de la educación pública, corriendo de escuela en escuela para llegar a fin de mes (ver nota de docentes taxi en La Nación). Hoy en día el Gobierno Nacional y los Provinciales no sólo no valorizan monetariamente la docencia, sino que tampoco reconoce las horas de trabajo extra curso: como la planificación y corrección de actividades. A esto se suma un sistema perverso de capacitación, que queda a cargo del docente, fuera de nuestro horario laboral, y es el que permite el acceso a titularizar, es decir a tener estabilidad laboral.
No podemos dejar de mencionar las enfermedades laborales de la docencia como el síndrome de “Burnout”, o de desgaste, que se puede considerar un trastorno adaptativo crónico y puede manifestarse tanto por un excesivo grado de exigencia como por la escasez de recursos. Es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud que sufren los trabajadores de los servicios humanos (educación, salud, etc.) debido a condiciones de trabajo con fuertes demandas sociales.

Los chivos expiatorios de la crisis educativa

No existe la necesidad de pagar evaluaciones internacionales para entender que una parte significativa de la crisis educativa radica en las malas condiciones del trabajo docente, sin embargo los candidatos del ajuste acuerdan en descargar las culpas en la docencia.
Mientras habla de mejorar el prestigio de la docencia, el gobierno de Macri no dudó en separar arbitrariamente a dos docentes del JIC nº 2 de Flores por la muerte de Agustín. El juez de la causa desestimó toda responsabilidad de ellas, las familias del jardín reclamaron su regreso en una movilización de 10.000 docentes. Sin embargo el macrismo sigue culpando a las docentes mientras premia desde el Ministerio de Educación ha entregado $300.000 a la empresa fantasma de uno de sus candidatos a diputados, Fernando Niembro, mediante diez contratos.
Massa, por su parte, lo dice explícitamente: "Los docentes necesitan tres cosas: capacitación para poder mejorar su respuesta frente al alumno, evaluación para que podamos medir como va avanzando esa capacitación y reconocimiento al presentismo por parte del Estado". Es una clásica propuesta neoliberal ideada por Gustavo Iaies, su asesor educativo. Se basa en un sistema de premios y castigos para disciplinar e intentar aumentar la "productividad" de cada docente. Estos planteos no tienen nada de novedosos, ya fueron implementados en México y Chile con pésimos resultados.
A su vez, el Gobierno Nacional no se queda atrás. Hace tan sólo 3 años la presidenta se despachó en cadena nacional con un fuerte discurso estigmatizando a la docencia, con mentiras acerca de la cantidad de horas que trabajamos y poniendo en duda nuestro derecho a la estabilidad laboral. Pero no se quedó sólo en las palabras, hoy en día los programas nacionales de educación (FinEs, CAI, Orquestas Infantiles, etc.) se encuentran completamente precarizados, sin régimen de licencias ni vacaciones pagas.

Una salida de los trabajadores

Ajustar a los ajustadores, es una de las consignas de la campaña del Frente de Izquierda que lleva a Nicolás del Caño como candidato a presidente. Siguiendo este lema, los fondos para mejorar la educación pública saldrían del no pago de la deuda externa, el fin de los sobreprecios con las contratistas (infraestructura, comedores escolares, plan de netbooks) y el quite de subsidios a la educación privada.
Con estos fondos es posible garantizar la educación laica, pública y gratuita desde los 45 días, pero también transformar la jornada laboral docente y el régimen jubilatorio. Dada las características del trabajo docente, el Frente de Izquierda plantea una jornada de 6 horas diarias con un tope de 4 de ellas frente a curso, de forma tal que las diferentes tareas pedagógicas, administrativas y de capacitación se realicen dentro del horario laboral. Además garantizar un salario mínimo igual a la canasta familiar (hoy en día por encima de los $15.000, dependiendo de la región).
También por todas las enfermedades laborales y el desgaste crónico de la tarea docente se plantea la jubilación voluntaria con 25 años de servicio y sin límite de edad, con el 82% móvil.

Hernán Cortiñas
Congresal Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)

What the fuck?



Millones de personas en todo el mundo consumen diariamente pornografía, una industria que ha multiplicado sus ganancias de la mano de internet. El fenómeno ha disparado diferentes reacciones, tanto políticas e intelectuales, como artísticas. Aquí, un análisis sobre el discurso pornográfico producido: ¿Qué se consume a la hora de ver porno?

El “escándalo” tomado y multiplicado por los medios acerca de la performance Pos-Porno realizada en la Faculta de Ciencias Sociales de la UBA a fines de junio pasado puso en escena nuevamente a la pornografía y a la construcción simbólica y cultural que reproduce.
El suceso, que llevó a intervenir al rector de la UBA, Alberto Barbieri, y al Ministro de Educación, Alberto Sileoni, por considerar que la actividad “estuvo fuera de lugar”, hasta el punto de llegar a pedir que se evaluaran posibles sanciones, es quizás uno de los elementos más que, dentro del “tsunami” que significó la marcha del 3J bajo la consigna #NiUnaMenos, fueron visibilizados y desnaturalizados para ser analizados desde una sensibilidad diferente. Aunque mayormente el hecho provocó reacciones de derecha, pedido de investigación incluido por parte de una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires.
Según una entrevista realizada por Página 12 al grupo español Post-Op (responsable de la puesta en Sociales), el porporno intenta romper con la regulación de los cuerpos deseables y las prácticas sexuales a la que es sometida por la pornografía tradicional. El posporno muestra cuerpos tullidos, no canónicos, transgénero y juega con lo monstruoso y el insulto para empoderar a aquellos cuerpos que, al no ser productivos, son inútiles para el sistema capitalista. Además, el movimiento busca re-sexualizar un espacio público cada vez más controlado por el Estado. Nacido en los ’80 en EE.UU. y tomado en los ’90 por España, el posporno es una reacción artística, con los límites del posmodernismo, a una industria que, se calcula, mueve unos 97 billones de dólares al año a nivel mundial.
Dentro de esa trituradora entra todo lo que pueda dar suculentas ganancias, incluidos los más diversos gustos. Pero, más allá de la preeminencia de un modelo heterosexual y machista, el universo pornográfico esconde, en su producción de sentido, mucho más.
Tomemos como ejemplo dos de las webs más visitadas. A las clásicas categorías teens (adolecentes), interracial, anal, lesbianas, gays, etc., se han sumado canales que, con una “ficcionalización más realista”, se han convertido en los más vistos dentro de los servidores.
Estos canales, a los cuales denominaré “fakes” (falsos), poseen algunas particularidades que pasaré a detallar. Uno puede encontrarse con, por ejemplo: Fake Agent (Falso Agente), adonde se muestra a jóvenes, por lo general estudiantes o inmigrantes de los países periféricos europeos (por lo general ambas cosas), las cuales, buscando algún ingreso de dinero, son llevadas a realizar (bajo la promesa de conseguirles viajes por todo el mundo y miles de euros de ganancias mensuales) un “casting” sexual; esto ocurre en una oficina falsa, atendida por un falso agente, todo muy bien montado como para que el engaño sea eficiente. También tenemos Fake Taxi (Falso Taxi), adonde el conductor les propone a las pasajeras (con similares características que las anteriores: jóvenes, extranjeras), luego de “pasearlas” por la ciudad (como se dice vulgarmente en nuestro país), abonar con sexo oral el dineral que en libras cuesta el viaje, bajo amenaza de que, de no hacerlo, acudirán a las autoridades.
Dentro del mismo género podemos encontrar el canal “Public Agent” (Agente Público), adonde un sujeto intercepta en la calle a jóvenes, resaltando su belleza y prometiéndoles participar de alguna película o algún video clip musical: “Eres lo que estaba buscando”, parece ser la puerta de entrada al dinero y la fama. Luego de un rato, el falso agente se confiesa: “En realidad soy un empresario rico en busca de mujeres para mi colección personal” y ofrece una suma de dinero a la joven (por lo general, búlgara, checa, rusa, etc.) a cambio de sexo. La muchacha, en un principio, parece resistirse y rechazar la oferta. No hay problema. El capitalista va subiendo la suma hasta que la muchacha acepta. “Todo tiene su precio”, como diría alguna vieja película del policial negro norteamericano.
Aclaro que aquí no interesa si en las situaciones “ficcionalizadas” participan actrices o no, sino el discurso hegemónico en que se reproduce y se naturaliza tanto la trata de personas como la prostitución.
La relación que se muestra dentro de cada uno de los videos es una relación de poder y sumisión que, en casi todos los casos, proviene del poder material en manos del hombre.
Algunos videos llegan a ser brutales en tales representaciones, Disgrace that bitch ("Desgracia a esa perra"), muestra directamente a un par de sujetos dando vueltas por una ciudad en una camioneta lujosa. Pasean hasta que encuentran “a la víctima de turno”, allí, la “encaran” y muchas veces, haciéndose pasar por policías de civil, le informan que la van a llevar presa por presunto ejercicio de la prostitución. La joven no entiende, intenta huir, pero termina siendo amenazada: si no tiene sexo con los falsos policías, va a terminar en la cárcel (cualquier semejanza con la realidad que viven cientos de trabajadoras sexuales y trans no es pura coincidencia).
Otros canales llegan a la explicitud máxima, como por ejemplo Sell your Girlfriend ("Vende a tu novia"), donde el novio vende a su pareja a un extraño que paga por sus servicios sexuales, mientras éste los mira.
También es interesante la denominación de algunas categorías que llevan como tópico la sigla MILF (en inglés Mom i’d like to fuck, que más o menos se traduciría como “Mamá a la que me cogería”), adonde se incluye a mujeres de alrededor de 40 años, que aún se consideran “apetecibles” sexualmente a la mirada masculina, a pesar de la edad y de su condición de madre. O la categoría “POV” (Point of view, “Punto de vista” en español) donde el espectador puede ponerse en el lugar del actor porque todas las escenas son filmadas con cámaras subjetivas. Desde su propia mirada, el observador puede experimentar el rol del poder ejercido sobre el otro, aunque sea en el plano de sus fantasías.
Otra particularidad de la representación simbólica pornográfica es lo que se denomina Hard sex o "sexo duro". Allí, se muestran imágenes en donde el acto sexual es similar a una violación consentida: golpes, tirones de cabellos, insultos, son moneda corriente en las representaciones heterosexuales pornográficas, pero en ésta categoría esos elementos son exacerbados. Queda expuesta, materialmente, sobre el cuerpo mismo, la dicotomía dominante/dominada (dejando en claro aquí que no hablamos de prácticas sexuales como el bondage, sado o dominatrix, donde éstas son parte misma de un género, sino de cómo se representan las prácticas heterosexuales dentro de la pornografía hegemónica en internet).
Lo que se muestra, desde un punto de vista machista, es que el deseo del sujeto hombre es la mujer, pero ésta, al ser objetivada, es desposeída de toda posibilidad de deseo. En realidad, se presenta como deseo de la mujer, al deseo masculino de ser deseado por ésta y de poseerla al precio que sea, y en última instancia, por la fuerza. El hombre es el sujeto de deseo y la mujer es el objeto a ser penetrado. Una vez consumada la penetración, las tomas muestran al objeto mujer gozando: se refuerza así el sentido común de que un “NO” en boca de una mujer representa un “SI” y de que ella aunque no lo admitiera: ”lo deseaba o lo estaba buscando”.
Curiosamente, uno de los componentes que a nivel narrativo audiovisual se utiliza para justificarlo todo es el orgasmo femenino. No importa entonces cómo se llegó, ni cómo se llevó a cabo la relación sexual, si ella alcanza el orgasmo todo está justificado. Y volvemos entonces, al “ella se lo buscó” con que a menudo escuchamos justificar violaciones y femicidios por parte de los medios y la llamada “opinión pública”. “Algo habrán hecho para que las mataran o las violaran”, que es más o menos decir que se lo merecían.
Un dato a tener en cuenta es que estos tipos de canales “fakes” surgieron después de la crisis capitalista mundial producida tras la caída de Lehman Brothers.
Marx decía que todo producto humano lleva las marcas de sus condiciones de producción históricas; en este caso, estas huellas se manifiestan discursivamente en las declaraciones de las “actrices” dentro de los videos: “Trabajo de mesera y el dinero no me alcanza para vivir” o “quiero terminar mis estudios” son dos de las frases que más podemos leer en los subtítulos del canal Czech casting ("Casting Checo"), donde podemos ver desfilar a miles de mujeres buscando en la pornografía una salida económica ante la falta de oportunidades laborales.
También, en los últimos años, surgieron declaraciones de ex actrices que contaron el detrás de cámara de un mundo que a grandes rasgos es pintado color de rosa en las figuras de las llamadas “PornoStars” con vidas lujosas. Rosa que se fue destiñendo a medida que los diferentes testimonios narraban la explotación, los abusos y las repetidas violaciones a las que eran sometidas en los sets. Denuncias que casi nunca llegan a realizarse porque como nos es familiar, para la policía, el sistema judicial y un Estado patriarcal, la víctima, si es mujer y encima “puta”, es la principal sospechosa.

Luis Bel
@Hachedebel

Los tres ajustadores, en estado de pánico

Cuando estalló la crisis devaluatoria en China, nuestro periódico sacó la conclusión de que la oportunidad de una devaluación “ordenada” o planificada en Argentina había pasado definitivamente de largo. Comparamos entonces a la situación actual con la que vivió Menem a fines de 1994, cuando, a pesar de la recesión que había desatado en el país la crisis mexicana (efecto tequila), el gobierno resolvió no devaluar por temor a desatar una escalada sin control. El inmovilismo de los años posteriores no hizo sino acentuar la virulencia de la bancarrota final (2001).
En las actuales condiciones, el gobierno kirchnerista no sólo ha perdido el tren de una devaluación tranquila. Además, ha entrado en estado de pánico respecto de la posibilidad de ingresar en una carrera devaluatoria sin final conocido -esto, en el marco del reguero de devaluaciones que envuelve a los llamados “emergentes”. CFK y Kicillof se miran en el espejo de Brasil, el cual dejó caer el real para preservar las reservas internacionales y asiste ahora a un tobogán devaluatorio y a las puertas de una depresión.

Horas desesperadas

Es este cuadro el que explica las medidas desesperadas de las últimas horas, dirigidas a evitar un desbarranque del peso argentino. El gobierno resolvió que un conjunto de títulos de deuda sean contabilizados por sus tenedores al valor del dólar oficial, y no a la cotización que resulta de la compra de esos títulos en pesos y su reventa posterior en una bolsa del exterior, con el objetivo (para sus tenedores) de hacerse de dólares. Esta cotización -conocida como el “dólar de contado con liquidación”- es un 30% superior a la del dólar oficial, e incide también en el precio -aún más alto- del dólar paralelo. Al anunciar que los bonos serán valorizados según la cotización oficial, el gobierno empuja a los ahorristas a vender sus títulos y, por esa vía, procura bajar las cotizaciones no oficiales del dólar.
El gobierno logró el objetivo buscado en las horas posteriores a su anuncio. De todos modos, las contradicciones de esta medida son insuperables. La caída de los bonos en dólares, que empuja a los ahorristas menos poderosos a su venta, es un incentivo para su compra por parte de capitalistas con mayores “espaldas”. Esa demanda, más temprano que tarde, terminará elevando la cotización del dólar no oficial. Por otra parte, la depreciación de los títulos de deuda se pone en marcha cuando el gobierno busca canjear una parte de los bonos que vencen en octubre próximo (Boden 2015) por otros de vencimiento futuro. Pero, en el marco de esta desvalorización, el gobierno deberá ofrecer por estos títulos un rendimiento leonino, si es que quiere alcanzar un nivel de colocación razonable.
El cimbronazo oficial a los bonos en dólares reforzó el interés de los ‘inversores’ por los títulos de deuda en pesos, pero atados a la cotización del dólar. Es claro que el gobierno busca una progresiva pesificación de la deuda pública, y este es el sentido de la frenética colocación de bonos en el mercado local que tuvo lugar en los últimos meses. La sustitución de deuda en dólares por otra en pesos -incluso asociada al valor del dólar- alivia al gobierno de destinar divisas contantes y sonantes para su cancelación. Sin embargo, traslada la zozobra al campo de la deuda pesificada, que será cubierta con una moneda nacional hiperdesvalorizada. Esta depreciación, a su turno, puede desatar una fuga de depósitos en pesos y acentuar a término lo que buscaba evitarse -la fuga de capitales.
La pesificación de la deuda no resuelve la crisis cambiaria, sino que convierte a ésta última en una crisis monetaria y bancaria de carácter general.

Fuga de capitales

La trampa de la crisis argentina cobra mayor relevancia en una comprensión de conjunto de la crisis mundial, cuyos ritmos y contradicciones también deben ser apreciados. La decisión del Banco Central norteamericano de postergar una suba de la tasa de interés, y mantenerla en su mínimo histórico, parece otorgar un alivio a la fuga de capitales que impera en los ‘emergentes’. A su modo, Estados Unidos también ha buscado “desdolarizarse” y frenar una apreciación de su moneda que podría echar por los aires una recuperación económica que es por demás endeble. La crisis china, sin embargo, puede terminar derrumbando estos intentos. Para recuperar reservas y contener la depreciación de su moneda, China se ha lanzado a una venta de sus tenencias de bonos norteamericanos, que algunos observadores juzgan como “frenética”. Pero una baja de estos títulos, como consecuencia de las ventas en masa, empujará a la suba en la tasa de interés en los Estados Unidos, a pesar de las intenciones de sus propias autoridades monetarias. Ni qué decir que ello agravará la succión de capitales desde todos los “emergentes”.
La economía argentina ingresa en esta fase de la crisis mundial en el punto más agudo de sus propias contradicciones, como se revela en el quebranto fiscal, la pulverización de sus reservas y la evaporación de su superávit de comercio exterior. Las medidas adoptadas sobre el mercado de títulos son recursos desesperados para frenar esta tendencia. Argentina se suma al vendaval que afecta a todos los “emergentes” sin haber participado, sin embargo, del boom especulativo de la fase anterior.

Perspectivas

Es este panorama el que explica el cambio de discurso de los jinetes del ajuste, que han pasado de pregonar la devaluación “ordenada” -unida al tarifazo y al reendeudamiento- al actual pánico a una devaluación impuesta por el mercado, que tendría lugar en el cuadro de un agravamiento de la crisis mundial y de la ola devaluatoria que está comandada por China. Naturalmente, ello no significa que hayan renunciado a sus objetivos ajustadores: la impasse de estas horas sólo indica que la salida a la crisis será impuesta, no por los gabinetes que los Scioli, Macri y Massa presentan en público en estos días, sino por imperio del “mercado” -o sea, de un modo anárquico y convulsivo. La intervención política de los revolucionarios debe partir de esta comprensión de conjunto, donde el colapso del supuesto “modelo” se conjuga con la crisis mundial.

Marcelo Ramal

Santa Fe: datos duros de una realidad represiva

Esa costumbre (policial) de matar

La provincia sigue engrosando sus estadísticas de abusos y casos de gatillo fácil. En apenas cuatro meses, se registraron 187 casos de tortura por parte de efectivos de distintas fuerzas. En el año hubo más muertos por las balas policiales que los cometidos en robos.
Entre el 18 de diciembre de 2014 y el 4 de abril de 2015, se registraron 187 casos de tortura por parte de las fuerzas policiales en la provincia de Santa Fe. El dato sale del último informe del Registro Provincial de Torturas, Malos Tratos, Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Abuso Policial y Malas Prácticas del sistema Judicial, presentado en julio pasado. Según el relevamiento, 108 casos se circunscriben a Rosario. Es decir, casi un 60 por ciento del total. Completan la lista Santa Fe (34), Venado Tuerto (20), Reconquista (16) y Rafaela (9).
El informe del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) revela un dato determinante: la mayor parte de las víctimas de abusos y malos tratos son jóvenes y sólo finalizaron la escuela primaria en su formación educativa. El grupo de edad comprende desde 19 a 29 años, en su mayoría hombres (169), mientras que se registraron 10 casos en mujeres y 8 no aclarados.
El 72 por ciento de los abusos policiales ocurrieron en la vía pública y un 18 en las comisarías. El informe destaca que el 58 por ciento de los casos se dio en un sólo lugar, mientras que otro 40 afirma haber sido víctima en más de un sitio. Los tipos de agresiones son tres: físicas, psicológicas y afectaciones. El trabajo aclara que en un mismo hecho pueden confluir varias vejaciones. La mayor cantidad corresponde a violencia física: las más reiteradas son los golpes y golpizas, pero también aparecen balas de goma, asfixia, submarino seco, picana, puntazos, entre otras. Las amenazas constantes y maltratos a familiares son las principales agresiones psicológicas; mientras que el armado de causas es la principal de las afectaciones.
El Registro Provincial aclara que sólo el 14 por ciento de los torturadores poseían placa o algún tipo de identificación y sólo un 16 por ciento de las víctimas pudo identificarlos de otro modo. Del porcentaje identificado, el 45 corresponde al personal de las comisarías y el 22 al Comando radioeléctrico. Entre estas dos fuerzas concentran casi la totalidad de los casos, pero también están mencionadas la Policía de Acción Táctica (PAT), Infantería, Policía motorizada, Gendarmería y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), entre otras.
Otro dato que refleja la realidad de las víctimas de torturas es que el 38 por ciento de los casos registrados no fueron judicializados. Esto se debe, principalmente, por temor a represalias y por miedo a que empeore la situación de los que se encuentran detenidos.
El informe del SPPDP demuestra la vulnerabilidad de un sector de los jóvenes santafesinos que son abusados por distintas fuerzas represivas estatales. No sólo son víctimas cuando sufren torturas, sino también cuando son abandonados, cuando se encuentran desprotegidos y sin las garantías mínimas para denunciar. En ese contexto, sumado a otros factores, muchos de estos casos no son denunciados ni informados.
En un artículo publicado recientemente en Rosario/12 se confirmó a través de una voz oficial lo que víctimas, vecinos, organizaciones sociales y hasta funcionarios públicos venían denunciando: las detenciones por “portación de rostro”. Entrevistado por Martín Stoianovich, Ariel Sánchez, el regente de zona sur del Instituto de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, admitió que “hay ciertas características físicas que se repiten” en las detenciones. En nombre de la prevención de delitos, declaró: “Yo no soy antropólogo, pero sí ocurre que cuando uno tiene una gimnasia de trabajar mucho tiempo en la calle, a veces se da cuenta de que hay ciertas características físicas que se repiten. Cuando uno detecta ciertos rasgos por formas de vestir o algo por el estilo, podemos cometer el error de estigmatizar”.
Sánchez admite la estigmatización y los abusos que deben sufrir cientos de jóvenes de los barrios más pobres de la ciudad en nombre de la “prevención” y la “seguridad”, al mismo tiempo que reivindica dicho accionar. Muchas de las víctimas de los operativos y de las detenciones arbitrarias de las fuerzas policiales son los que siguen engrosando las estadísticas de torturas en la provincia de la bota.

Gatillo fácil

El año arrancó con la peor noticia: el asesinato de un pibe que estaba lavando su auto en la puerta de su casa cuando agentes del Comando Radioléctrico y de la recién estrenada Policía de Acción Táctica (PAT) avanzaban a los tiros persiguiendo a otro joven que había cometido un delito. Tres disparos recibió Jonathan Herrera, mientras intentaba refugiarse de la balacera, la primer semana de enero. Los agentes de la PAT declararon en su momento que lo habían confundido con un presunto cómplice de la persona perseguida. Un “accidente” que costó una vida de 23 años.
El último caso registrado es el de Roberto Arrieta. El joven se trasladaba en moto, junto a su novia, cuando fue embestido por un móvil de la policía; luego de discutir con algunos efectivos, se dirigió a la comisaría de Puerto General San Martín a realizar la denuncia. En la seccional, uno de los policías le disparó a muy corta distancia “con un arma antitumulto”, según informó Karina Bartocci, fiscal a cargo de la oficina de Violencia y Corrupción Institucional. El tiro fue directo al pecho. Roberto cumplía 22 años el 6 de septiembre, el mismo día que fue asesinado.
En el medio de estos dos hechos se cuentan más de una decena de jóvenes asesinados por agentes policiales. Muchos de ellos son presentados a los medios y a la Justicia como “enfrentamientos” o “accidentes”; eso ocurrió con las primeras versiones de los casos nombrados arriba. Sin embargo, la realidad es otra: la mayoría de los jóvenes asesinados no tenía relación con algún hecho delictivo y, otras veces, cuando sí hubo un delito, el accionar policial fue desmedido.
En 2014 se registraron 15 casos de gatillo fácil en Rosario. En una reciente publicación, el Gobierno provincial reconoció que ascienden a 16 los homicidios cometidos por policías durante los primeros ocho meses del año. Algunos de esos jóvenes, además de Herrera y Arrieta, son Alexis Oscar Rosales, Nelson Gastón Fuentes, Jonathan Berloti, Dante Fiori, Carlos Godoy, Maximiliano Zamudio, Facundo Rivas, Lucas Matías Segovia, Ezequiel Marcelo Fiori, Marcelo Joaquín Cañete y Elías Martínez. Todos pibes de las barriadas populares. A la infame lista puede sumarse también el nombre de Gerardo Escobar, ya que en el caso se encuentran implicados varios policías.
Según el informe realizado por la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales, del Ministerio de Gobierno, hubo más muertos por las balas policiales que los cometidos en robos, cifra que asciende a 15 (un 10 por ciento del total). De los 141 homicidios dolosos registrados hasta el mes de agosto, una tercera parte está ligada al narcotráfico. Este último dato explica gran parte de la situación de violencia y de impunidad que se respira en todo el departamento de Rosario.
Además destaca, casi como un logro, una disminución de un 20 por ciento de los homicidios en relación al mismo mes de 2014 (176 asesinatos). Es evidente que esa disminución en la Tasa de Homicidios no se traduce en menos casos de gatillo fácil y abusos y torturas policiales.

Una provincia represiva

Según el Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, elaborado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), durante todo el período democrático post-Dictadura fueron asesinadas más de cuatro mil personas. Santa Fe registra 504 casos, siendo una de las provincias con niveles más altos de represión estatal.
Según la Correpi -organización que lleva casi veinte años de lucha contra la represión, por los Derechos Humanos, y trabajando en la elaboración del más completo archivo de casos-, desde 1983 hasta diciembre de 2014, fueron asesinadas 4278 personas. El 63 por ciento de los homicidios (2710) ocurrieron durante toda la gestión kirchnerista (2003-2014). Esto significa que en 11 años fueron asesinadas más de la mitad de las personas de 31 años de democracia.
Si bien Buenos Aires (provincia y ciudad) concentra el 52 por ciento de los casos y Santa Fe casi el 12, cuando se compara la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes, el dato es alarmante: hasta el año 2013, lideró el ranking siendo la provincia con más muertes por millón de habitantes. Según la última actualización del informe de Correpi, fue desplazada al segundo lugar por Tierra del Fuego -esto se explica ya que es la menos poblada del país-, pero mantiene un índice elevado de 158; mientras que para Buenos Aires es de 125.
A la inocultable situación en la provincia, se sumó la represión sufrida en Rosario por familiares y organizaciones de derechos humanos que reclamaban avances en casos de gatillo fácil y otras causas impunes, en junio pasado. “La gente se estaba manifestando pacíficamente cuando empezó la represión”, contó en aquel momento Alicia Bernal, presidenta de la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos (CADH). Entrevistada en La Brújula de la Mañana, explicó que la convocatoria comenzó con el reclamo por el esclarecimiento del caso de Mercedes Delgado -militante social del barrio Ludueña, asesinada en 2013- y se fueron sumando otras causas.
La activista de derechos humanos describió ese momento: “Hubo una manifestación frente a Tribunales y en la Fiscalía de Homicidios, con mucha gente, y en un momento, ante la negativa de un fiscal de atender a los familiares de Dante Fiori (NdR: asesinado por un policía), comenzaron a quemar cubiertas. Ahí apareció muchísima policía, en todas sus formas, la motorizada, creo que también había un camión hidrante”. El saldo de la represión fueron 18 detenidos, entre ellas dos menores de edad y una persona con discapacidad, “lo cual es terrible”, denunció Bernal. El mensaje fue claro: el Estado va a seguir garantizando la impunidad, incluso reprimiendo la protesta social si lo considera necesario.
En declaraciones recientes frente a la prensa -interpelado por los casos de Roberto Arrieta, Franco Casco y Gerardo Escobar-, el gobernador santafesino Antonio Bonfatti, reconoció que hay “manzanas podridas” en la policía. Por otro lado, defendió a los policias “buenos”, que hacen un “gran trabajo” combatiendo todo tipo de delitos. Lo que no dijo fue que, como sostienen las organizaciones antirrepresivas y de derechos humanos, es “toda la institución”, que existe un accionar sistemático en todas las fuerzas represivas y que hay un Estado que las conduce.

Fabián Chiaramello
Cooperativa de Comunicación La Brújula

Las garras cada vez más insostenibles de la minería

La minera Barrick Gold admitió que el derrame en Veladero fue de más de un millón de litros de solución cianurada. Mientras los vecinos aún no conocen ciertamente los alcances de esta contaminación en sus vidas, la justicia determinó que el emprendimiento vuelva a funcionar. La permanente lucha de las poblaciones afectadas por esta actividad. Los casos de Jáchal y Capital en San Juan y Las Coloradas en Neuquén.
10 días después de conocerse la noticia del derrame en el emprendimiento minero Veladero en San Juan, la empresa Barrick Gold presentó un nuevo informe ante el juez Pablo Oritja de la localidad de Jáchal, quien había ordenado la suspensión de las actividades a partir de una medida cautelar efectuada por los vecinos, en el que reconoce que la cantidad de solución cianurada arrojada es de 1027 m3, esto equivale a más de un millón de litros, 4 veces más de lo que la firma había reportado al Gobierno de San Juan en el estudio preliminar. Sin embargo, este mismo jueves 24 de setiembre, el magistrado levantó esa suspensión al considerar que Veladero reforzó su seguridad.
Los vecinos y asambleístas de San Juan tenían previsto realizar una marcha este viernes 25 para exigir el cierre, remediación y prohibición de la minera. Esta decisión de la justicia no hace otra cosa que reforzar la convocatoria. A partir de las 18 llevarán adelante una caravana que partirá desde la rotonda de Albardón hasta la Plaza 25 de mayo de la capital provincial, donde a las 20 se hará el acto central.
Además de la Asamblea Jáchal No Se Toca también marchará la Asamblea Sanjuanina Contra la Contaminación y el Saqueo, desde donde emitieron un comunicado apenas se conoció el derrame. Allí señalan al gobernador José Luis Gioja como el responsable político de esta situación que lleva en realidad más de 10 años en la provincia. Los vecinos afirman que el mandatario es el principal socio comercial de la Barrick Gold y fue un impulsor dentro de la Cámara de Diputados durante la década del ’90 para la aprobación de las leyes de inversiones mineras. Señalan además que permitió el inicio de proyectos megamineros sin la licencia social necesaria.
“Denunciamos la censura mediática y el rol de complicidad de los medios hegemónicos de comunicación para ocultar sistemáticamente información sobre el impacto ambiental que genera la megaminería a gran escala a cielo abierto y con sustancias tóxicas. Como así también denunciamos el rol que durante estos años ha cumplido la Universidad Nacional de San Juan, siendo esta institución quien brinde el sustento ideológico y científico a la actividad realizada por las multinacionales. Denunciamos a las fuerzas de ‘seguridad’ de la provincia y a Barrick Gold por el constante seguimiento, intimidación y amenaza hacia por los luchadores sociales a lo largo de los años y que hoy en día está resurgiendo”, agregan en el comunicado.
Finalmente, denuncian que la multinacional no solo ha contaminado el suelo sanjuanino con cianuro y mercurio, sino que también ha explotado la mano de obra local sin participación en las ganancias de la empresa y que sobre todo ha destruido gran parte de las fuentes de agua dulce como glaciares, napas, vegas, aguas subterráneas, ríos.
A diferencia de lo que ha ocurrido con otras denuncias de contaminación o conflictos con las empresas mineras, lo sucedido en Jáchal ha tenido algo de difusión en medios tradicionales. Sin embargo, este caso no es un hecho aislado. Permanentemente hay movilizaciones de vecinos de distintas localidades del país al grito de “No a la Mina, Sí a la Vida”. Un ejemplo son los Vecinos Autoconvocados de Las Coloradas, de Neuquén, que se oponen a la megaminería hidrotóxica en la Sierra de Catán Líl, a solo 22 kilómetros del Parque Nacional Laguna Blanca. El río Catan Lil incluso abastece de agua a toda la zona. A pesar de que en julio de este año el Concejo Deliberante local aprobó una ordenanza que prohíbe la minería contaminante en su ejido, el proyecto que impulsa la minera Southern Copper sigue en pie.
“Anunciaron la explotación de cobre diseminado, y en el proyecto de exploración que presentó la empresa explican que van a hacer unas 10 perforaciones hasta unos 500 metros del subsuelo (…). En años anteriores otra empresa ha hecho perforaciones y ahora retoma este proyecto la empresa Southern Copper, perteneciente al Grupo México, que tiene un historial terrible y ha hecho desastres buscando sulfato de cobre en México, contaminando el río Sonora, y en Perú, en donde también fueron muy cuestionados por la contaminación en zonas como Arequipa”, afirmaba hace pocos meses Martín Goettle, cura párroco de Las Coloradas, a medios locales.
Goettle pertenece a Vecinos Autoconvocados y hace unos días uniformados del Parque Nacional Laguna Blanca le hicieron un “acta de infracción” por haber colocado un cartel cerca de la ruta provincial 46 que decía “No Contaminación”- “El Río es nuestro alimento”.
A través de un comunicado, los Vecinos de Las Coloradas explicaron: “en el lugar frente a la ‘Laguna Blanca’ vive una familia mapuche, donde está el rehue (lugar sagrado) de la comunidad, claro indicio de la posesión indígena reconocida en Constitución Nacional Art. 75 inc. 17 y en la Constitución Provincial Art. 53. Sabemos que para realizar una actividad en Parques Nacionales los Guardaparques siempre han indicado que se hable con la comunidad Mapuche del lugar y con sus autoridades. Siempre los habitantes de la zona lo hemos hecho así (…). Nunca se ha tenido problema con esto. Por ello, y al reconocer esto como territorio de la comunidad Zapata, los Vecinos Autoconvocados hemos pedido permiso a la familia del lugar para la colocación del cartel. Ellos nos indicaron que el lugar correcto sería al lado del camino de entrada para su vivienda. Así lo hicimos. Se ha actuado con expreso permiso de los aparentes dueños del lugar. Nos sorprende que esto no sea reconocido por los Guardaparques de Laguna Blanca”.
Los vecinos recordaron además que en junio pasado habían pasado por el Observatorio del Parque Nacional Laguna Blanca e invitado al personal presente a acercarse a una de las reuniones de los Autoconvocados para compartir la preocupación por el impacto del proyecto minero, y para articular acciones y estrategias de resistencia, pero no hubo respuesta a la convocatoria.
“El cartel invita a no contaminar y a cuidar el medio ambiente, un mensaje supuestamente en sintonía con los objetivos de los Parques Nacionales (…). Deberían apoyar a nuestros reclamos y no perseguir a los mismos”, reflexionaron los vecinos en el comunicado.
Sin duda, los intereses que generan los emprendimientos mineros son realmente abarcativos e inconmensurables, y no lo son solo para los empresarios y gobiernos que se encuentran detrás (o adelante) de los proyectos. De todos modos, la lucha de los vecinos de las distintas localidades afectadas permanece igual de firme como el primer día en que estos mega proyectos empezaron a acercarse a suelo argentino.

Red Eco Alternativo

viernes, 25 de septiembre de 2015

El rumbo a octubre, con márgenes acotados para manejar las turbulencias económicas



La decisión del Gobierno de avanzar sobre la cotización de los bonos en dólares en manos de los fondos de inversión expuso la preocupación por la limitada disponibilidad de dólares que tiene. Mostró también los márgenes estrechos que tiene el Gobierno, por el impacto explosivo de la norma.El rumbo a octubre, con márgenes acotados para manejar las turbulencias económicas

Ayer fue otro día de desplome bursátil y de títulos públicos, continuando con la onda expansiva de los anuncios del día martes sobre la Resolución 646 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que obligará a los fondos de inversión a valuar los títulos públicos en dólares a la cotización de la moneda en el mercado oficial. Desde entonces, los fondos de inversión se están desprendiendo de forma acelerada de títulos públicos para evitar la pérdida que les generará en sus balances el descuento (ya que hasta ahora esos títulos cotizaban con un dólar implícito un 30% superior al oficial, el dólar que surge de la operación con bonos conocida como “contado con liqui”. Esta acelerada venta de bonos (los fondos habrían vendido títulos por alrededor de 5.000 millones de dólares desde el martes) empujó una fuerte caída de sus valores, y, junto con ellos, el del dólar implícito en las operaciones, que pasó de $14 a $13,30. En la caída se vio arrastrada también la Bolsa, al mismo tiempo que cayeron las acciones de empresas locales en Wall Street. Entre otras cosas existe el interrogante de si las tenencias de estas acciones también estarán alcanzadas por la Resolución 646.

La tensión cambiaria, al ritmo de la devaluación del real

La medida tomada por el Gobierno mostró la urgencia por “pisar” las cotizaciones del dólar que usan las empresas. En los hechos, terminó generando un buen negocio para las empresas que se abastecen de los mismos, ya sea para girar dólares al exterior o para pagar importaciones, que ahora pueden abastecerse a menor costo de los bonos que utilizan para conseguir los dólares que no llegan a comprar en el mercado oficial por no conseguir autorización del Gobierno.
Con un real que ayer continuaba depreciándose frente al dólar (llegó a cotizar 4,20 reales por dólar, aunque finalmente retrocedió a algo menos de 3,99 al final de la rueda), se viene complicando para el gobierno argentino administrar la hoja de ruta hacia el recambio gubernamental, hasta el que pensaba llegar con lo justo apelando a la vieja receta de la bicicleta financiera. Este camino, que ya conocemos desde los tiempos de Martínez de Hoz, tiene altos costos que se cargarán en la cuenta del ajuste sobre el pueblo trabajador que ya se preparan a aplicar todos los aspirantes con más chances de suceder a Cristina. Por el trastocamiento del panorama que significa Brasil, el Gobierno redobló los intentos por taponar las vías para compra de dólares, recortando el dólar ahorro y reforzando la presión sobre el paralelo y el contado con liqui. Pero la compra de dólar ahorro va rumbo a un nuevo récord (ya lo fue el nivel vendido el mes pasado), la brecha entre la cotización del dólar oficial y el “blue” seguía ayer cerca de 70%, y el recorte del dólar operado en los bonos ha sido limitado, con un fuerte impacto sobre la Bolsa que todavía se sigue profundizando.

El Banco Central, vaciado

El gobierno expone con sus decisiones una preocupación que desmiente la minimización que hace el ministro Kicillof sobre el rol que tiene el mercado ilegal de divisas y las operaciones con bonos. No es para menos, ya que las cuentas del Banco Central (BCRA) exponen una situación precaria. Aunque según el BCRA las reservas son de 33.599 millones de dólares, si tenemos en cuenta que allí está contando como propios lo swaps con China y Francia por 8.898 y suma los depósitos privados en dólares, en realidad el monto neto llega a 16.385 millones de dólares. En octubre está el vencimiento de Boden 2015, que alcanza los 6.500 millones de dólares. Aunque una parte de los mismos está en manos del Estado, el pago a privados no sería menor de 3.500 millones de dólares. Ante el panorama previsible de un comercio exterior que no aportará ningún dólar al BCRA (lo que significa tomar de base un escenario “optimista” de que el balance comercial no ingrese de lleno en zona negativa), esto dejará como vemos una autoridad monetaria en zona de riesgo en los comienzos del próximo Gobierno.

Cortar de cuajo el desfalco y la timba de los bonos

La sumatoria de medidas “intervencionistas” que implementa el kirchnerismo, no se proponen otra cosa que administrar la escasez de dólares sin atacar sus raíces de fondo. En primer lugar, terminar con el desfalco de la deuda. El pago “serial” que el Gobierno reivindica es el motivo central que explica la escasez de dólares que afronta la economía. Cristina Fernández afirmó que durante 12 años se pagó la friolera de 190 mil millones de dólares, a pesar de lo cual la deuda pública total no dejó de aumentar. En 2011 la deuda equivalía a 33,3 % de la economía nacional; hoy representa 43 % de la misma. Dentro de esto volvió a crecer la parte en dólares, gracias a los pagos a Repsol, el Ciadi, y el Club de París. Declarar el no pago de toda la deuda es una medida elemental.
Junto con esto, la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior. Los dólares que le “faltan” a la Argentina son los que vienen hace años administrando discrecionalmente las 30 empresas que hoy tienen un verdadero monopolio privado del comercio exterior, y los que fugan los grandes empresarios en connivencia con los bancos, que siguen contando con todas las ventajas que les otorgó la reforma de la ley de entidades financieras de 1977. Con estas iniciativas se puede frenar la especulación, los negocios con bonos, acciones y el precio del dólar actual y futuro, y asegurar el control de las divisas de acuerdo a las verdaderas urgencias nacionales, las inversiones largamente postergadas en infraestructura, vivienda, y en abastecer la matriz energética que padece el descalabro de décadas de saqueo imperialista.

Esteban Mercatante
@estebanm1870

El Clan Puccio: las sombras de la SIDE y la Triple A



La película de Trapero y la serie de Telefe nos traen al presente a uno de los personajes más siniestros de la historia policial argentina. Digamos mejor: de la historia política. La oscura trayectoria de Arquímedes Puccio y su clan como parte de las patotas de la derecha peronista y los servicios de inteligencia.

En una de las primeras escenas de la película El Clan, un militar habla ante hombres de uniforme. Hay también algunos de traje. Parece un ritual de despedida.
-Ustedes fueron testigos de las circunstancias más duras del combate. En este acto expreso mi agradecimiento por su actitud valorosa y heroica en el cumplimiento del deber. ¡Viva la Patria!
-¡Vivaa!
Luego “el Comodoro” se acerca a dos hombres que charlan en la intimidad. Esos hombres son dos de los criminales más famosos de la historia argentina: Aníbal Gordon y Arquímedes Puccio. Ellos le devuelven el afecto. “Gracias Comodoro”.

​A la pantalla grande

En estas semanas se estrenaron dos obras que retratan la historia de Puccio y su familia. Una película de Pablo Trapero protagonizada por Guillermo Francella, y una serie de Luis Ortega con Alejandro Awada. La opinión sobre ambas producciones merece una nota aparte, sin dudas.
Lo cierto es que entre el año 1982 y 1985, el Clan Puccio secuestró y asesinó a 3 empresarios; “perdió” cuando cobraba el rescate de la cuarta víctima. Como familia “bien” de San Isidro, aprovechó sus círculos y relaciones para perpetrar cada uno de los hechos.
El grado de complicidad de su mujer y sus hijos, la psicología criminal del padre y el contexto histórico de la “transición democrática” son algunas de las facetas de ambas ficciones. Pero el retorno de los Puccio también nos puede acercar a una faceta de aquella historia para muchos desconocida, insinuada en la película de Trapero, hasta ahora ausente en la tira de Telefé.

La derecha peronista de San Isidro

En la película, pero sobre todo en la serie, Puccio hace gala de una confusa ideología. Con sus encendidas proclamas contra los “ricachones”, justifica las acciones de una banda protegida desde el poder.
Uno de los periodistas que se encargó de investigar la ola de secuestros a principios de los 80, Carlos Juvenal, hace un resumen revelador de quién era Arquímedes: “peronista de la primera hora, amigo del coronel Osinde, desde 1973 estuvo al lado de José López Rega, participó de la represión en Ezeiza, tenía amigos en el Comando de Organización”. Y es solo un adelanto.
El primer paso que permite reconstruir la “historia política” del Clan Puccio se sitúa en 1947. Por relaciones familiares, ingresa al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perón. Su carrera se detendría abruptamente en 1963. Mientras cumplía funciones como correo diplomático, es detenido en el Aeropuerto de Ezeiza con un cargamento de 250 pistolas Beretta calibre 22.
Por esos años, Puccio ya había pasado por Tacuara, una organización católica de ultraderecha que actuaba de fuerza de choque contra comunistas, estudiantes combativos y judíos.
En 1973 se formaría en la Escuela Superior de Conducción Política del Partido Justicialista. Allí conoce a uno de sus futuros secuaces, Guillermo Fernández Laborda. Así lo documenta el periodista Vicente Muleiro en su libro “1976 - El golpe civil”.
Ese año sería un año bisagra en la trayectoria de Puccio. Con el regreso de Perón, crecía el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista.
José López Reja recluta su personal. El teniente coronel Jorge Osinde, uno de los organizadores de la masacre de Ezeiza, se convertía en Secretario de Deportes y Turismo, dependiente del Ministerio de Bienestar Social. Osinde apenas diferenciaba el fútbol y el waterpolo, pero estaba ahí para otra cosa. Arquímedes Puccio, otro inútil en materia deportiva, se convertía en subsecretario.
Pero los muchachos también tenían otros “trabajitos”. En octubre de 1973 es secuestrado el gerente de Bonafide Enrique Pels. Los investigadores terminan dando con los responsables, entre ellos Arquímedes Rafael Puccio. Gracias a sus contactos, a las pocas semanas es liberado. La causa había quedado a cargo del comisario Miguel Angel Etchecolatz y sería “investigada” por Pablo Peralta Calvo, el mismo juez que no pudo hallar responsables en la masacre de Ezeiza.
En su declaración Puccio da un mensaje claro, un salvoconducto. Ante sus interrogadores, señala su relación “con el comodoro Arca, actualmente Jefe de Contraespionaje de la SIDE”.
Según las investigaciones periodísticas, “lo que se saca en limpio de este caso es que Puccio trabajaba cerquita de López Rega, cobraba sueldo en la SIDE, y conocía bien al Comodoro Arca que cumplía tareas codo a codo con Aníbal Gordon”.
Ya hablaremos de Gordon.

Al “servicio” del secuestro

Arquímedes Puccio formaría, desde sus inicios en los años 70, en uno de los rostros visibles de lo que podríamos llamar el “Estado Mayor” del secuestro en la Argentina. Un círculo oscuro, donde se supieron entralazar, no sin traiciones y vendettas, delincuentes comunes, policías y soldados, junto a miembros de los servicios de inteligencia. Los Gordon, los Guglieminetti, los Puccio, los Ruffo, a pesar de sus frondosos prontuarios, no eran más que una segunda línea de un aparato siniestro que emanaba de altos mandos militares.
Como cuenta Juvenal, “esos grupos armados seleccionados entre el hampa por el Batallón 601 y afines, más la patota sindical y la Triple A, caído el gobierno de Isabel Perón fueron asimilados por el aparato represor del proceso militar, que no tuvo reparo en reclutar delincuentes de libro”.
El mismo modus operandi está muy bien retratado en el excelente documental ’Parapolicial negro’.
“Esos hombres que en un gobierno elegido por el pueblo, o por cinco militares, se dedican a amenazar, golpear, secuestrar, torturar, colocar bombas, extorsionar y matar, llegada la democracia, algo tenían que hacer. La ’mano de obra desocupada’ dijo Troccoli. Pero en realidad tan desocupada no estaba, porque siguió con los atentados,las amenazas, los secuestros extorsivos”.
Puccio era parte de esos hombres. No tuvo tanto peso como Aníbal Gordon, que comandó la represión contra los obreros clasistas de Villa Constitución en 1975 y luego fue responsable del centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti. Pero fue parte de los mismos engranajes. Como sentencia Juvenal, “la mayoría de los secuestradores, implicados en los casos más resonantes no sólo perteneció a la inteligencia criminal o policial, sino que formó parte del más violento aparato represor que conoció la Argentina”.
Aquellos de esos hombres podían cobrar en distintas “ventanillas”. Se conoce que además de su trabajo para la SIDE, Puccio fue integrante del Servicio de Informaciones de la Aeronáutica. Así figura en distintas investigaciones y en presentaciones de la Causa Triple A (“PUCCIO ARQUIMIDES, personal civil del SIA, AAA”).
Vicente Muleiro asegura que “hubo personal civil que hizo ruido ayudando a demostrar hasta qué punto la más pura y brutal delincuencia había sido coptada por el Estado videlista. Nombres como Guglielminetti, Gordon y Puccio señalan la índole moral de este personal de servicio”.
Los principales “objetivos” de ese aparato represor eran, en realidad, la militancia de izquierda y los sectores combativos del movimiento obrero.

​“El Clan” de los fachos

Como señala Juvenal, “llegada la democracia, algo tenían que hacer”. Algunos “pierden”, pero otros empiezan a armar nuevas bandas, a montar “su propio negocio”. Aprovechaban la impunidad que Alfonsín les daba a miles de coroneles, comodoros y servicios.
Arquímedes Puccio organizaba su “clan” a fines de la dictadura. Los principales integrantes serían personajes de su misma calaña. Rodolfo Palacios resume sus prontuarios en su libro “El clan Puccio, la historia definitiva”.
El “coronel”, como lo llaman en la serie aunque en la película sólo aparece como una voz en el teléfono, es Rodolfo Victoriano Franco. “Los unía su militancia en Tacuara y la Triple A” cuenta Palacios. Franco sería luego quien reconoce ante la justicia que Puccio había actuado bajo las órdenes de Osinde en Ezeiza y cobraba de la SIDE.
Guillermo Fernández Laborda, lugarteniente de Puccio, “llegó a ser miembro del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y estuvo en el Movimiento Nueva Argentina”. El MNA era una organización nacionalista de derecha fundada en 1961, cuyos hombres terminaron luego en distintas fracciones del peronismo.
Roberto Oscar Díaz era el chofer de la banda; no se le conocen antecedentes en los servicios.
Sin embargo, dice Palacios, “todos estos hombres coincidieron en un mismo lugar y una misma fecha. El 20 de junio de 1973, el día histórico del regreso de Perón, Puccio, Laborda, Díaz y Franco estaban en Ezeiza. Los enfrentamientos empezaron cuando sectores de la derecha peronista, bajo el mando del coronel retirado Osinde, atacaron a las columnas de FAR y Montoneros. Hubo 13 muertos y 365 heridos”.
En la banda colaboraban, en distintos grados, los familiares de Puccio. Sus hijos, los rugbiers del CASI Alejandro y ’Maguila’, fueron los más activos.

La escoba, la hostia y el fusil

A Puccio los vecinos lo sorprendían siempre barriendo. “El loco de la escoba” le decían. Después entendieron que en realidad estaba vigilando.
Cada cual jugaba su rol en el Clan. No sólo sus compañeros de armas. También su sangre. “Éramos una familia muy normal, muy unida. Nadie nos vio haciendo algo malo” decía Arquímedes. Todos los días con la escoba, los domingos a misa. Rezar y planificar el próximo golpe. “Quiero estar en la guía azul” dice en la serie su mujer Estefanía. Todo una pintura de una clase social que había golpeado la puerta de los cuarteles, y cuyos hombres habían sido soldados de la cruzada en defensa de la moral occidental y cristiana.
Puccio y sus hijos varones fueron condenados por los secuestros de Manoukian, Aulet, Naum y Bollini. Las mujeres de la familia quedaron libres.
Esa es una parte de la historia. “El Clan” la trae al presente en una atractiva ficción.
La otra parte, la más importante, la pantalla no la termina de desnudar. La realidad es que las fuerzas de seguridad, los militares, los servicios, las bandas paraestatales, fueron las verdaderas organizadoras de aquellos secuestros y del gran delito en general. Ahí hay que buscar a los jefes de los Puccio, de los Gordon.
La realidad es que después de tres décadas, la inmensa mayoría de aquellos asesinos sigue impune.

Lucho Aguilar

Atilio López, la Triple A y el peronismo

Este martes 16 se cumplieron 40 años del asesinato de Atilio López, histórico dirigente de la UTA, uno de los protagonistas del Cordobazo y quien fuera además vicegobernador de la provincia de Córdoba desde mayo de 1973 hasta el golpe policial que pasó a la historia como Navarrazo, ocurrido en febrero de 1974.
En este aniversario el kirchnerismo local, junto a autoridades nacionales, del municipio y de la UTA, llevaron a cabo distintos eventos de homenaje a la memoria de López. Estos incluyeron el descubrimiento de una placa en la sede de la UTA Córdoba, la colocación de un busto conmemorativo en la esquina de Bulevar San Juan y Avenida Vélez Sarsfield y un festival del que participaron, entre otros, Paola Bernal y el Dúo Coplanacu. La presencia de autoridades nacionales -como el secretario de Derechos Humanos de la Nación Martín Fresneda- y del intendente de la ciudad, Ramón Mestre, dio notoriedad a los actos conmemorativos.

Tragedias políticas

Atilio López fue asesinado por la Triple A, organización paraestatal armada directamente por el gobierno nacional al que López había apoyado. Una de las mayores tragedias políticas de la historia de los años ‘70 fue la protagonizada por la izquierda peronista, dentro de la cual se enrolaba el histórico dirigente de la UTA.
Protagonista de importantes luchas que habían golpeado a la dictadura de la llamada Revolución Argentina -entre ellas el mismo Cordobazo o el Viborazo de 1971- López, como parte de esa izquierda peronista, privilegió el alineamiento con la política gubernamental del peronismo a partir de 1973.
El viejo General vuelto del exilio se proponía instaurar el “orden” y la “paz entre los argentinos”. Su rol esencial -y así lo afirmaba Perón- consistía en frenar la lucha creciente de la clase trabajadora, el pueblo pobre y la juventud. Pero esto significaba aplicar una política represiva sobre los sectores más conscientes que, incluso, se proponían la lucha por el socialismo.
La Triple A nació de esa necesidad. Fue la herramienta que creó el gobierno peronista para derrotar a los sectores sobre los cuales su hegemonía política era limitada. Diversos cálculos estiman entre 1500 y 2000 la cifra de asesinados por esa organización paraestatal. Eran luchadoras y luchadores obreros, juveniles, populares, militantes de la izquierda peronista y de la izquierda marxista. El asesinato de López refleja entonces una tragedia colectiva.
La subordinación política de López al peronismo gobernante significó, en varias ocasiones, una frustración para los sectores avanzados de la juventud y la clase trabajadora. Una de ellas ocurrió al plantearse la normalización de la CGT Córdoba con una conducción completamente peronista, hecho ocurrido en julio de 1973. Eso motivó importantes tensiones con Agustín Tosco y René Salamanca.
Un segundo hecho de importancia fue el abandono, casi sin pelea, del gobierno provincial luego del Navarrazo. Tanto López como Obregón Cano pusieron su suerte en manos de Perón y el gobierno nacional. Pero éste terminó avalando el golpe mediante la Intervención federal de la provincia. Algo que no debería haber extrañado dado que el gobierno nacional, la derecha peronista cordobesa y las conducciones sindicales burocráticas venían alentando el golpe desde hacía meses.
La enorme tragedia de una generación de luchadores populares en los años 70’ fue la de confiar en un proyecto político que declaraba, desde sus inicios, abiertamente y sin ambages que su objetivo era liquidar la lucha de clases. En este marco es posible entender el asesinato de López por un gobierno peronista.

Eduardo Castilla
@castillaeduardo

Preocupados por el proceso de justicia

Más de 300 académicos, investigadores sobre historia reciente, criticaron los intentos por frenar y cuestionar los juicios por delitos de lesa humanidad, relativizar la magnitud de los crímenes y mostrar a los perpetradores como víctimas.
El proceso de justicia por crímenes del terrorismo de Estado en Argentina es un ejemplo en el mundo entero. Sin embargo, en esta transición política, su legitimidad intenta ser horadada desde distintas usinas que buscan “relativizar la magnitud de los crímenes”, “cuestionar los juicios” y mostrar “a los perpetradores como víctimas de un poder arbitrario”. Así define estas intervenciones un pronunciamiento muy crítico firmado en clave de manifiesto por más de 300 académicos, investigadores de la historia reciente Argentina que desarrollan su trabajo desde hace años en universidades de todo el país y del extranjero. Bajo el título “La democracia se construye con verdad y con justicia”, el documento muestra preocupación por las recientes intervenciones de editoriales del diario La Nación y mesas de la Universidad Católica Argentina y de San Andrés. El texto subraya que “las políticas públicas para procesar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos han abarcado esfuerzos reconocidos en el país y a escala internacional”. Y señala una preocupación más profunda que encierra, como señaló la historiadora Marina Franco recientemente, “la posibilidad más vasta de que se modifiquen los consensos sociales en cuanto a la condena de la violencia de Estado”.
“En nuestra condición de investigadores de la historia reciente de la Argentina, que desarrollamos nuestra labor en el Conicet y en diversas universidades nacionales y extranjeras, queremos manifestar nuestra preocupación por una serie de intervenciones producidas en diversas ámbitos académicos –la Universidad Católica Argentina, la Universidad de San Andrés– y la prensa gráfica –el diario La Nación– que relativizaron la magnitud y cualidad de los crímenes y la represión estatal durante los años setenta en la Argentina, cuestionaron los juicios penales en curso contra perpetradores de violaciones a los derechos humanos y propusieron a los procesados y condenados por estos abusos como víctimas de un poder arbitrario. En paralelo, han demandado la reconciliación y el perdón como fruto de una negociación entre verdad e impunidad. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia argentina, cuando la impunidad reina la verdad no aflora”.
El documento está firmado por especialistas, muchos con muchísimos años de trayectoria, que hace años investigan la dictadura y sus efectos. Entre otros, firman Elizabeth Jelin, de Ides-Conicet; Dora Barrancos, UBA Conicet; Emilio Crenzel, Conicet UBA; Ernesto Bohoslavsky, Conicet UNGS; Gabriela Aguila, Conicet-UNR; Luciano Alonso, CesilUNL; Ana Barletta, Idihcs/UNLP; Vera Carnovale, Conicet-CeDinCI/Unsam; Jorge Cernadas UBA-UNGS; Roberto Pittaluga, UBA/UNLPam; Marina Franco, Conicet-Unsam; Patricia Funes, Conicet-UBA; Santiago Garaño, Conicet –UBA– Untref, y Alejandra Oberti, UBA. También Sofía Tiscornia, UBA-CELS; Ludmila Catela, del Archivo provincia por la Memoria de Córdoba. Carlos Sico, de la Universidad Federal de Río de Janeiro; Julio Pintos, de Chile; Nora Rabotnicof, de la UNAM de México, y Estela Schindel, de la Universidad de Constanza de Alemania.
El texto comenzó a ser escrito por un grupo de ellos, a la luz de las críticas al proceso de justicia reciente que parecen acentuarse a medida que se acercan las elecciones. Los intentos de revisar las políticas de juzgamiento fueron leídos desde el principio como una “operación de cierre sobre la revisión del pasado” y activó debates y la escritura de un texto nutrido por investigadores que provienen de distintas tradiciones políticas. El resultado es este documento, que se desmarca de la lógica K o anti K, para pensar el proceso de justicia como resultado de un camino de años, con contribuciones del movimiento de derechos humanos y de los “distintos gobiernos constitucionales”. En ese contexto, los postulados tienden puentes entre la Conadep, el Juicio a las Juntas y los nuevos procesos de justicia como un hilo que nutre el presente en términos de construcción de sentido y consensos sobre el pasado, pero también sobre las agendas a futuro.
“Consideramos que en la Argentina se ha establecido fehacientemente, como resultado de la lucha del movimiento de derechos humanos y de las políticas públicas de distintos gobiernos constitucionales, la trágica singularidad de los crímenes cometidos por la última dictadura militar que procuró eliminar la disidencia política con el orden social establecido. Pensamos que las políticas públicas para procesar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos han abarcado esfuerzos reconocidos en el país y a escala internacional. La Conadep constituyó la primera comisión de la verdad exitosa a escala global, el Juicio a las Juntas estableció la existencia de un plan represivo, sistemático e ilegal, restauró la dignidad de las víctimas al reconocer su condición de sujeto de derecho y repuso a escala internacional a la justicia penal como herramienta para procesar las violaciones a los derechos humanos; se otorgaron reparaciones económicas y simbólicas, diversos lugares emblemáticos de la represión fueron instituidos como sitios de memoria y este pasado forma parte del currículo educativo.”
En ese marco, dicen, “se inscriben los juicios actuales en los que algunos de nosotros hemos intervenido en calidad de peritos, testigos o mediante otras maneras a requerimiento del Poder Judicial. Los juicios en curso, en los cuales los acusados gozan de todas las garantías legales, comenzaron a poner las garantías legales, comenzaron a poner fin a una situación de impunidad contraria al derecho nacional e internacional y reconocieron nuevamente la dignidad de los afectados. Su efecto no ha sido sólo punitivo. Pusieron en evidencia la materialidad de la represión en provincias que se imaginaban al margen de los crímenes de Estado, iluminaron complicidades corporativas e identificaron la sistematicidad de las violencias sexuales padecidas por las/os cautivas/os en los centros clandestinos. En síntesis, consideramos que los juicios forman parte de un conjunto de políticas públicas que deben y merecen ser continuadas”.
Como investigadores de la historia reciente, también explican, “sabemos que la elaboración de la verdad no se agota en la que producen los tribunales. Asimismo, entendemos que corresponde que la voluntad y la acción del Estado en esta materia se mantengan al margen de todo uso partidario, sectario o clientelar”. El acceso a los archivos públicos de la represión, critican, “reconocido en las disposiciones que los constituyeron, no puede ser arbitrario o discrecional. La configuración de los sitios de memoria, su uso, y los relatos que guían a sus visitantes deben comprometer amplios procesos de deliberación colectiva y excluir toda banalización o faccionalismo para así evitar que la elaboración de la historia y el ejercicio de la memoria queden presas de tutelas o monopolios”.
Estas ideas, finalmente agregan, “forman parte de nuestro compromiso como investigadores de la historia reciente del país pero, también, como ciudadanos que entendemos que el conocimiento de la historia argentina reciente continúa siendo una empresa necesaria para iluminar este pasado que, por sus cualidades, nos sigue interpelando como sociedad y porque comprendemos que, en ello, se expresa nuestra voluntad para con la vigencia presente y futura de los derechos humanos”.
Ayer por la mañana el texto sumaba 330 firmas. A la tarde eran 380. A los académicos comenzaron a sumarse voces del campo de los derechos humanos.

Alejandra Dandan
Página/12

jueves, 24 de septiembre de 2015

Tucumán: la democracia clientelar y la moralina republicana



El largo fallo de la Cámara tucumana que anuló las elecciones condensó un debate ideológico político y dejó en evidencia lo que une a los llamados “nacional populistas” y los “liberal republicanos”.
Las cerca de cincuenta páginas del fallo de la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la justicia tucumana sintetiza los argumentos de ambas partes y es ilustrativo del enfrentamiento político que se desarrolla en la provincia.
Dos son los fundamentos centrales que aceptaron los camaristas de parte de los demandantes (la coalición “Acuerdo para el Bicentenario” que llevaba a José Cano como candidato) para hacer lugar al pedido de anulación.
Por un lado, la existencia de prácticas clientelares con pruebas basadas en los medios periodísticos, incluida la "confesión" del actual gobernador, José Alperovich, sobre la entrega bolsones que -según su versión-, igualmente no modificaron el resultado.
Por otro lado, que la Junta Electoral Provincial, en complicidad con la Gendarmería Nacional, se negó a remitir al Tribunal las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar donde estaban resguardadas las urnas.
Pero lo llamativo fueron los argumentos cruzados en torno a la primera cuestión: el clientelismo.
La resolución de la Cámara relata que la defensa del FpV adujo “que en última instancia, puede señalarse que nadie puede negarle a ningún elector el derecho (sic) a recibir todos los bolsones que quisiera y de ser trasladado gratuitamente a los lugares de votación cuantas veces le plazca (...)”. Luego viene el argumento más interesante: esto no implicaría problema alguno, salvo porque puede herir “la susceptibilidad de aquellos que se consideran con superioridad para juzgar a otros, revestidos de una superioridad que nadie les asignó”.
Por momentos los escritos deslizan una polémica con dos fundamentos ideológicos diferentes, pero que tienen la misma naturaleza paternalista o tutelar.
Los defensores del FpV rechazan enérgicamente “la presunción descalificadora del elector ‘ignorante’, que debe ser cuidado por el elector ‘inteligente’”.
Mientras que los demandantes y la Cámara responden con la defensa sagrada del “derecho a votar libremente por el candidato de la propia elección, la esencia de la sociedad democrática, y cualquier restricción a este derecho golpea el corazón del sistema representativo”.
Unos son defensores inclaudicables frente a la descalificación de los pobres e “ignorantes”; los otros, los gendarmes de la esencia de su libertad.
El clientelismo es cuestionado desde un bando con finos argumentos liberales que aseguran que es un condicionante inaceptable para los ciudadanos que deben ser teóricamente “libres” para llevar adelante su decisión.
De la otra parte, el clientelismo es respaldado como un "derecho" que solo pueden cuestionar los infames elitistas que se consideran superiores. De esta manera, los buenos y comprensivos “populistas” conceden con desinteresada generosidad el derecho de los pobres a no morirse de hambre.
Unos hacen una defensa paternalista y perversa de un método que utiliza la situación de pobreza generada por sus propios gobiernos, para sus fines políticos; y otros responden con un cuestionamiento moral o ético vacío.
Sin embargo, en algo confluyen los habitantes de los dos lados de la “grieta” que con distintas versiones cruzó toda la historia nacional: ambos naturalizan la existencia de la pobreza y se postulan como los mejores tutores de la “vida de los otros”.
Parecen parafrasear el viejo axioma evitista que afirma que "donde hay una necesidad, hay un derecho", y actualizarlo a los tiempos que corren: "donde hay una necesidad, hay una interpretación".
La “lucha de clases medias” en medio de la disputa electoral. La “batalla cultural”, traducida al críptico lenguaje de la justicia.
Esto pone de manifiesto que en la crisis tucumana se juega mucho más que la democracia formal, aunque efectivamente están avasallados derechos democráticos elementales, como el que expresa la distorsión bochornosa de los acoples.
Pero la crisis política abierta deja al desnudo los problemas profundos de una estructura social y económica que es garantía de la desigualdad de clases, la explotación y la pobreza en la que se apoya la “democracia” tucumana.
Esta realidad es una ley suprema y natural para ambas fracciones que disputan el poder. Y tienen un profundo consenso común: dentro de esa ley todo, fuera de esa ley, nada.

Fernando Rosso
La Izquierda Diario

miércoles, 23 de septiembre de 2015

El asesinato de Rucci



El 25 se septiembre de 1973 cayó bajo las balas de un supuesto comando montonero José Ignacio Rucci, líder de la CGT y hombre de confianza de Perón dentro del sindicalismo.
Ese día Rucci se retiraba de uno de sus domicilios en Avellaneda 2953. El operativo que terminó con su vida fue conocido bajo el nombre de Operación Traviata. Así relataba entonces la publicación Descamisados los pormenores del atentado: “Cuando se dirigía en un Torino patente provisoria E 75885, que habitualmente lo trasladaba. (…) el operativo que eliminó a Rucci comenzó aparentemente cuando, desde la vereda de enfrente, le fueron arrojadas varias granadas, de las cuales una, al menos, no habría explotado. Tras las granadas, Rucci y Ramón Rocha —un guardaespaldas que llegó con él desde San Nicolás— se parapetaron detrás de la puerta abierta del automóvil. Entre tanto, desde la casa en venta de Avellaneda 2951, a través de un agujero efectuado al cartel del primer piso, se le efectuaban los disparos que le ocasionarían la muerte. En el Torino se encontraron 12 impactos de bala. Los demás acompañantes de Rucci, algunos todavía en la vivienda y otros sobre los otros dos automóviles que acompañaban al Torino, se quedaron paralizados por el terror. El líder de la CGT quedaba acribillado en el piso; Rocha, herido también durante el tiroteo, pedía a gritos ayuda a sus compañeros y Tito Muñoz, el chofer, con varios balazos en el cuerpo, aparecía como muerto. Luego se informaría que Muñoz estaba con vida, y, al igual que Rocha, sería trasladado a una clínica privada donde se le efectuaría una intervención quirúrgica de urgencia”.
La muerte de Rucci impactó fuertemente en el escenario político. En su velatorio Perón se lamentó: "Me mataron a un hijo” y ante el periodismo dijo que "estos balazos fueron para mí; me cortaron las patas”. No era para menos. Con Rucci se iba el dirigente que le había permitido a Perón recobrar su control sobre la CGT luego del asesinato del "Lobo" Augusto Timoteo Vandor. Este último había intentado disputarle al viejo caudillo la dirección del peronismo. Rucci era un soldado de Perón que se puso al hombro la tarea de salvar al régimen burgués controlando al movimiento obrero insurgente que había parido el Cordobazo en mayo de 1969.
Rucci fue uno de los firmantes del Pacto Social que desde 1973 congelaba precios y salarios y beneficiaba abiertamente a las patronales. Al firmar dicho acuerdo el líder cegetista declaró premonitoriamente “yo sé que con esto estoy firmando mi sentencia de muerte, pero, como la Patria está por encima de los intereses personales, lo firmo igual”. Lo cierto es que el interés de la “patria” para Rucci pasaba por liquidar a la vanguardia militante que disputaba las fábricas a la burocracia y amenazaba la dirección del peronismo oficial. Rucci fue uno de los jefes indiscutidos de la derecha peronista y como tal responsable de los crímenes de las bandas fascistas paraestatales, principalmente de la Masacre de Ezeiza contra la Juventud Peronista el 20 de junio de 1973. Por todo ello se ganó merecidamente el mote de traidor por parte de los luchadores obreros.
Los Montoneros coreaban en sus movilizaciones la consigna “Rucci, traidor, saludos a Vandor” autoadjudicándose el hecho. Una muestra trágica de la concepción de la izquierda peronista que buscaban disputar con la burocracia sindical mediante el método del atentado guerrillero y la negociación in extremis con Perón y no con la organización de la lucha de clases contra el Pacto Social y la independencia política de los trabajadores.
Después de la muerte de Rucci la burocracia sindical, como parte de las Tres A y con el respaldo de Perón, recrudeció su accionar contra los luchadores sindicales y los militantes de izquierda.

Facundo Aguirre

martes, 22 de septiembre de 2015

Laica o Libre: Estudiantes en pie de lucha



El 19 de septiembre de 1958, se produjo una de las movilizaciones más importante, por su masividad, por parte del estudiantado universitario y secundario, para defender el carácter laico de la educación pública Argentina.

En diciembre del `55, la dictadura de Aramburu promulgó la ley 6403/55, cuyo artículo 28, define que “la iniciativa privada puede crear universidades libres”, es decir, que pueden emitir títulos oficiales, siempre y cuando se sometan a reglamento. La ley estaba hecha a la medida de la Iglesia Católica, y estaba impulsada por el Partido Demócrata Cristiano, apoyada por sectores de la burguesía más conservadores y personalidades como Álvaro Alsogaray que demandaban la “libertad” de enseñanza contra el “monopolio” estatal. El decreto fue resistido por el sector universitario de la UBA reformista, de pasado anti peronista que, incluso, había visto con buenos ojos el derrocamiento del viejo líder. En el `56, la FUA y la FUBA, llevaron a cabo huelgas, toma de facultades y manifestaciones públicas para impedir la implementación del artículo 28. El conflicto se diluyó y se llegó a un impasse, tras la renuncia del entonces rector de la UBA José Luis Romero y el Ministro de Educación Atilio Dell`Oro Maini.

Cumplir con la curia

En junio del `57, el electo presidente Arturo Frondizi, quien era apoyado por estos sectores laicistas como el Partido Socialista y el Partido Comunista, se pronunció contra “el monopolio del estado sobre la enseñanza”, y en agosto del `58 avanzó sobre la reglamentación del artículo 28. La respuesta del estudiantado no se hizo esperar, pero esta vez incorporando a un sector nuevo como son los estudiantes secundarios, que en el Rosariazo de mayo del `69 tendrían un papel preponderante. En mayo del `58 fundaron la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios (FEMES) en medio de trifulca contra sectores más nacionalistas y reaccionarios, lo que expresaba el nivel de activismo y la tendencia a la organización de la época. Entre septiembre y octubre, las oleadas de movilizaciones, ocupaciones de colegios, asuetos, piquetes o los enfrentamientos callejeros con los “libres” van a ir en crecimiento.

Lucha de clases, lucha de calles

El 15 de septiembre y el 19 de septiembre, se realizaron las concentraciones de los dos grandes frentes aglutinadores en pugna. El 15 de septiembre se concentraron en la Plaza del Congreso el sector de “libres”, encabezado por el Arzobispo de La Plata Monseñor Plaza. Convocado por el “Comité de Defensa de la Enseñanza Libre” y endulzado por los principales medios de comunicación conservadores, quienes describieron a la concentración como una lección de orden, frente a las anteriores movilizaciones de los secundarios “laicos”. Ésta concentró alrededor de 60 mil personas, y contó con la participación activa y el debut público del grupo de choque abiertamente fascista Tacuara.
En cambio, para el 19 de septiembre estaba decretado la huelga universitaria de tiempo indefinido, y la concentración en la Plaza del Congreso, lugar ocupado casi a diario por los estudiantes secundarios, quienes ya a principios de septiembre hicieron suya la lucha por la laicidad de la educación pública y que fuera escenario de todo tipo de enfrentamiento contra los conservadores “libres”. Alrededor de 350 mil se movilizaron ese día. Se concentraron la FUA, la FUBA, y la FEMES (secundarios), y se contó con la adhesión de la CGT, y los gremios de la construcción, Gastronómicos, Municipales, Telefónicos, etc. Entre los ejes programáticos no solo se encontraban las demandas propias, sino también la defensa de los recursos patrimoniales como el petróleo de manos de las multinacionales privadas.
Pero los movimientos estudiantiles dirigentes, cometieron el pecado de confiar en los legisladores del parlamento, y mantener la presión sobre los mismos convocando al paro universitario por 48 horas y a la espera de la resolución en el congreso. Desde la FUA, llamaron a la derogación del artículo 28 por medio de una carta abierta a los legisladores, mientras las tomas de las universidades pasarían a ser tomadas como medidas extremas en caso de ser necesario.
El 24 de septiembre, mientras el parlamento debatía el proyecto del diputado de la UCR Horacio Domingorena, alrededor de 200 estudiantes del SUD (Sindicato Universitario de Derecho), ligados a Tacuara, desalojaron una asamblea argumentando su “derecho a aprender”. Por la noche, ocuparon Rectorado y la Facultad de Filosofía y Letras. Formaron barricadas e incendiaron libros de la Biblioteca. Como respuesta, la FUBA promovió la ocupación de las universidades y FEMES la de los colegios.

La ley Domingorena, y la injerencia de la iglesia en la actualidad

El 30 de septiembre se votó en el parlamento, en el medio de insultos y desmanes afuera del congreso, la Ley Domingorena, lo que resultó una derrota parcial para el movimiento estudiantil. Ésta autorizaba a que las Universidades privadas expendieras títulos habilitantes, pero sin financiamiento del estado. Si bien por medio de la ley, se estableció la victoria para los “libres”, el proceso significó la incorporación de amplios sectores de clases medias a la movilización para defender a la educación pública del ataque de la Iglesia. Sectores que años atrás eran la base social del régimen de la dictadura “fusiladora” y del gobierno frondicista, y que en el ‘58 veían sus aspiraciones chocar contra la realidad. Además la importancia de la incorporación de los secundarios como un nuevo actor más radical dentro del movimiento estudiantil.
En la actualidad, el debate sale a flote nuevamente. La Iglesia, por su parte, nunca abandonó sus propósitos de avanzar sobre la educación pública. Actualmente, se ha visto favorecida por los cambios que, como parte del consenso derechista, se vienen produciendo en la legislación nacional. Este año, la Comisión del Digesto Jurídico (1) que se encarga de regular el ordenamiento de las leyes nacionales, y que en la actualidad se compone en su mayoría por diputados y senadores kirchneristas, como Rodolfo Julio Urtubey, hermano del Gobernador de Salta, derogó el pasado agosto, la famosa Ley 1420, dejando como única ley vigente la 26.206. Esta ley (promulgada en 2006), a diferencia de la 1420, no se pronuncia sobre la laicidad de la educación pública, dejando este tema prácticamente en el limbo. Estos cambios en la legislación favorecen el avance de la Iglesia en la educación como viene sucediendo a nivel provincial. En el caso de la Salta de Urtubey, la educación religiosa en las escuelas públicas ya es un hecho. A los alumnos los hacen peregrinar a la Catedral Basílica. Incluso, previo a la peregrinación, el alumnado tiene que confesarse con los sacerdotes.
El Kirchnerismo entregó en bandeja años de lucha en las calles a esa institución anti científica, oscurantista y opresora. Por eso el movimiento estudiantil continúa siendo –como a lo largo de todas estas décadas- uno de los actores fundamentales que lucha, se organiza y le exige al gobierno una verdadera educación laica y gratuita en todo el país

Lautaro Pastorini

Notas

1. Ésta Comisión está encargada de regular el ordenamiento de las leyes nacionales de carácter vigente.

Fuente: La batalla de los “laicos”: La movilización estudiantil en Buenos Aires. Septiembre-Octubre de 1958. Valeria Manzano.