El evento estuvo organizado por el Atlantic Council, un think tank con sede en Washington. Allí, el empresario José Luis Manzano (exdirigente justicialista, jefe del bloque de diputados entre 1983-91 y luego ministro del Interior del gobierno de Menem hasta 1992, hoy unos de los empresarios más ricos de la Argentina), compartió panel con el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, Michael Meding, del gigante McEwen Copper (con operaciones en San Juan con Los Azules) y Pérez de Solay, CEO de Glencore (a cargo de El Pachón y el proyecto MARA), moderados por Kezia McKeague.
En el debate, según los medios que lo cubrieron, quedó expuesta una cuestión clave: falta financiamiento para construir la infraestructura necesaria para que el prometido boom de minería empiece a concretarse.
Manzano fue directo: "Estados Unidos hizo el paquete de rescate, abrió la línea de Eximbank, hizo el acuerdo comercial. Ahora el dinero tiene que ir a donde más impacto produce, y donde más impacto produce es en infraestructura. Esto es trenes, línea de alta tensión y puertos. Eso es lo que necesitamos".
Michael Meding, de McEwen Copper, planteó que "alguien" va a tener que absorber el costo inicial de obras que ningún privado encara solo, explicitando que las empresas estadounidenses piden infraestructura financiadas por el Estado. El representante de Glencore estuvo de acuerdo en ese punto, enfatizando que, sin infraestructura, el ´salto exportador minero´ quedará en nada.
Por su lado, John Jovanovic, presidente del Eximbank, habló de evitar "inversiones extranjeras corrosivas" y de frenar la influencia de competidores globales en la región. Sin nombrarla, estaba refiriéndose a China, que tiene importantes posiciones en yacimiento de litio en producción y todo un entrelazamiento con las comunidades y sectores empresariales argentinos.
En el evento quedó expuesto, con todo, un escenario de crisis, con reclamos a un Estado en virtual estado de default, inversiones multimillonarias en ferrocarriles, rutas, puertos, líneas de alta tensión, etc.
El día después
El jueves 9, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), festejó la aprobación del proyecto oficial, aclarando que esto "no quiere decir que no haya lugares que tengan que seguir protegidos, pero los suelos congelados que no tienen vinculación con ríos ni arroyos, y que no crece nada, sino que simplemente en verano se licuan y en invierno se congelan, deberían poder ser usados”. Para aclarar sus dichos sostuvo que “habrá unos 150 lugares que hay que revisar si se puede realizar una explotación minera porque podrían contener mineralización por debajo del nivel de la tierra. Son un porcentaje bajo del total del inventario las que van a tener que ser revisadas en terreno”.
En paralelo, el día jueves se produjeron dos iniciativas dirigidas a impugnar en la Justicia la nueva ley. Una de ellas estuvo impulsada por el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, y algunas ONGs ambientalistas.
El mandatario de La Pampa presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal para impedir la aplicación de la ley, alegando que “si la ley entra en vigencia nos puede o contaminar o afectar el nivel del agua del Río Colorado, lo que implica que al menos al 40% de la población se quede sin agua para tomar. Vemos peligrar el agua que los pampeanos consumimos”.
Por otro lado, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la propia Greenpeace anunciaron una demanda colectiva que, según informa la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén (Mendoza), ha reunido más de 600.000 firmas contra de la modificación de la ley. La masividad alcanzada refleja el clima de descontento general por el derrumbe económico, el crecimiento de la pobreza y de los atropellos permanentes del gobierno liberticida.
Daniel Blanco
14/04/2026
No hay comentarios:
Publicar un comentario