En este artículo abordaremos la huelga azucarera de la FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera) de septiembre de 1974, en el marco de una conflictividad muy alta en Tucumán frente al Pacto Social. En aquel momento, la FOTIA nucleaba entre 50.000 y 60.000 obreros organizados en 40 sindicatos de base. El impacto de esta huelga es importante para analizar la potencialidad de la clase obrera y para comprender las razones de la burguesía para implementar, meses después, el Operativo Independencia.
El retorno de Perón y el Pacto Social
Con el Cordobazo se abrió un proceso de radicalización de amplias franjas de masas obreras y populares que se tradujo en varios levantamientos con elementos insurreccionales. Tucumán tuvo episodios de este tipo en mayo de 1969, en noviembre de 1970 y en junio de 1972, que significarán una recuperación de la subjetividad combativa tras la derrota del cierre de los ingenios en 1966.
Tomando nota del desprestigio de la dictadura y la burocracia sindical, las clases dominantes apostaron por el retorno al país de Juan Domingo Perón para contener la lucha de clases y frenar la radicalización con un desvío electoral. Ya en el poder, Perón planteó el Pacto Social como política de masas; mientras que contra la vanguardia obrera y la izquierda puso en pie la Triple A. Al interior del peronismo, promovió y avaló golpes institucionales a gobernadores relacionados con la “Tendencia Revolucionaria”.
En tensión constante con el movimiento obrero, el Pacto Social marcó la orientación del peronismo hasta 1975. La huelga azucarera de 1974 fue una de las primeras respuestas obreras a esta política ideada por Perón.
En 1974 la combinación de salarios congelados y aumentos de precios producía una degradación de las condiciones de vida. El malestar se hacía sentir en fábricas y surcos, donde también se expresaba el rechazo a la introducción de las máquinas cosechadoras integrales que amenazaban miles de puestos (se estimaba que cada máquina reemplaza a 100 y 260 obreros). La conducción de la FOTIA –con Atilio Santillán como secretario general desde 1973– apostaba a las negociaciones con el gobierno, evitando las medidas de fuerzas.
La tensión entre la base y la dirección tuvo un primer episodio en el Congreso de Delegados del 16 de julio donde hubo mandatos de delegados por sección rechazando el Pacto Social [1]. Como contraparte, la dirección de la FOTIA argumentó que no se podía iniciar una huelga porque “no se podía romper con el Pacto Social”. Finalmente, el Congreso de Delegados votó la huelga general pero otorgándole a Santillán la potestad de establecer la fecha y la modalidad en función de las negociaciones.
Ricardo Otero, hombre de la UOM al frente del Ministerio de Trabajo, se negó a recibir a la FOTIA mientras mantenga el llamado a huelga. El Consejo Directivo de la FOTIA resolvió paros progresivos, comenzando por uno de 24 horas el 11 de septiembre. El gobierno respondió con la suspensión de la personería gremial y la intervención. El 13 se comenzó a parar espontáneamente, realizando asambleas, más allá del intento de la dirección por impedir una acción generalizada. Se conformó la Comisión de Movilización, basada en delegados electos y encargada de coordinar y organizar a los ingenios. Así comienza la última gran huelga del proletariado azucarero [2].
La huelga despertó un coro de rechazos por parte de los gobiernos nacional y provincial junto a la CGT nacional y provincial, además de los industriales. En términos de fuerzas sociales, se abría un enfrentamiento entre el sector obrero con mayor peso en la provincia por su capacidad de paralizar la principal actividad económica, con la posibilidad de acaudillar a los demás sectores combativos y articular una alianza obrero-popular, y el sector de la burguesía que marcaba el pulso político y económico local.
La primera demostración de fuerzas en las calles se dio el 17 con una movilización multitudinaria hacia la Capital que se organizó desde el Este y el Sur, con los estudiantes universitarios marchando en el centro. Todos son brutalmente reprimidos en los operativos montados.
El interventor de la FOTIA intentó un primer golpe a los huelguistas. Consiguió que los dirigentes de los ingenios Concepción y San Juan declaren el fin de la huelga. La respuesta de las bases fue contundente: hicieron asambleas, echaron a “los traidores” formando una Comisión provisoria, cortaron la ruta 9 y resistieron la represión coordinada entre la Policía Federal y Gendarmería, que llega a disparar contra las casas de los vecinos que se solidarizaban.
En las horas siguientes se gestó un nuevo intento de negociación por iniciativa de los diputados de origen sindical, como Benito Romano [3] del Peronismo de Base. El gobierno nacional se decía dispuesto a negociar pero con la condición del fin de la huelga. Una asamblea de los delegados seccionales rechazó por amplia mayoría la propuesta.
La asamblea del 27 de septiembre cristalizó las perspectivas y, con la discusión sobre la continuidad de la huelga puesta en el centro, se conformaron tres alas. Un grupo de delegados tenía el mandato de continuar; Santillán propondrá levantar a raíz de la promesa de que se devolvería la personería gremial y la posibilidad de una negociación por un aumento salarial; otros delegados se acoplaban a la mayoría. Para consultar a las bases, la asamblea pasó a un cuarto intermedio hasta el día siguiente.
Durante ese lapso llegó la noticia del paro de solidaridad en los ingenios Ledesma (Jujuy), El Tabacal y San Isidro (Salta). Esta noticia constituía el germen de una coordinación regional de las fuerzas que las burguesías venían dividiendo [4]. Pero esto no fue suficiente para torcer el curso de los acontecimientos. Reunidos nuevamente en asamblea, había una mayoría de mandatos por levantar la huelga. Santillán apeló a su prestigio y amenazó con renunciar si no se aprobaba de manera unánime, disciplinando al sector más duro. Finalmente, la huelga se levantó. Un mes más tarde el gobierno devolvería la personería a la FOTIA, reconociendo sus autoridades previas, y un aumento salarial de $ 510 mensuales, la mitad de lo exigido por los obreros.
El 12 de octubre un Congreso de Delegados, con la participación de 35 ingenios, rechazó el aumento de $510 mensuales y llamó a “asambleas informativas”, como manera de presentar un paro de dos horas. Los industriales captaron el sentido de la medida y el Ministerio de Trabajo formuló una advertencia de sanción por “paralización del trabajo”. La dirección de la FOTIA desistió. La idea de “levantar la huelga para ganar” se demostró equivocada a las semanas, ya que la FOTIA quedó atada de manos para tomar medidas aun cuando las bases se mostraban disconformes con lo ofrecido por el gobierno.
Elementos para una coordinación obrera regional
Como señalamos, la Comisión de Movilización cumplió las funciones de organizar y garantizar las medidas votadas. Fue un reflejo de cómo durante 16 días las bases garantizaron la huelga, comenzando a organizar ollas populares en los ingenios.
Al mismo tiempo la huelga azucarera logró el apoyo de un importante núcleo de sindicatos que se plasmó en una solicitada en el diario La Gaceta firmada por el gremio docente ATEP (encabezado por Isauro Arancibia), Textil Escalada, ATE, Telefónicos, Gráficos, Unión de Taxímetros, entre otros. Siguiendo la unidad obrera-estudiantil forjada en los últimos años, los Centros de Estudiantes y la Comisión del Comedor apoyaron activamente. Esta solidaridad incluía, por ejemplo, simulacros de reuniones de supuestos delegados azucareros para despistar a la represión y permitir que los verdaderos delegados puedan reunirse clandestinamente, además de participar en las ollas populares y en las movilizaciones.
Además de las muestras de solidaridad, también se sucedieron en paralelos otros conflictos obreros. En el compás de espera de la huelga azucarera, también se da un proceso importante contra el Pacto Social con la ocupación de citrícola San Miguel en demanda de aumento salarial del 50 % y otros reclamos. El 31 de julio unos dos mil trabajadores citrícolas votaron tomar la fábrica ante el fracaso de las negociaciones. El 2 de agosto la planta fue desalojada con un importante despliegue policial [5]. “El proceso de lucha mantenido por los obreros del citrus ha demostrado que el tan pregonado diálogo entre obreros y patrones no existe. La patronal recibe los beneficios del Pacto Social, y los obreros sólo hemos logrado palos, balas y gases”, denunciaron [6].
En tanto, los docentes de la CTERA retomaban en septiembre los paros nacionales. Por la presión de las bases, habrá jornadas de paro nacional de 48 horas con una contundente adhesión durante el 5, 6, 17 y 18. En septiembre también la UTA hizo un paro nacional ante el asesinato a manos de la Triple A de Atilio López, el 16 de ese mes.
Además durante 1974 también se registraron conflictos fabriles en Alpargatas, Miski (hoy Arcor), Tecotex, Grafanor, Bosch, entre otras. En Fabuloso, una fábrica de los Bunge & Born, más de 500 trabajadoras textiles organizaron un cuerpo de delegadas combativas que consiguieron ponerle un freno a la prepotencia patronal. Como revancha, comenzaron los despidos y, para defender su organización, las obreras se enfrentaron a la patronal, al delegado del Ministerio de Trabajo, a la dirección del sindicato y a los matones de la Juventud Sindical Peronista.
A pesar de esta serie de conflictos y las muestras de solidaridad, la conducción de la FOTIA no tuvo como orientación avanzar efectivamente en una coordinación, donde la tarea se planteaba en dos niveles: hacia el resto de los azucareros del NOA y luego hacia los sectores combativos obreros y estudiantiles de Tucumán.
La dirección de la FOTIA dilató desde el inicio la coordinación regional de los azucareros, coherente con su demora en lanzar la huelga. El 5 de agosto se realizó se reunió en Tucumán el Congreso Nacional Azucarero. Con Atilio Santillán negociando en Buenos Aires, el único presente fue Melitón Vázquez del ingenio Ledesma. El fracaso de esta instancia se debió a que el diputado nacional jujeño Roque Barrionuevo, referente del ingenio Esperanza, presionó sobre otros dirigentes para que desistan de emprender un conflicto que le haga frente al gobierno peronista.
Otro tanto ocurrió en el llamado para el 14 y 15 de septiembre a un Plenario Nacional Sindical Combativo en Tucumán, impulsado como principales convocantes a la Federación Gráfica Bonaerense, el SMATA y Luz y Fuerza de Córdoba. Por la persecución, el plenario funcionó de manera accidentada sólo el primer día, donde se proclamó la Coordinadora de Gremios en Lucha.
Una crónica de La Gaceta señala que Santillán declaró que “si bien [la FOTIA] era entidad convocante, él personalmente no concurrió y que ignoraba si alguien de gremio azucarero había concurrido. […] Consultado sobre si tenía conocimiento de un acuerdo de formar coordinadoras de lucha por rama o región, afirmó no tener una versión precisa sobre el particular”. Días después, Santillán afirmó: “No me gusta cuando hablan de gremios combativos. Yo participé en la convocatoria a todos los gremios en conflicto del país”. La Coordinadora de Gremios de Lucha, que según Agustín Tosco reunió a 100 gremios, resultó solamente una formalidad sin ninguna acción concreta en ese momento y posteriormente.
Solidaridad, coordinación y Frente Único Obrero
Como se ve en lo narrado anteriormente, lo que evitó triunfar tanto en los procesos de 1974 como en preparación de la resistencia a la represión desatada con el Operativo Independencia fue la ausencia de una dirección revolucionaria, con inserción y peso en el movimiento obrero, que podría haber dotado a la clase obrera de una estrategia para unirse desde las bases y aliarse a otros sectores.
Las direcciones existentes, incluso las combativas, se limitaron a declaraciones y reuniones superestructurales, como ocurrió con la Coordinadora de Gremios en Lucha. Estas medidas eran absolutamente insuficientes para conquistar la fuerza social para derrotar una política burguesa estratégica como el Pacto Social o luego el Operativo Independencia.
Para esto era necesario un verdadero frente único obrero, que comiencen replicando las asambleas de delegados por sección de la FOTIA en el resto de las fábricas, reparticiones, escuelas y universidades, para poner de pie una gran asamblea o coordinadora provincial de delegados de base. Por lo tanto, el objetivo no podía limitarse al justo reclamo azucarero. No porque no pudiera conquistarse en sí mismo el aumento salarial, sino por las fuerzas reaccionarias que desataría el desafío mismo al Pacto Social. Un plan de lucha de conjunto podría no sólo haber puesto en jaque al Pacto Social, sino incluso dificultado la embestida reaccionaria.
Al igual que en Villa Constitución [7] –donde los sectores con mayor influencia, como la JTP y el PRT, evitaron la conformación efectiva de la coordinadora–, en Tucumán esas mismas direcciones junto Santillán, evitaron tanto la coordinación efectiva como levantar un programa para el conjunto de los trabajadores.
Esta política de coordinación era particularmente importante en Tucumán, ya que el prestigio de los azucareros era también autoridad suficiente para convocar a la coordinación a los sectores combativos del NOA, como los docentes de ADEP, los azucareros de Salta y Jujuy, principalmente de Ledesma, los mineros que venían de protagonizar el Aguilarazo en Jujuy, los jornaleros del tabaco y vitivinícolas salteños que venían de la experiencia de la “CGT Clasista”, por nombrar sólo algunos de los principales núcleos de trabajadores del NOA que eran dirigidos o influenciados por fuerzas opositoras al gobierno o al Pacto Social, y que luego serían un objetivo de la represión. Y desde allí dirigirse hacía otros aliados, como el movimiento estudiantil. Podríamos decir que, con mayor claridad estratégica, la burguesía unificó como objetivos de los ataques del Ejército y los grupos paraestatales a los sectores que no se unificaron en torno a las luchas contra el Pacto Social.
La izquierda y la huelga
Además de las diferentes alas del peronismo, dentro del movimiento obrero tucumano, tenía influencia el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) dirigido por Mario Santucho, aunque fue perdiendo peso en el movimiento obrero a la par que crecía su adhesión a la estrategia guerrillera con la creación del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) [8]. Con la instalación de la Compañía de Monte en los cerros tucumanos, muchos dirigentes importantes y los recursos militantes se centraron en esta actividad. No obstante, Leandro Fote (del ex ingenio San José) seguirá siendo una referencia para los sectores combativos aunque sin transformarse en alternativa de dirección.
Acorde a una lectura escéptica sobre el movimiento obrero y la lucha de clases, la huelga no modificará el curso del PRT-ERP. Son ilustrativas las palabras de un integrante de la Compañía de Monte: “Era claro que era un conflicto que no se podía sostener en el tiempo, porque la gente (creo) cobraba por quincena y, con los salarios que tenían, sumado a la precariedad laboral, dejaban de cobrar una quincena y no tenían para comer. Así de simple” [9].
Esto se reflejó también en que en medio de la huelga, el 18 de septiembre, ajusticiaron a un policía y un comerciante en Santa Lucía, acusados del asesinato del zafrero Ramón Rosa Jiménez, militante del PRT-ERP. Estas acciones desligadas de la huelga y las consecuencias que podían ocasionar, están inscriptas en la lógica de una guerra de bolsillo con las fuerzas del Estado [10]. Por lo tanto, el triunfo o no de los azucareros no era estratégico, ya que para el PRT-ERP la clave pasaba por los combates y escaramuzas con el Ejército.
Por su parte, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) [11] llevó adelante una intensa campaña en apoyo a la huelga. Con una considerable influencia en el movimiento estudiantil, impulsó un comité de solidaridad que acompañará las acciones decididas por los obreros. Además, editaron boletines de lucha, que dieron cuenta de la situación y el desarrollo de la huelga.
Sin embargo, su poca inserción en el movimiento obrero [12], producto entre otras cuestiones de las consecuencias de la tardía delimitación con la estrategia guerrillera, no será suficiente para conquistar fuerza material que le permitiera ser alternativa [13]. Con la firma del acuerdo, tanto el periódico Avanzada Socialista como los documentos internos hablarán de “triunfo parcial”, midiendo el desenlace de la huelga solamente por el logro de algunas reivindicaciones sindicales sin problematizar las consecuencias políticas y profundizar un balance con la dirección conciliadora de Santillán.
La huelga del 74 demostró cómo la línea de Santillán comenzaba a encontrar serios límites ante las aspiraciones de las bases. Esta línea consistía en el plano sindical moderar los reclamos y las metodologías, junto a subordinar políticamente a la clase obrera detrás del peronismo. Un elemento destacable de esta huelga, y del cual la burguesía tomará nota, es que las bases azucareras son las que desafían una política implementada por Perón.
Esta experiencia obrera en desafío a las múltiples facetas del peronismo permite discutir la idea homogeneizadora de que “todos los obreros son peronistas”, con la que se busca borrar estos jalones de experiencias que adquirió la vanguardia obrera en la tendencia a una superación de ese muro de contención que fue el peronismo. Este proceso de ruptura dará un salto en 1975 con las Coordinadoras Interfabriles y la primera huelga general contra un gobierno peronista. Este camino fue truncado a sangre y fuego en Tucumán con el Operativo Independencia, luego generalizado al resto del país con la Dictadura genocida.
A más de 45 años de esta huelga, y en vísperas del 50 aniversario del Tucumanazo, retomar estas experiencias y profundizar en sus lecciones es un aporte a revitalizar el hilo rojo que une el pasado y el presente de las diferentes generaciones de obreros y estudiantes que se proponen tomar el cielo por asalto.
Maximiliano Olivera
Juan Rovere
[1] En ese Congreso además de un aumento salarial se planteó reforzar la unidad entre los trabajadores del surco y la fábrica, se votó no trabajar en lugares donde se utilizaran máquinas cosechadoras y tampoco se recibiría en los ingenios caña que provenga de dichos lugares. Además se exigía “un régimen para garantizar el trabajo permanente de un obrero y medio por cada 1.000 surcos de caña, la extensión de beneficios de la ley 11729 para todos los trabajadores del azúcar, ya sean de los ingenios o del campo, y la participación en las utilidades de las empresas. Otro de los motivos del paro decretado es la demora en concretar la reapertura del ingenio Esperanza, propiedad del Estado”. Ver Noticias, N.º 230, 18/07/74, p. 8.
[2] Una crónica de la huelga puede encontrarse en Taire, Marcos, El último grito. 1974: Crónica de la huelga de los obreros tucumanos de la FOTIA, Buenos Aires, Lumiere, 2008.
[3] Histórico dirigente azucarero del Ingenio Esperanza. Fue diputado nacional como parte de la experiencia de los “diputados obreros” salidos de la FOTIA, fue también prosecretario general de la CGT de los Argentinos. En 1974, a pesar de pertenecer al ala más combativa de la FOTIA, será parte de los “conciliadores” que sin atacar la huelga pedirán levantarla para negociar. El 14 de abril de 1976 será detenido en Capital Federal, continúa desaparecido.
[4] Antes de la “Gran Huelga” de 1949 contra Perón, que duró 49 días, estaban unidos en una misma federación de sindicatos azucareros.
[5] Para el 5 de agosto se informaban 37 detenciones, con un trabajador rural gravemente herido, y un asalto al comedor universitario de la Quinta Agronómica, donde se expresó la solidaridad levantando barricadas. Un estudiante fue baleado en el pie. Los días posteriores el movimiento estudiantil realizó asambleas y actos callejeros en repudio a la represión y por la libertad de los detenidos. Ver Noticias, N.º 250, 07/08/74, p. 8 y Luchar por la patria socialista, N.º 2.
[6] Noticias, N.º 250, 07/08/74, p. 8.
[7] Para profundizar ver Octavio, Crivaro, Villazo. La gran gesta obrera en Villa Constitución: lecciones de una lucha clasista y antiburocrática en el sur de Santa Fe, Bs. As., Ediciones IPS, 2018.
[8] No casualmente la ruptura del PRT, con Santucho conformando el PRT-El Combatiente, y su definición de conformar el ERP será luego de la consolidación en 1968 de la derrota del cierre de los ingenios en Tucumán.
[9] Citado en Getselteris, Gonzalo, Desde el monte. La Compañía de Monte vencerá, Lanús Oeste, Nuestra América, 2015, p. 122
[10] De una manera similar, Montoneros, que tenía una minoritaria presencia en los ingenios, secuestró al empresario José María Paz, dueño del ingenio Concepción, quién falleció accidentalmente en esta operación fallida. Además, con una acción sustitucionista de la lucha obrera, realizaban atentados contra las máquinas cosechadoras integrales.
[11] Luego de la ruptura del PRT en 1968, la corriente de Nahuel Moreno –que actuó primero bajo el nombre de PRT-La Verdad y luego como PST– perdió la totalidad de su trabajo en el movimiento obrero, incluyendo a dirigentes como Fote.
[12] Esto no evitó que en un documento interno hacia el II Congreso que sesionó en noviembre de 1974, repasando los conflictos, afirma que el PST participó “activamente en todos llegando a codirigir Propulsora, FOTIA, Matarazzo y De Carlo”. Ver “Conflictos desde el mes de Enero hasta el Congreso”, disponible en Fundación Pluma.
[13] Además de la construcción de una fuerza material, se ligan otros problemas políticos como su rol de “consejeros” sindicales en torno a Melitón Vázquez en Ledesma. Aunque el PST planteó como política a las coordinadoras, principalmente en Villa Constitución, también planteó un “frente democrático” con los partidos del régimen. Ver, Aguirre, Facundo y Werner, Ruth, “El PST en la mira de las Tres A: un debate con la política del “frente democrático”, Ideas de Izquierda, N.º 24, octubre 2015.
miércoles, 4 de marzo de 2020
Rechazan el reclamo de 7000 jubilados por la movilidad
Rechazan el reclamo de 7000 jubilados por la movilidad
Una jueza de primera instancia rechazó hoy el amparo colectivo presentado por el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, con la firma de más de 7000 jubilados contra la liquidación de la movilidad jubilatoria que afecta a más de 2,7 millones de beneficiarios a los que la medida oficial les recortó los aumentos de haberes que les correspondían por la actualización del 11,56% correspondiente al tercer trimestre del año pasado.
Con este fallo que, según anunciaran Semino y los demás abogados patrocinantes, será apelado de inmediato, la jueza se coloca en el terreno del gobierno con la excusa de que cada uno de los que reclaman lo hacen por un porcentaje diferente vinculado con el haber que cobran y que, por lo tanto, tienen que realizar el reclamo por separado. Con este criterio, la jueza se pronuncia por la práctica eliminación de toda acción colectiva, ya que los distintos porcentajes de despojo a cada jubilado, no quitan que todos están afectados por el mismo decretazo oficial.
Como destaca Adrián Tróccoli, uno de los abogados querellantes, respondiendo a estos argumentos de la jueza, si la Corte Suprema hubiera seguido su criterio, volcado en este fallo, “en 2018 no hubiera suspendido el aumento de las tarifas de gas. Claramente no todos pagábamos lo mismo, no todos teníamos el mismo subsidio y ni siquiera todos tenemos gas".
La jueza plantea una alternativa que, en la práctica, bloquea la posibilidad de realizar el reclamo de un derecho legal y legítimo de 2,7 millones de jubilados ya que esa masa de beneficiarios debería realizar demandas que, por sus montos individuales -menores para una causa y muy importantes para quien no llega a fin de mes-, difícilmente pueden convertirse en un juicio. La magistrada añade una aclaración que aparece como colocada para desalentar juicios y es que “hay que ver” en qué “medida dicho menoscabo (lo que reclama el jubilado) supera el límite de confiscatoriedad establecido por la Corte Suprema”.
Todos los jubilados perdieron el año pasado casi el 20% del poder de compra contra la inflación y el gobierno decidió que a todos aquellos que ganen desde la miseria de $16.195 se les recorte una parte creciente del aumento del 11,56% que les correspondía, en nombre de una particular “solidaridad” –que el gobierno no le pide a los banqueros que se “la llevan en pala”, a las mineras, las petroleras, ni a la oligarquía-, por la cual estos jubilados, que no llegan a cubrir la mitad del costo de la canasta del adulto mayor, ven recortados sus haberes con la excusa de “darle más” a los que ganan la mínima.
Esto, además, cuando el plus que recibieron los que cobran la mínima respecto de lo que le hubiera correspondido por la movilidad es de $197 mensuales: una verdadera estafa.
Solo el golpe del mes de marzo supone un “ahorro” de $5.100 millones mensuales para el Tesoro que se incrementarán al doble –unos $100 mil millones en el año- si el gobierno decide pegar un zarpazo similar en junio.
Una gran estafa que debe ser enfrentada en las calles por los jubilados y los trabajadores –futuros jubilados- con la consigna clara de defensa de la movilidad, en el marco de la lucha por el 82% móvil para todos los jubilados.
Nelson Marinelli
El discurso de Kicillof: gritos nerviosos para disimular los pasos en falso
El discurso de Axel Kicillof en la apertura de sesiones legislativas buscó disimular los pasos en falso que viene acumulando en los menos de tres meses que lleva como gobernador.
Empezó celebrando el inicio de clases en las escuelas bonaerenses, exhibiéndolo como un gran logro. En realidad, el ciclo lectivo empezó a pesar del rechazo de la base de los sindicatos docentes al ruinoso acuerdo salarial que firmó la conducción Celeste de Suteba con el gobierno (una presión que llegó incluso a dividir al Frente Gremial Docente), mientras que en las seccionales conducidas por la oposición Multicolor las medidas de fuerza rondaron un 70% de acatamiento.
Luego, Kicillof aseguró que “el éxito de la temporada”, por el mayor número de turistas en las costas bonaerenses, refleja “una reversión de tendencia” respecto de la caída masiva del consumo y la recesión económica. No es cierto, si tenemos en cuenta que los empresarios del sector afirman que en promedio cada turista gastó menos que el año pasado. Finalmente, cuando el gobernador adjudicó la mayor cantidad de veraneantes al hecho de que no se aumentaron los peajes, se “olvidó” que en gran medida es un derivado de la brutal devaluación y el impuesto País que vuelven prohibitivo viajar al exterior.
A partir de allí, Kicillof se limitó a vociferar sobre el quebranto financiero y la enorme crisis social con que recibió la provincia tras el mandato de María Eugenia Vidal. Las cifras y las críticas a las condiciones en que le tocó asumir la Gobernación, de todas formas, no remataron en anuncio alguno sobre la situación de la salud y la educación pública, sobre la caída de los ingresos de los trabajadores o el crecimiento de la desocupación y el desmantelamiento industrial, cuestiones que según planteó pasarán a ser la prioridad. En todo su discurso, plagado de valoraciones abstractas sobre lo perjudicial del neoliberalismo, el mandatario no mencionó ni una iniciativa para atender la crisis que atraviesa la provincia.
Con ello, todas las frases grandilocuentes sobre crear empleo y poder de compra para que crezca el consumo, o sobre asociar a la provincia Buenos Aires con la explotación de Vaca Muerta, quedaron reducidas a simples expresiones de deseos, en medio de la profundización de la recesión económica y la parálisis en la extracción petrolera por la caída de los precios internacionales.
La pose exaltada del exministro de Economía buscó mostrar seguridad en el manejo de la quiebra provincial, cuando en realidad viene de quedar en ridículo tras amenazar con una reestructuración agresiva para terminar rápidamente retrocediendo ante los fondos de inversión y pagando al contado el vencimiento del BP21 por 277 millones de dólares. Afirmando que “no fue un éxito ni un fracaso” trató de disimular esta situación. Lo cierto es que todos los gobernadores que empiezan a recorrer el camino de la renegociación anticipan que no quieren que les pase “lo que le pasó a Kicillof”. El fracaso lo pagamos los bonaerenses, más teniendo en cuenta que la confección del Presupuesto 2020 de la provincia está también a la espera de un acuerdo con los bonistas.
Por último llegó lo que probablemente sea el aspecto más concreto de todo su discurso ante la Asamblea Legislativa: el reclamo por una porción mayor de los fondos coparticipables que gira la Nación a las provincias. Se valió para ello de la crítica que hiciera Alberto Fernández sobre la situación privilegiada de la Cuidad de Buenos Aires con respecto al resto del país (ocultando que los habitantes de zonas enteras de la Capital sufren enormes privaciones). En este punto, valga recordar, Vidal había exhibido una “conquista histórica” con la reposición del Fondo del Conurbano, pero se estampó después con el pacto con el FMI que liquidó ese aumento de los fondos nacionales. El acuerdo que tejen en estos momentos el gobierno nacional con el Fondo Monetario y los bonistas cuestiona también en este terreno las posibilidades de “éxito” de Kicillof, como se evidenció en la negativa explícita del ministro Martín Guzmán a rescatar las finanzas provinciales.
La ausencia de la enorme mayoría de los intendentes es expresión de las dificultades políticas con que ya empezó a toparse Kicillof. La falta de apoyos propios puede ser letal, atendiendo que el Frente de Todos no cuenta ni siquiera con bancadas mayoritarias en la Legislatura. El margen de maniobra es realmente muy escaso.
Como dijimos al inicio, el discurso del Gobernador apenas encubre que vamos rumbo a un agravamiento de la quiebra de la provincia de Buenos Aires.
Iván Hirsch
Empezó celebrando el inicio de clases en las escuelas bonaerenses, exhibiéndolo como un gran logro. En realidad, el ciclo lectivo empezó a pesar del rechazo de la base de los sindicatos docentes al ruinoso acuerdo salarial que firmó la conducción Celeste de Suteba con el gobierno (una presión que llegó incluso a dividir al Frente Gremial Docente), mientras que en las seccionales conducidas por la oposición Multicolor las medidas de fuerza rondaron un 70% de acatamiento.
Luego, Kicillof aseguró que “el éxito de la temporada”, por el mayor número de turistas en las costas bonaerenses, refleja “una reversión de tendencia” respecto de la caída masiva del consumo y la recesión económica. No es cierto, si tenemos en cuenta que los empresarios del sector afirman que en promedio cada turista gastó menos que el año pasado. Finalmente, cuando el gobernador adjudicó la mayor cantidad de veraneantes al hecho de que no se aumentaron los peajes, se “olvidó” que en gran medida es un derivado de la brutal devaluación y el impuesto País que vuelven prohibitivo viajar al exterior.
A partir de allí, Kicillof se limitó a vociferar sobre el quebranto financiero y la enorme crisis social con que recibió la provincia tras el mandato de María Eugenia Vidal. Las cifras y las críticas a las condiciones en que le tocó asumir la Gobernación, de todas formas, no remataron en anuncio alguno sobre la situación de la salud y la educación pública, sobre la caída de los ingresos de los trabajadores o el crecimiento de la desocupación y el desmantelamiento industrial, cuestiones que según planteó pasarán a ser la prioridad. En todo su discurso, plagado de valoraciones abstractas sobre lo perjudicial del neoliberalismo, el mandatario no mencionó ni una iniciativa para atender la crisis que atraviesa la provincia.
Con ello, todas las frases grandilocuentes sobre crear empleo y poder de compra para que crezca el consumo, o sobre asociar a la provincia Buenos Aires con la explotación de Vaca Muerta, quedaron reducidas a simples expresiones de deseos, en medio de la profundización de la recesión económica y la parálisis en la extracción petrolera por la caída de los precios internacionales.
La pose exaltada del exministro de Economía buscó mostrar seguridad en el manejo de la quiebra provincial, cuando en realidad viene de quedar en ridículo tras amenazar con una reestructuración agresiva para terminar rápidamente retrocediendo ante los fondos de inversión y pagando al contado el vencimiento del BP21 por 277 millones de dólares. Afirmando que “no fue un éxito ni un fracaso” trató de disimular esta situación. Lo cierto es que todos los gobernadores que empiezan a recorrer el camino de la renegociación anticipan que no quieren que les pase “lo que le pasó a Kicillof”. El fracaso lo pagamos los bonaerenses, más teniendo en cuenta que la confección del Presupuesto 2020 de la provincia está también a la espera de un acuerdo con los bonistas.
Por último llegó lo que probablemente sea el aspecto más concreto de todo su discurso ante la Asamblea Legislativa: el reclamo por una porción mayor de los fondos coparticipables que gira la Nación a las provincias. Se valió para ello de la crítica que hiciera Alberto Fernández sobre la situación privilegiada de la Cuidad de Buenos Aires con respecto al resto del país (ocultando que los habitantes de zonas enteras de la Capital sufren enormes privaciones). En este punto, valga recordar, Vidal había exhibido una “conquista histórica” con la reposición del Fondo del Conurbano, pero se estampó después con el pacto con el FMI que liquidó ese aumento de los fondos nacionales. El acuerdo que tejen en estos momentos el gobierno nacional con el Fondo Monetario y los bonistas cuestiona también en este terreno las posibilidades de “éxito” de Kicillof, como se evidenció en la negativa explícita del ministro Martín Guzmán a rescatar las finanzas provinciales.
La ausencia de la enorme mayoría de los intendentes es expresión de las dificultades políticas con que ya empezó a toparse Kicillof. La falta de apoyos propios puede ser letal, atendiendo que el Frente de Todos no cuenta ni siquiera con bancadas mayoritarias en la Legislatura. El margen de maniobra es realmente muy escaso.
Como dijimos al inicio, el discurso del Gobernador apenas encubre que vamos rumbo a un agravamiento de la quiebra de la provincia de Buenos Aires.
Iván Hirsch
Piñera, la ministra Plá y el Estado: un violador en tu camino
Sobre los dichos misóginos del presidente chileno y el rol de su ministra de Género.
El día de ayer, en medio de una coyuntura excepcional para las mujeres y la disidencia sexual, se llevó adelante la promulgación de la ley Gabriela en Chile. Dicha norma contempla la ampliación de la tipificación del femicidio, hasta ahora restringida a los casos de cónyuge y convivientes, para extenderla a otros casos que no estaban considerados. Evidentemente, la promulgación de esta ley que viene en tramitación desde el año pasado, es un intento por colocar paños fríos para apaciguar un movimiento de mujeres que ha sido protagonista desde el inicio de la revuelta y lo seguirá siendo en las próximas jornadas.
Pero lo que intentó ser una lavada de cara del gobierno, en medio de la impunidad y la represión, se coronó con una provocación que será debidamente respondida con una excepcional movilización el próximo 8 y 9 de marzo. El presidente Sebastián Piñera dijo, al momento de promulgar la ley, que “a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino también es la posición de las mujeres de ser abusada”. La frase, que responsabiliza a las propias víctimas por los abusos, no tardó en encontrar una serie de críticas por parte del movimiento de mujeres, la disidencia sexual y los trabajadores. Y no sólo porque estas palabras muestran una misoginia terrible por parte del personero de Estado, sino también por el hecho de que en Chile hay más de 90 querellas por concepto de violencia sexual por parte de las fuerzas represivas, que han presentado las víctimas.
La ministra de Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, ha hecho oídos sordos a dichas denuncias.
El cuestionamiento al rol del ministerio de la mujer y equidad de género, y a la ministra Plá específicamente, ha sido el detonante de una serie de intervenciones por parte del movimiento de mujeres, en donde una de las más emblemáticas de ellas, “Un violador en tu camino” de Las Tesis, ha recorrido el mundo entero colocando a la figura del Estado como el principal responsable de los femicidios, los abusos y las violaciones, pues sus instituciones perpetuán la violencia política y sexual hacia las mujeres, con una impunidad que ha sido en este caso acreditada por el Estado.
Los dichos de misoginia y la actual interpelación a la ministra Plá, que será presentada el día 3 de marzo, son la precuela de un 8 y 9 de marzo explosivos. Cabe recordar que el movimiento de mujeres deliberó en un encuentro plurinacional, convocado por la coordinadora 8M, con más de un millar de asistentes, y que planteó el fuera Piñera, la huelga general productiva y reproductiva, además de levantar un calendario de movilizaciones para marzo colocándose objetivamente como la vanguardia en la rebelión.
El cuestionamiento al Estado como el principal responsable, no sólo de los femicidios, la violencia sexual y el abuso, sino también de las restricciones en la libertad sexual y su profunda ligazón con la Iglesia, han sido denuncias que han copado las calles. El año pasado, para esta misma fecha, una desbordante movilización sacó a casi un millón de mujeres a la calle para reclamar el aborto legal, seguro y gratuito.
Los dichos de Piñera han encendido todas las alarmas para este 8 y 9 de marzo, que ya está teniendo sus coletazos en las movilizaciones que se desarrollarán estos días. En estas dos jornadas, el movimiento de mujeres volverá a demostrar que es uno de los grandes protagonistas de la enorme gesta que viene librando el pueblo chileno. La única manera de que las mujeres conquistemos nuestras reivindicaciones es por medio de la lucha.
Planteamos la huelga general para echar a Piñera y reorganizar el país sobre nuevas bases sociales.
Diana Rojas
martes, 3 de marzo de 2020
El derechista Luis Lacalle Pou es el nuevo presidente uruguayo
Entre manifestaciones a favor y en contra este domingo tomó investidura el nuevo mandatario terminando con 15 años de gobiernos frenteamplistas.
Este domingo se realizó el traspaso de mando del saliente Tabaré Vázquez y el nuevo presidente Luis Lacalle Pou, del derechista Partido Nacional, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones el 24 de noviembre pasado al imponerse por un estrecho margen de 37.000 votos al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez.
El flamante presidente llega con el mandato de las grandes corporaciones extranjeras y sus socios nacionales de las cámaras empresariales y patronales del campo, de “recuperar competitividad” mediante la devaluación del peso, achicar los gastos del estado, y realizar las “reformas estructurales” regresivas como la de Previsión Social, Jubilaciones y una Reforma Laboral.
Su llegada a la presidencia se produjo en el marco de concentraciones a favor y en contra, lo que podría estar anunciando la apertura de una etapa política más agitada en el país.
En las inmediaciones del histórico Instituto de Profesores Artigas, organizaciones de Colectivos Contra la Reforma y Familiares de Detenidos Desaparecidos realizaron una protesta en repudio a la Ley de Urgente Consideración y a la presencia de los referentes de la derecha continental que asisten a la toma de investidura de Lacalle Pou: la golpista Añez, el represor Piñera y el ultraderechista Bolsonaro, entre otros.
También se hizo presente el Rey Felipe VI del Estado Español, quien fuera recibido en el día de ayer en la casa particular del propio Lacalle en el barrio privado La Tahona.
En favor del presidente, se hicieron presente unos 3000 jinetes a caballo llegados del interior del país, que rodearon el parlamento y desfilaron detrás del presidente. Toda una demostración de la liturgia del Partido Nacional, reivindicando las costumbres del "Uruguay profundo", pastoril y oligarquico. Además se hicieron presentes miles de personas de a pie.
En su primer discurso como primer mandatario en el parlamento, Lacalle Pou destacó el rol de los militares y de la policía en el mantenimiento del orden institucional y prometió “combatir la delincuencia” como hizo durante la campaña electoral, anunciando el fuerte perfil represivo que tendrá su presidencia.
Lacalle también mencionó el hecho inédito de haber llegado al poder mediante una coalición de derechas de 5 partidos: los tradicionales Nacional y Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y el ala de extrema derecha, el partido militar del represor Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto.
Sobre las 16.30hs Lacalle Pou llegó a la Plaza Independencia, donde lo esperaba el presidente saliente Tabaré Vázquez, para hacer entrega de la banda presidencial.
Tras 15 años de gobiernos frenteamplistas que no cambiaron las condiciones estructurales del capitalismo semicolonial uruguayo, se abre una nueva etapa en el país marcada por ataques directos a los derechos y conquistas sociales y laborales que las clases trabajadoras deberán enfrentar con movilización y organización y sin depositar confianza en la falsa alternativa que a partir de ahora será el Frente Amplio en la oposición.
La Izquierda Diario Uruguay
Domingo 1ro de marzo | 16:30
Apuntes sobre la relación entre la Iglesia católica y el Estado
El reciente debate y la posterior media sanción en Diputados del proyecto de ley para modificar los regímenes de privilegio, puso una vez más en el tapete la cuestión de los "salarios" que perciben los obispos por cuenta y cargo del Estado. En estas líneas, un recorrido a modo de análisis de la relación de la Iglesia y el Estado y la necesidad de pelear por su separación.
El reciente debate y la posterior media sanción en Diputados del proyecto de ley para modificar los regímenes de privilegio, presentado en la cámara baja por el Gobierno de Alberto Fernández, ha puesto una vez más en el tapete la cuestión de los "salarios" que perciben los obispos por cuenta y cargo del Estado. Efectivamente, una serie de decretos-ley de la última dictadura militar dispone cuantiosas asignaciones para obispos (ley 21950) obispos eméritos (ley 21540) seminaristas mayores (ley 22950) y jubilaciones para sacerdotes (ley 22430).
El monto total de las erogaciones que el Poder Ejecutivo debe hacer para cumplir con todos estos ítems supera holgadamente los cien o ciento cincuenta millones de pesos. Sin embargo, aunque ciento y pico de millones de pesos no es una suma despreciable, bien podría decirse que para la Iglesia católica argentina es un vuelto. De ahí, que haya sectores de la propia institución, entre ellos varios obispos y el mismísimo Jorge "Francisco" Bergoglio, que no verían con malos ojos renunciar, incluso voluntariamente, a estas asignaciones, a condición de que se les respeten todos los otros beneficios que constituyen "la parte del león"; consideran, y quiza no sin razón, un buen precio a pagar por un golpe de efecto que mejore, aunque sea en algo, su imagen.
El grueso de los ingresos de esta milenaria institución proviene de un rosario de partidas y subsidios (principalmente en concepto de subvenciones a la educación privada religiosa), exenciones impositivas, cesiones de propiedades y otras yerbas (todo esto a cargo del Estado) pero también del alquiler y de la explotación comercial de miles de propiedades, de su participación en toda clase de empresas y negocios en el ámbito privado, de su red de colegios (sólo en Provincia de Buenos Aires se estima que posee unos 2.700) y universidades, del fruto de fundaciones varias, del cobro de servicios religiosos (bautismos, comuniones, casamientos) así como de aportes particulares, es decir, de donaciones y de herencias (por ejemplo, en 2013, Ernestina de Lectoure, que murió sin dejar descendencia, legó el 95% del histórico "estadio Luna Park" a la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco y a caritas, representada legalmente por el arzobizpado de Buenos Aires).
"Si los bienes de la Iglesia figuraran centralizados, representarían el mayor patrimonio privado del país. y si los ingresos eclesiásticos tributaran impuestos, la conferencia episcopal encabezaría la lista de contribuyentes", escribe Héctor Ruiz Núñez en La cara oculta de la Iglesia [1]
Pero, "nadie va a poder contestar cuántas propiedades tiene la Iglesia católica en argentina, porque no existe "la propiedad" de la Iglesia, sino propiedades de muy diferentes instituciones que a veces es difícil determinar hasta que punto están relacionadas con ’la Iglesia’ orgánicamente. yo traté de calcular a cuanto ascendían las erogaciones del estado a favor de las instituciones eclesiásticas y me di cuenta de que era imposible" [2], declaró a Infobae Roberto Di Stefano, coautor junto al historiador italiano Loris Zanatta del libro Historia de la Iglesia católica en Argentina, de la editorial Sudamericana.
Y esto no es un hecho contingente: si bien una de las características del derecho patrimonial canónico es su concepción unitaria, otra es la variedad de personas jurídicas eclesiásticas que son titulares de derechos reales.
El Canon 1.255 señala que "la Iglesia universal y la sede apostólica, y también las iglesias particulares y cualquier otra persona jurídica, tanto pública como privada, son sujetos capaces de adquirir, retener administrar y enajenar bienes temporales, según la norma jurídica".
De esta manera, de hecho y de derecho, la realidad nos presenta tantos titulares de derechos reales de los bienes de la Iglesia, como personas jurídicas (diócesis, parroquias, asociaciones de fieles, fundaciones, etc.) haya; es más: salvo raras excepciones, la Iglesia católica como tal, no es titular de ningún bien.
Según la iglesia: "de ese modo se consigue una adecuación del uso de cada bien al fin concreto por el que un fiel lo donó a la persona jurídica de la Iglesia; si un fiel dona a un bien a su diócesis, pongamos por caso, no sería lógico y se cometería una injusticia si el titular fuera otra persona jurídica de la Iglesia".
… lo que se consigue de ese modo es, en realidad, un armado jurídico que hace poco menos que imposible cuantificar el patrimonio total de la iglesia católica, armado al que el derecho civil y penal de casi todos (sino todos) los países, le hacen la vista gorda.
Pero esta diversidad de titulares de patrimonio no quita, insistimos, que el patrimonio sea uno; el canon 1.256 indica que: "el dominio de los bienes corresponde (...) a la persona jurídica que los haya adquirido legítimamente". Pero aclara: "bajo la autoridad suprema del romano pontífice".
Ahora bien, ¿por qué el Estado argentino sostiene a esta "empresa" religiosa? ¿Por qué le otorga toda clase de beneficios y hasta cierto grado de inmunidad? No vamos a ofender la inteligencia del lector considerando que es porque el artículo 2 de la Constitución lo obliga, o deteniéndonos en tesis rayanas en lo bizarro como la del constitucionalista Pedro Frías que sostenía, todavía en 1986, que el financiamiento al culto constituye, "una compensación por el patrimonio inmobiliario confiscado a la iglesia por Rivadavia en 1822".
Ni en la no menos bizarra que dice que los gobiernos argentinos heredaron las obligaciones del patronato (una institución jurídico eclesiástica que debía solventar la "gesta civilizadora" de los clérigos en América durante la conquista).
Si nos remitimos a los curas nos dirán, millones de actas de baustismo de bebés recién nacidos en mano, que es porque el 90% de los argentinos son católicos (...no queremos caer en la chicana, pero con ese criterio, el estado también tendría que financiar a River Plate y a Boca Juniors).
Si en cambio nos dirigimos al gobierno de turno escucharemos, a lo sumo, que "esta en la Constitución" (...lo que es verdad, pero también está en la Constitución, entre otras cosas, el respeto de los derechos civiles).
Lo cierto es que la Iglesia romana es una organización política ultrarreaccionaria (amén de la empresa multinacional mas grande del mundo) presente en casi todo (sino en todo) el planeta, poderosa, con un fuerte ascendente sobre cientos de millones de personas, presencia territorial, un aparato (material, humano e ideológico) inconmensurable y totalmente falta de escrúpulos, lo que la convierte en aliada natural de todo gobierno capitalista, y el de Alberto "Ángel" Fernández no es la excepción.
Cuando Bernardino Rivadavia, allá por los años 20 expropió numerosos inmuebles de la Iglesia , adujo que lo hacia por que "no eran necesarios para el culto"; no seremos nosotros, precisamente, quienes reinvindiquemos al entonces ministro de gobierno de Martin Rodríguez (ni viene al caso ocuparnos de su "reforma eclesiástica") pero si tomaremos prestadas sus palabras porque cuadran.
Si conseguimos que el gobierno deje de pagar "asignaciones" a los curas de alto rango, bien; si logramos la total separación de la Iglesia y el Estado, mejor; pero para terminar definitivamente con esta organización bárbara y criminal, es necesario despojarla, por lo menos, de todo lo que no sea "necesario para el culto".
Hay que estatizar los colegios católicos (no basta con quitarles los subsidios) e integrarlos al sistema de educación pública, laica y gratuita; es necesario prohibir que la Iglesia realice toda clase de actividad económica o financiera: ¡¡¡que la sostengan sus fieles!!!; hay que expropiar los miles de bienes inmuebles que posee, entre los que se encuentran locales comerciales, cocheras, galerías, etc. y ponerlos a disposición de los trabajadores; las iglesias, capillas, catedrales y templos en general deberían pasar a ser de propiedad publica.
No hay manera de saber que sería de la Iglesia católica privada de su aparato económico y confinada a la actividad puramente religiosa: quizá se recicle en algo nuevo (o no tan nuevo), quizá se convierta en una secta, o quizá, directamente, desaparezca... imposible saberlo.
Sólo una cosa es segura: mientras conserve su poder económico y político, seguirá siendo lo que es y ha sido siempre: un obstáculo para el desarrollo de la humanidad.
Marcelo Ortiz
Lunes 2 de marzo | 00:00
[1] Año 1990, editorial De La Urraca
[2] Pago de sueldos, subsidios millonarios y entrega de terrenos: cómo el Estado financia la Iglesia Católica, Infobae, 19/06/2016.
lunes, 2 de marzo de 2020
A los pies del FMI: llega una misión a revisar las cuentas del país
En poco menos de tres semanas viene por segunda vez el organismo. Será para observar los números de la economía del país y mostrar cercanía entre el Gobierno y el Fondo, en el marco de la renegociación de la deuda.
En poco menos de tres semanas viene por segunda vez una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país. Esta vez será para revisar los números de la economía, mientras continúa la renegociación de la deuda con el organismo y los acreedores privados.
La misión será encabezada por Julie Kozack, directora adjunta para el Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de la misión para la Argentina.
Si bien aclararon que todavía no se trata formalmente de la “misión del artículo IV” que acordó recientemente el ministro de Economía Martín Guzmán y la directora del FMI Kristalina Georgieva, desde el Fondo afirmaron que el objetivo es “continuar las discusiones técnicas con funcionarios del Ministerio de Economía sobre el programa económico y la estrategia de deuda” y también “definir los próximos pasos con las autoridades”.
De esta forma, Kozack y Cubeddu junto al equipo de economistas del organismo que arribaron al país, se proponen revisar exhaustivamente la situación fiscal, monetaria y de balanza de pagos de la Argentina, en una agenda de reuniones con distintos funcionarios locales.
Se trata así de la antesala de la revisión de las cuentas del país enmarcadas en la "misión artículo IV", que le permite al organismo involucrarse cada vez más en el control del rumbo económico del país.
Luego del discurso del presidente Alberto Fernández en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso el pasado domingo 1 de marzo, la cartera de Economía difundió un comunicado en el que se daba a conocer que serán dos bancos privados, Bank of America y HSBC, y un Asesor Financiero, Lazard los que llevarán adelante la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera.
La deuda que se está renegociando incluye U$S 121.000 millones que tienen los bonistas privados, y por otro, U$S 44.000 millones desembolsados por el FMI de un crédito total stand by de U$S 57.000 millones.
El FMI representa los intereses de los capitales imperialistas. Su definición reciente sobre la "insostenibilidad de la deuda", en un apoyo al gobierno argentino, no debe ocultar sus verdaderas intenciones de avanzar en el sometimiento del país cuando firmó el préstamo con el gobierno macrista.
Cada vez que pone un pie en nuestro país busca controlar que la política económica siga sometida, y a tono con sus exigencias, en función de que se pague la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta con el organismo y con los bonistas privados. Pero como siempre ocurrió en la historia, buscan que el pago de la deuda recaiga sobre el pueblo trabajador, y no sobre quienes generaron la crisis: los grandes capitalistas, los bancos y el propio organismo.
LID
Lunes 2 de marzo | 21:58
Prestamos de Anses: una estafa
El Anses ha otorgado hasta el presente 5 millones 500 mil créditos a jubilados, pensionados, receptores de la Asignación Universal por Hijo, de Asignaciones Familiares, beneficiarios de Pensiones No Contributivas y de la Pensión para el Adulto Mayor. Las tasas de interés de estos créditos han sido hasta ahora del 42% para los jubilados y del 48% para los beneficiarios de asignaciones familiares. En el marco de la actual política financiera el gobierno ha establecido una modificación para los nuevos créditos pasando a cobrar un 31,5 % para los primeros y del 36 % para los segundos.
Que más de 5 millones de jubilados y de los que reciben algún beneficio de Anses hayan sacado créditos es un fenómeno de alcance social relevante. La razón fundamental de ese fenómeno es el brutal endeudamiento de los trabajadores jubilados como consecuencia de la reducción de sus ingresos. El ajuste del último año llegó a superar el 20% de sus ingresos y que con la suspensión de la movilidad cristaliza una pérdida de ingresos enorme.
Cuando se hace el pedido del préstamo el Anses pregunta el destino de los fondos. El 90 % de los beneficiarios respondió para saldar deudas. Efectivamente la mayoría se endeudaron con los bancos a través de las tarjetas de crédito usadas para la compra de alimentos y remedios. Se estima que el monto promedio de los créditos otorgados es de $ 34.000.
Parecen créditos otorgados para resolver la subsistencia de los ancianos, pero hay un aspecto que contemplar: con los créditos de ANSES los bancos evitaron aumentar su cartera de incobrables y la consecuente caída del valor de sus acciones. Es decir que los jubilados han solicitado créditos que son pagados con fondos de los mismos jubilados para resolver la crisis de los bancos y no las gravísimas condiciones de vida actual de los jubilados.
En la actualidad se está planteando el reperfilamiento de la fraudulenta deuda externa con quitas de capital y la modificación de los plazos de pago.
Los jubilados reclamamos el reperfilamiento de los préstamos de Anses restando el 50% del capital adeudado y la extensión de los plazos de pago al doble del tiempo acordado.
No al pago de la deuda externa.
Reperfilamiento de la deuda de los prestamos de Anses.
Enrique Morcillo
Que más de 5 millones de jubilados y de los que reciben algún beneficio de Anses hayan sacado créditos es un fenómeno de alcance social relevante. La razón fundamental de ese fenómeno es el brutal endeudamiento de los trabajadores jubilados como consecuencia de la reducción de sus ingresos. El ajuste del último año llegó a superar el 20% de sus ingresos y que con la suspensión de la movilidad cristaliza una pérdida de ingresos enorme.
Cuando se hace el pedido del préstamo el Anses pregunta el destino de los fondos. El 90 % de los beneficiarios respondió para saldar deudas. Efectivamente la mayoría se endeudaron con los bancos a través de las tarjetas de crédito usadas para la compra de alimentos y remedios. Se estima que el monto promedio de los créditos otorgados es de $ 34.000.
Parecen créditos otorgados para resolver la subsistencia de los ancianos, pero hay un aspecto que contemplar: con los créditos de ANSES los bancos evitaron aumentar su cartera de incobrables y la consecuente caída del valor de sus acciones. Es decir que los jubilados han solicitado créditos que son pagados con fondos de los mismos jubilados para resolver la crisis de los bancos y no las gravísimas condiciones de vida actual de los jubilados.
En la actualidad se está planteando el reperfilamiento de la fraudulenta deuda externa con quitas de capital y la modificación de los plazos de pago.
Los jubilados reclamamos el reperfilamiento de los préstamos de Anses restando el 50% del capital adeudado y la extensión de los plazos de pago al doble del tiempo acordado.
No al pago de la deuda externa.
Reperfilamiento de la deuda de los prestamos de Anses.
Enrique Morcillo
Coronavirus: las condiciones para la lucha contra una pandemia
Se ha escrito más acerca del efecto deletéreo del coronavirus sobre la economía mundial que sobre su contrapartida: las consecuencias de la crisis capitalista global sobre la propagación y efectos de la enfermedad.
El brote de Coronavirus del tipo COVI–19 con origen en China se está extendiendo rápidamente a más países –55 y en crecimiento. Esta característica, su velocidad de propagación –superior a epidemias anteriores, de otros coronavirus como el SARS y el MERS- hace que el número de casos fatales crezca, a pesar de que se considere que la mortalidad es baja (de 3 a 4%). Especialistas coinciden en que el control de su difusión de fronteras adentro es una utopía y que va a llegar a afectar a un 40 a 70 por ciento de la población mundial (Marc Lipsitch, Universidad de Harvard), esto entre casos manifiestos y portadores asintomáticos. Debe preverse que la enfermedad estará entre nosotros a pesar de las declaraciones optimistas del ministro de Salud.
Un mundo mal preparado
Otros científicos (Osterholm, de la Universidad de Minnesota) sostienen que el mundo “está mal preparado para enfermedades trasmisibles potencialmente mortales”, tanto en materia de la protección del personal sanitario, como en la previsión de lugares masivos de aislamiento, hasta en la provisión de insumos y medicamentos. La producción y comercialización de los mismos están alteradas. De un lado como consecuencia del brote, que trae aparejado cierres de plantas, cuarentenas de regiones geográficas y poblaciones enteras y caída del transporte; pero también por las medidas proteccionistas y bloqueos propios de una guerra comercial entre las principales potencias. China e India son productores importantes de dichos productos.
Tanto la recolección centralizada de la información, como la difusión de medidas preventivas elementales, se ven dificultadas por un cuadro internacional de anarquía capitalista en términos de choques monetarios, comerciales y militares en curso. El coronavirus agrava la crisis económica mundial y, a su vez, esta interfiere con la lucha contra su propagación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que no llega la información, de todos los países, necesaria para establecer mayor conocimiento de la enfermedad y mejores medidas de lucha. Según la OMS, la fiabilidad de la información es crucial y de ella depende la posibilidad de superar la emergencia global. La cadena BBC ha difundido que Irán no ha informado la cantidad real de personas que han fallecido a causa del coronavirus en el país. Tratándose de un país asediado por una ofensiva de EE.UU. y aliados, da cuenta de interferencias políticas en lo que debería ser el rigor científico en el desarrollo de una campaña internacional de lucha contra la propagación de la enfermedad.
Tan trastocado está todo que ambientalistas han destacado hasta un rasgo positivo de la cuestión: la emisión de gases de efecto invernadero ha disminuido un 25% en China debido al parate de la economía y la desaceleración de la demanda energética del país, un 6% de la emisión global de dióxido de carbono. Claro que esperan que, a su turno, el rebote pueda ser peor.
¿Pandemia sí o no?
Otro dato significativo del trasfondo político subyacente lo da la controversia sobre la declaración de pandemia (enfermedad de propagación mundial). La OMS subió a nivel “muy elevado” la amenaza del nuevo coronavirus e instó a los países que todavía no se han visto afectados a prepararse para la llegada del COVID-19. Pero no ha declarado la Pandemia y ha manifestado que “lamenta la presión política (de algunos medios y políticos) para que se declare la pandemia del coronavirus y advierte de sus riesgos”. A su juicio, dicha calificación “puede indicar que ya no podemos contener el virus, lo cual no es cierto”. Y agrega: “El uso descuidado de la palabra pandemia no tiene ningún beneficio tangible, pero tiene un riesgo significativo en términos de amplificar el miedo y el estigma innecesarios e injustificados, y los sistemas paralizantes”.
Debe inferirse de esto que existe una diferencia, entre las potencias centrales, relativa al efecto de la declaración dep sobre el crack económico vinculado al coronavirus, que ya provocó una caída excepcional de las bolsas y los mercados en todo el mundo.
Sergio Villamil
Se viene el Chilenazo
El comienzo del año escolar y laboral ha llenado de aprensión a los círculos dominantes de Chile. La manifestación del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, promete ser imponente, lo mismo que la huelga general que el movimiento de la mujer declaró para el día siguiente. La vuelta a clases en todos los niveles asoma como el reinicio de las luchas de la juventud estudiantil. No es que el verano y las vacaciones hayan enfriado los ánimos, porque fueron meses recorridos por manifestaciones y una reiterada brutalidad policial. Han aparecido, asimismo, los grupos de choque de la derecha, como lo dejó de manifiesto el ataque a un intendente en días recientes. Como la recesión comienza a morder la economía y el peso se devalúa sin pausa, la inquietud social, que no ha cesado en ningún momento, cobrará nuevos bríos. Desde el levantamiento popular del 18 de octubre del año pasado no se ha resuelto ninguno de los problemas que se abaten sobre las masas, incluido el veto que ha impuesto el régimen heredado del pinochetismo sobre el ingreso a la Universidad y a la educación en general.
Pactos, grietas y truchajes
En este cuadro de fondo, las grietas del proceso de reforma constitucional pactado por todo el arco político se hacen ver cada día más. La derecha gobernante, por de pronto, se ha dividido en medio de fuertes choques, desde que un sector de ella impulsa el rechazo a la convocatoria de lo que se ha dado en denominar una Convención Constituyente, pues la palabra Asamblea les resulta francamente subversiva. Aunque esta posición no tiene ninguna posibilidad de imponerse en el plebiscito que tendrá lugar el próximo 26 de abril, anuncia una declaración de guerra desde el aparato del pinochetismo y del Estado, que operará bajo la sombra de éste en la etapa que debería culminar con las elecciones constitucionales en octubre. El encauzamiento de la crisis política y la rebelión popular detrás de una Constituyente impotente no ha cerrado filas en la burguesía ni en los partidos pequeñoburgueses de la democracia pinochetista –las ha ahondado.
El plebiscito que debe determinar si se convoca a la Convención, tiene trampas por donde se lo mire. Es presidido por un régimen político que tiene el monopolio de los medios de comunicación y propaganda, y naturalmente de los espacios cedidos. Los términos del plebiscito son premeditadamente confusos: más allá de aprobar o rechazar la convocatoria constitucional, deberá decidir acerca de su composición –si será enteramente electa o la mitad de ella deberá ser ocupada por los miembros del actual Congreso. No están previstos los medios para una representación de sectores ajenos a los partidos ya establecidos o de la importante comunidad mapuche. Cualquiera sea su composición, la Convención deberá aprobar ciertas normas por medio de los dos tercios de los votos, y no podrá aprobar nada que transgreda los tratados internacionales firmados por Chile (de libre comercio o prohibitivo del derecho al aborto). Esto ya da a entender que la Convención quedará sometida a la jurisdicción de la Corte Constitucional, cuya eliminación es fundamental para cualquier tentativa democrática. La Convención no podrá afectar a los otros poderes, lo que deberá esperar a las nuevas autoridades que surjan de una elección posterior. Para entorpecer más lo que ya está desnaturalizado, las elecciones constitucionales tendrán lugar seis meses después del plebiscito y en forma simultánea con las que deben renovar autoridades municipales y regionales. Según encuestas que han comenzado a circular, el “apruebo” a la convocatoria reúne el 80% de la intención de votos, y el 65% acompañaría el planteo de una Convención ciento por ciento electa.
El “apruebo” y la situación en su conjunto
En Chile no ocurre nada que no haya pasado antes en los procesos revolucionarios que buscaron ser distorsionados o canalizados por asambleas constitucionales. Las autoridades y los gobiernos proponen, pero son las crisis y las luchas las que disponen. Una Asamblea Constituyente solamente merece ese nombre si es convocada por un órgano revolucionario que desplaza a los poderes existentes y se convierte de ese modo en soberana. La vanguardia de lucha debe tener en claro esto, en primer lugar; en segundo lugar, debe promover la lucha por las reivindicaciones más sentidas sin esperar a la reunión de una asamblea constitucional, y sobre esta base organizar sindicatos independientes, asambleas populares, comités barriales, comités de fábricas y minas, para que los trabajadores y la clase obrera se conviertan en el órgano de poder –único capaz de convocar a una Constituyente Soberana.
Las asambleas populares comenzaron a reunirse desde el mismo comienzo de la rebelión popular, incluso redactaron cuadernos con peticiones. Con ascenso y bajas, las manifestaciones no cesaron, ni las ocupaciones de edificios, en especial del ámbito educativo. O sea que la convocatoria al plebiscito no frenó la revuelta, como lo dejó en claro esta semana el festival de Viña del Mar. El comienzo de una recesión y la devaluación sistemática del peso anuncian el incremento de los conflictos laborales; algunas compañías mineras han anunciado una reducción de inversiones. Si, con el inicio del año laboral, se intensifica esta rebelión, la convocatoria al plebiscito podría entrar en crisis, o podría dar paso a los reclamos para que haya una participación plena de candidatos al margen de partidos y del pueblo mapuche. Más adelante, podría ocurrir lo mismo con una victoria abrumadora del “apruebo” a una Convención totalmente electa. En las elecciones recientes la participación popular fue inferior al 40% del padrón; en el caso de un ‘urnazo’, Piñera y su clique perderían el respirador artificial.
La campaña política por el “apruebo” o “rechazo”, así como por la constituyente al medio o la constituyente entera, está condicionada por el desarrollo que tenga la situación política tomada en su conjunto. Votar “apruebo” no significa coincidir con el planteo y los propósitos proscriptivos del plebiscito, ni con las posiciones de los firmantes del pacto con Piñera, siempre que se haga una distinción o delimitación política muy clara, o sea una campaña por: Abajo Piñera, Constituyente libre y soberana, Gobierno de Trabajadores. El del 26 de abril no sería el primer plebiscito trucho o condicionado cuyo resultado político acabe siendo distinto al previsto o querido por sus convocantes y organizadores. Por otro lado, atraer la atención del pueblo sobre la opción del ‘apruebo’, cuando faltan dos meses para el plebiscito, sería hacer el juego a quienes quieren ‘calmar las aguas’ en este período vital y subordinar la acción directa y las huelgas al debate constitucional. La situación política en general y la de las masas en particular, ¿se congelará en el inmovilismo, bajo la obnubilación del “apruebo”? La campaña al plebiscito debe desarrollarse, entonces, con las consignas Fuera Piñera, Constituyente Soberana, Abajo las privatizaciones, por un Gobierno de Trabajdores. En una etapa de crisis políticas y rebeliones, las caracterizaciones políticas deben ajustarse y renovarse con acuerdo a la marcha de unas y otras.
La Unidad Popular
El proceso constitucional es el resultado de un pacto que apoya la totalidad del arco político parlamentario, aunque algunos partidos no lo hayan firmado. El llamado centroizquierda se ha dividido y el Frente Amplio ha tenido escisiones. Es una evidencia de que ese pacto constitucional es impopular, pero al mismo tiempo el recurso que hay para evitar la desintegración del régimen político. La vigencia de ese pacto se demuestra en el repudio de todos los partidos a “la violencia”, como si un proceso ‘pacífico’ sirviera de algo para acabar con el pinochetismo ‘democrático’ y su secuela de superexplotación y pérdida de derechos. La violencia revolucionaria ha sido la partera de todas las experiencias constituyentes avanzadas; el ataque a “la violencia” es la contraseña en la que se reconoce el arco político y su apoyo a la continuidad de Piñera. “La violencia” es el pretexto de Carabineros para acentuar la represión criminal. En este juego de encubrimiento del pacto con el gobierno, el papel principal lo desempeña el partido comunista.
De modo que la rebelión popular ha devuelto a Chile la cuestión de la Unidad Popular –la denominación del frente de colaboración de clases del que se vale el capital como un recurso extremo contra la revolución. Como en la memoria y la historia de Chile la UP sigue siendo una brasa ardiente, el partido comunista se ofrece a actuar como una Celestina, midiendo cada paso antes de incorporarse a un frente popular. La democracia cristiana lo mira con recelo, al igual que el PPD, o incluso en el Frente Amplio y el PS. Pero la dinámica política va en esta dirección – un recambio izquierdista que evite el avance de una situación revolucionaria o que la contenga y derrote una posibilidad revolucionaria. Esta cuestión del frente popular es la más estratégica, especialmente en Chile, por su historia.
Este escenario político determina la importancia que la izquierda revolucionaria debe dar a la lucha por las libertades democráticas, y las reivindicaciones decisivas como la jubilación privada, la educación de lucro, los derechos de la mujer, las paritarias y salarios, la cuestión de la dirección de los sindicatos y, no menos importante, la Asamblea Constituyente. Se trata, por un lado, de una orientación para unificar las luchas y desarrollar un poder de los trabajadores. Por el otro, es el método para desenmascarar el pacto político constitucional y el frente popular, que encubre su defensa del régimen político con la pretensión de que promueve el avance de la democracia. El frente popular opone a las privatizaciones pinochetistas las llamadas “políticas públicas”, o sea un presupuesto de estado más generoso con las necesidades del pueblo. Se trata de patrañas: el aumento a la prestación básica a jubilados no pasa de unas monedas y no podía ser de otro modo. Hay que “remover todas las trabas”: nacionalizar las AFP, la salud y la educación, la minería, la banca y el comercio exterior. Sin resarcimientos. Hay que revolucionar las relaciones sociales, no solamente toquetear las partidas de gastos y recursos.
Fuera Piñera, disolución de los poderes del Estado, Constituyente Soberana, gobierno de trabajadores.
Las perspectivas revolucionarias están todas abiertas.
Jorge Altamira
Obsceno: un fiscal cobra casi $ 600.000, un equivalente a 30 jubilaciones mínimas
Lo afirmó un funcionario del Poder Judicial en Córdoba. El Gobierno habla de reforma, pero no de terminar con estos privilegios.
Este viernes, el fiscal cordobés Enrique Senestrari confirmó el carácter de casta que tienen los integrantes de la cúpula del Poder Judicial.
El funcionario hizo público que gana $ 598.000 en bruto cada mes. El neto que recibe es de $ 498.000 y equivale a más de 30 jubilaciones mínimas.
En ese marco dio su apoyo al proyecto impulsado por el oficialismo sobre las jubilaciones de privilegio. "Es hora de que los miembros, los magistrados de la Justicia acepten que somos parte de la sociedad y no podemos tener tantos privilegios. No podemos estar siempre por fuera de las decisiones que afectan al pueblo", afirmó en una entrevista con Cadena 3.
Sin embargo, como se señaló ayer en este medio, la norma impulsada por el Gobierno nacional está lejos de afectar verdaderamente los privilegios de magistrados y diplomáticos jubilados.
Esta fue la denuncia que realizaron Nicolás del Caño y Romina del Plá. Los legisladores del Frente de Izquierda habían presentando dictámenes propios que planteaban abolir verdaderamente los variados privilegios de los que gozan ex integrantes del Poder Judicial, ex presidentes, vices, arzobispos.
LID
Alberto Fernández y la moderación política
El discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa, en la inauguración del 138° periodo de sesiones ordinarias del Congreso, fue analizado en el editorial de “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que se emite los domingos por Radio Con Vos, 89.9.
A lo largo del programa de hoy analizamos y seguiremos analizando en detalle los aspectos más destacados del discurso del presidente Alberto Fernández, frente al pleno de la Asamblea Legislativa.
La mayoría de los análisis que leí hoy destacaron -como dato positivo- que el Presidente eligió privilegiar los equilibrios por sobre las inestabilidades, los acuerdos por sobre los conflictos.
Hasta en el anuncio más audaz -el envío de un proyecto para legalizar el aborto- también hubo un contrapeso o un guiño para los sectores más conservadores: el plan de protección de futuras madres y de los recién nacidos que se popularizó como de los mil días.
Con el tema deuda informó que “el Banco Central de la República Argentina se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que los mismos merecieron”. Dijo que había que decir “nunca más” a ese tipo de endeudamiento. Y acto seguido manifestó que “más allá de analizar lo ocurrido, hemos iniciado las negociaciones para reestructurar la deuda pública.”
Un último ejemplo: sobre las retenciones a los productos del campo, dijo que el gobierno hizo una propuesta de aumento, pero que es una propuesta “generosa en materia de derechos a las exportaciones en la que solo se incrementa uno de un total de veinticinco cultivos que hoy están afectados por esos derechos.”
Reafirmó una ubicación de moderación y de diálogo para “superar la grieta” y algunos lo consideraron toda una estrategia de política comunicacional para potenciar beneficios y diluir costos.
La propuesta de “un cuerpo profesional de servidores públicos formados con excelencia académica, con arraigo a la carrera administrativa y con una mística de transformación del Estado para ponerlo al servicio de la sociedad.” Va en ese sentido, de un Gobierno de científicos, no de CEOS.
Este estilo de política sin épica y sin conflicto, se notó también en la calle, en la escasa movilización de personas. Algunos me decían que era lo que quería el mismo Alberto Fernández: evitar movilización popular para que no lo critiquen de populismo. Puede ser, aunque también puede ser que en la sociedad hay espera, pero ningún entusiasmo; porque la realidad cotidiana de la gente de pie ha variado poco y nada, pese a que se “tranquilizó la economía” como afirmó el Presidente. Es sintomática la diferencia con la importante movilización que hubo en diciembre con la alegría de mucha gente por haberse sacado de encima al macrismo.
Y ahí se va a uno de los puntos centrales sobre todo por la ausencia: la extensión temática se explica por esa búsqueda de equilibrio, tanto como por la intención de disimular ausencias fundamentales: la economía, el plan macroeconómico y la situación de la economía es la cuestión más preocupante para todos los argentinos.
Sobre, además de cuestiones generales como el controversial anuncio de un régimen especial para petróleo, gas y minería, se escucharon frases como “Ningún acuerdo sostenible con nuestros acreedores externos será mágico ni milagroso. Por más virtuoso que pueda resultar en la defensa de nuestros intereses nacionales, no nos eximirá a nosotros, los argentinos, del desafío de concertar el futuro con responsabilidad, solidaridad y sostenibilidad.”
Al tono estridente del último kirchnerismo -que muchas veces tenía realmente un desfasaje entre el fervor del enunciado y la mesura del hecho- parece que Alberto Fernández lo reemplaza con una armonización del discurso y acciones. Pero eso cambia la forma de la comunicación, no la naturaleza de los hechos. Y al último kirchnerismo, tanto como al macrismo se lo juzgó y terminaron desplazados del poder por los hechos y sobre todo, por la economía.
La política, aunque se la vista discursivamente de seda, es economía concentrada, es conflicto de intereses entre ganadores y perdedores. Y los perdedores de la era Macri votaron para cambiar la orientación que sufrieron en los últimos cuatro años, no para consolidar sus pérdidas y “tranquilizar la economía”. Votaron contra la pérdida de más del 20% de salarios y jubilaciones, contra los tarifazos asesinos, contra los especuladores que lucraron con la deuda que hoy -reestructurada o no- se propone que paguemos solidariamente todos. Eso no es un problema de comunicación, sino de política y de economía.
Fernando Rosso
@RossoFer
Domingo 1ro de marzo | 22:56
Complejidad en el debate sobre la Deuda Pública argentina
La deuda pública en sí misma es un problema y un condicionante de la política en la Argentina, por su volumen y la imposibilidad de cancelarla en los tiempos establecidos. Hasta el FMI suscribió por escrito que “la deuda de Argentina no es sostenible” y agrega que la condición de pago “no es económicamente ni políticamente factible”[1].
Además, se complicó la situación económica mundial, con caída de las Bolsas, adjudicada, en la coyuntura, al Coronavirus. El FMI habla de “Tragedia Humana” y califica el momento económico de “incertidumbre”[2], concentrando la explicación en el nuevo virus que ocupa la atención mediática y la preocupación de las políticas públicas. Sin embargo, la situación no termina de generalizarse aun cuando se expande, y ni siquiera puede determinarse el origen, incluso territorial.
Los problemas del capitalismo vienen de lejos y están asociados a fenómenos que intervienen en la ralentización económica, los límites para el crecimiento de la productividad y, por ende de la rentabilidad del capital, motivación central del orden capitalista. Ahora, todo parece explicarse con el virus y su impacto en China, que podrá crecer en 2020 por debajo del 6%, incluso del 5%; cuando hace tiempo que el gigante asiático morigeró sus elevadas tasas de crecimiento, las que ocultaban una más grave tendencia a la desaceleración del capitalismo mundial.
Resulta curiosa la mirada en los contagios y los decesos por coronavirus, cuando son mayores las causas de muerte derivadas de accidentes y enfermedades laborales; o en accidentes de tránsito callejeros, terrestres, aéreos, o navieros; o por graves enfermedades que no concitan la atención de los presupuestos públicos, ni la preocupación de los laboratorios privados, grandes corporaciones de la mercantilización de la salud. Incluso, pese al desarrollo cubano en la producción de fármacos, que atienden algunas de esas graves enfermedades, la lógica imperialista del boicot y el bloqueo de EEUU y la complicidad del capitalismo desarrollado, impiden la solución a verdaderas tragedias humanas.
Apuntamos a destacar que a los problemas de la Argentina con su deuda y por ende con sus principales acreedores, el FMI y los grandes acreedores privados, los concentrados y poderosos Fondos de Inversión (Buitres), la situación mundial agrega complejidad en los procesos de discusión, negociación y disputa por recursos. La propia situación local, de los afectados por la recesión y la elevada inflación, interviene también en un complejo entramado de intereses que pugna por la distribución del ingreso y la riqueza.
Cada quien atiende su juego
Entramos en tiempo de definiciones. Marzo es la fecha que se auto impuso el Ministerio de Economía para la renegociación de la deuda Pública Externa. Por un lado, con el FMI y, por otro, con los Acreedores Privados. Se supone que las Agencias Públicas no constituyen un problema por ser considerados insertos dentro de la lógica gubernamental y por ende subordinadas a las definiciones del poder político.
Con el FMI existen conversaciones regulares y trascienden guiños de acuerdos para reformular el acuerdo vigente bajo nuevas modalidades que impliquen años de gracia en la cancelación de capital e intereses. Ahora se espera la pronta visita de los auditores del FMI, que se instalarán en la Argentina para discutir el plan económico de sostenibilidad de la deuda. En criollo supone afinar las líneas del ajuste fiscal y las condiciones del crecimiento económico (facilidades para el desembarco de inversores externos) concediendo reformas estructurales: laborales, previsionales, impositivas.
Los acreedores privados también juegan y presionan sobre el FMI, con un razonamiento que alude a “si el FMI no hará quitas a sus acreencias, entonces que presione un fuerte ajuste fiscal para intervenir en la salida de la recesión y la elevada inflación”. La vieja receta monetarista, de restricción monetaria y de ajuste fiscal para abonar un importante superávit de las cuentas públicas, es una aspiración a contramano del discurso oficialista de “no pagar la deuda con el hambre del pueblo”, o “primero crecer y luego pagar”. Claro que esas consignas tienen que ser convergentes con la percepción social relativa al debate sobre jubilaciones o salarios.
¿Cuál será, finalmente, la propuesta de reforma previsional que emerja al final de la suspensión de las actualizaciones de ingresos de jubiladas y jubilados? ¿Alcanza para ese mismo debate los cambios que ahora discute el Parlamento sobre regímenes especiales de jueces y diplomáticos? ¿Cómo se percibe por la sociedad el esfuerzo de actualizaciones salariales por monto fijo, a contramano de la presión sindical por el logro de porcentajes que recuperen la pérdida de ingresos ante la alta inflación pasada? ¿Cómo se procesa la actualización tarifaria en debate, incluso de pesificación parcial? Son interrogantes a tener en cuenta en la confrontación política, no solo entre oficialismo y oposición, sino al interior de la coalición frentista en el gobierno.
Los acreedores privados empiezan a mover sus fichas y conviene caracterizarlos adecuadamente. Son grandes empresas financieras, con gestión de recursos mayores que grandes bancos transnacionales, incluso aquellos que el Gobierno seleccione para negociar la quita de capitales, intereses y la prolongación de los plazos de vencimiento. En efecto, se los llama la “banca en las sombras”, porque no tienen la regulación de la gran banca monitoreada por la Banca Central. Con esa autonomía han ganado peso en la economía mundial, especialmente luego de la crisis en EEUU del 2001-02 y, más aún en la del 2007-09.
Es más, aquilataron gran experiencia en la crisis del default del 2001 argentino. Fue un éxito esa experiencia, ya que especularon con compras de bonos con enormes posibilidades de entrar en cesación de pago, por lo que pagaron muy poco y luego exigieron el 100% de lo sindicado nominalmente en los títulos públicos. No ingresaron a los canjes del 2005 o del 2010 y ya con las condiciones de un gobierno afín, el de Macri, cobraron todo en 2016, elevando gravosamente el endeudamiento público del país. Situación agravada, inimaginablemente, en 2018, con la asistencia financiera del FMI, que desembolso en menos de dos años 44.100 millones de dólares.
Por eso se sienten fuertes en la negociación con el gobierno, y aun cuando éste aparezca asociado con el FMI, los buitres presionan al Fondo y al gobierno para lograr sus propósitos. El ensayo de dureza fue el episodio de la Provincia de Buenos Aires y en dos ocasiones con el gobierno nacional.
El horizonte del default
Durante marzo se negociará, y quizá se proyecte a abril, no más, porque en mayo caen vencimientos muy elevados. Son montos que sobrepasan la posibilidad de pago según lo acordado en la Ley de las “emergencias”. Allí, se habilitó al uso de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para atender vencimientos de la deuda pública.
¿Qué puede pasar? Qué no haya acuerdos suficientes y el horizonte del default sea inducido por interés, a largo plazo, de los acreedores; o del propio gobierno, en la lógica de la “insostenibilidad política” del ajuste para cancelar deuda, aun en el largo plazo.
Por esa razón es que crece una presión social para investigar la deuda pública externa y mientras esa auditoria ocurre se deberían suspender los pagos, un tema que crece en la opinión pública[3]. Es una lógica que trasciende a sectores que hoy lo explicitan públicamente. Algunos sostienen que es mejor el default que un mal acuerdo que condene al ajuste perpetuo a la sociedad o incluso a postergar por largo tiempo la recuperación económica.
Claro que la deuda pública externa es solo lo visible de un problema mayor que apunta a considerar las condiciones de la superación de los problemas estructurales de la Argentina. En ese sentido editorializó The Economist, solicitando que el país mire a Suiza y no a Venezuela o Perú.[4] La visión de la publicación británica resalta el punto de vista ortodoxo, que augura ajuste y reformas reaccionarias contra los derechos sociales.
Aparece, entonces, como necesario abordar otros puntos de vista, para que la solución no desemboque en mayores penurias de la mayoría empobrecida, lo que demanda una discusión a fondo sobre el condicionante de la deuda y el más allá, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.
Julio C. Gambina | 29/02/2020
Notas:
[1] FMI. Comunicado de Prensa. Declaración del equipo técnico del FMI sobre Argentina 19 de febrero de 2020, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-statement-on-argentina (consultado el 28/02/2020)
[2] FMI. Conferencia de Prensa de Gerry Rice, Director, Departamento de Comunicaciones del FMI, del 27/02/2020, en: https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=6136530180001 (consultado el 28/02/2020)
[3] Perfil. Encuesta sin grieta: un 70% opina que la deuda que contrajo Macri debe investigarse, en: https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-70-por-ciento-opina-deuda-contrajo-mauricio-macri-debe-investigarse.phtml (consultado el 28/02/2020)
[4] https://www.cronista.com/economiapolitica/Duro-informe-del-britanico-The-Economist-sobre-la-deuda-argentina-con-el-FMI-20200228-0010.html Copyright © www.cronista.com (consultado el 28/02/2020)
Además, se complicó la situación económica mundial, con caída de las Bolsas, adjudicada, en la coyuntura, al Coronavirus. El FMI habla de “Tragedia Humana” y califica el momento económico de “incertidumbre”[2], concentrando la explicación en el nuevo virus que ocupa la atención mediática y la preocupación de las políticas públicas. Sin embargo, la situación no termina de generalizarse aun cuando se expande, y ni siquiera puede determinarse el origen, incluso territorial.
Los problemas del capitalismo vienen de lejos y están asociados a fenómenos que intervienen en la ralentización económica, los límites para el crecimiento de la productividad y, por ende de la rentabilidad del capital, motivación central del orden capitalista. Ahora, todo parece explicarse con el virus y su impacto en China, que podrá crecer en 2020 por debajo del 6%, incluso del 5%; cuando hace tiempo que el gigante asiático morigeró sus elevadas tasas de crecimiento, las que ocultaban una más grave tendencia a la desaceleración del capitalismo mundial.
Resulta curiosa la mirada en los contagios y los decesos por coronavirus, cuando son mayores las causas de muerte derivadas de accidentes y enfermedades laborales; o en accidentes de tránsito callejeros, terrestres, aéreos, o navieros; o por graves enfermedades que no concitan la atención de los presupuestos públicos, ni la preocupación de los laboratorios privados, grandes corporaciones de la mercantilización de la salud. Incluso, pese al desarrollo cubano en la producción de fármacos, que atienden algunas de esas graves enfermedades, la lógica imperialista del boicot y el bloqueo de EEUU y la complicidad del capitalismo desarrollado, impiden la solución a verdaderas tragedias humanas.
Apuntamos a destacar que a los problemas de la Argentina con su deuda y por ende con sus principales acreedores, el FMI y los grandes acreedores privados, los concentrados y poderosos Fondos de Inversión (Buitres), la situación mundial agrega complejidad en los procesos de discusión, negociación y disputa por recursos. La propia situación local, de los afectados por la recesión y la elevada inflación, interviene también en un complejo entramado de intereses que pugna por la distribución del ingreso y la riqueza.
Cada quien atiende su juego
Entramos en tiempo de definiciones. Marzo es la fecha que se auto impuso el Ministerio de Economía para la renegociación de la deuda Pública Externa. Por un lado, con el FMI y, por otro, con los Acreedores Privados. Se supone que las Agencias Públicas no constituyen un problema por ser considerados insertos dentro de la lógica gubernamental y por ende subordinadas a las definiciones del poder político.
Con el FMI existen conversaciones regulares y trascienden guiños de acuerdos para reformular el acuerdo vigente bajo nuevas modalidades que impliquen años de gracia en la cancelación de capital e intereses. Ahora se espera la pronta visita de los auditores del FMI, que se instalarán en la Argentina para discutir el plan económico de sostenibilidad de la deuda. En criollo supone afinar las líneas del ajuste fiscal y las condiciones del crecimiento económico (facilidades para el desembarco de inversores externos) concediendo reformas estructurales: laborales, previsionales, impositivas.
Los acreedores privados también juegan y presionan sobre el FMI, con un razonamiento que alude a “si el FMI no hará quitas a sus acreencias, entonces que presione un fuerte ajuste fiscal para intervenir en la salida de la recesión y la elevada inflación”. La vieja receta monetarista, de restricción monetaria y de ajuste fiscal para abonar un importante superávit de las cuentas públicas, es una aspiración a contramano del discurso oficialista de “no pagar la deuda con el hambre del pueblo”, o “primero crecer y luego pagar”. Claro que esas consignas tienen que ser convergentes con la percepción social relativa al debate sobre jubilaciones o salarios.
¿Cuál será, finalmente, la propuesta de reforma previsional que emerja al final de la suspensión de las actualizaciones de ingresos de jubiladas y jubilados? ¿Alcanza para ese mismo debate los cambios que ahora discute el Parlamento sobre regímenes especiales de jueces y diplomáticos? ¿Cómo se percibe por la sociedad el esfuerzo de actualizaciones salariales por monto fijo, a contramano de la presión sindical por el logro de porcentajes que recuperen la pérdida de ingresos ante la alta inflación pasada? ¿Cómo se procesa la actualización tarifaria en debate, incluso de pesificación parcial? Son interrogantes a tener en cuenta en la confrontación política, no solo entre oficialismo y oposición, sino al interior de la coalición frentista en el gobierno.
Los acreedores privados empiezan a mover sus fichas y conviene caracterizarlos adecuadamente. Son grandes empresas financieras, con gestión de recursos mayores que grandes bancos transnacionales, incluso aquellos que el Gobierno seleccione para negociar la quita de capitales, intereses y la prolongación de los plazos de vencimiento. En efecto, se los llama la “banca en las sombras”, porque no tienen la regulación de la gran banca monitoreada por la Banca Central. Con esa autonomía han ganado peso en la economía mundial, especialmente luego de la crisis en EEUU del 2001-02 y, más aún en la del 2007-09.
Es más, aquilataron gran experiencia en la crisis del default del 2001 argentino. Fue un éxito esa experiencia, ya que especularon con compras de bonos con enormes posibilidades de entrar en cesación de pago, por lo que pagaron muy poco y luego exigieron el 100% de lo sindicado nominalmente en los títulos públicos. No ingresaron a los canjes del 2005 o del 2010 y ya con las condiciones de un gobierno afín, el de Macri, cobraron todo en 2016, elevando gravosamente el endeudamiento público del país. Situación agravada, inimaginablemente, en 2018, con la asistencia financiera del FMI, que desembolso en menos de dos años 44.100 millones de dólares.
Por eso se sienten fuertes en la negociación con el gobierno, y aun cuando éste aparezca asociado con el FMI, los buitres presionan al Fondo y al gobierno para lograr sus propósitos. El ensayo de dureza fue el episodio de la Provincia de Buenos Aires y en dos ocasiones con el gobierno nacional.
El horizonte del default
Durante marzo se negociará, y quizá se proyecte a abril, no más, porque en mayo caen vencimientos muy elevados. Son montos que sobrepasan la posibilidad de pago según lo acordado en la Ley de las “emergencias”. Allí, se habilitó al uso de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para atender vencimientos de la deuda pública.
¿Qué puede pasar? Qué no haya acuerdos suficientes y el horizonte del default sea inducido por interés, a largo plazo, de los acreedores; o del propio gobierno, en la lógica de la “insostenibilidad política” del ajuste para cancelar deuda, aun en el largo plazo.
Por esa razón es que crece una presión social para investigar la deuda pública externa y mientras esa auditoria ocurre se deberían suspender los pagos, un tema que crece en la opinión pública[3]. Es una lógica que trasciende a sectores que hoy lo explicitan públicamente. Algunos sostienen que es mejor el default que un mal acuerdo que condene al ajuste perpetuo a la sociedad o incluso a postergar por largo tiempo la recuperación económica.
Claro que la deuda pública externa es solo lo visible de un problema mayor que apunta a considerar las condiciones de la superación de los problemas estructurales de la Argentina. En ese sentido editorializó The Economist, solicitando que el país mire a Suiza y no a Venezuela o Perú.[4] La visión de la publicación británica resalta el punto de vista ortodoxo, que augura ajuste y reformas reaccionarias contra los derechos sociales.
Aparece, entonces, como necesario abordar otros puntos de vista, para que la solución no desemboque en mayores penurias de la mayoría empobrecida, lo que demanda una discusión a fondo sobre el condicionante de la deuda y el más allá, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.
Julio C. Gambina | 29/02/2020
Notas:
[1] FMI. Comunicado de Prensa. Declaración del equipo técnico del FMI sobre Argentina 19 de febrero de 2020, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-statement-on-argentina (consultado el 28/02/2020)
[2] FMI. Conferencia de Prensa de Gerry Rice, Director, Departamento de Comunicaciones del FMI, del 27/02/2020, en: https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=6136530180001 (consultado el 28/02/2020)
[3] Perfil. Encuesta sin grieta: un 70% opina que la deuda que contrajo Macri debe investigarse, en: https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-70-por-ciento-opina-deuda-contrajo-mauricio-macri-debe-investigarse.phtml (consultado el 28/02/2020)
[4] https://www.cronista.com/economiapolitica/Duro-informe-del-britanico-The-Economist-sobre-la-deuda-argentina-con-el-FMI-20200228-0010.html Copyright © www.cronista.com (consultado el 28/02/2020)
domingo, 1 de marzo de 2020
Deuda externa: la dependencia sigue
La crisis de deuda fue (no podía dejar de ser) el primer eje del discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas en el Congreso.
Además de catalogar la deuda externa de insustentable, el Presidente criticó el hecho de que fue contraída “sólo para beneficio de los especuladores y prestamistas”. Tras volver a asegurar que con ella se financió la fuga de capitales, anunció una investigación para identificar “quiénes permitieron que eso suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas”.
Pero resulta que no es ningún secreto quiénes fueron los principales beneficiarios del hipotecamiento del país: los grandes fondos de inversión internacionales, como Pimco, Blackrock, Templeton y Fidelity. El propio Martín Guzmán aseguró recientemente que los títulos emitidos fueron diseñados a medida de estos pulpos financieros. Es el rescate de esta deuda fraudulenta, la tarea asumida como principal por el gobierno de Fernández.
Las versiones que se barajan en los medios financieros sobre la oferta que realizará el gobierno a los bonistas estiman que las posibles quitas de capital e intereses rondarán el 15 o 20%, es decir que significaría un reconocimiento por el doble del valor que cotizan esos bonos en el mercado, que promedia un 40% del valor nominal. Al FMI, que fue el garante necesario para concretar este fabuloso enjuague financiero, le reconocerán la totalidad del capital.
Para colmo, Alberto Fernández definió que en el rumbo que adoptará la Argentina hacia el futuro “no sólo debemos evitar la dependencia económica de la deuda, sino también la dependencia intelectual”. Lo dice cuando estamos en las vísperas de una nueva misión de los funcionarios del Fondo Monetario en el país, y tras comprometerse con Georgieva a ponerse bajo la supervisión del organismo (en los términos del famoso artículo IV de su estatuto).
Ante la Asamblea Legislativa, Fernández saludó a la oposición por la aprobación de la Ley de Sustentabilidad de la Deuda que implica un cheque en blanco para ejecutar este rescate. En ese marco, afirmó que el tratamiento y la aprobación parlamentaria en materia de endeudamiento es la garantía para decirle “nunca más a un endeudamiento insostenible, nunca más a decisiones que se toman en perjuicio del pueblo, nunca más a la puerta giratoria de dólares que se fugan y dejan tierra arrasada a su paso”. Es un fraude, porque desde el Pacto Buitre a la sanción del Presupuesto dictado por el FMI el macrismo contó con los votos necesarios por parte del PJ, el massismo y el kirchnerismo, que hoy conforman el oficialista Frente de Todos.
Agreguemos a estas imposturas que en estos primeros 81 días de gobierno ha seguido aumentando la deuda pública en miles de millones de dólares, principalmente por los títulos que el Tesoro enchufa al Anses y al Banco Central, y siguiendo por el canje de los bonos en pesos. En ese terreno, para revertir el fracaso de las últimas licitaciones, el viernes el gobierno adelantó en Boletín Oficial que tomarán a “valor técnico” (nominal) títulos que cotizan en el mercado por debajo de la mitad de ese número.
Por lo demás, el fantasma del default sigue sobrevolando. El éxito de Guzmán en lograr la adhesión de los bonistas a la oferta de reestructuración no está ni mucho menos asegurado. Tras la euforia gubernamental por el supuesto apoyo del FMI al planteo sobre la insostenibilidad de la deuda, un vocero oficial del organismo afirmó que solo han comenzado las “discusiones” entre el país y el Fondo, pero aún no las “negociaciones”. Aún el “logro” de una reestructuración sería, además de una enorme carga financiera, a cambio de ofrendar como garantía el saqueo de los recursos naturales del país y de un mantenimiento de la parálisis industrial para evitar un incremento de las importaciones.
La pose crítica de Fernández no llega a esconder el rumbo de sometimiento de su gobierno al capital financiero.
Iván Hirsch
Consejo Económico y Social: un instrumento del ajuste
Alberto Fernández acaba de anunciar en su discurso de apertura de las sesiones legislativas la formalización de un instrumento que ya ha sido convocado en los hechos para hacer pasar su política de ajuste contra los trabajadores: el Consejo Económico y Social para el Desarrollo.
El mismo estaría integrado por "autoridades propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, que cuenten con el acuerdo del Senado Nacional, y cuyos mandatos trascenderán la duración de un período de gobierno. Queremos que sea el motor, no solo de políticas de Estado, sino de políticas de la sociedad. Los sectores del trabajo, la empresa, movimientos sociales y de la comunidad científica y tecnológica, también serán convocados", dijo Fernández. En lo esencial se trata de una mesa entre el Estado, las patronales, la burocracia sindical y los dirigentes de las organizaciones sociales integradas al Estado, que no es más que el eufemismo utilizado por el gobierno para subordinar los salarios e ingresos de los trabajadores y desocupados al acuerdo con el FMI y los bonistas privados.
La primer muestra de la lesividad de este instrumento han sido las paritarias acordadas en el sector privado, donde la burocracia ha trocado las cláusulas gatillo -que indexen los salarios a la inflación- e inclusos los acuerdos salariales en términos de porcentajes, a cambio de sumas fijas ruinosas bajo un cuestionado compromiso de congelamiento de precios. Es el caso que ha ocurrido en gremios como Comercio y Bancarios, y que el gobierno busca generalizar como política para todo el movimiento obrero.
Para justificar esta orientación, Fernández también hizo gala de una satisfacción respecto al acuerdo docente que no es tal. Anunció que "mañana comenzarán las clases normalmente en casi todo el país". Se trata de una estafa mayúscula que busca ocultar el profundo rechazo de la base docente a un acuerdo que deja el básico salarial en $23.000 mientras la canasta de pobreza supera los $40.000. Por estas razones el no inicio de clases está previsto para unas 14 provincias del país. Muy lejos de las expectativas de Alberto.
Fernández no trató de disimular el contenido reaccionario del Consejo Económico y Social, cuando reconoció su verdadero propósito. "Desde este Consejo debemos ser capaces de diseñar la agenda del futuro, ajena a la puja distributiva y a la coyuntura de corto plazo […] Hagamos pues del debate, del renunciamiento y del acuerdo, esa mejor democracia que aún nos debemos". Es decir que los trabajadores deben postergar sus reclamos y reivindicaciones, ante un crecimiento exponencial de la pobreza y la inflación –reconocidos por el propio Alberto-, sobre la base de ajustar las miras en el largo plazo y no en la coyuntura: la sustentabilidad del pago de la deuda.
El anuncio de Fernández alcanza la impostura cuando se trata de hacer gala de un acuerdo de precios inexistente. La inflación sigue siendo una variante de la economía nacional y el gobierno mismo prevé una serie de aumentos que en las tarifas que ha anunciado para el segundo semestre del año, una vez superadas las negociaciones paritarias. Sobre la generación de puestos de trabajo y la obra pública, poco y nada ha dicho, más que mencionar el punto de partida ruinoso en el cual se encuentra el país.
Los trabajadores no cuentan con ningún margen para embarcarse en una política de solidaridad cuando la mayor parte de los salarios no supera los niveles de pobreza, con casi 16 millones de personas debajo de ese indicador. A todas luces se trata de un discurso dirigido a los empresarios y al capital privado para fortalecer el compromiso de bajar las expectativas salariales y ajustar las condiciones de vida del pueblo trabajador a medida de los negocios de las patronales y el acuerdo con los bonistas privados.
Marcelo Mache
El mismo estaría integrado por "autoridades propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, que cuenten con el acuerdo del Senado Nacional, y cuyos mandatos trascenderán la duración de un período de gobierno. Queremos que sea el motor, no solo de políticas de Estado, sino de políticas de la sociedad. Los sectores del trabajo, la empresa, movimientos sociales y de la comunidad científica y tecnológica, también serán convocados", dijo Fernández. En lo esencial se trata de una mesa entre el Estado, las patronales, la burocracia sindical y los dirigentes de las organizaciones sociales integradas al Estado, que no es más que el eufemismo utilizado por el gobierno para subordinar los salarios e ingresos de los trabajadores y desocupados al acuerdo con el FMI y los bonistas privados.
La primer muestra de la lesividad de este instrumento han sido las paritarias acordadas en el sector privado, donde la burocracia ha trocado las cláusulas gatillo -que indexen los salarios a la inflación- e inclusos los acuerdos salariales en términos de porcentajes, a cambio de sumas fijas ruinosas bajo un cuestionado compromiso de congelamiento de precios. Es el caso que ha ocurrido en gremios como Comercio y Bancarios, y que el gobierno busca generalizar como política para todo el movimiento obrero.
Para justificar esta orientación, Fernández también hizo gala de una satisfacción respecto al acuerdo docente que no es tal. Anunció que "mañana comenzarán las clases normalmente en casi todo el país". Se trata de una estafa mayúscula que busca ocultar el profundo rechazo de la base docente a un acuerdo que deja el básico salarial en $23.000 mientras la canasta de pobreza supera los $40.000. Por estas razones el no inicio de clases está previsto para unas 14 provincias del país. Muy lejos de las expectativas de Alberto.
Fernández no trató de disimular el contenido reaccionario del Consejo Económico y Social, cuando reconoció su verdadero propósito. "Desde este Consejo debemos ser capaces de diseñar la agenda del futuro, ajena a la puja distributiva y a la coyuntura de corto plazo […] Hagamos pues del debate, del renunciamiento y del acuerdo, esa mejor democracia que aún nos debemos". Es decir que los trabajadores deben postergar sus reclamos y reivindicaciones, ante un crecimiento exponencial de la pobreza y la inflación –reconocidos por el propio Alberto-, sobre la base de ajustar las miras en el largo plazo y no en la coyuntura: la sustentabilidad del pago de la deuda.
El anuncio de Fernández alcanza la impostura cuando se trata de hacer gala de un acuerdo de precios inexistente. La inflación sigue siendo una variante de la economía nacional y el gobierno mismo prevé una serie de aumentos que en las tarifas que ha anunciado para el segundo semestre del año, una vez superadas las negociaciones paritarias. Sobre la generación de puestos de trabajo y la obra pública, poco y nada ha dicho, más que mencionar el punto de partida ruinoso en el cual se encuentra el país.
Los trabajadores no cuentan con ningún margen para embarcarse en una política de solidaridad cuando la mayor parte de los salarios no supera los niveles de pobreza, con casi 16 millones de personas debajo de ese indicador. A todas luces se trata de un discurso dirigido a los empresarios y al capital privado para fortalecer el compromiso de bajar las expectativas salariales y ajustar las condiciones de vida del pueblo trabajador a medida de los negocios de las patronales y el acuerdo con los bonistas privados.
Marcelo Mache
Latinoamérica: la región más peligrosa para defensores del medioambiente y los derechos humanos
En su reporte 2019, la ONG Front Line Defenders, documentó que el 68% de los asesinatos de activistas ocurren en Latinoamérica, detalla que las personas defensoras enfrentan importantes amenazas y riesgos, ya sea por exigir libertades civiles y políticas o por proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático.
La ONG Front Line Defenders presentó su Análysis Global 2019, donde detalla los ataques físicos, las campañas de difamación, las amenazas de seguridad digital, el acoso judicial y los ataques de género que enfrentan los DDH y las defensoras de derechos humanos (WHRD) en todo el mundo.
El reporte señala que las personas defensoras enfrentan importantes amenazas y riesgos, ya sea por exigir libertades civiles y políticas o por proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático. También reveló que América Latina es la región más peligrosa del mundo para los activistas, ya que registró el mayor número de asesinatos.
Front Line Defenders señala que los países con más asesinatos de defensores y activistas ambientalistas, son: Colombia con 106 casos documentados, Filipinas (único país no americano de la lista)con 43, Honduras con 31, México con 23, Brasil con 23.
“Es la (región) más peligrosa en el sentido de que es la más mortífera, es donde más personas defensoras de derechos humanos son asesinadas en el mundo”, advirtió Sandra Patargo, coordinadora de Protección para las Américas de Front Line Defenders. (Vía: EFE)
Además, el reporte añade que el 40 % de las personas defensoras de derechos humanos en el mundo trabajan temas ambientales, de tierra y territorio y derechos de los pueblos indígenas.
El 2019 se caracterizó por levantamientos sociales de notable magnitud en cada una de las regiones del mundo. El papel que desempeñan los defensores y defensoras de derechos humanos en esas protestas incluye la organización y movilización, el monitoreo y documentación de las violaciones de derechos humanos, y la asistencia a las personas heridas y detenidas.
Pese a que los motivos de las protestas y malestar social difieren en cada lugar, todas giraban en torno al rechazo categórico de la desigualdad económica, la corrupción desenfrenada y el llamado a favor del respeto a los derechos civiles y políticos.
Por último señala que las amenazas y los ataques contra las defensoras de los derechos humanos adquieren dimensiones específicas relacionadas con su género, y a menudo entrañan amenazas y violencia de carácter sexual. Las mujeres son castigadas por su labor pública mediante ataques a su vida privada y cuestionamientos a su papel como madres, esposas y compañeras. Este informe destaca la compleja naturaleza de las amenazas e intimidaciones contra las defensoras de los derechos humanos.
El informe no contempla los recientes asesinatos de defensores como Jerhy Rivera de Costa Rica, Homero Gómez y Raúl Hernández de México, ocurridos en lo que va de este año.
Axomalli Villanueva
@axomalli1
Uruguay: termina el ciclo de Gobiernos frenteamplistas
Luego de la derrota en segunda vuelta, este domingo llega a su fin el ciclo de gobiernos del Frente Amplio y vuelve la derecha encabezada por Lacalle Pou. El hecho amerita un balance de este periodo, inédito en la historia del país.
Con la asunción de Luís Lacalle Pou este próximo domingo se cierra el ciclo de gobiernos del Frente Amplio (FA) comenzado en el año 2005.
Tabaré Vázquez primero, José Mujica en el segundo mandato y posteriormente nuevamente Tabaré fueron los líderes que encabezaron estos gobiernos, que constituyen una experiencia inédita en el Uruguay, donde siempre habían gobernado los partidos capitalistas tradicionales Blanco y Colorado.
Más allá de la experiencia concreta de estos 3 periodos, la oportunidad invita a reflexionar sobre el proceso que se inició a principio de los 70 con el surgimiento del Frente Amplio. Veremos cómo desde entonces esta coalición ha intentado ser parte del régimen y finalmente terminó administrando el estado capitalista uruguayo.
A lo largo de todo este periodo histórico se dieron procesos tan importantes como el ascenso obrero y popular de los 60 y 70, la posterior dictadura cívico militar, la transición democrática y el Pacto del Club Naval, los gobiernos blancos y colorados (1984-2004) con el FA en la oposición y finalmente la llegada de esta fuerza política al gobierno, donde se mantuvo 15 años.
15 años de gobierno: más continuidad que ruptura
La llegada al gobierno de Tabaré Vázquez despertó grandes ilusiones en los trabajadores y sectores populares.
Luego de la crisis del 2002, con sus secuelas de hambre, crisis económica y desocupación, el triunfo del FA generaba muchas expectativas de cambio y de mejoras en las condiciones de vida.
A grandes rasgos, y como balance más general, podemos decir que hubo más continuidades que rupturas en relación a los gobiernos precedentes. Muy lejos quedó de aquel Frente Amplio que en su fundación prometía el cambio y una transformación social estructural, promesa que constituyó el motor del apoyo entre los trabajadores y sectores populares.
A lo largo de sus 3 periodos, aún con los matices que separan a Vázquez de Mujica, lo que primó fue un enfoque político que ubicó al Frente Amplio como un gestor y administrador del capitalismo en nuestro país, en el que el pago de la deuda externa y la aceptación de las directivas de los organismos internacionales imperialistas (FMI, BM, BID) nunca fueron puestos en cuestión.
A nivel económico, y en el marco más que favorable de los buenos precios de las materias primas que exporta tradicionalmente Uruguay, se favoreció la apertura de la economía, fomentando la llegada de capitales internacionales con subsidios, exoneraciones, creación de zonas francas y otras facilidades.
Las negociaciones para la segunda planta de celulosa de la trasnacional UPM ejemplifican la política que intentó llevar adelante el gobierno; buscar satisfacer las demandas de las multinacionales realizando obras en función de sus necesidades, negociación a la baja de las condiciones y derechos laborales y falta de cuidado por el medio ambiente.
Si bien los niveles de desempleo fueron comparativamente bajos, el “modelo” se sostuvo en base a bajos salarios y trabajo precario, especialmente entre los jóvenes.
Al culminar este tercer periodo, aproximadamente un 40% de los trabajadores ganan alrededor de 24mil pesos (600 dólares); cuando la canasta básica familiar se ubica en casi 85mil pesos ( alrededor de 2200 dólares).
Cabe agregar que en los sucesivos gobiernos frentistas no se revirtieron los procesos de tercerizaciones y privatizaciones en el sector público; e incluso en algunas áreas se profundizaron (UTE, OSE, IMM, ley de riego, entre otras).
A todo esto se suma el profundo proceso de extranjerización de la tierra (fenómeno de una magnitud nunca vista) que llevó a que alrededor del 50% de las tierras estén en manos extranjeras y que los propietarios uruguayos se desprendieran en los últimos 18 años de una superficie equivalente a los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha y Durazno.
A nivel de derechos humanos también hubo una continuidad de parte del Frente Amplio respecto de los gobiernos anteriores de los partidos tradicionales. En lo esencial, se mantuvo la impunidad para los crímenes de la dictadura, y el discurso oficial (tanto con Tabaré como con Mujica) apuntó hacia el "olvido", la reconciliación y la "vuelta de página".
La presencia de otro de los históricos líderes del FA, Fernández Huidobro, un defensor confeso de militares genocidas, atestigua el límite que puso el Frente Amplio para avanzar, aunque sea mínimamente por el camino de la verdad y la justicia. El propio fenómeno de Manini Ríos es en parte responsabilidad del FA; su figura fue sostenida y promovida durante el gobierno de Mujica y luego de Vázquez, aún con su pensamiento conservador y autoritario que nadie desconocía.
En relación a los derechos humanos en democracia, no se puede dejar de remarcar que durante los gobiernos frenteamplistas la cantidad de presos sociales alcanzó un record histórico y en relación a la población es una de las más altas de América Latina; además de que las condiciones de privación de libertad han sido inhumanas y condenadas a nivel internacional.
Con el correr de los años se fueron endureciendo las políticas represivas, aumentando las penas, poniendo trabas a los regímenes de libertad anticipada, fortaleciendo a las fuerzas represivas, dando un rol a las fuerzas armadas en la custodia de las cárceles y en zonas de frontera, entre otras cuestiones. Desde el gobierno se apeló a megaoperativos en barrios populares y se reprimieron movilizaciones opositoras que criticaban distintas políticas del gobierno (UPM, Codicen, esencialidad en la educación, etc.)
Tabaré Vázquez, además, elaboró el decreto antipiquetes que da cobertura legal a la represión estatal ante cortes de rutas u ocupaciones y durante su segundo mandato se sancionó la ley antiterrorista, a tono con las políticas del imperialismo para la región y para reprimir la protesta social.
En relación a la agenda de derechos democráticos elementales durante los periodos de gobierno del Frente se dieron algunas concesiones y sancionaron leyes progresivas aunque con muchas limitaciones como el matrimonio igualitario, aborto legal, consumo de marihuana, etc.). Estos logros, en ocasiones con opositores en las propias filas del partido de gobierno y limitados producto de las negociaciones con los sectores conservadores, fueron motorizados por los movimientos sociales pro derechos; nadie regaló nada, en todo caso fueron productos de décadas de luchas y movilizaciones para ampliar derechos y libertades.
Un Frente Amplio totalmente integrado al régimen político
Cabe preguntarse entonces qué puede haber sucedido en estos 50 años que llevaron a que aquel Frente Amplio temido, resistido y perseguido por las clases altas y el imperialismo en los comienzos de los 70 se haya transformado en un partido confiable para estos mismos sectores.
Ya desde sus orígenes, y a pesar de un programa tenuemente transformador (que incluía al menos en los papeles cuestiones tales como la reforma agraria y la nacionalización de la banca y del comercio exterior), la naciente coalición de izquierdas buscó canalizar el ascenso obrero y popular hacia el terreno de las elecciones, generando confianza y expectativas en que se podrían lograr transformaciones profundas con solo llegar al gobierno.
Ante el golpe del 73 (e incluso durante las jornadas previas de febrero) el Frente no potenció la profunda disposición a la lucha de los trabajadores y estudiantes que enfrentaban en la calle a los militares. La dirección mayoritaria llevó la resistencia hacia un callejón sin salida y a pesar del heroísmo de su base militante, durante el gobierno militar buscó acuerdos y acercamientos a sectores burgueses (que en su momento incluso votaron medidas represivas) como el nacionalista Ferreira Aldunate.
Hacia el final de la dictadura, cuando nuevamente el pueblo se encontraba a la ofensiva y quería terminar con el régimen de miseria que habían impuesto los militares, el Frente se constituyó en la pata izquierda de la transición pactada con los genocidas. Pacto de Club Naval mediante, el FA fue garante de la impunidad y del mantenimiento de cambios regresivos impuestos durante el periodo dictatorial.
Partiendo de esa matriz reformista y conciliadora, con los años fue profundizando su integración al régimen político, mostrándose primero como una "oposición responsable", que contenía a los trabajadores cuando aumentaba la conflictividad; o luego siendo un prolijo gobernante en la Intendencia de Montevideo (con su política de privatizaciones y tercerizaciones, así como de represión a vendedores ambulantes como sucedió en los 90 cuando Tabaré era intendente).
De aquel discurso confrontativo y crítico con el Uruguay batllista (por José Batlle y Ordóñez que impulsó una modernización capitalista a principios del siglo XX), que al menos declarativamente proponía transformar al Uruguay con cambios profundos, se pasó a esta versión “moderna” del Frente Amplio, aceptada por las clases dominantes y totalmente integrada al régimen político.
La crisis del 2002 puso en evidencia el rol del FA como instrumento de contención y apaciguador de los conflictos; pero su llegada al gobierno mostró en toda su plenitud su perfil de gestor y administrador del capitalismo neocolonial del Uruguay.
Su derrota en estas últimas elecciones hay que entenderla desde las expectativas que alguna vez despertó en los trabajadores y el pueblo, pero que llegado al gobierno no cumplió, dando lugar de esta manera a la recomposición electoral de la derecha.
La apatía, el escepticismo, incluso el voto de sectores pobres a conservadores autoritarios como Manini, hay que entenderlos desde el desengaño que provoca ver que más allá de algunos matices el Frente Amplio no se diferencia mucho de los mismos partidos tradicionales que han gobernado a favor de las clases dominantes por casi 180 años.
Hernán Yanes
Sábado 29 de febrero | 00:26
Enorme paso adelante de los despedidos del Hospital Posadas
El viernes 22/2 la comisión de despedidos del Hospital Posadas junto al STS (Sindicato de Trabajadores de la Salud), la CICOP y la destacada presencia de Nora Cortiñas mantuvimos una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud por la reincorporación de más de 200 compañeros.
En dicha reunión se resolvió un acta (que se firmó hoy miércoles 26/2) en la que se reincorpora a todos los trabajadores despedidos del listado presentado, los mismos se harán por tandas; la primera de 60 en el mes de Marzo y luego en tandas de 30 trabajadores hasta culminar el ingreso de los 200 compañeros, se conformara una mesa de discusión permanente entre las autoridades del hospital, la comisión de despedidos y los gremios para acordar los listados de trabajadores que serán reincorporados mes a mes todo esto con previa aprobación de la asamblea de despedidos, a los trabajadores reincorporados se le respeta su grado y categoría alcanzado al momento de despido como así también se devolverá el código de descuento a los gremios STS/CICOP el que fuera quitado durante la última gestión.
La comisión de despedidos fue clave para la reincorporación
A lo largo de todos estos años la lucha del hospital Posadas fue tremenda, se realizaron centenares de asambleas, actos, jornadas de lucha, acampes, cortes, movilizaciones, la causa del Posadas se extendió a nivel nacional y coloco el problema de los despidos en el estado no solo del gobierno de turno, en ese momento el Macrismo, sino de la enorme precariedad precedente, avalada por todos los gobiernos anteriores, que dio lugar a proceder al desguace del estado a través de despidos masivos en miles de reparticiones.
Los trabajadores del Posadas no solo nos enfrentamos a las políticas del gobierno Macrista, sino que también lo hicimos contra las organizaciones sindicales como ATE y UPCN quienes fueron los responsables de las persecuciones y los despidos de todos los compañeros, y cómplices en las políticas anti obreras, aunque hoy se coloquen en el campo nacional y popular.
Durante dos años los despedidos mantuvimos los famosos Kiosquitos de la dignidad como forma de organización ya sea económica y de sostenimiento para que siga viva la lucha. Cuando el gobierno Macrista perdió las elecciones pusimos en pie la comisión de despedidos para reclamarle a los nuevos funcionarios la reincorporación de todos, entendiendo que se abría una nueva etapa.
Fue a través de la comisión de despedidos donde discutimos y resolvimos cada paso para obtener nuestros reclamos, en primer lugar nos dimos la tarea de convocar uno a uno a los compañeros que querían volver, confeccionamos la lista, realizamos nuevas acciones para que se escuche nuestro reclamo, pero por sobre todo tomamos la conciencia que las luchas anteriores habían sido una escuela de aprendizaje, nos reconocimos como un colectivo de trabajadores que a pesar de tantos golpes estábamos dispuesto a dar la batalla para volver a nuestros puestos de trabajo. Por ello el haber puesto en pie la comisión de despedidos fue el eje para poder obtener el reingreso de ciento de compañeros y lo hicimos con los métodos históricos de los trabajadores, la asamblea, la discusión colectiva y la resolución por mayoría.
El acuerdo firmado es un avance
Hasta llegar al acuerdo tuvimos que sortear reuniones con el ministerio y con las autoridades del hospital donde nos plateaban que tenían la voluntad de reincorporación, pero en concreto esgrimían problemas presupuestarios o tenían un planteo de que “teníamos que hacer un esfuerzo entre todos” colocando el problema a los trabajadores del enorme vaciamiento de la salud pública. Incluso debimos sortear obstáculos de las burocracias sindicales de ATE y UPCN quienes también presentaban sus propios listados y se colocaban como los defensores cuando fueron tan responsables como el macrismo de la situación del hospital y de nuestra propia situación.
Un capítulo aparte fue el enorme acompañamiento de vastos sectores de trabajadores y organizaciones sindicales que se solidarizaron con nuestra lucha desde el primer día, pero sin lugar a dudas la presencia de la gran Norita Cortiñas en las negociaciones con los funcionarios fue clave para arribar a esta primera fase de la lucha.
La asamblea que votó aceptar la propuesta es consciente que el acuerdo no es una victoria completa pero hoy partimos de un piso importantísimo que es obtener el ingreso de todos los compañeros, ahora vendrá el tiempo de seguir organizados para hacer cumplir el acta y seguir luchando por todas nuestras reivindicaciones, y lo haremos desde el lugar que nunca perdimos; el de la lucha y la organización independiente de los trabajadores.
Vamos por la defensa del salario, el convenio, contra la flexibilidad laboral pero también vamos por la recuperación de la organización sindical del hospital para sacar a la podrida burocracia.
Jimena Lettieri
La deuda de Schiaretti, los salarios y la jubilación
La crisis nacional respecto de la deuda condiciona toda la política provincial y ya tiene sus consecuencias directas sobre el salario y las jubilaciones de los trabajadores cordobeses. En primer lugar porque, al igual que Macri, Schiaretti transitó los últimos años con un crecimiento exponencial de la deuda pública provincial. Pero también porque el ajuste impulsado por el gobierno de Fernández para llegar a un acuerdo con el FMI y los bonistas tiene sus consecuencias directas en la provincia. La crisis de las finanzas locales que se suponía para el 2021 por las abultadas sumas que hay que enfrentar en materia de pagos de deuda, se está adelantando para 2020 de la mano del déficit de la caja de jubilaciones.
Por de pronto se ha cortado el flujo de la deuda y se ha suspendido el consenso fiscal para habilitar a la provincia a un impuestazo masivo. Es lo que está sucediendo con los tarifazos en agua y luz y con el impuestazo impulsado por Llaryora en la Capital. Pero la cuestión no queda en eso, sino todo lo contrario. El ataque a la caja de jubilaciones podría disparar un nuevo impuestazo, y el gobierno busca eliminar la acotada cláusula gatillo que en años anteriores otorgó a docentes y estatales. Distintas versiones marcan que Schiaretti ha ofrecido un 9% de aumento a la docencia. El ataque a las paritarias también está presente en la Capital con el pago de una parte de haberes en negro que ha logrado imponer Llaryora sobre el Suoem, aunque tuviera que retroceder con los despidos de contratados y el reconocimiento de la cláusula gatillo.
Al igual que el gobierno nacional, Schiaretti debe llevar adelante un plan de ajuste feroz que le permita afrontar los pagos de la deuda. La traducción política de esta posición ha sido un acercamiento del “schiarettismo” a Fernández. Schiaretti apoyó la ley de “solidaridad”, la suspensión del consenso fiscal y la ley de “reestructuración” de la deuda. A la par de ello la fracción del PJ provincial que se había alineado con Fernández (Caserio) se ha retraído en su posición divisionista; y ahora mismo se está preparando una lista de unidad para la interna del PJ provincial que se realizará en abril. El propio gobernador explicó esta posición en la apertura de las sesiones legislativas del pasado 1° de febrero cuando afirmó que había que “generar los consensos necesarios” en el orden nacional.
Otra deuda impagable
Como queda dicho, el nivel de endeudamiento de la provincia ha sido exponencial en los últimos cuatro años. A noviembre de 2019 la deuda asciende por encima de los 161 mil millones de pesos, pero esa cuenta es tramposa porque el gobierno no cuenta los créditos que tiene aprobados en la Legislatura y acordados con entidades financieras, e incluso llega al extremo de no contabilizar completamente los préstamos que ya se están ejecutando en parte, como los contraídos con un fondo kuwaití y con la OFID (Fondo de la OPEC para el desarrollo internacional), por 50 y 60 millones de dólares respectivamente.
Además de esta deuda, se deberían contar los siguientes créditos: 200 millones de dólares para la construcción de viviendas (24/4/19), 230 millones de dólares para la hidrovía Córdoba-Santa Fe 30/05/19), 120 millones para Caminos de las Sierras (13/06/19), 60 millones para la maternidad provincial (16/07/19). Todos esos créditos fueron autorizados por la Legislatura en el periodo que va de abril a julio de 2019. Tomando todos los conceptos, la deuda provincial asciende a los 206 mil millones de pesos, que representan un 62% del presupuesto 2020, calculado en 334 mil millones de pesos. La suma supone un crecimiento del 1.144% con relación al periodo de diciembre de 2015 cuando la deuda se ubicaba en los 18 mil millones de pesos. Cabe aclarar que el crecimiento de la deuda está íntimamente ligado a la devaluación, puesto que en 2015 el 71% se encontraba en dólares y actualmente ese porcentaje asciende al 94% del total.
Para el año 2021 la provincia debe hacer frente a pagos de capital e intereses superiores a 51 mil millones de pesos, lo que representa un 15% del presupuesto total (a valores actuales). Siempre el gobierno apostó a refinanciar ese monto imposible de pagar. Pero la cuestión se ha tornado vidriosa desde la devaluación operada en agosto de 2019 y más todavía con la negociación fracasada de Kicillof, donde los fondos de inversión presionaron y consiguieron el cobro total de lo adeudado sin espera, ni quita.
Como sucede en el país, se abre una etapa donde el gobierno de Schiaretti va derecho a hacer pagar los trabajadores la deuda que contrajo para financiar el rescate y los negociados de los capitalistas. El movimiento obrero, especialmente los trabajadores estatales y los jubilados deben sacar las conclusiones del caso y poner en pie asambleas en todos los lugares de trabajo y resolver un plan de lucha para defender el salario, el trabajo y las jubilaciones.
Jorge Navarro
Por de pronto se ha cortado el flujo de la deuda y se ha suspendido el consenso fiscal para habilitar a la provincia a un impuestazo masivo. Es lo que está sucediendo con los tarifazos en agua y luz y con el impuestazo impulsado por Llaryora en la Capital. Pero la cuestión no queda en eso, sino todo lo contrario. El ataque a la caja de jubilaciones podría disparar un nuevo impuestazo, y el gobierno busca eliminar la acotada cláusula gatillo que en años anteriores otorgó a docentes y estatales. Distintas versiones marcan que Schiaretti ha ofrecido un 9% de aumento a la docencia. El ataque a las paritarias también está presente en la Capital con el pago de una parte de haberes en negro que ha logrado imponer Llaryora sobre el Suoem, aunque tuviera que retroceder con los despidos de contratados y el reconocimiento de la cláusula gatillo.
Al igual que el gobierno nacional, Schiaretti debe llevar adelante un plan de ajuste feroz que le permita afrontar los pagos de la deuda. La traducción política de esta posición ha sido un acercamiento del “schiarettismo” a Fernández. Schiaretti apoyó la ley de “solidaridad”, la suspensión del consenso fiscal y la ley de “reestructuración” de la deuda. A la par de ello la fracción del PJ provincial que se había alineado con Fernández (Caserio) se ha retraído en su posición divisionista; y ahora mismo se está preparando una lista de unidad para la interna del PJ provincial que se realizará en abril. El propio gobernador explicó esta posición en la apertura de las sesiones legislativas del pasado 1° de febrero cuando afirmó que había que “generar los consensos necesarios” en el orden nacional.
Otra deuda impagable
Como queda dicho, el nivel de endeudamiento de la provincia ha sido exponencial en los últimos cuatro años. A noviembre de 2019 la deuda asciende por encima de los 161 mil millones de pesos, pero esa cuenta es tramposa porque el gobierno no cuenta los créditos que tiene aprobados en la Legislatura y acordados con entidades financieras, e incluso llega al extremo de no contabilizar completamente los préstamos que ya se están ejecutando en parte, como los contraídos con un fondo kuwaití y con la OFID (Fondo de la OPEC para el desarrollo internacional), por 50 y 60 millones de dólares respectivamente.
Además de esta deuda, se deberían contar los siguientes créditos: 200 millones de dólares para la construcción de viviendas (24/4/19), 230 millones de dólares para la hidrovía Córdoba-Santa Fe 30/05/19), 120 millones para Caminos de las Sierras (13/06/19), 60 millones para la maternidad provincial (16/07/19). Todos esos créditos fueron autorizados por la Legislatura en el periodo que va de abril a julio de 2019. Tomando todos los conceptos, la deuda provincial asciende a los 206 mil millones de pesos, que representan un 62% del presupuesto 2020, calculado en 334 mil millones de pesos. La suma supone un crecimiento del 1.144% con relación al periodo de diciembre de 2015 cuando la deuda se ubicaba en los 18 mil millones de pesos. Cabe aclarar que el crecimiento de la deuda está íntimamente ligado a la devaluación, puesto que en 2015 el 71% se encontraba en dólares y actualmente ese porcentaje asciende al 94% del total.
Para el año 2021 la provincia debe hacer frente a pagos de capital e intereses superiores a 51 mil millones de pesos, lo que representa un 15% del presupuesto total (a valores actuales). Siempre el gobierno apostó a refinanciar ese monto imposible de pagar. Pero la cuestión se ha tornado vidriosa desde la devaluación operada en agosto de 2019 y más todavía con la negociación fracasada de Kicillof, donde los fondos de inversión presionaron y consiguieron el cobro total de lo adeudado sin espera, ni quita.
Como sucede en el país, se abre una etapa donde el gobierno de Schiaretti va derecho a hacer pagar los trabajadores la deuda que contrajo para financiar el rescate y los negociados de los capitalistas. El movimiento obrero, especialmente los trabajadores estatales y los jubilados deben sacar las conclusiones del caso y poner en pie asambleas en todos los lugares de trabajo y resolver un plan de lucha para defender el salario, el trabajo y las jubilaciones.
Jorge Navarro
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