El debut de Bondi fue una coreografía para las redes sociales: invitó a influencers conservadores a la Casa Blanca para entregarles carpetas "desclasificadas" que resultaron contener material que ya era público. Esta utilización de la comunicación directa para saltarse los controles institucionales no fue un error, sino un intento de gestionar el escándalo mediante el simulacro.
Sin embargo, la realidad material de la red Epstein -que conecta al Mossad, al complejo militar-industrial israelí y a las finanzas globales- es demasiado densa para ser tapada con una operación de prensa. El giro de julio de 2025, donde el Departamento de Justicia (DOJ) intentó sellar nuevamente los archivos alegando "protección a las víctimas", fue el momento en que el Estado cerró filas para evitar que la trazabilidad de los contactos llegara a los niveles de decisión estratégica.
La presión fue tal que incluso el ala republicana del Congreso tuvo que votar una ley para obligar al DOJ a publicar los archivos en noviembre de 2025. Esto demuestra que la red de Epstein es un factor de desestabilización interna para la propia burguesía: un sector la usa como ariete (Trump contra los Clinton), mientras otro teme que la caída de fichas como el expríncipe Andrés o Leon Black (Apollo Global Management) genere un efecto dominó sobre el sistema financiero y diplomático.
La "gran oleada" de documentos de enero de 2026, lejos de limpiar el panorama, profundizó la indignación. Mientras se ocultaban nombres clave de la inteligencia y las finanzas, se filtraban datos sensibles de las víctimas de la clase trabajadora. Este es el carácter de clase de la justicia de Bondi: los rostros de las élites se cubren con píxeles y tachaduras, mientras la vida de las explotadas se entrega al morbo público.
La asunción interina de Todd Blanche, exabogado personal de Trump, no es una solución a la "falta de credibilidad", sino la formalización del DOJ como un bufete privado de la presidencia. Trump no echó a Bondi por ocultar la verdad de Epstein, sino por no haber sido lo suficientemente eficaz en usar esa verdad para encarcelar a sus rivales políticos (James Comey, Adam Schiff).
Este cierre de filas en el Departamento de Justicia ocurre mientras el suelo se mueve bajo los pies de Trump. El descontento popular ha alcanzado niveles históricos: las movilizaciones multitudinarias bajo la consigna "No Kings, No ICE, No War" (Ni reyes, ni ICE, ni guerra) han tomado las calles de las principales ciudades, uniendo el rechazo a la intervención militar en Irán con la denuncia a las tácticas criminales del ICE en las comunidades migrantes. Las encuestas de este mes muestran que 6 de cada 10 estadounidenses ya rechazan su política migratoria, percibiendo al ICE no como una fuerza de seguridad, sino como un grupo de tareas.
Ante la sangría de votos y el temor a una derrota en las legislativas de 2026, Trump ha decidido patear el tablero del estado de derecho. El reciente decreto para nacionalizar el padrón electoral (que en Estados Unidos es responsabilidad de los estados) y restringir el voto por correo -bajo el control directo del Ejecutivo- ha sido denunciado por una coalición de 22 fiscales generales como un intento de eliminar de facto las elecciones primarias y las garantías constitucionales. El mensaje del poder es claro: si no pueden ganar con votos, ganarán con el control del algoritmo electoral y la fuerza de choque federal. No se trata sólo de un fiscal o un decreto, es un proyecto de dictadura pseudoplebiscitaria, es decir de una minoría electoral.
Iara Bogado
04/04/2026
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