El programa REMEDIAR, que garantiza medicación a 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud, sufrirá un fuerte recorte llevándolo a su virtual cierre. En la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) -que reúne al ministro de Salud con los ministros de Salud de las provincias- el director nacional de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias, Luis Gorostordoy, anunció que se avanzará en una nueva etapa que “hará foco en las enfermedades de mayor prevalencia, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento del rol jurisdiccional” (Argentina.gob.ar, 30/03). Esta medida implica que decenas de patologías que antes encontraban respuesta en los centros de salud públicos quedarán sin asistencia farmacológica estatal.
El “nuevo Remediar” orienta la inversión hacia el tratamiento de las enfermedades que representan la mayor causa de mortalidad en Argentina como enfermedades cardiovasculares, según trascendió en medios de comunicación. Y se aplicará en aquellos centros de salud que aseguren condiciones de seguimiento y control de acuerdo a los estándares del Ministerio de Salud. Su primera etapa de distribución irá dirigida a 800 centros de atención primaria de la salud. El Remediar se creó con el objetivo de garantizar el derecho al acceso y cobertura a los medicamentos esenciales a través de la distribución directa a los Centros de atención primaria de la Salud (CAPS). La provisión llegaba mensualmente a más de 7800 Centros de Salud distribuidos en todo el país en botiquines de medicamentos esenciales. Con la modificación anunciada, miles de centros quedan excluidos. Los medicamentos que se incluían dentro del Botiquín del plan Remediar son analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas. Las modificaciones planteadas por los liberticidas reducen sustancialmente la cantidad de medicamentos otorgados a tres. Ante esta situación, el diputado nacional por Unión por la Patria Pablo Yedlin, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para manifestar la “profunda preocupación” del cuerpo legislativo ante el “incumplimiento, la falta de información pública y la reducción en la provisión y distribución de medicamentos del programa Remediar” (Tiempo Argentino, 7/04/2026). Días antes, la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, había expresado su inquietud sobre el tema tras la reunión del COFESA realizada a fines de marzo. Además, denunció que “en el caso de Tierra del Fuego, la provincia recibió 143.652 tratamientos en 2023, cifra que descendió a 92.422 en 2024 y a 42.966 en 2025, lo que representa una caída del 54% en dos años” (Tierradelfuego.gob.ar, 1/04).
Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires también expresaron su rechazo al recorte del programa y denunciaron que están atendiendo entre un 30% y 40% más de población con menos recursos. Advirtieron, además, que el sistema de salud va a colapsar, porque millones de personas se dirigen a las guardias por cuestiones básicas (Página 12, 11/04/2026). Pero nada se puede esperar de un Congreso que votó la entrega de los derechos laborales y de los glaciares. Tampoco de las gobernaciones que llevan adelante en sus provincias los ajustes liberticidas.
Como podemos observar, la “motosierra” no se detiene. El 26 de marzo de este año se publicó el Decreto 192/26, a través del cual se anunció el cierre y fusión del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias (CeNDIE-ANLIS Malbrán), el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) y el Centro Nacional de Nutrición (CNN) de la ANLIS–Malbrán sin transferencias de recursos ni de capacidades operativas. En el marco de esta resolución, el 1 de abril fueron despedidos 39 trabajadores de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) que se desempeñaban en Misiones, Salta y Córdoba, siendo notificados sobre su despido desde el 31 de marzo. Y, mientras se escribe esta nota, médicos de cabecera que trabajan para PAMI (la obra social de jubilados y pensionados) se encuentran realizando un paro por 72 horas en rechazo a la implementación de una resolución (1107/2026), que modifica el esquema de pagos eliminando los ítems extra.
El objetivo del gobierno liberticida es privatizar la salud. Esta línea va en sintonía con la política sanitaria que encabezan Trump y el Mr. Kennedy “antivacunas” en los Estados Unidos.
Impulsemos autoconvocatorias y acciones para rechazar los recortes y los despidos y en defensa del acceso a la prevención, atención y cuidado de la salud de la clase obrera.
Daniela Magoc
14/04/2026
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