Los equipos ´técnicos´ de Larreta y Bullrich, financiados por las grandes patronales argentinas, han ´consensuado´ una reforma laboral que tiene dos ejes principales. El primero es la sustitución de la indemnización por despido por un “fondo de cese laboral voluntario”. Como ocurre en la UOCRA, el fondo se constituiría con aportes de entre el 8 % y el 12 % del salario del trabajador. Se ‘socializa’ entre las patronales el pago de la indemnización, cuyo monto, en función de antigüedad y otros ítems, no ha sido establecido. Cada patrón individual ve reducida la indemnización que debe pagar en la actualidad, sin la posibilidad del recurso judicial para el trabajador. La compra y venta de fuerza de trabajo queda excluida del régimen de contratos. Los ´asesores´ del “Cambio” informan que el régimen se ha previsto para las “actividades con alta rotación de personal” (La Nación, 8/7). Esto no es cierto: no se limita al trabajo temporario, como la cosecha o las obras públicas o privadas. La verdad es esta otra: las patronales quieren impulsar una fuerte rotatividad para quitar cohesión organizativa a la fuerza de trabajo. La precarización laboral, con el consiguiente desgaste del trabajador, estimula a sustituir lo que llaman ‘desecho’ por el trabajo joven. Estimula pasantías y trabajos a prueba por un año. Dependiendo de las circunstancias concretas, tampoco ahorra el despido del obrero especializado. Detrás de la eliminación de la indemnización se encuentra un cambio radical en el método de explotación de la fuerza de trabajo.
Multas y periodo de prueba
Esta modificación radical de la relación laboral se expresa en la pretensión de derogar la Ley de Multas laborales. Se trata de un dispositivo legal que sanciona el incumplimiento de las leyes que regulan la contratación y cualquier otra forma de abuso en el proceso de trabajo. Entre otras cuestiones, la desvinculación de trabajadores o la evasión de aportes. Actualmente, se denuncian una parte ínfima de las infracciones laborales de las patronales. Le juegan en contra las complicidades del propio Estado, las de las burocracias sindicales y la intimidación patronal. Para éstas, las multas beneficiarían a lo que llaman la “industria del juicio”, pero en Argentina existen 5 millones de trabajadores irregularmente contratados, mientras que los juicios laborales anuales no superan el 2 % de esa cifra. La eliminación del régimen de multas, en este cuadro, implicaría la “vía libre” para todo tipo de arbitrariedad.
El paquete reformador incluye, además, una ampliación del período de prueba para los nuevos empleados, de los seis meses actuales a un año. Es un régimen de rotación lisa y llana de los planteles. Si ya se apela a esa rotación actualmente, ¿qué cabe esperar con doce meses de prueba? El menú se completa con una reducción en la proporción de delegados sindicales por trabajador, como bajo la dictadura militar.
Las disposiciones de esta reforma harían punta inicialmente en las PyMEs, para reducir el ´costo laboral’, o sea, para aumentar sus ganancias. En este rubro creciente de empresas tercerizadas o subcontratadas de la gran industria, el beneficio se transferiría a la firma ‘madre’. Explotando su tamaño y su poder de monopolio, los beneficios laborales o impositivos que arrancan las PyMEs terminan siendo transferidos a la gran corporación capitalista.
CGT
En la campaña por la reforma laboral, ha ganado protagonismo la CGT. La Nación señala que “los sindicatos les abren ahora una puerta a los eventuales cambios [al régimen laboral]” (LN 8/7). La burocracia apoyaría, por lo pronto, un blanqueo a infracciones laborales y previsionales. Sería la antesala de “beneficios fiscales y mecanismos de contratación diferentes para las pymes”. El apoyo de la CGT a la candidatura de Massa incluye el acuerdo para liquidar el derecho del trabajo. Ni Sergio Massa ni Cristina Kirchner han abierto la boca sobre los planteos flexibilizadores que están en danza. Han acompañado el avance feroz de la precarización que tuvo lugar después de la pandemia.
La precarización del trabajo comporta un retroceso en todos los campos de la vida social.
La precarización laboral de los jóvenes es la principal causa de la deserción en la enseñanza media y universitaria. Los horarios arbitrarios y prolongados son incompatibles con el estudio regular de una carrera. En España, Brasil y otros estados europeos, entre ellos Ucrania, se ha establecido el contrato laboral por día. Esto agrava el vaciamiento de las obras sociales. Los hospitales, ya desfinanciados, deben hacerse cargo del trabajador en negro o convertido en “facturero”, o sea, en falso “emprendedor”.
La supervivencia del capitalismo exige la succión de una cuota mayor de energía humana del trabajador. Nuestro partido, Política Obrera, llama a una campaña de pronunciamientos contra la reforma laboral de las patronales y a favor de una jornada de trabajo de seis horas, el franco de fin de semana y el reemplazo de los regímenes de productividad por el salario por jornada y un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar.
Marcelo Ramal
12/07/2023
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