A una semana del inicio del juicio al cura Raúl Antatolly Sidders por los abusos perpetrados a Daniela Silva cuando era capellán del colegio San Vicente de Paul de La Plata, Tribunal Oral Criminal Nº 5 de La Plata resolvió sobreseerlo declarando la prescripción de los crímenes y ordenó su liberación. Un escándalo, que absuelve a quien abusó de Daniela entre sus 10 y sus 15 años, por los que ocasionó tales daños a su salud mental y física que falleció en septiembre pasado con solo 32 años de edad.
El abusador cumplía arresto domiciliario a la espera del juicio que iba a comenzar el jueves 10 de julio, y se valió del fallo vergonzoso de la Corte Suprema que sobreseyó a Justo José Ilarraz -condenado a 25 años de prisión por múltiples abusos. Estamos ante una política de Estado para garantizar la impunidad de los abusos eclesiásticos.
Estos crímenes cometidos contra niños y adolescentes no deben prescribir, debido al largo y doloroso proceso que es necesario atravesar para lograr identificar el abuso, vencer el miedo y la vergüenza, y ni hablar cuando se trata de ministros de una Iglesia Católica con poder y una larga historia de impunidad. Muchos tardan décadas en denunciar que sufrieron abusos, a menudo aún con fuertes consecuencias familiares y sociales. Por el daño que ello genera en la salud mental y física, y por el alto índice de suicidios, se considera sobrevivientes a las víctimas de abuso.
La denuncia penal contra Sidders fue radicada en 2020, en el marco de una ola de testimonios en redes sociales y medios de comunicación de exalumnos del San Vicente acerca de las vejaciones que perpetraba el cura, la intromisión en la intimidad, el trato denigratorio hacia las mujeres y violencia laboral. Aún así, entonces fue protegido por el Arzobispado de La Plata -que para intimidar hizo público el nombre de Daniela y envió una carta documento a Prensa Obrera-, y por el Obispado de Iguazú, ciudad donde había sido recientemente trasladado a oficiar de capellán del XIII escuadrón de Gendarmería.
Es un nuevo capítulo de infame impunidad que se suma a la protección que recibieron los abusadores Rubén Marchioni, Héctor Jimenez y Eduardo Lorenzo, en la misma ciudad de La Plata. Además del encubrimiento eclesiástico, los hechos que iba a ser juzgados ponían sobre la mesa también la responsabilidad de la Dirección General de Cultura y Educación y del gobierno bonaerense, que deja que las escuelas confesionales a las que asisten cientos de miles de niños y adolescentes sean un coto cerrado de la Iglesia sin control alguno.
Al momento, las organizaciones y referentes de sobrevivientes de abusos eclesiásticos y del movimiento de mujeres que convocaban a concentrarse el jueves 10 de julio en los Tribunales de 8 56 y 57 para el inicio del juicio, mantienen la cita para denunciar esta aberrante absolución, y debatirán nuevas acciones para exigir el fin de la prescripción de los abusos sexuales en la infancia.
Iván Hirsch
No hay comentarios:
Publicar un comentario