Luego del escándalo suscitado por la excursión de seis diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para visitar al genocida Alfredo Astiz, Luis Petri envió a dos de sus hombres a la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde están alojados algunos emblemas de la dictadura como el cura Christian Federico Von Wernich, capellán de la Bonaerense y peso de pasado de la iglesia católica, o Julio Simón –conocido como el “Turco” Julián–, exintegrante de la Policía Federal Argentina.
Esto constituye un salto en la provocación progenocida del gobierno, una afrenta a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, a todo el movimiento de lucha por los Derechos Humanos y al pueblo en general. Pero además, el estrechamiento de lazos con genocidas del clero y de la Policía Federal, garantizando la impunidad por sus crímenes de lesa humanidad, es una herramienta para preparar la profundización de un cuadro represivo hacia adelante.
De la visita se llevaron un boceto de decreto para declarar que todos sus crímenes ya no se pueden perseguir por el paso del tiempo, lo que estaría en abierta contradicción con la jurisprudencia que sostiene que son delitos imprescriptibles. Esto se trata de un salto en la política negacionista del gobierno, que hasta el momento no se atrevía a reivindicar abiertamente la dictadura, sino que se ceñía a hablar de “excesos” por parte de los militares y de “memoria completa” en un intento de reponer la teoría de los dos demonios.
La visita a Campo de Mayo fue realizada por el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, Guillermo Madero, y por el director nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Lucas Erbes. Madero hizo campaña por Patricia Bullrich, pero se referencia en Villarruel. Fue el primer funcionario en negarle información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para encontrar a los bebés que fueron robados durante los años de la dictadura o inmediatamente anteriores.
Luego de la visita, Erbes comunicó el despido de los expertos que relevaban y analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas por crímenes de lesa humanidad, acusados de ser un “grupo parajudicial” que hacía “macartismo” contra los militares, metió en la dirección a Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, militantes de organizaciones negacionistas, algunas presididas por la propia Victoria Villarruel.
Según Página 12, los represores afirmaron que quieren que Javier Milei dicte un decreto para declarar que el proceso penal no puede tener una duración mayor a 25 años y que ese plazo rige desde la comisión del delito. Beltrán Benedit, uno de los 6 diputados que visitó genocidas en Ezeiza, afirmó que está trabajando por la pronta liberación de “todos los patriotas”, como les dice a aquellos autores y partícipes de un plan sistemático de secuestros, torturas, asesinatos, violaciones, robo de bebés y desapariciones forzadas.
El gobierno intenta garantizar la impunidad a todos aquellos genocidas que están tras las rejas gracias exclusivamente a la incansable lucha de víctimas, familias, organizaciones políticas y de derechos humanos. Esto reviste una nueva provocación del oficialismo contra el conjunto de los trabajadores y víctimas del genocidio, en sintonía con aquella montada durante el Día de la Independencia, donde 7.000 integrantes de las Fuerzas Armadas desfilaron por las calles de la ciudad de Buenos Aires, entre los cuales se encontraban uniformados que habían torturado a “los pibes de Malvinas”. Semejante despliegue envalentonó a los defensores de la dictadura, a tal punto que hubo una procesión de autos Ford Falcon vedes por Avenida Cabildo.
Esos episodios, sumado a la decisión gubernamental de proceder a un desmantelamiento de los Sitios de Memoria, apuntan a sellar un pacto de impunidad con genocidas del golpe del ´76, en función de ofrendarle una carta blanca a los militares del presente y así volver a adjudicarles a las Fuerzas Armadas la tarea de reprimir al pueblo que lucha. Se trata de un objetivo clave para un gobierno empeñado en destruir las condiciones de vida de la población trabajadora.
En ese sentido viene protagonizando un ataque en regla contra las libertades democráticas, reprimiendo las movilizaciones, encarcelando luchadores e ilegalizando el derecho a huelga por medio de la Ley Bases. Quiere llevar adelante un cambio de régimen político para hacer pasar sus planes antiobreros.
Como luchamos incansablemente para llevar a la cárcel a los represores y como luchamos contra el 2×1 a los genocidas, tenemos que derribar este nuevo intento de exonerarlos por parte del poder político. Hay que volver a demostrar en las calles que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y que los 30.000 están presentes, como lo hicimos el último 24 de marzo de forma masiva.
Camila García
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