La minera Eramine Sudamérica, creada en 2021 por la empresa francesa Eramet (50,1 %) y la firma china Tsingshan (49,9 %), demandó US$ 870 millones, con una vida útil proyectada en 40 años; estarían dispuestos a invertir otros US$ 800 millones para ampliar la producción, pero está atado a la implementación de beneficios fiscales, es decir una ampliación del RIGI que, para ser justos, todavía no está reglamentado.
Eramine tiene capacidad para elaborar 24.000 toneladas de carbonato de litio, equivalente para abastecer a 600.000 baterías de autos eléctricos al año. Piensan construir una segunda instalación con un desembolso adicional de US$ 800 millones para llevar la capacidad a 30.000 toneladas.
Los CEOs condicionan la ampliación a la implementación efectiva del RIGI. Esperan precisiones del alcance de los beneficios fiscales aprobados en la Ley Bases y piden seguridad jurídica. (Clarin 4/7/24). Los capitalistas están preocupados en saber "cuál será el entorno de negocios" y los términos y condiciones fiscales en relación a "una mayor baja de costos de operación".
En definitiva, todo muy bonito, pero el capital exige repatriar sus divisas sin restricciones. Un tipo de cambio libre, es decir, la eliminación del cepo, por un lado, y por otro, "la devolución del IVA”, según explicó Christel Bories, CEO de Eramet, a la prensa local. Es que el 100 % de lo explotado se va del país, un 85 % a China y el resto a Corea y Japón.
El impacto económico representará US$ 160 millones por año. Su construcción demandó, en dos años 2500 puestos de trabajo, cubiertos en un 80 % por salteños, tercerizados en múltiples empresas constructoras. Cuando la planta esté operativa, empleará a 350 "colaboradores".
Sáenz se llenó la boca hablando de la seguridad jurídica que garantiza la provincia, con mano de obra calificada y barata por un lado, con un festival de empresas tercerizadas que no respetan convenios colectivos, ni estabilidad laboral, tal es así que en los últimos 6 meses se produjeron decenas de reclamos y conflictos por parte de los trabajadores, por las pésimas condiciones de trabajo y la falta de indumentaria para soportar las dificultades del clima; recientemente un obrero falleció de neumonía y otro permanece internado por un accidente laboral. Todos ellos tercerizados.
Sáenz garantizó un acuerdo con Nación para financiar las obras de infraestructura que demandan los capitales mineros, como la Ruta Nacional 51, "el corredor bioceánico", que conectará Salta con Chile y los puertos al Pacífico, y la provisión de recursos como el gas.
Mientras tanto, la clase obrera de Salta se hunde en la pobreza, con una confiscación salarial galopante y tarifazos sistemáticos. Los índices oficiales indican que el 60 % de la población es pobre, con ingresos promedio de 250 mil pesos, con un 50 % de su masa laboralmente activa, en condiciones de precariedad, mediante el monotributo o el trabajo en negro.
El relato de Sáenz de que con la minería Salta "sale de pobre" y que el RIGI ofrece oportunidades a los salteños, solo representa a una pequeña porción. El progreso para la clase obrera de Salta no puede estar atado al negocio capitalista de la minería, bajo la dirección de Sáenz y Milei.
Violeta Gil
07/07/2024
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