Manzur justificó el veto a la ley que moderaba los tarifazos

El gobernador de Tucumán avaló la decisión del presidente de vetar la ley que moderaba los tarifazos y volvió a ratificar su compromiso con la gobernabilidad

Inmediatamente después de vetar la ley que moderaba los tarifazos, Macri se lanzó a una gira por las provincias del NOA, a la búsqueda de recomponer la imagen de unidad que necesita para blindar el acuerdo con el FMI y garantizar su cumplimiento con la ley de presupuesto 2019.
En su paso por Salta se reunió con el incondicional gobernador Juan Manuel Urtubey, para luego continuar su gira por Santiago del Estero, hasta donde se trasladó el mandatario tucumano, Juan Manzur, para un encuentro protocolar de cuarenta minutos.
En declaraciones a la prensa Manzur volvió a ratificar su apoyo al jefe de la bancada de senadores del peronismo, Miguel Angel Pichetto, al mismo tiempo que justificó el veto presidencial y ratificó su compromiso con la gobernabilidad: “el peronismo en su conjunto viene acompañando al Presidente en estos dos años y medio, y hay cosas con las que a veces no estamos de acuerdo y el Presidente está en todo su derecho y en toda su facultad de ejercer el derecho constitucional que tiene al veto. El que fija la política nacional es el presidente, el que da las pautas y los lineamientos en materia económica es el Presidente; él está en su derecho y es una decisión exclusiva de él (…) Cada vez que me convoque el presidente voy a estar. Esto tiene que ver con la gobernabilidad. Voy a ayudar a la gobernabilidad de este país”.
Unos días antes el ex gobernador y actual senador, José Alperovich, justificó su voto a favor de la ley antitarifazos apelando a su condición de empresario: “usted sabe que tengo empresas”, argumentó ante las cámarasa de la CNN. Al mismo tiempo volvió a manifestar su apoyo al “gran acuerdo nacional” que impulsa el gobierno de Macri para poder hacer pasar las recetas del ajuste que pide el FMI, y que deberán ser ratificadas en la Ley de presupuesto 2019.
Mientras tanto, en Tucumán continúan los tarifazos de los servicios de transporte y agua, que en los próximos días aumentará un 22 por ciento.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda, Alejandra Arreguez, sostuvo: “La justificación del veto presidencial por parte de Manzur demuestra que el peronismo seguirá siendo un aliado clave para las medidas que ajuste que se vienen. Si votaron a favor de la ley antitarifazos fue por el enorme descontento social que genera la escalada de los precios impagable de servicios esenciales como el agua, la luz, o el gas. ¿Por qué no implementan en la provincias la retracción de las tarifas en el transporte público o en el agua?. No podemos confiar en los cálculos electorales del peronismo, que aplica tarifazos, ajuste, y techo salarial en las provincias que gobierna. Al ajuste hay que derrotarlo en las calles, por eso exigimos a las centrales sindicales que rompan la tregua y convoquen a un paro inmediatamente y un plan de lucha para tirar abajo los tarifazos, para echar al FMI y su plan de ajuste, y dejar de pagar esta deuda fraudulenta a los especuladores”.

LID

Luis Franco: el último poeta campesino

A 30 años de su muerte, publicamos estas conversaciones inéditas con Guillermo Almeyra, a manera de homenaje a Luis Franco y a su generación de poetas, historiadores y militantes.

Luis Franco nació en Belén, Catamarca, en 1898. Cuando le tocó el servicio militar lo hizo en Buenos Aires, el cuartel inmediatamente le causó rechazo y viceversa. Pasó gran parte del tiempo en el calabozo a causa de su temperamento. Pero conoció la gran ciudad y si bien prefería el campo necesitaba buscar información en bibliotecas y librerías.
Así el joven Luis oficia de embajador entre la ciudad y la vida campesina, trayendo y llevando coplas, imágenes, ideas y medicinas, en un verdadero viaje en el tiempo, desde la precordillera de Catamarca hasta el puerto de Buenos Aires.
Luis vive su vida como intelectual cruzado fuertemente por los debates de nuestra historia e indaga diversos campos de la historiografía argentina buscando respuestas a los grandes dramas que azotan el país, haciendo importantes aportes.
Una tarde de otoño de 2012 Guillermo Almeyra* nos recibió en su casa, en el barrio de Pompeya, para charlar entre libros y cafecitos servidos por su gentil compañera sobre el historiador y poeta camatarqueño.
Las preguntas salieron todas juntas, las respuestas se fueron hilvanando entre anécdotas y recuerdos personales, históricos y discusiones políticas.
Cuando conociste a Luis Franco, ¿cómo era el clima intelectual y político de la época en que se conocieron? ¿Con quiénes más estaban? ¿Qué otro hecho o mención podrías aportar para darnos una idea más profunda de “la época” a que nos referimos?¿Como era él? ¿Que características podés contar? ¿Por qué pensás que Luis Franco está tan ausente de la historia de las letras argentinas, siendo tan importante?
Guillermo Almeyra: “El vivía en Ituzaingó. Ituzaingó era campo. El era un hombre de campo. Te lo encontrabas en la Av. de Mayo, en pleno centro de Buenos Aires, te lo encontrabas ahí, porque trabajaba en La Prensa, pero él era de campo. Vestido así nomás, no se preocupaba mucho, vestido urbano o campechano pobre, pero se vestía así nomás. En una época que todos se ponían la corbatita y el saquito, se engominaban y ponían el sombrero. El sombrero recién se empieza a acabar en los 50… Tenía también un quiste en la nuca, que no le daba importancia alguna. No lo afectaba la salud pero si la estética. El era una especie de “poeta campesino” y mezcla con bohemio, en una época donde se empezaban a acabar los poetas campesinos pero bohemios había a montones”.
Lo conocí a fines de los 40. Yo era militante trotskista desde el 48. Antes había sido secretario general de una corriente de Izquierda Socialista que fue expulsada del PS por trotskista, que si bien no eran trotskistas se apoyaban en el programa de transición de Trotsky. Era toda la Federación del Norte. Jujeños, tucumanos, como Barraza y Santillán que fue secretario de la FOTIA [Federación obrera tucumana de la industria del azúcar] y en Capital la juventud socialista, de la cual yo era secretario. Ese movimiento trotskista de León Trotsky que había sido asesinado hacía pocos años.
En esa época los trotskistas se alcanzaban a contar con las dos manos, y mucho más en el campo intelectual. Estaba “el loco” Liborio Justo que ya en esa época se iba yendo a vivir al Tigre. Estaba Luis Franco que era muy respetable. Existían otros que en su juventud simpatizaban con el trotskismo como [Ernesto] Sábato y algunos con inquietudes intelectuales como Adolfo Gilly [hoy historiador mexicano] y yo, que nos daba por la poesía surrealista. A él le iba mejor que a mí en ese terreno. Era la época en que llegaba Sartre y grandes discusiones sobre el existencialismo. Yo era un estudiante de Derecho que me metí a trabajar de obrero. Buscábamos gente con la cual se pudiera hablar.
Los que andábamos más o menos en el círculo del ’Teatro del pueblo’ y otros eran del Partido Comunista. Pero nosotros estábamos enfrentados a éstos, no solo por Trotsky que en esa época todavía era algo secundario para nosotros, sino por la posición del PC frente al peronismo, que decían que era un movimiento fascista. Nosotros decíamos que Perón sí era fascista, pero no los obreros peronistas y que en esa contradicción nos teníamos que manejar.
Era la época de la guerra Indochina. A mí y a Adolfo Gilly por ejemplo, el PS nos decían ’los indochinos’, protestando todo el tiempo contra la política infame del PS que mataban troskos allá y por el PC francés que aceptaba que en Indochina hubiese franceses. Y además porque el PC apoyaba a Togliatti [dirigente del PC italiano] en la reconstrucción capitalista de Italia, y nosotros creíamos que lo que había que desarrollar era la revolución socialista. Nuestra posición era socialista-luxemburguista, después nos hicimos trotskistas.
... (Luis Franco) andaba cerca de los diversos grupos trotskistas que habían funcionado cerca de los intelectuales y del Tortoni. A él le quedaba cerca del trabajo, estaba a unas cuadras del diario La Prensa y cada tanto se aparecía por ahí por el Tortoni, pero éstos eran unos charlatanes de siete suelas...
Entonces Franco aparecía por ahí de vez en cuando. Él era bastante antiperonista. Su preocupación central era el odio a Rosas. Cuando empezaba a hablar de Rosas, te parecía que por la cocina iba a aparecer el mismo caudillo con un cuchillo, con la mazorca para rodearte. Y el peronismo era rosista. El nacionalismo, el conservadurismo, el concepto cerrado de la historia, era rosista. Rosas era la continuidad de la colonia, era el terrateniente de Bs As... y era bastante antiperonista, no entendía mucho el peronismo.
El grupo nuestro y yo en particular no teníamos demasiado tiempo para discutir. Yo trabajaba en una fábrica y salía muerto. Era estibador, cargando bolsas todo el día. No iba por lo tanto a los cafés a la noche y además la vida esa era una pérdida espantosa de tiempo, una cosa de estudiantes. Y además era ridículo exponerse tanto. Una noche nos agarraron en una redada en El Imparcial.
A la casa de Luis Franco fui muy poco por la falta de tiempo y el viaje hasta Ituzaingó te llevaba una tarde. Cuando nos encontrábamos, la mayor parte del tiempo hablábamos sobre tres cosas: una, qué estaba pasando, intercambiamos visiones. Otra parte, sobre autores o movimientos. Era la época de Sartre y la diferencia con Camus dentro del existencialismo. Era la época también del auge surrealista. La poesía de Franco tomaba cosas del simbolismo, del romanticismo, algunas cosas del constructivismo, aunque no tenía nada que ver con estos movimientos.
En el mundo cultural era un outsider. Yo por razones familiares, mi tía era Victoria Ocampo, Bioy Casares también, yo me llamo Casares, en la casa estaba el Grupo Sur. Venía todos los días Virginia Dorado que era el brazo derecho de Victoria Ocampo. Bioy Casares era primo de mi madre, venía a cada rato. Y por el lado de mi padre, soy sobrino nieto de Oliverio Girondo, que era otra cosa. Y tenía relaciones muy estrechas, familiares, pero se cagaba en el Grupo Sur. Entonces, mi niñez y mi adolescencia se habían hecho en ese ambiente también.
Luis Franco era sapo de otro pozo. Era un hombre auténticamente catamarqueño, auténticamente nacional y original. Original en los dos sentidos de la palabra: por ser de aquí y por sus ideas. Original por su actitud ante la vida. Era lo que se dice, un original. Un tipo raro.
Yo entonces tenía 18, 19 años. A esa edad uno es demasiado ultimatista, todo es blanco o negro, querés que todo el mundo sea Lenin y si no es Lenin lo mandás a la mierda. Recuerdo sus observaciones justas y bien fundamentadas sobre el rosismo, porque él se había quedado fijado con eso.
Él tenía 20 años más que yo. Era un hombre muy campechano. Entonces no había problema... se discutía con el mate. Porque nosotros respetábamos a Franco pero no a Moreno, ni mucho menos a Milcíades Peña. Milcíades Peña era inteligente pero iba para cualquier lado. A Luis Franco le preguntaban cómo andaba con esos. Y entonces la discusión era a un nivel muy bonachón. Le decíamos, mire que lo están utilizando, usted le está dando un prestigio cultural, pero se está desprestigiando profundamente.
Era un hombre que tenía juicios políticos, de un socialismo de izquierda, difusos, con influencias trotskistas, pero más del clásico socialismo de izquierda. Y no tenía mucha discusión, muchas relaciones con otro, entonces no podía ni confrontarse ni avanzar mucho. Correspondía un poco a una fase anterior, donde las posiciones más avanzadas no tenían o una base práctica en el caso de los intelectuales, estaban muy aislados, o en el caso de los obreros como Mateo Fossa un apoyo teórico consecuente. Mateo Fossa era una especie de Luis Franco pero en el campo obrero y sindical. Luis Franco un intelectual de raza, y poeta. A los poetas no hay porqué exigirles un gran rigor político. Hay que exigirles sentimientos de solidaridad, sentimientos de comprensión.
Él era un cantor de la naturaleza, y en ese sentido se diferenciaba profundamente de la mayoría de los intelectuales de Bs. As., donde la naturaleza no existía. Salvo cuando iban a la estancia y aún así no la conocían. En ese sentido tenía viejas raíces clásicas, ¿no? desde los griegos. Y era mucho más sólido que muchos de los intelectuales de su época. Pero sus páginas políticas que yo recuerde, no.
A Victoria Ocampo o Bioy Casares, nunca los oí hablar de Franco, jamás. Claro que yo en ese entonces tenía 17, 18 años y cuando estos tipos venían a casa, estaba un rato y después me rajaba. No así con Oliverio, porque él era divertido. Pero con éstos era terrible, me escapaba. Yo ya empezaba a leer literatura marxista revolucionaria. Ya estaba por arriba de éstos, independientemente que también me interesaba mucho la literatura, pero no la de ellos.
En la cultura en general, más allá de estos autores particulares, Franco era visto como un outsider, como una mente brillante pero menor. Porque no lo comprendían. Y lo consideraban desde un punto de vista formal, precisamente porque era un poeta que formalmente utilizaba técnicas de los años 20 y no de los años 40, y tenía esa visión de la naturaleza.
Se la agarraban precisamente con la gente de Boedo, como González Tuñón. Pero para mí, Franco era mucho más poeta que González Tuñon. Era mucho más panfletario, se te graban las cosas, mucho más "miserabilistas", del chico judío, del chico tano pobrecito, de la escuela. González Tuñón tuvo una influencia grande en alguna gente, como Juan Gelman, que lo respeta mucho. Pero esta gente se la agarraba con G.T, como se la agarraba con Barletta. No hablaban mal de Arlt, porque Arlt estaba a caballo entre los dos grupos. Y a Franco, como dicen los mexicanos, lo ninguneaban. No lo atacaban, no lo tenían en consideración. A pesar de que era una figura que editaba en suplementos literarios de La Prensa y La Nación, que entonces tenían mucho peso en América Latina.
Este ninguneo se daba porque él no rendía pleitesía y no se quería integrar a ninguna de estas cosas. Para esta gente, que era todos "petimetres", él andaba como un croto, lo consideraban un bohemio, no le daban bola en ese sentido, porque era totalmente distinto. No era gente de café, de las tertulias, era un solitario. No había afinidades. No creo que lo conocieran bien tampoco. Porque Victoria Ocampo leía mucho, pero sobre todo introducía autores extranjeros desconocidos. Cumplía un papel en ese sentido. En un ambiente muy snob, la pequeñoburguesía de Bs. As.
Y tampoco había muchos contactos en el otro grupo, que era un grupo que oscilaba alrededor del Partido Comunista, aunque no todos eran del PC. Había algún anarquista como Castelnovo, pero anarquista literario. Castelnovo, era un obrero autodidacta, anarco, pero que andaba en el grupo con estos del PC, por la misma razón que los anarcos votaron por la Unión Democrática, junto con el PC y el PS, porque tenían en común el odio al peronismo, el desprecio por los obreros peronistas, consideraban que eran cabezas vacías".

Carlos Asseph
Marcos Cabero
LID

* Historiador marxista argentino que vivió muchos años en México.

Sergio Maldonado: “Quisieron quebrarnos de mil formas, pero seguimos luchando por Santiago”

A diez meses de la desaparición (y posterior muerte) del joven artesano en territorio mapuche de Chubut, su hermano habla de los ataques del Gobierno y el Poder Judicial, de la investigación y de cómo sigue su pelea.

“Hola, soy Sergio, el hermano de Santiago-Maldonado”, dice mirando a la cámara. Quizás aún piense que para mandar un mensaje a miles o millones de personas tiene que seguir diciendo quién es. Como si alguien se hubiera olvidado de esa cara y de esa voz.
“Este primero de junio se cumplen diez meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago”, agrega.
Y convoca desde sus cuentas de redes sociales. “Vamos a estar dando una charla, en la sede de la secretaría de Políticas Sociales, en 25 de Mayo, a las 19 horas, en calle 13 y 27, junto a Verónica Heredia, hablando de derechos humanos, y sobre todo del caso, informando a todos los que deseen saber, en una charla debate. El día sábado 2 de junio, a las 16 horas, nos concentramos en Plaza Sarmiento para marchar a Plaza Mitre. Vamos a pedir verdad y justicia por Santiago. Muchas gracias a todos”, finaliza.
Es más que probable que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, su secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas Pablo Noceti, su jefe de Gabinete Gerardo Milman; que el ministro de Justicia Germán Garavano y su secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj; y que el mismo Mauricio Macri arrojen al aire una sonrisa morbosa al ver y escuchar a Sergio en ese video casero.
Ni hablar del juez Guido Otranto, de su esposa Rafaela Ricono y de la jefa de su esposa, la fiscal Silvina Ávila.
Los responsables políticos centrales del crimen de Santiago (un crimen de Estado) posiblemente crean que tienen ganada la guerra de la mentira y la impunidad contra la verdad y la justicia.
Pero Sergio no les habla a ellos. El hermano de Santiago les habla a miles y millones de mujeres y hombres que saben muy bien quién es quién en esta historia y qué intereses defiende. A quienes marchan junto a él y su familia, pero también a quienes aún mantienen algún grado de incredulidad o pesimismo sobre el caso pero sí saben que Macri y secuaces no son para nada inocentes.
Hace diez meses Sergio empezaba a enterarse de que, como supo decir, para él comenzaba otra vida. Hace diez meses que se dedica a caminar cuanto sendero se le cruza, buscando algún dato, algún testimonio, algún cabo suelto en el plan oficial que al ser desentrañado le permita dar un paso más hacia la verdad de los hechos y de sus circunstancias.
Hace diez meses los Maldonado de 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires, se quedaban sin Santiago, el hijo que había decidido migrar con su oficio de tatuador y en otras tierras se encontraría, primero, con el compromiso social y político y, segundo, con la represión que ese compromiso genera.
Hace diez meses el caso se convirtió en sinónimo de crimen estatal, de impunidad, de encubrimiento y de cinismo ejecutivo-judicial. Pero también en una bandera de lucha inclaudicable, que en una acción común une pañuelos blancos con lonkos mapuches, patagonias con plazas de mayos y desaparecidos de ayer y de hoy.
A diez meses, los Maldonado marcharán por las calles de 25 de Mayo, las que vieron nacer y crecer a Santiago y las que lo vieron partir más vivo que nunca.
Antes, Sergio le contó a La Izquierda Diario qué piensa sobre el caso y sobre la sistemática campaña oficial contra él y su familia para quebrarlos y hacer que abandonen la pelea.
¿Por qué eligieron marchar esta vez en 25 de Mayo?
Porque somos nacidos en esa ciudad y toda nuestra familia reside ahí. Ahí nos criamos todos hasta los 18 años que nos fuimos. Por eso.
En el último mes hubo varias novedades, la recusación a la fiscal que hicieron ustedes, los pedidos de juicio político al juez Guido Otranto ante el Consejo de la Magistratura, la “novedad” que confirmó que se hicieron escuchas ilegales sobre la familia y testigos. ¿En qué momento del caso podrías decir que estamos?
Yo diría que todavía no empezamos. Porque necesitamos jueces, fiscales y gente que investigue en serio. En agosto ya decíamos que la investigación corría peligro y con el correr de los meses se fue dando todo en ese sentido. La aparición del cuerpo, que los testigos del caso no tuvieran las garantías necesarias para testificar, la persecución a la familia y los testigos, con espionaje y escuchas ilegales.
Todas esas irregularidades demuestran que cada día que pasa es más necesario que la investigación esté garantizada por un grupo de expertos independiente. Nosotros lo venimos pidiendo desde el inicio pero nunca aceptaron ese pedido.
¿El Estado se niega a aceptarlo?
Sí, permanentemente. Nosotros queremos que investigue un grupo de expertos como los que trabajaron alrededor del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de México, o los que participan en Colombia.
Cuando pedimos que pudieran participar expertos de la ONU, que llegaron a venir a dos reuniones en Argentina, el Estado y particularmente el Gobierno rechazó la propuesta. Particularmente quien la rechazó fue nada menos que el secretario de Derechos Humanos (Claudio) Avruj.
En todos estos meses lo que no dejó de avanzar es el ataque sistemático de las empresas periodísticas aliadas del Gobierno contra vos, tu familia y los organismos de derechos humanos. ¿Cómo están llevando eso? ¿Por qué creés que insisten?
Es claro que lo que intentan hacer es amedrentar a muchos que quieren seguir luchando y saliendo a la calle por verdad y justicia por Santiago. Pero a nosotros, como familiares, siempre nos va a tocar ir para adelante.
En nuestro caso, yo no tengo miedo a ningún tipo de “carpetazo” ni a ninguna otra cosa con la que pretendan hacerme correr de mi eje. En el caso de los organismos, deberían responder ellos respecto a qué ataques recibieron, cómo respondieron y cómo siguen la lucha por Santiago. Yo sé que cada uno tiene sus propias visiones y formas de encarar cada lucha. Pero nosotros siempre vamos a estar, en este caso, por delante de esas organizaciones muy solidarias. Porque si nosotros no estamos es muy difícil que alguien vaya a tomar la misma posta de lo que hacemos.
Y ahí a donde apuntan quienes nos atacan. Primero intentan sacar del camino a los que nos acompañan. Con algunos pueden avanzar, con otros no. Pero nadie más que los familiares puede tener esa fuerza para ir al frente. Por eso tienen que buscar desestabilizarnos a nosotros. En este caso a mí, que apoyado por toda mi familia soy quien avanza y sigue reclamando.
Por eso los ataques son tan directos y violentos
Claro. Por eso los ataques son directos. Así como en su momento era contra Santiago, cuando estaba desaparecido, intentando desprestigiarlo, difamarlo e incluso negarlo como lo negó el Estado; después de que apareció el cuerpo todos esos ataques se trasladaron contra mí.
¿Y qué pasa si todo eso a mí me tira abajo y yo no sigo más? ¿Cómo estaríamos hoy? ¿Quién saldría a pelear por Santiago en el expediente, en lo judicial? Posiblemente nadie.
Y si eso pasa entonces el Estado no es más culpable y no tiene más responsabilidades. Con el tiempo se borra todo y queda todo en la nada. Por eso, es lógico que me van a atacar todo el tiempo.
Y pareciera que el hecho de que no aflojes los enoja más
Quiere decir que les molesta. Por eso en cierta medida me tengo que sentir satisfecho por salir a reclamar y no bajar los brazos.

Daniel Satur
@saturnetroc

Legalizar las drogas también para prevenir adicciones

Diez policías de la Bonaerense detenidos por liberar zonas. Aumentan las causas de detenciones de jóvenes por tener un porro, mientras otros están sometidos a un consumo compulsivo.

Ante la detención de diez miembros de la Bonaerense por liberar zonas y extorsionar a comerciantes de barrios, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo aseguró:"Hoy no perdimos a policías, nos sacamos de encima a delincuentes. Como dijimos el primer día: el que mancha el uniforme, se va". Una frase pomposa sirve como campaña en tanto todo continúa igual.
Como todo el Gobierno de Cambiemos, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, acuden a la “rentable” campaña de inseguridad. Rentable, porque cuando no tienen ningún éxito de gobierno, los problemas de seguridad están ahí, a mano. Solo hace falta buscar algún caso marquetinero, para mostrar eficiencia y decisión para “combatir la inseguridad”. Rentable, también, porque bajo el pretexto de la inseguridad ejercen el control social y la mano dura contra los sectores más vulnerables.
Es vox populi que las fuerzas de seguridad, a las que el Gobierno armó hasta los dientes, están involucradas en el pequeño y gran delito. La Bonaerense tiene un poder territorial y está en las calles las 24 horas de día. Conoce el territorio mejor que cualquier puntero político y ningún negocio ilegal se ejerce sin su participación. Controlar políticamente a esta fuerza fue el anhelo de todos los gobernadores. Fracasaron tanto cuando diseñaron el control civil o las purgas. La Bonaerense ejerce su autogobierno.
No es que les interese la buena conducta de los uniformados, solo quieren controlarlos y ante esta imposibilidad, Vidal y Ritondo se propusieron objetivos menos “ambiciosos”. Por eso, la exoneración de algunos miembros de la policía es la mejor política para mostrar eficiencia mientras que nada cambia.
Nada cambia porque las pandillas que, por ejemplo, venden sustancias ilegales, lo hacen en complicidad con las fuerzas de seguridad.
Sin embargo cuando la Gobernadora, con su voz coucheada, dice “"Estamos del lado de los que sufren de ésta adicción y no de los que la promueven", no es más que una mentira. Según el Sedronar, la Argentina invierte 1,4 % del PIB para políticas antidrogas, de ese total destina 95 % para combatir la oferta y 5 % para superar la demanda. En otras palabras, el 95 % del dinero se utiliza para el control social: equipar a las fuerzas represivas y perseguir jóvenes que se fuman un porro en una plaza. Lo demostró el fiscal Federico Delgado que desde el 2011 elabora estadísticas sobre las causas que llegan a su fiscalía, donde registró que el 80 % los expedientes abiertos son por tenencia para consumo personal.
El 5 % restante del presupuesto está dirigido a asistir a las personas que tienen un uso problemático con el consumo de algún tipo de sustancias. El 0,17% del presupuesto general provincial 2018 está dirigido a asistir a quienes lo necesiten.

Legalizar, la única política realista

Hace 100 años se prohibía el consumo de algunas de las sustancias que hasta el momento eran de venta libre. El impulsor de esta política fue Estados Unidos, el objetivo: controlar los cuerpos. La nueva sociedad fordista precisaba incorporar nueva fuerza de trabajo, pero la necesitaba sobria.
Recién en la década del 70 el imperialismo yanqui exporta la “guerra contra las drogas”. El objetivo, nuevamente, fue el control social. Esta vez estaba dirigido a militarizar Latinoamérica.
La guerra contra las drogas resulto un gran negocio capitalista, que sobre la ilegalidad, se desarrollaron poderosos carteles de la droga.
Pero esta ilegalidad es también responsable de consumos problemáticos, que muchos de ellos no reciben asistencia. Según un informe de la oficina de drogas y delitos de Naciones Unidas en el mundo hay 250 millones de consumidores de drogas, de los cuales, solo un 11 % (27 millones) son considerados consumidores problemáticos. Para dar “respuesta” a este problema de salud ponen en marcha una maquinaría policial, militar, con despliegues de helicópteros, radares, aviones y cifras millonarias.
Por otro lado no es ingenuo que desatiendan los problemas de salud de un sector de la población. Karl Marx en El Capital se refería a la existencia estructural de una «población obrera sobrante». Decía que los capitalistas conservan solo una parte de ese ejército de reserva como fuerza de trabajo para nuevos ciclos de producción, en tanto al resto de esa población sobrante los arrojan a la miseria.
A este sector marginado gobiernos como los de Vidal, solo le reservan represión, y si padecen por el consumo problemático, la salud pública no será un destino para ellos. En cambio, en muchos casos, estos sectores vulnerables son utilizados por esas mismas fuerzas represivas como mano de obra para el delito.
Legalizar todas las drogas es la única política sería, no solo para combatir el narcotráfico, sino para que esas sustancias no estén adulteradas. Que frente a un uso problemático la respuesta sea de salud pública y no represiva.
La prohibición generó un negocio millonario y sangriento de los que se benefician los grandes capitalistas. Claro esta que su prohibición no evita que 250 millones de personas en el mundo accedan a ellas.
Legalizar todas las drogas, es parte de una política para combatir tanto el narcotráfico como el reforzamiento represivo del Estado que se apoya en este negocio. Legalizar las drogas y una política sanitaria para la atención de los consumidores en riesgo y la reducción de daños, es un derecho y una libertad todavía pendientes para los usuarios de sustancias. Mientras tanto la penalización a los usuarios es una herramienta que tiene el Estado capitalista para criminalizar a la juventud (sobre todo de los sectores populares).

Rosa D'Alesio
@rosaquiara

El acuerdo con el FMI agudizará aún más la caída de la actividad económica

La actividad económica tuvo un freno por segundo mes consecutivo (0,2% durante febrero, 0,1% en marzo respecto del mes anterior), de acuerdo a los datos del Indec.
La caída más significativa se concentró en la agricultura y ganadería con una reducción del 5,5%, como consecuencia de las menores cosechas por las adversas condiciones climáticas.
Si bien la construcción tuvo un alza del 5,9%, el porcentaje es bajo teniendo en cuenta que desde junio del año pasado venía creciendo a tasa de dos dígitos. Esto se debe a la reducción de inversiones del Estado en obra pública e infraestructura.

Freno a la obra pública

Nicolás Dujovne dio a conocer que se ajustará el presupuesto destinado a la obra pública en $ 30.000 millones. Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, de buen diálogo con el Ejecutivo, sabe que la parálisis de los proyectos viales y de infraestructura que motoriza el Gobierno afectará de lleno a su sector y habló de “incertidumbre” en la construcción.
En la estructura del Gobierno hay solo tres ministerios que ejecutan obra pública: Energía, Transporte e Interior y Obras Públicas. Dejará de invertir en infraestructura en los dos primeros. Los fondos que le tocan a Interior en principio no se tocarían como prenda de cambio con los gobernadores.
El gobierno apuesta a que el programa de Participación Pública Privada (PPP) sea una tabla de salvación para la obra pública. El jueves 17 se hizo la apertura de los sobres con las ofertas económicas para seis corredores viales, que suponen una inversión de U$S 6.000 millones.
La presentación llegó después de dos años de esta iniciativa por parte de las autoridades y de demandas de las constructoras locales y extranjeras para hacer al PPP más “atractivo” para las empresas.
El último de los beneficios fue destinar todo lo que se recauda al impuesto al gasoil al pago de los PPP. Por medio del Decreto 301/2018, Cambiemos definió “destinar a partir del 1° de enero de 2020 la totalidad de los fondos con cargo al Sistema Vial Integrado (Sisvial) al Fideicomiso Individual PPP que se constituya conforme lo previsto en el artículo 60 de la Ley 27.431 para el Programa Red de Autopistas y Rutas Seguras (RARS) con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas de conformidad con lo establecido en el artículo 23, inciso g) del Decreto 976/01”.
Este incentivo se sumó a otros que habían sido otorgados por las mismas razones: la chance de discutir diferencias en tribunales internacionales; los cambios impositivos que permiten eximir a los privados del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de Ganancias; el permiso para importar maquinaria temporariamente y sin costo; y la suba de los valores de los peajes una vez que estén terminadas las autopistas.
En la agenda siguen obras con una línea ferroviaria desde Vaca Muerta a Bahía Blanca, centrales térmicas, edificios para el servicio penitenciario, hospitales y hasta iluminación pública.
Son conocidos los reparos del FMI sobre esta forma de financiamiento, ya que el pago de estas obras será a través de un bono público, que los funcionarios de Cambiemos niegan que sea deuda pública. No obstante, se trata de un compromiso que asume el Estado.
Sin embargo, hay dudas sobre la efectividad de los PPP. Para Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción “no reemplazan a la obra pública, la complementa. El esquema de PPP es factible para obras de magnitud; para obras de menor monto, como la construcción de acceso al agua, cloacas, pavimento en un barrio o una escuela, no puede realizarse por PPP, se hace con obra pública tradicional. Esta es la parte que va a estar complicada”, dijo.

Poco control

La Auditoría General de la Nación (AGN) tendrá serias dificultades para controlar los PPP, lo cual privará de fiscalización apropiada a un conjunto de emprendimientos a licitar en los próximos años por un valor estimado en U$S 130.000 millones; deuda estatal que honrarán las próximas administraciones.
Una de las particularidades del sistema es que los emprendimientos no están bajo la Ley de Obra Pública, ni el reglamento de contrataciones de la administración nacional, con lo que el seguimiento de esos contratos no es competencia de los órganos de contralor habituales. Tampoco le cabe las pautas de cancelación en moneda nacional de deudas contraídas en moneda extranjera (artículo 765 del Código Civil y Comercial) ni la prohibición de indexación. Esto propicia que se consoliden obligaciones estatales en moneda dura y ajustables, con la consecuente imprevisibilidad sobre los futuros presupuestos públicos.
Este régimen de inversión jurídicamente particular fue creado por la Ley 27.328, sin embargo, hay precisiones de los contratos que quedan al arbitrio de cada ministerio público firmante.
El artículo 22 de la norma ordena a la AGN “incluir en cada plan de acción anual la auditoría de la totalidad de los contratos de PPP existentes, su desarrollo y resultado”. Pero esa orden excede las atribuciones naturales de la Auditoría, órgano colegiado que depende del Congreso de la Nación y que sus informes son siempre ex post, nunca en tiempo real. El propio presidente del organismo, Oscar Lamberto, reconoció que no cuenta con personal idóneo suficiente para cumplir esa misión.
Finalmente, la AGN acató la orden e incluyó en su plan anual de auditoría el análisis de los seis contratos que hasta ahora firmó el Estado. No obstante, el jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda, Ariel Sigal, reconoció que “no pasa un solo día en que un diario de Latinoamérica no muestre un caso que no funcionó el PPP, pero no por eso hay que dejar de intentarlo”, consideró.

Los PPP responden a cambios estratégicos en el capitalismo mundial

Edgardo Logiudice analiza los PPP en “El ceomacrismo, las Alianzas Público-Privadas y cambios estratégicos del capitalismo”, publicado en Herramienta N° 59, Primavera 2016.
Allí señala que la economía mundial está en recesión y ello acarrea dos problemas: inseguridad de los mercados y, lo más preocupante, peligro de ingobernabilidad. Para Logiudice, la economía de la deuda parece haber tocado techo. Las innovaciones tecnológicas, la economía colaborativa y las grandes cadenas globales de valor no parecen ser un lugar para que puedan alojarse los grandes flujos de capitales líquidos. Ni las tasas negativas del Banco Central Europeo, ni la hasta hace poco tiempo congelada y reducida tasa de la Reserva Federal de EE UU, han derivado fondos hacia la producción. Además la baja de las materias primas y los commodities ha dejado magullados a muchos negocios financieros y a las economías de América Latina. Los fondos no hallan lugares seguros. Entonces, inducen a los gobiernos, simples gestores de endeudamiento y recaudación, a asegurar inversiones con obras de infraestructura. Acá es donde van a aparecer los PPP.
Cita una publicación chilena de corte liberal, Nuevo Poder: “los inversionistas han decidido realizar un cambio en sus estrategias globales. Si antes lograr una mayor rentabilidad era lo que les quitaba el sueño, hoy lo que los mantiene despiertos es simplemente tener su dinero en un lugar seguro”.
En diciembre de 2014, el BM publicó la opinión del gerente para América Latina de su organismo afectado al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), dedicado a los PPP, donde decía: “AL se enfrenta a una desaceleración económica después de una década de bonanza […]. La situación ahora es cómo prepararse cuando hay que desarrollar grandes autopistas, acueductos o centrales eléctricas para cubrir la mayor demanda de servicios de los latinoamericanos”. Y continuaba: “Superar este escenario exige la construcción de bienes públicos para la estabilidad y el pleno empleo a nivel global […] y una nueva arquitectura financiera que reduzca la incertidumbre y la volatilidad generada por el apalancamiento excesivo y los movimientos especulativos de capital”.
En sintonía con esa estrategia, en 2015 la Casa de Altos Estudios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, publicó “Participación del sector privado en la infraestructura: oportunidades e instrumentos”, de Ariel Chirom y Alejandro Schachter. Allí señalan los bienes que tienen en la mira, el papel del inversor y el subordinado papel del sector público.
Comienza definiendo qué entienden por infraestructura: transporte, telecomunicaciones, agua, saneamiento, etc., es decir, los recursos básicos de cualquier nación que son de uso público.
Luego sugiere los mecanismos para atraer inversiones, porque no se trata de que el sector privado solo financie, también debe gestionar la producción o provisión del servicio, para lo cual se debe hacer cargo del proyecto en su totalidad otorgándole el Estado cierta libertad para buscar mecanismos y soluciones innovadoras en pos de mejoras de eficiencia. El sector público debe generar los incentivos correctos: brindar señales claras a los inversionistas de que los compromisos incluidos en los contratos serán cumplidos y mitigar el riesgo regulatorio. En primer lugar, renunciar al atributo del Estado de rescindir los contratos.
En segundo lugar, dejar la regulación de los servicios en manos de un órgano cuyos directivos puedan actuar con independencia, no solo con autonomía presupuestaria y administrativa, sino además no estar sujeto a los procedimientos generales del sector público. Hasta aquí lo público no aparece.
¿Cuál es entonces el rol del Estado y la ley? Deben garantizar todos los riesgos de la inversión. Por ejemplo, la adquisición de energía, esto se llama “contratos futuros de demanda asegurada”. El otro riesgo a garantizar es el de un ingreso mínimo, asegurar al inversor que haga su ganancia con los bienes públicos. Para ello propone un fondo de infraestructuras de garantías constituido a partir de activos suficientes para garantizar la confianza del inversor, pero administrado por alguna sociedad que se encuentre fuera del accionar del gobierno, preferiblemente extranjera.
La Ley 27.328 se inspira en estos presupuestos. Por eso fue celebrada por el estudio jurídico financiero Marval, O’Farrell & Mairal: “El régimen impulsado por el PEN implica un cambio de paradigma en la contratación pública, al excluirse o limitarse significativamente las prerrogativas de derecho público de la Administración (entre otras, el poder de modificar unilateralmente el contrato, la rescisión por razón de interés público…)”.
El artículo de Logiudice concluye que los PPP (Public Private Partnerships), según su denominación en inglés, bien pueden significar también Poder Político Privado.

II

La consultora LCG (Labor Capital Growth) proyecta “una marcada contracción de la actividad en el segundo y tercer trimestre y una recuperación recién a finales de este año o a principios del que viene”. Estima un crecimiento (techo) de 1,4% anual promedio en 2018”. Y enumera: el impacto en el consumo a partir de la caída de los ingresos reales derivados de la aceleración de la inflación post devaluación y una mayor incertidumbre, un menor aporte del crédito por tasas de interés muy altas, un todavía menor impulso fiscal ante la necesidad de sobre cumplir la meta inicial de déficit primario, inversores atentos a la dinámica de corto plazo demorando las decisiones de inversión de capital y menores proyecciones de crecimiento de Brasil, son todos factores que ayudan a explicar las menores perspectivas de crecimiento.
Por su parte, la consultora ACM señaló en su informe que “esperamos un freno en la actividad en los próximos meses por la extensión del fenómeno de la sequía, el impacto de la depreciación del peso y los recortes del gasto público para cumplir las metas fiscales”.
De 19 economías regionales que monitorea Coninagro mensualmente, una decena presentan signos de crisis (arroz, cítricos, forestal, hortalizas, leche, yerba mate, vino y mosto, papa, ovinos y mandioca) y dos -peras y manzanas y tabaco- directamente se definen “en crisis”.
Para Carlos Iannizzotto, su presidente, es determinante el aumento de los costos, en especial las alzas de tarifas y de combustibles. “[…] también el retraimiento en las góndolas pesa en la ecuación”, dijo.
A ese contexto, se le suma la sequía, con un impacto importante en la producción.

La sequía

Tanto la FAO a nivel regional como los grupos CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) informaron que el 87% de las empresas agrícolas y el 94% de las ganaderas que pertenecen a esos grupos y son de punta, “muestran impacto negativo producto de la fuerte sequía”.
La falta de agua generó pérdidas de área de 5,2% en maíz temprano; 8,6% en soja de primera; 18,4% en soja de segunda; y 13,4% en maíz tardío. El informe añade que el maíz temprano presentó un 54,2% de área afectada y la proyección de caídas del rendimiento fue de 20,8%; la soja de primera un 58,9% y 29,6% y la soja de segunda 66,8% y 47%, respectivamente. En las Bolsas se informan pérdidas equivalentes a unos U$S 5.000 millones a pesar del incremento de los precios, particularmente la harina de soja (soymeal) que es lo que realmente exporta la Argentina, junto con el aceite.
Un tema adicional fue que se desplomaron las ventas al exterior de biodiesel cuando el gobierno de Donald Trump le aplicó un arancel de 70% a las importaciones desde la Argentina y la Unión Europea tuvo una nueva arremetida contra la entrada del producto. El año pasado se exportaron 1,7 millones de toneladas y para este año se proyectan 600.000 o menos.
Para Pablo Adreani, analista de mercados agropecuarios, las pérdidas no son solo los 12 millones de toneladas de soja y las 4 millones de maíz. Una merma de 16 millones de toneladas equivale a reducir la carga de transporte de 533.000 camiones y una pérdida de ingresos para los camioneros de U$S 720 millones. Además se dejan de consumir 40 millones de litros de gasoil equivalentes a U$S 60 millones. Si agregamos la pérdida de ingresos directos e indirectos en las poblaciones urbanas, solo en el rubro camiones y microeconomía, tendrá menos ingresos por un total de U$S 1.000 millones.
La menor producción de soja implica una menor oferta para abastecer a la industria aceitera (se importará soja de Paraguay y 560.000 toneladas de EE UU para procesar), y el principal producto afectado será la harina de soja. La merma estimada de harina es de 6 millones de toneladas, afectando el saldo exportable de dicho producto, donde Argentina ocupa el primer lugar en las exportaciones mundiales.
Jorge Vasconcelos, investigador del Ieral, destacó un dato: en 2009 la pérdida de 15 millones de toneladas en la cosecha implicó una caída de 1,5% en el PBI. Por el lado del frente fiscal podrían perderse U$S 700 millones de recaudación.
La suba en el precio de la harina de soja también afecta a los consumidores en el mercado interno (feedlots, tambos, avícolas, etc.) que han visto incrementado el costo en U$S 250 millones. El incremento en el costo del maíz implica un encarecimiento entre consumo en campo e industria de U$S 455 millones. Sumando el aumento en los precios de sorgo, avena, alfalfa y cebada forrajera, el mayor costo entre todos llegaría a los U$S 1.000 millones. Es decir, no solo se reduce el ingreso de divisas en U$S 5.000 millones, sino que también se encarece el costo de producción de carnes y lácteos en U$S 1.000 millones. Y este mayor costo se trasladará a los precios al consumidor impactando al índice de inflación.[1]

Sigue la presión a los que menos tienen

A modo de ejemplo, tomemos el caso del pan. En febrero la bolsa de harina costaba 210 pesos y hoy está entre 750 y 800. Si ese incremento se trasladara a las panaderías el kilo de pan debiera oscilar entre 80 y 90 pesos. El presidente del Centro de Industriales Panaderos del Oeste bonaerense, Rodolfo Silva, reconoció que esto no es posible porque las ventas caerían de manera significativa. Vende el pan a 50 pesos y hay colegas en los barrios que lo tienen a 35 pesos para poder vender, aseguró.
Pero la suba de la harina, acelerada por la devaluación del 20% en la primera quincena de mayo, es solo un factor. También suben las tarifas de electricidad, gas, impuestos, el alquiler, la levadura. Al respecto, propone un precio fijo interno de la materia prima básica que reclama al Gobierno. “La bolsa de harina debe ser de entre 300 y 350 pesos”, explicó.
El 3 de abril el Boletín Oficial publicó un Decreto con las firmas de Mauricio Macri y Marcos Peña que señala que los productores pagarán las retenciones que rijan al momento del embarque, en lugar de las que rigen al momento de presentar las declaraciones juradas, lo cual permite reducir los montos que pagan las exportaciones de soja, favorecidas por la baja en las retenciones del 0,5% mensual. De hecho para esa fecha el sector llevaba declaradas exportaciones a futuro por solo 11.475 toneladas de la actual cosecha, frente a las 870.000 toneladas del mismo período del año pasado. Al cierre del mes de abril las liquidaciones estaban en niveles muy similares a las del año pasado, superando los U$S 6.000 millones.
El miércoles 23 se instaló la versión que el gobierno estaba evaluando revisar el esquema de retenciones para reducir el déficit fiscal como lo exige el FMI. Trascendió que analizaba detener la baja progresiva en las retenciones a la soja y volver a imponer una tasa del 10% al maíz y al trigo. Recordemos que el campo se vio beneficiado por la fuerte suba del dólar un 33% en lo que va del año más la suba de los precios que compensa la caída en la producción. Las retenciones servirían para captar parte de esa renta adicional y además permitirían ponerle freno a la suba de los alimentos en el mercado interno.
El jueves Nicolás Dujovne eludió pronunciarse sobre el tema, aunque señaló que “todas las opciones están sobre la mesa" para lograr el equilibrio fiscal.
El pronunciamiento de la Mesa de Enlace no se hizo esperar, solicitando una audiencia al Presidente y condenando cualquier cambio en el esquema de retenciones. El viernes Marcos Peña confirmó que no habrá cambios y aprovechó para ratificar la política tarifaria oficial.

Mario Hernandez

Fuentes: La Nación, Clarín, Clarín Económico, Página 12.

Nota:

[1] Para Clarín, la pérdida será aún mayor, aunque creemos que exagera. En su edición del 28 de mayo señala que “la última campaña está dejando pérdidas económicas gravísimas, que ya se calculan en torno a los 8.000 millones de dólares” que serían el resultado de las 30 millones de toneladas (20 millones de soja y 10 millones de maíz) que se “evaporaron”. Y todavía no terminó, ya que por ahora se cosechó el 80% de la soja y el 35% del maíz. Estima que de las 125 millones de toneladas registradas en la campaña 2016/7 este año habrá 98 millones de toneladas, lo que representa un 22% menos, según los últimos datos coincidentes de la Bolsa de Comercio de Rosario y del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina: este año faltarán ingresos por U$S 3.773 millones menos de harina de soja; U$S 1.633 millones por maíz en grano; U$S 1.462 millones de aceite de soja y U$S 1.126 millones por poroto de soja. También menciona al analista Pablo Adreani para quien “la devaluación no implica que el productor gane más plata, porque la sequía y las lluvias de comienzos de otoño implicaron costos mayores que la mejora de precio y tipo de cambio”. Por eso, cree que (ahí viene el toque de Clarinete) “un aumento de las retenciones no ayuda”.

1968: los albores del rock nacional y el Mayo cordobés

Tras el golpe de estado de '66 que derrocara a Illia de la presidencia, con la llamada "Revolución Argentina" comienza la dictadura militar encabezada por Onganía, con el apoyo del establishment, la CGT con Vandor a la cabeza y la complicidad de Perón quien, desde Madrid, aplaude el golpe manifestando públicamente que "era la única salida para acabar con el régimen corrupto que imperó en Argentina los últimos 3 años" y ordenó a sus seguidores "desensillar hasta que aclare".

Entre sus primeras medidas de gobierno el régimen de facto toma la decisión de intervenir las universidades para terminar con su autonomía, y en la fatídica "Noche de los bastones largos" desalojan a palazos las facultades de exactas y naturales y de ciencias sociales, que se encontraban ocupadas, reprimiendo ferozmente a estudiantes y docentes, dejando un saldo de 400 detenidos, decenas de heridos y el exilio masivo de intelectuales y científicos en la denominada "Fuga de cerebros".
A la devaluación del 40% en la moneda, el congelamiento de salarios, la persecución política y sindical y la suspensión de los convenios colectivos de trabajo se sumaron los reclamos estudiantiles y del arte y la cultura, dando inicio a la unidad obrero-estudiantil, clasista e independiente, que se fue formando y preparando para la semi-insurrección y enorme gesta popular encabezada por la clase obrera, en unidad con el movimiento estudiantil, que en el ’69 hirió de muerte a Onganía pasando por encima de las direcciones burocráticas y logrando el apoyo del pueblo pobre con los trabajadores a la cabeza: "El Cordobazo".
A esa enorme fuerza que logró amplio apoyo popular, venció a la policía en las calles y se replicaba en distintas ciudades del país, le faltó organización política; un partido de trabajadores que representara sus intereses para convertirse en una insurrección con pretensiones de derrocar a la dictadura de la burguesía y tener la seria intensión de tomar el poder con la clase obrera a la cabeza y un movimiento estudiantil politizado, ambos capaces de profundizar en su ascenso y unidad de acción.
Aún así, con esa relación de fuerzas tan dispar entre trabajadores y milicos mercenarios de las corporaciones y la iglesia gobernando a punta de metralla, se abre un período revolucionario que solo pudo ser cerrado por la burguesía a partir de 1976 y perpetuando un genocidio.
Con la doctrina de la seguridad nacional contra el enemigo marxista y la censura so pena de cárcel, muerte o exilio tocándole el hombro, comienza a formarse un movimiento contracultural con músicos que desafían las reglas y normas de la época.
Fuertemente influenciados por la música beat, la revolución sexual y las consignas del mayo francés, surgen bandas como Los Gatos, Manal, Almendra y Los Abuelos de la Nada, dando inicio a un debate cultural contra las fuerzas conservadoras de la doble moral y las buenas costumbres. Censurada en los principales medios de difusión por contenido (todo lo que atentara contra la doctrina eclesiástico-castrense era excluido por marxista) o por espacio (el 75% de la música que pasaban las radios tenía que ser autóctona y el rock local era considerado foráneo) este movimiento contracultural se abre paso ante el autoritarismo y comienza un período de gran creatividad en la escena local.
En esta etapa de disciplinamiento político-sindical para aplicar el liberalismo económico como objetivo central, en el que se dictó la ley de "conciliación obligatoria" (que se aplicaba en todos los casos y con la pistola en la cabeza) y regía el estado de sitio permanente, el arte y la cultura no podían quedar al margen de la política (nunca lo están), por eso la censura atacó a artistas de todas las disciplinas y nacionalidades como Alberto Ginastera, Manuel Mujica Lainez, Bela Bartok, Michelangelo Antonioni, el Instituto Di Tella, y muchos más.
En una etapa oscurantista en la que el Opus Dei y el ejército aplicaban su "normalidad" por la fuerza (estaba prohibido besarse en la calle, las razzias eran cotidianas en recitales, fiestas o cualquier lugar de reunión juvenil, las mujeres eran detenidas por usar minifalda y los varones que usaban pelo largo eran rapados por el "coiffeur" de la comisaría), estas bandas, inspiradas por el Mayo Francés y la cultura hippie alteraban los valores y objetivos de la iglesia y los milicos pero no eran una amenaza para el orden social impuesto ya que no se organizaban políticamente, pero eran la expresión de toda una juventud que empezaba a rebelarse.
"La Balsa" no iba a derrotar a "La Morsa" (NdE, así le decían al dictador Onganía). Para el conservadurismo eran bichos raros, pero mucho menos peligrosos que los miles de militantes que eran torturados en las comisarías, los dirigentes de base y estudiantiles asesinados. Eran pacifistas con ideas libertarias, individualistas al fin, frente a hombres de armas en el poder.
Sin embargo, su aporte contracultural, desde la música e idealismo humanista, estimulaba a los jóvenes a romper con las convenciones retrógradas y castradoras imperantes desde hacía siglos para comenzar a imaginar y visibilizar otro mundo posible.
En la escena local comienza a florecer el Under y con él una estética más contestaria, marginal y en muchos casos politizada por izquierda, que plantea la ruptura con el viejo orden social. A la revolución sexual y la experimentación con psicoactivos le suma a la cultura local las reivindicaciones por los derechos de las mujeres, el desafío a la autoridad, la rebeldía ante la prohibición.
Para ese entonces surge una comunidad hippie-platense integrada por músicos, artistas plásticos, intelectuales, actores, poetas y artesanos que en el ’68 comenzara a llamarse "La Cofradía de la Flor Solar". Aunque reivindicaba el "flower power", como tantos otros artistas de la época, presentaba una propuesta de colectivo artístico que no dejaba afuera la problemática social como era tendencia en quienes quedaban estancados en la salida ingenua (en el mejor de lo casos) de reivindicar únicamente los derechos y libertades individuales como entes aislados que no identifican el problema sistémico de raíz sino que cuestionan sus consecuencias y las interpretan como una cuestión de "conciencias" y "espiritualidades" más o menos elevadas.
Entre los primeros integrantes de "La Cofradía..." se encontraban Kubero Díaz, Rocambole, Jorge Pinchevsky y un joven Skay Beillinson, que venía de participar de las revueltas de Mayo en París, presenciando los métodos de acción directa y de los movimientos artísticos contraculturales de los jóvenes franceses dejándole una impresión que se reflejaría crudamente en el sonido y las melodías de la comunidad artística de La Plata de entonces y en su descendencia ricotera.
Así nacía el rock subterráneo en la escena local, como una manifestación artística y política que se oponía al sistema y su tiranía; una oposición de sonido crudo y tendencia revolucionaria que se abrió paso con su blasfemia entre púlpitos condenatorios y logró superar los límites impuestos por las botas canonizadas que promovían a Palito Ortega, Sandro, el tango y el folklore tradicionalista, entre otros productos, que la oficialidad promocionaba como sana cultura idiosincrática y hegemónica por designio de dios.
En ese contexto de lucha política entre la opresión del poder y la juventud que se rebelaba ante sus designios nacía el rock nacional en un traumático parto, fuertemente influenciado por el hippismo que se oponía a la guerra de Vietnam, la revolución cubana y las revueltas de París, con su rebeldía contestaria y anti-sistema a flor de piel.
Esa era su esencia antes que se lo comiera la industria y lo redujera a entretenimiento fetichista del mismo sistema que lo aborrecía y reprimía sus impulsos libertarios; pero esa es otra cuestión para discutir con los músicos de hoy que no se arrodillan ante el poder y mantienen al rock con vida, como una expresión íntima y más cercana de los jóvenes que padecen las injusticias del capitalismo que del brillo de sus vidrieras.

Hernán Maglioni

El Cordobazo abrió una nueva etapa, pero no cayó del cielo

Hace 49 años el Cordobazo expresó la experiencia de lucha acumulada por el movimiento obrero y de masas desde 1955 que fue un factor actuante en la crisis burguesa que recorrió aquellos años.

El golpe de Estado de 1955 que derrocó al gobierno de Perón se propuso abrir el camino a la penetración abierta del imperialismo norteamericano en el país tal como venía sucediendo en el resto de América Latina.
La entrada de capitales imperialistas exigía la eliminación de las conquistas obtenidas por los trabajadores en la época peronista que ponían un límite al aumento de esa explotación, avanzar en la “racionalización de la producción” y enfrentar a las organizaciones que imponían estos límites a nivel de las fábricas, las comisiones internas y los cuerpos de delegados. Esta ofensiva dio origen a la Resistencia de la clase obrera (1).
Cuando la resistencia se transformó en ofensiva en 1969 la lucha obrera y popular dio un salto cualitativo y se abrió una nueva etapa en el país.
La ofensiva imperialista y la crisis burguesa
Desde 1955, los distintos gobiernos debieron ensayar diversas formas para lograr su estabilización, lidiando con la resistencia obrera, con el peso del peronismo en la vida política nacional y con las contradicciones que generaba el impacto de la ofensiva imperialista sobre las clases dominantes nativas.
La influencia del capital imperialista se hizo predominante en la economía, pero ese predominio no se tradujo en hegemonía entre las fracciones burguesas dominantes ni mucho menos en el conjunto de la sociedad, entrando en contradicción con sectores de una burguesía nacional que, si bien estaba dispuesta a negociar los grados de sometimiento al imperialismo, se resistía a abandonar por completo sus posiciones. Estos elementos dieron forma a una crisis de hegemonía burguesa que se manifestó en las dificultades para consolidar un régimen de dominio estable y la permanencia de la “crisis orgánica” que recorrió la etapa(2).
Asentado sobre la proscripción del peronismo como dirección política de las masas trabajadoras y en la represión del conflicto obrero, el régimen debió basar su estabilidad en el rol de las Fuerzas Armadas, que intervinieron en la vida política nacional como “árbitro” garante del dominio burgués, asumiendo el rol de “partido militar” expresando, en un contexto de crisis del sistema tradicional de partidos, los intereses de los sectores concentrados de la economía. Así, a los ensayos de “retorno a la Constitución” bajo la custodia de las Fuerzas Armadas le siguió la intervención abierta del partido militar en la forma de golpes de Estado.
En última instancia, el país vivía en estos años una crisis proveniente de la ofensiva del imperialismo que obligaba a redefinir las relaciones de fuerzas establecidas, crisis que solo fue resuelta de forma más duradera con una nueva dictadura que, a partir de 1976, infringió una derrota contundente a la clase obrera y a los sectores populares.
Antes, las masas protagonizarán el ensayo revolucionario más importante de su historia.

El “Onganiato”: intento de resolver la crisis burguesa, ofensiva contra los trabajadores y los sectores populares

El golpe militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía intentó resolver la crisis orgánica a través de un gobierno bonapartista(3), basado en el partido militar como garante del dominio burgués para lograr una salida a la crisis nacional apoyándose en los sectores del capital más concentrados y para superar por esta vía la crisis burguesa. Frente a la clase obrera, la dictadura de Onganía se proponía completar los objetivos que los anteriores gobiernos no habían alcanzado.
Entre las primeras medidas estuvieron las destinadas a “eficientizar” el funcionamiento del Estado y para esto se buscó disminuir el personal público y racionalizar la administración estatal. Otras disposiciones también estuvieron destinadas a favorecer a los sectores más concentrados como la disminución de la protección aduanera, las transferencias de tierras públicas a manos privadas, el aumento de las tarifas de electricidad y la privatización de emisoras radiales y televisivas.
La aplicación de la política de racionalización de la administración pública comenzó por afectar a los trabajadores azucareros de Tucumán dando lugar a una intensa lucha que no logró frenar el ataque. También sobre los portuarios impactó la política racionalizadora del Gobierno que fue respondida con un paro de alcance nacional y la activa organización de los trabajadores. Los ferrocarriles fueron otro blanco del ataque pero las direcciones de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria terminaron acordando su participación en la gestión de las reformas, y la intervención militar impuso parcialmente la racionalización del sector.
En marzo de 1967 asumió Adalbert Krieger Vasena como ministro de Economía, un representante genuino del capital monopolista internacional, especialmente del imperialismo norteamericano. La política económica del Gobierno, de conjunto, implicó una redistribución de ingresos desde los trabajadores, los sectores medios y los sectores más nacionales de la burguesía a favor de los sectores más concentrados y ligados al capital extranjero(4).
Se llevó adelante una amplia integración con empresas transnacionales, que fueron llamadas a colaborar en la “modernización del país” mediante el aporte de capital y tecnología, en tanto el Estado emprendía inversiones destinadas a mejorar la infraestructura energética y vial, se renovaron los contratos con las firmas petroleras extranjeras y se renegoció un crédito con el Fondo Monetario Internacional.
Por su parte, la burocracia sindical, manteniendo su actitud conciliadora con el Gobierno, intentó presionar las negociaciones a través de esporádicas protestas y la convocatoria a un paro general el 14 de diciembre de 1966 y a un Plan de Acción a comienzos de 1967. El Gobierno respondió reforzando la represión en el marco del Consejo Nacional de Seguridad. El Consejo Directivo de la CGT decidió concluir con la protesta, mientras algunos de sus miembros renunciaban.
La burocracia sindical vandorista enfrentó una severa crisis, sin poder presentarse como una fuerza capaz de conservar conquistas económicas y sociales básicas, pese a su política conciliadora y la utilización de su táctica sindical de presión y negociación, que chocaba con la política represiva y no negociadora del Gobierno.
Tras saludar el golpe de Onganía y ofrecer todas las vías para una negociación, los dirigentes sindicales se encontraron en la disyuntiva de contener el descontento obrero ante la intransigencia del gobierno, evitando profundizar la crisis de credibilidad que comenzaban a sufrir mientras se desataba el ataque gubernamental. La cúpula sindical comenzó a resquebrajarse(5).
En este contexto de represión estatal, intentos de negociación y crisis de la burocracia, las acciones de los trabajadores se dieron en forma localizada, restringidas al ámbito de las unidades de trabajo y con escasa duración. Durante el año 1968 varios conflictos tuvieron relevancia, entre ellos los que se desarrollaron en YPF, en la gráfica Fabril Financiera y los que se produjeron en la industria automotriz(6).
Estas luchas son antecedentes inmediatos del Cordobazo, y aun a la defensiva y muchas de ellas derrotadas, constituyen parte de la experiencia acumulada por el movimiento obrero.

El movimiento estudiantil hacia el Cordobazo

El ataque de la dictadura contra los trabajadores se dirigió también a sectores de las clases medias; el plan económico del Gobierno impactó en el deterioro del poder adquisitivo y, en perspectiva, de las condiciones de vida de amplios sectores. Esta embestida provocó un fenómeno clave para comprender el ascenso obrero popular de 1969: el corrimiento a izquierda de importantes sectores de las clases medias.
A la ofensiva contra la autonomía universitaria(7) se agregaban las medidas “limitacionistas” que atentaban contra una serie de conquistas del movimiento estudiantil. Por ejemplo, en La Plata los estudiantes se movilizaron contra la reducción de los servicios sociales que brindaba la Universidad.
Así, a partir de reivindicaciones de carácter tanto corporativo como político, el movimiento estudiantil comenzó a desarrollar acciones con un alto nivel de radicalidad y combatividad, en un enfrentamiento con la dictadura que adquirió de manera paulatina un carácter frontal, articulado alrededor de la defensa de la autonomía y el gobierno tripartito universitario, la lucha por un mayor presupuesto y en contra de la represión y avanzando hacia la incorporación de reivindicaciones de tipo social que lo irán acercando al movimiento obrero como se expresará abiertamente a partir del año 1969.
Un amplio espectro opositor se estaba forjando contra el Onganiato abriendo la crisis del plan económico del Gobierno, empujando a la pérdida del apoyo de amplios sectores medios al régimen.
En marzo de 1969 se dieron movilizaciones estudiantiles en Rosario y Tucumán. En la provincia de Córdoba también se dieron luchas en distintos gremios: una marcha de protesta en varios centros vecinales por el aumento del costo de la vida contó con el apoyo del SMATA, Luz y Fuerza y Obras Sanitarias; a mediados de marzo los metalúrgicos locales realizaron un paro por la cuestión de las quitas zonales y en abril se movilizaron los maestros. Del 11 al 16 de mayo se desarrollaron una serie de movilizaciones en la ciudad de Corrientes. En Rosario se dieron multitudinarias manifestaciones de repudio entre el estudiantado y comenzaron a sumarse algunos obreros jóvenes: el 18, fue asesinado el estudiante Adolfo Bello.
Estas luchas estudiantiles fueron la antesala de las que llevarán adelante los trabajadores y que desencadenarán el Cordobazo. Aún hacía falta que el movimiento obrero se dispusiera a confluir ampliamente con estos sectores medios y estudiantiles que comenzaban a radicalizarse, lo que no sucedió durante la Resistencia. Es esto lo que ocurrirá a partir del mayo cordobés.

Alicia Rojo
Historiadora UBA

Notas:

1. Estos temas son extensamente desarrollados en el último capítulo de Cien años de historia obrera, de los orígenes a la Resistencia, 1870-1969, Ediciones IPS, 2016.
2. Ver para una definición de esta categoría en este contexto, Ruth Werner y Facundo Aguirre, Insurgencia obrera en la Argentina, 1969-1976. Clasismo, coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda, Ediciones IPS.
3. Ver Cien años…
4. La penetración del capital financiero gozará de un impulso notable. En estos años el Grupo Morgan, por ejemplo, con su The National City of New York se quedará con el Banco Argentino del Atlántico, el Banco de Bahía Blanca y el Banco Francés del Río de la Plata. García Lupo, op.cit., p. 74.
5. Ver el análisis del vandorismo y su ruptura, con el surgimiento de la CGT de los Argentinos en Cien años…
6. Idem.
7. Idem.

No sobran las universidades, los que sobran son ellos

Vidal y el FMI preparan un nuevo ataque a las universidades de la provincia

La gobernadora Vidal, desde un coqueto evento del Rotary Club, señaló que sobran universidades públicas en el Conurbano porque “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”. El contenido fachistoide y elitista sobre la educación pública expresa abiertamente su oposición al derecho universal al acceso a la educación superior de la juventud. Vidal, responsable de la pobreza de miles de jóvenes bonaerenses, ataca a las universidades de las cuales se valen los jóvenes para forjarse un futuro. Todo esto, con la finalidad de recortar el magro “gasto” que le representa a las arcas del Estado estos establecimientos educativos.
Las universidades del Conurbano fueron formalmente creadas por la Ley de Educación Superior menemista del año 1995. Por esta razón son conocidas como las universidades “de la LES” (Ley de Educación Superior). Esta Ley, de contenido profundamente privatizador de la universidad pública, fue sostenida por los gobiernos subsiguientes, e impulsada fuertemente por los gobiernos kirchneristas, quienes multiplicaron el apoyo a estas universidades como cajas de negocios de los punteros regionales dedicados a la generación de “recursos propios”. Al mismo tiempo, se utilizaron para vaciar la UBA donde había oposición a la adaptación a la LES y la evaluación por la Coneau (Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria). La LES impone títulos intermedios, cursos de ingreso, el pasaje de contenidos del grado gratuito a posgrados arancelados y, fundamentalmente, una línea en lo que respecta a la investigación, la enseñanza y las tareas de extensión, ligadas a las necesidades empresariales. Las famosas “prácticas profesionales supervisadas” -que deben cumplir los estudiantes para obtener el título-, no son más que la mano de obra gratuita de miles de jóvenes en diferentes ramas de la producción capitalistas. El intento de adaptar a la LES a las universidades como la UBA, se topó con la tenaz lucha de estudiantes y docentes, que bloquearon las avanzadas de los gobiernos y las camarillas universitarias dirigentes. En muchas universidades del conurbano, la lucha de los estudiantes y trabajadores de la educación ha permitido arrebatarle al Estado mejores condiciones de ingreso y de cursada.
Así como en las universidades nacionales más antiguas, las nuevas universidades dejan a miles y miles de jóvenes en el camino. Para tomar un ejemplo, sólo por causas socio- económicas, el 30% de los estudiantes de la universidad de Florencio Varela (la UNAJ) abandona sus estudios. A esto hay que sumarle muchas otras causas, como la imposibilidad de cursar por falta de bandas horarias, las cursadas “en bloque” y no por correlatividades que imponen pérdidas de años enteros y muchas otras restricciones que tiene la universidad.
Producto de la falta de presupuesto (el 95% sólo se usa para salarios), los estudiantes cursan en la mayoría del conurbano en malas condiciones: aulas pequeñas y superpobladas; una escasa oferta horaria haciendo que las materias se superpongan entre sí y generando el retraso del egreso. Por si fuera poco, Vidal hace demagogia con el boleto educativo, pero no le ha asignado al conjunto de los estudiantes del conurbano el boleto gratuito, lo que muestra sus planes de fondo.

El ajuste “a fondo” de Macri y Vidal

Las declaraciones de Vidal no son un rayo en cielo sereno. El ajuste y el recorte en los presupuestos, en este caso en la educación, están en sintonía con el recorte de la exclusividad de incumbencias a los títulos de 37 carreras universitarias, lo que prepara una desvalorización masiva de la mano de obra profesional como también la devaluación de los títulos universitarios en vías al arancelamiento de contenidos.
En la provincia de Buenos Aires se han cerrado 295 bachilleratos para adultos en todos los distritos, cerró 47 escuelas rurales y carreras artísticas; en la CABA Rodríguez Larreta quiere liquidar 29 institutos de formación superior en pos de hacer negocios privados y reducir costos laborales. Sumemos la “secundaria del futuro” que elimina el último año y manda a pibes y pibas a laburar a McDonald’s y otras empresas similares bajo pasantías truchas (trabajo gratuito).
Finalmente se inscribe en la paritaria de hambre que el gobierno nacional pretende imponer al conjunto de la docencia. Los docentes y no docentes son también víctimas de este ajuste brutal, la última propuesta paritaria -15% en tres cuotas- liquida los salarios en el actual cuadro inflacionario y devaluatorio lo que inmediatamente impacta en la educación de la juventud.

A la lucha junto a todos los trabajadores

La Unión de Juventudes por el Socialismo y el Partido Obrero rechaza las declaraciones de Vidal, guionadas por el FMI y los empresarios, y dispone sus esfuerzos en la lucha por una educación superior pública, gratuita, estructurada y organizada sobre la base de las necesidades del conjunto de los explotados. Organicemos asambleas interclaustro en todas las universidades de la provincia para organizar un plan de lucha junto con los docentes en defensa de la educación pública y gratuita. Defendemos las Universidades de la Provincia de Buenos Aires como método para transformarlas. Cada avance en la universidad ha sido producto de grandes luchas. La transformación de la Universidad vendrá de la mano de la unidad de la lucha con los trabajadores.
Convocamos al conjunto de los estudiantes a poner en pie una enorme tribuna de denuncia el próximo 11 de junio en Córdoba en el marco de la conferencia privatista de los rectores de Latinoamérica y el Caribe, que a 100 años de la reforma, vienen por una contrarreforma anti-educativa que tiene como eje central la privatización, la degradación y destrucción de la universidad pública.

Juan Pablo Rodríguez y Santiago Spo

El veto, expresión de una gran crisis política

El choque al interior de la “coalición del ajuste” revela que ese régimen de agresión a las masas ha ingresado en un acelerado proceso de disolución política y económica.

La sanción de la ley que recorta el último tarifazo, de un lado, y el veto que la anula, del otro, expresan un choque al interior de la “coalición del ajuste” -o sea, el régimen de agresión a las masas encabezado por Macri y los partidos de la seudo-oposición. Pero este choque revela que ese régimen ha ingresado en un acelerado proceso de disolución política y económica. Si los tarifazos dispuestos en abril pasado ya resultaban socialmente intolerables, lo que se viene después de la corrida cambiaria y el dólar a 25 pesos es un “tarifazo sobre el tarifazo”, puesto que los valores de la energía y los combustibles se encuentran dolarizados.
Sin embargo, esa misma desvalorización del peso -que empuja las tarifas hacia arriba- aún no ha concluido, y el propio FMI es su principal fogonero. En las negociaciones de estos días, los funcionarios del organismo reiteraron que “el acuerdo stand by no podrá ser utilizado para cubrir una corrida cambiaria, y mucho menos para financiarla” (Ambito, 30/5). Para ello, “el gobierno deberá comprometerse a sostener un tipo de cambio competitivo” (ídem). Sin que el rodrigazo desatado hace dos semanas haya desplegado todavía todos sus efectos, la ‘salida’ fondomonetarista anticipa un mazazo inflacionario aún superior. De cara a la inmensa convulsión que se viene, el impasse del régimen ajustador no puede ser mayor. Más allá de las chicanas al macrismo, el ultramezquino recorte al tarifazo votado por los senadores expresa el terror a una rebelión popular contra los aumentos, ello, después del antecedente de las jornadas de diciembre contra la reforma previsional. ¡El propio gobierno que veta el recorte al tarifazo ha dispuesto un congelamiento de las naftas por 60 días! Pero si este intervencionismo prospera, el gobierno dinamita sus últimas posibilidades de financiamiento internacional. Es este mismo impasse el que recorre al Macri brasileño, en estas horas, de cara a la huelga de las patronales camioneras contra los tarifazos en los combustibles. La decisión de Temer de moderar los aumentos no disipó las protestas -pero llevó al derrumbe de las acciones de Petrobras. En definitiva, el macrismo debe perpetrar la tarea devastadora del rodrigazo, pero sin los recursos políticos para llevarla hasta el final.

Bloque opositor

La naturaleza del bloque opositor que redactó el ‘recorte al tarifazo’ está retratada en su propio proyecto. La ley de Massa-Pichetto convalida los gigantescos aumentos del gas y la luz que se llevaron adelante en 2016/2017, del orden del 1.000 al 1.500%. El recorte “opositor” deja intacta esa inmensa confiscación, y a todo el sistema de privatizaciones. Sobre esa base, el gobierno transitó por intensas negociaciones con los senadores. En la decisión final del pejotismo ha pesado una cuestión política de fondo, la de demarcarse de un gobierno colapsado. Lo hicieron, claro está, a sabiendas de que el mezquino recorte tarifario sería vetado y, por lo tanto, no afectaría a la marcha general del ajuste que ellos han caucionado. Por caso, el “desplante” de los senadores ha convivido con el respaldo estratégico de todos ellos -y de sus gobernadores- al acuerdo con el Fondo Monetario, y el respaldo a que no pase por el Congreso. En su momento, el rol de estos “opositores” podría implicar también el ingreso a un gabinete de coalición o unidad nacional, si el proceso de disolución económica se reabre con dimensiones mayores y conduce a una crisis de gabinete y de régimen de alcance más general.
En otro plano, este bloque del “recorte tarifario” ha servido de pretexto para una asimilación más completa del kirchnerismo al pejotismo, subrayada en las semanas anteriores por expresiones de CFK contrarias a postularse en 2019. El pregonado “frente antimacrista”, incluso si llegara a superar las pujas de candidaturas, se encuentra liderado por los Pichetto, Massa, Urtubey o Gildo Insfrán -o sea, el elenco de socios provinciales y parlamentarios del macrismo, con un kirchnerismo acomodado a su interior. Para la burguesía, este frente constituiría una tentativa de rescate de las “conquistas” antiobreras y antinacionales cosechadas por el macrismo en estos años, desde la garantía a los acreedores internacionales -a través de un plan de refinanciamiento de la deuda externa- hasta los propios tarifazos. En el armado del pasado 25 de mayo, el kirchnerismo se preocupó muy bien de ocultar el contenido de este frente en grado de tentativa, detrás de la música, los artistas o dirigentes de derechos humanos. A contrapelo de muchas manifestantes presentes, el documento de esa “unidad opositora” ignoró la reivindicación crucial del aborto legal. Es que el Vaticano está metido hasta los tuétanos en esta operación política. El frente Vamos, que reúne a los “muertos vivos” de la centroizquierda argentina, pretende jugar de obstáculo al desarrollo de una izquierda de independencia política de la clase obrera y, a su turno, jugar como variante izquierdizante del bloque opositor de la burguesía.
Los que se prueban “el traje de 2019”, sin embargo, fingen desconocer los choques y crisis políticas que tendrán que atravesar hasta entonces, y el efecto desintegrador que tendrán esas crisis sobre los bloques políticos que contribuyan a rescatar al capital internacional y a los privatizadores.

Reacción obrera

La “unidad opositora” bajo la batuta del pejotismo ya tiene sus manifestaciones sindicales. Yasky anunció la intención de disolver su CTA en una CGT dirigida por el moyanismo y la Corriente Federal. La política de este bloque es conocida: no hacer olas hasta 2019 y contribuir a un relevo electoral a manos del peronismo. Micheli ha montado una elección de una fracción de la llamada CTA Autónoma, con el mismo derrotero, puesto que plantea la unidad con la de Yasky. Por su parte, el triunvirato “vaticano” gana las calles de la mano del Episcopado, con una política asistencial para acompañar la hambruna del ajuste fondomonetarista. Después del 21F, este bloque aisló rigurosamente a todas las luchas que se batieron contra los despidos y los techos salariales. Esta política no descarta un paro aislado, que podría tener lugar como respuesta al veto presidencial -pero carece de toda pretensión de derrotar al gobierno del FMI en base a la acción de los trabajadores.
En oposición a esta parálisis, emerge con toda su fuerza la victoria de la huelga docente neuquina, la cual, empujada por las asambleas de base, rompió los techos paritarios y arrancó la indexación del salario con el método de la huelga general y los piquetes, aún cuando su reclamo iba más allá en función de una recomposición. Un plenario de sindicatos y delegados de base, convocado en apoyo a esta huelga, sirvió de impulso final para consagrar esta victoria. Pero entroncó también con otra gran convocatoria de alcance nacional: la que realizó el Sutna a los sindicatos combativos y el clasismo, para poner en pie de lucha a los sindicatos y batallar por una nueva dirección en el movimiento obrero. Es necesario empeñar todos los esfuerzos para que este plenario, convocado para el 23 de junio, se convierta en un polo de referencia para todos los luchadores, delegados y activistas que están pugnando por abrir un rumbo de lucha frente al cepo burocrático. La lucha por un congreso de delegados mandatados por asambleas de base de todas las centrales y sindicatos es un gran planteo de recuperación de los sindicatos para una política de clase, y hacemos de ella un método para la propia convocatoria al 23, promoviendo reuniones previas y mandatos de fábricas y gremios.
La agenda inmediata tiene otro gran pilar en la lucha por el aborto legal, que se dirimirá en las próximas semanas. Una victoria de esta reivindicación crucial será un golpe a todos los partidos que han sostenido y sostienen el plan de guerra contra los trabajadores, y que -como parte de ello- son aliados de hierro del clero. Por otra parte, una victoria de esta reivindicación que acaba de arrasar en el plebiscito irlandés, reforzaría la oposición popular al régimen. Con estas banderas, marcharemos el 4J -“Ni una menos”- y el 13J al Congreso, a la sesión de Diputados.
En medio de esta enorme crisis nacional, que prepara episodios mucho más agudos, el Frente de Izquierda tiene la responsabilidad de apuntalar la acción de los luchadores y el clasismo por poner en pie a los sindicatos, y de desplegar una acción política integral que presente un programa y una salida de los trabajadores al nuevo derrumbe nacional perpetrado por el macrismo y sus cómplices.

Marcelo Ramal

Lo que dejó la Marcha Federal

La Marcha Federal organizada por el triunvirato San Cayetano (CTEP, CCC y Barrios de Pie) finalizó esta tarde con un acto multitudinario en Plaza de Mayo. En la previa, varios colectivos fueron parados y requisados por las fuerzas represivas, que además saturaron de vallas el centro porteño.
Si bien la estación terminal del recorrido era originalmente el Congreso, para presionar por la sanción de cinco leyes sociales, el cambio del recorrido hacia el corazón del poder político fue precipitado por el veto de Macri a la ley que limitaba los tarifazos y que aprobó el Senado en la madrugada del jueves. Frente a este giro, el Partido Obrer, crítico de la orientación conciliadora del triunvirato San Cayetano, participó de la jornada en la columna independiente que formaron las organizaciones del Frente de Izquierda y el sindicalismo combativo, en la cual estuvieron presentes –entre muchos otros- trabajadores del subte, INTI, docentes universitarios y de Cresta Roja.
El salto en la crisis del modelo económico oficial no sólo ha provocado un choque al interior de la “coalición del ajuste” entre Macri y los gobernadores peronistas sino que tiene también su impacto en la relación del gobierno con los movimientos sociales. El triunvirato, que supo compartir una mesa de diálogo con la ministra Carolina Stanley y representantes de la Iglesia, ha debido asumir una actitud más opositora. Daniel Menéndez (Barrios de Pie) dijo en su discurso que “el veto (presidencial) es una señal muy complicada porque rompe todos los puentes de diálogo”.
El triunvirato de la CGT estuvo en el acto y también formaron parte de él Pablo Moyano y Sergio Palazzo (que dirigió un saludo a los presentes), Hugo Yasky y Roberto Baradel, y un sector del PJ (Gustavo Menéndez, titular del PJ bonaerense, y el intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, entre otros). La Pastoral Social de la Iglesia avaló el evento. En el palco también estuvieron Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Baradel anunció el paro de las CTA para el 8 de junio. La burocracia de la CGT, en tanto, anunció que habrá una medida de fuerza, que tendría fecha en los próximos días, pero que en caso de concretarse sólo sería concebida como un modo de descomprimir la inmensa bronca popular ante el tarifazo y la devaluación de estas semanas.
Menéndez, de Libres del Sur, se pronunció en su discurso por un paro nacional, pero los oradores del triunvirato sostuvieron la política de contención que tiene esa formación influida por el clero. En ese sentido, el líder de Barrios de Pie reprochó al gobierno “poner en peligro la paz social”. Por su parte, Esteban “Gringo” Castro, de la CTEP, dedicó buena parte de su intervención de cierre a elogiar a la Iglesia y resaltó que el motivo central de la convocatoria era la lucha por la aprobación de las cinco leyes (Emergencia Alimentaria, Urbanización de Barrios Populares, Infraestructura Social, Agricultura Familiar y Ley de Adicciones).
Solamente el Frente de Izquierda, de manera independiente, levantó el planteo de un paro activo nacional para quebrar el veto de Macri y el pacto con el FMI.

Prensa Obrera

Alejandro Olmos Gaona: “Vamos inexorablemente a una crisis de la deuda”

El regreso del FMI

Poco nuevo bajo el sol

En los últimos tiempos se viene hablando de los cambios en el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuestionado en estos años desde diversas posturas ideológicas. Sin embargo, los cambios discursivos generaron transformaciones mucho más tibios en los hechos. El desembarco del Fondo en Argentina es observado en diferentes latitudes ya que los resultados de su intervención revelarán hasta qué punto la institución ya «no es la misma». Por el momento, su canción trae a la mente pasados más o menos recientes. Y su melodía sigue siendo el ajuste.
Desde su asunción a finales de 2015, el gobierno argentino avanzó en una agenda de reformas pro mercado, para lo cual reinsertó al país en los mercados internacionales de capital. La resolución del litigio con los fondos buitres merced a una generosa oferta, rehabilitó el mecanismo de colocación de bonos en el exterior, hecho que se consolidó como la principal vía para financiar los crecientes déficits fiscales y de cuenta corriente, así como la persistente fuga de capitales.
Durante los dos primeros años, las bajas tasas de interés internacionales y la liberalización cambiaria alentaron la emisión de 88 mil millones de dólares de nueva deuda externa pública y privada (equivalentes al 13% del PBI).
Pero la combinación de una suba de la tasa de interés global, la advertencia de una saturación de deuda argentina en los inversores internacionales, el aumento de la meta de inflación estimada por el gobierno y la inminente renovación de Letras del Banco Central (Lebac) equivalentes a la mitad de las reservas en un contexto de apreciación cambiaria real, erosionó la confianza de los inversores externos sobre la capacidad del gobierno de sostener el tipo de cambio, lo cual motivó una crisis cambiaria. Para frenar la corrida, que demandó más de diez mil millones de dólares de reservas y generó una suba del 25% del tipo de cambio, el gobierno anunció apresuradamente el interés por suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por entre 20 y 30 mil millones de dólares, el primero en 18 años.
La intención inicial de suscribir una Línea de Crédito Flexible que provee alto acceso sin condicionalidades a países con fundamentos macroeconómicos sólidos fue rápidamente neutralizada y, en su lugar, el organismo ofreció el clásico Stand By, que incluye metas cuantitativas fiscales, monetarias y de deuda, y condicionalidades estructurales cuyo cumplimiento se evalúa en revisiones periódicas.
Tres motivos permiten comprender el regreso a los créditos del FMI. Primero, el Fondo posee interés en prestarle a la tercera economía de la región, con el doble objetivo de apuntalar su regreso a América Latina (se trataría del primer crédito condicional del FMI a un país del Cono Sur en once años, luego del último programa con Perú en 2007), y justificar la utilidad de sus 1.35 billones de dólares disponibles entre cuotas y acuerdos de financiamiento, de los cuales sólo tiene prestados el 4,5%. Segundo, a través del «sello de aprobación» que otorgan los programas del FMI, el gobierno busca restablecer la confianza de los inversores privados a fin de frenar la corrida cambiara y así recuperar el financiamiento externo. Tercero, la percepción oficial de que el organismo ha hecho una autocrítica y sus programas no incluyen las condiciones ortodoxas y el sesgo de austeridad que los caracterizaban hace décadas.
En las líneas que siguen desarrollaré el tercer punto. ¿Estamos frente a un FMI menos ortodoxo y con mayor sensibilidad social? Si es así, ¿cuánto y dónde cambió?
Luego de la crisis financiera, el FMI incrementó sus recursos financieros, creó líneas de crédito precautorias sin o con baja condicionalidad ex post (la Línea de Crédito Flexible y la Línea Precautoria de Liquidez, respectivamente), y profundizó la reforma de su política de condicionalidad iniciada en 2002. Con el fin de reducir el estigma asociado a sus préstamos, buscó reducir la cantidad de condicionalidades incluidas en los acuerdos, flexibilizar algunos criterios formales, y concentrarlas en las áreas centrales de su incumbencia: temas fiscales, cambiarios, monetarios y financieros.
Durante los primeros años posteriores a la crisis, el FMI aprobó cuantiosos programas concentrados en la periferia de Europa y se mostró dispuesto a adaptar los acuerdos según las necesidades de cada país, aunque sin resignar el sesgo ortodoxo pro cíclico. A partir de 2011, la agenda de la consolidación fiscal de los países acreedores se contrapuso a las políticas de estímulo a la demanda que sostenían los países en desarrollo. Desde entonces, el Fondo muestra un discurso aggiornado, pero debido a la resistencia política e intelectual de los países centrales y sus funcionarios –respectivamente- a que permee los parámetros de evaluación, la orientación de sus recomendaciones evidencia más continuidades que cambios.
En los años recientes, investigadores del FMI como Jonathan Ostry pusieron en cuestión algunos mantras neoliberales al señalar que los controles de cambios son útiles para amortiguar los shocks externos, el ajuste fiscal puede profundizar la recesión, hay que promover la reducción de la desigualdad ya que limita el crecimiento, y hay que evitar el impacto social del ajuste sobre los sectores más vulnerables mediante pisos de protección social. Se trata de recomendaciones prudentes para la heterodoxia, pero transgresoras en una institución con un marcado sesgo neoclásico.
Sin embargo, esos avances discursivos generaron cambios mucho más tibios en los hechos.Los acuerdos recientes muestran que el FMI se ha vuelto más tolerante a la incorporación de controles a la cuenta de capital, pero reserva las políticas fiscales de expansión de la demanda sólo a aquellos países que poseen margen fiscal para hacerlo, que en su mayoría son los desarrollados. El anuncio del presidente argentino Mauricio Macri sobre la necesidad de acelerar el ajuste expresa una convergencia con el staff del organismo en este punto. Por otra parte, la fuerte ortodoxia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que desmontó los controles cambiarios impide, irónicamente, aprovechar una de las pocas ventanas heterodoxas del Fondo. Si bien se ha creado espacio para la implementación de políticas alternativas en el corto plazo, en especial en el campo fiscal y en la regulación de capitales, es difícil interpretar el giro dado hasta el momento como un quiebre en la visión económica ortodoxa tradicional del organismo.
Respecto a la cantidad de condicionalidades estructurales, si bien han disminuido con relación al pico de comienzos de los 2000, están lejos de haberse desvanecido y se mantienen en niveles semejantes al de la década de 1990, con el agravante de que se incrementaron en los últimos años. Esta preocupación es compartida por la propia Oficina de Evaluación Independiente del FMI en un informe reciente.
El creciente enfoque en la protección social también encuentra obstáculos para cimentarse, ya que su implementación suele verse afectada por las exigencias de austeridad incluidas en los mismos programas. Desde finales de la década de 1990 el Fondo promueve en los países de menor desarrollo la inclusión de medidas para reducir la pobreza, pero sólo la mitad de éstas fue cumplida debido a la falta de capacidad de los países deudores o a que están incorporadas de manera superficial en los programas. Así, muchas veces las medidas que contemplan sostener pisos de gasto social no pueden cumplirse porque se privilegia la implementación del ajuste fiscal. En el mejor de los casos, se trata de condiciones que tienen una importancia secundaria comparadas con las metas cuantitativas macroeconómicas.
Por último, en relación con las condiciones laborales como los límites a los salarios públicos o las reformas laborales y/o previsionales, si bien discursivamente tienen un lugar marginal en el discurso del FMI, en línea con el objetivo de concentrar las condiciones en las áreas de responsabilidad central, muchos programas posteriores a la crisis incluyeron límites a los salarios públicos y reformas laborales o al sistema previsional, tal como la aprobada en Argentina a finales de 2017.
El FMI ha regresado a la Argentina. Y, si bien aggiornada, la canción se parece bastante a la de ayer.

Pablo Nemiña
Nueva Sociedad

Macri vetó la ley del Congreso y mantiene el tarifazo: se viene el paro general

El presidente argentino Mauricio Macri vetó en la mañana del jueves 31 la ley sancionada la noche anterior por el Senado para retrotraer las tarifas de los servicios públicos a 2017 y prohibir su actualización por encima del índice de variación salarial, lo que acelerará el paro general anunciado por las centrales sindicales.
El jefe de Gabinete Marcos Peña anunció que "ya está vetada" porque la ley “es irresponsable”, y en una interpretación constitucional sui generis agregó que "fijar tarifas no es función del Congreso" y que “va en contra del federalismo, va contra los intereses de las provincias y no lo podemos permitir”.
Los incrementos de luz y gas, desde que Mauricio Macri asumió el gobierno en enero de 2016, llegarán a fin de año a 1.768 y 1.519 por ciento. “Los aumentos de las tarifas están subiendo muy por encima del promedio de la inflación y no tiene nada que ver con el movimiento del salario”, sino con las exigencias de las empresas privadas y trasnacionales, señaló el director de CEPA, Hernán Letcher.
Se suman al vaciamiento de los bolsillos ciudadanos los aumentos autorizados en los últimos dos años en medicina prepaga (97%) y peajes (340%) y los incrementos acumulados hasta junio de este año en combustible (110% más un nuevo aumento a aplicarse de inmediato) y transporte colectivo (232%).
El veto será un incentivo para la unidad sindical. Los sectores que promueven la medida de fuerza entienden que el veto presidencial dejará sin argumentos a los más dialoguistas: La dirigencia sindical se reunió el miércoles con el titular de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones para hablar “sobre el presente que atraviesa el pueblo trabajador y unificar posturas para el trabajo conjunto”, pero trascendió que también conversaron sobre el paro general.
Peña volvió a responsabilizar al gobierno anterior por los tarifazos que la actual administración decidió aplicar: “Lo que se votó fue la política tarifaria del kirchnerismo, de mentira y vaciamiento del sistema energético”, dijo y sin que nadie se lo preguntara lanzó que “Cambiemos va a ganar en 2019, porque la mayoría de los argentinos quieren seguir con el cambio”.
La hoy senador y expresidente Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “ahora los ciudadanos son los que subsidian a las empresas” y que “no hay recursos para subsidiar a los ciudadanos, pero sí tenemos para compensar a las petroleras”.
Miguel Pichetto, un senador justicialista con buena relación con el gobierno fustigó las maniobras mediáticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo y lo instó a replantear su posición inamovible en este tema: “Este es un mensaje del Congreso de la Nación al Gobierno. Aunque veten la ley, revisen y modifiquen la política tarifaria.”
Peña, por su parte, también insistió en que la decisión del Senado “es irresponsable porque no fundamenta de dónde se va a pagar aquello que se votó ayer”. Lo que quiso decir fue que el texto de la norma no especifica de dónde se van a tomar los fondos para cubrir el “agujero” de ingresos que el freno a los tarifazos dejará en las arcas del Estado (unos 130 mil millones de pesos , 5.200 millones de dólares según el oficialismo) que el gobierno le gira a las empresas).
Dijo que “hay peronistas que malinterpretan las encuestas porque creen que el malhumor (social) producto del esfuerzo implica que los argentinos quieren volver atrás. (…) “Estamos diciendo la verdad y la gente no come vidrio. Recomendamos no subestimar la razón por la que estamos en el gobierno”, concluyó ante los periodistas.

Rodolfo Koé Gutiérrez. Periodista economico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Tarifas: un veto de Macri a pedido del FMI y el gran empresariado

El tarifazo después del tarifazo // Néstor Pitrola en C5N

"Este tarifazo recién empieza y no sabemos cuál es el techo" // Romina Del Plá en C5N

La Selección argentina no debe ir a Jerusalén