El tarifazo no debe pasar

Con los aumentos, la inflación ya llegaría al 30% en el 2019.

Con los anuncios de aumentos en los servicios públicos y los transportes, que en los primeros meses del 2019 van desde el 35 al 55 por ciento, el gobierno le dará un nuevo golpe a los bolsillos de los trabajadores y deja en claro que va por una continuidad en la degradación de sus condiciones de vida.
Es que no solo la totalidad de las paritarias del 2018 quedaron por detrás de la inflación y muy lejos de los incrementos que se aplicaron este año en todo tipo de tarifas, sino que el “techo” salarial para el 2019 lo colocó en el 23%, cuando el propio diario oficialista La Nación (28/12) advierte que, a partir de los aumentos de tarifas y transportes que acaban de anunciarse –y sus consecuencias sobre el resto de los precios–, la inflación del 2019 ya estará ubicada en no menos del 30 por ciento.
Ante este cuadro, varios burócratas sindicales ya se lanzaron como adelantados en el apoyo al ajuste contra los trabajadores. Así, los de UPCN firmaron con la gobernadora María Eugenia Vidal un aumento del 20% para todo el 2019 sin cláusula gatillo y ahora se le sumaron, en el sector privado los dirigentes de Utedyc (entidades deportivas y civiles) y, nada menos que Victor Santa María, un operador del kirchnerismo y propietario de varios medios (Página/12, radios AM 750 y FM Palermo, entre otros), quienes firmaron disciplinadamente, aun antes de que llegue el primero de enero, un 23% de aumento para todo el año próximo.
Está claro que esta orientación no solo va en la dirección opuesta de una lucha por aumentos de salarios que compensen la pérdida que los mismos sufrieron en el 2018 y abona a la política oficial de seguir deprimiendo los ingresos de los trabajadores y jubilados (que perdieron casi 20 puntos en sus haberes en el 2018) sino que tampoco se orienta a una pelea seria contra los tarifazos brutales que acaba de anunciar el gobierno.
Toda la burocracia de la CGT sigue el mismo camino. El reclamo que realizan ante este descalabro que golpea con fuerza sobre los bolsillos de todos los trabajadores consiste en pedir el aumento del sueldo mínimo, que cobra una franja también ínfima de los asalariados y el gobierno fija por decreto.
En un andarivel similar y en clave de demagogia electoral, los 40 intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires prepararían una presentación judicial de “oposición a los tarifazos”, según adelantaron Gariel Katopodis, de San Martín, y Juan Horacio Zabaleta, de Hurlingham, en Página/12 (28/12).
Anticiparon que el camino sería la impugnación de los aumentos de tarifas y transporte porque “no se realizaron las audiencias públicas previas que corresponden” cuando, como se destaca en la misma nota, medidas similares ya fueron presentadas por intendentes en ocasiones anteriores y el resultado es conocido: las audiencias no son vinculantes, el gobierno las realiza y luego aplica los aumentos. Ninguna de ellas ha logrado pararlos.
Al igual que en el caso de la burocracia, aquí también se trata de una intervención “ecuménica, tanto por la cantidad como por la pertenencia de los intendentes a distintas ramas del PJ”, incluidos los kirchneristas.
Está abierta una pelea contra los tarifazos, impagables para una franja creciente de trabajadores. También la lucha por aumentos de salarios.
En ambos casos se plantea la necesidad de superar el bloqueo que suponen las burocracias de todos los pelajes y las fracciones del PJ de todos los sectores.

Nelson Marinelli