miércoles, 6 de enero de 2021

El “toque de queda sanitario” de los Fernández

El gobierno y sus voceros definen a la nueva escalada del coronavirus como la “segunda ola”, como también lo hacen en el exterior. En el mundo se siguen batiendo récords de casos diarios, en especial Gran Bretaña y Estados Unidos. Esa caracterización procura evadir la responsabilidad de todos los gobiernos en el flagelo, que ‘reabrieron las economías’ bajo la presión del capital financiero, y que por las mismas razones demoran ahora el cierre de las actividades no esenciales. No es el virus ni la nueva cepa los responsables de lo que ocurre, es la presión capitalista, que vehiculizaron en masa todos los medios de comunicación. La ‘novedad’ en estas manipulaciones es la supuesta responsabilidad de los jóvenes, que se habrían convertido en transmisores involuntarios del virus, y no la cadena de la hotelería, la gastronomía, la educación privada o los bancos, que han venido fogoneando la apertura de los espacios y negocios que tienen a los ciudadanos como clientela.. El capitalismo mundial no sale de la encerrona que, desde hace casi un año, lo lleva a oscilar todo el tiempo entre las libertades al capital (y las consiguientes masacres sanitarias) a los aislamientos improvisados y tardíos, saboteando en todos los casos los testeos masivos. La reanudación ascendente de la curva de contagios encuentra ahora a un personal sanitario agotado, con muchas víctimas fatales, que ha debido atender jornadas prolongadas sin recibir la menor mejora en los salarios. La vacuna, mientras tanto, llega en medio de batallas campales entre monopolios y potencias rivales por el acaparamiento del mercado; desaguisados logísticos y, por último, una grave incertidumbre respecto del período real de vigencia e inmunidad.

 Argentina 

Dicho esto, hay que añadir enseguida que el gobierno de los FF y sus 24 gobernadores le suman su impronta a esta crisis global. Una especialista de la Universidad de Concordia, la Dra. Soledad Retamar, señaló agudamente que no debe llamarse a la actual escalada argentina de ´segunda ola´: mientras que en los países europeos las primeras olas terminaron con sus curvas disminuyendo a cerca de cero, “nosotros nunca logramos bajar de los 5 mil casos diarios en promedio… Creo, más bien, que estamos en el rebrote de la primera, que nunca estuvo del todo controlada” (Página 12, 3/1). 
 La escalada, de cualquier modo es el resultado de una reapertura total de actividades, bajo la presión del capital comercial, industrial y -ahora-turístico. El gobierno incentivó el “regreso al trabajo” con la eliminación de medidas de asistencia – el caso más claro es el del IFE, cuya supresión coincidió con el inicio de las negociaciones con el FMI. La política económica no está pautada por la pandemia sino por el FMI, con el cual ya habría un plan de ajuste para llegar al acuerdo después de las elecciones de octubre. Los 9 millones de solicitantes del IFE revelaron, con la mayor contundencia, cuál es el peso real del trabajo precario en Argentina. Es muy claro que la eliminación de este subsidio volcó a millones de personas a llevar adelante changas, venta callejera y todo tipo de actividades sin ningún tipo de protección sanitaria. La movilización por la vuelta al trabajo, a su turno, volvió a sobrecargar al transporte público. La gestión oficial también le negó a la población un plan de testeos masivos, que podrían contribuir para trazar la ruta de contagio del virus, más allá de las presunciones o improvisaciones. 
 De este modo, el gobierno nacional y las administraciones provinciales se arrojaron ciegamente al abismo de la “libertad de movimientos”, cuando era evidente que la pandemia estaba lejos de ser controlada. Como prueba de ello, “el Presupuesto 2021 no incluyó partida alguna (de asistencia económica) previendo esta casi inevitable ´segunda ola´” (Infobae, 5/1). Todos los engranajes económicos fueron ´reajustados´ en función de asegurar la circulación del capital y el lucro, a sabiendas de que ello resultaba contradictorio con los resguardos sanitarios más elementales.

 “Toque de queda” 

A la luz de lo anterior, la medida de un “toque de queda sanitario” para los lugares de veraneo resulta también una gran cortina de humo. Los datos oficiales señalan que el “rebrote” abarca también a los partidos del conurbano bonaerense, donde no existen “fiestas veraniegas” nocturnas o en la playa, sino simplemente la actividad laboral corriente. Las estadísticas oficiales nada dicen de la progresión de contagios en los lugares de trabajo, comenzando por los centros de salud. El previsible fracaso del “toque sanitario” probablemente obligue al gobierno a medidas de aislamiento mayores; a interrupciones económicas y a una crisis política, porque será obligado a colocar restricciones allí donde el capital reclama una libertad que supera a las que el propio Covid limita – libertad de tarifas, de precios, de exportaciones. Belocopitt, el dueño de la prepaga Swiss Medical, advierte hoy en La Nación que se viene una guerra por la llamada ‘reforma de la salud’. El gobierno, a su manera, ha aceptado el programa de los “banderazos” en lo que refiere al Covid, con los resultados a la vista. 
 La crisis del rebrote toma a los trabajadores con una experiencia recorrida. Es necesario reponer el IFE, de modo mensual y en un monto equivalente al 80% de la canasta familiar; la satisfacción inmediata de los reclamos salariales y laborales del personal de salud; inmediato aumento de salarios y jubilaciones; interrupción de labores -con pago del 100% de los salarios- en todos los ámbitos con incertidumbre sanitaria; protocolos sanitarios redactados por los trabajadores. Declaración de la vacuna como bien público, asegurando su aplicación gratuita al conjunto de la población. 

 Marcelo Ramal 
 05/01/2021

Covid-19: ¿cómo enfrentar la principal causa de muerte con un sistema de salud devastado?


Argentina está en el puesto 11 de fallecidos por la pandemia a nivel mundial. 

 El 2020 cerró con la muerte de 43.245 personas en todo el país por causa de Covid-19, según informan los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. Con estos números, el nuevo virus se transformó en el más letal del todo el año, convirtiéndose en la principal causa de muertes en el país. Así las cosas, Argentina se encuentra en el puesto número 11 de fallecidos por pandemia a nivel mundial. 
 El impacto de la pandemia, sin embargo, es aún incalculable en profundidad. Leandro González, demógrafo del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (Ciecs) del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba, advierte que en principio ya se registra una baja significativa en el promedio de vida de la población en general, que pasaría de 76,75 a 75,39 años. 
 Si bien los datos indican que los principales afectados fueron los mayores de 60 años, lo cierto es que la circulación comunitaria del virus impactó duramente sobre los diferentes grupos de riesgo, y golpeó en particular a lxs trabajadorxs de salud. En diciembre del 2020 el reporte oficial informaba que en lo que va de la pandemia se registraron 60.145 trabajadores de la salud infectados a nivel nacional, de los cuales 362 perdieron la vida.
 Córdoba no fue la excepción. Con más de 45 trabajadores de la salud fallecidos, la provincia fue protagonista de grandes movilizaciones del sector durante el segundo semestre del año. No es para menos, ya que el pico más alto se registró en el 10 de octubre del 2020 alcanzando los 2.679 casos en un día. 
 Además, el pico de internaciones sucedió el 30 de octubre del 2020 con 1.712 pacientes, llegando a una ocupación superior al 72% de las camas críticas de la provincia, contando centros de salud público y privados. 

 Apertura de temporada y segunda ola 

Mientras se debate a nivel nacional la posibilidad de reforzar las restricciones de circulación, incluso evaluando una cuarentena total para intentar retrasar una segunda ola de contagios, el gobierno de Juan Schiaretti descartó cualquier medida en ese sentido. Lo hace apoyado en la campaña de vacunación, lanzada recientemente, y en una presunta baja en la curva de contagios. 
 Sin embargo, las medidas gubernamentales dispuestas para afrontar esta nueva situación no son más que cosméticas. De las 21.900 dosis que el Ministerio de Salud de la Nación le asignó a Córdoba, se han aplicado no más de 8.880 a todo el personal esencial, incluyendo el sanitario.
 Asimismo, la apertura de la temporada turística no fue acompañada por el reforzamiento del sistema sanitario en los puntos más concurridos, lo que produjo un incremento de casos en el interior provincial. El pasado domingo 3 de enero se registró un alza con 346 nuevos casos, 103 en la capital provincial y 243 al interior. 
 Los reclamos llevados adelante por lxs trabajadorxs de salud en los hospitales del interior dan cuenta de la situación en que deben afrontar la temporada turística. El 2020 cerró con una fuerte lucha del Hospital Illia en Alta Gracia por falta de personal, también se reclamó por la falta de elementos de trabajo y de profesionales, por perdida de especialidades, entre otras demandas insatisfechas. 
 Cabe recordar que en el mencionado hospital se encontraba en conflicto por el despido ilegal de una trabajadora que denunció las pésimas condiciones laborales en las que se encontraban desempeñando funciones. En la misma línea se inscriben los despidos en el hospital Domingo Fúnez, de Santa María de Punilla, también fuertemente afectado por la falta de personal e insumos. 
 Fue la organización de lxs trabajadorxs del hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita lo que arrancó el compromiso del gobierno provincial de sumar nuevas camas y aparatología, pero entrada la temporada no se ha asignado el personal necesario para atenderlas. 

 La lucha de salud, una lucha vigente

 El programa desarrollado por lxs trabajadorxs de la salud que pusieron en pies tres paros provinciales y numerosas acciones de lucha, sigue plenamente vigente. Las pequeñas conquistas obtenidas con la designación de personal en algunas áreas críticas, la obtención de bonos complementarios al salario, y un aumento salarial en una sola cuota, no logran paliar las consecuencias de años de vaciamiento. 
 Aún hoy las enfermeras se encuentran trabajando en una situación de explotación extrema por salarios de $40.000 promedio, residentes y concurrentes sostienen la atención por una beca de $35.000, y el personal médico en especialidades esenciales sigue siendo insuficiente. Sin mencionar que la capacidad instalada en camas críticas lejos está de las previsiones que el propio gobierno maneja para la segunda ola. 
 El reclamo de salario, personal y equipamiento, es al punto de partida para la organización de los hospitales, particularmente en el interior, el punto clave donde se trasladará el epicentro de la crisis sanitaria. Así lo entendieron lxs trabajadorxs del hospital Eva Perón, quienes elevaron sus reclamos a las autoridades municipales y provinciales. Con este método, resulta crucial reforzar la organización en cada hospital para arrancar las medidas necesarias para enfrentar el nuevo cuadro de situación. 

 Cintia Frencia

martes, 5 de enero de 2021

El “hartazgo” de la cuarentena y la segunda ola de la pandemia


El gobierno quiere evitar un nuevo confinamiento bajo la presión de los capitalistas y las metas de ajuste del FMI. 

 El avance en el número de casos de Covid-19 sobre fines de diciembre y principios de enero puso al rojo vivo el problema de cómo enfrentar la segunda ola de la pandemia. Ocurre que Argentina recibió solamente 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V, una cantidad que alcanza apenas para la primera dosis para el personal de salud. Las millones de dosis necesarias para inmunizar al conjunto de la población irán viniendo, en el mejor de los casos, en un proceso gradual que no logrará impedir los contagios masivos de la segunda ola. En suma, el riesgo de que se repita un escenario de saturación del sistema de salud está nuevamente presente, con la escalada de casos. 
 En los debates sobre cómo actuar, aparece fuertemente el hartazgo de la población con la cuarentena. El gobierno apunta a imponer restricciones sobre una base represiva. Para ello responsabiliza de la ola de contagios a la juventud y las fiestas clandestinas, buscando imponer un toque de queda nocturno. Pero, por ahora, no avanza en la idea de una cuarentena generalizada, que sería la forma de cortar la propagación. 

 ¿Cuáles son los motivos del llamado “hartazgo” social por la cuarentena?

 El gobierno respondió a la primera ola con la cuarentena masiva. La cuarentena, sin embargo, no logró impedir el progreso del virus. Su efectividad fue cuestionada por factores de fondo. En un país con la tercera parte de la fuerza de trabajo en negro, los protocolos de seguridad fueron la excepción, aplicándose fundamentalmente en los lugares de trabajo mejor organizados y especialmente en aquellos con direcciones sindicales que los hicieron cumplir a la patronal. Para los trabajadores en negro, eventuales y precarizados no corrió la prohibición de los despidos, que incluso fue violada por las grandes empresas. En esas condiciones, la presión laboral por salir a hacer changas o trabajos eventuales se fue imponiendo. 
 Las condiciones de vivienda también fueron un impulso a la propagación del virus a pesar de la cuarentena. En la Ciudad de Buenos Aires, los primeros focos de propagación masivos fueron las villas de emergencia. El caso de la militarizada Villa Azul fue portada de los diarios, junto a la villa 31 o la 1-11-14, donde se propagó masivamente la enfermedad. En muchos de estos barrios, a lo largo y a lo ancho del país, no hay agua potable para poder cumplir con las medidas sanitarias.
 Todo esto podría haber sido contenido con medidas de fondo de parte del Estado. Desde el principio de la cuarentena, las organizaciones de desocupados plantearon “Con hambre no hay cuarentena” y la necesidad de asistencia social masiva para poder cumplir con los protocolos. 
 El Polo Obrero se movilizó, ya el 1° de mayo, reclamando un salario de emergencia para los desocupados de $30.000. Sin embargo, las medidas en este terreno fueron totalmente insuficientes. Los tres pagos del IFE de $10.000 estuvieron por debajo de lo que minimamente hace falta para subsistir. El promedio de ingresos por el IFE fue de $5.000 mensuales, en un cuadro de inflación que se fue disparando.
 El programa de sostenimiento del pago de salarios (ATP) también fue ultralimitado. Por un lado, porque no alcanzó a miles de trabajadores en negro. Por otro lado, porque tampoco fue controlada su aplicación, denunciándose casos de cobros por parte de funcionarios de la iglesia, diputados provinciales, o grandes empresas con espalda financiera suficiente para sostener los salarios con ganancias pasadas. 
 Mas importante, el gobierno renunció a un impuesto significativo a las grandes fortunas. El que se votó no empezó todavía a cobrarse y es una migaja comparado con los proyectos iniciales. El del FIT se proponía recaudar 15.000 millones de dólares, mientras el del gobierno recaudará con suerte 2.000. Parte de ello irá a subsidios al capital, las petroleras o las llamadas “Pymes”. El resultado es que el limitado paquete de ayuda se financió con emisión, colocando al rojo vivo las tendencias a la devaluación monetaria y la inflación. El capital nacional o imperialista no quiere invertir los pesos que posee, los fuga al dólar, y la población trabajadora no tiene para cubrir sus necesidades básicas. La contradicción entre el funcionamiento del régimen capitalista y las necesidades sociales aparece en su máxima expresión. 
 Todos estos factores llevaron al fracaso a la extendida cuarentena en el país. Y se combinaron con una insuficiencia notoria en la atención de la salud. Hoy por hoy, la Ciudad de Buenos Aires sigue sin cerrar la paritaria de médicos municipales. EL Hospital Garrahan está de paro. Los médicos y personal de salud de Chubut cobran con meses de atraso. En Chaco, los enfermeros precarizados trabajan por $10.000. Y en la provincia de Buenos Aires, las movilizaciones y protestas de médicos y enfermeros están a la orden del día. 
 La medida de centralización del sistema de salud, para unificar sus recursos en la lucha contra la pandemia, fue dejada de lado al inicio de la misma, y la precarización salarial y las paritarias a la baja son la norma para un personal de salud que dio la vida (literalmente) en la batalla contra el virus. 

 La segunda ola 

No puede abordarse el debate sobre esta segunda ola sin un balance concreto de la primera. Si la asistencia para la primera cuarentena fue insuficiente, ahora la situación se agrava. El gobierno pretende avanzar con un acuerdo con el FMI, y así eliminó, en diciembre, los programas IFE y ATP. Una nueva cuarentena implicaría avanzar en un programa masivo de ayuda. Las condiciones habitacionales críticas que estimularon la propagación de la primera fase no se alteraron. El gobierno podría haber descomprimido la situación loteando masivamente como respuesta a las ocupaciones de tierras pero avanzó en el sentido contrario: actuó como garante del capital inmobiliario, empujando de nuevo al hacinamiento a miles y miles de familias en todo el país con desalojos violentos.
 Estas condiciones explican las dificultades del gobierno para tomar nuevas medidas frente al nuevo avance del virus. Implicaría reclamarle a la población un esfuerzo enorme en base a una política que es percibida como un fracaso, por no haber impedido la propagación del virus. A la presión patronal para mantener la apertura se suma un “humor social” de una población que fue empujada a una cuarentena sin recursos, que fracasó por la falta de condiciones sociales para llevarla adelante y de respuestas del Estado que permitieran garantizarla. 
 La nueva ola del virus vuelve a plantear la necesidad de luchar por el programa que levantó, desde un principio, el Frente de Izquierda: la centralización del sistema de salud y la respuesta a todos los reclamos de sus trabajadores, unido al equipamiento y construcción de hospitales y unidades de terapia necesarias. Seguro de emergencia de $30.000 al desocupado. Loteo masivo y plan de vivienda. Elección de delegados en todos los lugares de trabajo, para garantizar los protocolos sanitarios y de distanciamiento. Todo esto vuelve a colocar el problema del financiamiento, con un impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas y el no pago de la deuda externa.

 Juan García

Aceiteros: la lucha de los trabajadores de Dánica Lavallol

Los trabajadores de Dánica Llavallol forman parte del Sindicato Aceitero de Buenos Aires y fueron un eslabón fundamental de la recuperación del mismo de las manos de la vieja burocracia. Este, junto al sindicato aceitero de Rosario, fueron la palanca central para recuperar la Federación Aceitera. 
 En 2018, el grupo Beltrán compró la fábrica de margarina -cuya materia prima es el aceite- a la firma brasileña BRF. Desde ese entonces, la patronal cordobesa ha desarrollado un ataque permanente contra los trabajadores de Dánica con el objetivo de pasarlos del convenio aceitero al convenio de alimentación, con salarios y condiciones mucho peores. 
 Luego de la paritaria aceitera y la victoria obrera al cabo de 22 días de huelga, los trabajadores de Dánica continúan en lucha para revertir los atropellos patronales. Hablamos con Javier y Claudio, delegados de la flamante comisión interna, para que nos cuenten de la situación, cómo se vivió la paritaria aceitera y cómo sigue la lucha. 
 ¿Cuál es su balance de este año?
 J - Este fue un año duro. Tuvimos que elegir una nueva comisión interna en medio de un lock out patronal y despidos para lograr cambiarnos al convenio de alimentación. Pero pudimos organizarnos y salir a luchar, defender nuestro convenio y pudimos reintegrar a cinco compañeros. 
 C – Fundamentalmente, este año creo que pudimos volver a unir al grupo de 80 compañeros que estamos en planta, sacarnos el miedo y pelear por nuestros derechos otra vez. Estamos mucho mejor; por suerte, terminamos el año logrando que nos paguen el aguinaldo. Lo que está pasando ahora no lo vimos nunca en nuestra experiencia en la fábrica. Que todos los compañeros opinen, que todos sean parte de lo que se resuelve y se hace. Creo que eso es lo más difícil de lograr y es lo que hace historia. A veces los compañeros nos dicen que el año pasado cuando la anterior comisión interna renunció, nosotros agarramos un fierro caliente, pero la verdad es que todos agarramos un fierro caliente. Contamos con el apoyo de los compañeros y logramos que la lucha sea el camino después de tantos golpes. ¿Cómo han vivido la huelga por la paritaria los aceiteros de Dánica?
 J – Mirá, a nosotros el grupo Beltrán no nos respeta la paritaria; estamos cobrando el convenio del 2018, estamos con una lucha aparte desde antes. Hemos perdido muchas cosas que estamos recuperando. Hemos perdido compañeros y también salario. Pero en esta paritaria dimos la lucha a fondo. Nos adherimos al paro que dictó Federación y fuimos a fondo. La patronal tomó represalias y muchas veces trató de quebrar el paro con personal tercerizado, con escribanos. Más de una vez quisieron sacar camiones, pero nos plantamos. Pensamos a futuro porque lo que se gana se firma y es deuda del grupo Beltrán con los obreros de Dánica. 
 C – Trajo recuerdos de la patriada del 2015. Aceiteros punta de lanza de la lucha obrera una vez más, nos llena de alegría. Los trabajadores de Dánica somos aceiteros. 
 J – Hoy nos toca recuperar derechos. Quizás la paritaria queda en segundo plano para nosotros ahora, porque antes necesitamos incorporar a Hugo y Lucas, dos compañeros que aún siguen despedidos. Sin estabilidad laboral no se puede pelear ningún derecho. Si tuvieran que elegir un momento del año que consideren ustedes sería determinante para todo lo que aconteció. ¿Cuál sería? 
 J – Sin dudas el día que cortamos la avenida Antártida Argentina. Luego de una asamblea, al tercer día después de la avanzada de la patronal para que nos cambiáramos de convenio, fue el primer día que los trabajadores salieron a las calles. Desde ahí nadie nos paró. Había que salir, había que hacer ver el conflicto en las calles y no morir con el acampe que habíamos montado sin que nadie nos viera.
 C – Paran muchos fue la primera vez que tomaban acciones, o que cortaban una calle. Vos dirás, cortar una calle no es nada, pero para el que nunca lo hizo es un montón. Es liberador. ¿Cuál es la perspectiva para el 2021?
 J – Bueno, te damos una primicia. La justicia ha fallado a favor de Lucas, uno de los dos compañeros que faltan reincorporar. Lucas es un laburante y la viene peleando hace rato. Es un enorme logro para él, su familia y todo el colectivo. Falta Hugo, así que vamos por eso este año que viene. Vamos por todo, por la reincorporación definitiva de Lucas y de Hugo y por reacomodar medianamente nuestro salario. 
 C - Ahora, los compañeros saldrán de vacaciones a pesar de que la empresa quería que trabajáramos, porque la huelga los afectó y quedó todo el aceite en los tanques. También veremos que hace la empresa con la cautelar a favor de Lucas. Volvemos a trabajar y prepararnos porque el conflicto será mayor y se han agotado las negociaciones en el Ministerio de Trabajo. Esta vez será por tiempo indeterminado el paro. 
 J - A los compañeros les digo que no aflojemos, que hemos demostrado que podemos cambiar el rumbo de las cosas y torcer el brazo de la patronal. Que podemos enfrentarlos y que no nos pisoteen. Esta la vamos a ganar.

Maxi S. Cortés
03/01/2021

lunes, 4 de enero de 2021

Cristina Kirchner cobrará 2 millones de pesos por mes


Una bofetada a los millones de jubilados que cobran $19 mil. 

 Mientras cuatro millones de jubilados cobran la mínima de $19 mil y más de 2 millones de trabajadores pagan impuesto a las ganancias, el juez federal de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nami autorizó a CFK a cobrar la pensión de Néstor Kirchner, la cual había dejado de percibir hace unos años debido a que cobraba tanto la suya como expresidenta como la de su marido fallecido. En este escenario, la actual vicepresidenta cobrará 2 millones de pesos mensuales, así como 100 millones de retroactivos, sin pagar impuesto a las ganancias. 
 El hecho se dictaminó el mismo día que se consumó el robo a los jubilados en Diputados con 132 votos a favor y 119 en contra. Resulta bochornoso que el mismo gobierno «nacional y popular» que lleva adelante la política de «aportes solidarios» para salir de la crisis entre todos, sea el que permita que sus propios funcionarios cobren estrafalarios salarios sumado a los negociados que cada uno de ellos esconde y por los que tienen varias denuncias. Y, nuevamente, son estos gobiernos de turno los que mueven el amperímetro de la Justicia de acuerdo a las presiones políticas del momento.
 En este sentido, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, calificó de «muestra pornográfica de poder» a la acumulación de pensiones de la vicepresidenta en una entrevista para Radio Mitre y agregó: «durante el 2020, los haberes de jubilaciones y pensiones recibieron 100 mil millones de pesos menos, todos los reajustes que se hicieron desde que puso en marcha la movilidad fueron hacia la baja, inclusive, ya está olvidado, en el mes de marzo se acható la pirámide, porque los jubilados de la mínima habían recibido lo que la ley decía, pero de ahí hacia arriba se aplicaron índices decrecientes».
 Sale a la luz la verdadera esencia de un gobierno burgués que busca atribuirle a su clase más y más beneficios y privilegios. Resulta clave denunciar el robo a los jubilados así como la entrega de la burocracia sindical, al mismo tiempo que desarrollar una gran campaña política en el movimiento obrero por el 82% será parte, sin duda, de una guerra estratégica de nuestra clase por su propio gobierno, cuando en el mundo entero la burguesía y el FMI descargan sobre los sistemas previsionales su crisis irremediable. 

 Lucía Miguez

2021: “A las aulas”

A contramano del incremento de casos que anticipa la “segunda ola” de coronavirus, el gobierno nacional presentó un documento para retomar las clases presenciales en las 24 provincias del país. 
 El documento de marras, titulado “A las aulas”, fue presentado el 29 de diciembre pasado ante representantes de ochenta cámaras empresarias, ONGs, instituciones privadas educativas y clericales. Entre otros, participaron IDEA, Agenda Educativa, Argentinos por la Educación, el Consejo empresario mendocino (CEM), la Comisión de Pastoral Social de la Diócesis de San Rafael, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, FAERA (Federación de Asociaciones Educativas Religiosas) y la Fundación Argentina María Montessori. El texto es una síntesis de las políticas educativas que tomó el Ministerio de Educación durante el 2020 y el plan de trabajo para el retorno a las clases presenciales en 2021. El gobierno sostiene que: “La reapertura de las escuelas y el desarrollo de clases es la tarea más relevante que vamos a desplegar en todo el territorio nacional”. 
 La reapertura de escuelas, cuando en todo el mundo se están viendo las consecuencias catastróficas de las “segundas olas”, sería criminal. En Reino Unido, Boris Johnson tuvo que acceder al reclamo de los gremios docentes y cerró todas las escuelas de Londres por el nivel incontrolable de contagios entre niños y niñas. En Argentina, la segunda ola de covid se esperaba para marzo o abril. Según el cronograma que presentó el gobierno, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Jujuy, que lo adelantarán dos semanas, las provincias acordaron iniciar el ciclo lectivo 2021 en la primera semana de marzo.
 Volviendo al texto, el Ministerio de Educación pretende dar cuenta de todas las acciones que realizó el gobierno nacional para asegurar el derecho a la educación pública bajo la pandemia en el 2020. Pero, sobre el final, el propio texto termina reconociendo que “a pesar de todas las acciones desplegadas, sabemos que la crisis sanitaria y la suspensión de clases presenciales van a ampliar las brechas de desigualdad social y educativa que ya eran muy profundas antes de la pandemia”. Y continúa: “Al impacto del crecimiento de la pobreza por ingreso sobre la población de niños, niñas y adolescentes que se proyecta en un 60% hacia finales de este año, hay que sumar los efectos de las heterogéneas posibilidades de sostener la actividad educativa en los hogares durante la suspensión de clases, que no sólo se van a expresar en aprendizajes muy desiguales sino también en el incremento de las tasas de abandono” (ídem). A confesión de partes, relevo de pruebas. 
 Este fracaso es fundamentado con las siguientes estadísticas, que también brinda el texto oficial: el 45 % de los hogares no dispone de una computadora en funcionamiento. El 52 % de los hogares no cuenta con una computadora liberada para uso educativo. Tres de cada diez de hogares del país no tienen acceso fijo a Internet (el 27% accede sólo desde el celular y 3% no cuenta con Internet de ningún tipo en el hogar). El estudio admite que “La barrera tecnológica fue la dificultad principal para la comunicación de docentes con hogares y estudiantes: solo un tercio de las y los docentes tiene una computadora que puede usar de manera exclusiva; un 45% de los hogares no dispone de una computadora en funcionamiento y 53% no cuenta con una computadora liberada para uso educativo. Más del 80% de las y los docentes indicaron que la conectividad y el equipamiento tecnológico fueron las dos principales dificultades de sus estudiantes”.
 El gobierno admite que alrededor de un millón de estudiantes podrían “desvincularse del sistema escolar”, una forma elegante de presentar la expulsión los estudiantes del sistema educativo. La gestión capitalista de la pandemia significó mandar al bombo la educación pública por no proveer las herramientas necesarias para su desarrollo (equipos, conectividad, etc.), aspecto que fue denunciado por la docencia desde que se iniciaron las clases a distancia.

 Improvisación 

El gobierno anuncia un retorno presencial sin adoptar ni una medida para ello y las que si hace son siempre de espaldas a la comunidad educativa. Ahora, señala que el 2021 encuentra al Estado “preparado” y se envalentona presentando que tiene los “protocolos aprobados, los acuerdos pedagógicos básicos consensuados y en aplicación” y que junto con la “posibilidad cierta de la vacunación en el verano”, considera que tiene el camino llano para avanzar en la presencialidad en las aulas. Los docentes fuimos categorizados como trabajadores “esenciales”, pero no hay nada que indique que se garantice la vacuna antes del inicio del ciclo lectivo. Tampoco para los alumnos. Las obras de infraestructura escolar que se anuncian no se condicen con las necesidades de los edificios escolares y no hay ninguna medida que atienda la creación de los miles de cargos que hacen falta en el país. Con el acuerdo de la burocracia sindical - que firmó sin mandato de sus bases- el salario básico terminó en los $27.500 y los costos de la “virtualidad” fueron asumidos por la docencia. Los “protocolos” a los que alude el gobierno fueron avalados por la dirección de la CTERA, pero fue rechazado en toda asamblea docente convocada en cualquier rincón del país. 
 El gobierno no pudo “levantar” la cuarentena en las escuelas por la fuerte resistencia con la que encontró tanto entre las familias como la docencia, porque conocen al dedillo el estado calamitoso de los edificios escolares y el riesgo que ello implica para sus vidas y su salud. La rebelión docente en la Capital Federal contra la presencialidad impulsada por Larreta y Soledad Acuña, fue sólo la punta del iceberg de un proceso más general que se incuba en todas las provincias del país y que se manifestó en el “Mendozazo”, en la huelga general auto convocada de Misiones y en las extendidas luchas en las provincias del sur.
 La docencia afrontará la lucha contra el regreso a las aulas en el 2021 de manera combinada con la pelea salarial y su propia paritaria. Las seccionales combativas y direcciones anti burocráticas deben tomar como punto de apoyo lo conseguido por el gremio aceitero, que, con el método de la huelga general y la coordinación, conquistó un salario básico igual al costo de la canasta familiar, de $93 mil pesos. 

 Mariano Hermida
 03/01/2021

CABA: certificado de pobreza para conseguir vacante en la escuela pública

Fallo judicial en línea con las políticas privatistas del gobierno porteño A fines de diciembre, al cierre del año, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad falló en contra de la demanda de una familia que reclamó una vacante en el nivel inicial de la escuela pública. 
De acuerdo al tribunal, las vacantes de las escuelas de gestión estatal sólo serían otorgadas a niños y niñas cuyas familias puedan probar, mediante un certificado de pobreza, que no pueden afrontar los gastos del pago de la cuota de una escuela privada. Esto se da en el marco de más de 20.000 vacantes faltantes y de un recorte del presupuesto educativo en relación al del año pasado. 

 El caso 

En 2018, al momento de hacer la inscripción on line, una familia solicitó la vacante para su hijo de 2 años en una escuela infantil estatal. En caso de que esto no fuera posible, se solicitó, también, que el Estado se hiciera cargo del costo de la escuela privada. El GCBA, en cambio, no garantizó ninguna de las dos cosas, y el niño quedó en "lista de espera". 
 Frente a frente a la denuncia de que el derecho a la educación de su hijo no ha sido garantizado por el Estado, tal como plantea el artículo 24 de la Constitución porteña. Esta establece que "la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior". Finalmente, a fines del 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (máximo órgano judicial porteño), desestimó el reclamo de la familia con un argumento que sienta un precedente alarmante y desmiente a la constitución autónoma: los jueces consideran que el Estado debe limitar las vacantes de las escuelas de gestión estatal sólo a los hijos de aquellas familias que puedan probar, mediante un certificado de pobreza, que no pueden afrontar los gastos del pago de la cuota de una escuela privada. Pero, además, niega la posibilidad a las familias de presentar reclamos individuales por falta de vacantes, estipulando que deben ser demandas colectivas presentadas a través de una ONG que depende de la Comisión de Prácticas de la Facultad de Derecho de la UBA (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia). 

 CABA: escuelas y familias trabajadoras

 Según datos del propio GCBA (https://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/estadistica/anuario/educacion-comun-nivel-inicial), la cantidad de niños matriculados en el nivel inicial es abrumadoramente superior en el sector privado en las salas de lactantes, deambulador, 1, 2 y 3 años, en detrimento del sector estatal. En salas de 4 y 5 (salas del tramo obligatorio), se da una escasa ventaja del sector estatal, aunque se evidencia que, al igual que en el nivel primario, el sector estatal y el privado se "reparten" la matrícula en un 50% cada uno.
 Este fallo del TSJ porteño se da en una línea de continuidad con la política del gobierno porteño: el estado de desliga absolutamente de la obligación de garantizar la educación de gestión estatal y se limita a "gestionar" las vacantes disponibles, mientras bloquea la creación de nuevas escuelas. De esta manera, la responsabilidad del Estado pasa a ser supletoria o suplementaria de la educación en manos del sector privado. El GCBA, además, es el artífice de la creación de los Centros de Primera Infancia, un sistema paraestatal, financiado por fondos públicos, gestionado por ONG -muchas de ellas, de cuño confesional-, que conchaba a personal no docente en condiciones ultraprecarizadas. “Escuelitas para pobres”, en el marco de un apremio creciente por vacantes en el sistema estatal. 
 La privatización de la educación va de la mano del ajuste en el presupuesto educativo 2021, que implica recortes en obra pública, afectando directamente la creación de escuelas. A su vez, la falta de vacantes en la Ciudad es un problema de larga data para las familias trabajadoras, que se organizan año tras año para poder conquistar un lugar en el aula para sus hijos e hijas. Mientras tanto, docentes trabajan con aulas repletas, con alumnos/as "derivados del distrito" que se suman a lo largo de todo el año, en espacios aúlicos que no alcanzan para alojar a todos/as y que imposibilita, a su vez, un óptimo trabajo pedagógico. 
 El 2021 será un año de lucha no solo por el salario. Nos encontrará, nuevamente junto a las familias, en defensa de nuestra salud y por la creación de escuelas y vacantes para todos y todas los/as estudiantes.

 Flor Palombo
 04/01/2021

Altamira “El capitalismo mostró su cara más brutal en medio de esta conmoción sanitaria y ambiental”

Osvaldo Bayer: entre exilios y huelgas patagónicas

El aniversario del diario La Nación, tribuna de doctrina de la oligarquía argentina


El 4 de enero de 1870 se fundó el vocero oficial de la oligarquía argentina. Autoproclamada “tribuna de doctrina” del liberalismo criollo, el diario mitrista siempre estuvo al lado del gran capital y los abusos y genocidios contra la clase trabajadora y el pueblo pobre. 
 El fundador de La Nación, Bartolomé Mitre, explicaba por 1869 por qué había decidido comenzar con la empresa del periodismo: “Voy a hacerme impresor y me falta el tiempo material para hacer muchas cosas a la vez. Hijo del trabajo, cuelgo por ahora mi espada, que no necesita mi patria, y empuño el componedor de Franklin”. 
 La espada que colgó Mitre estaba manchada de sangre gaucha y guaraní. Luego de su victoria como jefe de las fuerzas porteñas contra los federales encabezados por Justo José de Urquiza en la batalla de Pavón, Mitre impuso la hegemonía de la burguesía y los terratenientes de Buenos Aires al resto del país. 
 El gran historiador marxista Milcíades Peña señalaba que Mitre fue representante de un régimen de fraude y terror contra las provincias del interior y las montoneras gauchas, pasadas a degüello por su aliado, el jefe mazorquero Lorenzo Torres y con el beneplácito de la familia Anchorena, primos y beneficiarios del régimen derrocado de Juan Manuel de Rosas y de la Buenos Aires mitrista. En su afán “civilizatorio” Mitre, junto a Brasil, despedazó en una guerra infame al pueblo de Paraguay. Para ponerlo en términos claros, La Nación hace ya casi un siglo y medio que actúa en defensa del interés de las élites porteñas y el capital extranjero. 
 Al fundar el diario, Mitre señaló que su objetivo era erigir “una tribuna de doctrina” que diera la letra al liberalismo criollo. ¿Cuál es la doctrina pregonada por estos paladines del republicanismo? Nada más ni nada menos que la defensa de las bases estructurales del atraso nacional, como la propiedad terrateniente y la sujeción al capital extranjero. 
 Juan Bautista Alberdi, que fue un férreo opositor al mitrismo y a la guerra del Paraguay, defensor de los caudillos de las oligarquías del interior, planteaba sobre la doctrina del liberalismo criollo: “ellos quieren reemplazar a los caudillos de poncho por los caudillos de frac; la democracia semibárbara, que despedaza las constituciones a latigazos, por la democracia semi-civilizada, que despedaza las constituciones con cañones rayados… para reconstruirlas más bonitas; la democracia de las multitudes de las campañas, por la democracia del pueblo notable y decente de las ciudades; es decir, las mayorías por las minorías populares; la democracia que es democracia, por la democracia que es oligarquía”.
 Domingo Faustino Sarmiento solía denunciar que el régimen político defendido por el mitrismo era “la democracia de las vacas y los bancos”, en alusión al dominio de la oligarquía ganadera y la dependencia de los créditos bancarios de la Baring Brothers. 
 Notable reiteración del pasado histórico y de las causas defendidas por La Nación, principal publicista del ex gobierno de Cambiemos que repitió el esquema de la democracia civilizada defendiendo los intereses de la burguesía agroexportadora y del capital financiero, de quien depende, con la injerencia directa del FMI.
 A principios del Siglo XX, La Nación fue vocera de la Liga Patriótica, que reunía a las guardias blancas de la oligarquía argentina contra los obreros anarquistas y socialistas que protagonizaron la Semana Trágica de enero de 1919. Los paramilitares de la oligarquía llevaron a cabo progroms antijudíos, a quienes se acusaba de ser parte de una conspiración anárquica y judeobolchevique. Según un cálculo de la Embajada norteamericana, más de 1.300 víctimas fatales fue el resultado de la represión a la lucha de los obreros. 
 En las páginas de La Nación los niños bien de la Liga publicaban sus proclamas: “Estimular, sobre todo, el sentimiento de argentinidad tendiendo a vigorizar la libre personalidad de la Nación, cooperando con las autoridades en el mantenimiento del orden público y en la defensa de los habitantes, garantizando la tranquilidad de los hogares, únicamente cuando movimientos de carácter anárquico perturben la paz de la República. Inspirar en el pueblo el amor por el ejército y la marina. Los miembros de la Liga se comprometen, bajo su fe y honor de argentinos, a cooperar por todos los medios a su alcance, e impedir: 1° La exposición pública de teorías subversivas contrarias al respeto debido a nuestra patria, a nuestra bandera y a nuestras instituciones. 2° Las conferencias publicas y en locales cerrados no permitidos sobre temas anarquistas y marxistas que entrañen un peligro para nuestra nacionalidad. Se obligan igualmente a usar de todos los medios lícitos para evitar que se usen en las manifestaciones públicas la bandera roja y todo símbolo que constituya un emblema hostil a nuestra fe, tradición y dignidad de argentinos” (La Nación, 16 de enero de 1919) 
 Con el advenimiento del peronismo, el diario mitrista se transformó en uno de los principales tribunos de la oligarquía terrateniente que rechazaba de cuajo el experimento bonapartista sui generis de Juan Domingo Perón y reclamaba volver a la república, donde los dueños de vacas eran amos y señores sin convidados a la mesa. Con este odio de clase, con un racismo a flor de piel, retrataba La Nación el 17 de octubre: “Hemos presenciado con asombro y pesar el espectáculo dado por las agrupaciones de elementos que no obstante la categórica prohibición, de fecha reciente, de celebrar reuniones en la vía pública, han recorrido las calles dando vítores a ciertos ciudadanos, y en esta ciudad acampando durante un día en la plaza principal, en la cual, a la noche, improvisaban antorchas sin ningún objeto, por el mero placer que les causaba este procedimiento”. 
 Aún en 2013 La Nación justificaba su adhesión al golpe de la Revolución Fusiladora en estos términos: “Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Cayó, básicamente, porque su régimen se había agotado y abundaban los escándalos y las burdas muestras de autoritarismo”. 
 Recordemos, en ese sentido, que La Nación sigue siendo el principal defensor del negacionismo del genocidio y de la impunidad de los criminales de la última dictadura cívico-militar en Argentina.
 Rememoremos, también, que La Nación recibió de la dictadura genocida, junto a Clarín, el regalo de Papel Prensa, arrancado a sus antiguos dueños en una mesa de tortura.
 En una editorial celebratoria el diario mitrista ratifica su doctrina: “Las transformaciones operadas en La Nación lo ha sido sobre el piso firme del sistema de valores y principios (...) La libertad de expresión, de trabajo y de comercio están asociadas en esa visión a la división tajante de poderes de gobierno, y en particular de independencia del poder judicial, como conceptos cuyo quebrantamiento envilece la democracia republicana”. 
 En virtud de esta concepción de la “democracia civilizada”, el diario La Nación fue un fiel servidor de las dictaduras militares del Siglo XX, fundamentalmente cuando veían peligrar los intereses capitalistas y las instituciones patronales ante la amenaza de la lucha de la clase trabajadora, y recurrían a los militares como portadores de los valores en defensa de la propiedad privada. 
 En síntesis, La Nación se ha caracterizado por ser una tribuna activa de las élites burguesas más reaccionarias en defensa de la dictadura del capital, bajo ropaje republicano o uniformado, con eje en sus intereses particulares.
 A su vez La Nación, mediante el monopolio del papel junto a Clarín, impidió el acceso a un insumo fundamental de los diarios condición para la verdadera libertad de expresión.
 Obviamente para el aniversario no va faltar, como lo hicieron años anteriores, los saludos cordiales de Adepa (cámara que agrupa a los propietarios de los medios de comunicación), la Sociedad Rural Argentina y la muy paqueta Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta, entre tantos otros.

 Facundo Aguirre 
Lunes 4 de enero | 00:00

domingo, 3 de enero de 2021

Una última semana que entró a la historia


La aprobación del aborto legal es un impulso enorme a la lucha contra todas las formas de opresión.

 La última semana del año ha pasado a la historia. La aprobación por el Senado de la Nación de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo (aborto legal) es una conquista histórica de la lucha por los derechos de la mujeres y un golpe enorme a las Iglesias y al sometimiento a la mujer. Este triunfo es solo atribuible a una lucha consecuente de 35 años y que, sobre todo, en los últimos movilizó a millones de mujeres a lo largo y ancho del país, conocida como la Marea Verde. 
 El gobierno ha debido comprometerse con la aprobación de la ley porque no podía seguir oponiéndose a una movilización que lo superaba. Es decir, la ley le fue arrancada. Es por eso que ha cedido a presiones de los sectores más derechistas para producir cambios que ponen en peligro la integral aplicación del aborto. Es que sus compromisos con las iglesias, fundamentalmente la católica, son enormes; requiere de ellas para que actúen como un factor de contención frente a la evidencia de que el agravamiento de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de quienes habitan en este país es un motor para impulsar luchas y rebeliones populares. 
La lucha por la real aplicación de la ley cobra vigencia. La conquista del derecho al aborto legal tendrá consecuencias más allá del universo que reclamaba su aprobación. Es, como dijimos, un golpe a las Iglesias y a gran parte del aparato estatal montado sobre la opresión en general, y a la mujer en particular. Hay que utilizar este envión para ir por la separación de la Iglesia y el Estado y por la conquista de todos los reclamos populares. 
 La lucha también trajo esta última semana otros triunfos. Eso lo pueden certificar los aceiteros que obtuvieron una victoria tras 20 días de huelga; o los trabajadores de la metalúrgica de Florencio Varela, GRI Calviño, que el último día del año le torcieron el brazo a la patronal flexibilizadora; o los guardavidas de Monte Hermoso, que se organizaron, fueron a la lucha y ganaron; lo mismo que los músicos de la Orquesta Sinfónica Municipal de Pilar que impidieron con su movilización el desguace de la misma. 
 La crisis económica y la ofensiva patronal por trasladarla a los trabajadores crean un cuadro de ataques que requieren de una mayor y organización de los explotados. Los reclamos salariales siguen estando a la orden del día; hubo una nueva movilización de trabajadores de la salud que han tenido un año de muchos sacrificios y mucha lucha no solo por el salario, también por las condiciones de trabajo, y fundamentalmente por el derrumbe del sistema de salud. 
 En la semana, el mismo Congreso que aprobó el aborto legal convirtió en ley un nuevo robo a los jubilados (y van…). El proyecto de movilidad aprobado está inscripto en la política de “desindexación de la economía”, que en términos concretos es desindexar salarios (con paritarias a la baja que, salvo escasas excepciones, están muy por debajo de la inflación) y jubilaciones. Es de destacar el apoyo que la burocracia sindical dio a este nuevo saqueo a los jubilados (incluido a algunos diputados de izquierda como Alderete del PCR). La contraposición fue la movilización que protagonizamos el 18 organizada por el plenario convocado por el Sutna el pasado 12. El Plenario del Sindicalismo Combativo, junto a las organizaciones independientes de jubilados hicieron una conferencia de prensa frente al congreso en el medio de la vigilia por el aborto; a su vez los diputados del FIT-U rechazaron sin vueltas la ley y votaron en contra. 
 Los ataques son generalizados. Larreta se mandó un impuestazo y un tarifazo que recaerán sobre quienes viven y trabajan en la Ciudad. Esta política no solo es intolerable para la población, tampoco abre una salida a la grave crisis del país en todo los terrenos. El gobierno no da respuesta a los trabajadores de la salud en el medio de un agravamiento de la pandemia; cuando la posibilidad de que la vacuna alivie la situación está atada a un desigual acceso a la misma entre los países “centrales” y los “periféricos”. El sometimiento al imperialismo de quienes nos han venido gobernando en las últimas décadas tiene, como se ve, graves consecuencias. 
 El desacierto del gobierno en encontrar una salida abre, lógicamente, una deliberación política y una lucha dentro de las fuerzas políticas de la burguesía, tanto de la oposición como del oficialismo. La pelea por el control del PJ de la provincia de Buenos Aires, que ocupó a los medios de comunicación, es una parte de ello. 
 Lavagna salió a postularse como un recambio no liberal no populista, según sus palabras, que no ahorra tomar planteos de ambos, entre ellos la tan mentada reforma laboral y el avance en la precarización de los, en este caso dice, nuevos trabajadores. Sin embargo Lavagna como los Fernández y los Macri no pueden zafar de las consecuencias de su propia política, la que ha hecho que mientras millones entran en la pobreza o retroceden en sus condiciones de vida, unos pocos han fugado fuera del país capitales equivalentes a un PBI anual entero. 
 Para los trabajadores la cuestión pasa por organizarse y con el empujón de los triunfos, sobre todo el del aborto, ir por lo propio. Eso es lo que harán los docentes organizados y referenciados en Tribuna Docente que el 20 y 21 de febrero harán su XIII Congreso, para tomar las resoluciones necesarias en defensa de la educación, de los educandos y de los educadores. Buen año. Buen domingo. 

 Eduardo Salas 
Editor de Prensa Obrera.

Metrovías: un nuevo saqueo al pueblo


Renovación del contrato.

 La renovación del contrato de gerenciamiento del Subte con Metrovías-Roggio, por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es una expresión del carácter corrupto del Estado bajo la conducción de los Rodríguez Larreta. El de Roggio es un grupo económico totalmente parasitario, denunciado por el manejo fraudulento de subsidios estatales y el pago de coimas, que desde 1994 viene dando un servicio caro y desastroso y, junto a Sbase, su controladora estatal, es responsable consciente de la compra de trenes obsoletos y contaminados con asbesto, causante de enfermedad pulmonar irreversible de una cantidad incalculable de trabajadores. 
 Por otra parte, el aumento sistemático del pasaje no condice con la ausencia de inversiones, que han estado a cargo del Estado, y con el déficit total de mantenimiento, que pone en peligro la integridad física de trabajadores y usuarios. Se registran seis muertes de obreros por accidentes eléctricos evitables. 
 El maridaje delincuencial de Roggio y el gobierno Larreta hace cómplice a este último de estas gravísimas denuncias, sin eximir al kirchnerismo, bajo cuyo gobierno, durante 9 años –del 2003 al 2012-, fue la Nación la que gestionó el servicio, con el consecuente despilfarro de subsidios, sin rendición de cuentas ni inversiones apuntadas a una real ampliación y modernización de este transporte vital. 
 El gerenciamiento ruin del grupo Roggio, con el exclusivo objetivo del crecimiento de sus beneficios capitalistas, da nuevo sentido a lo que ha sido la confiscación del salario de los trabajadores, mediante suspensión por casi un año de la paritaria, pagos en negro y rebaja de salario, aguinaldo y aportes. Esto significa que este grupo mafioso, parásito del Estado, comienza un renovado saqueo de los fondos públicos por otros 12 años, con varios millones en el bolsillo arrebatados al salario obrero.
 Privatización y ajuste son los ejes de la política, tanto del gobierno nacional como del de CABA, para los servicios públicos. La burocracia usurpadora de la UTA ha sido socia de este saqueo desvergonzado durante 26 años, que ahora se renueva.
 La AGTSyP debe denunciar este contubernio contra el pueblo, reclamar la investigación de los fondos manejados por Roggio y luchar por su expulsión y la gestión de este servicio público por los trabajadores. 

 Prensa Obrera

Ley de Movilidad, la traición de Alderete


El dirigente de la CCC y el PCR votó la ley de desindexación de las jubilaciones. 

 Juan Carlos Alderete es diputado nacional por el Frente de Todos, aunque como es públicamente conocido, el referido es dirigente nacional del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y también referente nacional de la CCC, integrante del “Triunvirato Cayetano”. Recordemos que estas organizaciones sociales abandonaron las calles ya en plena campaña electoral de los Fernández, a quienes apoyaron a cambio de una repartija de cargos en el Estado, no para todos, claro. 
Alderete obtiene su lugar de diputado nacional, entonces, no como consecuencia de una lucha política contra los partidos del régimen, sino por asimilarse a ellos y en consecuencia, como veremos, transformándose en un peón, “por izquierda”, de la política ajustadora y pro-FMI de los Fernández. Alderete cumple su función a conciencia. Votó el proyecto de la “nueva fórmula” de cálculo de la movilidad “en general” con el argumento de incorporar en el debate punto por punto la inflación al cálculo. Esto es una estafa, porque es hacerlo a sabiendas de que es imposible cambiar la esencia de una ley en el tratamiento artículo por artículo. La ley está hecha para disociar las jubilaciones de la inflación. A esa justificación, por otra parte, no se la cree ni él mismo porque sabe perfectamente que el objetivo central del FMI que el gobierno aplica al pie de la letra es el de desindexar el haber de los jubilados, tal como se lo espetó en la cara el venal ministro de trabajo Moroni.
 Como a las cosas hay que llamarlas por su nombre, corresponde decir que este voto de Alderete es una traición a sus propios compañeros y al conjunto de los trabajadores, aunque en esta oportunidad difícilmente pueda sorprender a alguien por aquello de que no se puede mentir todo el tiempo a todo el mundo. Sus propios compañeros tendrán que sacar las conclusiones, sobre todo contrastándolas con la conducta de los diputados del FIT-U en el Congreso y en la calle en la denuncia y la lucha contra este crimen social del gobierno nac&pop de los Fernández.
 Esta conducta camaleónica del PCR no es novedosa, en realidad es una constante en la historia de este partido que apoyó (y defendió) al gobierno de Perón, Isabel, López Rega y cía., luego formó parte del Frejuli, el frente que llevó a Menem a la presidencia, para destacar algunos antecedentes cercanos; nadie puede escapar a su propia historia. 
 En el debate previo, Raverta (la titular de la Anses) y Moroni no hicieron referencia, por supuesto, al robo de $137.000 millones mediante los decretos de 2020 (Cronista Comercial, 30/12) y por el contrario contaron el cuentito de que con esos aumentos los jubilados le ganaron a la inflación y recuperaron poder adquisitivo, algo también falso porque quedarán también por debajo de la inflación del presente año. Mayor cinismo imposible, su función es la de hacer pasar el ajuste que le reclama el FMI al gobierno y sus propios conchabos por un sueldito de $450.000 al mes. 
 La oposición de Cambiemos fue reivindicando su propia reforma previsional mediante una represión brutal, concretando un robo en los haberes jubilatorios de 100.000 millones de pesos (diciembre 2017) y una quita de 20 puntos porcentuales en los haberes como saldo del cuatrienio macrista.
 Aun así en el debate, ante los cuestionamientos de que en la fórmula no se contempla la inflación, Moroni, casi al borde la histeria, planteó que se trata de “desindexar la economía”, cuando solo en caso de los combustibles, es decir, de las petroleras, desde agosto hubo 4 aumentos que suman 20%. Desde luego estamos hablando, además, de jubilaciones que en un 70% están en $19.035, casi un tercio de la línea de pobreza. 
 Lo de Alderete es imborrable. Expresa la necesidad política para la clase obrera de romper con la política de colaboración de clases en las izquierdas.
 El 29, en contraposición los diputados del Frente de Izquierda, dieron una lección de clasismo y en la calle, en medio de la marea verde, el Plenario del Sindicalismo Combativo y los jubilados autoconvocados, a metros del Congreso, colocaron el reclamo con sus dirigentes a la cabeza. 

 Mario Diamonte 
Plenario de Trabajadores Jubilados de Córdoba

Arrancó la vacunación contra Covid-19


Margaret Keenan de 90 años recibió en Coventry la primera dosis de la vacuna contra SARS-CoV-2 (el virus causante de Covid-19) elaborada por Pfizer, convirtiéndose así en la primera persona en el mundo en recibir la vacuna por fuera de las pruebas clínicas.

 Las vacunas autorizadas al momento 

El Reino Unido, primer país en dar la aprobación al producto de Pfizer, da inicio así al mayor programa de vacunación de su historia. La vacuna había logrado un 95% de eficacia en los últimos resultados publicados correspondiente a la Fase 3. Los primeros en ser vacunados serán les mayores de 80 años que ya concurren a hospitales para turnos médicos o son dados de alta luego de internaciones. Luego se seguirá un esquema descendente por edades y por factores de riesgo. El 5/12 Rusia lanzó la primera parte de un programa de inmunizaciones con la vacuna Sputnik V elaborada por el Instituto Gamaleya. El gobierno autorizó el inicio de la vacunación dirigida a trabajadores sociales, de la salud y docentes. Si bien los resultados preliminares arrojaron también un 95% de eficiencia, existen dudas dentro de la comunidad científica porque Rusia aprobó la vacuna antes de iniciada la fase 3 y los casos reportados son aún pocos para tener robustez estadística.

 ¿Qué tecnología usan las vacunas? 

Dentro de la «carrera» por las vacunas, las dos primeras en ser aplicadas masivamente utilizan nuevas tecnologías nunca antes usadas en seres humanos. En el caso de la Sputnik, se trata de una vacuna basada en ADN. Se inyecta a los pacientes dos adenovirus (causantes de resfrío común), modificados para contener la información de una proteína de SARS-CoV-2. De esta forma, al ingresar a las células que usualmente infectan estos virus, se fabrican las proteínas del virus de Covid-19 que al ser liberada provoca la reacción del sistema inmune. En el caso de la vacuna elaborada por Pfizer, se utiliza la tecnología de ARN mensajero, donde lo que se inyecta es únicamente un ARN mensajero viral que contiene la información para fabricar una proteína SARS-CoV-2. Aquí, lo que ingresa a las células es directamente el ARNm que es traducido a proteína, lo que luego al ser liberada genera una reacción inmune. 

 ¿Quiénes deben ser vacunados/as en esta etapa? 

En cualquier esquema de vacunación (y más en una situación de emergencia) las primeras personas en ser vacunadas deben ser los sectores de la población más vulnerables frente a la enfermedad. En el caso de Covid-19, los grupos de riesgo incluyen a las personas mayores de 65 años y aquellas con factores de riesgo preexistentes (patologías respiratorias, enfermedades crónicas, inmunodeficientes). Pero también aquellas personas que por sus tareas laborales se encuentran más expuestas, en primer lugar les trabajadores de la salud.

 ¿Qué está ocurriendo en realidad? 

Con estos criterios, lo lógico sería iniciar un esquema de vacunación a nivel mundial que comience por la población de riesgo y luego continúe en forma escalonada con el resto de la población. Considerando la marcada estacionalidad del Covid-19, podría empezar en un primer momento en el hemisferio norte y luego continuar en el sur. Sin embargo, esta no es la lógica que se aplicará, dado que la disponibilidad de la vacuna no depende de criterios sanitarios sino de la capacidad adquisitiva de los países y el lucro privado de las compañías farmacéuticas. En este sentido, los países «centrales» que han incluso aportado miles de millones a las empresas fabricantes de distintas vacunas serán quienes primero accederán a su producción y distribución. Las promesas de Rusia respecto a que la Sputnik sería distribuida masivamente a menores costos no pasaron de la propaganda oficial dado que la capacidad productiva aún no alcanza para cubrir a la totalidad del país. 

 ¿Cómo sigue la nueva etapa de control? 

Con el inicio de la aplicación masiva de algunas vacunas, comienza la fase de farmacovigilancia de vacunas. En esta etapa se monitorea la aparición de efectos adversos a la vacunación con dos objetivos centrales: por un lado, abordar los casos donde se genere algún efecto secundario, en particular los más graves; en segundo lugar, minimizar los efectos negativos de estos episodios sobre los programa de vacunación. Este último punto es clave en momentos en que los movimiento oscurantistas antivacunas han tenido un nuevo auge a nivel mundial. Como los programas de inmunización abarcan muchísimas más personas que las fases de prueba, es posible (aunque no seguro) que se puedan detectar algunas reacciones adversas menos frecuentes. Asimismo, la farmacovigilancia permite monitorear los efectos de la vacunación a largo plazo. 

 Lucía Maffey 
Bióloga y becaria posdoctoral del Conicet. 
 09/12/2020

sábado, 2 de enero de 2021

Marcelo Ramal en Crónica TV: "Ayer se votó un atentado a los jubilados"

Aceiteros, recibidores, portuarios y otros quiebran el brazo a la patronal exportadora

Por medio de una huelga indefinida hasta la obtención de las reivindicaciones.

 Después de 21 días de huelga nacional en la industria aceitera y de exportación de granos, sus trabajadores impusieron la reivindicación de un salario básico igual al costo de la canasta familiar, 92.650 pesos en la categoria inicial, que entrará en vigencia a partir de enero. Las tres semanas de huelga, equivalente a una huelga indefinida de hecho, fue apoyada con piquetes y asambleas en las puertas de las plantas. La clase obrera torció el brazo a la patronal más poderosa del país. Los aceiteros contaban con un salario inicial de $ 68.678 al comenzar la huelga. Impusieron una revisión de salarios atrasados durante 2020. A partir de ello, se lleva el inicial a $70.823 en el mes de noviembre y a $74.118 en diciembre de 2020. El salario inicial de $92 648 a partir de comienzos de 2021 implica un aumento del 25% sobre el mínimo del mes precedente. Entre el valor de setiembre y el de enero, la diferencia es de 23.700 pesos. El Ministerio de Trabajo se vió obligado, al cabo de la larga huelga, a homologar un aumento de salarios que le negó al conjunto del movimiento obrero. Las paritarias de 2020 han consagrado una depreciación del básico, un festival de cuotas "no remunerativas" y la eximición de la actualización de las cargas sociales a las patronales. 
 El acuerdo incluye el pago de una suma extraordinaria remunerativa de $70.178 para todos los trabajadores aceiteros, que se abonará en dos cuotas de 35 000 pesos durante enero y febrero. Es un aumento del 40% respecto del bono que habían percibido en 2020, de 50.000 pesos. 
 Estos bonos se vienen cobrando desde el 2010, y siempre fueron aproximadamente equivalentes a un mes de sueldo. Representa un valor similar al que se lleva el Estado anualmente por el impuesto a las "ganancias" sobre el salario. El bono, por lo tanto, traslada a la patronal el costo de esta confiscación impositiva. Por otra parte, las cámaras aceptaron pagar el llamado “Bono pandemia”, que desembolsarán en 9 cuotas de $10.000. 
 El acuerdo incluye además una cláusula de revisión pautada para el mes de agosto de 2021, independientemente del índice inflacionario. 
 Las Cámaras patronales debieron ceder a una parte importante de los reclamos de un conflicto que se generalizó a once gremios involucrados en la actividad, y que se estaba transformando en una huelga general de todo el cordón. Aunque las patronales lograron estirar en cuotas no remunerativas los pagos de los bonos de fin de año y las del bono “pandemia”, lo que arrancaron los aceiteros debe servir de referencia para los demás gremios que participaron de la huelga, portuarios y Urgara, y esta última deberá readecuar los preacuerdos establecidos en algunas de las terminales, como EDM y ACA. Los recibidores de granos acaban de denunciar que la cámara patronal aún no formalizó el acuerdo. En el caso de la huelga aceitera, no ha quedado resuelta la cuestión de los salarios caídos. Las cámaras se niegan a pagarlos, y pretenden que sean compensados por el bono de fin de año. 

 Juan Ferro 
 31/12/2020

La brecha entre quienes acceden a la vacuna y quienes deben esperar


Estados Unidos y la Unión Europea compraron dosis suficientes para vacunar a la totalidad de su población dos veces. Con los anuncios del gobierno, mañana martes 29/12 empezaría la vacunación de la población prioritaria con las 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V. A su vez, el resto de las farmacéuticas avanza en tratativas con el presidente y el Ministerio de Salud para aprobar su uso de emergencia (como sucedió la semana pasada con Pfizer y, aparentemente, hoy sucedería con AztraZeneca/Oxford) y asegurar la compra de vacunas, pero sobre la base de la improvisación y la entrega que ha caracterizado al gobierno durante el periodo de la pandemia.
 Sin embargo, todavía nada está asegurado para la población de nuestro país. Hoy, lo concreto son las 300 mil vacunas que llegaron la semana pasada, evidentemente insuficientes para inmunizar a toda la población de riesgo. Es una situación que se repite en muchos países, donde ya se vislumbra que asegurarse las dosis es una tarea prioritaria para la recuperación económica que buscan las burguesías nacionales pero difícil a la hora de competir con las potencias imperialistas. 
 En este sentido, según un informe publicado por Oxford Economics, para 2025 el daño económico a largo plazo de la pandemia será dos veces más grave en los «mercados emergentes» en comparación con los países ricos. Por supuesto que las vacunas abonan a eso, porque aquellos que puedan inmunizar más rápido a su población garantizan, al menos en parte, la flexibilización -sino eliminación- de las cuarentenas. Y eso es todo lo que buscan los gobiernos, dejando de lado que la urgencia por la vacunación debería basarse en la necesidad de proteger a las poblaciones y no las economías. 
 Es por eso que Estados Unidos está demandando hasta 1.500 millones de dosis, cuando su población es de 330 millones, y la Unión Europea cerca de 2.000 millones, con una población de 446 millones. Es más que suficiente para vacunar a la totalidad de su población dos veces (recordemos que cada vacuna cuenta con dos dosis). 
 Y los países subordinados al imperialismo deberán esperar. Sin dudas, las economías destruidas prepandemia y las deudas usurarias no ayudan, sino que profundizan el problema. Es una situación que no sucedería con la centralización de los recursos (y, por lo tanto, de las vacunas) y la discusión de los trabajadores sobre cuál debería ser la distribución de los mismos, con el horizonte puesto en sus necesidad y no en las ganancias de los laboratorios. El control obrero de las vacunas y de la pandemia y no el control capitalista que, hasta hoy, ha demostrado que pone a los trabajadores y su salud en el último lugar de sus prioridades. 

 Lucía Miguez

El Estado paraguayo se ensaña con la familia Villalba


Denuncian que las FTC habrían secuestrado a otra de las niñas Villalba, y mantienen incomunicada a la madre de una de las niñas ejecutadas. 

 El pasado 25 de diciembre se conocía la noticia de que Laura Mariana Ayala Villalba había sido detenida por la Policía Nacional en Amambay, norte del Paraguay. Laura Villaba es madre de María Carmen Villalba, una de las niñas asesinadas por las Fuerzas de Tarea Conjunta, el 2 de septiembre de este año, en un operativo que el propio presidente Mario Abdo Benítez presentó como “exitosa”, a pesar de saber que las abatidas se trataban de dos niñas de 11 años. 
 Laura había cruzado a Paraguay en diciembre de 2019 con María Carmen Villalba y Carmen Elizabeth Oviedo Villalba: las niñas anhelaban conocer a sus papás, integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Las tres residían en la localidad misionera de Puerto Rico (Argentina) y llevaban una vida normal a la vista de cualquier vecino: las niñas iban a la escuela y Laura estudiaba enfermería en Misiones. Una vez en Paraguay se quedaron varadas por la pandemia del Covid-19. 
 Como ya hemos denunciado, el Estado paraguayo violó normas y protocolos internacionales al abrir fuego contra las niñas, mintió por los medios nacionales, borró las pruebas, no permitió que la familia forme parte de la autopsia ni de los procesos de investigación, montó una escena y no ha avanzado un sólo paso en la investigación de lo ocurrido con la ejecución de las niñas, para determinar quiénes fueron los responsables y en qué circunstancias fueron abatidas. Por el contrario, sí ha avanzado en criminalizar y denunciar a la familia, acusando a estas mujeres de “reclutar” niños para el EPP, o de sostener una “guardería de guerrilleros”. 
 Pero las desgracias no terminan para la familia Villalba, el poder de todo un Estado las persigue. En el momento de ser detenida, Laura se encontraba buscando a Carmen Elizabeth de 13 años, con quien no tenía contacto desde el 30 de noviembre y al día de hoy continúa desaparecida, según la denuncia de la abogada de la familia Daysi Irala: “Lo concreto es que la niña de 13 años está con paradero desconocido, está desaparecida y existe una alta probabilidad de que la niña esté en manos de la FTC (Fuerza de Tarea Conjunta)”. En su denuncia dice que los pobladores de la zona manifestaron que la niña fue llevada por militares. Estaríamos ante otro grave crimen de Estado, de desaparición forzada.
 Además, Myriam Villalba, mamá de Lilian Mariana, denunció que Laura se encuentra incomunicada y detenida de manera totalmente irregular en un cuartel militar de Viñas Kue, y estaría siendo torturada para declarar que forma parte de la organización guerrillera. Carmen Elizabeth y Laura son testigos de la captura de las niñas en Yby Yau el 2 de septiembre, el apresamiento de una y la desaparición de la otra podría ser otro intento de borrar evidencias. 
 Las niñas Lilian Mariana y Maria Carmen eran Argentinas y vivían en Misiones. El Estado paraguayo pone en duda la nacionalidad y la filiación de la niñas para zafar del conflicto internacional. La Cancillería Argentina se limitó a algunos comunicados y gestiones simbólicas, pero aún no se ha resuelto el pedido de refugio para las mujeres que quedaron residiendo aquí, cuando es evidente e inminente un pedido de captura o extradición para las mujeres que viven y trabajan todos los días cuidando de los niños Villalba, en una modesta chacrita en Puerto Rico. Sin estas mujeres estos niños y niñas quedarían a la deriva.
 El Estado provincial tampoco se hizo ver demasiado para proteger a la familia perseguida. Exigimos al Estado paraguayo la inmediata aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, la libertad a Laura Mariana Ayala Villalba. Exigimos al gobierno argentino el refugio político para la familia Villalba, la denuncia que corresponde al Estado paraguayo por semejante crimen de Estado y la investigación independiente de los hechos sucedidos, con la consecuente condena de los culpables. 

 Florencia Aguirre

«Entendemos que la represión es algo inherente a lo sistémico»

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presenta su informe anual. 

 M.H.: Presentaron el Informe anual.
 I.J.: El 18 de diciembre presentamos el Informe anual como hace 30 años lo venimos haciendo sobre la situación represiva a nivel nacional. En un año muy particular, en 30 años es la primera vez que no fuimos a la Plaza de Mayo por razones obvias. Así que hicimos una transmisión por las redes y por nuestro canal de Youtube. Con las limitaciones propias del tema de la pandemia, un poco sintetizando el espíritu de la presentación en el doble cuidado, cuidarse de la pandemia y de la represión también. En la vieja tónica de Correpi que una vez más sigue presente independientemente de los cambios gubernamentales, porque entendemos que la represión es algo inherente a lo sistémico. 
 M.H.: ¿Cómo accedemos a esa presentación?
 I.J.: En nuestras redes, en Facebook, Instagram y obviamente el canal de Correpi de Youtube. Poniendo “Correpi” en el buscador va a saltar la página y ahí aparece el link. Hay una serie de elementos muy interesantes para chequear, muchos videos, testimonios y mucha información actualizada de los distintos rubros que nosotros venimos caracterizando a lo largo de los años por la represión de Estado. M.H.: ¿Qué vamos a ver? 
 I.J.: Lo que vamos a estar viendo es qué paso en este año tan particular, atravesado por las características de la pandemia, y cómo de algún modo el resultado final es la prolongación de lo que viene siendo, a casi 40 años de instalada la democracia en nuestro país, una política de Estado que, sin embargo, es muy diferente a lo que ocurrió en los últimos 4 años de gobierno macrista, donde venimos saliendo de una concepción absolutamente represiva por parte del Estado de Macri y Bullrich que transformó a esa gestión en la más criminal de todas, porque se fueron de una gestión con un muerto cada 19 horas por el Estado, por sus diferentes mecanismos ya sea gatillo fácil, tortura seguida de muerte en los lugares de detención, femicidios por uniforme, causas armadas, represión de la protesta social. 
 Los rubros que nosotros acostumbramos a ver durante estos 30 años que venimos presentando los resultados y que se profundizaron y agravaron de modo infernal durante el gobierno de Macri. Esperábamos una respuesta menos dura de parte de la nueva gestión, de hecho, ha habido un discurso que es completamente diferente al de Macri, pero a la hora de plantear los resultados concretos hay números que sobresalen, que llaman la atención y preocupan. 
 En este año ocupa un lugar preponderante lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con la administración de Kicillof y Berni, sobre todo la figura de Berni, que para algunos es inexplicable, para otros no tanto. A partir de que se trata concretamente del trabajo sucio de la gestión y que se expresó en todo su posicionamiento provocativo contra el pueblo y contra los organismos defensores de los DD HH. Desprecio absoluto por parte del ministro de Seguridad de la provincia del tema de los DD HH que se materializó con esa causa emblema que fue la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. 
 Todo eso se va a ver ahí, también lo que pasó en el interior del país que generalmente no es algo que ocupe los grandes medios, pero no nos vamos a olvidar de Luis Armando Espinoza que ha sido el cuerpo aparecido en el barranco en Tucumán. Tampoco nos vamos a olvidar de los muertos en los lugares de detención donde cobra una particular referencia el caso de Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa y con Lara en San Luis. 
Lo que ocurrió en las cárceles de Santa Fe, en Florencio Varela, el tema de Jujuy que ha sido verdaderamente un “bastión” de Morales en materia represiva. Todo esto que fue transmitiéndose y ocurriendo durante el año demuestra que primó un concepto de contención policial antes que social de la pandemia y todo eso quedó reflejado en la presentación del Informe. 
 M.H.: Te traigo al presente, Lago Mascardi.
 I.J.: Tiene que ver con lo que te planteaba al principio, con la represión de todos los tipos de protesta, el Lago Mascardi y Guernica, en la misma línea, están revelando la imperiosa necesidad de resolver cuestiones de tierra y habitacionales de nuestra población, que el poder resuelve de la única manera que ha encontrado que es salir a reprimir. Y es lo que están haciendo atávicamente, pero esto exige una respuesta de otras características, está revelando la gran crisis de la desigualdad que se materializa en este tipo de cuestiones.
 En el caso del Lago Mascardi además el componente distintivo es la cuestión étnica, racista y supremacista que impide considerar a la nación mapuche como integrante de un Estado que los contenga de modo inclusivo pero que algunos y, sobre todo, sectores de la derecha que no están solo en la oposición, están tratando de demonizar. Entonces aprovechan y en ese contexto también se despliega lo represivo. 

 Mario Hernandez | 02/01/2021

viernes, 1 de enero de 2021

#ElAbortoEsLey | Salud: los problemas que plantea la objeción de conciencia

Edenor: de una ´burguesía nacional´ a otra

Finalmente se concretó la venta de Edenor de manos del grupo Pampa Energía, que conduce Marcelo Mindlin, a Edelcos, un consorcio encabezado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.
 Los compradores pagaron U$D 100 millones por el 51,8% de una empresa que apenas en febrero de 2018 había llegado a cotizar U$D 2.500 millones en la bolsa de Nueva York, cuando “el sendero de tarifas” del macrismo todavía no había colapsado bajo el peso de la devaluación, la fuga de capitales y la hecatombe política de aquel gobierno. Actualmente, las tarifas permanecen congeladas desde hace 10 meses. En virtud de las elecciones legislativas que se avecinan, esta situación podría prolongarse incluso hasta 2022. Algo similar había ocurrido en 2002, cuando el colapso llevó al retiro de Electricité de France, para pasar la empresa al grupo Mindlin. 
 “Con tarifas congeladas desde febrero del año pasado, la situación financiera de Edenor hoy es delicada. En 2019, ganó $ 12.129 millones, casi el doble que en 2018. Pero ese congelamiento impactó más este año. En nueve meses de 2020, perdió $ 1.838,77 millones, contra una ganancia de $ 17.058,64 millones en igual período del ejercicio anterior. En su informe de resultados, lo atribuyó a la falta de actualización de sus tarifas, frente a costos -en su mayoría, en dólares- que continuaron subiendo” (El Cronista, 28/12). En 2002, EdF no podía girar dividendos a los accionistas de la bolsa parisina. 
 El valor de mercado de Edenor, por el total de la compañía, hoy no superaría los U$D 150-160 millones. Pero, además, “los compradores aclaran que, a ese monto, hay que deducirle u$s 100 millones de pasivos que tiene la empresa”. La diferencia, según Vila-Manzano-Filiberti, es la prima que pagaron para comprar a precio de remate. La transacción fue saludada con un aumento del 14% de sus acciones en Wall Street.
 Edenor es una distribuidora que abastece de electricidad a 3,2 millones de clientes -unos 9 millones de personas- y representa aproximadamente el 20% de la demanda total de electricidad en el país. Su proveedor mayorista es la empresa mixta Cammesa, con la cual Edenor acumula una deuda por U$D 225 millones. La sociedad Vila-Manzano es también dueña de otra distribuidora eléctrica, Edemsa, que abastece a Mendoza. Edemsa acumula con Cammesa deuda por otros U$D 120 millones. En ambos casos, las deudas se generan como resultado del desfasaje tarifario entre el precio mayorista y el de los usuarios hogareños. Las distribuidoras aseguran que sus ingresos, en estos niveles, apenas cubren los costos operativos y de mantenimiento de la red. Pampa es el mayor generador privado de energía, la sexta productora de hidrocarburos del país y la tercera de la Cuenca Neuquina. En un comunicado, desde Pampa aseguraron que vendieron su participación en Endenor “para concentrar sus inversiones en la generación eléctrica y la producción de gas”. 

 Enjuague ´pan-peronista´ 

 Según Clarín, (28/12), la venta de Edenor a Vila-Manzano-Filiberti fue patrocinada tras bastidores por el gobierno., una versión que niegan los protagonistas. Mindlin habría consultado a “Wado” De Pedro “qué actitud suya sería bien vista [por el gobierno] y le contestaron que la venta de Edenor contaría con la simpatía del kirchnerismo”. El caso es que la adquisición de Edenor por parte de Edelcos, ahora, deberá ser aprobada el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), que ha sido copado por el ala K de la coalición gobernante.
 La tríada Vila-Manzano-Filiberti insinúa haber comprado un boleto de apuesta a un próximo tarifazo a mediano plazo. "El sector hoy está en dificultades pero el Gobierno dijo que va a normalizar la situación. Creemos en eso, y Edenor es una gran empresa", recogió El Cronista (ídem anterior). “Desde el lado de los compradores, están dispuestos a lidiar con el congelamiento de tarifas, porque tienen una mirada a largo plazo. Suponen que el Gobierno terminará reconociendo mayores costos para el sector”, coincide Clarín. Esto es una entelequia, por ahora. El mismo Midlin desembarcó en Edenor luego de la devaluación de Duhalde, ya bajo el gobierno de Néstor Kirchner, cuando los dueños anteriores -la francesa Electricité de France (EdF)- habían entablado una demanda en el Ciadi contra Argentina por la pesificación de las tarifas. La ´normalización´ macrista, como ya se dijo, tampoco prosperó, bajo el imperio de una situación social explosiva. ¿Será esta la oportunidad de Vila-Manzano-Filiberti? Como reaseguro, Mindlin se aseguró el 50% de la ganancia generada durante el primer año posterior al cierre de la transacción, en el caso de que los compradores decidan su reventa a un tercero. El cambio de manos de la empresa entre ‘burgueses nacionales’ no implica el alejamiento del capital extranjero; al igual que Mindlin, los nuevos propietarios buscarán financiamiento internacional. El parasitismo ‘nacional y popular’ está a la vista – sólo recoge la porción que le dejan los ‘mercados internacionales’. La rueda sigue girando. 
 Carlos Pagni aporta, en su editorial de Odisea (28/12), otro dato: asegura que Vila, Manzano y Filiberti, son íntimos amigos de Sergio Massa. Y que Massa agregó un artículo al Presupuesto Nacional, que no estaba en el que venía desde Economía, que es el artículo 87, donde se establece que toda la deuda de las distribuidoras eléctricascon Camessa va a ser materia de negociación, no con el acreedor, sino con la Secretaría de Energía. Es decir que, como mínimo, habría un jubileo de la deuda de Edenor con Cammesa. Según el columnista de La Nación, la maniobra tiene antecedentes en el gobierno anterior: “en el Presupuesto 2017, Massa le pidió a Mauricio Macri una cláusula similar en favor de las distribuidoras eléctricas. Y obviamente le dijeron que sí”. Se puede agregar un detalle adicional, de actualidad: Filiberti es dueño de Transclor, principal proveedor de AySA, la empresa estatal de agua que preside Malena Galmarini, la esposa de Massa. Según Pagni, además, un testaferro de Mindlin habría comprado obligaciones negociables (deuda) emitida por Edenor a precio de remate, bajo el acuerdo de que la nueva controlante las repagaría, a su turno, a mejor precio. La deuda, siempre. 
 La venta de Edenor describe un negociado K tan clásico de estas pampas, a esta altura, como el mate y el dulce de leche. Una camarilla de negocios ´nacionales y populares´ parasita los recursos del Estado, para financiar el aprovechamiento de lo que les ha dejado una bancarrota sin precedentes.

 Jacyn 
 31/12/2020

Paraguay: aparición con vida ya de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba

Desde el 30 de noviembre, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, la hija menor de Carmen Villalba -líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)- y Alcides Oviedo (ambos detenidos desde 2004), está desaparecida, según lo ha anunciado la abogada de la familia, Daisy Irala Toledo. 
 En un texto publicado en Facebook, Irala Toledo hace responsable a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) por la desaparición de la menor. “Existe una alta probabilidad de que la niña esté en manos de la FTC “, escribió, y pidió al presidente Mario Abdo Benítez que ordene su inmediata puesta en libertad que en caso de que “la tengan retenida ilegalmente''. 
 El día 26 de diciembre, se realizó una conferencia de prensa en Buenos Aires. Allí, la familia Villalba denunció persecución política. Señalaron que "hay pobladores que dicen haber visto a la niña llevada por militares y otros pobladores dicen haber visto a la niña ser llevada a la fuerza por civiles. Lo cierto y lo concreto es que hasta hoy Carmen Elizabeth no apreció", dijo Mirian, tía de Carmen. 
 El acontecimiento no es un hecho aislado. Semanas atrás, las primas de Carmen, ambas de 11 años, fueron ejecutadas por el Ejército paraguayo en Ybiya-ú, ubicado a 500 km al noreste de Asunción. Human Rights Watch, en un reciente informe, denuncia las graves irregularidades en la investigación. “El gobierno paraguayo debe permitir inmediatamente que peritos forenses argentinos realicen una autopsia y que ellos y los familiares de las víctimas tengan pleno acceso a las evidencias recogidas. (...) "Cuanto más se demore el gobierno, más probabilidades habrá de que desaparezcan posibles pruebas en los restos”, señaló José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. 
 Las Fuerzas de Tarea Conjuntas del Ejército paraguayo de forma pública prometieron “no dejar vivo a ningún integrante de la familia Villalba”. En este momento, Laura Villalba, madre de una de las niñas masacradas y tía de la niña desaparecida, están detenidas ilegalmente en la cárcel militar de Viñas Cué. Tanto Carmen Elizabeth como Laura son testigos del asesinato de las niñas en Ybiya-ú. 
 Exigimos el cese inmediato de la persecución política a la familia Villalba y al Ejército del Pueblo Paraguayo, la aparición inmediata y con vida de Carmen Elizabet Oviedo Villalba, el esclarecimiento del asesinato de María Carmen y Lilian Mariana Villalba y el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del crimen. 

 Mauri Colón
 30/12/2020

La vieja-nueva ´modalidad´ para confiscar las jubilaciones

En paralelo al debate en el Senado del proyecto de legalización del aborto, la Cámara de Diputados sancionó en la noche del martes -por 132 votos positivos a 119 negativos- la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Esta viene a reemplazar los aumentos por decreto -discriminados según el escalafón- que venían rigiendo desde que asumió el binomio FF, tras suspender la fórmula aprobada por Macri y los gobernadores durante las jornadas calientes de diciembre de 2017. Aquella actualizaba los haberes de acuerdo a la inflación, cuando la expectativa era que el crecimiento económico superara la indexación de precios. De paso, se postergaba por un periodo la aplicación del reajuste, un ´ahorro´ de unos $100.000 millones a expensas de los jubilados. Ahora que la economía está inmersa en una recesión, la nueva fórmula calcula los aumentos jubilatorios en un 50% en base al índice de salarios (RIPTE) y en el 50% al de recaudación de la ANSES. La nueva fórmula no contempla tampoco ninguna compensación por lo perdido frente a la inflación en los últimos cuatro años (entre un 19,5% para los que perciben la mínima y un 24,5% para el resto del escalafón). La nueva fórmula afecta a un universo de 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM). Durante 2020, el gobierno decretó aumentos trimestrales ($1.500 más 2,3%, 6,12%, 7,5% y 5% en marzo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente) que achataron la pirámide de haberes afectando en mayor medida a los beneficiarios de mayores ingresos. La ´nueva´ fórmula es similar a la que rigió durante la mayor parte del kirchnerismo, entre 2008-2017, con la diferencia de que los incrementos serán trimestrales y no semestrales como con aquella. 
 El oficialismo del Frente de Todos asegura, sin sonrojarse, que cualquier pérdida frente a la inflación se verá compensada, de hecho, por el ahorro que significa para los jubilados el plan de remedios gratis que implementó el gobiern – el ultralimitado y restringido plan Remediar. El salario diferido de quienes trabajaron toda su vida es sustituido por el asistencialismo que perpetúa la miseria. 
 Los diputados del oficialismo prometen que si el país y los salarios crecieran, los jubilados percibirían haberes por arriba de la inflación. Esto en medio de un derrumbe generalizado de todos los indicadores sociales y económicos y una devaluación en puerta. Pero además, la ley incluye como tope lo recaudado por el Anses. “La fórmula cuenta con el mismo tope que tuvo entre 2008 y 2017, sólo que antes aplicaba en septiembre porque los aumentos eran semestrales, y ahora será en diciembre. Esto significa que se observa la evolución de los recursos totales de la Anses y se los aumenta en un 3 por ciento, para otorgarle sustentabilidad al sistema, según el Gobierno” (Página/12, 30/12). En la última de las cuatro actualizaciones anuales pautadas por ley, en diciembre, se van a comparar los tres aumentos anteriores (que tomarán la variación de los salarios y la recaudación impositiva) con la recaudación total de la Anses, y si la segunda es inferior a la primera, “se reduce el aumento jubilatorio dándose el porcentaje que surge de la recaudación de la Anses” (www.mdzol.com, 30/12). El tope es una suerte de reaseguro frente a las luchas salariales del movimiento obrero que superen o empaten la inflación, como acaban de conquistar los trabajadores de las cerealeras en el Cordón de San Lorenzo, corazón económico del país. 
 La ´desindexacion´ de la economía que promueve el gobierno solo afecta a las jubilaciones y salarios, como lo confirman la nueva fórmula y el patrocinio oficial sobre paritarias a la baja, su reemplazo por sumas fijas y ´no remunerativas´ (es decir, por las que las patronales no aportan cargas sociales -en desmedro de la caja de ANSES- ni cuentan para el cálculo del aguinaldo). El ataque perpetrado contra las jubilaciones es la piedra de toque de la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI. El recorte de aportes patronales, la generalización del empleo en negro y la desocupación crónica, han vaciado las cajas de ANSES, cuyo flujo de ingresos cada vez depende más de la recaudación impositiva. Esto ha llevado al Estado a considerar las jubilaciones como un ´gasto´ en el ejercicio presupuestario. En la negociación con el Fondo, el ´recorte´ del déficit fiscal ocupa un lugar central. Este tendrá lugar, en los planes oficiales, a costa de los jubilados y de quienes sobreviven con la asistencia social que también paga la ANSES. El 85% de los jubilados cobra la mínima de $19.000. La pauperización de una gran masa de trabajadores se agrava de la mano del gobierno que venía ´a poner plata en el bolsillo de la gente´. 
 La CGT no ha abierto la boca sobre la reforma jubilatoria, excepto para apoyarla. Fueron a almorzar con Fernández a cambio de fondos multimillonarios para las Obras Sociales, sin decir una palabra de está nueva fórmula de saqueo. El conjunto de los diputados sindicales del oficialismo ha votado a favor de esta nueva confiscación a los jubilados.
 La lucha contra la nueva fórmula de movilidad debe ser tomada como consigna por el conjunto del movimiento obrero, como parte de la lucha salarial. La victoria de la huelga de los aceiteros puede marcar un giro en este sentido. En la agenda obrera, la defensa del 82% móvil, la jubilación mínima equivalente al costo de la canasta familiar, por un Anses dirigido por trabajadores y jubilados, restitución inmediata de los aportes patronales, ocupan un lugar destacado. Quienes dicen que pagar esas jubilaciones es inviable, están confesando sus propia inviabilidad al frente del país. 

 Pablo Busch 
31/12/2020