miércoles, 9 de julio de 2025

Una tormenta política, en vísperas de la campaña electoral


La semana que comienza sacó a la luz una fractura expuesta, nada menos que en la columna vertebral del régimen que viene gobernando durante el último año y medio. El elenco de gobernadores, que apoyó a la motosierra en el Congreso y que la ejecutó en sus distritos, le ha declarado las hostilidades al tándem Milei-Caputo. Ese distanciamiento será escenificado en el acto del 9 de julio en Tucumán, donde sólo acompañarán a Milei el anfitrión Jaldo y un vecino del NOA, el catamarqueño Jalil. El resto anunció un faltazo.
 Más allá del desplante, el Senado Nacional se encamina a una sesión donde podrían tener sanción definitiva las leyes de reajuste jubilatorio, de prolongación de la moratoria y de emergencia en discapacidad. A esta refrendación, los senadores, a cuenta de sus gobernadores, agregan dos proyectos de su cosecha: la restitución de los Aportes del Tesoro (ATN) que Caputo le debe a las provincias y la coparticipación federal del impuesto a los combustibles. Las iniciativas que llegaron de Diputados ya fueron aprobadas en comisión, pero Villarroel les desconoce el dictamen por razones de procedimiento. En esas condiciones, el Senado debería contar con el acuerdo de sus dos tercios para tratarlas en sesión. Parece mucho, pero hasta el salteño Juan Carlos Romero, un inveterado aliado de Milei, anunció su apoyo a las iniciativas de los senadores “insubordinados”. Si las leyes resultan aprobadas, la votación del Senado adelanta un posible rechazo al previsible veto de Milei. En ese caso, las usinas oficiales han adelantado un desacato de Milei al Congreso. Alberto Kohan, otrora lugarteniente de Menem y actual fan de los liberticidas, acaba de reclamar la disolución del Congreso si éste se convierte en “una piedra en el camino” de la política oficial (Perfil, 7/7). 
 El conflicto de poderes y la crisis política en desarrollo no sólo tiene lugar en vísperas de la campaña electoral, sino que se ha metido en ella con toda su fuerza. Las alianzas previstas entre la Libertad Avanza, el macrismo y fuerzas provinciales han entrado en zona de tormenta. En Buenos Aires, una fracción de intendentes del PRO de los distritos agrarios rechaza un acuerdo con el gobierno y reclama el derecho a concurrir con “boleta corta” o, inclusive, a tributar a un frente de “centro” con radicales, Monzó y Stolbitzer. Es el mismo bloque que impulsa en Diputados un proyecto de reducción de las retenciones a las exportaciones agrícolas. Si las divergencias entre el capital agrario y el gobierno cobran la forma de una escisión política, ello pondría de manifiesto un antagonismo eventualmente irrevocable entre unos y otros. 

 Las bases de la crisis 

Los gobernadores, senadores o ruralistas aluden a la “terquedad” y “rigidez” de Milei-Caputo, sin detenerse en la cuestión de fondo que sustenta a la motosierra oficial: las retenciones al agro o la asfixia a las provincias son cruciales para sostener la carga de la deuda pública, que el régimen económico oficial acrecienta todo el tiempo. Milei-Caputo han armado un verdadero esquema Ponzi, donde el pago de los crecientes intereses de la deuda obliga al nuevo endeudamiento. En este cuadro, el menor desvío respecto del prometido 1,6% de superávit fiscal podría abatir con más fuerza la cotización de la deuda pública, la cual viene tambaleándose desde hace meses. 
 El gobierno intenta contrarrestar la desconfianza creciente del capital financiero en su régimen económico profundizando los recortes presupuestarios. Los “rebeldes” del Congreso o gobernaciones y sus jefes -la gran burguesía agraria e industrial- aplauden los recortes dirigidos a consumar despidos o privatizaciones. El Consejo Agroindustrial -un lobby integrado por las cámaras patronales de ese sector- acaba de saludar al gobierno por el desguace del INTA, cuyos restos espera colocar a su servicio. Sin perjuicio de ello, otros aspectos de la motosierra han dividido a la burguesía: los recortes a la Obra Pública y la disolución de Vialidad Nacional -que dará lugar a la privatización de 9.000 km de rutas- comporta una carga económica para las burguesías regionales, que se enfrentan al aumento de sus costos de transporte. Todo esto venía siendo pacíficamente tolerado por los explotadores, que celebraban al mismo tiempo el ataque del gobierno a los derechos laborales. Pero la distancia con el gobierno ha subido un peldaño: el régimen de Milei y Caputo no le ha abierto al gran capital la posibilidad de financiamiento, del mismo modo que no la tiene el propio Estado. La salida de la Banca Morgan y otros fondos refrenda esa desconfianza. Los gobernadores, en este cuadro, velan sus armas. La oposición de estas horas es también el ensayo de un régimen alternativo al de los liberticidas. La premisa de ese bloque parte de preservar el trabajo sucio perpetrado por Milei-Caputo contra las masas. Ello vale, por sobre todas las cosas, para el pejotakirchnerismo.
 La grieta por arriba es un aliciente para que los trabajadores desarrollemos una alternativa política independiente. 

 Marcelo Ramal 
 08/07/2025

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