A través de dos fallos sucesivos, la jueza neoyorquina Loretta Preska se ha abalanzado sobre el 51% de las acciones de YPF que pertenecen al Estado argentino. Uno de los fallos se relaciona con la semi-estatización de la petrolera, en 2012; su beneficiario es el fondo buitre Burford, que le había comprado al grupo local Petersen -ex accionista de la petrolera- sus derechos a litigar como consecuencia de la expropiación de sus acciones. El otro fallo beneficia al fondo buitre Bainbridge, acreedor de la deuda pública en defolt. Aunque no tiene nada que ver con YPF; la jueza decidió resarcir a este fondo con las acciones de la petrolera. La prepotencia de este fallo de la justicia norteamericana, que dispone resarcimientos y transferencias patrimoniales en otra jurisdicción nacional, sólo se supera por el cipayismo de todos los gobiernos de las últimas décadas, que han promovido la jurisdicción extranjera para los litigios de deuda y otras operaciones económicas. El resarcimiento reclamado, de 16.000 millones de dólares, supera en un 30% al actual valor bursátil de la petrolera.
Entrega a dos bandas
El fallo Preska es un episodio en la larga historia de vaciamiento de la petrolera “de bandera”, que involucra a todos los gobiernos de al menos las últimas tres décadas. Bajo Carlos Menem, el mentor de Javier Milei, se consumó la venta completa de YPF al grupo Repsol. La política de este pulpo fue servirse de los dividendos de YPF para cubrir sus deudas y pérdidas a escala global, a costa del vaciamiento de las reservas y la desinversión en la petrolera argentina. El binomio Néstor-Cristina no sólo toleró ese desquicio, sino que lo agravó: a fines de 2007, promovió el ingreso a YPF del grupo empresario Ezquenazi (Petersen), también controlante del privatizado Banco de Santa Cruz. Por el 25% de las acciones, Ezquenazi no puso un peso, pues las compró con un préstamo a pagar con las futuras utilidades de la compañía. Fue el pretexto para promover un vaciamiento consentido, pues ni un peso de los dividendos de Ezquenazi-Petersen quedaban en la petrolera. Repsol avaló gustoso ese desfalco, porque lo habilitaba a hacer lo mismo con sus propios dividendos. Al cabo de cinco años, el gobierno kirchnerista se enfrentó con las consecuencias del vaciamiento que había promovido: YPF se encontraba agotada de reservas y recursos. Repsol y Ezquenazi no estaban dispuestos a activar los recientes descubrimientos de Vaca Muerta. En ese cuadro, y en medio de una crisis de abastecimiento de petróleo y gas, Kicillof-Cristina improvisaron, no una nacionalización, sino la reprivatización de YPF. Al tiempo que se desprendía de Repsol, Kicillof-Cristina ponían en marcha un acuerdo secreto con Chevron para explotar Vaca Muerta. El hilo suelto de esta operación, el empresario kirchnerista Ezquenazi, terminó litigando por la expropiación de sus acciones, pero le terminó vendiendo los derechos de ese juicio al fondo buitre Burford. Algunas versiones señalan que Burford solo sería un testaferro o socio de los Ezquenazi, que, en la trastienda, seguirían litigando contra el país. Después del primer fallo contrario a la Argentina, en 2023, Milei-Caputo literalmente lo ignoraron, dejando que progrese la causa y la acumulación de intereses.
Lo que viene
Los fallos de Preska han sido presentados como “inauditos” o “inviables”, tanto desde el lado kirchnerista como de los gobernantes liberticidas, que prometieron apelarlo. Los que piensan de ese modo no quieren leer el mensaje de la jueza: por un lado, Preska modificó su resolución anterior, que embargaba al Tesoro argentino para resarcir a Burford -ahora, va por YPF y sus acciones. En segundo lugar, la jueza también le carga a YPF las consecuencias de un litigio vinculado con la deuda pública defolteada. No se puede separar esa resolución del cuadro de conjunto de la deuda argentina, que ya bordea al 120% del Producto bruto y que enfrenta vencimientos abultados en los próximos cinco años y sin financiamiento a la vista. La segunda cuestión que entra en juego es la de los yacimientos de Vaca Muerta, cuyas inversiones y suministros están inmersos en una sorda lucha entre petroleras yanquis, el grupo Techint y, ahora, Petrochina, que acaba de anunciar su ingreso al mercado local. Las reservas de petróleo y gas argentina no están afuera de la guerra internacional en desarrollo.
Los especialistas en el juicio de Preska afirman que una negociación sobre el monto a resarcir a Burford lo reduciría “sustancialmente”. En la memoria de YPF, las previsiones del caso ascienden a 5200 millones de dólares. A la actual cotización de la compañía, podría representar la sesión de la mayoría accionaria estatal. ¿Es la garantía a negociar en caso de una reestructuración de deuda con los fondos internacionales? La cuestión de YPF, y de su nacionalización integral, es inseparable del desconocimiento de la deuda pública usuraria, que ahora busca ser respaldada con los activos petroleros cuya privatización iniciaron Kicillof-Cristina a manos de Chevron, y que Milei -Caputo quieren continuar ahora a cuenta de los fondos internacionales acreedores de Argentina.
Marcelo Ramal
01/07/2025
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