El pasado jueves 28, un día después de la aprobación del Presupuesto 2018, asistimos al anuncio de la flexibilización de las metas de inflación que se elevó del 10 al 15 %, repitiendo la performance negativa de 2016 y 2017, con desvíos del 82 y 72 %, respectivamente.
El anuncio se hizo en una conferencia de prensa que lideró el Jefe de gabinete, Marcos Peña, en compañía del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
La cotización del dólar que en ese momento casi llegaba a los 19 pesos, cerró la jornada a 19,46. Esa fue la respuesta del mercado a la conferencia de prensa de devaluación del equipo económico.
Pero no fue el único saldo, ya que el anuncio tira abajo la consigna de una autoridad monetaria independiente del Poder Ejecutivo, además de la falta de capacidad del organismo para cumplir sus objetivos por tercer año consecutivo.
Los economistas del establishment cuestionaron la decisión. Carlos Rodríguez advirtió desde su cuenta en twitter: “Tenemos la misma inflación de hace dos años, muchísima más deuda y aún falta corregir las tarifas entre 60 % y 100 %. Todo un éxito del “expectations team”. Cambien por favor, nos llevan por mal camino. Y tienen a Cristina en el Senado, no la quiero, pero habla bien, mejor que ustedes”. Gabriel Milei agregó: “Si fuera Sturzenegger, renunciaría hoy mismo”.
Desde otro ángulo, Mara Ruiz Malec de la Fundación Germán Abdala, apuntó: “El salto del tipo de cambio influye de manera directa en los combustibles pero también afectará de forma indirecta ya que muchos formadores de precios utilizan el valor del dólar como señal para determinar precios más allá del componente importado que tengan”.
Forencia Médici de la Universidad Nacional de Moreno, indicó: “Si dejan flotar el tipo de cambio sin intervención y siguen subiendo las tarifas difícilmente se cumpla con el objetivo que se imponen. Van a intentar disciplinar los precios por otra vía. La reforma laboral y el techo para las paritarias son las herramientas a las que apelará el Gobierno”.
En el mismo sentido Mariana González de Cifra agregó: “Las metas bajas que no se cumplieron se utilizaron a lo largo de los últimos dos años como mecanismo para ponerle un techo a las negociaciones salariales”.
Marcos Peña también anticipó que el proyecto de reforma laboral impulsado por Cambiemos y el triunvirato de la CGT llegará durante sesiones extraordinarias que serán convocadas para febrero. También confirmó que a partir de ese mes aumentarán las tarifas de colectivos y trenes. “La semana próxima, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dará una conferencia de prensa para anunciar el nuevo esquema tarifario del transporte”, sostuvo el funcionario. El nuevo boleto de colectivo ascendería a 8 o 9 pesos, para luego llegar a 13 pesos.
En este contexto, la conducción de la Asociación Bancaria hizo la grave denuncia que están siendo objeto de presiones por parte de las Cámaras empresarias para que el gremio convoque a “un paro nacional de 24 horas”. Y aclararon: “Se procura provocar a los representantes paritarios para que de inmediato el gremio declare un paro de 24 horas, sin atención al público y evitar de esa forma una posible corrida bancaria, que podría producirse ante el aumento desenfrenado del dólar y los cambios en las metas inflacionarias”.
Se refería al pase de los activos de grandes inversores en pesos a moneda extranjera y a las colas en bancos del microcentro porteño que llegaron a ser de media cuadra, en donde más de 250 personas esperaban para comprar dólares.
Otros flancos débiles de la economía argentina
El déficit comercial podría superar cómodamente los 8.000 millones de dólares (U$S 7.656 millones a noviembre) este año como consecuencia de un importante salto importador que no encontró correlato en un alza exportadora, superando el récord histórico de U$S 5.751 millones de dólares producido en 1994, durante el auge del “uno a uno” y la invasión de artículos extranjeros en las góndolas de los supermercados, durante la gestión de Domingo Cavallo.
“Las importaciones crecen en volumen cerca del 20 % anual (18,9%) y las exportaciones prácticamente no crecen (1,8%)”, sostuvo el ex ministro Alfonso Prat-Gay. Una de las razones se encuentra en la relación con Brasil. En los últimos diez meses, el comercio bilateral arrojó una diferencia negativa para nuestro país de U$S 7.031 millones. El marco se completa con el destino de las importaciones: un dólar de cada cuatro va para la adquisición de maquinarias y bienes de capital y los restantes, para comprar combustibles, autos, motos y bienes de consumo. Otro déficit, que es el del balance de pagos, podría ubicarse en torno a los U$S 24.000 millones.
Frente a esos déficits hay dos posiciones. La del Gobierno que sostiene que no hay peligro de corto plazo porque el Tesoro, las provincias y las empresas tienen la posibilidad de colocar bonos en el exterior y conseguir dinero para financiar los desequilibrios. Y los que alertan sobre que un cambio en las condiciones financieras internacionales (EE UU podría comenzar a subir las tasas de interés), podría complicar el escenario.
Las ventas de pasajes al exterior alcanzan niveles récord y la compra de dólares para turismo y atesoramiento alcanzaría unos U$S 30.000 millones en el año.
La deuda pública sigue agigantándose y ya superó la barrera de los 300.000 millones de dólares. Según el reporte del Ministerio de Hacienda, actualizado al 30 de junio de este año, se ubicaba en U$S 307.295 millones, unos 9.300 millones más que en el trimestre anterior. La cifra significa un 53,7 % del PBI. El 68 % de la deuda está nominada en moneda extranjera y se encarecería con la modificación del tipo de cambio. Solo para 2018 hay vencimientos de capital e intereses por U$S 56.000 millones de dólares.
Además, el déficit cuasi fiscal (pago de interese de Lebac y otros instrumentos financieros para absorber pesos por parte del Banco Central) que según especialistas, el año próximo equivaldría al 0,7 % del PBI, unos $ 86.000 millones.
Tarifazo permanente
En diciembre el ajuste promedio al gas fue del 45 % en todo el país, desde un mínimo del 22 % a un máximo del 60 %. Desde el mismo mes de 2015, la suba en la tarifa de gas pasaría de largo el 550 %.
El costo de la energía eléctrica que abonan los usuarios residenciales en el área Metropolitana se multiplicó por 30 en los últimos dos años, según surge de los nuevos cuadros tarifarios aprobados por el ENRE (Ente Nacional Regulador de Electricidad) mediante las resoluciones 602 y 603 que entraron a regir el 1° de diciembre.
Estos aumentos, argumentan desde el Ministerio de Energía, sirven para que las empresas puedan mejorar el servicio y evitar los cortes de luz.
No obstante, alrededor de 150.000 usuarios de Edenor y Edesur se vieron afectados en los últimos días por los cortes en el suministro eléctrico. En San Vicente los vecinos cortaron la Ruta 210 y casi chocan con la Infantería apostada en el lugar por cortes de luz prolongados de hasta cuatro días consecutivos.
Además, la falta de energía se hizo sentir en el centro de Lanús, Quilmes y Berazategui, en la ciudad de Cañuelas y en el barrio de Loma Hermosa en Tres de Febrero. Lo seguían La Matanza, Moreno, Tigre y San Martín.
También se produjeron cortes en la Ciudad de Buenos Aires en los barrios de San Cristóbal, Monte Castro, Parque Patricios y Caballito. Belgrano fue el más afectado. En tanto, las facturas volverán a aumentar desde febrero un 18%.
El mentor de los tarifazos es Andrés Chambouleyron, recientemente designado como presidente del ENRE, y anterior titular de la Subsecretaría de Coordinación Política Tarifaria que funciona en la órbita del Ministerio de Energía que dirige Juan José Aranguren. Creció en la misma cuna económica que el ex ministro Domingo Cavallo: la neoliberal Fundación Mediterránea. Además, fue perito de empresas extranjeras en contra de la Argentina en distintos juicios en el CIADI.
“Es terrible. Es una persona que fue testigo contra el Estado argentino. Tiene antecedentes tremendos y no puede estar en un ente que tiene que cuidar los intereses nacionales y de los usuarios. Es un retroceso de mil años”, afirmó Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC).
La baja del 30 % en los subsidios totales convive con un aumento del 79 % en el pago de los intereses de la deuda. Se gastaron $ 48.000 millones menos por un lado y $ 78.000 más por otro. Buena parte del ahorro en subsidios se fue en pagos de la deuda.
Por el proyecto de Reforma Tributaria también habría un nuevo encarecimiento de las naftas. El impuesto actual grava un litro de nafta súper en $ 4,251. Con la reforma, el componente tributario subirá un 60 % y estaría en $ 6,837. La modificación sería menor en el caso de los combustibles Premium. Su carga impositiva será del 11,3 %.
Aunque el Gobierno sostuvo que el efecto sería “neutro”, las petroleras descartan que habrá impacto. Finalmente, el gasoil que posee un impuesto actual de $ 3,78, tributaría $ 4,36, un 15 % más.
El impuesto sobre los combustibles generaría aproximadamente U$S 1.400 millones de recaudación que saldrá del bolsillo de los consumidores.
Mientras tanto, la promesa de bajar retenciones se mantiene. Un decreto del Ejecutivo prometió al sector agroexportador reducir la alícuota a la soja a la mitad en un plazo de dos años, a partir de enero de 2018 y a un ritmo de 0,5% menos por mes. De esta manera, la medida bajaría el impuesto del 30% actual al 18% para diciembre de 2019, el nivel más bajo desde 2002. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), eso implica una recaudación de alrededor de 15 mil millones de pesos menos para las arcas públicas.
El compromiso del Gobierno con los intereses de los sectores más concentrados representa, según los técnicos de la BCR, una transferencia de ingresos a los sojeros cercana al 1% de los ingresos fiscales totales.
Por si esto fuera poco, el Presupuesto 2018 contempla una nueva rebaja al impuesto a los Bienes Personales que será este año del 0,25%, del 1,25% que era en 2015. Esta medida significará que Estado obtenga 30 mil millones de pesos menos en recaudación.
Sumadas ambas medidas, significa 45 mil millones de pesos menos para las arcas públicas.El Gobierno justifica la necesidad de recortar 100 mil millones de pesos a los jubilados para paliar el déficit fiscal, al mismo tiempo que perdona impositivamente a los sectores de más dinero.
El gasto fiscal en la Ciudad de Buenos Aires
En términos reales habrá caídas en todas las áreas. En Salud y Educación serán del 5,5 %. El único ítem del Presupuesto capitalino que muestra un crecimiento es el destinado al pago de los servicios de deuda. Los recursos crecerán un 58 % en términos nominales para este ítem y los 10.000 millones de pesos representarán un 4,7 % del total de los gastos de la Ciudad.
La Ciudad subió de $ 24 a $ 75 millones los topes de facturación para los Ingresos Brutos, pero más de 20.000 empresas podrán incorporarse a la exención, o sea, el 90 % de las empresas que tributan en la Ciudad.
Vivienda es otro de los rubros que sufrió el vendaval ajustador. En este caso el presupuesto pasó de $ 7.070 millones en 2017 a $ 6.018 millones en 2018. Esas cifras representan una caída de 17 % en términos nominales y de 28 % en términos reales.
Para los contribuyentes los aumentos en el impuesto de ABL rondarán el 20 %, y tendrán un tope del 23,4 %.
Muerte obrera por negligencia empresaria
El miércoles 27 se produjo una explosión en la planta de Cofco (ex Nidera) de Puerto San Martín que dejó al menos veinte heridos y un trabajador fallecido, ante un nuevo hecho de negligencia empresaria, quienes priorizan su alta rentabilidad y no reinvierten para implementar las medidas necesarias para garantizar la salud y la integridad psicofísica de las personas que trabajan en sus plantas. En segundo lugar, indican el fracaso de las medidas vigentes del Estado en todos sus niveles, en particular las tomadas en los dos últimos años, que han debilitado y liberado diversas instancias de control del sector, y lo han beneficiado con medidas económicas que incrementaron de forma exponencial sus ya extraordinarias ganancias. La reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo volvió aún más perjudicial el sistema para el trabajador, dado que no previene el daño y dificulta al extremo el acceso al resarcimiento luego de sufrido el mismo. Ahora pretenden avanzar con una reforma laboral que sólo profundizará el deterioro de las condiciones de trabajo y la precarización mediante la tercerización y los contratos basura, aumentando la incidencia de estos “accidentes” laborales. Pablo Reguera, del sindicato de aceiteros de San Lorenzo, afirmó que “la planta estaba parada desde hace seis meses cuando reventó un enfriador”.
En tanto, recordó que “los delegados y el comité varias veces pararon la fábrica ante la situación que vivían día a día”, y agregó: “Acá estuvo el ministerio de Trabajo y todos los integrantes de seguridad. Cada vez que vinieron dijeron que se podía trabajar y desgraciadamente se equivocaron”.
Sergio Díaz, del sindicato de aceiteros en Rosario, afirmó que el lugar donde ocurrió la explosión es un sector de limpieza con mucho polvillo. “Ante cualquier chispa es algo terriblemente inflamable”, dijo.
Además, se refirió a las condiciones de trabajo del personal: “Hay gente efectiva pero también esta empresa trabaja con terciarizados, que son quienes hacen la limpieza. Nosotros desde el sindicato lo venimos combatiendo porque vemos que trabajan en riesgo constante, por lo que es muy grave cuando se producen siniestros”.
Además, al igual que todos los actores que hablaron tras la explosión dijo: “Hacía varios días que el cereal estaba en llamas y al estar cerrado explotó”.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina realizó una huelga nacional de 24 horas, desde las 22 horas del jueves hasta las 22 horas del viernes 29.
Paralelamente, trabajadores y trabajadoras del cordón industrial y la región protagonizaron un masiva movilización hacia San Lorenzo en solidaridad con los compañeros de Cofco y reclamando por la reincorporación de los 35 despedidos de la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”.
Despidos en el Estado
Este miércoles, en medio de una importante presencia policial, se realizó una medida convocada por los trabajadores del Ministerio de Defensa en Paseo Colón y Alsina, en reclamo por los setenta despidos que comenzaron a golpear distintas áreas del organismo.
El gremio de estatales ATE se encuentra en estado de asamblea y realiza un corte de la ruta 3 ante el inminente despido de 220 trabajadores de Fabricaciones Militares en Azul.
En la planta hay 258 trabajadores, de los cuales solo 38 son permanentes. Lo que además de dejar a la mayoría en la calle haría inviable el desarrollo del trabajo con ese número de personal.
Vale recordar que ya se realizaron despidos en las demás fábricas militares del país: En Río Tercero 29, en Villa María 30, 35 en Rosario y en la Sede Central de Capital Federal 16.
Luego de los 70 despidos y el desmantelamiento del sector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, los 180 despedidos de la TDA por “adecuación de los recursos humanos, económicos y materiales”, los 140 echados del Ministerio de Energía, el viernes se sumaron 40 más en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En total, en diciembre alrededor de 800 familias sufrieron la pérdida de sus trabajos, aseguró el titular de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy.
“Hemos dado la indicación expresa de que apenas se produzca un despido, hay que convocar a asambleas y que se definan medidas de fuerza. Y que el día 4 de enero coincidamos todos en una jornada de lucha y paro nacional con una movilización al Ministerio de los despidos, el mal llamado Ministerio de Modernización”, remarcó Godoy.
Más despidos
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (Sitraju-CABA) denunció el intento de imponer retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para destruir 300 cargos. En ese contexto, el viernes 22 de diciembre, el Consejo de la Magistratura intentó tratar en su reunión plenaria una “plan” de ajuste que “por primera vez en su historia institucional”, pone en riesgo centenares de puestos de trabajo a través de dos figuras: “El Retiro Voluntario y la Jubilación compulsiva”, que no se realizó por las medidas de fuerza del gremio que fue al paro.
En La Plata disolvieron la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Al momento son 200 los trabajadores que han sido despedidos y que recibieron la notificación por correo electrónico de que este 31 de diciembre quedaban sin funciones, sin ningún tipo de pre-aviso. El organismo se encarga, entre otras cosas, de realizar el trabajo territorial de inspeccionar las obras en las escuelas. El sábado se realizó un Festival Solidario y el domingo un brindis. El próximo martes a partir de las 9:00 habrá una marcha para acompañar a los despedidos a la citación en Dirección General de Cultura y Educación ubicada en calle 13 número 868.
Se confirmó que La Razón, un diario con 112 años de historia que desde el 2000 se integró al Grupo Clarín, dejará de publicarse al comenzar el 2018, dejando en la incertidumbre a sus 15 trabajadores.
El cierre de La Razón se da en el marco de un viraje en la política corporativa basada en quitar el foco y el financiamiento a aquellos productos que no son considerados centrales para la empresa. En ese contexto a lo largo de 2017 también dejaron de editarse, entre otras, publicaciones como Tiki Tiki, SHOP, Casa FOA y Mundo Gaturro. El caso de La Razón, al igual que el de otros productos que vienen cerrando en los últimos años, tuvo un derrotero previo de ajuste, vaciamiento y quita de recursos. El golpe definitivo lo dieron cuando cerraron la página web, una herramienta vital y clave para un medio de comunicación del siglo XXI, tercerizando su desarrollo y producción, reduciéndola a la mera publicación de imágenes del diario impreso.
Convocados por los sindicatos de prensa SiPreBA y de Radio Nacional Atrana, trabajadores de esa radio AM 870 están realizando un paro resuelto en asamblea ante los ofrecimientos de jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y vencimiento de contratos.
Ya son más de 400 los despidos en la industria azucarera en la provincia de Jujuy. Ledesma SAAI envió telegramas de despidos a 10 obreros azucareros. Entre ellos se encuentran quienes participaron este año de la huelga de 24 días. Por esa protesta obrera, además, se encuentran abiertas causas penales en el Poder Judicial de la Provincia de Jujuy con sede en San Pedro, en las que se imputa a 52 manifestantes por el delito de obstrucción del puente viejo del río San Lorenzo de la ruta nacional 34. Los imputados son dirigentes sindicales azucareros, delegados, obreros del ingenio, miembros de organizaciones sindicales solidarias, periodistas, concejales de Libertador Gral. San Martin, militantes políticos y de organizaciones de derechos humanos.
Este ataque a los azucareros del Ingenio Ledesma se da justo en el momento que el gobierno provincial despide a 338 obreros del Ingenio La Esperanza, adeuda salarios, reprime la protesta y detiene a obreros que se manifiestan en defensa de sus puestos de trabajo.
Tras más de una semana de estar detenidos -la mayoría de ese tiempo sin conocer sus causas, a la postre excarcelables-, tras pasar una Navidad "demorados" (eufemismo para negar que estaban irregularmente detenidos y encerrados) en un penal, al que fueron traslados de madrugada, tras las dilaciones asombrosas para la firma de un cese de detención casi innegable, los 4 detenidos que quedaban luego de la represión del pasado 20 de diciembre a los obreros del ingenio La Esperanza, fueron liberados.
La policía de Santa Cruz dispersó el viernes pasado por la mañana con balas de goma y gases lacrimógenos a manifestantes de gremios y agrupaciones de jubilados, que bloqueaban las puertas de la Legislatura en la ciudad de Río Gallegos en reclamo del pago de sueldos atrasados, horas antes de la sesión que trataría, entre otros temas, el pacto fiscal que la gobernadora Alicia Kirchner firmó con la Nación.
Como resultado de la represión, María Luz Daniel, de la Asociación de Docentes de Santa Cruz, fue herida por balas de goma en una sus piernas y debió ser internada.
Este viernes se inició un paro por tiempo indeterminado en el Laboratorio de Alta Complejidad del Madariaga (Lacmi) en la provincia de Misiones, en repudio al despido y traslado de delegadas gremiales que reclaman el cese de la precarización y el fraude laboral.
La CTA Autónoma también convocó a un paro provincial de salud por 72 horas a partir del martes 2 de enero. El miércoles 3 habrá una marcha provincial con presencia de usuarios del sistema de salud y trabajadores de otros sectores.
La Justicia intimó al empresario Romelio H. Snaider, quien explota el ingenio azucarero Las Toscas -el único de su tipo en la provincia de Santa Fe- a desalojar las instalaciones de la planta azucarera que explota desde hace 5 años y le dio un plazo de 30 días, con lo cual está en serio riesgo de perder sus fuentes laborales alrededor de un centenar de trabajadores.
Al menos 20 despidos se confirmaron en Grimoldi de Arroyo Seco, en el sur santafesino, considerada una de las fábricas de calzado más grande del país. Se suman 35 retiros voluntarios en la firma Wyler’s, de la localidad de Alcorta, donde desde mitad de año el poco más de un centenar de trabajadores que había sobrevivido a otros 40 retiros venía cobrando la mitad de sus haberes para mantener los puestos laborales.
El Sindicato del Calzado advirtió que buena parte de sus afiliados atraviesan un escenario de vacaciones anticipadas, jornadas reducidas y de ofrecimientos que más que retiros voluntarios son cesantías forzosas.
Desde el 2016 quedaron en jaque las 140 fábricas de calzado asentadas en Santa Fe, que daban empleo a 2.500 trabajadores en forma directa. Antes de enero de 2017, cuatro de las más pequeñas habían bajado las persianas dejando medio centenar de trabajadores en la calle, que sumados a otros retiros voluntarios llegaban a los cien.
Dos de los cierres se sucedieron en Acebal, la capital del calzado, que con apenas 6.500 habitantes llegó a concentrar a 30 fábricas, la primera fundada más de un siglo atrás.
Frente a ello, la provincia creó un entramado de asistencia al que llamó Modelo Acebal, que este año acompañó con créditos de un fondo rotatorio y subsidios directos a 170 trabajadores de 30 empresas a la espera de un escenario mejor que no llega.
La planta de Cerámica Fighiera, ubicada en Arroyo Seco, continúa con las puertas cerradas desde hace algo más de tres meses. Sus treinta empleados siguen sin cobrar sus sueldos.
La multinacional de origen brasileño, Brasil Foods (BRF), informó en las últimas horas su intención de despedir 180 trabajadores, la totalidad de un turno de producción, de la plantilla de 450 empleados que ocupa en su planta Baradero. Durante febrero y luego a mediados de este año, BRF había despedido directamente o por medio de retiros voluntarios a más de una veintena de empleados.
La fábrica de quesos La Mucca de la multinacional francesa Lactalis despedirá 25 empleados. La planta que procesa lácteos está ubicada en Díaz, un pueblito santafecino y es la principal fuente de trabajo en esa localidad de 2.000 habitantes ubicada en el departamento San Jerónimo, a unos 75 kilómetros de Rosario. El viernes la fábrica no abrió sus puertas. La empresa había adelantado al gremio su idea de despedir trabajadores el 12 de diciembre pasado. En ese momento, había comunicado que iban a ser 36, pero finalmente confirmaron 25.
Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), anunció que el sindicato resolvió un paro total el jueves en la Línea B “en el marco de un desconocimiento de la representación gremial por parte de la empresa, que está llevando adelante una campaña de amedrentamiento, persecución antisindical, presiones a trabajadores para que renuncien, y decenas y decenas de sanciones arbitrarias”.
El dirigente advirtió que “se sumó ahora la escandalosa discriminación por parte de Metrovías contra un trabajador que tiene un hijo discapacitado, a quien ha suspendido por más de 20 días debido a la situación de su hijo y hoy anunció su intención de despedirlo”.
La dirección del Teatro Colón despidió a más de diez trabajadores que cubren diversas tareas de la casa lírica.
La CGT dividida
La CGT dejó inaugurada la temporada de tironeos por la sucesión del triunvirato de sus líderes y estableció una distinción entre cercanos o distantes respecto del Gobierno. La única conclusión que unificó la semana pasada la saga de encuentros entre unos y otros es que la actual jefatura tiene fecha próxima de caducidad y sólo resta determinar si será en marzo o en mayo próximo. En cuanto a los nombres de postulantes para encabezar a solas la Central hasta ahora se asentaron el del actual triunviro Héctor Daer, por el sector más afín a la administración de Mauricio Macri, y el del ferroviario Omar Maturano, de parte de la alianza entre Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.
La tercera posición quedó expuesta por los "no alineados" de la Corriente Federal con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), tras su sonada renuncia al Consejo Directivo de la CGT.
Al respecto, el titular de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el bancario Sergio Palazzo, aseguró que la conducción de la CGT se encuentra dividida, y cuestionó que el Consejo Directivo no haya convocado a movilizarse contra la reforma previsional.
Los bloques mayoritarios, en tanto, quedaron en evidencia el martes en sendos encuentros. Uno de ellos se destacó por la presencia de Moyano y Barrionuevo y de sus dos delegados en el triunvirato, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, respectivamente. La reunión se desarrolló en el sindicato de la construcción (UOCRA) con su anfitrión, Gerardo Martínez, el estatal Andrés Rodríguez (ambos del sector "independiente", en general asociado a los oficialismos) y los máximos referentes del transporte: Roberto Fernández (colectiveros, UTA) y Maturano (La Fraternidad). En paralelo, el líder del gremio del gas, Oscar Mangone, recibía una comitiva no menos influyente. Entre ellos el pleno de los "gordos" con Daer, Carlos West Ocampo (ambos de Sanidad) y Armando Cavalieri (Comercio), y el tercer "independiente", José Luis Lingeri. La localía correspondía a las 62 Organizaciones, el sello más afín a Macri que encabeza Ramón Ayala (sucesor del fallecido Gerónimo Venegas, de los rurales de UATRE) y en el que reportan, además de Mangone, los petroleros Guillermo Pereyra y Antonio Cassia y el estacionero Juan Miguel "Cacho" García, entre otros. Por fuera de esos sectores participaron el taxista Omar Viviani, el ferroviario Sergio Sasia y Guillermo Moser, de Luz y Fuerza, en teoría todos miembros del Movimiento de Acción Sindical (MASA) aunque en los dos últimos casos su continuidad está en suspenso, y el cervecero Carlos Frigerio, supuesto delegado de Moyano pero bien considerado en el Ejecutivo por sus intervenciones durante la discusión por la reforma laboral. Las diferencias entre una y otra mesa son difusas aunque el Gobierno se encargó de bendecir la montada por Mangone, en los hechos padrino gremial y principal promotor del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Sin condenar al ostracismo a los contertulios de UOCRA, cerca del ministro explicaron que la sola presencia de Moyano y Barrionuevo convirtió ese espacio, para los funcionarios, en el menos confiable.
El viernes por la noche, tras cinco días de un acto eleccionario que se hizo esperar por largos 22 meses, Raúl “Ruli” Durdos se proclamaba vencedor en los comicios que preveían cerrar la intervención laboral judicial del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Durdos, un hombre patrocinado por el moyanismo que lideró la Lista Verde, consiguió el 54% de los votos, según los datos difundidos por el delegado normalizador Alfredo Bertonasco.
Contra el derecho de huelga
A través de la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó unilateralmente la conformación de la “comisión de garantías”, un ente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y tiene por objeto determinar las actividades consideradas “servicios esenciales”, las que están obligadas a garantizar una prestación mínima sin interrupciones frente a un paro o medida de fuerza.
La decisión, contenida en el decreto 1095/2017, constituye un nuevo intento oficial por limitar el derecho a huelga en actividades que suelen ser clave para garantizar la contundencia de una protesta. Es un viejo anhelo de Cambiemos.
El eje del avance es declarar al transporte servicio esencial y de esta manera limitar su potencialidad para garantizar una medida de fuerza, obligándolo a prestar servicios mínimos. Todo esto pese a que la OIT establece que esas actividades del transporte no son consideradas como servicios esenciales.
Tampoco es de descartar que el intento del oficialismo vaya por los docentes, otro viejo sueño de Mauricio Macri. Es que de cara a un año que ya se olfatea con alta conflictividad sindical, limitar las huelgas de los docentes, que suelen ser un caso testigo de lo que va a suceder después en el mercado laboral, sería un beneficio invaluable para el Gobierno.
Mario Hernandez
jueves, 4 de enero de 2018
miércoles, 3 de enero de 2018
Cruje el dólar: ¿cuáles son las causas?
El país entero se estremece cada vez que comienza a subir el dólar. Es que las devaluaciones son traumáticas para el pueblo trabajador que ve como se acelera la inflación y en simultáneo se deteriora su poder de compra.
Es lo que ocurrió con la salida de la convertibilidad de Eduardo Duhalde cuando el salario real retrocedió alrededor de un 30 %.
Más fresco en la memoria está la rápida suba de la cotización de la divisa estadounidense a principios de 2014 cuando Axel Kicillof comandaba el Ministerio de Economía. En ese año, el poder de compra del salario terminó cayendo algo menos que el 5 %.
La devaluación de diciembre de 2015, que llevó adelante Cambiemos, empujó a una pérdida del salario real mayor al 6 % durante 2016.
Lo ocurrido en los últimos días todavía no alcanza la dimensión de aquellas devaluaciones, pero la cuestión del dólar se instaló nuevamente en la agenda.
La reciente escalada se debe tanto a factores coyunturales como a desequilibrios estructurales profundos que tiene la economía. También existen causas internacionales que influyen en el alza.
Aquí las principales causas.
Especulación financiera
La crisis política que enfrentó el gobierno a pesar del triunfo pírrico con el que logró la aprobación de la reforma previsional puso en alerta a los especuladores. La movida alcista comenzó el jueves 14: fue el día en que fracasó por falta de quórum la primera sesión en que se quiso debatir esa ley.
El costo de mantener el dólar a raya es la emisión descontrolada de Lebac que la autoridad monetaria utiliza para sacar pesos de circulación. Una bomba de tiempo.
La semana pasada, el Banco Central bajó de manera casi imperceptible la tasa de las Lebac de largo plazo en una movida que pudo interpretarse como un cambio de rumbo en su política monetaria con el objetivo de limitar parcialmente la bicicleta financiera. En esa ocasión no se renovaron Lebac por el equivalente a $ 130 mil millones. Esos pesos se estarían transformando en dólares.
Hay muchos bancos y grandes empresas, nacionales y multinacionales, que están realizando operaciones de cobertura y consolidando en dólares un año de altas ganancias.
Especulación sojera
El Gobierno aprobó una rebaja del 6 % de las retenciones a la soja que tendrá lugar durante 2018 a razón de 0,5 % por mes a partir de enero. A este motivo se suma la espera por una mayor cotización del dólar. Ambos factores engrosarán los ingresos de los agronegocios.
Por tal circunstancia, los grandes exportadores agrarios están reteniendo ventas externas esperando el mejor momento para exportar. Esto limita la oferta de dólares en el mercado.
Algunos analistas indican que en enero podría recomponerse la oferta, pero depende de las expectativas del agronegocios: se sabe que son insaciables al momento de engrosar sus ganancias y podrían esperar un tipo de cambio más alto aún.
Demanda estacional
Es habitual que por motivos vacacionales aparezca una demanda adicional de dólares en los meses de julio y diciembre de los turistas que viajan fuera del país.
También es común que el cobro del aguinaldo sea aprovechado por los asalariados (aunque no son muchos los que pueden hacerlo) y sectores de la clase media para comprar dólares como forma de proteger ahorros frente a la inflación.
Atraso cambiario
Las causas estacionales antes mencionadas tienen por detrás factores estructurales profundos.
El incremento de la cotización del dólar desde principio de año alcanzó el 16 %. Se trata de una proporción menor al avance de la inflación que podría registrar un 25 % anual cuando se conozcan las estadísticas de diciembre.
No son pocas las voces del establishment económico que enuncian con preocupación el problema del atraso cambiario: es que los productos argentinos se encarecen para el resto del mundo y se exporta menos.
El atraso cambiario deviene del ingreso de dólares por la deuda externa y por la especulación en la plaza financiera local.
La devaluación, en la escala que tenga lugar, busca dar aire a las ganancias del empresariado exportador y el que abastece el mercado interno en competencia con las importaciones.
Por el momento, el Banco Central dejó correr el movimiento ascendente del dólar de los últimos días atendiendo, tal vez, las críticas que apuntan sobre la apreciación cambiaria. Pero el rumbo de la política cambiaria todavía no está claro.
Déficit comercial y de turismo
La apertura económica más el atraso cambiario condujeron a que el ingreso de productos importados supere ampliamente a las exportaciones: el rojo comercial con el cierre del año superará los U$S 8.000 millones.
Vacacionar en el exterior no es tan caro para ciertos segmentos de ingresos. Por el turismo se irán otros U$S 10.000 millones este año.
El agujero externo está alcanzando niveles históricos y alarmantes.
Fuga de capitales
La liberalización del movimiento de capitales que realizó el Gobierno facilitó aún más un comportamiento permanente de la burguesía “nacional” e imperialista que actúa en el país: la fuga bruta de capitales tiene una velocidad vertiginosa que alcanza los U$S 3.100 millones mensuales. En menor proporción, también hay remisión de ganancias de las empresas multinacionales hacia sus casas centrales.
Descoordinación económica
En las últimas semanas, los trascendidos sobre internas en el gabinete fueron más intensos que la intrusión de los programas televisivos de la tarde en las peleas de personajes de la farándula.
El punto en discusión es el nivel de la tasa de interés de las Lebac que paga Federico Sturzenegger, que para muchos funcionarios impone tendencias recesivas en la economía en tanto estimula la especulación y retrae recursos que podrían orientarse a la actividad productiva. Y crea un déficit cuasi fiscal del Banco Central de dimensiones explosivas.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, preferiría atraer pesos a las Letes que emite el Tesoro para financiar el déficit fiscal con una tasa menor que la que paga el Banco Central por las Lebac.
Muchos analistas observan que hay inconsistencias entre una política monetaria rígida para contener la inflación y la proliferación de tarifazos que impulsan los ministros de Energía y Transporte.
Para intentar mostrar un “frente único” que ofrece coherencia a la política económica, el Gobierno llamó a una conferencia para este jueves. Participarán el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas, Luis Caputo y el titular del BCRA, Federico Sturzenegger.
La vuelta al mundo
Tanto celebrar una supuesta vuelta al mundo que traería grandes beneficios al país, el Gobierno finalmente dejó más ostensiblemente expuesta la economía nacional a los vaivenes de la situación mundial.
Entre los factores que tienen alguna incidencia en la suba de la cotización en el mercado local de la divisa estadounidense hay que anotar el fortalecimiento relativo del dólar debido al incremento de la tasa de interés que fija la FED de los Estados Unidos.
En paralelo, también influye la aprobación de la reforma tributaria impulsada por Donald Trump que, como en Argentina, otorga reducciones en las alícuotas de impuestos que pagan las ganancias de las corporaciones imperialistas.
Los efectos más profundos de los factores externos se podrán observar con más precisión con el trascurso del tiempo, pero son malas noticias para el plan de endeudamiento sin límites de Cambiemos.
¿Hacia dónde se dirige la economía?
Las especulaciones son muchas: ¿cómo impactará la suba del dólar en la inflación? ¿Qué hará la autoridad monetaria de acá en adelante?
Un primer efecto inflacionario, por ahora acotado, devendrá hacia adelante. Mucho más en el contexto de tarifazos de los próximos meses. Esta situación puede calentar la discusión paritaria y abrir una caja de pandora.
Varios economistas opinan que el Banco Central buscará lograr un nuevo nivel de la cotización del dólar cercano a los $ 19 para volver a estabilizar la situación aliviando relativamente el atraso cambiario.
Pero al dólar, como a las armas, lo carga el diablo. La inflación podría retroalimentar el atraso cambiario llevando a que persistan las turbulencias. Es una encrucijada típica de una economía productivamente atrasada.
Los contornos precisos del futuro no se pueden anticipar plenamente, pero la suba del dólar de las últimas jornadas introdujo cierto vértigo a los acontecimientos y expuso los fuertes desequilibrios de la economía.
Pablo Anino
@PabloAnino
Misoginia: en Mar del Plata, Arroyo propone usar “chicas bonitas” para “atraer inversiones”
El intendente macrista es noticia por sus misóginas declaraciones. Un funcionario derechista a tono con el discurso nacional de Cambiemos.
“Vamos a mandar a alguna chica bonita a convencer empresarios que vengan a invertir a Mar del Plata". La frase la dijo el intendente de Mar de Plata, Carlos Arroyo. Lo hizo cuando le preguntaron por el inicio de la temporada turística en la ciudad balnearia.
Al ser consultado sobre el estado de la infraestructura en la ciudad, afirmó, entre otras cosas, "tenemos una extensión de agua corriente, tenemos que conseguir unos pesitos más para hacer un poco de asfalto y después mandar a alguna chica bonita a convencer empresarios que vengan a invertir a Mar del Plata".
Insólitamente, el mismo funcionario afirmó que en el municipio que conduce lanzarán una campaña contra la violencia de género. Según señala Tiempo Argentino, Arroyo afirmó que harán "una gran campaña publicitaria de comunicación" en contra de ese flagelo.
Agregó además que se propone avanzar “con la eliminación del machismo tradicional en Argentina”. Para empezar a andar ese camino, debería empezar por llamarse a silencio.
LID
Empresa amiga de Cambiemos refaccionará la Casa Rosada por $ 255 millones
Conorvial S. A. recibió la preadjudicación de la segunda parte del plan para refaccionar el edificio de Gobierno. Uno de sus directivos aportó a la campaña de Macri en 2015.
No hay plata para jubilados y asistimos a una segunda ola de despidos en el Estado, en el marco de una política de “austeridad”. Sin embargo, Cambiemos no se priva de algunos lujos. Ahora se conoció que el Gobierno piensa destinar $255 millones en una remodelación de la Casa Rosada.
La suma se invertirá nada más que en la segunda etapa del plan de refacciones del edificio de Balcarce 50, en la que se pondrán a punto el subsuelo y los ascensores. El dato, además de la cifra abultada, es que la empresa que resultó beneficiada por la pre adjudicación de la obra, Conorvial SA, es la que más contratos de obra pública ejecutó en la Ciudad en los últimos años.
Conorvial construirá viviendas para el plan Procear, en el barrio Papa Francisco y en la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Los últimos contratos cerrados con Conorvial superan los $1400 millones, de acuerdo a información publicada en el diario El Cronista Comercial.
Además, Ricardo López Casanegra, vicepresidente y accionista de la firma realizó un aporte de $200.000 a la campaña de las elecciones presidenciales de Mauricio Macri en 2015. La Justicia electoral no aprobó el balance partidario por el financiamiento indirecto de empresas a través de personas físicas con altos rangos en empresas.
Evidentemente Conorvial quería asegurase la continuidad de sus negociados con el Estado, no solo en la ciudad si no a nivel nacional, con la asunción del nuevo gobierno. Aparentemente, a pesar de la traba judicial al aporte de campaña (que tiene tufo a una devolución de favores), parece que lo logró.
"La Casa Rosada tiene casi 150 años y queremos proyectarla para los próximos cien", destacó el secretario de la Presidencia Fernando de Andreis durante los anuncios de la obra.
La primera etapa del plan de refacción se licitó por casi $ 50 millones y consistió en la "remodelación parcial y la puesta en valor de un sector del segundo piso". La segunda etapa de la obra consiste en la refacción de los sanitarios y de las escaleras que unen el subsuelo con Presidencia y con el tercer piso. Además, prevé la construcción de una galería para unir el edificio con el museo de la Aduana de Taylor y el cambio de toda la estructura de los ascensores.
Vale aclarar que con esta última licitación, los gastos superan los $ 300 millones y aún falta una tercera parte de la obra.
LID
No hay plata para jubilados y asistimos a una segunda ola de despidos en el Estado, en el marco de una política de “austeridad”. Sin embargo, Cambiemos no se priva de algunos lujos. Ahora se conoció que el Gobierno piensa destinar $255 millones en una remodelación de la Casa Rosada.
La suma se invertirá nada más que en la segunda etapa del plan de refacciones del edificio de Balcarce 50, en la que se pondrán a punto el subsuelo y los ascensores. El dato, además de la cifra abultada, es que la empresa que resultó beneficiada por la pre adjudicación de la obra, Conorvial SA, es la que más contratos de obra pública ejecutó en la Ciudad en los últimos años.
Conorvial construirá viviendas para el plan Procear, en el barrio Papa Francisco y en la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Los últimos contratos cerrados con Conorvial superan los $1400 millones, de acuerdo a información publicada en el diario El Cronista Comercial.
Además, Ricardo López Casanegra, vicepresidente y accionista de la firma realizó un aporte de $200.000 a la campaña de las elecciones presidenciales de Mauricio Macri en 2015. La Justicia electoral no aprobó el balance partidario por el financiamiento indirecto de empresas a través de personas físicas con altos rangos en empresas.
Evidentemente Conorvial quería asegurase la continuidad de sus negociados con el Estado, no solo en la ciudad si no a nivel nacional, con la asunción del nuevo gobierno. Aparentemente, a pesar de la traba judicial al aporte de campaña (que tiene tufo a una devolución de favores), parece que lo logró.
"La Casa Rosada tiene casi 150 años y queremos proyectarla para los próximos cien", destacó el secretario de la Presidencia Fernando de Andreis durante los anuncios de la obra.
La primera etapa del plan de refacción se licitó por casi $ 50 millones y consistió en la "remodelación parcial y la puesta en valor de un sector del segundo piso". La segunda etapa de la obra consiste en la refacción de los sanitarios y de las escaleras que unen el subsuelo con Presidencia y con el tercer piso. Además, prevé la construcción de una galería para unir el edificio con el museo de la Aduana de Taylor y el cambio de toda la estructura de los ascensores.
Vale aclarar que con esta última licitación, los gastos superan los $ 300 millones y aún falta una tercera parte de la obra.
LID
martes, 2 de enero de 2018
El gobierno llena los bosillos de los pulpos sojeros con plata de los jubilados
Reduce en $60.000 millones los impuestos a las exportaciones
Los trabajadores ingresamos al 2018 con una confiscación del reajuste de las jubilaciones de casi 10 puntos porcentuales y un tarifazo del 30 al 40% en el transporte. Los capitalistas sojeros, en cambio, tienen razones sobradas para descorchar champán.
Desde el primero de enero comenzó a regir la reducción progresiva de las retenciones a la exportación de soja, lo que supondrá una caída en los ingresos para el fisco de $20.000 millones este año y $40.000 anuales a partir del 2019.
La suma de los dos primeros años de esta rebaja de aportes –que van a engrosar los bolsillos de los pulpos sojeros, que la vienen juntado en pala desde hace muchos años– es algo menor, pero comparable, a la que el gobierno le roba a los jubilados con el cambio de cálculo en la actualización de sus haberes.
La justificación del gobierno para reducir esos impuestos, es que las ventas externas de soja han caído en el último año y, con la medida, compensan a los monopolios exportadores por esa reducción en las ventas y les mejoran los precios a la exportación. Esto sin importar si las arcas oficiales pierden $60.000 millones entre 2018 y 2019, ya que ese dinero será aportado por los jubilados que, en su inmensa mayoría, seguirá con haberes de miseria que no llegan siquiera a cubrir la mitad de su canasta básica.
Pero, además, esta sensibilidad oficial por los pulpos se refiere a los integrantes de un sector que, solo en los diez primeros meses del 2017, exportó porotos, harina y aceite de soja por un total de casi u$s13.000 millones.
El gobierno sostiene que también “compensa” esta caída en la recaudación con los mayores ingresos que provendrán del impuesto a las Ganancias, que también fue reducido para las empresas y que sigue cayendo con todo su peso sobre los salarios obreros.
La política oficial está claramente orientada a que la crisis la paguen los trabajadores y el resto de los sectores populares. Y a una brutal transferencia de ingresos en beneficio de los capitalistas. La represión como la que se viene desatando sobre todas las luchas de los trabajadores y las manifestaciones obreras y populares viene a apuntalar este latrocinio.
Que la crisis la paguen quienes la crearon, los capitalistas.
A los jubilados el 82% móvil del salario en actividad.
Eliminación del impuesto al salario.
Basta de represión.
Prensa Obrera
Ocupación de la UEP: paro y movilización contra los despidos y la disolución del organismo
Los trabajadores recibieron el Año Nuevo en el edificio.
La permanencia en la sede de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) iniciada el 28 de diciembre sigue creciendo.
Esta mañana, los trabajadores protagonizaron una gran movilización al Ministerio de Educación para reclamar contra los 200 despidos y por la estabilidad del resto de los 180 trabajadores del organismo. Los trabajadores de la UEP estuvieron acompañados por la Junta Interna de Educación y por ATE.
El gobierno de Vidal pretende “recontratar” a los 180 trabajadores que quedarían del organismo bajo los contratos basura que ampara la ley de emergencia administrativa de la provincia. Esto significa que los trabajadores perderán los pocos beneficios con los que contaban hasta ahora (IOMA, reajuste por paritarias, aguinaldo, vacaciones) por contratos que vencen en mayo. El gobierno pretende negociar con cada trabajador de manera individual y desconoce a la Junta Interna y los delegados.
El 31 de diciembre los trabajadores con sus familias organizaron la cena y brindis de fin de año en el cuarto día de permanencia en el edificio. El brindis reforzó la camaradería entre los trabajadores.
La ocupación de la UEP tiene una dimensión que trasciende la región frente a la ola de despidos en toda la provincia y marca el rumbo de la lucha obrera en la nueva situación política. La disolución de la UEP es la expresión concreta de la aplicación de la ley de ministerios, que es un instrumento de ajuste para cesantear miles de empleados públicos bonaerenses. La ocupación también es la respuesta a la falta de un plan de lucha provincial centralizado y al boicot de las burocracias sindicales que acompañan el ajuste del gobierno macrista.
El sablazo contra la UEP es también un golpe a la educación pública y a la construcción y mantenimientos de las escuelas. La UEP es la dependencia provincial encargada de ejecutar las obras en las escuelas, construcción y reparaciones. La lucha contra la disolución de la UEP es una bandera de la defensa de la educación estatal contra ajustadores y privatizadores.
Las donaciones de los trabajadores y de la población se multiplican cotidianamente, aumentando la solidaridad de clase y el apoyo y masificación de la lucha. Rodeemos de solidaridad la ocupación de la UEP.
Ningún despido. Continuidad de la UEP.
¡A defender la ocupación de la UEP y a rodearla de solidaridad!
¡Todo por el triunfo de esta lucha!
Flor Stevani
La permanencia en la sede de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) iniciada el 28 de diciembre sigue creciendo.
Esta mañana, los trabajadores protagonizaron una gran movilización al Ministerio de Educación para reclamar contra los 200 despidos y por la estabilidad del resto de los 180 trabajadores del organismo. Los trabajadores de la UEP estuvieron acompañados por la Junta Interna de Educación y por ATE.
El gobierno de Vidal pretende “recontratar” a los 180 trabajadores que quedarían del organismo bajo los contratos basura que ampara la ley de emergencia administrativa de la provincia. Esto significa que los trabajadores perderán los pocos beneficios con los que contaban hasta ahora (IOMA, reajuste por paritarias, aguinaldo, vacaciones) por contratos que vencen en mayo. El gobierno pretende negociar con cada trabajador de manera individual y desconoce a la Junta Interna y los delegados.
El 31 de diciembre los trabajadores con sus familias organizaron la cena y brindis de fin de año en el cuarto día de permanencia en el edificio. El brindis reforzó la camaradería entre los trabajadores.
La ocupación de la UEP tiene una dimensión que trasciende la región frente a la ola de despidos en toda la provincia y marca el rumbo de la lucha obrera en la nueva situación política. La disolución de la UEP es la expresión concreta de la aplicación de la ley de ministerios, que es un instrumento de ajuste para cesantear miles de empleados públicos bonaerenses. La ocupación también es la respuesta a la falta de un plan de lucha provincial centralizado y al boicot de las burocracias sindicales que acompañan el ajuste del gobierno macrista.
El sablazo contra la UEP es también un golpe a la educación pública y a la construcción y mantenimientos de las escuelas. La UEP es la dependencia provincial encargada de ejecutar las obras en las escuelas, construcción y reparaciones. La lucha contra la disolución de la UEP es una bandera de la defensa de la educación estatal contra ajustadores y privatizadores.
Las donaciones de los trabajadores y de la población se multiplican cotidianamente, aumentando la solidaridad de clase y el apoyo y masificación de la lucha. Rodeemos de solidaridad la ocupación de la UEP.
Ningún despido. Continuidad de la UEP.
¡A defender la ocupación de la UEP y a rodearla de solidaridad!
¡Todo por el triunfo de esta lucha!
Flor Stevani
Una vez más, ¿qué hacer?
Los difíciles días de diciembre
Los hechos de diciembre de 2017 deberían reavivar las reflexiones sobre las orientaciones del actual gobierno, sus perspectivas futuras, y sobre todo acerca del modo de actuar ante sus políticas, tanto en el futuro inmediato como en una mirada de mayor alcance. La muy masiva, reiterada y multiforme movilización popular frente a proyectos agresivos hacia los intereses de las mayorías marcó una nueva cota, que fue desde la recuperación de los “cacerolazos” hasta el enfrentamiento callejero con la violencia estatal. La respuesta fue el claro vuelco del gobierno del presidente Mauricio Macri hacia la represión, expresada en la masiva y violenta presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, cuyo accionar ha sido respaldado sin fisuras en las esferas oficiales. También el accionar gubernamental atraviesa un momento nuevo.
Una tentación facilista podría ser pensar que el auge de la movilización y la respuesta represiva “desenmascaran” al gobierno de modo definitivo, y lleva a éste al inicio de un paulatino pero seguro declive. No hay elementos, creemos, para sacar tal conclusión. Es más bien necesario el repaso sobre las características de la coyuntura que se vive, con sus relaciones de fuerza y los proyectos antagónicos de diferentes corrientes de la sociedad. Y con ese punto de partida, dirigirse al análisis de los requisitos para la construcción de alternativas profundas y duraderas al estado de cosas hoy existente.
Siempre es bueno volver sobre la improductividad intelectual y política del “catastrofismo”. No toda experiencia neoliberal termina en caída estrepitosa, no toda situación de crisis extrema abre un proceso transformador de orientación progresiva. Sin alejarnos de nuestro subcontinente, Chile, Perú, Colombia, transitan experiencias neoliberales sin sufrir derrumbes, y no se avizora una deriva progresista y menos revolucionaria en esas sociedades. Quizás sea necesario acotar la importancia de la categoría “neoliberalismo”, que entre otras cosas juega un papel obturador del cuestionamiento al poder del capital, en tanto que modo de organización de nuestras sociedades. Al cuestionar sólo a la variante “neoliberal” se reduce la impugnación a una supuesta modalidad “salvaje” del capitalismo, dejando implícito que existen variantes más civilizadas, a las que habría que apoyar o al menos tolerar.
La visión basada en la lucha contra el “neoliberalismo” lleva a un callejón sin salida. Aporta una cierta redistribución del ingreso, un crecimiento del mercado interno, algo más de influencia para los sindicatos y otras organizaciones populares; pero esto no suele sustentarse más allá de situaciones favorables más o menos pasajeras. El mejoramiento para las clases subalternas en un entorno capitalista y en el marco político de la democracia representativa es de efecto limitado en sus alcances y en el tiempo.
El enfrentar con éxito las políticas del actual gobierno requiere de una vasta concentración de acción y pensamiento. Por lo pronto, no radica en la expectativa esperanzada de asistir a la implosión que sus mismas acciones provocarían. Expectativa que puede imponerse a la larga, no sin permitir en el transcurso modificaciones estructurales considerables y pérdida de derechos fundamentales. Para no salir del caso argentino, la “convertibilidad” de los 90 cayó, como muchos pronosticaban desde un principio, pero entre la predicción y el acto transcurrió una década completa de reformas de un sentido concentrador y excluyente, que dieron lugar a las consecuencias de pobreza, precarización y desempleo que todos conocemos.
Se necesita una acendrada voluntad de organización y lucha, por supuesto; búsqueda de una amplia unidad en la acción, también. Pero son elementos tan indispensables como insuficientes. Sin la construcción de una alternativa que dé sentido político y alcance estratégico a las luchas, sin proponer un sendero alternativo que no puede reducirse a un opaco “vamos a volver” (en invocación del período 2003-2015) y a la reconstitución de un liderazgo individual, vertical e indiscutible, podrá sostenerse con cierta eficacia la defensa de las reivindicaciones, sostenerse con éxito algunos derechos, pero no revertirse de modo radical la correlación de fuerzas. Tal vez ni siquiera se logre impedir la reconstrucción de la institucionalidad política y del sistema de partidos de un modo que garantice el predominio más o menos indisputado del programa de máxima del gran capital.
Para salirle al paso con fuerza plena y perspectiva estratégica a la renovada ofensiva del gran capital, se necesita una alternativa popular, con vocación y discernimiento para ganar visibilidad, hacerse creíble, convertirse en opción de masas de las clases explotadas, al tiempo de la consecución y el mantenimiento de una posición de independencia frente a las opciones que el sistema hegemónico vaya a producir. La voluntad frentista, la decisión de abajo hacia arriba, el comando horizontal son sus requisitos. El horizonte anticapitalista el objetivo que le dará sentido.
La democratización radical de las organizaciones populares, a comenzar por las sindicales, con la organización de base como su punto de partida, son un paso imprescindible para poder levantar con posibilidades de éxito un nuevo concepto de democracia; que implique un horizonte de superación de la escenificación política que se limita a legitimar con el voto popular el predominio de las grandes corporaciones. Una nueva democracia sólo podrá asentarse en una transformación radical de las relaciones económicas, culturales y cotidianas, además de las políticas. Y en la postulación de una sociedad igualitaria, justa y autogobernada. Ese horizonte de transformación social profunda, de cambio de época es el único que puede armonizar necesidades y deseos, de modo de sepultar el modo de organización social individualista, competitivo y destructor de los bienes públicos que hoy predomina y se pretende acentuar. No hay lugar para transformaciones parciales y provisorias, no está en discusión el ritmo y las modalidades, sino el camino completo a seguir.
Daniel Campione
Los hechos de diciembre de 2017 deberían reavivar las reflexiones sobre las orientaciones del actual gobierno, sus perspectivas futuras, y sobre todo acerca del modo de actuar ante sus políticas, tanto en el futuro inmediato como en una mirada de mayor alcance. La muy masiva, reiterada y multiforme movilización popular frente a proyectos agresivos hacia los intereses de las mayorías marcó una nueva cota, que fue desde la recuperación de los “cacerolazos” hasta el enfrentamiento callejero con la violencia estatal. La respuesta fue el claro vuelco del gobierno del presidente Mauricio Macri hacia la represión, expresada en la masiva y violenta presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, cuyo accionar ha sido respaldado sin fisuras en las esferas oficiales. También el accionar gubernamental atraviesa un momento nuevo.
Una tentación facilista podría ser pensar que el auge de la movilización y la respuesta represiva “desenmascaran” al gobierno de modo definitivo, y lleva a éste al inicio de un paulatino pero seguro declive. No hay elementos, creemos, para sacar tal conclusión. Es más bien necesario el repaso sobre las características de la coyuntura que se vive, con sus relaciones de fuerza y los proyectos antagónicos de diferentes corrientes de la sociedad. Y con ese punto de partida, dirigirse al análisis de los requisitos para la construcción de alternativas profundas y duraderas al estado de cosas hoy existente.
Siempre es bueno volver sobre la improductividad intelectual y política del “catastrofismo”. No toda experiencia neoliberal termina en caída estrepitosa, no toda situación de crisis extrema abre un proceso transformador de orientación progresiva. Sin alejarnos de nuestro subcontinente, Chile, Perú, Colombia, transitan experiencias neoliberales sin sufrir derrumbes, y no se avizora una deriva progresista y menos revolucionaria en esas sociedades. Quizás sea necesario acotar la importancia de la categoría “neoliberalismo”, que entre otras cosas juega un papel obturador del cuestionamiento al poder del capital, en tanto que modo de organización de nuestras sociedades. Al cuestionar sólo a la variante “neoliberal” se reduce la impugnación a una supuesta modalidad “salvaje” del capitalismo, dejando implícito que existen variantes más civilizadas, a las que habría que apoyar o al menos tolerar.
La visión basada en la lucha contra el “neoliberalismo” lleva a un callejón sin salida. Aporta una cierta redistribución del ingreso, un crecimiento del mercado interno, algo más de influencia para los sindicatos y otras organizaciones populares; pero esto no suele sustentarse más allá de situaciones favorables más o menos pasajeras. El mejoramiento para las clases subalternas en un entorno capitalista y en el marco político de la democracia representativa es de efecto limitado en sus alcances y en el tiempo.
El enfrentar con éxito las políticas del actual gobierno requiere de una vasta concentración de acción y pensamiento. Por lo pronto, no radica en la expectativa esperanzada de asistir a la implosión que sus mismas acciones provocarían. Expectativa que puede imponerse a la larga, no sin permitir en el transcurso modificaciones estructurales considerables y pérdida de derechos fundamentales. Para no salir del caso argentino, la “convertibilidad” de los 90 cayó, como muchos pronosticaban desde un principio, pero entre la predicción y el acto transcurrió una década completa de reformas de un sentido concentrador y excluyente, que dieron lugar a las consecuencias de pobreza, precarización y desempleo que todos conocemos.
Se necesita una acendrada voluntad de organización y lucha, por supuesto; búsqueda de una amplia unidad en la acción, también. Pero son elementos tan indispensables como insuficientes. Sin la construcción de una alternativa que dé sentido político y alcance estratégico a las luchas, sin proponer un sendero alternativo que no puede reducirse a un opaco “vamos a volver” (en invocación del período 2003-2015) y a la reconstitución de un liderazgo individual, vertical e indiscutible, podrá sostenerse con cierta eficacia la defensa de las reivindicaciones, sostenerse con éxito algunos derechos, pero no revertirse de modo radical la correlación de fuerzas. Tal vez ni siquiera se logre impedir la reconstrucción de la institucionalidad política y del sistema de partidos de un modo que garantice el predominio más o menos indisputado del programa de máxima del gran capital.
Para salirle al paso con fuerza plena y perspectiva estratégica a la renovada ofensiva del gran capital, se necesita una alternativa popular, con vocación y discernimiento para ganar visibilidad, hacerse creíble, convertirse en opción de masas de las clases explotadas, al tiempo de la consecución y el mantenimiento de una posición de independencia frente a las opciones que el sistema hegemónico vaya a producir. La voluntad frentista, la decisión de abajo hacia arriba, el comando horizontal son sus requisitos. El horizonte anticapitalista el objetivo que le dará sentido.
La democratización radical de las organizaciones populares, a comenzar por las sindicales, con la organización de base como su punto de partida, son un paso imprescindible para poder levantar con posibilidades de éxito un nuevo concepto de democracia; que implique un horizonte de superación de la escenificación política que se limita a legitimar con el voto popular el predominio de las grandes corporaciones. Una nueva democracia sólo podrá asentarse en una transformación radical de las relaciones económicas, culturales y cotidianas, además de las políticas. Y en la postulación de una sociedad igualitaria, justa y autogobernada. Ese horizonte de transformación social profunda, de cambio de época es el único que puede armonizar necesidades y deseos, de modo de sepultar el modo de organización social individualista, competitivo y destructor de los bienes públicos que hoy predomina y se pretende acentuar. No hay lugar para transformaciones parciales y provisorias, no está en discusión el ritmo y las modalidades, sino el camino completo a seguir.
Daniel Campione
Rumbo económico discriminador y concentrador
El año 2017 culmina con una nueva ola de despidos en el sector privado y en el Estado, con subas de precios, sean las prepagas, los peajes o el dólar, a lo que hay que sumar la quita de impuestos para los autos de gama media y alta.
Todo ello como resultado de las decisiones del Poder Ejecutivo y el Legislativo. El primero, no tuvo empacho de anunciar cambios en los objetivos de política económica con menos de un día de aprobado el Presupuesto 2018. Los legisladores indicaron unas metas que fueron corregidas horas después por el equipo de gobierno. En esta democracia devaluada no se escuchó una sola vos de parlamentarios ofendidos por la burla del oficialismo, evidenciando la complicidad de los poderes del Estado y la formalidad del republicanismo vigente.
La política hegemónica es una farsa. Parlamentarios electos por el voto no responden a sus electores y el Ejecutivo decide más allá del debate congresal, en un marco de cumplimiento de las normas constitucionales. Es un juego donde el soberano es soslayado y alguien podría remitir al dicho popular “los de afuera son de palo”, olvidando que no hay juego sin la participación electoral de la sociedad. El ejercicio de la soberanía popular es lo que debiera estar en discusión y sin embargo, lo que acontece es una burla a ese poder soberano del pueblo.
En conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete, rodeado por los Ministros de Hacienda, el de Finanzas y el Presidente del BCRA anunciaron que había que “re-calibrar” las metas de inflación, que en lugar del 10% previsto para el 2018, lo esperable sería un 15%. En paralelo, el mercado disparó la cotización del dólar y readecuó las expectativas empresarias en el corto y mediano plazo. Difundieron así un discurso legitimador sobre lo que pretende el gobierno del Pro-Cambiemos para el 2018.
Algunos dijeron que se trataba de “realismo” contra la ortodoxia del BCRA, cuyo Presidente habría perdido la interna gubernamental ante los gradualistas en el gobierno. Es curioso pensar como los gradualistas confirman la tendencia al ajuste impopular de las cuentas económicas en un marco de represión acentuada ante la protesta social extendida.
¿Alguien duda sobre quiénes son los beneficiarios y perjudicados por las decisiones económicas en la Argentina?
Los despedidos buscarán reinsertarse laboralmente bajo condiciones más precarias, sea por las nuevas condiciones flexibles de trabajo o por remuneraciones menores, confirmando una tendencia a la pauperización de los ingresos salariales y peores condiciones de empleo para la masa de trabajadoras y trabajadores. Todo ello contribuye a deteriorar los ingresos de la seguridad social y una perspectiva malograda del sistema que atiende la previsión social y las compensaciones por vulnerabilidad social.
Con las subas de precios queda claro quiénes son los que dominan y pueden defender sus ingresos, sean los patrones de la salud privado o el Estado que recompone sus ingresos tarifarios, por peajes o tarifas de servicios públicos. Los usuarios de la salud privada deberán resignar otros gastos para mantener la cobertura o resignarse a unas menores prestaciones “cayendo” en la salud pública. Recordemos a Mauricio Macri señalando que los que no pueden acceder a una educación de calidad caen en la escuela pública. Lo mismo ocurre con los usuarios de servicios públicos, privatizados o no, que el mayor gasto en electricidad, transporte o lo que sea significa reasignación de escasos recursos propios para privilegiar lo que resulta insustituible.
El aumento del dólar favorece a especuladores y grandes productores o exportadores que venían reclamando devaluaciones para encarecer las divisas y mejorar sus rentabilidades. El destino de la cotización del dólar impacta en el conjunto de los precios, especialmente en un país con déficit comercial (se importa más de lo que se exporta), y en consecuencia se encarecen las importaciones, lo que abunda en la escalada de precios locales. No menor resulta el impacto en los tomadores de crédito hipotecario, con actualizaciones asociadas a la evolución del dólar y la inflación, lo que agrega inseguridad a quienes imaginan soluciones de vivienda.
La eliminación del impuesto que grava automóviles de media y alta gama favorece el consumo de sectores de altos ingresos y riqueza en un clara e impúdica demostración para quien se gobierna. Resulta una clara discriminación de una política económica que favorece el consumo suntuario para sostener la lógica de la ganancia a costa de las condiciones de vida e ingreso de la mayoría de la población.
Capitalismo de época
Ocurre que la Argentina transita una lógica económica y política coherente y convergente con la tendencia principal del sistema mundial.
Desde la ruptura de la bipolaridad en 1991 existe un reacomodamiento del poder mundial que afirma la discriminación social masiva y la concentración de la riqueza y los ingresos para agigantar la desigualdad en la sociedad contemporánea.
Es un ejercicio de violencia exacerbado que remite a momentos fundacionales del orden capitalista, sea la acumulación originaria en siglos de desposesión y apropiación privada de medios de producción o sucesivas refundaciones asociadas a los acontecimientos bélicos y de destrucción, especialmente en el Siglo XX.
La deriva autoritaria emergente en éstas últimas tres décadas explica el desorden del orden capitalista, con especulación y militarización, bajo administraciones impresentables en los principales países del capitalismo mundial, cuya imagen patética expresa Donald Trump.
El problema es el imaginario popular de un orden social alternativo, que animó las búsquedas en Nuestramérica en la primera década del Siglo XXI e inspiró procesos sociales y políticos en otros territorios del planeta. Bolivia, Cuba y Venezuela sostienen esas expectativas, no sin dificultades y problemas que amenazan la continuidad de esas experiencias.
Debe consignarse que existen límites en la construcción del nuevo modelo productivo y de desarrollo con perspectiva emancipadora, desplegado con matices no menores en esos tres países mencionados, pero la transición del capitalismo al socialismo continúa siendo una asignatura pendiente y el intento no debe ser combatido por más errores y horrores asociados a la ineficiencia o a la corrupción. No se puede ser imparcial a la hora de juzgar los procesos sociales con pretensión de transformación y más aún si apuntan en un sentido contrario y más allá del capitalismo.
Una aclaración necesaria apunta a considerar variados procesos de cambio político en convergencia con estos rumbos matizados de pretensión transicional mencionados, ya que siendo críticos con la tendencia hegemónica de liberalización explícita, nunca se propusieron superar el orden capitalista. Es el caso de los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay o incluso Chile, entre muchos de la oleada “progresista” o como se la quiera llamar, que generaron expectativa en Nuestramérica.
Por ello es que resulta imprescindible mejorar el diagnóstico sobre el acontecer de nuestro tiempo y definir rumbos estratégicos para pensar en contra y más allá del capitalismo, en un año que conmemoramos el primer centenario del intento de revolución socialista y próximos a recordar en 2018 los 200 años del nacimiento de Carlos Marx.
El propósito civilizatorio por la revolución sigue vigente en las aspiraciones de millones de personas que mantienen el desafío por pensar críticamente la realidad y no resignarse a un presente como única posibilidad de existencia y claro, eso supone reanimar las expectativas y la alegría de una lucha por una sociedad sin explotación ni depredación. Ese es también mi deseo para el año que se avecina, con solidaridad, felicidad y sueños de un mundo emancipado.
Julio C. Gambina
Todo ello como resultado de las decisiones del Poder Ejecutivo y el Legislativo. El primero, no tuvo empacho de anunciar cambios en los objetivos de política económica con menos de un día de aprobado el Presupuesto 2018. Los legisladores indicaron unas metas que fueron corregidas horas después por el equipo de gobierno. En esta democracia devaluada no se escuchó una sola vos de parlamentarios ofendidos por la burla del oficialismo, evidenciando la complicidad de los poderes del Estado y la formalidad del republicanismo vigente.
La política hegemónica es una farsa. Parlamentarios electos por el voto no responden a sus electores y el Ejecutivo decide más allá del debate congresal, en un marco de cumplimiento de las normas constitucionales. Es un juego donde el soberano es soslayado y alguien podría remitir al dicho popular “los de afuera son de palo”, olvidando que no hay juego sin la participación electoral de la sociedad. El ejercicio de la soberanía popular es lo que debiera estar en discusión y sin embargo, lo que acontece es una burla a ese poder soberano del pueblo.
En conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete, rodeado por los Ministros de Hacienda, el de Finanzas y el Presidente del BCRA anunciaron que había que “re-calibrar” las metas de inflación, que en lugar del 10% previsto para el 2018, lo esperable sería un 15%. En paralelo, el mercado disparó la cotización del dólar y readecuó las expectativas empresarias en el corto y mediano plazo. Difundieron así un discurso legitimador sobre lo que pretende el gobierno del Pro-Cambiemos para el 2018.
Algunos dijeron que se trataba de “realismo” contra la ortodoxia del BCRA, cuyo Presidente habría perdido la interna gubernamental ante los gradualistas en el gobierno. Es curioso pensar como los gradualistas confirman la tendencia al ajuste impopular de las cuentas económicas en un marco de represión acentuada ante la protesta social extendida.
¿Alguien duda sobre quiénes son los beneficiarios y perjudicados por las decisiones económicas en la Argentina?
Los despedidos buscarán reinsertarse laboralmente bajo condiciones más precarias, sea por las nuevas condiciones flexibles de trabajo o por remuneraciones menores, confirmando una tendencia a la pauperización de los ingresos salariales y peores condiciones de empleo para la masa de trabajadoras y trabajadores. Todo ello contribuye a deteriorar los ingresos de la seguridad social y una perspectiva malograda del sistema que atiende la previsión social y las compensaciones por vulnerabilidad social.
Con las subas de precios queda claro quiénes son los que dominan y pueden defender sus ingresos, sean los patrones de la salud privado o el Estado que recompone sus ingresos tarifarios, por peajes o tarifas de servicios públicos. Los usuarios de la salud privada deberán resignar otros gastos para mantener la cobertura o resignarse a unas menores prestaciones “cayendo” en la salud pública. Recordemos a Mauricio Macri señalando que los que no pueden acceder a una educación de calidad caen en la escuela pública. Lo mismo ocurre con los usuarios de servicios públicos, privatizados o no, que el mayor gasto en electricidad, transporte o lo que sea significa reasignación de escasos recursos propios para privilegiar lo que resulta insustituible.
El aumento del dólar favorece a especuladores y grandes productores o exportadores que venían reclamando devaluaciones para encarecer las divisas y mejorar sus rentabilidades. El destino de la cotización del dólar impacta en el conjunto de los precios, especialmente en un país con déficit comercial (se importa más de lo que se exporta), y en consecuencia se encarecen las importaciones, lo que abunda en la escalada de precios locales. No menor resulta el impacto en los tomadores de crédito hipotecario, con actualizaciones asociadas a la evolución del dólar y la inflación, lo que agrega inseguridad a quienes imaginan soluciones de vivienda.
La eliminación del impuesto que grava automóviles de media y alta gama favorece el consumo de sectores de altos ingresos y riqueza en un clara e impúdica demostración para quien se gobierna. Resulta una clara discriminación de una política económica que favorece el consumo suntuario para sostener la lógica de la ganancia a costa de las condiciones de vida e ingreso de la mayoría de la población.
Capitalismo de época
Ocurre que la Argentina transita una lógica económica y política coherente y convergente con la tendencia principal del sistema mundial.
Desde la ruptura de la bipolaridad en 1991 existe un reacomodamiento del poder mundial que afirma la discriminación social masiva y la concentración de la riqueza y los ingresos para agigantar la desigualdad en la sociedad contemporánea.
Es un ejercicio de violencia exacerbado que remite a momentos fundacionales del orden capitalista, sea la acumulación originaria en siglos de desposesión y apropiación privada de medios de producción o sucesivas refundaciones asociadas a los acontecimientos bélicos y de destrucción, especialmente en el Siglo XX.
La deriva autoritaria emergente en éstas últimas tres décadas explica el desorden del orden capitalista, con especulación y militarización, bajo administraciones impresentables en los principales países del capitalismo mundial, cuya imagen patética expresa Donald Trump.
El problema es el imaginario popular de un orden social alternativo, que animó las búsquedas en Nuestramérica en la primera década del Siglo XXI e inspiró procesos sociales y políticos en otros territorios del planeta. Bolivia, Cuba y Venezuela sostienen esas expectativas, no sin dificultades y problemas que amenazan la continuidad de esas experiencias.
Debe consignarse que existen límites en la construcción del nuevo modelo productivo y de desarrollo con perspectiva emancipadora, desplegado con matices no menores en esos tres países mencionados, pero la transición del capitalismo al socialismo continúa siendo una asignatura pendiente y el intento no debe ser combatido por más errores y horrores asociados a la ineficiencia o a la corrupción. No se puede ser imparcial a la hora de juzgar los procesos sociales con pretensión de transformación y más aún si apuntan en un sentido contrario y más allá del capitalismo.
Una aclaración necesaria apunta a considerar variados procesos de cambio político en convergencia con estos rumbos matizados de pretensión transicional mencionados, ya que siendo críticos con la tendencia hegemónica de liberalización explícita, nunca se propusieron superar el orden capitalista. Es el caso de los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay o incluso Chile, entre muchos de la oleada “progresista” o como se la quiera llamar, que generaron expectativa en Nuestramérica.
Por ello es que resulta imprescindible mejorar el diagnóstico sobre el acontecer de nuestro tiempo y definir rumbos estratégicos para pensar en contra y más allá del capitalismo, en un año que conmemoramos el primer centenario del intento de revolución socialista y próximos a recordar en 2018 los 200 años del nacimiento de Carlos Marx.
El propósito civilizatorio por la revolución sigue vigente en las aspiraciones de millones de personas que mantienen el desafío por pensar críticamente la realidad y no resignarse a un presente como única posibilidad de existencia y claro, eso supone reanimar las expectativas y la alegría de una lucha por una sociedad sin explotación ni depredación. Ese es también mi deseo para el año que se avecina, con solidaridad, felicidad y sueños de un mundo emancipado.
Julio C. Gambina
Etchecolatz y Hess: una lección moral
El 2017 termina en la Argentina con otra pésima noticia que se suma a otras conocidas en las últimas semanas: el Tribunal Oral Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires le concedió el genocida y torturador probado y confeso Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, el beneficio de la prisión domiciliaria a causa de su "delicado cuadro de salud". El personaje de marras desempeñó aquel cargo entre marzo de 1976 y fines de 1977 y fue la mano derecha de otro asesino de triste memoria, el ex general Ramón Camps. En 1986 Etchecolatz (que actualmente tiene 88 años) fue sentenciado a 23 años de cárcel al ser hallado culpable de 91 casos de tortura. Después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 fue condenado por delitos de lesa humanidad en un juicio que se sustanció en el 2006 y donde fue el único acusado. En esa oportunidad se lo condenó a prisión perpetua por seis homicidios. Fue en el juzgado de La Plata donde se ventilaba el caso que un testigo presencial de sus crímenes, al albañil Jorge Julio López, lo identificó como uno de los torturadores. En su declaración narró entre otras la siguiente escena: “La chica estaba casi a mi lado, en un camastro. Le habían tirado un baldazo con agua y Etchecolatz le pasaba picana...y ella le gritó: "Por favor no me mates, llevame presa de por vida pero dejame criar a mi beba"...y él le sonrió...y delante mío le pegó un balazo ahí mismo. Si la encuentran alguna vez, verán que la cabeza tiene dos agujeros, porque la bala entró por la nuca y le salió por el costado”. Conocida la sentencia, los fotógrafos advirtieron que el genocida había escrito el nombre de López en un pequeño papel, y también una orden: “secuestrar”. El mensaje fue a parar a manos cómplices y obedientes. Tres horas después, López desaparecía para siempre.
Teniendo a la vista estos antecedentes, ¿debería concedérsele a Etchecolatz el beneficio de la prisión domiciliaria? Desde el punto de vista ético, filosófico, la respuesta es terminante: no, de ninguna manera. Ni la edad ni una enfermedad deben atenuar la ejemplaridad de la pena que le fue impuesta por la comisión de delitos atroces y aberrantes. Pero, además, hay un antecedente internacional que merece ser tenido en cuenta: es el caso del ex jerarca nazi Rudolf Hess. Este había caído prisionero de los ingleses en una extraña misión que lo había llevado al Reino Unido, supuestamente con el objeto de pactar una tregua con Londres para que los ejércitos hitlerianos librasen una batalla en un solo frente, el oriental, y aplastar a la Unión Soviética que, sin duda, era una vieja aspiración de las potencias capitalistas. Al producirse el derrumbe del Tercer Reich Hess como tantos otros fue juzgado por el Tribunal de Nuremberg y condenado a cadena perpetua el 1º de octubre de 1946. Junto con otras prominentes figuras del régimen nazi fue enviado a la cárcel de Spandau, un enorme complejo carcelario construido por Bismarck en Berlin. El presidio fue diseñado para albergar a 500 prisioneros pero luego de los juicios de Nuremberg trasladaron a todos los presos y la cárcel se destinó exclusivamente a la reclusión de los condenados, custodiados por más de cien guardiacárceles y personal militar de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. Sólo 7 antiguos jerarcas nazis ocuparon sus celdas y en 1966, con la excarcelación de Albert Speer al cumplirse los veinte años de su condena, el único que permaneció en ese inmenso presidio, en confinamiento solitario y custodiado por un inmenso aparato fue Hess.
Desde los años ochenta algunos sectores neonazis europeos comenzaron a promover abiertamente una campaña para lograr la excarcelación de Hess, aduciendo su avanzada edad (más de 80 años) y sus problemas de salud. Pero tal como lo revelara el periódico británico The Guardian en su edición del 20 de Julio de este año, nada menos que desde 1957 Londres venía sigilosamente solicitando la excarcelación de Hess a las autoridades soviéticas. La reciente desclasificación de los Archivos Nacionales que se hizo efectiva al cumplirse 30 años de la muerte del lugarteniente de Hitler permitió conocer algunos interesantes entretelones anteriormente vedados a la opinión pública, entre ellos la hipocresía de la lucha de las “democracias capitalistas” contra el fascismo. En once ocasiones -¡once, no una!- el Reino Unido demandó de manera unilateral a la URSS la liberación de Hess, y en otras catorce lo hizo de común acuerdo con Washington y París. La última petición británica la firmó Margaret Thatcher el 4 de Octubre de 1982 según consta en los archivos. (ver https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jul/20/uk-pressed-for-rudolf-hess-release-from-spandau-prison-soviets-hitler-thatcher-national-archives) Sin embargo, la absoluta intransigencia de la Unión Soviética frustró esos planes. Esta actitud fue acompañada, si bien discretamente, por el gobierno de Israel. El argumento de Moscú se apoyaba en dos consideraciones: uno, la liberación de Hess sería una afrenta a los veinte millones de soviéticos que murieron a causa de la invasión nazi a la URSS; dos, que una tal decisión alentaría la resurgencia del nazismo y el racismo en Europa. Fracasadas estas tentativas de liberación por “causas humanitarias” Hess murió en prisión en 1987, a los 93 años, en misteriosas circunstancias. La versión oficial es que se ahorcó, pero en Londres hay quienes aseguran que fue asesinado para que se lleve a la tumba el secreto de la misión que lo llevara al Reino Unido a inicios de los años cuarenta. De lo anterior se desprende una lección para la Argentina: un gesto supuestamente “humanitario” como el que benefició a un personaje como Etchecolatz -aún más sórdido y criminal que Hess que nunca perpetró por mano propia las atrocidades cometidas por aquel- no sólo es inmoral sino que fomentará el crecimiento de grupos racistas y neofascistas de diverso pelaje y alimentará la ilusión de que sus crímenes, como ocurrió en el pasado, podrían quedar impunes. Y en la Argentina de hoy si hay algo que no necesitamos es precisamente eso.
Atilio A. Boron
Teniendo a la vista estos antecedentes, ¿debería concedérsele a Etchecolatz el beneficio de la prisión domiciliaria? Desde el punto de vista ético, filosófico, la respuesta es terminante: no, de ninguna manera. Ni la edad ni una enfermedad deben atenuar la ejemplaridad de la pena que le fue impuesta por la comisión de delitos atroces y aberrantes. Pero, además, hay un antecedente internacional que merece ser tenido en cuenta: es el caso del ex jerarca nazi Rudolf Hess. Este había caído prisionero de los ingleses en una extraña misión que lo había llevado al Reino Unido, supuestamente con el objeto de pactar una tregua con Londres para que los ejércitos hitlerianos librasen una batalla en un solo frente, el oriental, y aplastar a la Unión Soviética que, sin duda, era una vieja aspiración de las potencias capitalistas. Al producirse el derrumbe del Tercer Reich Hess como tantos otros fue juzgado por el Tribunal de Nuremberg y condenado a cadena perpetua el 1º de octubre de 1946. Junto con otras prominentes figuras del régimen nazi fue enviado a la cárcel de Spandau, un enorme complejo carcelario construido por Bismarck en Berlin. El presidio fue diseñado para albergar a 500 prisioneros pero luego de los juicios de Nuremberg trasladaron a todos los presos y la cárcel se destinó exclusivamente a la reclusión de los condenados, custodiados por más de cien guardiacárceles y personal militar de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. Sólo 7 antiguos jerarcas nazis ocuparon sus celdas y en 1966, con la excarcelación de Albert Speer al cumplirse los veinte años de su condena, el único que permaneció en ese inmenso presidio, en confinamiento solitario y custodiado por un inmenso aparato fue Hess.
Desde los años ochenta algunos sectores neonazis europeos comenzaron a promover abiertamente una campaña para lograr la excarcelación de Hess, aduciendo su avanzada edad (más de 80 años) y sus problemas de salud. Pero tal como lo revelara el periódico británico The Guardian en su edición del 20 de Julio de este año, nada menos que desde 1957 Londres venía sigilosamente solicitando la excarcelación de Hess a las autoridades soviéticas. La reciente desclasificación de los Archivos Nacionales que se hizo efectiva al cumplirse 30 años de la muerte del lugarteniente de Hitler permitió conocer algunos interesantes entretelones anteriormente vedados a la opinión pública, entre ellos la hipocresía de la lucha de las “democracias capitalistas” contra el fascismo. En once ocasiones -¡once, no una!- el Reino Unido demandó de manera unilateral a la URSS la liberación de Hess, y en otras catorce lo hizo de común acuerdo con Washington y París. La última petición británica la firmó Margaret Thatcher el 4 de Octubre de 1982 según consta en los archivos. (ver https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jul/20/uk-pressed-for-rudolf-hess-release-from-spandau-prison-soviets-hitler-thatcher-national-archives) Sin embargo, la absoluta intransigencia de la Unión Soviética frustró esos planes. Esta actitud fue acompañada, si bien discretamente, por el gobierno de Israel. El argumento de Moscú se apoyaba en dos consideraciones: uno, la liberación de Hess sería una afrenta a los veinte millones de soviéticos que murieron a causa de la invasión nazi a la URSS; dos, que una tal decisión alentaría la resurgencia del nazismo y el racismo en Europa. Fracasadas estas tentativas de liberación por “causas humanitarias” Hess murió en prisión en 1987, a los 93 años, en misteriosas circunstancias. La versión oficial es que se ahorcó, pero en Londres hay quienes aseguran que fue asesinado para que se lleve a la tumba el secreto de la misión que lo llevara al Reino Unido a inicios de los años cuarenta. De lo anterior se desprende una lección para la Argentina: un gesto supuestamente “humanitario” como el que benefició a un personaje como Etchecolatz -aún más sórdido y criminal que Hess que nunca perpetró por mano propia las atrocidades cometidas por aquel- no sólo es inmoral sino que fomentará el crecimiento de grupos racistas y neofascistas de diverso pelaje y alimentará la ilusión de que sus crímenes, como ocurrió en el pasado, podrían quedar impunes. Y en la Argentina de hoy si hay algo que no necesitamos es precisamente eso.
Atilio A. Boron
La violencia en la historia de la violación de los derechos humanos
“Hay muchas formas de matar. Se puede clavar al otro un cuchillo en el vientre,
quitarle el pan, no curarlo de una enfermedad, confinarlo en una casa inhabitable,
masacrarlo de trabajo, empujarlo al suicidio, obligarle a ir a la guerra, etc.
Sólo pocas de estas formas de matar
están prohibidas en nuestro Estado”.
Bertol Brecht
Así como el Poder siempre ha exigido que no haya historia, también pretende que es el pueblo el que rompe la “paz social” que habría caracterizado la historia nacional por ellos contada. Nada más lejos de la verdad.
Recordemos aquello de Rodolfo Walsh “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas."
Conviene insistir en que el territorio que habitamos, los pueblos que hemos vivido aquí desde hace unos quince mil años (en la Quebrada de Humahuaca hay culturas de ese tiempo, al sur del río Colorado de unos doce mil) hemos sido objeto de diversos y sucesivos procesos sociales de genocidio[1]: la llamada Conquista de América por parte del Imperio Español, la consiguiente dominación colonial de carácter terrorista militar, los ataques militares contra los pueblos originarios sobrevivientes en los dos procesos de finales del siglo XIX: la llamada Conquista del Desierto, al sur del río Colorado y la llamada Guerra de la Triple Alianza, contra la nación guaraní en Paraguay, procesos de enorme crueldad basados en la desestimación de la humanidad de los pueblos originarios, los esclavos africanos y los criollos pobres que no se subordinaban a la oligarquía porteña y sus aliados del interior.
Así llegamos al siglo XX. Entonces llevábamos unos trescientos cincuenta años de guerras, torturas y toda clase de formas de violencia contra nosotros, es decir, contra los indio, los paraguayos y los criollos pobres.
Y a los dos años de comenzar el siglo se inauguró la legislación represiva y anticomunista, la Ley 4144 sancionada en 1902 y vigente hasta 1958, sin interrupciones. La 4144 permitía la expulsión administrativa (sin proceso judicial) de los inmigrantes que los Servicios de Espionaje y las Policías consideraban anarquistas, “comunistas libertarios” que era el modo de designar a los subversivos de aquellos tiempos.
Desde entonces hemos sufrido cárceles, torturas, desapariciones y fusilamientos. Desde 1930 en adelante, los militares asaltaron con violencia la Casa Rosada y lo repitieron en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Y cada vez, como en un espiral de violencias, más torturas, más presos, más muertes hasta llegar al paroxismo de la Triple A, los Centros Clandestinos y los treintamil. De qué historia de democracia, derechos humanos y paz social nos hablan los herederos de Roca y Uriburu, de Massot, Blaquier, Peña, Bullrich y demás genocidas de ayer y de hoy?
En la llamada democracia post dictadura, “democraduras” en el lenguaje de Galeano o gobiernos autoritarios con máscaras democráticas como entiendo al de Cambiemos, hubo intentos de nuevos golpes de Estado y rebeliones armadas como la de los Carapintadas o la de Rico en la Semana Santa de 1987 para luego estabilizarse una combinación de formas legales y democráticas (constitucionales) con la presencia permanente de las policías y su gatillo fácil, sus métodos de torturas aprendidos con la Inquisición y “mejorados” con cada dictadura y los jueces cómplices de todo eso.
¿Les parece algo nuevo o que un izquierdista defensor de los derechos humanos denuncia?. En el 2013, a cien años de la Asamblea del año XIII que decretó la disolución de la Inquisición y aún más, la destrucción publica de los elementos de tortura, la titular del Ministerio Público de la Defensa Stella Maris Martínez afirmó dos verdades contundentes: “la tortura hoy es un crimen y sin embargo se sigue aplicando. Es una realidad cotidiana en lugares de encierro, como método de disciplinamiento, como un régimen de terror y de castigos preventivos. Todo lugar donde haya personas privadas de libertad debe ser sometida a un control permanente del afuera, y esto no ocurre” y aún más: “los jueces no investigan lo poco que se denuncia en términos de tortura, porque siguen sosteniendo esa postura que entiende que los policías y los guardias dicen la verdad y los presos mienten. Los jueces, al mirar para otro lado se convierten en cómplices, y esta tolerancia judicial perversa obedece a lo que ocurre en la sociedad que no repudia fuerte y sostenidamente la tortura”.
Con la llegada de Cambiemos al gobierno (se podría decir que el Poder lo tuvieron siempre) la violencia ha pegado un salto impresionante: creció la violencia cotidiana contra la sociedad por la agresión económica y los despojos de todo tipo que sufrimos sobre nuestros derechos y conquistas, creció la violencia psicológica por parte de un ejercito de lenguaraces encargados de insultarnos minuto a minuto desde el más sofisticado y poderoso aparato de propaganda jamás imaginado por nadie y creció la violencia física de las fuerzas que el estado arma y permite torturar, disparar, y asesinar como a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel, o encerrar como a Facundo Jones Huala, a Milagro Sala y a tantos otros como Luis D Elia, Federico Esteche o Carlos Zannini. Como en un ciclo acelerado, la larga marcha asesina que los gobiernos militares recorrieron de 1930 a 1976, Cambiemos la está recorriendo en el breve tiempo que va desde las elecciones de fines del 2015 hasta la represión militarizada de este Diciembre de violencia institucional superlativa.
Nunca hubo en la Argentina, y mucho menos hay ahora, una confrontación en el plano militar en la que se puedan reconocer dos oponentes de aproximada (al menos) dimensiones y fuerzas. Siempre desde el Ejecito Colonial Español arrasando aldeas mapuches hasta la Gendarmería arrasando Cushamen ha sido igual: un proceso represivo de exterminio al cual, algunas veces, se le ha opuesto algún tipo de resistencia más o menos eficaz, pobremente armada.
Sin embargo, el pueblo, los pobres, los indios, los obreros, las mujeres indias, obreras y estudiantes, las y los estudiantes, se han rebelado una y otra vez, de una y otra manera hasta derrotar todos los intentos coloniales y neocoloniales.
No necesitaron ley o reglamento alguno, se sabe que no hay ley alguna que pueda convalidar la violación a los derechos humanos, y mucho menos la violencia del Estado contra las personas.
Desde el mismo Derecho, desde las concepciones no positivistas (iusnaturalismo) se afirma que no puede separarse en el derecho lo formal del contenido moral (de justicia) de sus disposiciones. Una de las tesis del iusnaturalismo es que la ley injusta no es ley: lex injusta non est lex.
Su formulación proviene de San Agustín (siglo IV y V) “si verdaderamente en algún punto [la ley positiva] resulta discordante con la ley natural, ya no será ley sino una corrupción [corruptio] de la ley” (Suma Teológica I-II, q. 95, a. 2 c); “toda ley se ordena al bien común de los hombres y en esa medida tiene fuerza y carácter de ley, y en la medida en que se aparta de ese fin carece de fuerza obligatoria” (Suma Teológica I-II, q. 96, a. 6 c); las leyes injustas “son más violencia que leyes […] y por eso no obligan en el foro de la conciencia” (Suma Teológica I-II, q. 96, a. 4, c); “la ley tiránica que no es conforme a la razón, no es pura y simplemente [simpliciter] ley, sino más bien una cierta perversión [perversitas] de la ley” (Suma Teológica I-II, q. 92, a1, ad. 4).
Es en ese derecho natural que se basa San Martín en su guerra contra el Colonialismo Español desde su Ejercito Libertador. Había también en esa época, voces que estimulaban la negociación claudicante pero San Martín, Belgrano, Moreno, Monteagudo, Gaspar Francia, Bolívar, Artigas, O Higgins desestimaron el camino de la conciliación y fueron de frente contra la violencia colonial. Y así lo ha hecho nuestro pueblo una y otra vez, honrando un derecho que más bien es un deber.
En 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la derrota de la alianza de la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Japón imperial (más el apoyo de la España de Franco), al proclamarse la Declaración de los derechos humanos, en el preámbulo se estampa: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”
Para nosotros, nacidos once años antes de dicha declaración, los derechos humanos son las necesidades de los pueblos por las que debemos luchar, precisamente para conseguir su reconocimiento por parte de los poderosos. La jornada de ocho horas, el derecho al descanso, el derecho de huelga, el derecho al voto para todas y todos, los derechos para las personas GLTTB, la abolición de la tortura, el derecho a la defensa en juicio, la abolición de la monarquía y el reconocimiento formal de la igualdad ante la ley (ya que nunca fue el reconocimiento real de la igualdad, o sea la abolición de las barreras de poder y propiedad que impiden el acceso universal y real de todas a los derechos proclamado), no fueron regalo de las autoridades, sino producto de la lucha. Mucha sangre y sufrimiento fueron necesarios para que el pueblo conquistara esos derechos.
Ese derecho fue asumido por nuestro pueblo a lo largo de toda la historia y vanos son los intentos de descalificar las luchas actuales como terroristas, narco terroristas o canalladas similares. San Martín no era terrorista, tampoco Moreno, Monteagudo, Gaspar Francia, Artigas o Bolívar. Mucho menos los obreros de la Patagonia Rebelde o las huelgas de la Forestal, los estudiantes de la Reforma Universitaria o los campesinos del Grito de Alcorta. No eran terroristas los que gestaron la Revolución del Parque o fundaron el Partido Socialista. Ni los que resistieron a las dictaduras de 1930 y todas las sucesivas. Tampoco Santiago Pampillón, Agustín Tosco, Roberto Santucho o el Negro Quieto. Eran patriotas que lucharon, cada uno al modo que entendía adecuado a su tiempo y circunstancias. Porque nadie lucha de otro modo que con las ideas y métodos de su tiempo. Algunos triunfan y otros no, pero todos cumplen con el deber humano de ser dignos, no como los torturadores o asesinos.
Terroristas son los que crearon los centros clandestinos y desaparecieron miles de compañeros, y terrorista es el gobierno de Cambiemos el que al violentar el orden jurídico interno y desconocer el internacional, se coloca en el terreno de lo ilegal y lo ilegitimo, contra el cual rebelarse es más que un derecho, es un deber.
Cambiemos viene demoliendo el único resto de la democracia en la Argentina, que era su formalidad jurídica y la igualdad formal, en dos años ha instalado de facto varias categorías de argentinos: población sobrante, población execrable, población indigna y población criminal actuando en consecuencia de modo tal que la democracia Argentina solo existe como proyecto liberador, como práctica popular de construcción de poder, como sueño irredento que viene de San Martín y que se hace carne en Fidel y la única revolución triunfante que pervive en Occidente.
Cuándo nos preguntan por la democracia podemos contestar con Fidel: “Nosotros vemos el cuadro de esta América Latina: cuando más se habla de democracia, más barrios marginales surgen, más decenas de millones de personas viven en esos barrios marginales, más decenas de personas son analfabetas, más decenas de decenas de millones de personas están sin empleo, más decenas y decenas de millones de personas están sin asistencia médica. Y con las medidas del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones similares, esta situación, en vez de mejorar en algún sentido, empeora cada vez más, y tenemos países en América Latina donde el 10 por ciento de la población recibe más del 50 por ciento de la renta nacional. ¿Cómo se puede hablar de democracia en esas condiciones?[2]”.
"La democracia para mí significa que los gobiernos, primero estén íntimamente vinculados con el pueblo, emergen del pueblo, tengan el apoyo del pueblo, y se consagren enteramente a trabajar y a luchar por el pueblo y por los intereses del pueblo. Para mí democracia implica la defensa de los derechos de los ciudadanos, entre ellos, el derecho a la independencia, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad nacional, el derecho al honor; para mí democracia significa la fraternidad entre los hombres, la igualdad verdadera entre los hombres, la igualdad de oportunidades para todos los hombres, para cada ser humano que nazca, para cada inteligencia que exista”.
Para todos los hombres y mujeres, todos los derechos.
Para todos, todo.
José Ernesto Schulman
Notas:
[1] Entendemos como tales al exterminio de un grupo nacional para reorganizar radicalmente la sociedad pre existente mediante la imposición de una nueva identidad cultural en reemplazo de la originaria.
[2] Según Infobae: El INDEC reveló que la brecha entre el ingreso familiar promedio del 10% más pobre de los hogares y el 10% más rico llegó a 21,8 veces en el primer trimestre de 2017. Además, el 10% más rico de las familias concentra un nivel de ingresos superior al alcanzado por el 60% de la población de menores ingresos. 1
quitarle el pan, no curarlo de una enfermedad, confinarlo en una casa inhabitable,
masacrarlo de trabajo, empujarlo al suicidio, obligarle a ir a la guerra, etc.
Sólo pocas de estas formas de matar
están prohibidas en nuestro Estado”.
Bertol Brecht
Así como el Poder siempre ha exigido que no haya historia, también pretende que es el pueblo el que rompe la “paz social” que habría caracterizado la historia nacional por ellos contada. Nada más lejos de la verdad.
Recordemos aquello de Rodolfo Walsh “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas."
Conviene insistir en que el territorio que habitamos, los pueblos que hemos vivido aquí desde hace unos quince mil años (en la Quebrada de Humahuaca hay culturas de ese tiempo, al sur del río Colorado de unos doce mil) hemos sido objeto de diversos y sucesivos procesos sociales de genocidio[1]: la llamada Conquista de América por parte del Imperio Español, la consiguiente dominación colonial de carácter terrorista militar, los ataques militares contra los pueblos originarios sobrevivientes en los dos procesos de finales del siglo XIX: la llamada Conquista del Desierto, al sur del río Colorado y la llamada Guerra de la Triple Alianza, contra la nación guaraní en Paraguay, procesos de enorme crueldad basados en la desestimación de la humanidad de los pueblos originarios, los esclavos africanos y los criollos pobres que no se subordinaban a la oligarquía porteña y sus aliados del interior.
Así llegamos al siglo XX. Entonces llevábamos unos trescientos cincuenta años de guerras, torturas y toda clase de formas de violencia contra nosotros, es decir, contra los indio, los paraguayos y los criollos pobres.
Y a los dos años de comenzar el siglo se inauguró la legislación represiva y anticomunista, la Ley 4144 sancionada en 1902 y vigente hasta 1958, sin interrupciones. La 4144 permitía la expulsión administrativa (sin proceso judicial) de los inmigrantes que los Servicios de Espionaje y las Policías consideraban anarquistas, “comunistas libertarios” que era el modo de designar a los subversivos de aquellos tiempos.
Desde entonces hemos sufrido cárceles, torturas, desapariciones y fusilamientos. Desde 1930 en adelante, los militares asaltaron con violencia la Casa Rosada y lo repitieron en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Y cada vez, como en un espiral de violencias, más torturas, más presos, más muertes hasta llegar al paroxismo de la Triple A, los Centros Clandestinos y los treintamil. De qué historia de democracia, derechos humanos y paz social nos hablan los herederos de Roca y Uriburu, de Massot, Blaquier, Peña, Bullrich y demás genocidas de ayer y de hoy?
En la llamada democracia post dictadura, “democraduras” en el lenguaje de Galeano o gobiernos autoritarios con máscaras democráticas como entiendo al de Cambiemos, hubo intentos de nuevos golpes de Estado y rebeliones armadas como la de los Carapintadas o la de Rico en la Semana Santa de 1987 para luego estabilizarse una combinación de formas legales y democráticas (constitucionales) con la presencia permanente de las policías y su gatillo fácil, sus métodos de torturas aprendidos con la Inquisición y “mejorados” con cada dictadura y los jueces cómplices de todo eso.
¿Les parece algo nuevo o que un izquierdista defensor de los derechos humanos denuncia?. En el 2013, a cien años de la Asamblea del año XIII que decretó la disolución de la Inquisición y aún más, la destrucción publica de los elementos de tortura, la titular del Ministerio Público de la Defensa Stella Maris Martínez afirmó dos verdades contundentes: “la tortura hoy es un crimen y sin embargo se sigue aplicando. Es una realidad cotidiana en lugares de encierro, como método de disciplinamiento, como un régimen de terror y de castigos preventivos. Todo lugar donde haya personas privadas de libertad debe ser sometida a un control permanente del afuera, y esto no ocurre” y aún más: “los jueces no investigan lo poco que se denuncia en términos de tortura, porque siguen sosteniendo esa postura que entiende que los policías y los guardias dicen la verdad y los presos mienten. Los jueces, al mirar para otro lado se convierten en cómplices, y esta tolerancia judicial perversa obedece a lo que ocurre en la sociedad que no repudia fuerte y sostenidamente la tortura”.
Con la llegada de Cambiemos al gobierno (se podría decir que el Poder lo tuvieron siempre) la violencia ha pegado un salto impresionante: creció la violencia cotidiana contra la sociedad por la agresión económica y los despojos de todo tipo que sufrimos sobre nuestros derechos y conquistas, creció la violencia psicológica por parte de un ejercito de lenguaraces encargados de insultarnos minuto a minuto desde el más sofisticado y poderoso aparato de propaganda jamás imaginado por nadie y creció la violencia física de las fuerzas que el estado arma y permite torturar, disparar, y asesinar como a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel, o encerrar como a Facundo Jones Huala, a Milagro Sala y a tantos otros como Luis D Elia, Federico Esteche o Carlos Zannini. Como en un ciclo acelerado, la larga marcha asesina que los gobiernos militares recorrieron de 1930 a 1976, Cambiemos la está recorriendo en el breve tiempo que va desde las elecciones de fines del 2015 hasta la represión militarizada de este Diciembre de violencia institucional superlativa.
Nunca hubo en la Argentina, y mucho menos hay ahora, una confrontación en el plano militar en la que se puedan reconocer dos oponentes de aproximada (al menos) dimensiones y fuerzas. Siempre desde el Ejecito Colonial Español arrasando aldeas mapuches hasta la Gendarmería arrasando Cushamen ha sido igual: un proceso represivo de exterminio al cual, algunas veces, se le ha opuesto algún tipo de resistencia más o menos eficaz, pobremente armada.
Sin embargo, el pueblo, los pobres, los indios, los obreros, las mujeres indias, obreras y estudiantes, las y los estudiantes, se han rebelado una y otra vez, de una y otra manera hasta derrotar todos los intentos coloniales y neocoloniales.
No necesitaron ley o reglamento alguno, se sabe que no hay ley alguna que pueda convalidar la violación a los derechos humanos, y mucho menos la violencia del Estado contra las personas.
Desde el mismo Derecho, desde las concepciones no positivistas (iusnaturalismo) se afirma que no puede separarse en el derecho lo formal del contenido moral (de justicia) de sus disposiciones. Una de las tesis del iusnaturalismo es que la ley injusta no es ley: lex injusta non est lex.
Su formulación proviene de San Agustín (siglo IV y V) “si verdaderamente en algún punto [la ley positiva] resulta discordante con la ley natural, ya no será ley sino una corrupción [corruptio] de la ley” (Suma Teológica I-II, q. 95, a. 2 c); “toda ley se ordena al bien común de los hombres y en esa medida tiene fuerza y carácter de ley, y en la medida en que se aparta de ese fin carece de fuerza obligatoria” (Suma Teológica I-II, q. 96, a. 6 c); las leyes injustas “son más violencia que leyes […] y por eso no obligan en el foro de la conciencia” (Suma Teológica I-II, q. 96, a. 4, c); “la ley tiránica que no es conforme a la razón, no es pura y simplemente [simpliciter] ley, sino más bien una cierta perversión [perversitas] de la ley” (Suma Teológica I-II, q. 92, a1, ad. 4).
Es en ese derecho natural que se basa San Martín en su guerra contra el Colonialismo Español desde su Ejercito Libertador. Había también en esa época, voces que estimulaban la negociación claudicante pero San Martín, Belgrano, Moreno, Monteagudo, Gaspar Francia, Bolívar, Artigas, O Higgins desestimaron el camino de la conciliación y fueron de frente contra la violencia colonial. Y así lo ha hecho nuestro pueblo una y otra vez, honrando un derecho que más bien es un deber.
En 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la derrota de la alianza de la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Japón imperial (más el apoyo de la España de Franco), al proclamarse la Declaración de los derechos humanos, en el preámbulo se estampa: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”
Para nosotros, nacidos once años antes de dicha declaración, los derechos humanos son las necesidades de los pueblos por las que debemos luchar, precisamente para conseguir su reconocimiento por parte de los poderosos. La jornada de ocho horas, el derecho al descanso, el derecho de huelga, el derecho al voto para todas y todos, los derechos para las personas GLTTB, la abolición de la tortura, el derecho a la defensa en juicio, la abolición de la monarquía y el reconocimiento formal de la igualdad ante la ley (ya que nunca fue el reconocimiento real de la igualdad, o sea la abolición de las barreras de poder y propiedad que impiden el acceso universal y real de todas a los derechos proclamado), no fueron regalo de las autoridades, sino producto de la lucha. Mucha sangre y sufrimiento fueron necesarios para que el pueblo conquistara esos derechos.
Ese derecho fue asumido por nuestro pueblo a lo largo de toda la historia y vanos son los intentos de descalificar las luchas actuales como terroristas, narco terroristas o canalladas similares. San Martín no era terrorista, tampoco Moreno, Monteagudo, Gaspar Francia, Artigas o Bolívar. Mucho menos los obreros de la Patagonia Rebelde o las huelgas de la Forestal, los estudiantes de la Reforma Universitaria o los campesinos del Grito de Alcorta. No eran terroristas los que gestaron la Revolución del Parque o fundaron el Partido Socialista. Ni los que resistieron a las dictaduras de 1930 y todas las sucesivas. Tampoco Santiago Pampillón, Agustín Tosco, Roberto Santucho o el Negro Quieto. Eran patriotas que lucharon, cada uno al modo que entendía adecuado a su tiempo y circunstancias. Porque nadie lucha de otro modo que con las ideas y métodos de su tiempo. Algunos triunfan y otros no, pero todos cumplen con el deber humano de ser dignos, no como los torturadores o asesinos.
Terroristas son los que crearon los centros clandestinos y desaparecieron miles de compañeros, y terrorista es el gobierno de Cambiemos el que al violentar el orden jurídico interno y desconocer el internacional, se coloca en el terreno de lo ilegal y lo ilegitimo, contra el cual rebelarse es más que un derecho, es un deber.
Cambiemos viene demoliendo el único resto de la democracia en la Argentina, que era su formalidad jurídica y la igualdad formal, en dos años ha instalado de facto varias categorías de argentinos: población sobrante, población execrable, población indigna y población criminal actuando en consecuencia de modo tal que la democracia Argentina solo existe como proyecto liberador, como práctica popular de construcción de poder, como sueño irredento que viene de San Martín y que se hace carne en Fidel y la única revolución triunfante que pervive en Occidente.
Cuándo nos preguntan por la democracia podemos contestar con Fidel: “Nosotros vemos el cuadro de esta América Latina: cuando más se habla de democracia, más barrios marginales surgen, más decenas de millones de personas viven en esos barrios marginales, más decenas de personas son analfabetas, más decenas de decenas de millones de personas están sin empleo, más decenas y decenas de millones de personas están sin asistencia médica. Y con las medidas del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones similares, esta situación, en vez de mejorar en algún sentido, empeora cada vez más, y tenemos países en América Latina donde el 10 por ciento de la población recibe más del 50 por ciento de la renta nacional. ¿Cómo se puede hablar de democracia en esas condiciones?[2]”.
"La democracia para mí significa que los gobiernos, primero estén íntimamente vinculados con el pueblo, emergen del pueblo, tengan el apoyo del pueblo, y se consagren enteramente a trabajar y a luchar por el pueblo y por los intereses del pueblo. Para mí democracia implica la defensa de los derechos de los ciudadanos, entre ellos, el derecho a la independencia, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad nacional, el derecho al honor; para mí democracia significa la fraternidad entre los hombres, la igualdad verdadera entre los hombres, la igualdad de oportunidades para todos los hombres, para cada ser humano que nazca, para cada inteligencia que exista”.
Para todos los hombres y mujeres, todos los derechos.
Para todos, todo.
José Ernesto Schulman
Notas:
[1] Entendemos como tales al exterminio de un grupo nacional para reorganizar radicalmente la sociedad pre existente mediante la imposición de una nueva identidad cultural en reemplazo de la originaria.
[2] Según Infobae: El INDEC reveló que la brecha entre el ingreso familiar promedio del 10% más pobre de los hogares y el 10% más rico llegó a 21,8 veces en el primer trimestre de 2017. Además, el 10% más rico de las familias concentra un nivel de ingresos superior al alcanzado por el 60% de la población de menores ingresos. 1
lunes, 1 de enero de 2018
Peronismo y kirchnerismo: ¿los senderos se bifurcan?
Un Gobierno que hace mucho ruido para ocultar su crisis. El diseño de una oposición y un peronismo a medida. El decorado kirchnerista y las posibilidades de la izquierda.
El repliegue desordenado del gobierno de Mauricio Macri en este fin de año es indiscutible. Logró dilapidar en veinte días, una parte considerable de los avances que había acumulado con el triunfo electoral de octubre.
Un escasamente difundido informe del Instituto Di Tella sentenció la semana pasada que el Índice de Confianza en el Gobierno cayó bruscamente un 20 % en diciembre. Los tres motores principales de la erosión fueron su actuación ante el asesinato del joven Rafael Nahuel en Bariloche, el pésimo desempeño ante la desaparición del submarino ARA-San Juan y, por supuesto, la desaprobación general y la crisis política generada por el recorte de los futuros haberes jubilatorios y las remuneraciones correspondientes a la Asignación Universal por Hijo.
La repentina puesta en escena de los “cuatro jinetes del Apocalipsis”, apodo acuñado por alguna mala lengua (Marcos Peña, Nicolás Dujovne, Luis Caputo y el domesticado presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger) sumó inquietud e incertidumbre a la economía. El giro en el timón, con una minidevaluación de hecho y una confesión del fracaso de las “metas de inflación”, reveló el estancamiento que atraviesa el plan económico.
El reconocimiento de la imposibilidad de contener los precios (pese al planchazo que aplicaron sobre la economía) y el anuncio de los nuevos tarifazos al transporte y a los servicios en los próximos meses, echará leña al fuego de un verano caliente. Deberán pagar más los que recibirán menos ingresos y las paritarias implicarán la apertura de una temprana y dura batalla.
En medio de tanto humo de judicialización de la política que quiere ocultar esa realidad, algunos análisis comienzan a dar cuenta del giro. “Porque, se diga lo que se diga, hubo daño en la base de sustentación de Macri”, disparó un lapidario Ricardo Kirschbaum desde el estado mayor conjunto del periodismo de guerra (Clarín, 24-12).
José Natanson, que venía otorgando –en nuestra humilde opinión– exagerado crédito a la “hegemonía” macrista, escribe en el adelantado número de enero de El Dipló sobre la percepción popular en torno a la magra situación de los jubilados: “El blanco de la crítica es móvil: si hasta mediados de diciembre la responsabilidad recaía fundamentalmente sobre el kirchnerismo, es probable que a partir de ahora se vaya desplazando al macrismo, cuyo ascenso, por otra parte, se explica en buena medida por el apoyo de ese colectivo inorgánico pero numerosísimo que son los adultos mayores”.
El retroceso incierto del Gobierno se confirma por los datos y por los análisis, incluso de aquellos que le brindan un ferviente apoyo o consideraban que poseía una densidad superior.
Peronismo de diseño
Ante esta situación compleja del oficialismo, comienzan a moverse las piezas del tablero de la oposición en general y del peronismo en particular.
El empate catastrófico de la dispersión peronista impuso que un ilustre desconocido como el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (elegido en lista única como presidente del PJ bonaerense) oficie como vocero de los proyectos de reconstrucción del golpeado movimiento.
El empate se produce entre los que tienen los desgatados “fierros” (gobernadores, intendentes y sindicatos) y los que tienen mayor caudal electoral, fundamentalmente Cristina Fernández, que también posee el apoyo de algunos gremios menos gravitantes (se destacan bancarios y docentes) y un bloque considerable de diputados.
Si la inquietante aventura del país atendido por sus CEO sucumbe, no estaría mal tener a mano un peronismo que pueda continuar la obra y efectivizar un control de daños
Desde antes de asumir como presidente del PJ bonaerense, Menéndez viene trabajando para la unidad y “renovación” del peronismo. En una generosa entrevista para el programa Código Político del canal de cable TN, habló de la necesidad de comenzar a dialogar con todos y todas. Con los que se fueron del peronismo, como Sergio Massa o Florencio Randazzo; con la CGT, que debe “volver a ser la columna vertebral” y también con Cristina, que “es la dirigente del peronismo que conserva el mayor nivel de adhesión en la República Argentina”. Aunque, inmediatamente aclaró que “con Cristina no alcanza” y que Unidad Ciudadana y la reconstrucción del peronismo no son antagónicos. Se mostró comprensivo con los gobernadores que vienen de pactar el despojo a los jubilados porque “hay que entender que tienen realidades diferentes”.
Por las mismas horas, trascendió la foto que muestra a Menéndez, al randazzista “Bali” Bucca, el pejotista Diego Bossio y a los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Mariano Cascallares (Almirante Brown) relajadamente reunidos con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y con el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Nicolás Massot, uno de los más rabiosos defensores del saqueo a los jubilados.
Es evidente que, con la bendición del santo padre que vive en Roma y el respaldo de ciertos movimientos sociales, la confluencia apuesta a darle impulso a lo que algunos bautizaron como un “peronismo de centro o racional” y lo que la propia Cristina calificó creativamente en su primer discurso en el Senado como “oposición de diseño”.
A las clases dominantes y a los dueños del país no les desagrada la eventualidad de la reconstrucción de un régimen con opciones de ese calibre, si la inquietante aventura del país atendido por sus CEO sucumbe, no estaría mal tener a mano un peronismo que pueda continuar la obra y efectivizar un control de daños.
El pequeño inconveniente que tienen todos estos sueños húmedos de los que habitan la parte de arriba del círculo rojo es la relación de fuerzas.
Como hemos señalado en múltiples ocasiones, el kirchnerismo como corriente de centroizquierda del peronismo que se volvió “hegemónica” durante una década, no podía explicarse sin su función pasivizadora del contencioso país pos-2001. La ayuda de la economía internacional y la recomposición social que la acompañó, configuraron una relación de fuerzas que, sin mediar crisis catastrófica ni derrotas cualitativas, se sigue manifestando. Pese al triunfo “pírrico” legislativo para el atraco a los jubilados, en las calles y en los cacerolazos volvió a expresarse, provocando la primera gran crisis del Gobierno.
El kirchnerismo quiere postularse como expresión de esa oposición social y los ataques judiciales, con el festival de detenciones preventivas, la acusación de “violentos” y la campaña permanente del aparato mediático oficialista, tienen por objetivo aportar a su subordinación dentro del nuevo peronismo de centro.
¿Decoración de interiores?
La cuestión es que la propia conducción del kirchnerismo se encamina, hasta ahora, voluntariamente a ser parte de esa “nueva mayoría” de un peronismo domesticado.
Con excepción de los rumores publicados en secciones serviciales de los diarios que hablan de la intención de algunos de transformar a Unidad Ciudadana en una especie de Podemos criollo, la respuesta unánime de todos los referentes de ese espacio apunta en otra dirección: un lugar bajo el sol de la gran casa peronista.
En los estridentes discursos legislativos en las sesiones que votaron el desfalco a los jubilados o a la Anses, los referentes kirchneristas se cuidaron prolijamente de criticar con nombre y apellido a los gobernadores que pactaron con el macrismo.
El dilema del kirchnerismo se reduce a una cuestión: convertirse en el decorador de interiores de un peronismo de diseño.
También fueron beneficiarios del encubrimiento quienes en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires facilitaron la aprobación de los planes de reformas jubilatorias de María Eugenia Vidal (para los trabajadores del Banco Provincia) y hasta el Pacto Fiscal que habilita una abultada suma para la campaña electoral de la gobernadora. Entre los que pusieron su granito de arena para allanar el camino, estuvieron varios que llegaron por las listas de Unidad Ciudadana.
Ni hablar de la nula denuncia de los pejotistas que por acción u omisión, avalaron las represiones salvajes del jueves 14 y el lunes 18 de diciembre. Y nadie le dijo nada a Daniel Scioli, excandidato a presidente del FpV por la soberana borrada en la primera votación importante de la era Macri.
En el acto del Día de los Inocentes en Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi se jactó que no aceptar subordinarse desde su municipio a ese pacto por el canje del histórico Fondo del Conurbano (aunque después le retaceen fondos), en una crítica que bien podría apuntar a los otros intendentes o gobernadores, tanto como a Alicia Kirchner que firmó el acuerdo con Nación y le puso “color local” a la represión.
En ese mismo acto, Cristina prometió: “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para contribuir y lograr que el diez de diciembre de 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo”. Habló de una construcción “amplia y generosa” y de que no importan los nombres.
El dilema del kirchnerismo se reduce a una cuestión: convertirse en el decorador de interiores de un peronismo de diseño.
Nosotros, la izquierda
Los ataques a la izquierda y especialmente al Frente de Izquierda, incluidas las desopilantes acusaciones contra sus legisladores y referentes, tienen el objetivo de aislarla porque constituye un obstáculo para este intento de normalización. Nuevamente, el límite es la percepción popular y el amplio reconocimiento entre los trabajadores y jubilados por estar en la primera fila de la defensa de sus intereses. Además de la multiplicación de conflictos que siguieron a la crisis de la reforma como los protagonizados por bancarios de la provincia, trabajadores de la Línea B del Subte, obreros de los ingenios en el norte del país o aceiteros de la zona de San Lorenzo y Rosario en Santa Fe.
En un editorial publicado recientemente, el director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia analiza las contradicciones del kirchnerismo y el peronismo para la reconstrucción de un régimen político corrido sensiblemente a la derecha y, en ese contexto, las perspectivas de la izquierda: “Pero un sistema político con un peronismo de centro y un Cambiemos de centroderecha dejará espacio para una izquierda que no sea electoralmente sólo un collar de partidos testimoniales sino que pueda crecer en su representatividad política”.
Es destacable el reconocimiento del volumen de la izquierda y en el mismo artículo habla de la capacidad de movilización en general y en los sindicatos en particular.
Pero no se trata de una cuestión de “espacios”, sino de la relación de fuerzas que le da configuración, aunque la nota no deja de señalar aspectos reales de las contradicciones del peronismo.
En síntesis, el Gobierno -y su poder judicial adicto-, intenta mostrarse a la ofensiva pero sus contorsiones no son más que la confesión de una desubicación crítica por los límites que va encontrando su plan y la pérdida de bases de sustentación. Esto no niega -sino que presupone- golpes como las detenciones ilegales, represión y persecución a manifestantes, pero no son, precisamente, muestras de su fortaleza. El peronismo y sus diferentes tendencias se reorganizan a su estilo para nuevo amoldamiento y una “oposición a su a majestad”. Y el Frente de Izquierda tiene oportunidades y desafíos que, a las puertas del 2018, lo habilitan a parafrasear: el presente es lucha y el futuro es nuestro.
Fernando Rosso
@RossoFer
Las "metas de inflación" no tienen dónde meterse
Una aproximación al desplome de la política económica
La crisis política que atravesó el gobierno como consecuencia de la intensa movilización obrera contra el atraco jubilatorio, tuvo otro elemento relevante, que es la crisis de la política económica y, por lo tanto, una división en el gobierno y en la clase capitalista. Pusimos en evidencia este aspecto, para nada menor, en una entrega anterior en esta página – “Macri na corda bamba”. En la caracterización de una crisis política es necesario destacar su carácter de conjunto. Es lo que explica los realineamientos que tuvieron lugar enseguida después en el terreno político y en la economía.
El gobierno y los medios adictos se lanzaron a un ataque desvergonzado contra la izquierda y los ‘violentos’, con el propósito de presentar al macrismo como el ‘partido del orden y de la gobernabilidad’. Recibió el apoyo inmediato del aparato judicial, que ordenó arrestos arbitrarios y rechazó planteos de excarcelación. No tuvo el mismo trato con los infiltrados de los servicios, ni ocurre lo mismo con los responsables del asesinato por la espalda de Nahuel, por parte de los gendarmes, en Bariloche. Hace pocas horas, el gobierno, no las autoridades parlamentarias, presentaron una denuncia judicial contra numerosos diputados a los que acusa de intentar obstruir o impedir la actividad del Congreso – lo cual es un desatino, porque ataca un recurso extremo de los representantes electos en su actividad legislativa, que es usado en todo el mundo. El oficialismo pone en el mismo carro a los ‘sediciosos’ de la Plaza con los ‘subversivos’ del recinto. Este conjunto de ataques ilustra a la democracia como lo que realmente es – una dictadura del capital contra los trabajadores disimulada por ‘instituciones’ que operan a favor de los explotadores. Un columnista de Clarín, Vicente Palermo, un politicólogo liberal, ha advertido al macrismo contra el recurso al “decisionismo”, como algunos denominan al propósito de gobernar por encima del parlamento. Una advertencia oportuna, por supuesto, cuando se tiene en cuenta cómo terminó esa tentativa por parte De la Rua. De todos modos, la base parlamentaria que permitió al macrismo sacar cien leyes anti-populares en dos años, ha entrado en un impasse o en una crisis.
En el tablero político general también se observan los primeros realineamientos posteriores a la crisis política que emergió con el saqueo a las jubilaciones. Han cobrado mayor peso relativo las transas con los gobernadores - el 99.9% ha firmado el pacto fiscal. Macri parece haber puesto todas las fichas en la pelea electoral en la provincia de Buenos Aires, con una caja engrosada con el dinero robado a los jubilados, donde ha comenzado una activa cooptación de intendentes peronistas. El bloque de Massa intenta despegarse de dos años de colaboración con el macrismo. CFK acaba de emitir un dudoso renunciamiento en favor de cualquier candidato del justicialismo que reúna las condiciones para ganar en 2019; el kirchnerismo busca colarse entre los pejotistas que han sostenido a Macri. La burocracia sindical, con Moyano, Barrionuevo y Caló también se ha puesto a rebobinar, porque enfrenta, de un lado, una creciente presión de las bases obreras y, por el otro, un ataque selectivo del gobierno para alinearla con la ‘paz social’. En el movimiento obrero comienza a procesarse un realineamiento político, donde está en juego, en última instancia, la cuestión histórica de una dirección clasista e independiente de los trabajadores.
Se mete la inflación
El anuncio de una reformulación de la política económica, también entra en las derivaciones de la crisis política. El esquema de los últimos dos años (“metas de inflación”) ha quedado desahuciado. Estamos, por de pronto, ante un enorme negociado, de características similares al ‘dólar futuro’ de Kicillof, aunque esta vez no hará su aparición el juez Bonadío. Ocurre que durante toda la semana, el Banco Central estuvo comprando Lebacs en el mercado secundario, con la intención aparente de reducir la tasa de interés de esos bonos y, por sobre todo, de producir una suba del dólar con el dinero que salía de las Lebac. El viernes 29, cuando se debían cancelar los contratos en el mercado futuro del dólar, con cotizaciones previas pactadas a alrededor de 18 pesos (o a menos, según la fecha de los contratos), el dólar al contado había superado los 19 pesos, lo que obligó al Banco Central a pagar casi 1.50 (o más, casi 2 pesos) para cubrir la diferencia. Cuando se conozca el monto total de esos contratos se podrán evaluar las pérdidas del Banco Central y las ganancias de los especuladores. ¿Irá alguien en cana por estas maniobras?
El cambio de las ‘metas de inflación’ del 12 al 15% anual (la real es del 25%) produjo poco movimiento de cejas entre los comentaristas de prensa y mucho escepticismo acerca de sus efectos para la marcha de la economía. Los especialistas destacaron que el Poder Ejecutivo sustituía al Banco Central en la determinación de la política monetaria – y no solamente porque destruía el mito macrista-neoliberal acerca de la independencia del Banco Central. De hecho, estos anuncios constituyen una respuesta del gobierno a las grandes movilizaciones populares, cacerolazos incluidos, porque se adjudican el propósito de reducir tasas de interés, reactivar la economía y fomentar las exportaciones. Los realineamientos de política económica, como se puede ver, son parte de una lucha de clases.
El precipitado anuncio del oficialismo es, sin embargo, más que nada, un estallido de las contradicciones insalvables de la política económica. La devaluación del peso promovida por el gobierno constituye un golpe de amplio alcance a la política del “carry trade”, que es como se denomina a la entrada de dólares para aprovechar la diferencia entre las tasas de interés en el exterior (bajas) y en el mercado interno (altas). La devaluación del peso ha desvalorizado, en términos de divisas extranjeras, a las Lebac, e incluso producido pérdidas a sus tenedores. El gobierno, sin embargo, no puede prescindir del “carry trade”, porque carece de otro medio para financiar la economía. Para 2018 está previsto un endeudamiento del orden de los u$S30 mil millones (en el marco de una deuda pública de u$S350 mil millones), cuya certidumbre ha sido puesto en duda por la reciente devaluación y por la decisión de transferir la política monetaria al poder político. La intención de convertir deuda del Banco Central en deuda del Tesoro, a través de la emisión de Letes, es imposible, pues el stock de Lebacs es de 1.2 billones de pesos, o más de u$s60 mil millones. Es significativo, en este cuadro, que el gobierno anunciara que “el Tesoro le pedirá menos dinero al Central”, o sea, que la “recalibración” incluye a un ajuste con despidos de estatales.
El gobierno ha provocado la devaluación reciente en el contexto de un déficit comercial de u$s8 mil millones anuales y el de cuenta corriente (por servicios) de más u$s27 mil millones – una cifra demencial. Lo más significativo, sin embargo, es lo siguiente: los sojeros vuelven a retener la cosecha como en tiempos aún frescos. Esto toca el estómago del macrismo. Los sojeros han visto perder el mercado de biocombustibles norteamericano, que el vocero de estos intereses, H. Huergo, de Clarín, calificó como un golpe mortal para el desarrollo del sector sojero. Para complacer las exigencias de la competencia europea y norteamericana, Macri ha subido las retenciones al bío combustible y reducido a la soja, lo que achica fuerte el margen de beneficio de la industria. Esto ha convertido a los monopolios agro-exportadores en el mayor ‘lobby’ a favor de la devaluación. No hace falta agregar la presión que ha ejercido la UIA y Techint, que se han despachado fuerte contra la competencia de China. Queda claro, entonces, que el macrismo se encuentra sometido a extorsión de intereses poderosos y a las contradicciones insalvables del capitalismo. La devaluación atiende al objetivo capitalista de reducir los salarios en dólares e, inflación mediante, en pesos. Es el ‘método’ para bajar los famosos ‘costos laborales’, en conjunto con la contrarreforma laboral. De todos modos, la pretensión de reducir costos entra en contradicción con los tarifazos, también previstos, en la energía y el transporte.
Los bancos han aprovechado la política de “metas de inflación” y el ingreso de dinero del exterior para lanzar una furiosa campaña de créditos hipotecarios a largo plazo, con la intención de vender el paquete de préstamos en los ‘mercados de capitales’ y renovar, de este modo, la especulación hipotecaria. Numerosos analistas atribuyen a esto el descontrol de la inflación. El golpe al “carry trade” afecta el negocio hipotecario y el ‘mercado de capitales’. Dada la vulnerabilidad económica de numerosas familias que han tomado estos créditos, Argentina podría darse el ‘lujo’ de experimentar una crisis ‘subprime’, como la que goza el ‘primer mundo’.
Una cuestión de conjunto
En definitiva, el gobierno no reúne condiciones para abandonar la política económica que ha estado vigente, ni puede permanecer en ella. La potencialidad de una crisis económica debe ser integrada al escenario de luchas defensivas y reivindicativas, pues plantean una cuestión de poder. En este extremo, lo que decide es la intervención de las grandes masas con sus métodos históricos, y una dirección política consecuente. Las grandes organizaciones de masas de la clase obrera, como los sindicatos, las comisiones internas y delegados, la CGT, así como la CTA y sus sindicatos,siguen siendo la gran referencia de los trabajadores en lucha, en un escenario que pone al rojo vivo la cuestión de las próximas paritarias. Hay que impulsar su intervención y movilización, y sobre esa base desarrollar nuevos cuadros y nuevas direcciones. La crisis política de la burocracia sindical es un aliciente para este propósito porque ayuda a los trabajadores a comprender la crisis de dirección del movimiento obrero y al desarrollo de los métodos para superarla.
Jorge Altamira
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