Pedro Castillo junto al ministro de economía, Pedro Francke
Los explotados no deben subordinar sus reclamos a la “gobernabilidad”.
En el mismo acto de asunción del nuevo gabinete estalló la crisis. El nombramiento como primer ministro de Guido Bellido, de Perú Libre, provocó una ola de críticas de los medios de prensa y la derecha, por encontrarlo “radicalizado”, pidiendo que fuera reemplazado. Y los designados como ministros de Economía (Pedro Francke) y de Justicia y Derechos Humanos (Aníbal Torres) se negaron a asumir y se retiraron de la ceremonia. Consideraban que no estaba garantizado que pudieran llevar adelante el programa de convivencia con el gran capital, que habían anunciado en la segunda vuelta de la campaña electoral y en el largo periodo que se tomó la Junta Electoral para reconocer el triunfo de Castillo.
Esa misma noche, Castillo se reunió en privado con Francke. Y Bellido sacó un comunicado público dando garantías de que no se iba a tomar medidas contra el gran capital y que Francke iba a poder dirigir la política económica sin ninguna limitación. Esta pulseada la ganó el “neoliberalismo”.
Un par de días antes, la elección de la presidencia y vicepresidencias de la Unicameral, también había sido copada por los partidos de la oposición derechista. Versiones fidedignas afirman que esto también fue negociado con el presidente Castillo, para dar más garantías de que el parlamento iba a ser independiente del Poder Ejecutivo. Otro punto para la iniciativa de la derecha.
Esta es la línea que viene desarrollando el imperialismo y la oligarquía burguesa y sus partidos: presionar para arrancar garantías, limitar el accionar del nuevo gobierno y cortar de cuajo cualquier tendencia a adoptar medidas “populistas”, que den satisfacción a los reclamos de las masas. Están particularmente preocupados porque la lista de Perú Libre y Pedro Castillo fue un imprevisto canal electoral de un proceso de radicalización de amplios sectores de las masas explotadas, en particular campesinas e indígenas.
Pero la derecha no se conforma con dominar el parlamento y tener metida una fuerte cuña en la política económica. Sigue presionando y amenaza ahora con no darle la conformidad al nuevo gabinete, que de acuerdo a normas constitucionales, debe ser refrendado por el Congreso. Mientras tanto, el ministro de economía ha establecido un acuerdo para que continúe el neoliberal Julio Velarde como presidente del Banco Central y confirmó en su cargo a la superintendente de Bancos y Seguros, Socorro Heysen, “con el fin de cuidar el sistema financiero del país”, y a la mayoría de las secretarías del ministerio, que vienen de anteriores gobiernos “neoliberales”.
Hay quienes se alegran porque en el gabinete hay viejos izquierdistas, como Héctor Bejar, líder guerrillero en los 60, nombrado ahora ministro de Relaciones Exteriores. Como si el haber sido guerrillero hace 50 años, fuera una garantía de política antiimperialista. Tenemos fresca la experiencia de José Mujica en Uruguay, que pasó de ser líder de los guerrilleros tupamaros y fuertemente represaliado, a presidente centroizquierdista del Uruguay, saludado por el gran capital.
Bejar ya fue funcionario de varios gobiernos anteriores. Se habla de que Perú abandonaría al Grupo de Lima, creado por el yanqui Donald Trump con la participación de los gobiernos derechistas latinoamericanos para alentar planes de intervención imperialista en Venezuela. Pero sus enunciados programáticos no van más allá de la adhesión a tratados de la ONU, pintados de progresistas.
Ha quedado claro que no estamos ante un gobierno progresista. Castillo ha reiterado en varias oportunidades su oposición a legalizar el derecho al aborto y los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Su relación con las reaccionarias iglesias católica y evangélica son estrechas. Piensa dejar en pie a las represivas Policía y Fuerzas Armadas, comprometiéndose a reforzarlas y a que avancen en su autogobierno (meritocracia). Anunció una política de persecución contra los inmigrantes latinoamericanos, a los que amenaza con expulsar con trámites de no más de 48 horas. En su discurso de asunción, Castillo ha delineado una política punitivista y regimentadora respecto a la juventud: todo joven que no estudie o trabaje, será enrolado en un servicio militar obligatorio.
Perú enfrenta una situación de crisis política, incertidumbre económica y polarización social.
Las elecciones no han resuelto la crisis política que se produjo con el golpe que destituyó a Martín Vizcarra y la caída una semana después, producto de una fuerte movilización de la juventud, del golpista presidente Manuel Merino. No resolvió la disgregación de las fuerzas políticas burguesas (18 partidos se presentaron a las elecciones y 10 tienen bancadas en el Congreso). Y todos los sectores burgueses dudan de la capacidad del gobierno de Castillo para contener los reclamos de las masas y su potencial movilización.
Como parte de la ofensiva para imponer una primacía de Francke en el nuevo gabinete, la burguesía largó una corrida del dólar y una fuga de capitales. La inflación pegó un primer salto. Francke ha declarado que esto se irá “normalizando” y que en el futuro será contenido. Pero… mientras tanto no hay aumento de salarios para siquiera recuperar lo perdido por los trabajadores. Estamos ante el viejo verso que aplica el gobierno de Alberto Fernández en la Argentina.
Conflictos
La crisis sanitaria y la miseria social explotan. Viendo la tendencia latinoamericana a que los explotados irrumpan con levantamientos contra la masacre sanitaria y los ajustes fondomonetaristas, y tomando en cuenta el antecedente inmediato de la caída de Merino por fuertes movilizaciones populares, la burguesía espera que el gobierno pueda contener esta situación.
En una nota anterior señalamos la lucha que habían entablado comunidades campesinas del Cusco: “Este domingo 25, masas campesinas en Chumbivilcas, en el Cusco, después de 4 días de huelga… protestando por la autorización dada al transporte minero que destruye sus caminos comunales fueron fuertemente reprimidas con 15 heridos de gravedad…el lunes 26 volvieron a salir al corte de ruta. Uno de sus representantes declaró ante los medios de prensa, que espera que el presidente Castillo atienda sus pedidos, así como ellos apoyaron su candidatura: ‘Se tiene que recordar que el 97% de nosotros lo respaldó’. La lucha de los campesinos del Cusco debe culminar solo con la derogación de la autorización depredatoria a las mineras, no debe aceptarse ‘promesas’ para levantar el movimiento”, decíamos.
Pero apenas asumió el nuevo gabinete, el primer ministro Bellido fue enviado a Chumbivilcas. Allí logró que los campesinos levantaran los cortes por 60 días, en los que deberán seguir viviendo bajo las nubes de polvo que levanta el cruce de los camiones. En el contrato de concesión la minera se había comprometido a construir un mineraloducto subterráneo para impedir la polución ambiental. No lo hizo, para ahorrar inversiones. Y como las rutas asfaltadas son insuficientes, gobiernos anteriores tomaron rutas comunales de tierra y las “transformaron” en nacionales. ¿Qué es lo que hay que estudiar?
Bellido proclamó desde Chumbivilcas que es la primera vez que el pueblo está en el poder, y que por eso ya no caben protestas sociales, como fue el caso durante 200 años.
Otro conflicto similar estalló entre comunidades campesinas y grandes mineras en Las Bambas en Arequipa. Las comunidades campesinas denuncian que estas mineras que extraen cobre, están envenenado las aguas, los suelos de sus poblados, ganado y cultivos. Sin embargo, en una entrevista con la agencia Reuters, el nuevo ministro de Minería, Iván Merino, dejó abierta la posibilidad de que “el proyecto [Tía María] iría”. Las organizaciones campesinas calificaron estas declaraciones como una “traición” del ministro. En la campaña electoral, Castillo pasó como candidato por la zona y prometió, firmando un acta con la población movilizada, que su gobierno no autorizaría este emprendimiento contaminante. Pero ahora, las declaraciones son que van a alentar las “inversiones” de las grandes mineras, aunque… con “beneficios sociales”.
Las organizaciones campesinas llamaron “a todas las organizaciones sociales a permanecer alertas para ponerse nuevamente en pie de lucha, si es que el ministerio de energía y minas insiste en su errada actitud”.
Este es el camino. No a la regimentación sindical. En otras declaraciones de personeros oficialistas ya había pronunciamientos en contra de huelgas de trabajadores estatales y docentes porque… se debían a la comunidad. Y el gobierno no ha encarado ninguno de los reclamos obreros (anulación del régimen de la suspensión perfecta, convenios colectivos, etc.).
Encarar la lucha
La constituyente es usada por el gobierno para tratar de postergar la organización y salida a la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones.
Los problemas –nos dicen- serán resueltos en una asamblea constituyente que vote una nueva Constitución. Pero Castillo ha señalado que esa Constituyente será convocada por el parlamento Unicameral. La Constitución actual, impuesta en época de la dictadura de Alberto Fujimori, no da lugar a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Solo permite “reformas” al actual texto constitucional que sean votadas por el parlamento. Como incluso la derecha tiene mayoría en la Unicameral, ya ha declarado que no va a votar una modificación de la Constitución que habilite a la convocatoria de una asamblea constituyente.
La promesa de una futura Constituyente es usada en este momento para frenar la lucha actual de los explotados. La burocracia stalinista de la central obrera (CGTP) acompaña esta política de parálisis y regimentación. Hizo un llamado a la unidad orgánica de la izquierda “a través de la constitución de un Frente por la Democracia y la Gobernabilidad que debe ser el nexo entre el gobierno y la sociedad”. Se trata, nuevamente, de una política de colaboración de clases. De un corset puesto a las necesidades de las masas obreras y campesinas de pasar a la acción directa por sus reclamos, como encararon las comunidades campesinas del Cusco y Arequipa contra las patronales mineras.
El espantapájaros de que la derecha amenaza la gobernabilidad es usado no para organizar la movilización popular, sino para frenarla. La “gobernabilidad” giraría en torno a no provocar con reclamos y luchas a las patronales y la derecha.
Solo un pueblo movilizado puede derrotar cualquier aventura derechista. Y para que el pueblo trabajador se movilice es necesario encarar la lucha por sus reclamos.
La vanguardia obrera, estudiantil y campesina y los partidos de izquierda que tienen claro esto deben confluir en plenarios regionales y un gran congreso nacional para votar una plataforma político-reivindicativa y organizar un plan de acción para su concreción. Una verdadera asamblea constituyente deberá ser soberana. Y eso solo será impuesto por la movilización revolucionaria de las masas explotadas.
Sucesivas y crecientes crisis irán perfilando la salida política del Perú. El problema vital es que la clase obrera avance en la organización política independiente para poder convertirse en una alternativa política. La creación de un partido obrero revolucionario es imperiosa.
Rafael Santos
