jueves, 3 de abril de 2025

Cultura: despiden al fotógrafo que identificó al gendarme que le disparó a Pablo Grillo


El gobierno admite que es autor intelectual del delito.

 Kaloian Santos Cabrera es un trabajador de la Secretaría de Cultura Nacional con 13 años de antigüedad, trabaja en el área de prensa como monotributista porque ninguna gestión le dio la posibilidad de pasar a convenio, menos aún concursar la planta permanente. Kaloian además trabaja en algunos medios en coberturas porque los salarios del Estado Nacional no llegan a cubrir la mitad de la canasta familiar en la Ciudad de Buenos Aires. 
 Kaloian aportó las fotografías del gendarme cabo Guerrero quien disparo el proyectil de gas lacrimógeno que le rompió la cabeza a Pablo Grillo, otro fotógrafo. Estaba colaborando para el Destape.com durante la movilización de los jubilados el 12 de marzo. Esa jornada fue brutalmente reprimida por Patricia Bullrich. Al otro día desde ARGRA, SiPreBA, ATE y otros sindicatos se pidió que la ministra de seguridad renuncie al cargo.
 Los aportes de Kalo a la investigación del crimen contra Pablo Grillo tiene antecedentes en la historia de nuestro país. Por caso, fue un fotógrafo, Pepe Mateo, quien aportó las pruebas que confirmaron la autoría del comisario Alfredo Fanchiotti en el asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda. El papel de los fotoperiodistas es fundamental para dejar en evidencia el accionar represivo, eso explica la saña de parte de las fuerzas de seguridad contra la prensa. 
 Al inicio de la semana Kalo había sido felicitado por sus superiores por una cobertura de la propia secretaría, a nadie se le escapa la calidad de su trabajo. Tampoco que fue él quien aportó las fotos del gendarme. En diciembre había rendido y aprobado el examen filtro de Sturzenegger, debían hacerle contrato anual y por un error se lo hicieron trimestral con el compromiso de extenderlo hasta diciembre. El lunes su jefa, María José Peréz Insúa, le comunica que vio su nombre en una lista de despidos. 
 En las cinco tandas de despidos previas Kalo no había estado mencionado, sí otros compañeros del área. El pedido de despido llegó desde arriba, que no era por su trabajo sino por reducción de personal. Pero el total de despidos en el mes de marzo 2025 no supera los 15 trabajadores totales y es una lista aún no definitiva. Ante el pedido de explicaciones por parte de la asamblea de prensa y de ATE la funcionaria dijo que era “irreversible”. A Clarín le confirmaron el despido de Kaloian el propio 3 de abril, aunque los funcionarios pidieron un cuarto intermedio de 24hs para ver si eran posibles de revertir los despidos. 
 Buscan amedrentar al conjunto de los trabajadores, en particular a los de área de prensa que, en su mayoría trabajan en medios o portales periodísticos y muchos hacen coberturas de movilizaciones o escriben al respecto. En segundo lugar, es una señal al conjunto de los estatales sobre hacer públicas sus posiciones políticas o respecto de los ataques que el gobierno lleva adelante contra las y los trabajadores, estudiantes, jubilados, etc. 
 Desde la Junta Interna de ATE Cultura convocan una conferencia de prensa para el lunes 7 de abril a las 11hs en la Explanada del CCK con la presencia de ARGRA, SiPreBA, FATPren entre otros.

 Valentina Viglieca 
 03/04/2025

Motín en la cárcel de Devoto contra la inhabilitación de los centros de estudiantes en las unidades penitenciarias


Presos de los pabellones 1 y 5 del penal de Devoto protagonizaron un motín durante la noche de ayer. Desde las ventanas de las celdas colgaron sabanas pintadas con aerosol: “tenemos derecho a la educación” y “la universidad es de todos”. 
 El hecho ocurrió una semana después de que el gobierno nacional, a través de Patricia Bullrich, diera a conocer la resolución 372/2025, que habilita al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a disolver los centros de estudiantes que operan dentro de las cárceles y a prohibir la presencia de los presos en los centros educativos fuera del horario de clases asignado a cada uno de ellos. Para la ministra de Seguridad, “la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales”. Se esperan para la noche de hoy nuevas manifestaciones de los presos. 
 En Devoto opera actualmente uno de los 27 centros educativos en funcionamiento dentro de las cárceles argentinas. Es el Centro Universitario Devoto (CUD), en donde se dictan, entre otras, materias de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la UBA. También talleres de formación profesional y oficios, y actividades culturales organizadas por los presos. Este año cumple su aniversario número 40 desde su fundación en 1985.
 El centro de estudiantes de esta última tiene una presencia de décadas en el CUD. Ha sido, en varias oportunidades, un canal de denuncia del clima de brutalidad que el aparato del Estado impone en los pabellones de la cárcel. Días atrás, el Centro de estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) denunció públicamente que se le impidió el ingreso de representantes estudiantiles a las instalaciones. 
 Para la Red Universitaria de Educación Superior en Contextos de Encierro (Redunece), la “medida restringe seriamente el derecho a la educación superior y apunta al corazón de los centros y programas universitarios en contextos de encierro, en el marco del desfinanciamiento y ataque a las universidades públicas”. En su comunicado, denuncian que la gestión y limpieza de los espacios donde se realizan las actividades educativas corre por cuenta de los mismos presidiarios, debido al vaciamiento del presupuesto educativo. 
 Bullrich propone otorgarle al Servicio Penitenciario la potestad de suprimir los centros de estudiantes bajo el planteo de que “tergiversa(n) la finalidad de readaptación social de los internos”. El Servicio Penitenciario carga con un extenso prontuario de violaciones a los derechos humanos, y todo tipo de actividades delictivas, dentro y fuera de las cárceles. 
La medida refuerza su poder despótico sobre los presos. La medida del gobierno nacional tiene como finalidad inmediata la regimentación política dentro de las cárceles. Es parte de la política represiva de Milei. 
 Centros de estudiantes y sindicatos deben acompañar la lucha por la restitución del derecho a organizarse en las cárceles con pronunciamientos y un reforzamiento de la movilización política. Derrotar ésta avanzada contra la clase obrera en general es parte de una lucha de conjunto por derrotar a un gobierno comprometido a fondo un programa antiobrero y antieducativo.

 Nicolás Morel 
 03/04/2025

Dictadura militar, genocidio y lucha popular

La economía de Milei ¿Se viene el estallido? Elecciones y Trump sobre Groenlandia

Guerra arancelaria de Trump: no se salva ni Elon Musk

miércoles, 2 de abril de 2025

La guerra arancelaria hace tambalear la economía mundial


“El día de la liberación” puede terminar en una pesadilla para los estadounidenses.
 La guerra arancelaria es una expresión de la envergadura de la crisis capitalista 

Las nuevas tarifas comerciales aplicadas por Donald Trump entran en vigencia el 2 de abril, que ha sido autodenominado por el magnate como el “Día de la liberación”, asimilándolo a un día de fiesta patria para Estados Unidos. Wall Street ha recibido, sin embargo, la noticia con amplias pérdidas ante la inminente aplicación de la nueva normativa. La onda expansiva se hizo sentir en todo el globo, con derrumbes bursátiles en la Unión Europea (UE) y particularmente en Japón.
 La política de Trump, quien ya ha entrado en su tercer mes de mandato, ha provocado un caos e incertidumbre en el mercado y esto es lo que explica que antes de este nuevo colapso, la bolsa ya fuera afectada por sucesivas sacudidas y que las acciones sufrieran un 10 por ciento de desvalorización en sus cotizaciones. 

 Industria automotriz 

 Uno de los sectores más afectados es la industria automotriz mundial. El anuncio de Trump de consagrar un 25 por ciento de impuesto a los automóviles supuestamente “fabricados en el extranjero”, significa un cimbronazo, empezando por las propias corporaciones estadounidenses, cuyas cadenas de producción y suministro están altamente integradas, en primer lugar con los países vecinos (México en especial), pero también con otros países del mundo. El producto final de los autos norteamericanos es el resultado de un complejo proceso de armado y ensamblaje que circula entrando y saliendo por las fronteras. Se calcula que las interrupciones en las cadenas de suministro que cruzan EE.UU., Canadá y México podrían reducir para mediados de abril la producción en las fábricas estadounidenses en 20.000 vehículos diarios, una caída del 30 por ciento. Estaría unido a un encarecimiento de los costos internos desde el momento que un 60% de los componentes provienen del exterior. Esto ya ha provocado un descenso de las acciones de Ford y GM en Wall Street, esta última con una caída superior al 8 por ciento. Ambas empresas esperan una reducción del 30 por ciento en sus niveles de rentabilidad. 
 Las autoridades norteamericanas han dado marcha atrás con los componentes provenientes de Canadá y México que seguirán libre de aranceles, pero la situación sigue siendo incierta, teniendo en cuenta los permanentes bandazos que viene dando Washington sobre la materia. 
 En ese escenario la situación más delicada es la que atraviesa Tesla, que ya venía experimentando un retroceso como resultado de haber quedado rezagada en la carrera con modelos anticuados y la creciente competencia china. La integración de Elon Musk, el dueño y CEO de la compañía, al gobierno de Trump, y su nombramiento al frente del polémico Departamento de Eficiencia gubernamental (Doge, según sus iniciales en inglés), una entidad que está impulsando la eliminación de agencias federales y el despido de miles de empleados públicos ha despertado una corriente creciente de rechazo en la opinión pública y esto ha incidido en el propio mercado norteamericano, en el que el número de propietarios que reemplazan vehículos de esa marca ha llegado a máximos históricos. 
 Estos factores combinados están en la base del severo desplome que han sufrido las acciones de Tesla. Lejos de ser una fuente de recomposición de sus negocios, la asociación de Musk con Trump se ha convertido en un bumerán. Importa señalar que Tesla no es inmune a los nuevos aranceles, pues depende ella misma de los insumos importados. Por otra parte, las posibles represalias chinas podrían afectar sus negocios en el país asiático, donde, pese al desplazamiento que viene sufriendo por parte de la empresa china BYD, que ha convertido en su rival número 1, mantiene una importante presencia. 
 En este marco, no debe sorprender que Musk no vea con entusiasmo el aumento de aranceles, lo cual puede ser una fuente de cortocircuitos con el magnate republicano, que podrían sumarse a otras tensiones ya reinantes, en especial por la injerencia y recortes que Musk está realizando en las dependencias públicas, que ya ha provocado choques en el gabinete. No hay que descartar que el romance entre Musk y Trump culmine en un divorcio, si la situación se sigue desmadrando. El impacto de los aranceles será igual de severo para las empresas japonesas, coreanas y alemanas que exportan vehículos a EE.UU. Casi la mitad de los automóviles de pasajeros vendidos en Estados Unidos en 2024 fueron ensamblados fuera del país. Toyota vendió el año pasado 2,3 millones de vehículos en EE.UU., de los cuales, la mitad provenía del exterior. 
El impacto en la UE podría ser aún mayor. La industria automotriz representa el 7 por ciento de su producción total. En Alemania, donde el sector automotor es la columna vertebral de su base industrial, las exportaciones de vehículos a EE.UU. representan alrededor de medio punto porcentual del valor agregado anual de su economía. Una de las principales automotrices alemanas, BMW, ha declarado que espera perder 1.000 millones de euros por el efecto combinado de los aranceles estadounidenses a México, los aranceles al acero en EE.UU. y las tarifas impuestas por la UE a los vehículos eléctricos chinos. Se calcula que el impacto global sobre la industria automotriz podría ascender a la friolera de 110.000 millones de dólares. 
 Durante la campaña electoral, Trump prometió repetidamente introducir un arancel universal del 10% o el 20% sobre todas las importaciones. Poco después de asumir el cargo, esa idea fue suplantada por la promesa de aranceles "recíprocos", con gravámenes que igualarían las barreras que supuestamente otros países imponen a los productos estadounidenses.
 El resultado probablemente será un universo de diferentes niveles arancelarios, aplicados a cada país. Scott Besen, secretario del Tesoro, está concentrado en el 15% de los países que, según el secretario del Tesoro estadounidense mantienen grandes superávits con EEUU, lo que incluye a las principales potencias capitalistas, sus históricos aliados. Una diversificación de esa naturaleza (que según algunos cálculos podría llegar a 2,6 millones de tasas distintas), dependiendo del producto y el país, está llamada a crear una confusión y un caos en las relaciones comerciales y aumenta notoriamente los márgenes de incertidumbre y discrecionalidad. Si se aplicara este criterio, India estaría sometida a aranceles promedio del 28 por ciento mientras que los de Alemania treparían al 20%. 

 Recesión e inflación

 El impacto de la guerra arancelaria se empieza a sentir en el nivel el de actividad. La incertidumbre ya está provocando una retracción en los planes de inversión de las empresas y también un freno en el consumo de los hogares. Entre las consultoras hay una certeza de que vamos a una desaceleración de la economía, llamada a terminar con el “excepcionalismo norteamericano” por el cual EEUU había tenido la capacidad para escapar a un parate de su economía como el que viene ocurriendo en las otras grandes economías occidentales. Hasta el propio Trump abrió el paraguas y señaló que no había que descartar una recesión, aunque plantea que esta retracción tendría un carácter pasajero y que hay luz al final del túnel. 
 Las supuestas ventajas y méritos de la nueva política arancelaria quedarían corroborados, según el presidente republicano, en los anuncios que han realizado un conjunto de empresas líderes sobre una expansión y relocalización de su actividad fabril dentro de EEUU. Estas van desde Apple, un gigante tecnológico estadounidense, hasta TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo. La última fue Hyundai, un fabricante de automóviles surcoreano, que anunció el 24 de marzo que invertiría 21.000 millones de dólares en sus operaciones estadounidenses y crearía 14.000 empleos para 2028. “El dinero está llegando a raudales y queremos que siga así”, declaró Trump en un evento en la Casa Blanca junto a ejecutivos de Hyundai. La propia Nvidia, la empresa número uno en el ranking de capitalización bursátil, habla de una inversión de 500.000 millones de dólares. Pero atención que estos anuncios pueden resultar engañosos. “Las empresas saben cómo halagar al presidente. Muchos de sus anuncios se refieren a planes de gasto que ya estaban en marcha antes de que asumiera el cargo. Además, por cada acuerdo anunciado, otros se estancan. Encuestas recientes de las oficinas de la Reserva Federal en Nueva York y Filadelfia registran fuertes caídas en las perspectivas de los fabricantes para la economía durante los próximos seis meses” (The Economist, 30/3).
 No hay que olvidar además que la imposición de más aranceles puede provocar represalias de los países afectados, lo cual puede terminar minando las exportaciones yanquis y echar leña al fuego a las tendencias depresivas. 
 Más allá de la euforia que pretenda transmitir Trump, lo cierto aquí es que lo que avanzan son los nubarrones que van cubriendo el escenario económico y social estadounidense. 
 La inflación está llamada a aumentar. Deutsche Bank estima que, si Trump opta por imponer impuestos máximos, podría añadir 1,2 puntos porcentuales a la tasa de inflación, elevándola por encima del 3% interanual. El aumento de los costos de importación complicará la situación tanto de bienes finales extranjeros como de los insumos importados, provocando un salto en el nivel de precios. El Laboratorio de Presupuesto de Yale, un grupo de investigación, estima que los hogares en la parte inferior de la escala de ingresos verán una caída de sus ingresos disponibles de aproximadamente un 2,5% debido a la primera ola de aranceles sobre China, México y Canadá, en comparación con una disminución del 0,9% para los hogares más adinerados. A medida que Trump aumenta los aranceles, el impacto se agravará aún más (WSWS, 30/3). 

 Deuda y bolsa

 El avivamiento de la tendencia inflacionaria ha redundado en que la Fed haya decidido postergar sus planes de recortar la tasa de interés, a pesar de la desaceleración económica. Pero la persistencia de una tasa de interés elevada potencia las tendencias recesivas. Al mismo tiempo, aumenta la carga de la deuda que ha ido creciendo como bola de nieve. Nos referimos no a la deuda pública que supera el PBI norteamericano (36 billones dólares) sino a la deuda corporativa y de los particulares. La morosidad e impagos de las deudas de los hogares con tarjeta de crédito y por préstamos por vivienda se han ampliado notablemente en la última etapa. 
 Lo mismo vale para la bolsa, en la que se ha generado una burbuja sin precedentes, sostenida a través de un gran apalancamiento. Las altas tasas de interés amenazan con desatar un colapso, que puede provocar un derrumbe histórico de la bolsa dado la valorización ficticia que tienen las cotizaciones accionarias de las empresas, que no se compadecen con su desempeño en la economía real. Por lo pronto ya tenemos algún aviso en los temblores que se vienen sucediendo en la última etapa. 
 Hay que tener presente que los hogares norteamericanos aumentaron sus ahorros en acciones, muy superiores a su promedio histórico. Una caída del mercado bursátil, más en la actual condición, tiene profundas implicaciones en los consumos de los hogares. A través del llamado “efecto riqueza” tienden a variar sus gastos. Los dos últimos meses, la pérdida accionaria ascendió a 4 billones y medio de dólares y eso redunda en un recorte en el consumo popular de varios miles de millones de dólares, lo cual echa más leña al fuego en el parate de la actividad económica. 
 Ante la huida de los inversores de la renta variable, suben los activos considerados refugio como el oro, que alcanzó nuevos máximos, el último, por encima de los USD 3.100 por onza. A su turno, en el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos cae. 
 En ese contexto, Trump viene presionando por un descenso de la tasa de interés y eso explica las crecientes tensiones que lo enfrentan con las autoridades de la Reserva Federal que ha metido en el freezer su plan de recortes de los tipos de interés. Aunque viene al caso señalar que se ha reservado una carta flexibilizando la política restrictiva que venía sosteniendo, al contraer el ritmo de ventas de los bonos que tiene en su poder, resolviendo desprenderse de 5.000 millones de dólares en lugar de 25.000 millones como lo hacía hasta ahora. Hay un temor fundado que pueda precipitarse una crisis de liquidez que pueda afectar el conjunto del sistema bancario. 

 Comentario final 

 Como se puede apreciar, son demasiados los frentes de tormenta, en tanto los márgenes de maniobra para pilotear la crisis resultan cada vez más endebles y precarios. 
 La guerra arancelaria es una expresión de la envergadura de la crisis capitalista, de contradicciones irreprimibles y explosivas en la economía mundial que no encuentran una vía de salida y que se agravan. Esto intensifica los enfrentamientos entre los Estados y las corporaciones que buscan escapar del impasse a expensas de sus rivales. Viene al caso señalar que el uso de aranceles por parte de todas las principales economías ha aumentado rápidamente desde la crisis financiera mundial de 2008. Según Global Trade Alerta, con sede en Suiza, que rastrea las políticas comerciales, existen actualmente 4.650 restricciones a la importación —incluyendo aranceles, cuotas, medidas antidumping y otras limitaciones— en vigor dentro del G20. Esto representa un aumento del 75 por ciento desde que Trump ganó las elecciones en 2016 y casi 10 veces más que las restricciones vigentes al final de 2008. Ahora, con el segundo mandato de Trump, esta tendencia va a potenciarse sensiblemente. 
 Lo que quedaba del orden mundial de posguerra se ha definitivamente derrumbado. El sistema financiero y monetario establecido en Breton Woods, así como las relaciones comerciales que tenían a la OMC como marco regulatorio, han estallado por los aires. El libre comercio y la cooperación entre las naciones ha sido sepultado. La guerra arancelaria representa un salto en la guerra comercial y los choques ente los Estados y pavimenta las tendencias que se vienen configurando progresivamente hacia una guerra mundial.

 Pablo Heller

Manuel Adorni: la reacción como utopía


Algunas coordenadas políticas sobre el candidato de LLA en CABA 

 “Bienvenido a Momia BBS. Este mensaje ha sido creado automáticamente luego de completar el alta en la cuenta usuario. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos. Manuel Adorni”. El mensaje es de una empresa dedicada al “sistema de tablón de anuncios” (BBS, por sus siglas en inglés), uno de los primeros servicios de mensajería informático, con algo de fama en los años 90. El encargado de la cuenta no es otro que el actual vocero oficial del gobierno de Javier Milei. 
 Según la periodista Victoria De Masi (Gelatina/julio 2024), que habitualmente escribe sobre los avatares de La Libertad Avanza y de sus personajes, el sistema recreaba una suerte de “utopía libertaria” de poder comunicarse e intercambiar sin Estado. Lejos de equivocarse, en las comunidades de este tipo encontraron lugar varios de los sueños de los ultraderechistas. Pero a Adorni el Estado no es lo que le molesta. 

 “Sindicalista”, bufón y ñoqui 

 Manuel Adorni, nacido el 28 de febrero de 1980 en La Plata y contador público recibido en la UADE, fue alguna vez sindicalista. Por supuesto no se conoce públicamente la empresa, aunque es sabido que estaba vinculada al delivery y al reparto. La patronal le pidió que firmara un documento para armar un gremio acorde a los servicios prestados por los empresarios. Un auténtico bufón. 
 Antes de llegar a la radio Rivadavia y al portal de Infobae, Adorni pasó por los sótanos de la comunicación, del mencionado Momias a la red social Taringa, convertida con los años en un centro de contacto digital de jóvenes derechistas. Un blog de economía política y su impronta tuitera y reaccionaria lo acercaron a la política, cuya primera experiencia oficial lo vio en 2019 armando el partido que conduce Ricardo López Murphy (hoy Republicanos Unidos) y apoyando la candidatura de Espert en 2019 (estuvo cerca de encabezar la boleta en CABA de Despertar) y de Milei en 2021. 
 Lejos de la simpleza, en 2023, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y el grupo Clarín lo premiaron como “mejor Twittero” en los Martín Fierro Digitales, a diez días de consagrarse como vocero presidencial, mostrando que no por hablar en pocos caracteres uno se aleja de las esferas clásicas del poder de turno. 
 Su perfil como vocero toma forma en la arrogancia del impune. Adorni casi que sonríe cuando dice, en plena conferencia de prensa, que el 85% de los trabajadores estatales de la cartera del Ministerio de Mujeres fue “eliminado”, como si los empleados fueran cosas a borrar. Se cree gracioso en la confrontación con los periodistas opositores. Uno de los hechos más significativos de esta política son las risas frente a los despidos estatales, la calificación de Milei a Fabián Waldman como “señor domado” por cómo Adorni lo atacó por sus informes con videos en Casa Rosada frente al cierre del viejo “salón de las mujeres”, utilizado el año pasado para oficinas de comunicación de cuentas oficiales (“Peluca Milei”). 
 Adorni forma parte hoy del núcleo duro o “mesa chica” de Javier Milei, del riñón de su hermana Karina, a tal punto de que fue la persona que dijo “es un error de Santiago”, al referirse a la interrupción de Santiago Caputo a la entrevista de Milei con Jonathan Viale. 
 Pero, sobre todo fuera de cámara, Adorni se consagró como un señor de Estado: lejos de cualquier crítica genuina a la casta, se encargó de ubicar a sus familiares en lugares de poder y enriquecimiento. Su hermano Francisco fue contratado por el Ministerio de Defensa y tuvo un incremento del 420% del salario en seis meses. Pasó de cobrar a principios de 2024 unos 820 mil pesos a casi cuatro millones de enero 2024 a julio 2024. Fue por iniciativa del jefe de su sector Luis Petri. 
 Pero no se quedó ahí el vocero: contrató 100 personas de forma personal entre el inicio de su gestión y septiembre del 2024. Para ser más precisos: 101 contratos nuevos, de los cuales 29 son asesores y, el resto, directores y coordinadores. Además de su hermano, Adorni metió a su madre y a su tía a trabajar. 

Hay ñoquis y no es 29. Fin 

 En una reciente entrevista en La Nación+, Adorni dijo que su proyecto político para la ciudad es que “deje de oler a comunismo”. 
 Si bien pedir coherencia, precisiones programáticas y otras yerbas pueda sonar ambicioso, lo que el vocero (que hará campaña teniendo la ventaja de hablar con los medios todas las mañanas y ya hizo saber que no renunciará) debería explicar es la cantidad de integrantes de su lista que integraron el gobierno que él critica. 
 Para empezar, el tercero en su lista, Nicolás Pakgojz, fue funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. Fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Esa Secretaría es estratégica: pasan todos los pedidos de rezonificación y convenios urbanísticos. Allí Pakgojz realizó la presentación ante los legisladores porteños de Costa Urbana, la “Dubai” que se quiere construir en la zona de Puerto Madero. Quien está detrás es el okupa más grande de CABA: Eduardo Elsztain, que había intentado conseguir para sí de la ex ciudad deportiva de Boca durante décadas, pero lo logró durante la tertulia de Rodríguez Larreta. No casualmente hoy Pakgojz dirige la Agencia de Bienes del Estado. 
 Lo mismo vale para Andrea Freguia (4ta en la lista), que responde a los intereses de Cristian “373 propiedades” Ritondo, con una perlita: en 2023 era asesora en el senado de María Laura Leguizamón, del PJ kirchnerista. Hoy trabaja con Pilar Ramírez, ex Cámpora. También se podría decir lo mismo de Juan Pablo Arenaza, alfil de Bullrich, ex legislador del PRO. 
 La lista la completan personajes de esta raigambre reaccionaria: Solana Pelayo, directora del Banco Nación, del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja, vinculado a la famosa familia de la burguesía; Lucía Montenegro, ultraderechista, famosa el año pasado por desviar una donación de leche para un comedor de la Villa 31 que no recibió la dosis completa de lo que se había donado, entre otros. 
 El objetivo de la candidatura es disputar poder político y caja al PRO para comerse un armado propio del macrismo con mayor facilidad. Eso explica la imposibilidad de diferenciarse con argumentos políticos de peso más que “olor a comunismo”. El tren fantasma de su lista no es más que un resumen de esa utopía reaccionaria. La que terminará cuando el pueblo argentino le aplique a él y a toda su banda su propia frase preferida de Twitter. “Fin”. 

 Santi Nuñez

Milei es un kelper, fuera el imperialismo de las Malvinas


Este miércoles 2 de abril se conmemorará un nuevo Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 

Javier Milei encabezará un acto en el cenotafio de Plaza San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires, que contará con la participación de autoridades militares y sectores de excombatientes. El presidente será el protagonista de un gran show de demagogia. Esto se debe a que, por su condición de títere del imperialismo, su gobierno es incompatible con la lucha por la recuperación de las islas y con cualquier tipo de reclamo que implique la defensa de la soberanía nacional. 
 La política del mileísmo con respecto a las Malvinas es tributaria de los intereses del imperialismo inglés. El presidente es partidario de que cualquier acuerdo sobre las islas contemple la posición de los kelpers (ocupantes). Y la posición de estos, como es harto sabido, es que las islas queden en manos del Reino Unido. En una ocasión, Milei propuso ir hacia un acuerdo de tipo proimperialista como el que realizaron los ingleses y China en 1997 con el traspaso de la soberanía de Hong Kong. Por otro lado, reivindicó la visita del canciller inglés David Cameron a las islas en febrero del año pasado. 
 En esta línea, Milei ha permitido que el Reino Unido –que hace enormes negocios en la región– extienda su control sobre el Mar Argentino. Se trata de una zona disputada por China y distintas potencias capitalistas, en un cuadro de recrudecimiento de las tensiones comerciales y bélicas. En las Islas Malvinas, la pesca y la explotación de hidrocarburos constituyen fuentes de negocios codiciadas por las potencias. La empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration lideran el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, que alcanzará un pico de producción de 150.000 barriles diarios. En este contexto, el gobierno laborista de Keir Starmer ordenó reforzar los ejercicios militares en las islas. 
 Milei es un defensor de la Otan, que en su momento se alineó con los ingleses en la guerra y ahora está en crisis por los choques entre el gobierno norteamericano de Trump y la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea. Las Islas Malvinas son una plaza militar de la Otan, en momentos en que los Estados capitalistas más poderosos del mundo van hacia un rearme y se preparan para ir a la guerra con todo tipo de pertrechos, incluidos los nucleares. Milei es un peón de Trump, quien no tiene ninguna intención de que las islas pertenezcan a sus verdaderos dueños. 
 El gobierno nacional, por otro lado, está llevando adelante una política de entrega en toda la línea de las riquezas de la Argentina. El Rigi, que fue votado en el Congreso por todos los partidos capitalistas, es uno de los tantos instrumentos que desplegaron los libertarios para que los capitalistas extranjeros saqueen los recursos, pagando impuestos irrisorios y beneficiándose con facilidades cambiarias y fiscales. Milei también defiende el pago de la deuda externa a los acreedores capitalistas ingleses y al FMI, una política expoliatoria cuya aplicación tiene como contracara la desindustrialización, el sometimiento y el reforzamiento de la opresión sobre la Argentina. 
 Asimismo, Milei es fanático de Margaret Thatcher, quien ordenó el hundimiento fuera del área de exclusión del crucero General Belgrano y fue la verduga de más de trescientos jóvenes argentinos. También fue la impulsora de la feroz represión contra la huelga minera de 1984, de un plan de guerra contra los trabajadores ingleses en general y de una política económica que produjo un retroceso muy importante del Reino Unido como potencia. Milei ha elogiado en reiteradas ocasiones el programa económico de Thatcher. 
 La obsesión de Milei por la dictadura genocida también es ilustrativa de su política entreguista y cipaya. La dictadura traicionó la causa de Malvinas: la ocupó para evitar su caída en el marco de una agudización de la lucha de clases y de una crisis económica galopante. Galtieri y su banda aplicaron los métodos del terrorismo de Estado contra los soldados argentinos. Nunca tuvieron como propósito recuperar las Malvinas; buscaban un pacto para darle primacía política y económica a Estados Unidos.
 Fuera los ingleses de Malvinas. Fuera el imperialismo de Argentina y América Latina.

 Nazareno Suozzi

Un nuevo episodio de entrelazamiento del delito con el Estado y los capitalistas


En la ultima semana el foco de la atención no han sido las elecciones provinciales del próximo 13 de abril, sino el destape de un complejo armado de corrupción que vincula a empresarios, la ex AFIP y la Justicia Federal. Los nombres vinculados al poder que estarían involucrados todavía no se conocen en su totalidad. 
 Sucede que el exdirector de AFIP Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna, se encuentra siendo investigado por una decena de delitos vinculados al ejercicio de ese cargo público. Trafico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, entre otros delitos que se repiten en más de una oportunidad. “Acorralado” en la instancia judicial en que se encuentra, Vaudagna decidió declarar y acogerse a la figura de “imputado-colaborador” para verse beneficiado por una condena menor a la que pedirían los fiscales. A partir de su declaración se conoce cuál era su rol, quiénes los beneficiarios y perjudicados de una trama que usaba al Estado, incluyendo al Poder Judicial.
 Desde el mismo asesoraba a capitalistas de renombre para consumar evasión de impuestos: aquí aparece el nombre de Nahuel Caputto, socio mayoritario del diario santafesino “El Litoral”, además de estar involucrado en un fallido de compras de islas para la reubicación del puerto santafesino. A partir de estas maniobras, se esperaba que luego el Estado Provincial tenga que expropiárselas para dicha construcción y así hacerse de una cuantiosa indemnización. A su vez, este directivo se encargaba de impulsar investigaciones por incumplimientos fiscales que no llegaban a resolución, ya que en el ínterin se arreglaban sobornos que llegaban a sus bolsillos. Lo mismo con respecto a hacer la “vista gorda” respecto a empresarios sin los estados contables en regla. 
 Incluso está involucrado uno de los exdirectivos de Vicentin SAIC, Omar Scarell, quien a partir de lo recolectado fue asesorado por Vaudagna para apropiarse de reintegros de IVA durante más cuatro años, cuya cifra alcanza los nueve dígitos. Asimismo, el asesoramiento con respecto al blanqueo de los créditos que fue tomando la cerealera previo a su desfalco, con las intenciones de que no recaigan denuncias penales en su contra a raíz de la administración fraudulenta. 
 Lo dicho solo es un botón de muestra que lejos está de despejar el camino. Pero él no estuvo solo en esta serie de maniobras, ya que para desenvolverlas sobre un manto de legalidad tuvo el concurso de un juez federal con nombre y apellido. Es el caso de Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Rosario, que se encuentra investigado por el Consejo de la Magistratura y las fiscalías federales por, básicamente, utilizar sus facultades judiciales a conveniencia. Resuena el caso en el que este ordenó un allanamiento contra un candidato a hacerse de la dirección de una aseguradora y que este, a petición de parte, sin delegar en terceros este trabajo, allanó el domicilio del mencionado para ensuciarlo públicamente. 
 Pero esto no es lo único que vincula al juez Bailaque. También se le reprocha no haber llevado adelante los procesos judiciales contra capos narcos de la provincia. Tal es el caso de Esteban Alvarado, hoy condenado a perpetua por la justicia provincial, ya que tuvo una de sus causas por narcotráfico en su juzgado y su conducta fue la inactividad y la inexistente diligencia en la investigación. Al tiempo se conoció públicamente que incluso compartía contador con Alvarado. Pero al igual que Vaudagna, no es la única de sus fechorías. Se lo acusa también de haber beneficiado a empresarios para hacerse con la concesión de los puertos de Rosario, que en su momento estuvieron intervenidos y cuya cooperativa pretendía quedársela este financista de apellido Whpei. En ese trajín, se benefició a una mutual de su propiedad que recibió fondos retenidos ya que ofrecían una mejor tasa de interés que los bancos. Al juez se lo vincula, dentro de la organización judicial, a Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema, y según las fuentes al momento de su designación fue impulsado por el kirchnerismo. 
 Este capítulo de entrelazamiento entre el crimen organizado, capitalistas de renombre y el Estado todavía no se ha agotado. Que todo esto explote en medio de contiendas electorales y políticas expresa la crisis que tenemos en ciernes. 

 Agustín Fernández
 31/03/2025

Obras Sociales: privatizan la atención médica


El Gobierno de Milei está llevando adelante a toda marcha la aplicación del DNU 70/2023, que desregula las obras sociales y compañías de medicina prepaga. 
Uno de los cambios principales es que, desde el inicio de un empleo, los trabajadores puedan optar por una obra social (ya sea la de su actividad laboral u otra) o por un servicio de medicina prepaga.
 La normativa establece que las contribuciones al Fondo Solidario de Redistribución (administrado por el estado ) serán de una tasa fija del 15% para todos, para las obras sociales sindicales, de dirección y también para las prepagas. Anteriormente, este aporte era del 10% para los trabajadores de menos sueldos y del 15 % a la de los sueldos mayores. Con lo que el estado “liberal” mete mano directa en la recaudación de las obras sociales y también de las prepagas, pero no pone límite alguno a lo que cobra una prepaga para “garantizar la libre competencia en el mercado” (Infobae). 

 Un combo explosivo 

La asfixia de las Obras Sociales es total en tres aspectos: 1) deben contribuir con el 15% de la recaudación al Fondo Solidario de Reparación; 2) tienen una sangría con la libre elección de la obra social por parte del trabajador. En la inmensa mayoría de los sindicatos hay una pérdida sustancial de aportes por los despidos masivos y la caída de la industria. 
 Un gremio pequeño no puede sostener una atención que requiera estudios importantes y medicamentos caros; al apelar al “Fondo de Reparación”, entra en la cola interminable de reclamos pendientes con el atraso de la atención médica 
 Un trabajador no puede emigrar a la Obra Social de otro sindicato si el sueldo que recibe es inferior al del gremio al que quiere afiliarse, por una cuestión de desfinanciamiento. Si recurre a la prepaga, ésta ya no tiene control alguno en la cuota. La intención del gobierno es forzar al trabajador a que pase a la salud privada y además que las obras sociales de los sindicatos se asocien a las prepagas. 
 Como el pasaje a las prepagas está casi vedado por la caída del empleo y de los sueldos, el gobierno “liberal” ha comenzado con las intervenciones de las obras sociales de los sindicatos para forzarlo. Ha implementado auditorías, ocho obras sociales sindicales han sido intervenidas por 180 días. La Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA), la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT) la Obra Social de Vareadores (OSV), la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social de la Industria del Fósforo (OSPIF). 
 El gobierno de Milei, así como le copió a Gerardo Martínez la idea de la disminución de las indemnizaciones, le copió a Barrionuevo el armado de un pool de sindicatos chicos que gozan de la Obra Social de los gastronómicos, que además es un armado en asociación con la medicina privada que nuclea a casi 20 sindicatos menores. 
 Para que no se arrebaten derechos de salud, es necesaria una campaña por: “Fuera las manos del gobierno sobre las obras sociales” y terminar con el desguace y el vaciamiento orquestado en todos estos años por la burocracia y el Estado. 
 Está claramente planteada la pelea por la apertura de los libros y por directorios electos por los afiliados: la cobertura plena de un PMO universal e integral que se cubra con el aumento de los aportes patronales; el pase a planta de todos los precarizados con el mejor convenio de la actividad y el blanqueo de todas las sumas en negro, para recomponer los ingresos de las obras sociales. La triplicación del presupuesto de salud y reforzamiento del sistema sanitario bajo control de los trabajadores.

 Juan Ferro 
 01/04/2025

La baja de la pobreza, otro embuste de Milei


Los liberticidas están festejando que la pobreza afectó al 38,1% de la población al cierre de 2024, según datos del INDEC, ya que esto implica una baja con respecto a los datos del primer semestre (52,9%) y con respecto a los datos del segundo semestre del 2023 (41,7%). Los datos de indigencia también hablan de una disminución ya que el 8,2 del segundo semestre de 2024 es 3 puntos menor que el 11,9 de finales del 2023. 

 Cifras mentirosas

 Lo que explica esta caída de los porcentajes es la desaceleración de la inflación que, como ya explicamos desde estas páginas, responde a mediciones del INDEC que están distorsionadas por estar basadas en una canasta desactualizada que no contempla ni los consumos actuales ni el aumento del peso de los tarifazos en el total de la torta del consumo de cada hogar.
 Además, las cifras con las que se comparan fueron afectadas por el Rodrigazo de Milei- Caputo no bien asumieron. 
 El elefante en el baño que pone de evidencia que estas cifras son mentirosas es la medición del consumo que lleva una caída de 14 meses ininterrumpida. 
 Los consumos que más caen son los de bienes esenciales como la leche y en supermercados y almacenes, lo que demuestra que la caída del consumo no responde a una oleada distributiva en la que los hogares de mayores ingresos se estén absteniendo de consumos suntuarios en pos de mejorar la situación de las familias más pobres, sino que, por el contrario, las mismas cifras del INDEC delatan que entre los menores de 15 años la pobreza escala a más del 51% de la población. 
 El aumento del uso de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos denuncia la misma realidad.
 Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) realiza un estudio que compara la pobreza multidimensional, la cual es medida por el mismo Ministerio de Capital Humano de Milei y que tiene en cuenta diferentes cuestiones que hacen a la calidad de vida como el acceso a bienes y servicios básicos. Ese tipo de pobreza registró un aumento interanual al pasar del 39,8% en 2023 al 41,6% en el tercer trimestre de 2024. Además, ese porcentaje crece sostenido desde 2017 (La Nación 31/03). 
 Esta diferencia se explica por la motosierra que el gobierno de Milei pasó sobre programas de salud, medicamentos y servicios sociales que antes eran brindados por el estado y ahora, habiendo sido recortados, sólo se puede acceder a ellos pagando, lo que afecta directamente a los ingresos sin estar registrados en las mediciones del INDEC. 
 La política recesiva de Milei no produjo un desastre humanitario mayor sólo porque el liberticida tuvo los reflejos para aumentar los planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar por encima de la inflación. Esto lo hizo con el doble propósito de frenar una reacción popular a la motosierra y la licuadora y facilitar el terreno para el ataque a las organizaciones piqueteras. 
 Los anuncios del INDEC pronto se van a sumar a la lista de cosas que los liberticidas van a dejar de festejar –como los logros de su política macroeconómica– cuando ya empezó la cuenta regresiva de la devaluación más pronosticada de la historia y cuando día a día queman dólares de las reservas en los mercados paralelos para frenar el precio a pesar del tantas veces anunciado nuevo acuerdo con el FMI. 
 Tanto la devaluación como las nuevas medidas de ajuste -todas requeridas por el FMI– van a empujar a la miseria a un extremo insoportable –imposible de disimular incluso para las mediciones del INDEC– al que los trabajadores ya vienen respondiendo con grandes movilizaciones. Las consignas de huelga general y fuera el FMI- No al pago de la deuda están a la orden del día. 

 Aldana González 
 01/04/2025

martes, 1 de abril de 2025

Bolsonaro irá a juicio por golpismo; la derecha busca la intervención del golpista Trump


El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) dictaminó por unanimidad el pasado miércoles que el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) irá a juicio por haber planeado un golpe de Estado para permanecer en el poder, con la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023 como acto último de ese plan. El expresidente derechista puede llegar recibir hasta 40 años de prisión. Además de Bolsonaro, entre los acusados se encuentran Alexandre Ramagen, exjefe de Inteligencia; Almir Garnier, exjefe de la Marina; Mauro Cid, asistente presidencial; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, exministro de Seguridad Institucional; Paulo Nogueira, exministro de Defensa; y Walter Braga Netto, exjefe de Gabinete y compañero de fórmula de Bolsonaro en 2022. Según la justicia, todos ellos formaron el “núcleo crucial” de la trama golpista. Bolsonaro permanecerá en libertad durante el juicio. 
 Cinco magistrados del TSF aceptaron el pedido de la fiscalía de llevar a Bolsonaro a juicio, argumentando que existen indicios razonables “que apuntan a Bolsonaro como líder de la organización criminal”, cuyo plan contemplaba el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes y la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa”. La conspiración se inició desde antes de los comicios de octubre de 2022 y culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia en enero de 2023. El objetivo era desconocer la victoria de Lula da Silva en las elecciones de 2022, pero el complot no se consumó por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército. Tras esa negativa, Bolsonaro animó a sus partidarios a asaltar la capital el 8 de enero de 2023, pocos días después de que Lula asumiera su mandato. Entre las pruebas figura los testimonios del teniente coronel Mauro Cid, ayudante del expresidente. Los exjefes del Ejército y la Fuerza Aérea dijeron haber recibido una propuesta de golpe de Estado de parte de Bolsonaro. El juez del TSF, Alexander de Moraes, afirmó que no hay duda de que Bolsonaro conocía la existencia de un documento llamado “propaganda golpista”, que fue discutido con el alto mando de las Fuerzas Armadas y con quienes intentaron anular el resultado de las elecciones de 2022. La sumatoria de pruebas llevaron a que Bolsonaro sea imputado por cinco cargos, entre los que se destacan el intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del estado de derecho (por su ataque a los poderes Legislativo y Judicial) y organización criminal armada (que, según explica la justicia, se desarrolló con orden jerárquico, contaba con influencia de sectores militares y presentó una división de tareas entre sus integrantes). 
 La decisión del tribunal entierra aún más las aspiraciones del líder opositor de regresar en algún momento al poder. A pesar de que Bolsonaro, que ya se encuentra inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de urnas electrónicas, el expresidente insiste en que “por el momento, soy candidato”, aclarando que él es el plan “A, B y C” para 2026. En su cuenta de la red social X denuncia una persecución política y afirma que “el proceso contra mí avanza 14 veces más rápido que el de Mensalao y al menos 10 veces más rápido que el de Lula en Lava Jato”. Afirma que buscan proscribirlo debido a que ningún candidato lo vencería en 2026. 
 Es cierto que en estos momentos la imagen positiva del actual mandatario Lula se encuentra en su punto histórico más bajo del 24 %, debido a la crisis económica brasileña. Pero el bolsonarismo tampoco da muestras de vitalidad. El clan Bolsonaro buscó consolidar antes de la sentencia un apoyo político en el Estado y en las calles, con escaso resultado. Una protesta convocada en su apoyo en Río de Janeiro a principios de este mes, en la cual el expresidente buscaba reunir al menos un millón de personas, congregó apenas a cerca de 18.000 manifestantes. No son pocos los analistas que sostienen que su capacidad de movilización se ha desplomado. Bolsonaro ha convocado una nueva manifestación para el próximo 6 de abril en São Paulo.
 A falta de un apoyo al interior de Brasil, la familia Bolsonaro busca la intervención de Estados Unidos. En una entrevista con The Wall Street Journal en noviembre pasado, Bolsonaro había afirmado que contaba con el apoyo de la administración Trump para poder eludir la prohibición de presentarse a las elecciones de 2026, y que éste ejercería presión sobre el gobierno de Lula mediante sanciones económicas contra Brasil. Ahora, el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, miembro del Congreso, sostuvo que dejará el Congreso y buscará asilo político en Estados Unidos, donde espera conseguir apoyo político para amnistiar a los condenados del motín del 8 de enero e impulsará sanciones contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. En una entrevista con el Financial Times el mes pasado sostuvo que Moraes cumplía los requisitos para las sanciones estadounidenses bajo la Ley Magnitsky, originalmente diseñada para castigar a funcionarios rusos y congelar sus activos en el país. “Mientras los problemas legales de su padre empeoran, afirma el Financial Times (25/3), Eduardo ha pasado gran parte de este año en Washington presionando a miembros del Congreso de Estados Unidos y a la administración Trump”. Según este diario mismo, “hay indicios de que la administración Trump está prestando atención a la campaña de la familia Bolsonaro”. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó en febrero de este año el proyecto de ley “No Censors on our Shores Act” que despojaría al juez brasileño de Moraes de su visa estadounidense, junto con las de otros funcionarios extranjeros acusados de censurar la libertad de expresión de las personas en Estados Unidos. La campaña de Eduardo Bolsonaro busca apoyarse en el conflicto que se desató el año pasado entre el ahora funcionario de la administración Trump, Elon Musk, y el juez de Moraes, cuando la justicia brasileña cerró su plataforma X durante más de un mes en Brasil por acusaciones de que difundía discursos de odio. Musk calificó al juez de dictador en X, acusándolo de usar las facultades del tribunal para investigar, procesar y silenciar a los adversarios de Da Silva en redes sociales. El grupo de medios de Trump demandó a de Moraes en febrero de este año por sus medidas para impedir que los brasileños accedan a Rumble, una plataforma de video con sede en Florida. 
 En su gira en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro aseguró que "todas las reuniones que solicitamos son aceptadas", remarcando los estrechos vínculos que mantiene con el equipo de Trump, aunque se negó a revelar con qué funcionarios de la administración estadounidense se reunió durante tres viajes a Washington en enero y febrero, o dar detalles de las conversaciones. Aseguró que no estaba pidiendo una intervención directa de Estados Unidos sino “la restauración de la democracia y la libertad”. 
 El Wall Street Journal afirma que la decisión del TSF “supone un golpe a uno de los aliados más cercanos del presidente Trump en América Latina” (26/3). Eduardo Bolsonaro ha viajado varias veces a Estados Unidos desde que Donald Trump regresó a la presidencia. Un legislador del PT solicitó al Tribunal Supremo el 27 de febrero la incautación de su pasaporte debido a que Eduardo Bolsonaro ha intentado negociar con legisladores estadounidenses un proyecto de ley para "atacar e intimidar" al Tribunal Supremo de Brasil desde la investidura de Trump. 
 Algunos analistas dan por descontado que Bolsonaro será condenado por los delitos de los que se lo acusan. La situación, sin embargo, dependerá probablemente de los vaivenes políticos nacionales e internacionales. El periódico brasileño Folha de Sao Pablo (26/3) aseguró que uno de los cinco miembros del TSF, Luiz Fux, allanó el camino para cuestionar el acuerdo de culpabilidad de Cid y revisar las sentencias del 8 de enero, cuando expresó sus desacuerdos respecto a las posiciones del juez de Moraes y sostuvo que “juzgamos con una emoción violenta tras la tragedia del 8 de enero. Fui a mi antigua oficina, donde la ministra Rosa [Weber] era mi vicepresidenta, y vi un escritorio quemado, papeles quemados. Pero creo que los jueces, en su vida, siempre deben reflexionar sobre sus errores y aciertos”. Según Folha, “la postura de Fux esta semana sería, más que un giro hacia un mayor conflicto con Moraes, la marcación de posiciones y un llamado a la reflexión sobre detalles y matices de los casos que se tramitan en la Corte Suprema”.
 El gobierno de Lula, por su parte, acorralado por la aceleración de la inflación y la caída de su imagen, busca no hacer olas y complacer las demandas de los sectores militares, los cuales brindaron un amplio apoyo al bolsonarismo en su ascenso al poder. Para este año, el gobierno de Lula decidió mantener la política adoptada desde 2023 de ignorar el aniversario del golpe militar de 1964, que cumple 61 años el próximo lunes 31. El diario Folha asegura que “Lula y militares mantienen un pacto de silencio en el aniversario del golpe de 1964”. El acuerdo prevé que la fecha no será celebrada en los cuarteles ni repudiada por el gobierno. “El silencio es parte del esfuerzo del ministro de Defensa, José Mucio Monteiro, para conciliar las demandas del gobierno del PT con el ánimo de los militares”. El gobierno de Lula evalúa que la fecha para la realización de actos en defensa de la democracia ya no sean el 31 de marzo sino el 8 de enero, en referencia a los atentados contra las sedes de los Poderes ocurridos en 2023. Esa iniciativa, sin embargo, “también ha sido una fuente de tensión en la relación entre Lula y los militares, (…) en parte por las acusaciones contra generales por participar en el intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro” (Folha, 26/3). 
 El candidato del presidente Lula a la jefatura del PT y favorito para las próximas elecciones internas, el ex alcalde Edinho Silva, adoptó por su parte una posición derrotista frente a un Bolsonaro en retirada. Aseguró públicamente que el bolsonarismo tiene base y que el PT, en cambio, tiene que “sudar sangre” para sacar 10 mil personas a las calles. Edinho Silva es el nombre que apoya Lula para liderar el PT. 
 Diversos medios han asegurado que la decisión del TSF de llevar a Bolsonaro a juicio se trata de una decisión histórica, ya que es la primera vez en la historia de Brasil que acusados de intentar un golpe de Estado serán juzgados por ese crimen. La dictadura militar (1964-1985), de la cual Bolsonaro es un ferviente admirador, culminó con una ley de amnistía para todo el personal militar. Pero los volantazos políticos en Brasil han demostrado una extrema volatilidad. Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero por el juez de primera instancia Sergio Moro en 2017 y, luego de más de un año y siete meses de prisión, fue liberado y en 2021 el Tribunal Supremo anuló la sentencia, para volver a la presidencia en 2022. El futuro político de Brasil no se definirá en los tribunales sino, antes que eso, en el terreno de la crisis mundial. 

 El Be
 29/03/2025

El sionismo ocupa Gaza para proceder a la “transferencia” étnica de su población


Desde el 18 de marzo, los aviones de combate israelíes retomaron un feroz bombardeo sobre Gaza al que se sumaron los tanques. Israel prohibió el ingreso de la ayuda humanitaria desde el 2 de marzo. Casi dos millones de gazatíes han vuelto a carecer de luz, agua, combustible, alimentos. Los sionistas en un solo día asesinaron a 200 criaturas, el mayor infanticidio de su historia, que ya tenía un abultado prontuario. También a 200 adultos, la mayoría mujeres. Los muertos contados por Hamás ya superan los 50.000 y hace casi un año que The Lancet triplicó la cifra. 
 Los médicos en Gaza describen un desastre humanitario que supera al de los meses anteriores: hospitales sin lo más elemental, médicos que tienen que elegir a quién tratar y a quién dejar morir, bebés desnutridos sin acceso a suplementos alimenticios, cientos de miles de personas casi sin agua potable, 30.000 enfermos de cáncer sin tratamiento, familias que no pueden huir porque no tienen una silla de ruedas en la que transportar a su hijo amputado, padres perturbados por pensamientos suicidas porque no saben cómo ayudar a sus hijos hambrientos, enfermos, heridos, aterrados. Más de 10.000 pacientes necesitan ser evacuados de manera urgente e Israel no les autoriza la salida. La descripción completa de este genocidio se puede encontrar en El País. 
 El ejército ordenó la evacuación, pero nadie sabe hacia dónde ir, ni cómo, alquilar un burro para el traslado cuesta una fortuna, Israel sembró Gaza con miles de explosivos que no han explotado y que cuando lo hacen “provocan heridas catastróficas”. La evacuación conlleva ese riesgo. La gente se amontona entre las ruinas, en los hospitales, en donde puede, y espera. Faltan por lo menos un millón de carpas, ni siquiera durante el cese del fuego Israel permitió que entraran.
 Durante varios días de esta semana, por primera vez desde que Israel invadió Gaza, algunos cientos de personas desesperadas se manifestaron entre los escombros de Beit Lahiya, Jabalia, un barrio de la ciudad de Gaza, y en Khan Younis y Nuseirat (BBC 26/3), todos lugares arrasados repetidamente por los israelíes durante meses. Llevaban banderas blancas, pedían el fin de la guerra: “Queremos vivir. Detengan el genocidio”, insultaban a Israel. 
 Sin embargo, entre las consignas aparecieron algunas pidiendo la dimisión de Hamás y la Yihad en la ilusión -le explicaron a la BBC- de que eso detendría a los sionistas. Unos pocos atacaron a las milicias con argumentos caros a Netanyahu: “Son una banda de asesinos”, “Hamás terrorista”, “Hamás destruyó Gaza”. 
 Estas protestas callejeras habían sido precedidas por mensajes de ese tipo en las redes por parte de personajes vinculados al gobierno israelí y a la Autoridad Nacional Palestina, cuyos voceros se apresuraron a reclamar que Hamás “oiga la voz del pueblo”, abandone el poder y se lo entregue a la ANP (El País, 26/3). 
 Los medios de comunicación israelíes editaron (recortaron) inmediatamente las imágenes para dar su propia versión de las manifestaciones. Con cierto pudor, Times of Israel dijo que participaron “cientos, si no miles, de palestinos”. La BBC, la CNN, el NYT menciona cientos. La usina sionista y sus repetidoras expandieron urbi et orbi que los gazatíes exigían desalojar del gobierno a Hamás. 
 Tras unos días de silencio, un comunicado de Hamás calificó de “espontáneas” las consignas en su contra y ratificó el “legítimo derecho de los palestinos a expresar sus opiniones y participar en manifestaciones pacíficas”. Las protestas, aseguran, “no reflejan la posición nacional general”. “Más bien -agrega- son el resultado de la presión sin precedentes que está experimentando nuestro pueblo y de los constantes intentos de la ocupación de incitar a la lucha interna y desviar la atención de sus continuos crímenes”. 
 Los más fieles voceros del imperialismo (CNN, TWP, NYT 26/3) destacan que “sigue siendo poco menos que milagroso que, tras diecisiete meses de guerra, la sociedad palestina siga mostrando profundas formas de solidaridad interna”. 
 Hace apenas dos meses, en enero, el entonces secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, no tuvo más remedio que admitir que “Hamás ha reclutado casi tantos nuevos militantes como ha perdido. Cada vez que Israel completa sus operaciones militares y se retira, los militantes de Hamás se reagrupan y resurgen”. 
 Las Facciones de la Resistencia Palestina (un órgano de coordinación compuesto por 12 grupos de resistencia armada palestinos) y la Asamblea Nacional de Tribus, Clanes y Familias Palestinas han emitido, por separado, sendas declaraciones advirtiendo contra los “movimientos sospechosos destinados a socavar la resistencia”, y acusando a individuos de colaborar con Israel y trabajar para desestabilizar la unidad palestina. Las Facciones advirtieron que estos esfuerzos se alinean con la estrategia más amplia de Israel para eliminar la resistencia palestina a través del desplazamiento, el hambre y la división interna. “La resistencia es un derecho legítimo de nuestro pueblo... afirmado por todas las cartas y leyes internacionales”, afirmaron, prometiendo “hacer responsables a quienes trabajen contra la resistencia”. 
 Las declaraciones cierran el paso a “los esfuerzos israelíes para explotar las divisiones internas con el fin de debilitar la resistencia y desviar la presión política de las acciones militares de Israel”. Tanto las Facciones como la Asamblea afirmaron que “Israel sigue siendo el único responsable del sufrimiento continuo en Gaza” y dijeron que cualquier colaboración con Israel “sería tratada como una traición directa a la causa palestina” (dropsites news). 
 Ya el año pasado Israel había tratado de negociar con algunos clanes que despojaran a Hamás y a la UNRWA de la distribución de la ayuda humanitaria, intento que fracasó estrepitosamente. 
 El carnicero Netanyahu declaró inmediatamente que las manifestaciones demostraban que “la decisión de renovar su ofensiva estaba funcionando en Gaza” (Reuters 26/3), convirtiendo las imágenes de la protesta en un elemento central de la justificación de la limpieza étnica. La ofensiva militar es necesaria, predican los medios oficialistas, para que los palestinos reconozcan que ellos mismos provocaron la violencia y se atribuyan la responsabilidad del genocidio. 
 El régimen sionista enfrenta movilizaciones masivas que exigen un alto el fuego para garantizar el retorno de los rehenes, en repudio al despido del jefe del Shin Bet, Ronen Bar; contra el despido de la fiscal general del Estado y contra la aprobación de un proyecto de ley de reforma judicial que entrará en vigor en la próxima Knesset y coloca a los jueces bajo la férula del poder político. Existe una guerra civil en el interior del aparato sionista, que se refleja en las calles.
 A pesar de los choques con el Poder Judicial, la Corte Suprema de Israel acaba de darle un espaldarazo al genocidio con un fallo que afirma que es legítimo imponer la hambruna y bloquear el ingreso de toda ayuda humanitaria en la Franja porque "la legislación internacional sobre la guerra no se aplica en Gaza". 
 Simultáneamente, el gobierno ha dado instrucciones al Mossad para que “busque países que puedan recibir a gran cantidad de palestinos”. La agencia Axios reveló que Israel está sondeando a países de África Oriental como Somalia y Sudán del Sur, además de Indonesia. 
 Este sábado se espera que miles de personas se manifiesten en todo el país para pedir la liberación de los rehenes, así como contra la renovación de la reforma judicial, el despido del jefe del Shin Bet, Roner Bar y el avance del despido del fiscal general Gali Baharav-Miara. 
 Aunque la principal protesta será en Tel Aviv, también habrá concentraciones en todo el país, incluidas Jerusalén, Carmiel y la intersección de Sha'ar HaNegev. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas instó “a todos los israelíes, de cualquier origen y punto de vista político” a asistir a las protestas.
 Esta semana, también Israel estrenó movilizaciones que no se habían visto en más de dos décadas. Por primera vez desde entonces, decenas de personas hicieron un plantón levantando fotos de niños palestinos masacrados. En Jerusalén varios miles de jóvenes marcharon pidiendo a los soldados que no acepten participar de la masacre. En Tel Aviv, activistas contra el genocidio de @RadicalBlocTLV se manifestaron frente a la sede del Ejército y el Ministerio de Defensa portando carteles que decían: "Cualquier persona que lleve uniforme es cómplice del asesinato de decenas de miles". 
 Una encuesta emitida ayer por el Canal 12 mostró un resquebrajamiento de la férrea adhesión al genocidio por parte de los israelíes: el 69 % apoya el fin de la guerra a cambio de un acuerdo que libere a todos los rehenes que quedan en Gaza, frente al 21 % que se opone. Incluso entre los votantes de la coalición de gobierno, una mayoría (54 %) respalda un acuerdo, frente al 32 % que se opone a ella. 

 Olga Cristóbal 
 31/03/2025

El gobierno continúa con el vaciamiento de la ESMA para devolverla a las Fuerzas Armadas


Horas antes de empezar el fin de semana, llegó una notificación a los trabajadores del Ente ESMA avisando que Nación no había enviado los fondos necesarios para pagar los salarios del mes de marzo. La causa del congelamiento del presupuesto es una supuesta auditoría que va a durar 60 días.
 El Ente ESMA es un organismo tripartito entre Nación, Ciudad y los Organismos de Derechos Humanos. Los salarios eran responsabilidad del Gobierno Nacional. Entre las tareas que desarrollan sus trabajadores están las visitas guiadas, la seguridad y mantenimiento del predio, su promoción, etcétera. Al conocerse la noticia, la Junta Interna de ATE Ente ESMA resolvió un cese de actividades desde las 12 horas del viernes hasta el mediodía del lunes, en el que se reunirán en asamblea. Dadas las tareas que realizan los trabajadores del ENTE, si se prevé que no cobren el salario por más de 60 días, se prepara un cierre de hecho de toda la ESMA. 
 La auditoría tiene fecha de inicio el 1 de abril, por lo que el dinero de los salarios de marzo ya debía estar depositado dado que los trabajadores del Estados Nacional cobran el primer día hábil del mes. La provocación se inscribe en un ataque constante a los trabajadores de los distintos organismos que funcionan en el predio. Las 17 hectáreas ubicadas en la Av. Libertador al 1800 tienen un valor simbólico en disputa, pero también un valor inmobiliario que también tiene en vilo a diversos intereses.

 Territorio en disputa

 El Gobierno nacional, en lo que va del año, logró cederle la seguridad de los edificios dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos a la Policía Federal. Ante la denuncia de los trabajadores, realizó una lista de despidos que amparó en “falta de disciplina” del personal. La policía no permitía el acceso a los lugares de trabajo de los delegados. Además, pretendió que los despedidos no retiraran sus pertenencias de las que habían sido sus oficinas. Alberto Baños, secretario de derechos humanos, prohibió que se realizara el recital de Milo J dentro del predio, una vez que ya estaba armado el escenario y la presentación de un libro. 
 Con el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti en enero se anunció un cambio en la programación y en el funcionamiento que debiera haberse puesto en marcha a principios de marzo. Esa agenda sigue sin existir desde el cierre del Conti. El Gobierno avanza en el vaciamiento de un espacio de interés histórico, que debe ser preservado como una hipoteca sobre los intereses sociales y políticos que promovieron el golpe y para reivindicar la memoria de los luchadores desaparecidos.
 La pretensión de declarar “crimen de lesa humanidad” el accionar de la guerrilla y la demolición del monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz, a menos de 24 horas de la movilización del 24 de Marzo, van a en el mismo sentido: validar el accionar de las fuerzas represivas contra las huelgas obreras y a la dictadura misma. 

 PRO:“Devolverles la ESMA a los militares” 

El diputado santafesino Gabriel Chumpitaz (PRO), a través de su cuenta de X aseguró que: “El museo de la memoria divide a los argentinos, nos impregna de odio y pasado. Haremos una propuesta formal para que en la ESMA se monte un centro de capacitación especializado en emergencias y catástrofes, para entrenar a las FFAA y los Bomberos”. Su propuesta choca con la declaración de la Unesco de “Patrimonio de la Humanidad”, sin embargo, deja a las claras a quién creen que pertenece el predio los miembros del gobierno y sus aliados directos. 
 En enero pasado el Juez Ariel Lijo, a cargo de la Megacausa Esma, dijo que debía garantizarse el funcionamiento de los sitios, puntualmente la apertura del predio y la limpieza de las canaletas. En el predio siguen surgiendo pruebas concretas que aportan al desarrollo de los juicios por los cerca de 5.000 detenidos que pasaron por ese centro de detención clandestino. La “propuesta” de Chumpitaz debe ser rechazada de plano.
 La ESMA abierta debe ser un recordatorio permanente de los más de 300 niños que aún no fueron restituidos, de los archivos que siguen sellados negando la información de dónde están los desaparecidos, de los cientos de militares con prisión domiciliaria cuando deberían estar en las cárceles comunes y otros tantos que ni siquiera fueron juzgados. Un recordatorio de la vigencia de los intereses que motivaron tanto la dictadura militar como todos y cada uno de los gobiernos democráticos posteriores. La lucha por los puestos de trabajo y por el acceso a los museos que funcionan en el predio es parte de la reivindicación a organizarse, luchar y enfrentar al régimen. 

 Valentina Viglieca 
 31/03/2025

lunes, 31 de marzo de 2025

Mi viejo rebelde- documental de Ana Bayer 2018

Milei y Sáenz reciben de brazos abiertos a uno de los mayores contaminadores del Mundo


El ingreso del grupo Río Tinto al Salar del Rincón. 

 Los funcionarios del gobierno de Sáenz han saludado con bombos y platillos la llegada del Grupo Río Tinto a la provincia de Salta. El grupo anglo-australiano, en efecto, ha pasado a ser operador y controlante del Salar del Rincón, donde promete una inversión de 2.500 millones de dólares para la producción de carbonato de litio. La información oficial, sin embargo, omite decir que esta empresa internacional llega a Salta y a la Argentina como consecuencia de una operación de carácter global. Río Tinto adquirió la operación mundial de otra minera, Arcadium Lithium. Como consecuencia de ello, la compradora se quedó con Rincón del Salar -antes operada por Arcadium- y con actividades mineras de cobre y oro en la provincia de San Juan. Río Tinto ha pasado a ser la principal operadora de litio en el país, y la segunda productora del mundo. 
 Las fusiones y adquisiciones en el negocio mundial del litio han sido precipitadas por la fabulosa caída en el precio del mineral, desde 80.000 a 12.000 dólares la tonelada, como resultado de la sobreproducción mundial y la caída de la demanda china. Los quebrantos producidos por este derrumbe expulsan del mercado a los productores más débiles, a expensas de los grupos con mayores “espaldas” para concentrar el negocio y “copar” yacimientos y salares a la espera de una reversión del mercado mundial. En Salta, Río Tinto ha anunciado la duplicación de los actuales niveles de producción de Rincón, pero hacia el año 2028. Vista la depresión mundial de precios, la expectativa de una reactivación más temprana es muy incierta. 
 Sin perjuicio de ello, Río Tinto ya se aseguró beneficios extraordinarios para el Salar del Rincón. Después de reunirse tres veces con Milei y cortejar a los funcionarios de Sáenz, Río Tinto logró ingresar al RIGI, obteniendo ventajas excepcionales en materia de remisión de utilidades al exterior, retención de las divisas de la exportaciones y beneficios impositivos, por caso, la “amortización acelerada”. Por este mecanismo, que constituye un fraude contable “consentido”, la empresa puede descontar de sus balances la depreciación de sus inversiones antes de que el desgaste de las mismas efectivamente tenga lugar. Y, de ese modo, reducir ficticiamente sus utilidades y pagar menos por el impuesto a las ganancias. Este cheque generoso fue extendido por Milei-Saenz por una “inversión” -la compra de Rincón- que ¡hubiera tenido lugar de cualquier modo!, porque fue motivada por una fusión de alcance mundial. 

 De Salta a Serbia 

Lo que ni Sáenz ni Milei han revelado, por cierto, es que este mismo grupo Río Tinto ha sido repudiado por movilizaciones masivas en la república de Serbia. En este país, centenares de miles de estudiantes y campesinos ganaron las calles en los últimos meses. Entre las principales razones del repudio al presidente derechista Alexander Vucic, se encuentra la oposición a que Río Tinto lleve adelante su proyecto de explotación de litio en el valle de Jadar. La población de esa región, que cuenta con un rico patrimonio agrícola, teme su completa depreciación a causa de la utilización abusiva de agua y de la contaminación ambiental que causarían la explotación de litio. Río Tinto viene preparando su desembarco con la compra de fincas en esa región serbia. Pero como el proyecto se demora, hay una legión de casas en completo abandono desde al menos cuatro años.
 Vucic aspira a que el proyecto de litio sea la puerta de entrada de Serbia a la Unión Europea. Aunque el consumo de litio para el mercado de autos eléctricos está en crecimiento, ninguno de los países de la UE quiere hacerse cargo de la provisión de litio, por sus graves efectos ambientales. En este cuadro, la UE pretende que países como Serbia actúen como basureros del continente. Por esta y otras razones, en las últimas semanas las protestas contra Vucic lanzaron a centenares de miles de serbios a las calles. 

 Y otra vez Salta 

Río Tinto se ha quedado ahora con el proyecto de Rincón, cuya capacidad potencial de producción de litio parece cercana a la del cuestionado emprendimiento de Serbia. No hay porqué suponer que los procedimientos de producción resulten diferentes a los que en este momento son objeto de rechazos masivos en Europa. Mientras que debe esperarse un enorme pasivo ambiental en puerta, los beneficios del proyecto lograrán, RIGI mediante, quedar afuera del país. 
 En sus primeros pasos en la provincia de Salta, la actividad minera ha reflejado todos los vaivenes de la crisis mundial y el derrumbe de precios. Las empresas operadoras redujeron su producción, licenciando o despidiendo a trabajadores de acuerdo a esas fluctuaciones. Ello significa que el régimen laboral de las mineras responde a las necesidades de los monopolios mineros: a través de la tercerización y la subcontratación en condiciones precarias, los que pagan los cimbronazos del mercado mundial terminan siendo los trabajadores. Milei y Sáenz, en definitiva, quieren hacer de Salta un “vertedero” de los monopolios mineros del planeta, y ofrecen hacer de la provincia una verdadera zona franca, en materia de impuestos y precariedad laboral. 
 Para quebrar esta pretensión, se impone la nacionalización integral de la “cadena” de litio (Salares, plantas de tratamiento), bajo la dirección de sus trabajadores y técnicos. Solo de ese modo podrá establecerse un régimen de producción en equilibrio con el medio ambiente, y un régimen laboral que asegure salario y estabilidad a sus trabajadores. En lugar de la evasión de divisas y beneficios promovida por el Estado, la nacionalización permitiría constituir un fondo de recursos para asegurar el equilibrio ambiental y la estabilidad laboral de los trabajadores mineros. 

 Marcelo Ramal 
 29/03/2025

Ninguna picota ni grúa podrán terminar con la Patagonia Rebelde


Política Obrera de Santa Cruz, ante la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer. 

 El historiador y escritor Osvaldo Bayer se ganó un monumento en Santa Cruz, al recopilar y difundir la historia de lucha de los peones rurales de la Patagonia, organizada por luchadores anarquistas ejecutados en 1921, que pelearon por condiciones laborales, salariales y el derecho a sindicalizarse. 
 La lucha llevada adelante puso a los terratenientes y a la burguesía en línea con el gobierno del radical Hipólito Yrigoyen, que dispuso al ejército para reprimir y derrotar la lucha. Cientos de fusilamientos y detenciones fueron la base con la que ahogaron la rebelión que cruzó toda la provincia de Santa Cruz.
 Muchos años después, la destrucción de la figura de Osvaldo Bayer, ordenada por el gobierno nacional de Milei a la Dirección de Vialidad Nacional, tiene un mismo objetivo: simbolizar el propósito de liquidar toda expresión de organización obrera independiente. 

 Santa Cruz rebelde

 En nuestra historia reciente, las grandes rebeliones en la provincia estuvieron protagonizadas por petroleros desocupados o por estatales. En la actualidad estos sectores están en una grave situación. 3.000 despidos en el petróleo, con la retirada de YPF, resultan una bomba de tiempo, por ahora frenada por una burocracia sindical mafiosa. Por otro lado, la docencia está protagonizando una heroica lucha por recomposición salarial, contra el intento de quebrar económicamente a su asociación gremial ADOSAC, con una multa multimillonaria ejecutada por el gobierno de Vidal, y el proyecto de retorno del presentismo presentado por el partido del gobernador. 
 El gobierno provincial critica la demolición de la obra, en una supuesta defensa de la Historia y el disenso. Una impostura, cuando al mismo tiempo ataca a la docencia o a cualquier sector en lucha. Si los luchadores de la Patagonia Trágica vivieran, Vidal estaría del otro lado de la trinchera.
 El monumento volverá a erigirse, pero la verdadera reivindicación a Osvaldo Bayer y la Patagonia Rebelde es luchar contra el gobierno ajustador y represor y sus aliados provinciales como el gobernador Vidal.
 La docencia con un paro de 96 horas, acampe, vigilias en la ruta y movilizaciones mantiene vigente la rebelión.
 ¡Viva la Patagonia Rebelde!

 Política Obrera Santa Cruz 
 27/03/2025

domingo, 30 de marzo de 2025

Los acuerdos con el FMI siempre trajeron la devaluación


Con el macrismo y con el peronismo los programas del Fondo incluyeron saltos cambiarios, y fracasaron instantáneamente. 

 Si bien Milei se apresuró en negar la proximidad de una devaluación, que el Fondo Monetario haya salido a rectificar las declaraciones de Caputo, aclarando que todavía no estaban confirmadas las características del nuevo acuerdo, refuerza la hipótesis de que el organismo exigirá un salto en el tipo de cambio como condición para ejecutar los desembolsos. 
 Incluso, hasta el propio Caputo reconoció días atrás la posibilidad de implementar bandas de flotación cambiaria, lo cual implicaría una devaluación en los hechos. Esa medida no haría más que alentar a los capitalistas a que compren dólares al precio establecido como piso, ejerciendo presión para que suba, y, a su vez, a que dilaten la venta de los mismos a la espera de que su cotización alcance el techo. Por ejemplo, los importadores demandarían más dólares para sobreestockearse, mientras que los exportadores pospondrían la liquidación de sus ventas al exterior hasta obtener un tipo de cambio más favorable. 
 Otro fundamento para pensar que el nuevo préstamo del Fondo conllevará una devaluación es que así ha ocurrido cada vez que se firmó un acuerdo con el organismo. Durante el macrismo hubo siete devaluaciones tras endeudarse con el FMI: una del 7% y otra del 6,2% en mayo de 2018; del 6,6% en junio de 2018; del 7,1% y del 13,8% en agosto de ese mismo año; del 15,5% y del 9,8% en agosto de 2019 luego de la corrida con la que se terminaron de fugar las divisas provenientes del crédito contraído.
 La misma historia la vimos durante el mandato de Alberto Fernández. La renegociación que acordó Martín Guzmán fracasó a los pocos meses, y lo reemplazó Sergio Massa que, ni bien asumió en el Ministerio de Economía, en agosto del 2023, devaluó 22,8% acatando las órdenes del FMI para destrabar un giro de U$S 7.500. Así las cosas, el precio del dólar oficial pasó de $20,30 entre abril de 2018 a $347,69 a inicios de septiembre 2019, un 1.612% de aumento. Las consecuencias de las sucesivas devaluaciones, inmanentes al programa fondomonetarista, las pagaron los trabajadores y jubilados con el derrumbe de sus ingresos. 
 El mercado también prevé una devaluación. Por eso los acreedores de deuda en pesos buscaron cubrirse volcándose masivamente a la compra de bonos dólar linked en la última licitación del Tesoro. Ni qué decir de la corrida cambiaria en curso, que llevó al Banco Central a tener que desprenderse de U$S 1.445 millones desde el viernes 14 de marzo a esta parte. 
 Los que no tienen cobertura alguna frente a una eventual devaluación son los salarios, sometidos a la pauta del 1% -por detrás de la inflación- fijada por el gobierno y acatada por las burocracias sindicales. En ese sentido, la movilización del 9 de abril y el paro del 10 deben servir como impulso para desenvolver una lucha a fondo en defensa del bolsillo popular, contra los ataques de Milei, los capitalistas y el FMI. 

 Sofía Hart

Opiniones de otro siglo: el rector de la UCA y el discurso contra el derecho de las mujeres a trabajar y decidir


Miguel Ángel Schiavone.

Mientras Argentina enfrenta una de las peores crisis socioeconómicas de los últimos años, con un desempleo que golpea con mayor fuerza a las mujeres, desde los sectores privilegiados de la educación privada subsidiada emergen discursos que retroceden décadas en términos de derechos e igualdad.
 Esta semana, el rector de la Universidad Católica Argentina, Miguel Ángel Schiavone, auspiciado y aplaudido por senadores oficialistas, pronunció una serie de declaraciones que, aunque revestidas de supuesta preocupación por el “exceso de trabajo” en la sociedad, esconden un mensaje claro: cuestionar la inserción laboral y deportiva de las mujeres. En palabras cuidadosas pero profundamente reaccionarias, el rector deslizó que la participación social de las mujeres —especialmente en el ámbito del trabajo— no es "genuina", y que el problema de la sobrecarga laboral podría resolverse si las mujeres regresaran a sus "funciones naturales".
 Lo que parece una reflexión académica no es más que la reedición del viejo mandato social que pretende relegar a las mujeres al ámbito doméstico, sosteniendo un modelo de explotación gratuita: el trabajo de cuidado, el mantenimiento del hogar, la crianza, tareas históricamente realizadas por mujeres/madres y no remuneradas. 
 El Rector de la UCA auspiciado por senadores oficialistas habla contra la inserción laboral y deportiva de la mujer. Traducción: dice que no son genuinas y que para resolver el exceso de trabajo hay que rechazar la participación social de la mujer (trabajadora, claro). 

Datos que desmienten al Rector

 Mientras algunos voceros del poder se preocupan por la “sobrecarga” que implica la participación laboral de las mujeres, la realidad muestra otra cara: el desempleo y la informalidad afectan de manera desproporcionada a las mujeres.
 Según los últimos datos publicados por el Indec (último trimestre 2024), la tasa de desocupación general en Argentina alcanza el 8,1%, pero cuando se desagrega por género, la desigualdad es evidente: el desempleo en las mujeres llega al 9,6%, mientras que en los varones es del 6,9%. Esta brecha es aún mayor entre las mujeres jóvenes (de 14 a 29 años), donde la tasa de desocupación trepa al 18,5%.
 Además, el 38% de las mujeres ocupadas lo hacen en la informalidad, sin acceso a derechos laborales básicos como obra social, licencias o aportes jubilatorios. Y, si miramos la distribución de tareas no remuneradas, los números son aún más alarmantes: las mujeres destinan en promedio 6,4 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, el triple que los varones. 

 Un régimen que necesita de la subordinación femenina

 Cuando el rector de la UCA —acompañado por el oficialismo— propone "volver a un modelo" donde las mujeres se queden en sus casas, no está haciendo un aporte académico. Está defendiendo un sistema económico y social que necesita que las mujeres trabajen gratis en sus hogares para que el mercado funcione, al mismo tiempo que las empuja a la precarización cuando intentan participar del mercado laboral en condiciones de igualdad. 
 Frente a estos discursos reaccionarios que buscan devolvernos al encierro doméstico y justificar nuestra explotación, las mujeres trabajadoras tenemos que organizarnos de manera independiente, sin esperar nada de quienes gobiernan ni de las instituciones que sostienen este sistema de opresión. Tenemos que levantar bien alto nuestras demandas: trabajo genuino para todas, con un salario igual al costo real de la canasta familiar; aumento inmediato del presupuesto para salud, educación y políticas de cuidado; y la creación de centros integrales de atención y asistencia para todas las mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de violencia. 

 Gianna Puppo

El gobierno premia con “plus” salariales los despidos en el Estado


Una orientación perversa que busca profundizar la motosierra y el ajuste sobre los trabajadores. 

 El gobierno nacional oficializó la medida por la cual procederá a premiar con plus salariales al personal jerárquico del Estado responsable del despido de miles de trabajadores de las distintas dependencias públicas, en línea con el ajuste oficial: un mecanismo perverso que estimula la destrucción del empleo el vaciamiento de la atención y servicios públicos. 
 Este mecanismo fue incorporado por medio de una resolución publicada en el Boletín oficial que establece la potestad de asignar “unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores” a cargo de la “reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción”. 
 Por esta vía, el gobierno no solo premia a los funcionarios que eliminen puestos de trabajo, sino que además promueve que los mismos apliquen esta orientación para beneficiarse personalmente. 
 A la vez, el hecho de subir salarios jerárquicos en base a la cantidad de despidos implica una modificación de hecho del convenio colectivo de trabajo de los estatales, y violenta el ámbito de la negociación colectiva. Es una reforma laboral antiobrera al servicio de la casta política. 
 Según estimaciones publicadas en el medio La Nación (27/3), a modo de ejemplo, el despido de 700 trabajadores pertenecientes a la Secretaría de Trabajo equivaldría a 64.000 UR adicionales: “casi $52 millones para repartir entre las autoridades superiores”. La oportunidad para la implementación de este mecanismo perverso no puede ser más calculada, cuando al finalizar este mes de marzo está previsto el vencimiento de 50.000 contratos laborales del Estado, que expresan distintas situaciones de precarización laboral sostenida en el tiempo.
 El gobierno les ofrece a los funcionarios jerárquicos un aliciente para profundizar la motosierra, despidiendo a miles de trabajadores y recortando, a su vez, la atención y servicios públicos que dependen de los empleados afectados.
 Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) el gobierno de Javier Milei despidió a 43.778 trabajadores públicos, desde diciembre de 2023 hasta enero de 2025, con una fuerte incidencia en Salud, Cultura, Educación y la asistencia social del Estado. 
 El objetivo del gobierno es redoblar esta apuesta, profundizando el ajuste sobre los que menos tienen, como garantía ante el FMI en medio de las tratativas para obtener un nuevo endeudamiento. 
 Quienes pagan los platos rotos de esta política no son la casta contra la que vocifera el presidente y su séquito, sino los trabajadores: tanto quienes pierden su empleo y sus ingresos, en el marco de un crecimiento de la desocupación; como el conjunto de los trabajadores que ve afectada la atención y los servicios públicos y reducidos programas vitales para la población. 
 La conducción de ATE dispuso de una medida de paro para este jueves 27, con movilización hacia las oficinas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; sin embargo la burocracia sindical no organizó la medida con asambleas y deliberación en los lugares de trabajo ni las seccionales, sino que la redujo a un paro aislado de poca efectividad y reniega de discutir un plan de lucha contra los despidos en el sector.
 Estamos ante un ataque constante del gobierno contra los trabajadores que debe ser derrotado con la organización y lucha, contra un gobierno que viene destruyendo el empleo y atacando los salarios y condiciones de vida de los trabajadores.

 Marcelo Mache