En 2020, restringieron la atención con la excusa de la cuarentena. Ahora, presionan por subas de cuotas y amenazan con dejar de prestar servicio. En alianza con clínicas y sanatorios, resisten el control estatal y buscan quedarse con una mayor porción del negocio de la salud.
En una especie de gira por los todos los canales de la televisión argentina, incluyendo América –el que compró hace un tiempo–, Claudio Belocopitt defendió los servicios de salud privados de la Argentina y consideró que las versiones de una posible reforma del sistema sanitario buscan “estatizar el único sistema que anda bien en el país”. El presidente de la Unión Argentina de la Salud (UAS) y dueño de Swiss Medical se convirtió en vocero del sector, e incluso afirmó que existe un peligro de “colapso” por el retraso en el valor de las cuotas y los efectos de la pandemia de coronavirus.
Lo que el empresario oculta no sólo son las ganancias millonarias que tuvieron en la última década las compañías como la suya –incluyendo una bonanza muy marcada entre 2016 y 2019, cuando los valores que cobraron por sus servicios estuvieron por encima de la inflación promedio–, sino, por sobre todo, un negocio montado en la concentración y el lucro que no duda en utilizar maniobras ilegales para quedarse con una torta cada vez mayor. Y que ahora reacciona con ferocidad cuando se anuncian ideas para reformar el sistema y poner la salud de los argentinos bajo tutela del Estado.
Negocio redondo
En 2011, se aprobó en el país la Ley 26.682, de Regulación de las Entidades de Medicina Prepaga, que buscó darle un marco legal al funcionamiento del sector. En especial, la norma intentó frenar los aumentos constantes de cuotas y las situaciones abusivas hacia los millones de argentinos que utilizan estos servicios. Pero el poder de lobby de las empresas es muy fuerte y, a través de presentaciones judiciales y otras maniobras, se fue cercenando el espíritu de la norma hasta que, en su último año de gobierno, Mauricio Macri “blanqueó” la estafa.
Mediante el decreto 66/2019, se permitió la variación del valor de la cuota por rango etario –algo que estaba limitado por la ley original (en su artículo 17)–, avalando los aumentos que las prepagas estaban realizando. El resultado fue un incremento del cobro a unos 1.600.00 afiliados, lo que permitió generar un negocio “paralelo” fenomenal que todavía hoy no ha sido desmontado.
Solo con la violación del artículo 17, las prepagas lograron ganancias millonarias. Según estimaciones de la Fundación Soberanía Sanitaria, entre 2011 y 2019 (cuando se firmó el decreto), las empresas facturaron de más, por el aumento debido a la edad, unos 1.985 millones de pesos mensuales. A fines del último año del gobierno macrista, un juez prohibió a la empresa OSDE seguir con esta práctica y abrió la puerta a millones de demandas contra este artilugio. Además, se ordenó reintegrar lo cobrado al demandante “con los intereses que correspondan”.
Fue el primer fallo favorable a los muchos presentados desde que se aprobó la ley. Desde la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), comenzaron con demandas colectivas para no sólo evitar que se sigan produciendo estos cobros abusivos, sino para que las empresas devuelvan el dinero facturado de más, también en este tiempo de pandemia. Según explica el titular de la entidad, Osvaldo Bassano, “las empresas cobraron de forma indebida, desde el 2012, unos 100 a 150 millones de dólares”.
Bassano suma: “Cobraron de más, además de cerrar clínicas y hospitales, lo que muestra claramente el desfinanciamiento que existe en el sector privado, que invierte en cuestiones financieras, en compañías de seguro y hasta en canales de televisión”, en clara alusión a Belocopitt. Con esta maniobra, dice el defensor de los consumidores, las firmas “concentraron en muy pocas manos el sector y son un peligro para la salud, porque, en el medio de la pandemia, faltaron camas porque se cerraron hospitales públicos durante el macrismo, pero también porque las prepagas hicieron un desastre”.
Para Bassano, no se puede saber cuánto ganaron las empresas de la salud privada durante la pandemia, cuando tuvieron una atención mínima. “Casi no realizaron prestaciones por las restricciones de la cuarentena, no atendían a nadie y, sin embargo, cobraban las cuotas enteras; fueron todas ganancias que se multiplican financieramente y, cuando se frena una suba de las cuotas, van a la Justicia”, critica.
La novedad es un amparo presentado por un grupo de firmas que pidió una suba de casi 10 puntos de forma “urgente” para julio. Si bien la Justicia rechazó el pedido, admitió seguir el recurso de queja, por lo cual podría autorizarse más adelante. “No están ganando, sino están robando”, dice el referente de ADDUC.
A esto, hay que sumar las prestaciones de sus afiliados que fueron absorbidas por el Estado, en especial, en un contexto de crisis sanitaria. Así lo grafica Daniel Godoy, director del Instituto de Estudios en Salud de ATE (IDEP-Salud): “Las prepagas tienen una población tributaria directa mínima, menos del 10 por ciento, pero reciben la tributación de las obras sociales sindicales, las provinciales y del sector público, que deriva muchas prestaciones”. Godoy menciona que, en pandemia, la atención “fue 7-3 a favor del sistema público”, debido a que “mucha gente dentro de la seguridad social usó los recursos del Estado, un mecanismo de subsidio indirecto del sector privado”.
Sin vacuna contra el lobby
La posición de dominio de las prepagas se acrecentó durante la gestión presidencial de Macri, cuyo mandato sirvió de base para sostener el avance actual. Es que la falta de control, pese a la ley vigente, permitió ganancias siderales. Según los datos del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), las cuotas de la medicina privada subieron en los cuatro años de gobierno de Cambiemos por encima de la inflación general: “Los aumentos en las cuotas medias para la medicina prepaga –decía uno de sus informes– acumularán un aumento del 330 por ciento en cuatro años, cuando la inflación rondará el 317 por ciento. Es decir, 13 puntos porcentuales por encima del IPC (Índice de Precios al Consumidor) general”.
Con la sola excepción del año 2018, el resto de los años, desde 2015, “han tenido incrementos en la cuota mensual por encima del IPC general”. Cuando el actual Gobierno frenó las subas indiscriminadas, además de ir a la Justicia, el sector comenzó una serie de presiones que incluyeron una alianza con los prestadores, muchas veces parte de sus mismas empresas. Así, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), que nuclea a clínicas, sanatorios y hospitales privados, salió a respaldar el pedido de incremento de las prepagas, para poder subir ellos la facturación por la atención, con el argumento de no poder afrontar el aumento salarial del personal de Sanidad.
“Esa conferencia que hizo la UAS, encabezada por Belocopitt, fue una explicitación de la medida cautelar y el paro que iban a realizar, y una forma de adelantar su oposición a una reforma al sistema de salud, como se está planteando”, sostiene Godoy, del IDEP-Salud, para quien se trata de “una actitud extorsiva y una clara reacción a la aparición del tema”. A los dichos de la UAS, se sumó la FAPS, que recientemente dispuso una medida de no atención a las prestaciones programadas no urgentes, en el marco del pedido de un aumento en los valores que perciben. La insólita decisión coincidió con el paro de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), el gremio de sus empleados, que piden una suba salarial del 45 por ciento.
Si bien ambas medidas fueron suspendidas por el Ministerio de Trabajo nacional, generó el antecedente de una alianza entre los sectores, que buscan potenciar su posición. Junto con la medida de fuerza –donde se pidió abiertamente que las prepagas puedan subir sus cuotas–, las clínicas difundieron un estudio donde aseguran que los números confirman su postura y que es necesaria una suba generalizada de aranceles.
Firmado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), este trabajo subraya que “desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2019, las cuotas de las prepagas se actualizaron 26 por ciento, mientras que los salarios aumentaron 63 por ciento y la inflación acumulada, medida por el INDEC, fue de 71 por ciento”. Pero nada dice de las ganancias extraordinarias de la era macrista o de la sobrefacturación del 2012 en adelante.
Bassano, de ADDUC, dice: “Por eso, el Gobierno habla de la intervención del Estado, está hablando de esto. No puede ser que las corporaciones financieras tengan el dominio de empresas privadas claves, ya sean de energía, de alimentos, de comunicaciones y de salud. Porque no prestan servicios, lo único que hacen son negocios y los usuarios y trabajadores no podemos vivir manteniendo este tipo de negocios”.
Reforma de fondo
La reacción corporativa responde en gran parte, como explica Godoy, a las versiones de una reforma del sistema de salud, que impulsaría un sector del Frente de Todxs. Los dichos públicos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hicieron alertar a los actores más concentrados del sector, que agitan el terror de la “cubanización” de la medicina.
Hasta ahora, más allá de lo declarado por la ex presidenta, lo que hay es un borrador, atribuido al entorno del viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, que establece algunas pautas sobre la posible reforma. “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024” es una propuesta presentada a comienzos de año, que entre sus nociones establece “recuperar la gobernanza del sistema de salud a través de la conducción global de políticas de salud de los organismos nacionales de salud”.
Entre otros elementos, se establece crear la denominada Red de Establecimientos Públicos de Salud en Toda la Argentina (REsPueSTA), que se integraría a las obras sociales sindicales y provinciales para un “uso más eficiente y eficaz de los recursos sanitarios”. En cuanto a la inversión, se aprobaría una ley que establezca un programa nacional de salud y se buscaría recuperar los recursos que hoy se apropian los privados. Además, se abriría la libre elección de afiliación.
Godoy: “Para lograr un cambio de este calibre, se necesita un proceso lento y pausado de acumulación de voluntades e ideas hacia un mejor sistema de salud, similar al proceso de la Ley de Salud Mental; hay que generar alianzas con la sociedad y los sectores políticos”. Para el especialista, lo que hay que resolver “es la desigualdad que perpetúa el sistema; hoy, hay salud para ricos y salud para pobres”.
“No es un problema de tres subsistemas, acá hay miles de microsistemas dentro del propios sistemas, cada municipio es un territorio de desigualdad, también en salud”, agrega Godoy. El IDEP-Salud apoya los llamados “15 puntos por el derecho a la salud”, que establecieron con una multisectorial que además plantea como eje “volver a Ramón Carrillo”, el ministro de Salud del primer peronismo que “generó igualdad”.
Para Godoy, “lo que hay que poner en tela de juicio es la desigualdad”, ya que “la reforma de los 90 hizo una salud de pobres y otra de ricos, incluso dentro del sistema público hay muchas diferencias”. Una solución: “Hay que fijarse menos en los papers y hablar más con la gente”.
Antes que un cambio radical, este espacio busca dar sus primeros pasos integrando acciones posibles, como el manejo de la información y los datos disponibles, decisiones con sentido epidemiológico y un vademécum uniforme de medicamentos con compra centralizada y uso racional, entre otras cuestiones iniciales.
En tanto, para Bassano, la reforma es posible, pero requiere de decisión: “Como dijo alguna vez Salvador Allende, más temprano que tarde, ‘se abrirán las alamedas’. Tarde o temprano, se va a tener que cambiar este sistema, porque habrá una próxima pandemia y no la vamos a ver si no ponemos a las personas delante de las corporaciones”.
Diego Lanese | 30/07/2021
Revista Cítrica
